Sentencia nº RC.000202 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 3 de Abril de 2014

PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso (sic) de Apelación (sic) interpuesto por la abogada AMERICA (sic) RENDON (sic) MATA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 4.262, en su carácter de apoderada judicial de los demandados, ciudadano C.E.Y.T.M., venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-7.248.510 y la Sociedad (sic) Mercantil (sic) INVERSIONES C.C.M. C.A., antes identificada, parte demandada en la presente causa, en contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, de fecha 07 (sic) de mayo de 2.012 (sic).

SE REVOCA la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, de fecha 07 de mayo de 2.012 en consecuencia:

Se declara la falta de cualidad de la parte demandada, ciudadano C.E.Y.T.M., venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-7.248.510 y la Sociedad (sic) Mercantil (sic) INVERSIONES C.C.M. C.A., antes identificada, para sostener sólos (sic) el presente juicio por Nulidad (sic) de Documento (sic), incoado por el ciudadano P.A.P.A., titular de la cédula de identidad Nº V-1.342.614, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 419, actuando en su propio nombre.

INADMISIBLE la demanda por Nulidad (sic) de Documento (sic) incoada por el ciudadano P.A.P.A., titular de la cédula de identidad Nº V-1.342.614, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 419, actuando en su propio nombre, en contra del ciudadano C.E.Y.T.M., venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-7.248.510 y la Sociedad (sic) Mercantil (sic) INVERSIONES C.C.M C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, el 28 de diciembre de 1995, bajo en Nº 84, Tomo (sic) 731-B, en la persona de su Presidente (sic) ciudadano B.B.P., titular de la cédula de identidad Nº V-12.143.846.

No se condena en costas en el juicio principal por la naturaleza del fallo.

No hay condenatoria en costas por la interposición del recurso en esta Alzada (sic)...”.

De la sentencia supra transcrita, se evidencia que el juez de alzada declaró inadmisible la demanda al determinar la falta de cualidad pasiva de la sociedad mercantil INVERSIONES C.C.M. C.A. y del ciudadano C.E.Y.T.M., ya que verificó la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, pues, señala que en el presente juicio era necesario traer a la causa a las sociedades mercantiles VALORES URBANOS C.A. e INVERSIONES SALVAT C.A., ya que habían intervenido como vendedoras del inmueble en una de las ventas que se demanda en nulidad, por ello consideró que era imprescindible el llamamiento a juicio de los referidas sociedades mercantiles, por lo tanto, estableció que los demandados no tienen cualidad por si solos para sostener el presente juicio que por nulidad de documento les ha sido incoado.

Por lo tanto, considera la Sala que el ad quem no infringió el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, como alega el recurrente, pues, al declararse inadmisible la demanda, no estaba obligado a valorar todos los documentos acompañados a la demanda.

Pues, como ya se ha dicho, la denuncia del silencio de pruebas sería inútil, si la misma no está relacionada con la razón de derecho señalada por el juez, ya que al existir un pronunciamiento previo sobre la inadmisibilidad de la demanda que justifica la ausencia de decisión sobre el fondo del asunto, el tribunal de alzada no está obligado a analizar y apreciar las pruebas aportadas al proceso por la parte demandante, por tanto no podría incurrir en el silencio de pruebas.

Asimismo, considera la Sala que el ad quem no infringió los artículos 507 del Código de Procedimiento Civil; 31 y 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, por cuanto los mismos fueron denunciados como consecuencia de haberse afirmado el vicio de silencio de pruebas, por lo tanto al no existir el referido vicio, tampoco es factible que por vía de consecuencia se infrinjan las referidas normas por falta de aplicación.

En consecuencia se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.

-II-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por parte de la recurrida del artículo 341 eiusdem, por errónea interpretación.

Al respecto, el formalizante expone lo siguiente:

…De conformidad con el ordinal segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción, por error de interpretación, por parte de la recurrida del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Presentada la demanda, el Tribunal (sic) la admitirá sino es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley (sic). En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto que niegue la admisión de la demanda se oirá apelación en ambos afectos.” Tal infracción por parte de la recurrida del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, se produce, al asentar la recurrida al folio 142, en el PUNTO PREVIO: “Ahora bien, considera oportuno esta Superioridad (sic), verificar como punto previo la cualidad que ostenta la parte demandada, y al respecto, esta Juzgadora (sic) considera importante señalar, que el Juez (sic) tiene la facultad para declarar de oficio la falta de cualidad de interés y se estima significativo traer a colación la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de junio de 2011, con ponencia del Magistrado Luís Antonio Ortiz Hernández, Exp. 2010-000400, en la cual precisó lo siguiente:

(…Omissis…)

Esta sentencia se produjo –agregamos nosotros- en un caso donde el abogado pretendía cobrar honorarios profesionales por actuaciones judiciales y por actuaciones extrajudiciales, que contemplan dos procedimientos distintos y, por lo tanto, no se podían acumular las acciones, por tener procedimientos incompatibles a tenor de lo previsto en el artículo (sic) en el ordinal 3° del artículo 381 del Código de Procedimiento Civil. De permitirse se atentaba contra el orden público. Dicha situación no se produce en el presente caso, porque la cualidad e interés del demandante surge de haberse efectuado operaciones por la demandada que versaban sobre cosas comunes a los copropietarios del edificio Centro Comercial Maracay y de allí su cualidad como demandadas.

Transcribe, igualmente, parte de la sentencia dictada por la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 6 de diciembre 2005, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la que precisó lo siguiente: “…(…Omissis…). Como se ve, también esta sentencia encuentra su fundamento en el orden público, cuando la falta de cualidad e interés no exista, lo cual no ocurre en el presente caso, por cuanto es evidente que el sótano del Edificio (sic) Centro Comercial Maracay, donde se encuentra el estacionamiento y la rampa de acceso y salida al sótano situada por la avenida P.A., que versan las operacionescumplidas (sic) por la demandada, de lo que se origina su cualidad para sostener el presente juicio.

Por último, transcribe parte de la sentencia No. 779, dictada en fecha 10 de abril de 2002, con ponencia del Magistrado Antonio García García, caso Materiales MCL, C. A., donde asentó: “(…)”

Del texto parcialmente transcrito de la sentencia, se desprende en forma por demás clara, que las razones que aducen tienen que ver con el orden público, lo cual no ocurre en el presente caso porque la acción no ha caducado, no se ha producido la cosa juzgada, las operaciones realizadas por la demandada versan sobre cosas comunes a los propietarios del edificio Centro Comercial Maracay y porque se ha invocado en la demanda una norma que es de estricto orden público, como es la contenida en el artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal, en su único párrafo que establece categóricamente: “Cualquier operación celebrada en contravención a esta disposición es nula de pleno derecho, sin perjuicio de las acciones civiles a que haya lugar.”

De allí, que si bien es cierto que el Juez (sic) tiene la facultad para declarar de oficio la falta de cualidad e interés, como lo asentó en el Punto (sic) Previo (sic), contenido al folio 142, ello sólo le es permisible, cuando la demandada sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley (sic), que es lo que da lugar a las sentencias señaladas en dicho punto previo como punto de apoyo a la facultad invocada, donde cada una encuentra su fundamento en situaciones de orden público, porque se han producido, precisamente, en interpretación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, y es a ese orden público infringido al cual se refieren, como queda claramente establecido en cada una de ellas. Esas situaciones de acumulación de demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, de la inexistencia del derecho de acción de la parte demandante, de la manifiesta falta de interés del actor, de la caducidad de la acción, de la prohibición de la ley de admitir la acción, a que se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia, de la falta de interés a que se refieren las sentencias invocadas por la recurrida, no existen en el presente caso, de lo que se infiere que la acción intentada no es contraria al orden público. Si lo es las operaciones señaladas en el documento de la demanda, de las cuales se han traído pruebas suficientes, porque versan sobre cosas comunes del edificio Centro Comercial Maracay, por cuyas razones son nulas de pleno derecho conforme a lo dispuesto en el único párrafo del artículo 31 de la Ley de de (sic) Propiedad Horizontal, es decir por propio mandato del Legislador (sic), de lo que se infiere su estricto carácter de orden público y que el Juez (sic), por tanto, está obligado a acatar.

Sobre la admisión de la demanda, se estableció en sentencia de la Sala Político Administrativa, de fecha 14 de febrero de 2006, en expediente No. 2004-0180, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, lo siguiente:

(…Omissis…)

De allí que al no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley (sic) la acción intentada; fundamentarse la acción en una norma de estricto orden público y declarar de oficio la inadmisibilidad de la demanda, contrariando las propias decisiones invocadas como fundamento de su facultad, la recurrida infringió el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y así, formalmente, solicito sea declarado por esa Sala, con todos los pronunciamientos legales…

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Para decidir, la Sala observa:

Sostiene el formalizante que la recurrida interpretó erróneamente el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, al declarar la falta de cualidad de la demandada con fundamento en el orden público, el cual -según sus dichos- no se produce en el presente caso, pues, señala que las sentencias en la cual se apoya el ad quem, si encuentran su fundamento en el orden público, cuando la falta de cualidad e interés no exista, pero que en el presente caso la cualidad de la parte demandada surge por haber efectuado operaciones que versaban sobre cosas comunes a los propietarios del centro comercial Maracay.

Alega el formalizante que si bien es cierto que el juez tiene la facultad para declarar de oficio la falta de cualidad e interés, sin embargo, sostiene que ello solamente es permitido cuando la demanda sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, que es lo que -según sus dichos- da lugar a las sentencias señaladas en el punto previo de la recurrida, en la cual se apoyó el ad quem para declarar la falta de cualidad de la parte demandada en donde -según el formalizante- cada sentencia encuentra su fundamento en situaciones de orden público, las cuales -según su parecer- se han producido en interpretación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.

Señala que la falta de interés a que se refieren las sentencias invocadas por la recurrida, no existen en el presente caso, de lo que se infiere que -según sus dichos- la acción intentada no es contraria al orden público.

Ahora bien, de la sentencia recurrida transcrita en la primera denuncia, la cual se da por reproducida, se observa que el juez de alzada declaró inadmisible la demanda al determinar la falta de cualidad pasiva de la parte demandada, por considerar que los demandados no tienen cualidad por sí solos para sostener el presente juicio, ello con fundamento en las sentencias de esta Sala y de la Sala Constitucional de este M.T.d.J., transcritas en la sentencia recurrida y que se dan por reproducidas, en cuyas sentencias se ha hecho pronunciado expreso con relación a la falta de cualidad o legitimación a la causa, en el sentido de dejar claro que se trata de una institución procesal que representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia, por estar estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y defensa, materia la cual se ha considerado de orden público que debe ser atendida y subsanada incluso de oficio por los jueces.

Asimismo, en la sentencia recurrida se expresan los motivos de hecho y de derecho para establecer que en el presente caso se estaba en presencia de un litisconsorte necesario o forzoso. En otras palabras, la recurrida determinó la existencia de la violación del orden público que impediría la admisión de la demanda, y por ello, declaró su inadmisión.

Bajo estos supuestos, mal podría haber errónea interpretación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, pues, habiendo determinado el ad quem que la demanda es contraria al orden público por haber establecido la falta de legitimación ad causa de la parte demandada lo cual impide la admisión de la demanda, entonces la norma que denuncia el formalizante como infringida, se habría interpretado en su justo alcance y medida.

Ya que, si nuestro ordenamiento jurídico establece que la relación jurídica procesal debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, solamente después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte la válida constitución de la relación procesal o la haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Por ello, para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, el juez está autorizado para controlar la válida instauración del proceso, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los presupuestos procesales.

Para el caso en el que el formalizante considerara que la demanda no es contraria al orden público, la simple denuncia del artículo 341 eiusdem, no es la pertinente, sino más bien la relacionada con esas disposiciones de ley, asumidas o no por la recurrida, que servirían de apoyo para considerar inadmisible la demanda. En otras palabras, si el recurrente no destruye el pronunciamiento jurídico de la sentencia impugnada, en el sentido de que la demanda viola determinadas disposiciones jurídicas que afectan la válida constitución de la relación procesal que impiden el libre ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso, entonces esta pretensión procesal siempre deberá considerarse como inadmisible.

Por estas razones, no puede determinarse errónea interpretación alguna por parte de la recurrida del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la presente denuncia se declara improcedente. Así se decide.

-III-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 146 y 148 eiusdem, por errónea interpretación y el artículo 386 ídem, por falta de aplicación.

Al respecto, el formalizante para fundamentar su denuncia señala lo siguiente:

…denuncio la infracción por parte de la recurrida, por errónea interpretación del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, que establece: (…), en concordancia con el artículo 386 que establece: “Si el citado que comparece pidiere que se cite a otra persona, se practicará la citación en los mismos términos, y así cuantas ocurran”, que infringe la recurrida por falta de aplicación y el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil que establece: “Cuando la relación jurídica litigiosa haya de ser resuelta de modo uniforme para todos los litisconsortes, o cuando el litisconsorcio sea necesario por cualquier otra causa, se extenderán los efectos de los actos realizados por los comparecientes a los litisconsortes contumaces en algún término o que hayan dejado transcurrir algún plazo.”La recurrida infringe el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil por cuanto al folio 152 asienta: “…En este sentido, se observa que los intervinientes en la venta protocolizada en fecha 13 de agosto de 1997, bajo el No. 50, tomo 8, sobre el local estacionamiento del edificio CENTRO COMERCIAL MARACAY II ETAPA, situado en la planta sótano de dicho inmueble construido sobre la parcela de terreno que formó parte de mayor extensión, donde antiguamente funcionó el aserradero Maracay, con una superficie de dos mil novecientos cuarenta y un metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados (2.941.33 mts.2), ubicado en la intersección de la Avenida (sic) P.A. con la calle Páez de la ciudad de Maracay, estado (sic) Aragua son las sociedades mercantiles VALORES

URBANOS, C.A. e INVERSIONES SALVAT, C.A., antes identificadas, como vendedoras y la Sociedad (sic) Mercantil (sic) INVERSIONES C.C.M., C.A., como compradora.

Por lo tanto, la demandante en autos, debió dirigir su demanda conjuntamente a las sociedades mercantiles VALORES URBANOS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado (sic) Miranda, el 25 de marzo de 1963, bajo el No. 3, tomo 17-A e INVERSIONES SALVAT, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de dicha Circunscripción Judicial, el 10 de septiembre de 1953, bajo el No. 470 tom (sic) 2-B, por cuanto conforme a las actas procesales que integran el presente expediente se desprende del documento de venta del local-estacionamiento (uno de los cuales se demanda su nulidad) protocolizado en fecha 13 de agosto de 1997, bajo el No. 50, tomo 8 (folios 94 al 98 con sus Vtos., de la primera pieza), que las sociedades mercantiles, antes identificadas, intervinieron como vendedora del bien inmueble prometido en el presente caso.

........continúa en la parte in fine del folio 152, donde establece: “El litisconsorcio necesario o forzoso, se tiene cuando existe una relación sustancial o estado jurídico único para varios sujetos, en tal forma que las modificaciones de dicha relación o estado jurídico, para ser eficaces, deben operar frente a todos sus integrantes y, por tanto, al momento de plantearse la controversia, la pretensión debe hacerse valer por uno o por varios de los integrantes de la relación frente a todos los demás (Arts. 146 y 148 C.P.C.)

En estos y otros semejantes, la relación sustancial controvertida es única para todos los integrantes de ella, de modo que no puede modificarse sino a petición de uno o varios de ellos frente a todos los demás y resolverse de modo uniforme para todos, por lo cual la legitimación para contradecir en juicio corresponde en conjunto a todos, aun a los que no han asumido la condición de demandados y no separadamente a cada uno de ellos, siendo por tanto necesario o forzoso el litisconsorcio.

Por lo que esta alzada verifica la existencia del llamado litisconsorcio pasivo necesario, por cuanto efectivamente en el presente juicio, es necesario traer a la causa, a las sociedades mercantiles Valores Urbanos, C.A…..e Inversiones Salvat….por cuanto las mismas, intervinieron en igual forma en una de las ventas del bien objeto del caso de marras, siendo imprescindible el llamamiento a juicio de los citados sujetos pasivos, para que sea eficaz la relación procesal planteada, resguardándose así el correcto ejercicio del derecho (sic) defensa y del debido proceso de las partes.

Sin embargo, esta Juzgadora (sic) logró constatar que la parte demandante ciudadano P.A.P. (sic) ALZURRUTT, titular de la cédula de identidad personal No. V-1.342.614, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 419, actuando en su propio nombre, al momento de incoar la demanda ante el Tribunal (sic) A Quo (sic) por nulidad de documento, lo hizo en contra del ciudadano C.E.Y.T. Marquina…. Y la sociedad mercantil Inversiones C.C.M., C.A….no obstante los mismos carecen de cualidad para sostener sólos (sic) el presente juicio, al quedar evidenciado que las sociedades mercantiles Valores Urbanos……e Inversiones Salvat, C.A…… intervinieron en igual forma como vendedoras del inmueble en una de las ventas de la cual se demanda la nulidad (folios 94 al 98).

Ahora bien, en razón de la existencia de un litis consorcio pasivo necesario, ya que las sociedades mercantiles Valores Urbanos, C.A. e Inversiones Salvat, C.A., antes identificadas, intervinieron de igual forma como vendedoras del inmueble protocolizado en fecha 13 de agosto de 1997; el ciudadano C.E.Y.T. Marquina….y la Sociedad (sic) Mercantil (sic) Inversiones C.A.M., C.A., ……(parte demandada) no tienen cualidad sólos (sic) para sostener el presente juicio de nulidad de documento que les ha sido incoado en su contra. Así se decide.

De lo expuesto por la recurrida se infiere que cada vez que exista una litis consorcio pasivo, en los casos que ella realmente exista, es imprescindible demandar a todos los integrantes de esa litis consorcio pasiva, para que la acción se haga admisible; es decir que considera la situación como de orden público. Que la acción no es contraria al orden público lo hemos dejado claramente establecido supra. Tampoco lo es cuando la litis consorcio pasiva exista realmente. De allí, la redacción del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, cuando establece: “Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes: a) Siempre que se hallen en comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que se derive del mismo título; c) en los casos 1°, 2° y 3° del artículo 52”. (1° Cuando haya identidad de personas y título, aunque el título sea diferente. 2°) Cuando haya identidad de personas y título, aunque el objeto sea distinto; 3°) Cuando haya identidad y título y de objeto, aunque las personas sean diferentes.) Acá no se ha demandado la nulidad de documento como erróneamente señala la recurrida, acá se ha demandado la nulidad de pleno derecho de las operaciones, contenidas en los documentos que se han acompañado, como prueba de la existencia de las mismas, que vulneran el orden público, porque versan sobre cosas comunes de un edificio destinado a ser vendido en propiedad horizontal, como es el edificio Centro Comercial Maracay, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal que establece: “Los Registradores (sic) Subalternos (sic), Jueces (sic) y Notarios (sic) se abstendrán de protocolizar, autenticar o reconocer según el caso, los documentos de enajenación, gravamen, comodato o cualquier otra clase de negociación que verse sobre las cosas comunes definidas en el artículo 5 de esta Ley (sic) y que se encuentren dentro del área de un edificio destinado a ser vendido en propiedad horizontal, de acuerdo con el correspondiente documento de condominio.

Cualquier operación celebrada en contravención a esta disposición es nula de pleno derecho sin perjuicio de las sanciones civiles a que haya lugar.”; es decir que esta disposición contempla la nulidad de pleno derecho de la operación que verse sobre cosas comunes de un edificio destinado a ser vendido en propiedad horizontal, que sea realizada por cualquier vía, aun privada. De lo que se infiere el absoluto carácter de orden público de la disposición legal. Al ser esta la razón de la acción intentada, debe concluirse que no existen ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, para que pueda existir la litisconsorcio pasiva, por los cual la recurrida incurre en violación de dicha norma por errónea interpretación de la misma como se delata. También incurre en la violación de la norma delatada, por errónea interpretación, por cuanto la misma establece el verbo “podrán”, de lo que se deriva que de existir realmente la litis consorcio, es potestativo de las partes ejercer su acción o ser demandadas como litisconsortes, es decir que se ratifica que no es de orden público, lo que se reafirma con la existencia del artículo 386 del Código de Procedimiento Civil, que también denuncio como infringido por falta de aplicación de la recurrida, que establece: “Si el citado que comparece pidiere que se cite a otra persona, se practicará la citación en los mismos términos, y así cuantas ocurran.”; y no consta de autos que la parte demandada haya solicitado esa citación. Es, entonces, en estos casos, cuando exista realmente la existencia de la litis consorcio y se hayan traído a juicio por voluntad del actor, o que así lo haya solicitado la demandada, cuando la relación jurídica litigiosa haya de ser resuelta de modo uniforme para todos los litisconsortes, como lo dispone el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, que infringe la recurrida por errónea interpretación como se delató. De allí la procedencia de la infracción formulada y así, formalmente, solicito sea declarada por la Sala, con todos los pronunciamientos legales…”.

Para decidir, la Sala observa:

El recurrente delata la errónea interpretación del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, con base en que la acción intentada no es contraria al orden público y que tampoco lo es la existencia del litisconsorcio pasivo, pues, sostiene que en el presente caso no se ha demandado la nulidad de documento como -según su decir- erróneamente señala la recurrida, ya que alega que se ha demandado la nulidad de pleno derecho de las operaciones contenidas en los documentos que se acompañaron al libelo de demanda, por cuanto las referidas operaciones -según el recurrente- versan sobre cosas comunes de un edificio destinado a ser vendido en propiedad horizontal, pues, arguye que la disposición contenida en el artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal, contempla la nulidad de pleno derecho de la operación que verse sobre cosas comunes de un edificio destinado a ser vendido en propiedad horizontal.

Por lo tanto, afirma que al ser esa la razón de la acción intentada, debe concluirse -según sus dichos- en que no existe ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, para que pueda existir un litisconsorcio pasivo.

Asimismo, alega el recurrente que se incurre en la violación del artículo 146 eiusdem, por cuanto el mismo establece el verbo “podrán”, de lo que se deriva -según su parecer- que de existir realmente el litis consorcio es potestativo de las partes ejercer su acción o ser demandadas como litisconsortes, lo cual -agrega el formalizante- ratifica que no es de orden público.

También delata el recurrente la falta de aplicación del artículo 386 del Código de Procedimiento Civil, pues, alega que no consta en autos que la parte demandada haya solicitado la citación, ya que -según sus dichos- es en estos casos cuando realmente existe un litisconsorcio ya sea porque se hayan traído a juicio por voluntad del actor o porque así lo haya solicitado la demandada, cuando la relación jurídica litigiosa haya de ser resuelta de modo uniforme para todos los litisconsortes, como según el recurrente “…lo dispone el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, que infringe la recurrida por errónea interpretación como se delató….”.

Ahora bien, considera la Sala que los planteamientos del recurrente dirigidos a delatar la errónea interpretación en que según su decir incurrió el ad quem al establecer la falta de cualidad de la parte demandada para sostener el presente juicio, fundamentalmente se dirigen a negar la existencia de un litisconsorcio necesario en el presente caso, ello con base en tres razones. 1.- Que la existencia del litisconsorcio pasivo, no es contraria al orden público 2.-Que al tratarse de la nulidad de pleno derecho de la operación realizada por la demandada sobre cosas comunes de un edificio destinado a ser vendido en propiedad horizontal y por ser esa la razón de la acción intentada, no existe ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, para que pueda existir un litisconsorcio pasivo. 3. Que de existir realmente el litisconsorcio es potestativo de las partes ejercer su acción o ser demandadas como litisconsortes, por cuanto el artículo 146 eiusdem, establece el verbo “podrán”.

Considera la Sala que en el caso bajo estudio sí existe un litisconsorcio pasivo necesario, y por tanto, el juez de alzada no interpretó erróneamente dicha norma, sino que por el contrario, la interpretó correctamente, por las siguientes razones:

Como se observa de la sentencia recurrida transcrita en la primera denuncia, el juez de alzada declaró inadmisible la demanda al determinar la falta de cualidad pasiva de la parte demandada al verificar la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, pues, señala que en el presente juicio era necesario traer a la causa a las sociedades mercantiles VALORES URBANOS C.A. e INVERSIONES SALVAT C.A., para que fuese eficazmente constituida la relación procesal planteada, “…resguardándose así el correcto ejercicio del derecho (sic) defensa y del debido proceso de las partes…”, ya que “…las mismas habían intervenido como vendedoras del inmueble en una de las ventas que se demandan en nulidad...”, por ello consideró que era imprescindible su llamamiento al juicio, por lo tanto estableció que los demandados no tienen cualidad por sí solos para sostener el presente juicio que por nulidad de documento le ha sido incoado en su contra.

Es decir, el juez de alzada estableció que entre esas empresas existe un litisconsorcio pasivo necesario, y en consecuencia la pretensión debía hacerse valer frente ambas y no únicamente frente a una de ellas, declarando en consecuencia la falta de cualidad pasiva.

Pues, el ad quem consideró que la pretensión de nulidad de documento en el presente juicio recayó también sobre una venta celebrada entre la empresa demandada INVERSIONES C.C.M. C.A., y las sociedades mercantiles Valores Urbanos C.A., e Inversiones Salvat C.A., las cueles intervinieron como vendedoras.

En segundo lugar, considera la Sala que el formalizante confunde las figuras del litisconsorcio voluntario y del litisconsorcio necesario.

Pues, el primero se caracteriza por contener varias relaciones sustanciales discutidas en el juicio, cuya acumulación bajo la unidad de una sola relación procesal permite la ley, en razón de la voluntad de las partes interesadas, por la relación de conexión que existe entre las diversas relaciones, o por la conveniencia de evitar sentencias contrarias o contradictorias si las diferentes relaciones son decididas separadamente en juicios distintos.

Mientras, que en el litisconsorcio necesario, existe una única relación sustancial controvertida para todos los integrantes de ella, de modo que cualquier alteración de dicha relación, para su eficacia, debe operar frente a todos sus integrantes, los cuales deben ser llamados todos a juicio para integrar debidamente el contradictorio. Por ello, la pretensión debe hacerse valer por uno o por varios de los integrantes de la relación sustancial frente a todos los demás, pues, la legitimación no corresponde a uno solo de ellos sino a todos conjuntamente. Por lo tanto, si el actor dirige la pretensión contra uno solamente de los sujetos legitimados para contradecir, el demandado puede alegar en la contestación de la demanda la falta de cualidad o de legitimación ad causam o también puede ser declarada de oficio por el juez en cualquier grado y estado de la causa.

En relación al alegato del recurrente en cuanto a que el litisconsorcio previsto en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, no es de carácter imperativo, ya que -según su parecer- la expresión “podrán” utilizada por el legislador configuraría una voluntad potestativa de las partes.

De tal argumentación en modo alguno puede derivarse, la inexistencia en nuestro derecho de la figura del litisconsorcio necesario, pues, significaría permitir que en aquellos casos en donde aún existiendo una relación sustancial única, entre los sujetos intervinientes en un determinado negocio jurídico, el mismo pueda tener efectos jurídicos para uno y distintos efectos para otro, en razón únicamente de la voluntad de quien decidió demandar solamente a uno de los sujetos intervinientes de esa relación sustancial única.

Pues, estima la Sala que el carácter de necesario del litisconsorcio, se determina haciendo abstracción del elemento volitivo de las partes en su configuración, el cual está determinado por la naturaleza de la relación sustancial controvertida, independientemente de la voluntad de las partes, pues, esa relación sustancial existe sin necesidad de que las partes lo expresen voluntariamente.

Por tales razones, considera la Sala que en el presente caso, al constituir la relación sustancial controvertida un contrato de venta, cuya operación se demanda por nulidad del documento que la contiene, afecta a todos sus integrantes, por ser la referida relación sustancial, única para las dos partes intervinientes en ella. Por lo tanto, tal como lo estableció el ad quem debió constituirse el litisconsorcio pasivo necesario, y la pretensión debió ser dirigida por el demandante, conjuntamente contra todas las partes intervinientes en dicho negocio jurídico tal como lo estableció y no únicamente frente a una sola de ellas, al declarar falta de cualidad pasiva, no incurriendo, en consecuencia, en errónea interpretación del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

Pues, de lo contrario, sería permitir la posibilidad de una eventual declaratoria de nulidad de un pacto bilateral, cuyos efectos alcancen a uno sólo de los contratantes, pero no los demás, en virtud del principio de la relatividad de la cosa juzgada, según el cual los efectos de esta alcanzan únicamente a las partes, y no dañan ni aprovechan a los terceros.

Asimismo, con base en los razonamientos antes expuestos, se declara improcedente la denuncia de infracción del artículo 386 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, pues, como ya se ha dicho el carácter de necesario del litisconsorcio, no depende de la voluntad de las partes en su configuración, sino que está determinado por la naturaleza de la relación sustancial controvertida, pues, este existe sin necesidad de que las partes lo expresen voluntariamente.

Asimismo, se declara improcedente la denuncia por errónea interpretación del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, ya que el formalizante no señala cómo, cuándo y en qué sentido se efectuó la infracción, pues, la ley le impone al formalizante el deber de razonar en forma clara y precisa en qué consiste la infracción, es decir, demostrarla sin que a tal efecto baste que se diga que la sentencia infringe tal norma.

Con base en los razonamientos antes expuestos de declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.

-IV-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por parte de la recurrida del artículo 213 eiusdem, por falta de aplicación.

Al respecto expone el formalizante lo siguiente:

…Dicha infracción se produce, por cuanto en la primera oportunidad de comparecencia de la apoderada de la parte demandada al juicio: 7 de marzo de 2001, como consta al folio 146, no solicitó la nulidad del juicio por no haberse demandado a INVERSIONES C.C.M., C.A. y C.E.Y.T.M., conjuntamente con VALORES URBANOS e INVERSIONES SALVAT, C.A., ni la citación de éstas (SIC), como se dejó establecido supra, por lo cual, cualquier vicio que tuviere la demanda por esa omisión quedó subsanado por la propia conducta de la parte demandada. Lo expuesto, hace procedente la denuncia formulada y así, formalmente solicito sea declarado por esa Sala, con todos los pronunciamientos legales…

.

Para decidir, la Sala observa:

Alega el formalizante que la sentencia recurrida infringe el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, por cuanto -según sus dichos- la parte demandada no solicitó en la primera oportunidad de su comparecencia la nulidad del juicio por no haberse demandado a la parte demanda conjuntamente con Valores Urbanos e Inversiones Salvat, C.A., así como la citación de estas últimas, razón por la cual -según el recurrente- cualquier vicio que tuviere la demanda por dicha omisión, habría quedado subsanado por la conducta de la propia de la demandada.

Ahora bien, de la sentencia recurrida transcrita en la primera denuncia, la cual se da por reproducida, se observa que el juez de alzada declaró inadmisible la demanda al determinar la falta de cualidad pasiva de la parte demandada, por considerar que los demandados no tienen cualidad por sí solos para sostener el presente juicio, ello con fundamento en las sentencias de esta Sala y de la Sala Constitucional de este M.T.d.J., transcritas en la sentencia recurrida y que se dan por reproducidas, en cuyas sentencias se ha hecho pronunciado expreso con relación a la falta de cualidad o legitimación a la causa, en el sentido de dejar claro que se trata de una institución procesal que representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia, por estar estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y defensa, materia la cual se ha considerado de orden público que debe ser atendida y subsanada incluso de oficio por los jueces.

Asimismo, en la sentencia recurrida se expresaron los motivos de hecho y de derecho para establecer que en el presente caso se estaba en presencia de un litisconsorte necesario o forzoso. En otras palabras, la recurrida determinó la existencia de la violación del orden público que impediría la admisión de la demanda, y por ello, declaró su inadmisión.

Por tales razones, estima la Sala que el ad quem no infringió el artículo 213 eiusdem por falta de aplicación, pues, habiendo declarado la inadmisibilidad de la demanda por un vicio que concierne al orden público como lo es la falta de legitimación ad causam de la parte demandada, el referido vicio no puede ser subsanado ni convalidado por las partes, pues, aún de oficio puede ser declarado por el juez que conozca de la causa. Por lo tanto, el supuesto de la norma delatada no es aplicable al presente caso, ya que no encuadra dentro de las nulidades que solamente pueden declararse a instancia de parte, tal como lo prevé el artículo 213 ídem denunciado.

En consecuencia, la Sala declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.

-V-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por parte de la recurrida del artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal, por falta de aplicación.

El formalizante para fundamentar su denuncia expresa lo siguiente:

…Denunció la infracción por parte de la recurrida del artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal, que dispone lo siguiente: (…), por falta de aplicación de dicho artículo, por cuanto al haber quedado suficientemente demostrado que las negociaciones llevadas a cabo por la demandada versan sobre cosas comunes del edificio “Centro Comercial Maracay “:la parcela de terreno que sirvió de base para la obtención del correspondiente permiso de construcción, es decir la parcela de terreno sobre la cual está construido el edifico Centro Comercial Maracay, constituida por el sótano, que son cosas comunes a todos los apartamentos, tal como lo dispone el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal y el documento de constitución que de manera expresa contempla que el sótano del edificio no está dentro de la esfera del comercio, precisamente por su carácter de cosa común; así como la rampa de acceso y salida a la planta sótano por la avenida P.A., inhabilitada como tal, según se señala en el documento de condominio, mientras la avenida P.A., esté destinada al uso de peatones.

Tales operaciones, por lo tanto, se han hecho en contravención al referido artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal y al ser así, el propio Legislador (sic) las tiene como nulas de pleno derecho, de lo que surge para el Juez (sic), la obligación de declararlas, para ajustar el mandato judicial al mandato contenido en la norma legal. No ha sido así. No se ha producido tal declaración por parte de la recurrida; y al ser así, la recurrida ha incurrido en violación del Orden (sic) Público (sic) que, de acuerdo al Profesor (sic) E.B., citado en sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinguida Corte Suprema de Justicia, contenida en la G.F. 1983, 3° edición, No. 119, volumen I, página 900 y siguientes, bajo la ponencia del Conjuez (sic) Dr. L.M.A., “…representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés que exigen una observancia incondicional, y que no son derogadas por disposición privada. (…)…”.

Por esas razones, solicito a esa Sala, declare con lugar la infracción delatada con todos los pronunciamientos legales, entre ellos el pronunciamiento expreso sobre las infracciones de orden público que han dado lugar a la denuncia formulada y otras que encontrare de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y que la sentencia dictada por la Sala tiene efectos retroactivos, es decir ex tune, para que los actos realizados por la demandada en base a unas operaciones que el Legislador (sic) declara nulas de pleno derecho, por ser contrarias al orden público, no produzcan consecuencia jurídica alguna; y es que, como afirmamos supra, no puede tener hijos quien nunca tuvo vida…

.

Para decidir, la Sala observa:

El formalizante fundamenta su denuncia en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, no se evidencia que haya encuadrado su denuncia en uno de los supuestos previstos en la referida norma, no obstante, la Sala pasa a conocer la presente denuncia como una delación pura y simple, en la cual el formalizante acusa la infracción por falta de aplicación del artículo 31 de la Ley de Propiedad H.a. la referida denuncia tiene como fundamento la violación del orden público en que supuestamente habría incurrido el juez de alzada.

Al respecto, el formalizante alega que la recurrida infringe el artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal, por falta de aplicación, por cuanto según -sus dichos- al haber quedado suficientemente demostrado que las negociaciones llevadas a cabo por la demandada versan sobre cosas comunes a todos los apartamentos del edificio “Centro Comercial Maracay “, tal como lo dispone el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal y el documento de constitución que contempla que el sótano del edificio no está dentro de la esfera del comercio.

Por tanto, señala el recurrente que las operaciones realizadas por la demandada se han hecho en contravención del artículo 31 eiusdem, por ello sostiene que al ser consideradas nulas de pleno derecho las referidas operaciones, surgía para el juez la obligación de declarar su nulidad, lo cual no se ha producido, por ello el formalizante considera que la recurrida ha incurrido en violación del orden público.

Ahora bien, respecto a la aplicación e interpretación de los artículos 5 y 31 de Ley de Propiedad Horizontal, en aquellos juicios en los cuales se haya declarado la falta de cualidad, esta Sala en sentencia N° 159, de fecha 6 de abril de 2011, caso: M.P.R.R., contra Centro Inmobiliario, C.A. y otra, expediente N° 10-675, estableció lo siguiente:

…De la denuncia parcialmente transcrita, se observa que el formalizante delata el vicio de error de interpretación de los artículos 5 y 31 de la Ley de Propiedad Horizontal, por cuanto considera que tales disposiciones son de estricto orden público, de allí que el juez ha debido aplicarlas “…sin ningún reparo…” para resolver el fondo del asunto y “…declarar la nulidad absoluta del contrato…”, pues al constituir tales argumentos “…motivos de orden superior…”, resultaba intrascendente la defensa de falta de cualidad invocada por las demandadas.

Para decidir, la Sala observa:

(…Omissis…)

En el presente caso, cabe advertir que, en primer lugar tales normas no fueron consideradas o empleadas por el sentenciador de alzada para resolver la controversia, dado que fue alegada la defensa de falta de cualidad, lo cual constituía un asunto de previo pronunciamiento por resolver.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido en forma reiterada que los asuntos de previo pronunciamiento, deben ineludiblemente resolverse en esa forma, y en el caso específico de la defensa de fondo “…de falta de cualidad…” de declararse con lugar eximiría al juez de pronunciarse sobre el fondo del caso. En efecto, si el juez de alzada fundó su decisión en un pronunciamiento previo al mérito del asunto, como fue la falta de cualidad “…resolvió una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito del proceso; y esa cuestión de derecho tiene fuerza suficiente para descartar cualquier otro pronunciamiento sobre los alegatos y pruebas vinculadas al fondo o mérito de la controversia…”. (Vid. sentencia de fecha 11 de diciembre de 2009, Exp. Nro. 2009-000338).

Ahora bien, es preciso aclarar que la calificación de un asunto como de orden público, de ninguna manera puede significar transgredir principio y normas de orden constitucional.

Efectivamente, un asunto es de orden público cuando las normas y principios que lo rigen resultan ser trascendentales al interés particular, pero tal tratamiento solo puede darse sí el contradictorio está debidamente constituido, pues de lo contrario, se estaría cercenando el derecho de las partes vinculadas y directamente interesadas en defenderse y en obtener mediante un adecuado proceso, la resolución justa del conflicto.

Por tanto, no resulta consistente el argumento según el cual, las normas en materia de propiedad horizontal, específicamente los artículos 5 y 31 de la Ley (sic) especial, relativos a identificación de las cosas comunes y prohibición de registrar y enajenar tales cosas, respectivamente, son de orden público. De allí que, el juez superior ha debido aplicar “…sin ningún reparo…” tales disposiciones y resolver el fondo del asunto declarando “…la nulidad absoluta del contrato…”, aun cuando se haya advertido la falta de cualidad de las partes demandadas para sostener el juicio. Precisamente, tal afirmación implicaría sacrificar derechos fundamentales como el debido proceso y a la defensa de quienes realmente están llamados por ley a ser parte en el presente caso.

En todo caso, resultaría incorrecto considerar que la naturaleza de orden público de los artículos 5 y 31 de la Ley de Propiedad Horizontal, se encuentran reñidos con los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. Precisamente, las disposiciones de especial naturaleza -de orden público- deberán ser tratadas siempre de esa manera, siempre y cuando se encuentren cubiertas las garantías fundamentales de las partes en el respectivo proceso.

En virtud de todo lo anterior, la Sala desecha la denuncia de error de interpretación de los artículos 5 y 31 de la Ley de Propiedad H.A.s. establece…

.

Conforme al criterio de esta Sala supra transcrito, el cual se reitera, la calificación de un asunto como de orden público, no puede significar transgredir principios y normas de orden constitucional.

Pues, es necesario considerar que un asunto es de orden público cuando las normas y principios que lo rigen resultan ser trascendentales al interés particular, pero tal tratamiento solamente puede darse si el contradictorio está debidamente constituido, ya que de lo contrario, se estaría cercenando el derecho de las partes vinculadas y directamente interesadas en defenderse y en obtener mediante un adecuado proceso, la resolución justa del conflicto.

Por lo tanto, considera la Sala que el juez de alzada no infringió el artículo 31 eiusdem, por falta de aplicación, pues, aún cuando la referida norma prevé la nulidad de pleno derecho cuando se haya celebrado cualquier operación que verse sobre las cosa comunes definidas en el artículo 5 ídem, no obstante el ad quem advirtió la falta de cualidad de la parte demandada para sostener el presente juicio, por lo tanto, ello implicaría sacrificar derechos fundamentales como el debido proceso y a la defensa de quienes están llamados por ley a ser parte en el presente caso, si el juez de alzada -como lo pretende el recurrente-, declara la nulidad de las operaciones sin haberse constituido la relación jurídica procesal.

Por ello, resultaría incorrecto considerar que la naturaleza de orden público del artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal, se encuentra en conflicto con los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. Pues, como se sostiene en el criterio de esta Sala antes indicado “…las disposiciones de especial naturaleza -de orden público- deberán ser tratadas siempre de esa manera, siempre y cuando se encuentren cubiertas las garantías fundamentales de las partes en el respectivo proceso…”.

Por las consideraciones antes expuestas, la Sala desecha la denuncia por falta de aplicación del artículo 31 de la Ley de Propiedad H.A.s. establece.

Por último, observa la Sala que el formalizante en otro capítulo, solicita a la Sala que se case sin reenvío el fallo recurrido, al respecto, expone lo siguiente.

“…CAPITULO (sic) TERCERO

CASACIÓN SIN REENVIO (sic)

De conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, solicito de la Sala case el fallo sin reenvío, al quedar evidenciado que los actos realizados por la demandada, que dan origen a la demanda, versan sobre cosas comunes definidas como tales en el artículo 5 de la Ley de Propiedad H.y.e.e. documento de constitución del condominio del Edificio (sic) Centro Comercial Maracay, que, de forma expresa señala que el edificio está destinado a ser vendido por locales comerciales, oficinas y apartamentos de vivienda y excluye del área mercantil al sótano del edificio y a sus vías de acceso, por cuya razón son infracciones al Orden (sic) Público (sic), actos que violan el Orden (sic) Público (sic). Ha quedado evidenciado, igualmente, que al no declarar la nulidad de tales actos, la recurrida también infringió el Orden (sic) Público (sic), por cuanto no aplicó el único párrafo del artículo 31 eiusdem, que establece:

Cualquier operación celebrada en contravención a esta disposición es nula de pleno derecho sin perjuicio de las sanciones civiles a que haya lugar.

Del mismo modo, consta a los folios 33 al 88, la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Aragua, en fecha 7 de mayo de 2012, donde declaró con lugar la demanda, en base a la propia conducta de a demandada: quedó confesa.

Las infracciones al Orden (sic) Público (sic) señaladas, son suficientes per se, para casar el fallo recurrido sin reenvío, porque se hace innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo, máxime si se agregan las razones que tuvo el Juzgado (sic) de Primera (sic) Instancia (sic) para dictar su sentencia. Sobre (sic) lo antes anotado, la Sala de casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 9 de marzo de 200, dictada en expediente No. 97-0333, con ponencia del magistrado (sic) Dr. O.A.M.D., asentó:

(…Omissis…)

En base a los expuesto, de conformidad con el tercer aparte del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, solicito de la Sala case el fallo recurrido sin reenvío y ordene su remisión directa junto con el expediente que lo contenga, al Tribunal Primero de Primera Instancia e lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Aragua, a los fines de la correspondiente ejecución….”.

Para decidir, la Sala observa:

El recurrente solicita de la Sala que se case el fallo sin reenvío, pues, considera que al quedar evidenciado que los actos realizados por la demandada versan sobre cosas comunes, ello constituye actos que violan el orden público y que igualmente ha quedado evidenciado que al no declarar el ad quem la nulidad de tales actos, la recurrida también infringió el orden público, por cuanto –según su decir- no aplicó el único párrafo del artículo 31 eiusdem.

Por lo tanto, considera el formalizante que esas infracciones al orden público, son suficientes para casar sin reenvío el fallo recurrido, porque -según su parecer- se hace innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, la Sala puede casar sin reenvío el fallo recurrido cuando su decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo o bien cuando los hechos hayan sido soberanamente establecidos y apreciados por los jueces del fondo y ello permita aplicar la apropiada regla de derecho. En esos casos, el fallo dictado y el expediente deben ser remitidos directamente al tribunal al cual corresponda la ejecución.

En el presente caso, no procede la casación sin reenvío, ya que en primer lugar es necesario advertir que el juez de alzada fundó su decisión en un pronunciamiento previo al mérito del asunto, como fue la falta de cualidad de la parte demandada para sostener el presente juicio, lo cual constituye una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito del proceso con fuerza suficiente para descartar cualquier otro pronunciamiento sobre los alegatos y pruebas vinculadas al fondo o mérito de la controversia.

En segundo lugar, no es procedente el alegato del recurrente para solicitar la casación sin reenvío con base que la recurrida infringió el orden público al no aplicar el único párrafo del artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal, pues, como quedó establecido en la quinta denuncia, la misma fue declarada improcedente por considerar esta Sala que el ad quem no incurrió en la falta de aplicación del artículo 31 eiusdem, cuyos razonamiento se dan aquí por reproducido, por ende, no puede el recurrente pedir que se case sin reenvío la sentencia recurrida, con fundamento en que el ad quem infringió el artículo 31 ídem, cuando ello no es cierto.

Por estas razones, se declara improcedente la solicitud realizada por el formalizante. Así se establece.

D E C I S I Ó N

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil Accidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la parte demandante, ciudadano P.A.P.A., contra la sentencia dictada en fecha 8 de marzo de 2013, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.

Se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase este expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la mencionada Circunscripción Judicial.

Particípese de la presente remisión al juzgado superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Sala de Casación Civil Accidental, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (3) días del mes de abril de dos mil catorce. Años: 203º de la Independencia y 155º de la Federación.

Presidenta de la Sala-Ponente,

____________________________

Y.A.P.E.

Vicepresidente,

_______________________________

L.A.O.H.

Magistrada,

________________________

AURIDES M.M.

Magistrada,

____________________

YRAIMA ZAPATA LARA

Magistrado Suplente,

___________________________________

LIBES DE J.G.G.

Secretario,

__________________________

C.W. FUENTES

Exp.: N° AA20-C-2013-000277

Nota: Publicada en su fecha a las

Secretario,

El Magistrado LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ, consigna el presente “voto salvado” al contenido de la anterior decisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en el artículo 63 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Quien disiente, no comparte la decisión suscrita por la mayoría que declara “sin lugar” el recurso anunciado y formalizado por la demandante, por considerar que para la resolución del mismo se está aplicando retroactivamente el criterio según el cual la falta de cualidad solamente podía ser alegada como defensa por las partes en pleito y, en ningún caso, esa defensa podía ser suplida por los jueces.

Esta aplicación retroactiva la considero violatoria de los principios de expectativa plausible y confianza legítima ampliamente desarrollados por ésta misma Sala y por la Sala Constitucional de éste m.J. de la República y contenidos en el texto constitucional.

Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

Fecha ut supra.

Presidenta de la Sala-Ponente,

____________________________

Y.A.P.E.

Vicepresidente,

_______________________________

L.A.O.H.

Magistrada,

________________________

AURIDES M.M.

Magistrada,

____________________

YRAIMA ZAPATA LARA

Magistrado Suplente,

___________________________________

LIBES DE J.G.G.

Secretario,

__________________________

C.W. FUENTES

Exp Nº AA20-C-2013-000277

La Magistrada AURIDES M.M., consigna el presente “voto salvado” al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:

Quien suscribe, disiente de la mayoría sentenciadora por no estar de acuerdo con la aplicación retroactiva del criterio jurisprudencial fijado por la Sala Constitucional en sentencia N° 1930 del 14 de julio de 2003, caso: P.M.J., exp. N° 02-1597, relativo a la facultad que se le otorga a los jueces de la República para declarar de oficio la falta de cualidad de los sujetos de un pleito, al juicio que por nulidad de contrato intentó el ciudadano P.A.P.A., contra la empresa Inversiones C.C.M. y el ciudadano C.E.Y.T.M., exp. N° 13-277, cuyo libelo de demanda fue presentado ante el juzgado de la causa el día 11 de abril de 2000, vale decir, tres años antes de que se modificara el criterio que sobre ese mismo aspecto venía imperando hasta ese momento, según el cual la falta de cualidad solamente podía ser alegada como defensa por las partes del pleito y, en ningún caso, esa defensa o excepción podía ser suplida por los jueces de instancia.

En mi opinión, sin duda, en este caso se está aplicando retroactivamente un nuevo criterio jurisprudencial, contrariando lo que ha venido sosteniendo de manera reiterada la Sala Constitucional, en el sentido de la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial va en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en todo Estado de Derecho.

Queda así expresado en estos términos el voto salvado de la Magistrada quien suscribe-

En Caracas, fecha ut-supra.

Presidenta de la Sala-Ponente,

____________________________

Y.A.P.E.

Vicepresidente,

_______________________________

L.A.O.H.

Magistrada,

________________________

AURIDES M.M.

Magistrada,

____________________

YRAIMA ZAPATA LARA

Magistrado Suplente,

___________________________________

LIBES DE J.G.G.

Secretario,

__________________________

C.W. FUENTES

Exp. Nº AA20-C-2013-000277