Decisión nº 10 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 18 de Septiembre de 2006

Se iniciará mediante demanda que deberá contener los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil.

El actor acompañará a la demanda los documentos acreditativos del carácter con que se presente, el título o títulos que fundamenten su derecho de crédito, que deberá ser alguno de los contemplados en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil, y caso de que en los mismos no conste la garantía hipotecaria, el instrumento constitutivo de ella. Asimismo, el actor adjuntará certificación registral justificativa de la inscripción y subsistencia del derecho de hipoteca mobiliaria, que deberá haber sido expedida dentro de los quince días consecutivos anteriores a la presentación de la demanda.

En el auto de admisión de la demanda el juez acordará la intimación al deudor, al hipotecante no deudor y al tercer poseedor en su caso para que paguen dentro de los ocho días siguientes a la notificación. Dicha intimación de pago se hará saber también mediante cartel que se fijará en el local del Tribunal y se publicará en uno de los periódicos diarios de los de mayor circulación en la localidad sede del Tribunal, a satisfacción de éste.

Asimismo, en el referido auto de admisión el juez ordenará el secuestro de los bienes hipotecados y su entrega en depósito al acreedor o a la persona que éste señale.

Caso de ser varios los acreedores demandantes, cualquiera de ellos podrá solicitar en beneficio común el depósito en su persona de los bienes hipotecados y, en el supuesto de petición simultánea, el juez lo otorgará a su prudente arbitrio a uno de ellos.

Si el demandado en la ejecución hipotecaria fuese el tercer poseedor de la cosa gravada, su notificación de la intimación de pago se entenderá hecha en la fecha en que tenga lugar el secuestro de los bienes.

Transcurrido ocho días desde la última de las notificaciones a que se refieren las reglas anteriores sin haberse realizado el pago, el juez, a instancia del acreedor, del deudor, del hipotecante o del tercer poseedor, ordenará se proceda a la subasta de bienes hipotecados. El anuncio de remate se practicará con ocho días de antelación, por lo menos, mediante cartel que se fijará en el domicilio de los intimados y en un lugar público de la Parroquia o Municipio en que se hubieren situado los bienes, y que será publicado en un periódico diario de los de mayor circulación en la localidad sede del Tribunal, a satisfacción de éste.

…Omissis…

Artículo 71.- El procedimiento para la ejecución de la hipoteca mobiliaria regulado en el artículo anterior no se suspenderá por muerte, quiebra, concurso o incapacidad del deudor, del hipotecante o del tercer poseedor, ni por incidentes promovidos por cualquiera de ellos o por otra persona que se presentare como interesada, sino en los supuestos siguientes:

1. Cuando se introdujere certificación del Registro que acredite la cancelación de la hipoteca o instrumento Público autenticado o reconocido en el que conste el pago o la prórroga del crédito garantizado o la cancelación de la hipoteca.

2. Si se propusiere demanda de tercería, que deberá ir acompañada del instrumento público, autenticado o reconocido de propiedad de los bienes de fecha cierta anterior a la del instrumento de constitución de hipoteca. Caso de tratarse de bienes que deban inscribirse en algún Registro, el título de propiedad señalado deberá aparecer registrado con anterioridad a la constitución de la hipoteca. La suspensión durará hasta la terminación de la tercería.

3. Cuando se acredite estar instaurado juicio penal, con anterioridad a la fecha de admisión de la demanda hipotecaria, por falsedad del título en cuya virtud se inició el procedimiento. La suspensión durará hasta la conclusión del juicio criminal.

4. Si se demostrare, en cualquier momento anterior a la adjudicación, con la certificación registral correspondiente, que los bienes estaban gravados con una hipoteca mobiliaria o inmobiliaria con anterioridad a la constitución de la que da lugar al procedimiento. Tales hechos se pondrán en conocimiento del Juzgado penal competente a objeto de la responsabilidad criminal que proceda.

En los supuestos contemplados el los ordinales 1º, 2º y 3º, la oposición deberá hacerse dentro de los ocho días que para pagar se concede al deudor, al hipotecante y al tercer poseedor. Formulada la oposición en tiempo oportuno, el demandante podrá contestarla en la misma audiencia o en la siguiente, y, hágalo o no, el juez resolverá dentro de las tres audiencias siguientes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión solicitada.

En los supuestos de los ordinales 2º y 4º, si la causa de la suspensión afectare tan sólo a alguno o algunos de los bienes hipotecados, podrá continuar el procedimiento, a solicitud del acreedor, respecto a los restantes no afectados.

Contestada la oposición a que se refiere este artículo, si el juez considera que hay hechos que probar, declarará en el mismo que se abra una articulación de ocho audiencias, dentro de la cual las partes promoverán y evacuarán sus respectivas pruebas. Vencida la articulación el juez decidirá en la novena audiencia acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión solicitada. …

(Resaltados propios).

En las normas transcritas el legislador estableció el procedimiento especial de ejecución de hipoteca mobiliaria, señalando los requisitos que deben acompañarse con el libelo de la demanda, así como las fases dentro de las cuales se desenvuelve la actividad de las partes hasta llegar a la etapa de ejecución. Igualmente, estableció en forma taxativa las causales por las cuales se puede suspender tal procedimiento. Cabe destacar que dichas normas son de aplicación preferente según lo previsto en el artículo 14 del Código Civil, que establece:

Artículo 14.- Las disposiciones contenidas en los Códigos y leyes nacionales especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código en las materias que constituyan la especialidad.

Conforme a la normativa expuesta, pasa esta alzada a analizar las actuaciones procesales cumplidas en el presente proceso, apreciándose lo siguiente:

- Mediante auto de fecha 01 de septiembre de 2003 corriente a los folios 40 al 42, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial admitió la demanda intentada por el Banco Provincial S.A, Banco Universal, contra los ciudadanos E.A.C. y su cónyuge H.T.R.d.C. en su condición de deudores y garantes hipotecarios, por el procedimiento de ejecución de hipoteca mobiliaria, ordenando la intimación de los deudores, así como la notificación del Procurador General de la República conforme al artículo 97 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Asimismo, a tenor de lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, decretó medida de secuestro sobre el bien hipotecado consistente en un vehículo tipo autobús, ordenando su entrega en depósito al acreedor o a la persona que éste señale, y suspendió el proceso de ejecución de la medida por un lapso de cuarenta y cinco días continuos, contados a partir de la consignación en el expediente de la constancia de notificación al Procurador.

-Al folio 53 riela diligencia de fecha 09 de enero de 2004, mediante la cual los demandados E.A.C. e H.T.R.d.C. en su condición de deudores hipotecarios se dan por intimados personalmente en la presente causa.

- Al folio 83 corre diligencia de fecha 12 de enero de 2004, mediante la cual los demandados manifiestan que de conformidad con el artículo 653 del Código de Procedimiento Civil hacen formal oposición al procedimiento de ejecución de hipoteca mobiliaria, señalando que quedaban en cuenta del lapso para formular la oposición respectiva.

- A los folios 84 al 97 riela escrito presentado por la parte demandada el 13 de enero de 2004, por el cual los deudores hipotecarios manifiestan que proceden a dar contestación a la demanda, rechazando, negando y contradiciendo lo alegado por la parte actora en el libelo.

Ahora bien, la presente causa se contrae como antes se dijo a un procedimiento especial de ejecución de hipoteca mobiliaria en el cual no está prevista la fase de contestación de la demanda, pues el demandado una vez intimado sólo puede formular oposición dentro del lapso de ocho días que se le conceden para el pago, a tenor de lo establecido en el artículo 71 la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión transcrito supra, con fundamento en las causales señaladas en la referida norma.

No obstante, en el caso de autos se aprecia que en el referido escrito de fecha 13 de enero de 2004, los deudores no formulan oposición, ni sustentan sus alegatos de defensa en las aludidas causales previstas en el artículo 71 eiusdem, sino que fundamentan sus defensas solicitando la aplicación de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 24 de enero de 2002, conforme a la cual, a su entender, debe ordenarse la suspensión del juicio hasta tanto se reestructure el crédito de acuerdo a lo indicado en dicho fallo y sus aclaratorias.

Al respecto, se hace necesario determinar si la sentencia Nº 85 de fecha 24 de enero de 2002 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al resolver la demanda por derechos e intereses difusos o colectivos ejercida por la Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal (ASODEVIPRILARA), y otros, contra la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, del C.D.d.I. para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), y el C.B.N. y la Asociación Bancaria Venezolana, es aplicable al presente caso.

La referida sentencia declaró parcialmente con lugar la demanda y estableció parámetros que deben aplicarse para la reestructuración de los créditos en ella especificados, parámetros estos que fueron aclarados en decisiones de la misma Sala Constitucional, de fecha 21 de febrero de 2002, 24 de mayo de 2002 y 24 de enero de 2003.

Entre los créditos a que dicha decisión se refiere, están aquellos otorgados para la adquisición de vehículos por el sistema conocido como “cuota balón”, respecto de los cuales señala:

4. Préstamos para la adquisición de vehículos.

A requerimiento de esta Sala, el Indecu informó sobre la modalidad de préstamo denominado giro balón, y envió copia de comunicaciones enviadas a la Superintendecia de Bancos y Otras Instituciones Financieras el 22 de agosto de 2001 y al Ministerio Público el 24 de agosto de 2001, donde se notifica de las denuncias recibidas por el Indecu relativas a la modalidad crediticia giro balón, y que prueban las notificaciones realizadas en los oficios.

...Omissis...

De los modelos de contratos producidos dentro de la prueba de informes, los cuales no son examinados uno a uno por la sentenciadora, por tratarse de modelos de un mismo tenor, la Sala observa que se trata de contratos de ventas a crédito con reserva de dominio, donde el vendedor es una empresa mercantil, tal como sucede con el contrato entre Laurecentro Motores, C. A. y N.V. por la venta de un vehículo automotor.

Este tipo de contratos, del cual el Indecu acompaña varias copias, es un contrato de adhesión, estandarizado por varias sociedades vendedoras de vehículos con reserva de dominio, correspondientes a operaciones de los años 1996, 1997, 1998 ó 1999, y en ellos se estableció el siguiente sistema:

...Omissis...

Esta modalidad crediticia, aparece en otros contratos, donde los intereses que no fijare el Banco Central de Venezuela, lo serán por los Bancos en particular que financian la compra, como ocurre -por ejemplo- con la Tasa Bancaria Mercantil- si es dicho ente quien financió al comprador, y además es el deudor quien se obliga a informarse de las fluctuaciones de las tasas, en los contratos financiados por el Banco Mercantil. Si en el término de un año se determina que la Tasa Bancaria Mercantil ha incrementado en 10 ó más puntos porcentuales, el comprador se obliga a pagar por cada 10 puntos porcentuales una cantidad fija pautada por el Banco en el documento, conjuntamente con la cuota mensual.

Debido a la existencia de un financiamiento para los compradores, los créditos a favor de los vendedores, se cedían mediante contratos impresos también estandarizados, a entidades financieras, tal como se constata -por ejemplo- de la cesión que hace Corporación Automotriz Coreana, C. A. al Banco Provincial S. A. Banco Universal, y que consta en documento de fecha cierta. Cursan en autos copias de diversas cesiones de crédito provenientes de ventas con reserva de dominio, entre otras las cedidas por Flotillas de Maracay, Auto Russo, C. A., Motores Bibro, C. A. y otras.

A juicio de esta Sala, queda probado que un particular, vendedor de vehículos, imponía intereses y modalidades de pago a los compradores, por los saldos deudores, como si fuera el vendedor un ente financiero, regido por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, y todo en base a una futura cesión de crédito a dichos entes, el cual escogería el vendedor.

...Omissis...

X

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo expuesto en este fallo, existen varias modalidades de crédito para la adquisición y ampliación de viviendas, unos otorgados dentro del sistema general de política y asistencia habitacional, sistema que comenzó en 1989 y aún rige con variaciones legales; otros otorgados para la adquisición, remodelación y mejora de viviendas fuera del sistema de ahorro habitacional, y un tercer tipo de crédito para la adquisición de muebles (vehículos).

...Omissis...

9.- En lo referente a los créditos para la adquisición de vehículos, mediante ventas con reserva de dominio u operaciones equivalentes, la Sala observa:

Se trata de un sistema donde el deudor paga una cuota mensual que está formada por amortización de capital, comisión por cobranza y tasa de interés variable.

Los pagos mensuales monto de las cuotas no varían, pero sí la tasa de interés se modifica y ella es mayor a la que sirvió de base de cálculo de los intereses de la primera cuota, dicha tasa se aplica al saldo del precio o base de cálculo y el resultante se abona (imputa) a la cuota por concepto de intereses, por lo que la amortización de capital que ella contiene es inferior a la que originalmente le correspondía.

Esos intereses a cobrarse en cada cuota resultan de multiplicar la base de cálculo (precio del bien) por la tasa aplicable vigente cada día; por lo que se trata de una tasa de interés diario, que con relación a la segunda y subsiguientes cuotas, los intereses que ellas contendrán son lo que resulten de sumar los intereses correspondientes a cada día que hubiere transcurrido entre la fecha de vencimiento de la cuota de que se trate y la fecha de vencimiento de la inmediata anterior.

Resulta usurario, por desproporcionado, que la cuota mensual esté formada por una alícuota por concepto de comisión de cobranza, y que dicha alícuota permanezca fija en detrimento del deudor, que no logra al pagar la cuota, amortizar el capital, ya que al pago del monto de ella, primero se imputan los intereses calculados a la tasa variable, luego la comisión por cobranza, y luego lo que resta –si es que resta- se abona al capital. Este sistema genera una última cuota que es igual a todo el capital insoluto. Capital que a su vez produce intereses de mora si no se cancelaren a tiempo las cuotas más un añadido de tres puntos porcentuales anuales a la tasa aplicable vigente para el primer día de la mora.

¿Cuál es la razón que existan esos puntos porcentuales añadidos a los intereses de mora?. No encuentra la Sala ninguna justificación, ya que si el prestamista corre un riesgo, el prestatario igualmente lo corre si por motivo de la inflación sus ingresos se ven realmente disminuidos y no puede honrar a tiempo la deuda. Además, tal puntaje añadido al interés corriente, en las ventas con reserva de dominio, viola el artículo 13 de la Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio, que establece que los intereses de mora se calculan a la rata corriente del mercado, por lo que el puntaje resulta ilegal, y así se declara.

El interés convencional, se rige por el artículo 1.746 del Código Civil, sin embargo en materia de financiamiento, los intereses, comisiones y recargos de servicio, deben ser fijados en sus tasas máximas respectivas por el Banco Central de Venezuela, por mandato del artículo 108 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. No con tasas “marcadoras”, sino con tasas expresamente fijadas.

Es mas, en lo que a las comisiones respecta, ellas deben corresponder a un servicio debidamente prestado, es decir que tenga una real razón de ser, a fin que no resulta desproporcionado o inequivalente. No encuentra la Sala justificación alguna para que exista una comisión por cobranza, siendo algo inherente al vendedor de muebles o a los prestamistas mantener un servicio o departamento de cobranza como inherente al negocio. Servicios de cobranza que, necesariamente, tienen que ser distintos los del vendedor que los del financista, lo que hace aún más arbitraria la fijación de una comisión única.

Tales gastos de cobranza, como gastos de operación pueden formar parte de los componentes para calcular la tasa de interés y por lo tanto existe una duplicidad en el uso de dichos gastos para calcular la cuota a pagar.

Los vendedores de vehículos, para calcular la tasa de intereses del mercado, no pueden utilizar para su cálculo los mismos elementos que la Banca, ya que ni captan dinero del público al cual haya que pagar intereses, ni tienen gastos de operación, ni ganancias de igual entidad que la Banca. En consecuencia, los vendedores de vehículos al imponer en sus contratos una tasa de interés que le es extraña, no están sino actuando como intermediarios del financista, como si fuera un brazo de este, por lo que se trata de una forma de intermediación financiera, que resulta contraria a las normas del artículo 10 de la derogada Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

En consecuencia, las cuotas de estos contratos deben ser reestructuradas, eliminando de ellas los gastos de cobranza; correspondiendo al Banco Central de Venezuela, de acuerdo al artículo 108 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, fijar la tasa máxima de interés mensual que, a partir de 1996, correspondía al mercado de compras con reserva de dominio, intereses que no pueden cobrarse día a día.

XI

DECISIÓN

...Omissis...

14.- Se declaran NULAS las estipulaciones de los contratos de financiamiento de vehículos que violan el artículo 13 de la Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio, y que establecen como intereses de mora, puntajes sobre el interés del mercado. (Resaltado propio).

(Expediente Nº 01-1274).

En la sentencia aclaratoria de fecha 21 de febrero de 2002, la Sala Constitucional expresa:

8) Con relación a la pregunta 8 de la petición del Banco Central de Venezuela, ella se refiere a préstamos refinanciados, indexados, así como a los de la modalidad denominada cuota balón, en consecuencia, la sentencia no se aplica a los créditos hipotecarios no indexados, lo que está claramente determinado en el fallo. (Resaltado propio)

(Expediente Nº 01-1274).

Asimismo, en la decisión aclaratoria de fecha 24 de mayo de 2002, la Sala Constitucional, expresó:

4.- Con relación a la petición de Ford Motors Company de Venezuela S.A., DaimlerChrysler Financial Service Venezuela LLC., y General Motors Acceptance Corporation de Venezuela C.A., la Sala acota:

El llamado crédito con cuota balón fue objeto de examen por la Sala, debido a que ella considera de interés social la adquisición de vehículos automotores para que sirvan como instrumento de trabajo por los adquirientes (taxis, busetas, etc), motivo por el cual el fallo se refirió a esa modalidad crediticia (cuotas balón) y sólo a ella. La sentencia de esta Sala de 24 de enero de 2002, no se refiere a ninguna otra modalidad de crédito para la adquisición de vehículos (con o sin reserva de dominio) ya que ello no es parte del tema decidendum de la causa que dio origen al fallo.

Tampoco se refiere la sentencia a créditos otorgados por personas naturales o jurídicas para adquirir vehículos, que se encuentren fuera del sistema financiero, entendiendo dentro de éste los otorgados por las instituciones regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, y su vigente reforma. (Resaltado propio).

(Expediente Nº 01-1274).

Igualmente, en la aclaratoria de fecha 24 de enero de 2003, la Sala determina:

Igualmente, ratifica que la reestructuración de los créditos destinados a la adquisición de vehículos con reserva de dominio bajo la modalidad de “cuota de balón” está referida y así debe interpretarse y regularse, para los vehículos que sirvan como instrumento de trabajo para los adquirientes, o por su valor sean considerados vehículos populares, y nuevamente reitera la Sala, que se refiere el fallo a créditos que se encuentren vigentes para la fecha de la sentencia del 24 de enero de 2002, tanta veces citada a lo largo de la presente decisión.

De la disposición prevista en el numeral 3 del artículo 2 de la Resolución 145.02 del 28 de agosto de 2002, emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras que dice textualmente: “3. Créditos destinados a la adquisición de vehículos con reserva de dominio, bajo la modalidad de “cuota balón”: Son todos aquellos créditos otorgados por las Instituciones Financieras, destinados a la adquisición de vehículos con reserva de dominio, mediante cuotas fijas y tasas variables o cuotas variables y tasas variables; sin menoscabo de que dichas cuotas incluyan o no alguna comisión de cobranza y que en algún momento de la vida del crédito, desde su otorgamiento hasta la fecha de la restructuración, se les haya formado una cuota pagadera al final del crédito conformada por el capital y/o intereses no cancelados, debido a que la mayoría de las cuotas pagadas por el deudor solamente alcanzaron para amortizar los intereses. Todo ello independientemente del tipo de vehículo y del uso dado por el deudor al mismo.”, es nula, en cuanto a la siguiente oración: “Todo ello, independientemente del tipo de vehículo y del uso dado por el deudor al mismo” y así se declara; pues contraviene el sentido, propósito y razón de la sentencia del 24 de mayo de 2002. La Sala reitera que los créditos a reestructurarse en esta materia son los destinados para la adquisición de vehículos a ser utilizados como instrumentos de trabajo, o a vehículos populares.

...Omissis...

En cumplimiento al análisis sobre la normativa complementaria del fallo complejo, esta Sala pasa a analizar la Resolución 146.02 de fecha 28 de agosto de 2002 emanada igualmente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, cuyo contenido está referido a la actualización de la situación que presentan los deudores de los créditos indexados de adquisición de vehículos bajo la modalidad de “cuota balón” en el Sistema de Información Central de Riesgos (S.I.C.R.I.), que deben hacer las instituciones financieras.

El último párrafo de dicha Resolución, textualmente expresa:

“Igualmente, esta Superintendencia de acuerdo con el artículo 238 ejusdem instruye que se suspendan los procesos judiciales en curso, relativos a los créditos indexados y de los créditos destinados a la adquisición de vehículos con reserva de dominio otorgados bajo la figura de “cuota balón”, mientras dure el proceso de reestructuración indicado en la Resolución Nº 145.02 de fecha 28 de agosto de 2002”.

Sorprende a esta Sala que el Organismo Supervisor se tome para sí la atribución de suspender procesos judiciales en curso en los cuales ella no sea parte de los mismos, desconociendo que no tiene competencia, ni facultad para ello; peor aún, con base en el artículo 238 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Este artículo 238 eiusdem solamente permite a la Superintendencia instruir a los entes supervisados en el ejercicio de sus atribuciones de inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los mismos. No señala el artículo 2 y el artículo 213 del Decreto Ley, que dicho Organismo pueda ejercer la jurisdicción civil, cuyo ejercicio corresponde a los jueces ordinarios de conformidad a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. Por lo demás, la aclaratoria del 24 de mayo de 2002 al fallo del 24 de enero del mismo año, tampoco la faculta para ordenar tal cosa, pues estaría incurriendo esta Sala en franca violación del ordenamiento jurídico vigente.

Por lo tanto, es NULO el último párrafo de la Resolución 146.02 de fecha 28 de agosto de 2002 emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.517 de fecha 30 de agosto de 2002.

Decisión

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la interpretación que debe dársele a algunos aspectos de los arriba examinados y la nulidad de los párrafos, numerales y artículos así determinados en el análisis desarrollado en la presente decisión de las Resoluciones 145.02, 146.02 y 147.02, todas de fecha 28 de agosto de 2002, emanadas de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fechas 29 y 30 de agosto de 2002, Nos. 37.516 y 37.517 respectivamente.

1.- La disposición prevista en el numeral 3 del artículo 2 de la Resolución 145.02 del 28 de agosto de 2002, emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras que dice textualmente: “Todo ello, independientemente del tipo de vehículo y del uso dado por el deudor al mismo” es nula solo en cuanto a dicha oración y así se declara, pues contraviene el sentido, propósito y razón de la sentencia del 24 de mayo de 2002. La Sala reitera que los créditos a reestructurarse en esta materia son los destinados para la adquisición de vehículos a ser utilizados como instrumentos de trabajo, o a vehículos populares. (Resaltado propio).

(Expediente Nº 01-1274)

De las decisiones transcritas se desprende con meridiana claridad, que en materia de vehículos, la reestructuración ordenada por la Sala Constitucional sólo es aplicable a los créditos destinados a la adquisición de vehículos con reserva de dominio a ser utilizados como instrumentos de trabajo, o a vehículos populares.

En el caso sub-iudice, se evidencia del documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro Público del Municipio San C.d.E.T., el 12 de marzo de 1998, bajo el Nº 12, Tomo LHM, correspondiente al primer trimestre de ese año, corriente a los folios 14 al vuelto del 19, que el préstamo otorgado por la parte actora al ciudadano E.A.C. tuvo como objeto el ser destinado para capital de trabajo, pero no para la adquisición de vehículo alguno. De igual forma, consta en dicho documento que para garantizar a la entidad financiera acreedora el pago de sus obligaciones, el deudor constituyó a su favor hipoteca mobiliaria sobre un vehículo de su propiedad que dijo pertenecerle por haberlo adquirido de la sociedad mercantil MONO BLOCK, S.A., ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS COMERCIALES, según se evidencia de Factura Nº 0478 de fecha 27 de octubre de 1997 y Certificado de Origen Nº L08962550619280, emitido por la Asociación Latinoamericana de Integración, es decir, que la fecha de adquisición es anterior a la fecha del préstamo.

Asímismo, en el documento de reestructuración de dicho préstamo protocolizado en la misma Oficina de Registro el 31 de marzo de 2000, bajo el Nº 09, Tomo 001, Protocolo LH, folios 1 al 18, correspondiente al primer trimestre de ese año, inserto a los folios 21 al 36, se ratifica que el préstamo concedido a E.A.C., es un préstamo a interés “para ser destinado en operaciones de legítimo carácter comercial y capital de trabajo” (vuelto del folio 21).

Por otra parte, se observa que tanto en el documento constitutivo del préstamo, como en el documento por el cual se reestructuró el mismo, se establecieron cuotas fijas para la amortización del capital, no sometidas a modificación como consecuencia de la variabilidad de los intereses, ni contentivas de comisión alguna, de lo cual se evidencia que se trata de un crédito lineal y no de un crédito indexado.

Conforme a lo expuesto, debe concluirse que el préstamo otorgado por la parte demandante al codemandado E.A.C., garantizado con la hipoteca mobiliaria a cuya ejecución se contrae la presente causa, no encuadra dentro de los presupuestos de aplicación de la sentencia Nº 85 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 24 de mayo de 2002 y sus respectivas aclaratorias, por lo que debe declararse sin lugar la solicitud de suspensión de la causa formulada por la parte demandada, y así se decide.

Igualmente, en el referido escrito de fecha 13 de enero de 2004 la parte demandada reconviene a la actora por enriquecimiento sin causa, de conformidad con lo previsto en los artículos 365 y 361 in fine del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1184 del Código Civil.

Establecen los artículos 365 y 366 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

Artículo 365.- Podrá el demandado intentar la reconvención o mutua petición, expresando con toda claridad y precisión el objeto y sus fundamentos. Si versare sobre objeto distinto al del juicio principal, lo determinará como se indica en el artículo 340.

Artículo 366.- El Juez, a solicitud de parte y aun de oficio, declarará inadmisible la reconvención si ésta versare sobre cuestiones para cuyo conocimiento carezca de competencia por la materia, o que deben ventilarse por un procedimiento incompatible con el ordinario. (Resaltado propio)

Al respecto, el Dr. A.R.R. expresa:

La reconvención, mutua petición o contrademanda puede definirse como la pretensión que el demandado hace valer contra el demandante junto con la contestación en el proceso pendiente, fundada en el mismo o diferente título que la del actor, para que sea resuelta en el mismo proceso y mediante la misma sentencia.

…Omissis…

298. Admisibilidad de la reconveción

Las condiciones de admisibilidad de la reconvención las establece expresamente el Artículo 366 C.P.C, según el cual: ….

1. Como se ha visto (supra: n.66), la competencia por la materia es de orden público o absoluta y la incompetencia puede declararse aun de oficio por el juez en cualquier estado e instancia del proceso (Art.60 C.P.C), por lo que la norma comentada, en resguardo de este principio, declara inadmisible la reconvención cuando versa sobre cuestiones para cuyo conocimiento carece de competencia el juez por razón de la materia.

   …Omissis…

2. La otra condición de admisibilidad de la reconvención es que el procedimiento por el cual deba ventilarse no sea incompatible con el ordinario.

   Aquí debe advertirse que el impedimento no se refiere a la eventualidad de que las acciones o pretensiones sean contrarias entre sí, porque evidentemente la contrapretensión objeto de la reconvención puede tener su fundamento en la misma o en diferente relación jurídica que la demanda, por lo que generalmente ambas pretensiones pueden resultar contrarias.

   El motivo de inadmisibilidad se refiere exclusivamente a los procedimientos incompatibles con el ordinario, como lo son generalmente los procedimientos especiales. … (Resaltado propio)

   (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo III, Organización Gráficas Capriles C.A, Caracas 2001, 145, 146, 149 y 150).

   Así las cosas, en el presente caso se aprecia que la acción ejercida por la parte demandada por vía reconvencional se trata de una acción de indemnización por enriquecimiento sin causa, la cual debe ser ventilada por el procedimiento ordinario previsto en el Código de Procedimiento Civil, que a todas luces resulta incompatible con el procedimiento especial de ejecución de hipoteca mobiliaria a que se contrae la presente causa, tal como lo dispone expresamente el artículo 73 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión al señalar lo siguiente: “El procedimiento para la ejecución de hipoteca mobiliaria no será acumulable a juicio alguno. …”. En consecuencia, resulta forzoso para quien decide declarar inadmisible la reconvención propuesta por la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 366 del Código de Procedimiento Civil y 73 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión. Así se decide.

   En cuanto a la solicitud de reposición de la causa al estado en que se encontraba para el 02 de diciembre de 2004, fecha en que se tiene por notificada formalmente a la Procuradora General de la República, efectuada por la parte demandada mediante escrito presentado ante esta alzada en fecha 17 de noviembre de 2004, corriente a los folios 210 al 217, se observa lo siguiente:

   El artículo 97 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dispone lo siguiente:

   Artículo 97. Cuando se decrete medida procesal de embargo, secuestro, ejecución interdictal y, en general, alguna medida de ejecución preventiva o definitiva sobre bienes de institutos autónomos, empresas del Estado o empresas en que éste tenga

   participación; de otras entidades públicas o de particulares, que

   estén afectados al uso público o a un servicio de interés público, a una actividad de utilidad pública nacional o a un servicio privado de interés público, antes de su ejecución, el juez debe notificar al Procurador o Procuradora General de la República, acompañando copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto, a fin de que el organismo público que corresponda adopte las previsiones necesarias para que no se interrumpa la actividad o servicio a la que esté afectado el bien. En este caso el proceso se suspende por un lapso de cuarenta y cinco (45) días continuos, contados a partir de la consignación en el expediente de la constancia de la notificación al Procurador o Procuradora General de la República.

   Adoptadas las previsiones del caso, el organismo correspondiente debe comunicar al Procurador o Procuradora General de la República, quien a su vez debe informar al juez de la causa.

   Conforme a dicha norma, en el procedimiento de ejecución de hipoteca mobiliaria la suspensión del proceso en ella prevista se refiere exclusivamente a la ejecución de la medida de secuestro que se dicte en el mismo, por lo que ésta no puede aplicarse al procedimiento que se sigue con ocasión de la intimación del deudor ni al lapso para formular oposición.

   En este sentido, en el caso de autos se aprecia que en el auto de admisión de fecha 01 de septiembre de 2003 se ordenó la notificación al Procurador General de la República, y se acordó suspender el proceso de ejecución de la medida de secuestro por un lapso de cuarenta y cinco días continuos a partir de la consignación en el expediente de la aludida notificación. Asimismo, indica el a quo en el fallo recurrido que en respuesta a dicha notificación, la Procuraduría General de la República comunicó al tribunal de la causa mediante oficio N° 014924 de fecha 11 de noviembre de 2003, que si bien la medida decretada recaía sobre un bien mueble (vehículo) propiedad de un particular afectado a la prestación del servicio público de transporte, no obstante, consideraba que su ejecución no interrumpe la continuidad, regularidad y universalidad de la actividad desplegada en pro del normal desarrollo y progreso de la colectividad, razón por la cual estimó improcedente la suspensión del proceso por el lapso establecido en el artículo 97 eiudem. Así las cosas, debe desestimarse la solicitud de reposición de la causa formulada por la parte demandada ante esta alzada en fecha 17 de noviembre de 2004. Así se decide.

   Así las cosas, al no haber realizado los deudor el pago intimado, ni formulado oposición a la ejecución con fundamento en las causales previstas en el artículo 71 la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, y por cuanto la Procuraduría General de la República mediante oficio N° 014924 de fecha 11 de noviembre de 2003, consideró improcedente la suspensión del proceso por el lapso de 45 días establecido en el artículo 97 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, debe esta alzada de conformidad con lo

   establecido en la Regla Cuarta del artículo 70 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, confirmar la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 16 de junio de 2004, que declaró sin lugar la solicitud de suspensión de la causa formulada por la parte demandada en el escrito presentado el 13 de enero de 2004; inadmisible la reconvención propuesta por la parte demandada y ordenó la subasta del bien hipotecado sobre el cual se decretó medida de secuestro en el auto de admisión de fecha 01 de septiembre de 2003, consistente en un vehículo Marca M.B., tipo autobús, modelo 0H1420/51, serial chasis 9BM382033-WB132004, serial motor 377980-50-364859; serial de carrocería 018970942W, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 70 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, quedando así confirmada la decisión apelada. Así se decide

   Por los razonamientos expuestos este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide:

DECLARA SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada mediante diligencia de fecha 07 de julio de 2004.

CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 16 de junio de 2004, que declaró sin lugar la solicitud de suspensión de la causa formulada por la parte demandada en el escrito presentado el 13 de enero de 2004; inadmisible la reconvención propuesta por la parte demandada y ordenó la subasta del bien hipotecado sobre el cual se decretó medida de secuestro en el auto de admisión de fecha 01 de septiembre de 2003, consistente en un vehículo con las siguientes características: Marca M.B., tipo autobús, modelo 0H1420/51, serial chasis 9BM382033-WB132004, serial motor 377980-50-364859; serial de carrocería 018970942W, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 70 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión.

Se condena en costas a la parte demandada, según lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese, notifíquese a las partes y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y bájese el expediente en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil seis. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Juez Titular,

A.M.O.A.

La Secretaria,

Abog. F.R.S.

En la misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, previas las formalidades de Ley, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), dejándose copia certificada para el archivo del Tribunal.

Exp. N° 5132