Poder judicial y justicia procesal.

AutorCasta
CargoReport

JUDICIAL POWER AND PROCEDURAL JUSTICE

Preliminares

Este ensayo se aborda desde el llamado "nuevo derecho" que irrumpió novedosamente con el cambio de esquema constitucional impuesto en Colombia a partir de 1991 y que aún no se consolida. Es más, somos conscientes de que incluso puede hallarse en retirada. Pero como se debe ser honesto consigo mismo y fiel a los propios ideales, aún cuando seamos abrumados por las mayorías políticas del momento, nuestros planteamientos se moverán entre neoconstitucionalismo moderado y el garantismo.

El trabajo presenta una visión particular acerca del papel que debe asumir el juez colombiano si verdaderamente pretende avanzar en el camino de la justicia, haciendo efectivo-normativo el ordenamiento jurídico que en su momento acogió el Constituyente de 1991. En tal sentido la reflexión se muestra un tanto crítica.

El objeto y alcance del trabajo se encamina a reflexionar sobre "la justicia procesal", pues preguntarse por su razón de ser y por su justificación no es otra cosa más que inquirir por el Derecho y por el grado de efectividad que éste puede alcanzar en una sociedad como la colombiana que en nada se diferencia de la latinoamericana en este aspecto. Complejo asunto que ya ha desgastado a los grandes juristas de los últimos tres siglos, sin que aún se logre consolidar luz reveladora al respecto. De manera que si bien la realidad en materia de justicia procesal nos desconcierta no por ello debemos cesar en la búsqueda deontológica por su mejora, por hacerla más útil y cercana al ciudadano, a la sociedad.

Está visto que la justicia procesal se logra principalmente a través de su instrumento, que no es otro que el proceso y mediante el funcionario estatal que la dispensa, esto es el juez, quien amparado en el Derecho es, el operador que en última instancia la concreta. Pero también gira alrededor de otras nociones o conceptos clave como son Derecho, justicia y operadores del foro, esto es, abogados y litigantes. Prolijo tema este que nos proponemos para ser abordado en unas pocas páginas. No obstante lo intentaremos, empezando de manera tangencial con el papel y responsabilidad que nos cabe asumir a los abogados, no porque lo consideremos el menos importante, sino por el hecho de que nos haríamos sumamente repetitivos y nos interesa resaltar, ante todo el rol que le cabe al juez en la materialización de la justicia procesal.

Papel de los operadores del foro

Dos o tres ideas al respecto, así como al desgaire, con un fin más que académico de reflexión y de sensibilización frente a nuestra profesión y a la enorme responsabilidad social con la que debemos hallarnos comprometidos litigantes y académicos. El acceso a la justicia es un prolijo problema que no ha sido posible resolver aún, si hemos de tener en cuenta que el Derecho escrito y legislado se muestra alejado de la realidad social, máxime en un contexto como el latinoamericano. El acceso a la justicia depende en buena medida de los profesionales del Derecho, es decir, la materialización de la justicia pasa por el filtro corporativo de la abogacía. No basta la mera consagración constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva, tal como se plasma formalmente en el articulo 228 superior, para que esta sea una realidad. Se requiere de togados profesionales y comprometidos para lograrla.

Una sobre oferta de abogados al interior de una sociedad, concentrados en los principales centros urbanos, termina por pauperizar y degradar la profesión, incidiendo en la utilización de estratagemas o urdimbres "non sanctas", esto es, poco éticas e incorrectas que terminan por afectar la actividad misma, todo por lo que podríamos llamar "la guerra del honorario" pues la verdad es que un litigante mal compensado, sin mayor incentivo tampoco dejará su lomo en la arena por sacar su causa o su cliente avante. Una defensa técnica requiere no sólo de dedicación y tiempo sino de tranquilidad y sosiego, con lo que un abogado con mil pequeñas causas a cuestas se convierte en un simple patinador-tramitador ante los despachos judiciales, carente de tiempo para sustentar sus argumentos, para dedicarse al estudio de la doctrina y de la jurisprudencia, para actualizarse, para estar a la altura académica que se requiere para ser un verdadero jurista.

La Administración de Justicia de un Estado determinado indudablemente se cualifica y se fortalece cuando cuenta con unos abogados dignos émulos de los jueces, en calidades y en conocimientos. Como alguna vez lo planteara en otro escenario, los abogados constituimos unos operadores legales de la Administración de Justicia, aunque no seamos sus burócratas, en la medida en que nos erigimos en los interlocutores directos de los funcionarios judiciales y administrativos, en cuanto intermediarios entre el Estado y la sociedad, entre el poder y los ciudadanos. Es mediante nuestro gremio que se puede hacer escuchar la voz y las demandas de los ciudadanos y somos nosotros los abogados, como ente corporativo, los encargados de hacer garantizar los derechos fundamentales y los derechos civiles y políticos de los administrados. Nosotros traducimos, al igual que el resto de los operadores legales investidos de legitimidad por el Estado, los elementos del poder que se manifiestan por medio de los fenómenos jurídicos.

Resulta decisiva en la vida institucional de una sociedad política bien organizada la influencia de las intervenciones de nuestro gremio profesional en los procesos que pretenden la realización efectiva del Derecho por conllevar a la propia actividad de los tribunales de justicia (2). Se da una estrecha relación entre la actuación que surten los abogados y el desempeño de los funcionarios judiciales encargados de la principal función del Estado social, democrático y de Derecho, cual es la de dispensar justicia. Los operadores del foro somos parte integrante de la actividad de control social que en definitiva materializan los órganos policivos, administrativos y judiciales. Las relaciones que se dan entre la sociedad y la justicia se posibilitan por la función activa del abogado. Aún más, las decisiones judiciales se legitiman a través de nuestra corporación profesional. En buena medida el desempeño de los funcionarios estatales depende del papel que asuman los abogados en sus litis. Un buen abogado, profesional y honesto, con buenos y profundos conocimientos sociojurídicos obliga a los operadores judiciales, en estricto sentido, a mostrarse más mesurados y justos al momento confeccionar sus providencias. Un buen profesional del Derecho, reputado en el medio, hace que la labor de la Administración de Justicia se traduzca en equidad, en legalidad y en apego al ordenamiento jurídico (Castaño y Antía, 2004, p. 241).

En un Estado social, democrático y de Derecho, en nuestra calidad de interlocutores directos frente al aparato de justicia estatal nos cabe la enorme responsabilidad social de procurar la eficacia de la sentencia togada, que en últimas es garantía de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. La justicia debe ser técnica y puesta al alcance de las clases menos privilegiadas de la sociedad. Los intereses de la burocracia judicial, de las corporaciones de abogados y de los empresarios deben ceder al interés general de la sociedad que demanda una justicia pronta y oportuna para todos.

La confianza en el juez se consolida en la medida en que se muestre profesional e independiente, además de que logre eficacia en su trabajo, algo que se mide a partir de la calidad de los apoderados de las partes que concurran e interactúen calificadamente en el proceso. Para el adecuado funcionamiento del proceso jurisdiccional no basta con sólo atender a las políticas del proceso propiamente dicho, también se hace necesario tener en cuenta una regulación adecuada de la profesión del abogado, de la carrera judicial, lo mismo que el fortalecimiento de mecanismos que contribuyan a la moralización de la actuación de las partes intervinientes en el litigio. De poco sirven las reformas, por innovadoras que se quieran presentar, a las estructuras propiamente procesales si no se atiende integralmente al ejercicio de la regulación de la profesión del foro, al control y fiscalización que se efectuar por parte del Estado a la calidad de la enseñanza con que se ofertan los estudios del Derecho en nuestras instituciones educativas, más preocupadas por la rentabilidad que por la calidad o por la ética con que se forma a los futuros profesionales del foro, de la judicatura y de la administración.

Una adecuada justicia procesal se lograría cuando operadores profesionales del Derecho, esto es, jueces, abogados y académicos trabajemos armónicamente y en una misma línea, la de procurar la realización de la justicia. De su labor racional, acompasada, diligente, responsable y sabia, dependerá, en buena medida, una eficiente Administración de Justicia. Hoy, por el contrario, asistimos al distanciamiento entre todos, notorio entre abogados litigantes y fiscales, entre quienes la concepción o la interpretación que se realiza de las normas jurídicas poco en común presentan, como si una fuese la disposición jurídica tal como la estatuye el legislador y otra la manera como interactúa en la realidad. Desde este punto de vista valdría la pena preguntarnos desprevenidamente ¿cuál es la contribución que hace la abogacía a la administración de justicia? ¿Cuál el aporte de la magistratura togada a la misma? ¿Cuál el de los centros de enseñanza del Derecho? ¿Qué responsabilidades se derivan al respecto para el Estado, los Colegios de Abogados y las Universidades que ofrecen titulaciones en Derecho? La verdad es que asistimos a una crisis deontológica de la abogacía, con personas no todas debidamente preparadas ni profesional ni éticamente para asumir tan delicada función social.

Finalidad de la justicia procesal

La finalidad del Derecho procesal no deja de ser axiológica ni es otra distinta a aquella de evitar la violencia ilegítima de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR