Decreto N° 8.198, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos.

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene por objeto regular el proceso de la tenencia de la tierra en posesión de la población en los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados, para el debido otorgamiento de los títulos de adjudicación en propiedad de las tierras públicas y privadas, con el fin de contribuir a la satisfacción progresiva del derecho humano a la tierra a una vivienda digna y su hábitat sustentable y sostenible.

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley será aplicable en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela en los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados, dando prioridad a la familia, especialmente, a aquéllas en condición de vulnerabilidad social, mediante un proceso de cogestión integral entre la comunidad y el Estado.

A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los asentamientos urbanos o periurbanos son áreas geográficas habitadas y consolidadas por la población, constituidas por viviendas que ocupan tierras públicas o privadas, determinados de forma integral e indivisible a partir de sus rasgos históricos, socioculturales, sus tradiciones y costumbres, aspectos económicos, físicos, geográficos, cuenten o no con servicios públicos básicos, así como el que no encontrándose en algunas de las condiciones antes descritas, ameriten un tratamiento especial, siendo sus habitantes poseedores de la tierra y no se les ha reconocido su derecho a obtener los respectivos títulos de adjudicación en propiedad.

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley son de naturaleza social, tienen carácter estratégico, condición no lucrativa y se rigen por los principios rectores del derecho humano a la tierra, vivienda y hábitat, democracia participativa y protagónica, justicia social, equidad, solidaridad, seguridad jurídica, cogestión, progresividad, corresponsabilidad, organización, tolerancia, sustentabilidad y trabajo voluntario, todo ello de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Se declara de utilidad pública e interés social las tierras urbanas o periurbanas ubicadas dentro de las poligonales que definen los asentamientos urbanos consolidados, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley promoverá la participación protagónica, cooperación activa, democrática, deliberante, autogestionaria, corresponsable y organizada de todas las familias que habitan en los asentamientos urbanos o periurbanos, fortaleciendo el poder popular a través de los Comité de Tierras Urbanas, integrándose una vez constituidos a los Consejos Comunales; asumiendo el trabajo voluntario en el proceso de regularización, ratificando el compromiso de vida comunitaria, la contribución a la satisfacción progresiva del derecho a la tierra, vivienda y hábitat, la transformación integral de su entorno y la inserción de su asentamiento a la trama urbana.

El Estado regularizará la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos o periurbanos, con fundamento en el principio de colaboración, solidaridad, concurrencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad de los diferentes niveles políticos territoriales, de la forma siguiente:

1- Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, tendrá la competencia correspondiente para el otorgamiento de los títulos de adjudicación en propiedad de las tierras públicas nacionales.

2- El Poder Público Estadal, a través de la instancia correspondiente, tendrá la competencia para el otorgamiento de los títulos de adjudicación en propiedad de las tierras públicas estadales.

3- El Poder Público Municipal, a través de la instancia correspondiente, tendrá la competencia para el otorgamiento de los títulos de adjudicación en propiedad de las tierras públicas municipales.

Los consejos municipales crearán mediante Ordenanza la Oficina Técnica Municipal para la regularización de la tenencia de la tierra urbana o periurbana, para lo cual contará con la participación activa y democrática de los Comité de Tierras Urbanas.

Asimismo, normará el proceso de regularización de los ejidos en los asentamientos urbanos o periurbanos, de conformidad a los fines previstos en el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley, y el ordenamiento jurídico vigente aplicable a la materia.

Se protege la propiedad familiar tanto en las uniones de derecho como en las uniones estables de hecho, en caso de existir conflictos de intereses entre el padre y la madre que habiten con sus hijos e hijas, la regularización de la tenencia de la tierra deberá atender al principio de protección del interés superior del niño, niña y adolescente, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

El Comité de Tierras Urbanas, es una organización comunitaria social y política que tendrá por misión fundamental coadyuvar en el proceso de la regularización integral de la tenencia de la tierra de los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados, y ejecutar las actuaciones necesarias en función de la comunidad para que se le reconozca la propiedad de la tierra urbana o periurbana en relación a la misma y sus habitantes, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

En cada comunidad, urbanización o sector donde esté consolidado un asentamiento urbano o periurbano, deberá constituirse un Comité de Tierras Urbanas de origen común y con una extensión físico-espacial no mayor de cuatrocientas (400) viviendas.

En el ámbito de la poligonal a conformar el Comité de Tierras Urbanas, éste llevará por nombre el que sea aprobado en Asamblea de ciudadanas y ciudadanos, registrado además en la Carta del Barrio.

El procedimiento de constitución y conformación del Comité de Tierras urbanas se realizará, sin la intervención ni interferencia de personas externas a la comunidad donde será constituido, y serán aplicables con carácter obligatorio los principios de democracia participativa y protagónica.

En la comunidad, urbanización o sector, se conformará una Comisión provisional, integrada por un grupo de ciudadanas y ciudadanos no menor de cinco (5) personas, la cual tendrá como fin primordial promover, difundir y elegir a la Comisión Electoral.

La Comisión Provisional cesará en sus funciones una vez electa y juramentada la Comisión Electoral.

La Comisión Electoral estará integrada por un grupo de ciudadanas o ciudadanos no menor de tres (3) personas, ni mayor de cinco (5), quienes tendrán las siguientes funciones:

1. Difundir el alcance, contenido e importancia de los instrumentos legales en materia de tierras urbanas o periurbanas, así como del Comité de Tierras Urbanas.

2. Realizar el censo para conformar el registro electoral.

3. Establecer los requisitos para las postulaciones de los aspirantes a voceros y voceras del Comité de Tierras Urbanas y formalizar su inscripción.

4. Promover y difundir la hoja de vida de los postulados y procesar las impugnaciones, si la hubiere.

5. Dirigir el proceso electoral, el cual, se realizará en un plazo no mayor de 30 días continuos a partir de la instalación de la comisión electoral.

6. Realizar el escrutinio de manera pública.

7. Proclamar a los voceros y voceras que resultaren electos de conformidad a la voluntad popular.

8. Levantar el acta del proceso electoral dejando constancia de quienes resultaron electos o electas.

La Comisión Electoral prevista en este artículo cesará en sus funciones una vez electo el Comité de Tierras Urbanas.

La Asamblea de ciudadanas y ciudadanos constituida para la elección del Comité de Tierras Urbanas, deberá contar con la asistencia del cincuenta por ciento más uno de los habitantes de la comunidad mayores de edad; si no se lograre el quórum establecido, se realizará otra convocatoria, con un intervalo no menor de 3 días, la cual se constituirá con una asistencia no menor al treinta por ciento (30%); dejándose constancia en Acta de las actuaciones anteriores y se remitirá copia del Acta de elección al Instituto Nacional de Tierras Urbanas.

Los voceros y voceras del Comité de Tierras Urbanas, serán electos y electas, previa postulación ante la Comisión Electoral, ejercerán sus funciones ad honoren, por un período de dos (2) años, pudiendo ser reelectos o reelectas por una sola vez, por igual período.

Los voceros o voceras podrán ser revocados a partir de la mitad del período del ejercicio de sus funciones o cuando hayan incurridos en hechos graves debidamente comprobados.

Corresponde a los Comité de Tierras Urbanas:

1. Impulsar y coadyuvar en el proceso de regularización integral de la tenencia de la tierra urbana o periurbana, ya sea por prescripción adquisitiva especial o por adjudicación en propiedad, bajo los principios del Estado democrático, social, de derecho y de justicia.

2. Ejecutar las acciones necesarias en función de los intereses de la comunidad para que se reconozca la propiedad social, familiar, comunal o colectiva, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

3. Adelantar todas las acciones necesarias para el avance del proceso de regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos o periurbanos, conforme a lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

4. Elaborar el catastro popular conjuntamente con las familias de la comunidad, pudiendo solicitar el acompañamiento del Instituto Nacional de Tierras Urbanas u Oficina Municipal, según fuere el caso.

5. Promover y ejecutar las decisiones aprobadas por la comunidad en materia de regularización y reordenamiento de las tierras urbanas o periurbanas, bajo los principios de la democracia y mantenerla informada permanentemente.

6. Crear comisiones auxiliares que faciliten la ejecución eficaz y eficiente de sus funciones.

7. Proponer las poligonales de los asentamientos urbanos o periurbanos dentro de los ámbitos geográficos que no solapen o se sobrepongan a las poligonales de otros Comité de Tierras contiguos válidamente constituidos.

8. Elaborar con la participación de la comunidad la Carta del Barrio.

9. Elaborar el registro inicial de parcelas y usos de los asentamientos urbanos o periurbanos.

10. Elaborar el registro inicial de propietarios o propietarias y poseedores o poseedoras de parcelas, viviendas y edificaciones en los asentamientos urbanos o periurbanos, en coordinación con los órganos competentes.

11. Realizar el censo de familias que estén en condición de:

    1. Damnificados por pérdida total de sus viviendas a consecuencia de catástrofes.

    2. Familias en condición de riesgo calificadas por las autoridades de protección civil.

    3. Familias en condición de hacinamiento, arrimadas, nuevas parejas sin constituirse en familia, familia en condición de arrendada.

    4. Familias que ocupan viviendas ubicadas en áreas destinadas a corredores de servicios públicos, tales como acueductos, redes de electricidad, gasoductos, oleoductos, redes de aguas servidas, carreteras, así como áreas destinadas para infraestructuras, servicios, áreas de recreación y otras que determinen los planes de reordenamiento urbano.

12. Certificar la información recaudada y analizada sobre la situación de la propiedad y tenencia de las parcelas de la poligonal respectiva.

13. Promover la creación de Comité de tierras urbanas, así como de instancias de articulación comunal, locales, regionales y nacionales, siempre conservando el carácter democrático en la toma de decisiones y acuerdos, para la satisfacción de sus necesidades de vivienda y hábitat dentro de la poligonal de la comunidad o en otros terrenos ubicados en la misma parroquia, municipio o estado.

14. Elaborar el plan de ordenamiento urbano básico de los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados, en coordinación con los órganos competentes.

15. Coordinar con el Instituto Nacional y demás organismos competentes las acciones conducentes a la regularización de la tenencia de la tierra.

16. Participar coordinadamente con el Instituto Nacional u Oficina Municipal, en el proceso de formación, ejecución y control de las políticas públicas en materia de tierras, vivienda y hábitat en los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados.

17. Proponer las áreas no modificables en el ordenamiento básico comunal a ser suscrito y aprobado por la comunidad.

18. Proponer las áreas vecinales o comunales destinadas al uso público, tales como plazas, veredas, caminos, desagües, depósitos de basura, áreas de recreación, cultura y deporte, producción colectiva, nuevas viviendas, previa aprobación por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de la comunidad.

19. Realizar todas las consultas que fueren necesarias para mantener informada a la comunidad de los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados.

20. Presentar la documentación necesaria ante los organismos competentes a los fines de la regularización de la tenencia de la tierra urbana o periurbana.

21. Estimular la creación de ciudades comunales en el ámbito de los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados.

22. Designar de su seno los voceros y voceros al Consejo Comunal, previa aprobación de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.

23. Participar conjuntamente con otros comités u organizaciones comunales de base, en la planificación y ejecución de planes y proyectos de transformación física de su asentamiento, de manera autogestionaria o cogestionaria, según lo establecido en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

24. Cumplir funciones de contraloría social en coordinación con otras organizaciones de base con respecto a las políticas públicas relacionadas con los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados.

25. Incentivar la participación protagónica de los y las integrantes de los Comités de Tierras Urbanas en la actividad que realicen los Consejos Comunales.

26. Otras que le señalen las demás leyes, reglamentos y el ordenamiento jurídico vigente.

El Comité de Tierras Urbanas deberá inscribirse en el Registro de los Asentamientos urbanos o periurbanos que será llevado por el Instituto Nacional de Tierras y sus dependencias regionales, cuya inscripción reviste personalidad jurídica para todos, los efectos relacionados con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, para lo cual, harán entrega de los Estatutos y Acta Constitutiva, aprobados por la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas, croquis contentivo de las dimensiones, linderos y demás características generales del terreno donde se encuentra ubicado el asentamiento urbano.

Cuando la inscripción se efectuare en la Oficina Municipal de Tierras Urbanas, ésta deberá tramitar tal inscripción. La constancia de inscripción deberá ser remitida por la oficina municipal, a la dependencia regional del Instituto Nacional de Tierras, sin menoscabo de la remisión que pudiera realizar el Comité de Tierras Urbanas a los fines de que el comité adquiera la personalidad jurídica referida en el presente artículo.

La inscripción que identificará inequívocamente al Comité de Tierras Urbanas, se realizará mediante un sistema automatizado de registro de datos, con capacidad técnica para enlazarse a nivel nacional, diseñado exclusivamente para tal fin y que a su vez alimentará al Registro Nacional de Tierras. El número de inscripción, estará determinado por trece dígitos alfanuméricos, tomando en consideración la organización político territorial y la codificación establecida en la Ley de Cartografía, Geografía y Catastro Nacional, y estará compuesto por tres bloques: primer bloque, representado por la entidad federal, municipio y parroquia, cada uno integrado por dos caracteres numéricos los cuales definen la ubicación político administrativa a la cual pertenece la comunidad; segundo bloque, representado por el sector urbano o periurbano integrado por tres caracteres numéricos y el tercer bloque, representado por el número de comité de tierra urbana constituido en el sector y la cualidad jurídica de las tierras del ámbito que ocupa la comunidad, integrado cada uno, por dos caracteres, el primero numérico y el segundo por letras que definen las iniciales de: Público Nacional, Público Municipal, Público Estadal, Privados y Posesiones.

El Comité de Tierras Urbanas creará comisiones de trabajo acordes a los planes, proyectos y acciones contempladas por la comunidad en el marco de la Constitución y el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

El Comité de Tierras Urbanas como parte integral del Consejo Comunal y posterior al levantamiento catastral correspondiente, podrá denunciar las tierras que se encuentran ociosas, sin uso, en estado de abandono, o subutilizadas existentes dentro de la poligonal que define el asentamiento urbano o periurbano durante la regularización, la denuncia y custodia se hará de conformidad con el procedimiento previsto en la ley que regula la materia.

Toda persona natural o jurídica, de manera individual o colectiva integrante de la comunidad, tiene el derecho a intervenir en los procedimientos y conocer los resultados de las inspecciones, realizadas por las dependencias técnicas que ejercen funciones inspectoras y contralores en el proceso de regularización, planificación y ejecución de los proyectos y actuaciones que se lleven a cabo en los asentamientos urbanos o periurbanos del cual forma parte. La Asamblea de ciudadanas y ciudadanos, el Comité de Tierras Urbanas y la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal serán las instancias orgánicas de la comunidad para controlar el proceso de regularización de la tenencia de la tierra urbana o periurbana.

El Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, como órgano rector, a través del Instituto Nacional de Tierras Urbanas y las Oficinas Técnicas Municipales, mantendrá un plan nacional de regularización de la tenencia de las tierras urbanas o periurbanas para las comunidades ubicadas en asentamientos consolidados, que prevea su ejecución progresiva y sirva de soporte a los planes especiales por zonas, destinados a mejorar la calidad y condiciones de vida de las comunidades.

Este plan nacional de regularización comprenderá todas las tierras públicas y privadas donde están construidos los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados; incluso aquéllas donde existan figuras contractuales como: enfiteusis, concesión de uso, comodato, arrendamiento, bienes recuperados por los órganos del Estado o bajo su administración y todos aquéllos que estén incluidos en los supuestos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

El plan de transformación integral del asentamiento urbano o periurbano contemplado en la Carta del Barrio es el plan comunal de vivienda y hábitat de ese asentamiento consolidado, que se articulará con los otros planes comunales de los asentamientos urbanos o periurbanos contiguos, y debe corresponderse con las políticas de desarrollo urbano, Nacional, Estadal y Municipal, el mismo será formulado y ratificado como plan especial por las autoridades, de acuerdo con la metodología general de la ley que rige la materia de Vivienda y Hábitat.

A los efectos de la regularización integral de la tenencia de la tierra urbana o periurbana y el posterior desarrollo urbanístico, el esquema establecido en el Plan de transformación integral de la Carta del Barrio constituye su plan de reordenamiento urbano básico; cuyo contenido serán los aspectos normativos del urbanismo, uso de espacios y restricciones, dimensiones, vialidad, crecimiento horizontal y vertical, construcciones y sus modificaciones, densidad, entre otras variables urbanas, deberán ser adaptados a las características propias de cada asentamiento, para garantizar el mayor bienestar social de acuerdo a sus potencialidades de desarrollo urbanístico.

Las modificaciones del Plan de reordenamiento urbano básico que afecten a más del veinte por ciento (20%) de la comunidad o a una porción significativa de su espacio urbano o periurbano, requerirán de la aprobación del cincuenta por ciento más uno de los participantes en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas promovida por el Comité de Tierra Urbana.

La ordenación de la ocupación de la tierra está vinculada con los planes integrales de cogestión urbana o periurbana y reordenamiento territorial, dentro de la visión integral de tenencia de la tierra, riesgo natural, usos, infraestructura, servicios, sustentabilidad y equidad del asentamiento.

El Estado procederá a la reubicación de las familias dentro de la comunidad que se encuentren en los supuestos contenidos en artículo 17 numeral 11 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, así como los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente; reconociendo el derecho a la tierra urbana o periurbana, mediante la adjudicación de un lote de tierra en el mismo asentamiento o en otra comunidad urbana o periurbana. En todos estos casos, el Estado dará prioridad a intervenciones correctivas y de rehabilitación; en caso de necesidad perentoria de reubicación y relocalización, se preservarán los vínculos familiares y comunales. Asimismo, el Estado garantizará, de manera concertada con las familias organizadas, el acceso a la tierra, la asistencia técnica, los medios económicos y materiales para la creación de estas nuevas comunidades. A los efectos establecidos en este artículo, los beneficiarios o las beneficiarias del proceso de reubicación podrán constituirse en Comités de Tierras.

Es un instrumento fundacional de gobernabilidad primaria, demostrativo del origen y existencia en cada asentamiento urbano o periurbano, el cual contiene sus características socio-culturales, históricas, económicas, ambientales, urbanísticas, identidad, ámbito geográfico, y representa el acuerdo social refrendado y aprobado entre los pobladores o las pobladoras en Asamblea de ciudadanos o ciudadanas, que expresa la voluntad de vivir en comunidad y lograr el bienestar colectivo bajo un instrumento normativo.

La Carta del Barrio debe ser reconocida y respetada por las autoridades y se constituye en la base para la elaboración de la ordenanza que rige la relación del asentamiento con su centro poblado y el municipio.

Es el documento refundacional del asentamiento urbano o periurbano, que define formalmente su historia, patrimonio, información demográfica, ubicación geográfica y político-territorial, la poligonal que encierra el asentamiento y sus límites; incorpora, en principio, las líneas maestras del plan de desarrollo urbano integral, normas de convivencia y las normas comunitarias sobre el ordenamiento urbano interno que lo rigen, debidamente refrendado por la comunidad en la Asamblea de ciudadanos o ciudadanas del asentamiento.

La formulación de la Carta del Barrio debe ser colectiva y progresiva, estará a cargo del Comité de Tierras Urbanas, se elaborará con la participación de todos los pobladores y pobladoras, y organizaciones comunitarias, respetará y reconocerá las organizaciones de base existentes en la comunidad, su diversidad, recogerá las voces de los pobladores, sus familias y las unificará.

La toma de decisiones que comprometa el destino, transformación físico-espacial y la estabilidad del asentamiento urbano o periurbano, exigirá la presencia mínima del cincuenta por ciento más uno (50% más 1) de los o las representantes de las familias de la comunidad. La aprobación se hará por mayoría simple de los presentes en Asamblea de ciudadanos y ciudadanas.

El alcance de la Carta del Barrio corresponderá al ámbito geográfico de la comunidad constituida en Comité de Tierras Urbanas de cada asentamiento urbano o periurbano.

La Carta del Barrio tendrá como elementos contentivos:

1. Valores y Principios: Contiene los valores en que se fundamenta la constitución del asentamiento urbano o periurbano, lo que ha caracterizado la comunidad en su historia de luchas, reconoce las actuaciones de los fundadores y luchadores como ejemplo por el derecho a la ciudad, contra la exclusión y al hábitat en los asentamientos urbanos o periurbanos.

2. Historia comunal: Vivencias colectivas de los pobladores y las pobladoras desde el origen del asentamiento urbano o periurbano.

3. Identidad actual: Descripción socio-cultural, económica y política de la comunidad.

4. Patrimonio cultural, espiritual y físico de la comunidad.

5. Espacios del asentamiento: Se refiere a la ubicación geográfica político-territorial del asentamiento urbano o periurbano, poligonal del mismo, límites, sectorización, diferentes espacios que lo componen, sus usos en cuanto a las áreas comunes, privadas o habitacionales, patrimoniales, culturales, deportivas, recreacionales y servicios, características y distribución, incluyendo las zonas de riesgos existentes.

6. Propuestas de futuro o plan de transformación integral del asentamiento urbano o periurbano: Define las líneas maestras para el bienestar comunitario en todos sus aspectos, en especial urbanístico, socioeconómico, educativo-cultural, para el logro de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

7. Normas y formas de convivencia: Comprende las normas existentes y las propuestas para la regularización de las relaciones internas del asentamiento urbano o periurbano por medio de las cuales, voluntariamente, se comprometen los pobladores y pobladoras a respetar y proteger los derechos de los y las demás personas, incluyendo las generaciones futuras, y a contribuir activamente al bien común, a la defensa de la dignidad humana, la igualdad y la equidad, la convivencia pacífica y armónica de los pobladores y pobladoras. Reafirmar entre sus habitantes un sentido de ciudadanía e identidad, cooperación, solidaridad, tolerancia y diálogo en pro del bien común, respeto y conservación del ambiente, de las bondades, limitaciones y riesgos del mismo.

Para la elaboración de la Carta del Barrio, los órganos o entes del Poder Público colaborarán en:

1. Facilitar toda la información cartográfica, legal, técnica, científica, social, cultural, económica, administrativa o de otra índole que posea referente al asentamiento urbano o periurbano, que pueda contribuir a la elaboración de la Carta del Barrio en cualquier tipo de formato disponible.

2. Proporcionar la asistencia y apoyo técnico, jurídico y logístico para la realización de las actividades inherentes a la elaboración de la Carta del Barrio como historia del asentamiento, censo comunitario, catastro, la formulación de los planes, elaboración de normas de convivencia referidas al aspecto urbanístico.

3. Impulsar las coordinaciones interinstitucionales públicas o privadas para apoyar a la comunidad.

La superficie del terreno a regularizar donde esté construida la vivienda será hasta cuatrocientos metros cuadrados (400 M2).

En el caso de existir un excedente a la superficie establecida en este artículo, no podrá ser mayor a cuatrocientos metros cuadrados (400 M2) y su precio se regirá de acuerdo a la planta de valores de la tierra establecida en cada Municipio.

Se crea el Instituto Nacional de Tierras Urbanas, como un instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, el cual, tendrá la organización, estructura y funcionamiento que se determine en su respectivo reglamento interno de acuerdo a la ley que regula la materia, y gozará de las prerrogativas y privilegios. El Instituto Nacional de Tierras Urbanas podrá crear dependencias regionales.

El Instituto Nacional de Tierras Urbanas, tiene como objetivo servir como ente ejecutor de las políticas públicas, dirigidas a la satisfacción del derecho a la tierra urbana en los asentamientos urbanos o periurbanos mediante:

1. La regularización y adjudicación integral de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados.

2. El acceso de las familias a las tierras urbanas o periurbanas de las cuales no son propietarios y donde están construidas sus viviendas.

3 Otras iniciativas que en materia de tierras urbanas o periurbanas que apruebe el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.

El Instituto Nacional de Tierras Urbanas, tendrá las competencias siguientes:

1. Dictar los actos, circulares, providencias y resoluciones que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

2. Solicitar a los órganos o entes del Poder Público, la realización de estudios, informes, evaluaciones, registros y cualquier otra actuación, información o documentación necesaria para el cumplimiento del objeto del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

3. Elaborar, ejecutar y someter a la consideración del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, el Plan Nacional de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana.

4. Informar o coordinar las acciones con respecto a la regularización de los asentamientos urbanos con los órganos o entes del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

5. Estimular la conformación de comités de tierras urbanas y su participación en la formación, ejecución y control de planes y proyectos, conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

6. Estimular la participación ciudadana, mediante la conformación de los Comité de tierras urbanas, para iniciar el proceso integral de regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos o periurbanos.

7. Prestar asesoría técnica y jurídica sobre la materia, a los órganos o entes del poder público, Comités de Tierras Urbanas, y otras organizaciones comunitarias, relacionadas con el proceso de regularización.

8. Explorar vías conciliatorias para la regularización de la tenencia de las tierras de propiedad privada, ocupadas por los asentamientos urbanos o periurbanos.

9. Llevar el registro de los asentamientos urbanos o periurbanos.

10. Llevar el registro de las tierras urbanizables.

11. Realizar la inscripción y registro de los Comités de Tierras Urbanas.

12. Proponer al órgano de adscripción, dictar normas y procedimientos para la organización y coordinación interinstitucional y social necesarios para la regularización integral de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos o periurbanos, sin menoscabo de lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

13. Verificar la información sobre la situación de la propiedad y tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos o periurbanos.

14. Declarar la prescripción adquisitiva especial cuando se trate de tierras privadas, previa tramitación del procedimiento establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

15. Regularizar las tierras declaradas con prescripción adquisitiva especial en tierras de propiedad privada.

16. Registrar los expedientes para los procedimientos administrativos de prescripción adquisitiva especial en tierras de propiedad privada.

17. Brindar asesoría y formación para el catastro popular.

18. Oficiar al Instituto Nacional Geográfico Simón Bolívar cuando exista omisión o negativa de las oficinas o direcciones de catastro municipal en reconocer el catastro popular, a los efectos de darle curso al otorgamiento de los títulos de adjudicación en propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

19. Otorgar o revocar los títulos de adjudicación en las tierras públicas nacionales, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

20. Otorgar o revocar el título de permanencia en los terrenos privados, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

21. Emitir certificados de viviendas construidas en los asentamientos urbanos o periurbanos, donde esté en curso el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, salvo las restricciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

22. Presentar informes periódicos de la gestión realizada ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.

23. Rendir anualmente cuenta de la gestión realizada, ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.

24. Admitir, sustanciar, tramitar y decidir el procedimiento para la regularización de la tenencia de la tierra público o privada.

25. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos.

El patrimonio del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, estará conformado por:

1. Los aportes asignados en la Ley Especial de Presupuesto y de Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal anual.

2. Los recursos que aporte el Ejecutivo Nacional.

3. Los recursos provenientes de convenios locales, regionales, nacionales e internacionales, previa aprobación del órgano de adscripción.

4. Cualquier otro recurso financiero o no financiero, a título oneroso o gratuito.

La capacidad de gestión del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, comprende la planificación, programación, coordinación, seguimiento y control técnico de los planes, programas, proyectos y actividades en las materias cuya competencia tiene atribuidas, sin menoscabo de la vinculación y coordinación necesaria con otras dependencias del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, con las dependencias regionales, municipales, los demás órganos o entes del Poder Público y del Comité de Tierras Urbanas.

La Dirección del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, estará a cargo de una Junta Directiva integrada por: Un (1) Presidente o Presidenta, un (1) Vicepresidente o Vicepresidenta y tres (3) Directores o Directoras; designados todos por la máxima autoridad del órgano de adscripción, todos de libre nombramiento y remoción.

Los Comité de Tierras Urbanas, podrán presentar a la máxima autoridad del órgano de adscripción del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, una terna de candidatos o candidatas, a los fines de que sean considerados para su designación como Directores o Directoras del Instituto.

La Junta Directiva podrá sesionar y tomar decisiones con la asistencia de tres (3) de sus miembros, siempre con la asistencia del Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas.

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

1. Dirigir el Instituto Nacional de Tierras Urbanas.

2. Impulsar y garantizar el proceso de regularización de la tenencia de la tierra Urbana.

3. Orientar y aplicar las políticas del Instituto Nacional de Tierras Urbanas.

4. Aprobar el Proyecto de Presupuesto y el Plan Operativo Anual presentado por el Presidente o Presidenta y someterlo a consideración del órgano de adscripción.

5. Presentar informes y cuentas de su ejercicio anualmente ante el órgano de adscripción o cuando éste así lo requiera.

6. Aprobar el Reglamento Interno del Instituto Nacional de Tierras Urbanas.

7. Velar y garantizar el funcionamiento del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, con base a los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

8. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos.

El Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Representar al Instituto Nacional de Tierras Urbanas.

2. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva.

3. Suscribir los actos y documentos.

4. Administrar el patrimonio que le sea asignado al Instituto Nacional de Tierras Urbanas.

5. Coordinar la ejecución de los programas de trabajo del Instituto con la comunidad organizada, los organismos públicos y privados con injerencia en los mismos.

6. Celebrar convenios con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y con la aprobación del órgano de adscripción.

7. Formular y presentar para la consideración de la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual, de conformidad con las previsiones legales correspondientes.

8. Administrar, cuidar y supervisar el uso y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que sean asignados al Instituto.

9. Elaborar anualmente la memoria y cuenta para ser presentada a la consideración de la Junta Directiva.

10. Cualquier otra que le asigne el Ejecutivo Nacional, el órgano de adscripción y la Junta Directiva.

Los organismos de la administración pública nacional, estadal y municipal, actuarán en cooperación y apoyo al Instituto Nacional de Tierras Urbanas para el desarrollo del proceso de regularización de la tenencia de la tierra en posesión de la población en los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados; en tal sentido, prestarán todo el apoyo institucional, técnico y logístico requerido para el mejor desempeño de sus funciones.

El Instituto Nacional de Tierras Urbanas o sus dependencias regionales, llevará el registro nacional de las tierras habitadas por la población en los asentamientos, dentro del perímetro urbano o periurbano a los efectos de garantizar la satisfacción del derecho de las familias a la tierra, el cual podrá ser llevado a cabo conjuntamente con el Instituto Nacional Geográfico Simón Bolívar, las direcciones de catastro a nivel municipal o los Comité de Tierras Urbanas.

Las comunidades organizadas en Comité de Tierras Urbanas, solicitarán al Instituto Nacional de Tierras Urbanas o a la Oficina Técnica Municipal para la regularización de la tenencia de la tierra urbana o periurbana correspondiente, la asistencia técnica y jurídica necesaria para sustanciar sus solicitudes y tramitar los procedimientos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

El Comité de Tierras Urbanas participará en forma protagónica en el levantamiento de la información catastral necesaria para la implementación del procedimiento de regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados.

El levantamiento del catastro popular se fundamentará en la existencia, extensión y demás información relativa a la ocupación del asentamiento urbano o periurbano con base en la documentación disponible, tal como fotografía aéreas, mapas aerofotográficos y levantamiento de campos.

El Instituto Nacional de Tierras Urbanas con el apoyo del Instituto Nacional Geográfico de Venezuela Simón Bolívar y las Oficinas de catastro de los Municipios correspondientes según sus competencias, así como los órganos o entes del Poder Público que participen en la producción de información catastral, asistirán, capacitarán y supervisarán los levantamientos catastrales elaborados por el Comité de Tierras Urbanas.

El catastro popular elaborado por el Comité de Tierras Urbanas será certificado por el Instituto Nacional de Tierras Urbanas, y deberá ser validado e incorporado por las Oficinas de catastro de los Municipios.

El catastro popular levantado por los Comité de Tierras Urbanas en los asentamientos urbanos o periurbanos, de conformidad con la ley que regula la materia de geografía, cartografía y catastro nacional y las normas técnicas aplicables, debe ser incorporado en el Registro Catastral de los Municipios, a los fines de la obtención de las respectivas cédulas catastrales y mapas catastrales, requerido para la protocolización de los títulos de adjudicación ante el Registro Público.

El proceso de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos urbanos o periurbanos consolidados, culminará con el otorgamiento del título de adjudicación en propiedad.

El título de adjudicación en propiedad, es el documento mediante el cual el Estado otorga la propiedad de la tierra pública o privada a su poseedor o poseedora, donde está asentada su vivienda o edificación, transferible con las limitaciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

El título de propiedad se adjudicará bajo la naturaleza familiar o colectiva, con el objeto de garantizar la obtención de la titularidad de carácter social, la permanencia del asentamiento urbano o periurbano y el mejor aprovechamiento y uso del suelo.

Es el derecho indivisible que el Estado le otorga a la familia para usar, gozar y disponer de la tierra urbana o periurbana, con las limitaciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Es el derecho que se le adjudica al Comité de Tierras Urbanas para su aprovechamiento común, pudiendo ser de origen público o privado, mediante el cual se transfiere el uso, goce, disfrute y disposición, de acuerdo a las reglas establecidas en el colectivo y de conformidad con las limitaciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

La constitución del régimen de naturaleza colectiva es el acto jurídico formal mediante el cual la comunidad, que así lo decida en asamblea de ciudadanos o ciudadanas, acuerda solicitar el otorgamiento de la titularidad colectiva del lote de terreno que ocupa, con el objeto de garantizar la permanencia física del asentamiento urbano o periurbano y el mejor aprovechamiento de su hábitat, en el que sus habitantes tienen el derecho exclusivo de uso, aprovechamiento y disfrute.

Los propietarios o propietarias de las viviendas que ocupan una misma parcela de terreno, por encontrarse en una edificación de varios niveles o en construcciones horizontales, verticales o en edificaciones mixtas que manifiesten su voluntad de obtener la propiedad de naturaleza colectiva, deberán constituirse en Comité de Tierras Urbanas. El uso de estos terrenos será exclusivamente residencial, permitiéndose actividades productivas familiares.

El Instituto Nacional de Tierras Urbanas, sus dependencias regionales o la Oficina Técnica Municipal correspondiente, emitirá un certificado de posesión a cada uno de los poseedores o poseedoras del asentamiento urbano o periurbano, presentado por el Comité de Tierras Urbanas, cuya situación haga presumir que podría ser beneficiario o beneficiaria de reconocimiento del derecho de propiedad de la tierra habitada y del título de adjudicación en propiedad, en la forma prevista en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el cual tendrá el efecto de evitar el desalojo.

Dado el carácter transferible de la propiedad, cuando el o la titular desee enajenar una parcela de terreno previamente adjudicada conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, cuyo tiempo no podrá ser menor de diez (10) años, debe ofrecerla en primera instancia a la comunidad respectiva a través del Comité de Tierras Urbanas. Recibida la oferta, el Comité de Tierras Urbanas debe responder al interesado por escrito dentro de los quince (15) días hábiles siguientes; transcurrido dicho lapso sin dar respuesta alguna, se tendrá como desistido el derecho de preferencia. El acta de aceptación emitida por el Comité de Tierras Urbanas será requisito indispensable para el registro del título de propiedad.

A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en el caso de los títulos de adjudicación en propiedad, el precio del metro cuadrado de la tierra será la cantidad de una milésima de bolívar.

El precio previsto en el presente artículo, no será aplicable a los terrenos o parcelas que aún estando ubicados dentro de los asentamientos urbanos o periurbanos, estén destinados al uso comercial o industrial o en los casos de personas o familias que posea más de una vivienda.

Los procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra en los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados, estarán exentos del pago de tributos, derechos de registro y de cualquier otra naturaleza. Las autoridades competentes realizarán las actuaciones necesarias y elaborarán los formularios adecuados, a los fines de dar cumplimiento a esta disposición y a las previsiones sobre simplificación de los trámites administrativos.