Sentencia nº 4 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Especial Segunda de 15 de Marzo de 2012

En fecha veintidós (22) de junio de dos mil nueve (2.009), se consigna ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Guanare, Demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, interpuesta por el ciudadano Ramón José Bolívar Mejías, titular de la cédula de identidad Nº V-8.218.840, debidamente asistido por la abogada I.M.G.B., titular de la cédula de identidad Nº V-8.068.314, identificada con matrícula de Inpreabogado Nº 38.121, contra el Ministerio del Poder Popular para la Salud y Desarrollo Social al cual se encuentra adscrita la Dirección Regional de S.d.E.P., en el cual planteó:

(…) En fecha primero de enero de dos mil (01/01/2000), ingresé a prestar mis servicios como MÉDICO CIRUJANO (Contratado) para la denominada FUNDACIÓN PARA LA S.D.E.P. (FUNDASALUD), (…) a partir del día quince de diciembre de dos mil (15/12/2000), a través del Decreto Nro. 126-A (emanado de la Gobernación del Estado Portuguesa), se declaró terminado el giro y operatividad de la misma por fusión con la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, que es a su vez un organismo adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (MSDS), en donde me desempeñé desde entonces y de manera ininterrumpida como MÉDICO GENERAL, en el PLAN DE GUARDIAS DE 12 y 24 HORAS; (…) me vi precisado (…) a formular formalmente mi renuncia al cargo, el día siete de julio de dos mil ocho (07/07/2008). Para ese momento había desempeñado mis funciones como Médico General del Plan de Guardias de 12/24 horas, durantes un lapso de ocho (08) años, seis (06) meses y seis (06) días; las cuales cumplí a cabalidad prácticamente durante todos esos años en el Ambulatorio U.T.I. “Dr. N.B.”, del Distrito Sanitario Guanare adscrito a Barrio Adentro I, (…) Cabe destacar en este mismo orden de ideas, que mi Jornada de Trabajo estaba supeditada a un Plan de Guardias (preestablecido mensualmente para Médicos y Enfermeras), en donde a los fines respectivos y en razón del servicio todos los días calendario (lunes a domingo) eran considerados hábiles para el trabajo, en consecuencia, durante el mes mi jornada diaria en el Plan de Guardias de doce (12) horas comenzaba a las 7:00 p.m. y terminaba a las 7:00 a.m. del día siguiente, durante seis (06) días o siete (07) días del mes; mientras que en el Plan de Guardias de veinticuatro (24) horas (sábados, domingos y días feriados), durante dos (02) días del mismo mes, mi jornada comenzaba a las 7:00 a.m. y terminaba a 7:00 a.m. del día siguiente.

Podemos afirmar por lo tanto, que durante la vigencia de mi relación laboral para con el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (MSDS), llegué a laborar un total de 120 horas mensualmente (o más si durante ese mes hacia siete-7- guardias de 12h y dos-02- de 24h), las cuales nunca me fueron canceladas en la forma debida (bajo los parámetros legales). Se desprende de este hecho, que mi horario de trabajo (comprendido en jornadas nocturnas) siempre excedió las limitaciones del artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo cual nunca recibí previsiones compensatorias por exceso ni de ninguna otra índole (como lo son: Salario acorde al cargo y a la responsabilidad; Vacaciones; Bono Vacacional; Bono Nocturno; Bonificación de Fin de Año ni la Cesta Tickets). (…) Desde el momento mismo en que renuncié al cargo solicité personalmente y por escrito la cancelación de las Prestaciones Sociales y demás conceptos laborales, pero las autoridades de la Dirección Regional de Salud (dependiente del MSDS), se negaron y a través del Jefe de Personal se me manifestó accionar porque de otro modo, no se me daría respuesta favorable alguna en reconocimiento de mis derechos.

(…) Por todas las razones de hecho y de derecho, antes expuestas y en virtud de que tal como puede usted evidenciar respetado Juez, no he recibido lo que por Derecho Constitucional y legal me corresponde, es por lo que procedo en este mismo acto a D E M A N D A R como en efecto lo hago formalmente a través del presente, al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (MSDS) por ser el órgano de la administración pública al cual se encuentra adscrita la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, para que en razón de ello, convenga en cancelarme la cantidad de: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 143.399,32), monto total desglosado específicamente en los cuadros anexos consignados, que forman parte integrante de este petitorio, los cuales fueron elaborados con absoluto apego a la ley y a la Convención Colectiva mencionada (que es la que aplica en este caso).

En caso contrario, solicito que dicho ente gubernamental (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (MSDS), sea condenado a pagarme, los siguientes conceptos:

1.- La cantidad antes mencionada es decir, CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 143.399,32).

2.- El monto que arroje la experticia complementaria del fallo que pido se ordene realizar sobre los anteriores conceptos, para aplicar sobre ellos el método indexatorio, corrección monetaria o ajuste monetario por inflación, en razón de los altos índices de inflación que han minimizado el poder adquisitivo de nuestra moneda.

3.- Asimismo pido, sea condenada en cancelarme los intereses por mora en su pago desde la fecha de mi renuncia 01/07/2008, hasta la fecha en que definitivamente firme la sentencia definitiva, intereses que pido sean calculados por medio de experticia complementaria del fallo, que ruego se sirva ordenar oportunamente, este d.T..

4.- Las costas y costos que se originen como consecuencia del presente proceso.

(Sic.)

Recibida la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, presentada por el ciudadano R.J.B., el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, en fecha treinta (30) de junio de dos mil nueve (2.009), ordena las respectivas notificaciones a los funcionarios competentes.

El siete (07) de enero de dos mil diez (2.010), se consigna escrito ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, por parte del abogado C.A.P.C., titular de la cédula de identidad número V-13.520.474, identificado con el inpreabogado número 85.911, como apoderado judicial de la Dirección Regional de S.d.e.P., en el cual solicita la regulación de competencia en la presente causa, alegando lo siguiente:

(…) Es el caso ciudadana Juez, que tal y como lo afirma en el escrito libelar interpuesta por ante éste despacho por el ciudadano R.B., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula identidad Nº 8.218.840; quien en el libelo señala que se desempeñaba como MÉDICO GENERAL en guardias 12x24 horas, en el Ambulatorio U.T. I Dr. N.B. desde 1 de Febrero de 2.000, tal y como se evidencia en constancia de trabajo de fecha 12 de febrero de 2.008 (…), guardias estas, que cesaron por renuncia formal e irrevocable. En el mismo orden de ideas ciudadana Juez, por la renuncia en cuestión el antes identificado R.B., demandó a la DIRECCIÓN REGIONAL DE S.D.E.P., por cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales; sin embargo es necesario destacar que el accionante comenzó a prestar servicios para nuestra representada como Medico Empleado Contratado Nacional en fecha 22 de Enero de 2002 hasta la actualidad, cuyas funciones las cumple en el Ambulatorio Dr. N.B., adscrito a la Red Ambulatoria dependiente a la pre nombrada Dirección Regional de S.d.E.P., según se evidencia en Constancia de fecha 2 de Octubre de 2.008, (…); de lo que debemos inferir que el ciudadano R.B. solo renunció al plan de guardias pero su vinculo laboral para con la ya nombrada Dirección Regional de S.d.E.P. aun persiste, desempeñando funciones de EMPLEO PÚBLICO. (…)

Establecido lo anterior, tenemos ciudadana Juez que la Ley del Estatuto de la Función Pública, vigente desde el 11 de julio de 2002, unificó la normativa jurídica aplicable a las relaciones de empleo público de las administraciones públicas nacional, estadales y municipales (artículo 1 de la Ley) y restringió sustancialmente los funcionarios excluidos de su ámbito de aplicación (artículo 2 eiusdem), siendo ello así el conocimiento de los litigios que versen sobre tal relación de empleo público entre los funcionarios públicos y la Administración Pública corresponde a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso-administrativa funcionarial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

(…)De lo anteriormente expuesto tenemos que indudablemente el ciudadano R.B., suficientemente identificado, cumple funciones de empleo público, tratándose de una relación de empleo público entre un funcionario que ocupa un cargo de carrera, independientemente de su situación de contratado o fijo, lo que deberá el Tribunal Contencioso Administrativo tutelar que exista una relación de empleo público entre un funcionario con la Administración Pública aun cuando este sea contratado, tal criterio ha sido ratificado por sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 19 de junio de 2001, bajo la ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, y Sentencia de fecha 10 de mayo de 2005 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; y como consecuencia de ello el Juez natural para conocer de la presente controversia en este caso y competente por la materia es el Juzgado Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en la ciudad de Barquisimeto, así lo solicito.-“(Sic.)

Ante tal solicitud, el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, el siete (07) de enero de dos mil diez (2.010), expone:

Visto el Recurso de Regulación de Competencia presentado, por el abogado C.A.P.C., titular de la cédula de identidad Nº V-13.520.474, identificado con matricula de Inpreabogado Nº 85.911, apoderado judicial de la Dirección Regional de S.d.e.P., este Juzgado, ante tal solicitud considera necesario establecer:

El Recurso de Regulación de Competencia, se hace procedente, en aquellos casos en los cuales se encuentra en controversia la afirmación de la competencia o su negativa, producida por un pronunciamiento expreso del órgano jurisdiccional, así el ordenamiento jurídico ha dispuesto su regulación como mecanismo de impugnación de cualquier resolución del órgano jurisdiccional que verse sobre tal presupuesto, garantizando el debido proceso, a través de la tutela del derecho al Juez Natural consagrado en el artículo 49, numeral cuarto de nuestra Carta Fundamental.

El Código de Procedimiento Civil, cuyas normas son aplicables en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, estatuye, varios escenarios de procedencia; a saber:

a) aquel en el cual el juez, mediante una sentencia interlocutoria, declara su propia competencia (artículo 67);

b) aquel en el cual el juez declara su propia competencia en la sentencia definitiva (artículo 68); y,

c) aquel en el cual el juez declara su propia incompetencia (artículo 71), caso en el cual se puede plantear la regulación de competencia de oficio cuando el juez que deba suplir al abstenido se considere, a su vez, incompetente (artículo 70).

De tal manera, que en el actual caso, estamos en presencia de una solicitud de DECLINATORIA DE COMPETENCIA, hecha por el apoderado judicial de la parte demandada, la cual debe tramitarse en la causa principal y así queda establecido, en consecuencia se ordena el cierre informático del presente recurso y agregar sus actuaciones al asunto principal.

(Sic)

Luego, en fecha once (11) de enero de dos mil diez (2.010), el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, se declaró incompetente en razón de la materia.

Al respecto, el dieciocho (18) de enero de dos mil diez (2.010), el recurrente suficientemente identificado, debidamente asistido por la abogada I.M.G., identificada con el Inpreabogado Nº 38.121, consigna diligencia ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa Guanare, en la cual apela la decisión emanada del Juzgado en fecha once (11) de enero de dos mil diez (2.010).

De tal forma que el diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2.010), el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa, decide “la solicitud de regulación de competencia” por parte de la apoderada judicial del recurrente, y dado que “lo hizo en el lapso legal correspondiente acuerda la remisión en copias certificadas de todas las actas que conforman la causa principal, al Tribunal Superior Primero del Trabajo”.

En fecha veintisiete (27) de enero de dos mil diez (2.010), el Tribunal Superior del Trabajo de la Coordinación Laboral del Estado Portuguesa con sede en Guanare, da por recibido el expediente y procede a darle entrada a los fines del respectivo pronunciamiento, en el cual estableció que “el ciudadano R.J.B., asistido por la Abogado I.M.B., no realizó dicha solicitud, sino que por el contrario, realizó formal apelación de la decisión de fecha 11 de Enero de 2010, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, sede Guanare por ello, ordena la remisión del presente asunto, al Tribunal de origen, a los fines de su pronunciamiento sobre la solicitud realizada por el actor.”

Es así como el nueve (09) de febrero de dos mil diez (2.010), el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, se pronunció y se declaró inadmisible y dejó definitivamente firme su declaratoria de incompetencia en razón de la materia.

De allí que el seis (06) de abril de dos mil diez (2.010), el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental, recibió de la URDD-Civil, el cual fue devuelto el siete (07) de abril de dos mil diez (2.010), debido a un error de foliatura, el mismo se subsanó en fecha veinte (20) de abril de dos mil diez (2.010), por el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, y fue remitido nuevamente el diecisiete (17) de mayo de dos mil diez (2.010), al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental.

Luego, el nueve (09) de junio de dos mil diez (2.010), el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental, se declaró igualmente incompetente y planteó el conflicto de competencia.

Es así como finalmente, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, remite el asunto a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha once (11) de junio de dos mil diez (2.010).

III

DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA

En fecha once (11) de enero de dos mil diez (2.010), el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, emitió opinión de la siguiente forma:

Visto el escrito presentado por el apoderado judicial de la Dirección Regional de S.d.e.P., (…) siendo que lo alegado por la demandada, en concordancia con lo narrado en el libelo, contienen el carácter de empleado público del demandante, resulta claro que su reclamación debe circunscribirse al régimen de los funcionarios públicos y no al previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, todo atendiendo lo dispuesto en las normas señaladas y a los criterios jurisprudenciales esbozados supra, que excluyen expresamente del conocimiento de los Tribunales del Trabajo a toda reclamación relacionada con el Régimen del Empleo Público Nacional, Estadal o Municipal, en consecuencia al ser la demandante “MÉDICO GENERAL”, enmarcado en una relación de empleo público, emerge claramente la incompetencia de la jurisdicción laboral para conocer del presente asunto, por tanto, siendo que la incompetencia por la materia, puede ser declarada aun de oficio, en cualquier grado y estado del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal, aplicando la norma citada, por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se DECLARARÁ INCOMPETENTE EN RAZÓN DE LA MATERIA PARA CONOCER DE LA PRESENTE CAUSA, POR ESTAR ATRIBUIDO EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO AL JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL, QUIEN ES EL JUEZ NATURAL, EN QUIEN SE DECLINA LA COMPETENCIA.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara su Incompetencia por la materia para conocer de la presente causa, declinando la competencia para conocer de la causa seguida por el ciudadano R.J.B.M., contra la Dirección Regional de S.d.e.P., por reclamación de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, acordando remitir el expediente, una vez vencido el lapso previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil

(Sic)

Luego el diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2.010), el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, expuso:

Vista la solicitud presentada por el ciudadano R.J.B.M., titular de la cédula de identidad Nº 8.218.840, asistido por la Abogada I.M.G.B., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 38.121, en la que solicita la Regulación de Competencia, este Tribunal considerando que lo hizo en el lapso legal correspondiente, acuerda la remisión en copias certificadas de todas las actas que conforman la causa principal, al Tribunal Superior del Primero del Trabajo a los fines de su pronunciamiento sobre la solicitud realizada, de conformidad con el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil aplicado por mandato del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

.(Sic)

En fecha veintisiete (27) de enero de dos mil diez (2.010), el Tribunal Superior del Trabajo de la Coordinación Laboral del Estado Portuguesa con sede en Guanare, da por recibido el expediente y procede a darle entrada a los fines del respectivo pronunciamiento, en el cual estableció que:

Revisadas como han sido las copias fotostáticas certificadas que conforman las actas procesales del presente asunto; éste juzgador se percata que en el caso sub iudice, el Juzgado Primero de Primera Instancia Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en la ciudad de Guanare, procede a dictar auto mediante el cual ordenó erróneamente la remisión de las mismas al Juzgado Superior Primero del Trabajo, por una supuesta solicitud de Regulación de competencia, realizada por el ciudadano R.J.B., asistido por la Abogado I.M.G.B., (…); Ahora bien, esta superioridad observa, que en diligencia de fecha 18/01/2010, (f. 68), el ciudadano R.J.B., asistido por la Abogado I.M.B., no realizo dicha solicitud, sino que por el contrario, realizó formal apelación de la decisión de fecha 11 de Enero de 2010, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, sede Guanare.

En razón de ello, circunscribiéndonos específicamente al caso que nos ocupa, quien decide, ordena la remisión del presente asunto, al Tribunal de origen, a los fines de su pronunciamiento sobre la solicitud realizada por el actor.

(Sic)

Es así como el nueve (09) de febrero de dos mil diez (2.010), el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, se pronunció alegando:

(…) Así las cosas, el mecanismo a ser utilizado para recurrir contra las sentencias que se pronuncien sobre la competencia, es la solicitud de la regulación de la competencia, siendo claro que la interposición del recurso de apelación contra este tipo de sentencias, resulta un ejercicio errado, ya que no es el mecanismo útil para gravar ni para enervar dichas sentencias.

Por todo lo antes expuesto este Juzgado NIEGA LA APELACIÓN, interpuesta por el ciudadano R.J.B.M., asistido por la abogada I.M.G.B. en fecha 18 de enero del año 2010, contra la decisión de fecha 15 de octubre de 2008.

Por otra parte cuando no ejerce en la debida oportunidad procesal, el recurso de regulación de competencia sobre la sentencia que declara la incompetencia del tribunal para conocer o seguir conociendo de la causa, el efecto inmediato es la firmeza de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por analogía a tenor del articulo 11 de la ley Orgánica de Procesal del Trabajo, relativo a la eficacia de la sentencia que se pronuncia sobre la incompetencia(…).

Ahora bien, al evidenciar que la parte demandante no ejerció la Solicitud de Regulación de competencia dentro del plazo de cinco (5) días a que alude el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por analogía a tenor del articulo 11 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado Declara DEFINITIVAMENTE FIRME la decisión de fecha 11 de enero de 2010, que declaro la INCOMPETENCIA DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, declinando la competencia en el JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL, para conocer de la causa seguida por el ciudadano R.J.B.M., contra la Dirección Regional de S.d.e.P., por reclamación de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

(…), declara:

PRIMERO: INADMISIBLE la apelación interpuesta (…)

SEGUNDO: DEFINITIVAMENTE FIRME la decisión proferida por este Juzgado en fecha 11 de enero de 2010, que declaró la Incompetencia, para conocer de la causa (…)

Remítase el presente expediente al Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, una vez vencido el lapso establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aplicado por analogía al caso de autos, para el ejercicio del Recurso de Hecho en lo atinente al primer punto de la presente decisión. (…)

(Sic)

Luego, el nueve (09) de junio de dos mil diez (2.010), el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, expresó que:

(…) De lo anterior, se desprende que el modo de ingreso del ciudadano R.J.B.M. a la Administración Pública se produjo en todo momento a través de la figura contractual, pues en su relación de los hechos y hasta la oportunidad de señalar que la terminación de la prestación de servicio obedeció a su renuncia, no indicó otra figura de ingreso, tales como el concurso público de posición o algún nombramiento que le otorgara una estabilidad provisional, entendida ésta no como un funcionario público de carrera, sino en el ejercicio de funciones propias de un funcionario de carrera.

Así las cosas, se tiene que la condición de contratado del ciudadano R.J.B.M., queda demostrada por sus propios argumentos explanados en el escrito libelar, en donde además de alegar que ingresó por vía de contrato, consigna un ejemplar de dicho contrato de trabajo para demostrar el vínculo laboral que mantuvo con la parte demandada, el cual cursa en autos específicamente al folio diez (10) del presente expediente, naturaleza contractual que no fue desconocida por la representación judicial de la Dirección Regional e S.d.E.P., cuando en la oportunidad de solicitar la regulación de competencia al Juzgado declinante, indicó que la condición del demandante era de contratado, con lo cual se ratifica el carácter contractual de la prestación de servicio, desvirtuándose la naturaleza funcionarial que fue atribuida en el caso de autos por el Juzgado Primero de Primera Instancia de de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare.

En este orden de ideas, tenemos que el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil dispone que cuando se trate de la competencia por la materia, la misma se determinará por los hechos que se discute y por las disposiciones legales que lo regulen, es decir, de los hechos alegados por las partes se origina el derecho aplicable –ex factis oritur ius- al caso en concreto para la resolución de la controversia y determinación del Juez natural, conforme al mandato constitucional contemplado en el artículo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo tanto, visto los términos en que fue planteada la presente acción por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos, se tiene la existencia de un contrato de trabajo por medio del cual el ciudadano R.J.B.M. ingresó en fecha 01 de enero del 2000, para la Administración Pública, relación contractual que se mantuvo hasta su renuncia y no se vio modificada por la fusión entre la Fundación de la S.d.E.P. y la Dirección Regional de Salud y Desarrollo Social del Estado Portuguesa; en consecuencia, resulta aplicable en el presente caso la excepción prevista en el Estatuto de la Función Pública, en virtud de que de las actas que hasta el momento conforman el expediente, se evidencia que la relación de servicio nació y se extinguió bajo la figura de un contrato de trabajo.

Así las cosas, el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

‘Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.

El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público…omissis…’

La norma constitucional citada es taxativa al señalar que los cargos en la Administración Pública son de carrera –salvo la excepción que la misma norma prevé en su contenido- y que la única forma de ingreso a dichos cargos se realizará mediante concurso público de oposición, no siendo por tanto admisible otra forma de ingresó para ostentar la condición de funcionario público de carrera y la aplicación del régimen estatutario.

Es así que, en nuestro ordenamiento jurídico positivo todo lo concerniente al régimen funcionarial de la Administración Pública se encuentra regulado por la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual en su artículo 1 desarrolla su ámbito de aplicación, y seguidamente en su Titulo IV “Personal Contratado” articulos 38 y 39, desarrolla las siguientes disposiciones:

‘Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.

(Negrillas y Subrayado del Tribunal)

‘Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.’

Así pues, resulta evidente que todos aquellos funcionarios que ingresen a la Administración Pública mediante la celebración de un contrato de trabajo, quedan exceptuados de la aplicación del régimen estatutario exclusivo y excluyente de los funcionarios públicos de carrera, razón por la cual los contratados deberán regirse según lo previsto en el contrato de trabajo celebrado y la Ley Orgánica del Trabajo. En tal sentido, resulta menester traer a colación lo dispuesto en el artículo 29 numeral 4 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que señala:

‘Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:

…Omissis…

4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social.

…omissis…’

Esta competencia de los Juzgados en material laboral para conocer y decidir asuntos como el presente, ha sido resuelta por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas oportunidades, (Vid. Sentencia Nº 28, de fecha 1 de marzo del 2007, Sentencia Nº 120, de fecha 31 de mayo del 2007 y sentencia Nº 98 de fecha 31 de julio de 2008).

En consecuencia, y conforme a lo anteriormente expuesto, este Órgano Jurisdiccional no acepta la competencia que le fuere declinada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare, pues resulta evidente, que este Tribunal Superior no es competente por la materia para conocer y decidir la demanda que por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos interpuso el ciudadano R.J.B.M., contra la Dirección Regional de S.d.E.P., siendo forzoso declarar la incompetencia de este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, y así se decide.

Ahora bien, siendo esta la instancia judicial la segunda en declararse incompetente, corresponde plantear el conflicto negativo de competencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente por disposición del aparte 1º del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual se ordena la remisión del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que sea resuelto el referido conflicto, por no existir un superior común a ambos Juzgados declarados incompetentes.

(…)Primero: Su INCOMPETENCIA para conocer y decidir la acción por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos (…)