Decisión nº 293-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 17 de Diciembre de 2015

FALSO SUPUESTO POR CONSIDERAR QUE CERVECERÍA POLAR C.A. DEDUJO DOS VECES EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO.

El apoderado señala en principio, que en el presente caso incurre la Dirección de Hacienda en un error al considerar que su representada dedujo dos veces el descuento por Pronto Pago, el cual fue aprovechado al momento de estimar el Impuesto sobre Actividades Económicas en los períodos auditados. Indica además que la cantidad total que se ratifica en el contenido de la Resolución Culminatoria es de DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 203.859,68) siendo en todo caso lo correcto la cantidad de Bs. 203.819,68 por supuesta doble deducción del monto correspondiente al quince por ciento (15%). Para lo que arguye que los montos reflejados en la determinación del impuesto como “diferencia no pagada” reflejan única y exclusivamente el monto del descuento que fuere aprovechada por su representada, por lo que expone además que la Dirección de Hacienda del Municipio Libertador no toma en consideración la procedencia del referido descuento a los fines del cálculo del impuesto del ejercicio, pretendiendo según el apoderado ser desconocido en la Declaración Definitiva. En tal sentido, señala que no se trata de una doble deducción del descuento por Pronto Pago como lo indica el Municipio, sino se refiere precisamente al descuento que aplicaba su representada y que debe ser aplicado en el período que corresponde, dicho en otros términos explica que si se toma el monto de la Declaración Estimada pagada y se suma el monto de la Declaración de cada Ejercicio, efectivamente se evidencia un diferencial que corresponde al monto del Descuento por Pronto Pago que disfrutó su representada al momento de calcular su Estimada, por lo que no adeuda tal diferencia. Por último manifiesta que queda en evidencia el falso supuesto de hecho en el que incurrió la municipalidad por afirmar que su representada resto dos veces el descuento por Pronto Pago, cuando lo cierto es que la Empresa disfrutó el incentivo en una única oportunidad, de acuerdo con lo establecido en la propia Ordenanza que rige la materia en esa jurisdicción.

Agrega por su parte la Alcaldía, en la Resolución Culminatoria de Sumario que la contribuyente en las Declaraciones Estimadas en los periodos fiscales comprendidos entre Enero de 2010 hasta Octubre de 2014, dedujo dos veces el descuento de un pronto pago, el cual es otorgado por la administración tributaria municipal y el mismo es de un 15%, el primero se otorga en la declaración estimada por ser un pronto pago, y el segundo indica la misma que fue descontado en la declaración definitiva, como no corresponde. Añade que la contribuyente en las declaraciones definitivas retiene de nuevo el descuento por pronto pago, lo cual insiste que no le corresponde efectuar.

Visto lo anterior, considera esta Juzgadora que para poder afirmar el reconocimiento del descuento por Pronto Pago del Impuesto sobre Actividades Económicas realizado por la contribuyente es necesario detallar en efecto; el monto reflejado en las Declaraciones Estimadas de los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2010, 2011, 2012, 2013, verificar el monto efectivamente cancelado respecto a esos ejercicios y finalmente constatar el monto resultante de la operación realizada tanto por el contribuyente como por parte de la Alcaldía; ya que cuando se trata de la declaración estimada, el Impuesto a pagar será el impuesto estimado menos el descuento por pronto pago (15%) otorgada por la Ordenanza de Impuesto sobre Actividades Económicas, para lo cual se detallaron las formulas aplicadas por ambas partes que rielan a los folios 240-241 y folios 313-318 de la pieza N° 1 y se determinó que la formula correcta es la siguiente:

DECLARACION ESTIMADA: DEST

DESCUENTO POR PRONTO PAGO: DPP (15%)

PAGO DE LA DECLARACION ESTIMADA: PDE

DECLARACION DEFINITIVA: DDEF

MONTO DE IMPUESTO DETERMINADO EN LA DEFINITIVA: MIDD

TOTAL DE IMPUESTO A PAGAR CON LA DECLARACION DEFINITIVA: IAPDD

DEST – DPP (15%) = PDE

DDEF – DPP (15%) = MIDD

MIDD – PDE = IAPDD

IAPDD = 0,00

Por lo que si no es aplicada la formula precedente, no se estaría en presencia de un efectivo descuento otorgado por el Municipio por un Pronto Pago, el cual es un incentivo fiscal que se otorga a los contribuyentes, de lo contrario se estaría en presencia de un pago diferido, por lo que entonces la contribuyente estaría pagando la misma cantidad, solo que se produce un traslado del mismo pago en la Declaración Definitiva.

Así pues, se demuestra bajo el presente supuesto, si son 100 Bolívares la base de la Declaración Estimada, el descuento por Pronto Pago será 15 Bolívares para lo cual la cantidad total a pagar será 85 Bolívares.

Si el Impuesto Definitivo es de 200 Bolívares y se le resta 85 Bolívares, pagaría 115 Bolívares, lo que equivaldría a los mismos 200 Bolívares, es decir, sin el descuento, sino un diferimiento de pago pues los pagara por tanto en Diciembre en vez de Enero.

Por lo que debe descontar de los 200-100 = 100 que sumado a los 85 que pago en la definitiva da un total de = 185 es decir el descuento por Pronto Pago de 15%. Es por ello, que la forma de cálculo de la empresa es la correcta. Y así se decide.

FALSO SUPUESTO POR CONSIDERAR LAS FECHAS EQUIVOCADAS EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA INDUSTRIA CONFORME LO ORDENA EL ARTÍCULO 219 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL.

El apoderado sostiene que, en el presente caso se configura la violación de la Capacidad Contributiva de su representada al exigirse un impuesto mayor al efectivamente causado, dado el error en el que incurrió la Administración Tributaria Municipal, al determinar una supuesta diferencia de impuesto estimado en cada uno de los ejercicios auditados, toda vez que toma en cuenta la fecha de presentación de declaraciones distintas a las consideradas por su representada para el calculo correspondiente.

Señalando adicionalmente que el monto más los intereses moratorios contenidos en la resolución impugnada son consecuencia de la improcedencia de la deducción del Impuesto sobre Actividades Económicas, determinado y presuntamente no pagados por su representada en el municipio sede industria, para lo cual muestra las fechas de presentación de la declaración estimada en los ejercicios fiscalizados que tomo en cuenta el Municipio Libertador; fechas que según el apoderado deja en evidencia la nulidad del acto por falso supuesto, ya que la Administración toma en consideración fechas de presentación de las declaraciones distintas a las consideradas por su representada, trayendo como consecuencia un error de calculo en la determinación fiscal. Es por ello que, el apoderado trae a colación a titulo ilustrativo las declaraciones de los municipios sede de las industrias que tomo en cuenta su representada a los fines de la determinación del impuesto estimado en el Municipio Libertador para el ejercicio 2010.

Sobre lo anterior, argumenta la Alcaldía, que la contribuyente, suministro en los periodos Fiscales (2010 al 30 de Octubre de 2014) las Declaraciones Estimadas bajo fe de juramento donde le deduce al Municipio Libertador, pago que no realizó a los Municipios de producción, e igualmente en las declaraciones definitivas. Ahora bien, para que este tribunal constate el vicio denunciado por el apoderado de la contribuyente, es necesario evaluar con minuciosidad las fechas que tomo en cuenta la contribuyente y la Alcaldía a los fines de la determinación del impuesto estimado.

Observa entonces este Despacho que consta en el expediente, específicamente en los folios 269 al 310 de la pieza N° 1, las fechas que toma en cuenta la Alcaldía del Municipio Libertador para dicha determinación, y se verifica que son efectivamente las fechas correctas, ya que evidentemente ese es el momento en que la contribuyente realiza los pagos respectivos en los otros municipios; y no las fechas indicadas por la contribuyente, que son las fechas de las declaraciones realizadas en los municipios sedes de las industrias.

En tal sentido, el argumento expuesto por el apoderado de la contribuyente debe desecharse, ya que, como se indicó anteriormente las fechas que toma en cuenta la contribuyente para el calculo de sus impuestos estimados no son las correctas, las verdaderas fechas son las tomadas por la Alcaldía del Municipio Libertador, es por eso que la misma no incurre en falso supuesto, toda vez que toma en cuenta las fechas del pago de las declaraciones para el calculo correspondiente. En efecto no puede considerarse que en el presente caso se incurre en un error de calculo en la determinación fiscal, mucho menos que se configura la violación de la Capacidad contributiva de la contribuyente.

Por otra parte, debe tomarse en consideración que si bien es cierto, el artículo citado anteriormente nos habla de Impuesto Pagado, y es por eso que las fechas que deben tomarse en cuenta para la determinación de dichos impuestos, son las consideradas por la Alcaldía, no es menos cierto que para el momento de la fiscalización el pago ya estaba hecho por parte de la contribuyente, motivo por el cual no procede la multa establecida por la Alcaldía, y para esto se explica que si el pago ya estaba realizado, se cumplió entonces con las exigencias de la normativa precedente, y en tal caso se trataría de un Ilícito Formal, por declarar erróneamente y no un Ilícito material como quiere hacerlo ver la Alcaldía del Municipio Libertador. Y así se decide.

FALSO SUPUESTO POR CONSIDERAR IMPROCEDENTE LA ACREDITACIÓN DEL IMPUESTO CAUSADO EN EL MUNICIPIO DE LA INDUSTRIA, CONFORME LO ORDENA EL ARTICULO 219 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER PUBLICO MUNICIPAL.

Señala el apoderado de la contribuyente que, en caso de ser desestimado el argumento expuesto en el capitulo precedente, se viola la Capacidad contributiva a su representada, cuando se le desconoce la posibilidad de deducir el impuesto correspondiente a otras jurisdicciones sede industria, revelando además la errónea interpretación del articulo 219 de la LOPPM, por parte de la Dirección de Hacienda Municipal, así, resulta interesante para el apoderado estudiar cómo y cuándo se debe acreditar en el municipio de comercialización, el impuesto correspondiente a esos mismos ingresos brutos en el Municipio de la industria, ello visto que su representada produce los bienes comercializados en el Municipio Libertador, en plantas ubicadas en otras jurisdicciones.

Así pues, pasa analizar el alcance de la expresión “impuesto pagado” por el ejercicio de actividades económicas en el Municipio sede de la industria, podrá deducirse del impuesto a pagar en el Municipio en que se realiza la actividad comercial, de la referida norma señala que existe un error de interpretación por parte de la Dirección de Hacienda del Municipio Libertador, más la misma no negó la aplicación del mecanismo de armonización tributaria, por lo que no existe contención con respecto a este punto.

Sin embargo, agrega el apoderado, la supuesta existencia de diferencias de Impuestos a favor del Municipio Libertador, puesto que, con respecto al criterio que señala la alcaldía la imputación efectuada por la empresa del impuesto correspondiente a los Municipios sedes industriales (Sucre, Bolívar, San Francisco y San Joaquín) resulta improcedente, pues para la fecha de presentación de la declaración estimada en el Municipio no se había hecho efectivamente el pago del impuesto en los municipios sedes industriales.

Señala además que, el sistema de imputación previsto en el artículo 219 de la LOPPM, no puede depender necesariamente del pago previo en el municipio de industria, de acuerdo con la interpretación efectuada conforme a los parámetros de interpretación legal establecido por nuestro ordenamiento jurídico, haciendo referencia a los métodos de interpretación admitidos en derecho, así como también menciona las reglas básicas de interpretación legal.

En el mismo orden considerado, expresa el apoderado que, la norma del artículo 219 de la LOPPM tiene dos finalidades, 1) Servir como elemento de armonización tributaria y 2) Evitar el fenómeno de múltiple imposición municipal. No obstante considera que ambos objetivos quedan absolutamente soslayados con la interpretación que efectúa la Dirección de Hacienda. Indicando que la misma es de aplicación necesaria y preferente a las normas locales, no solo por el hecho que desarrolla principios constitucionales de la tributación, si no por mandato expreso del artículo 285 de la LOPPM, es decir, son normas de orden público. Adicionalmente agrega que el sistema de acreditación de tributos municipales (Art 219) fue establecido por el legislador a los fines de proteger la capacidad contributiva del sujeto incidido por el tributo, ante el reconocimiento de una situación de doble o múltiple imposición.

Así, para el apoderado resulta evidente que la obligación tributaria de su representada en los municipios sede de su industria, nació desde el mismo momento en que se verificó su hecho imponible, es decir, que nació según el apoderado con la realización de una actividad lucrativa de carácter industrial en su territorio. Es por ello que desde el momento en el que la empresa efectúo el calculo del Impuesto causado en las jurisdicciones de su industria se encontraba en la posibilidad fáctica y jurídica de proceder a la imputación de esa cantidad, contra el impuesto causado en el municipio libertador, por lo que asegura que vista la eventual declaración de ingresos brutos y autoliquidación del Impuesto que se hizo ante el Municipio de la industria, esta no era la creadora de tal obligación, si no el mero reconocimiento de una situación anterior ya nacida y existente.

Insiste el apoderado, en que existe en el presente caso una errada interpretación de la normativa jurídica aplicable, al considerar el municipio que el “impuesto pagado” es el que resulta deducible, y no es así, indica, que la determinación tributaria efectuada por su representada se acredito del impuesto causado en los municipios sede de industria a los fines del calculo del Impuesto a pagar en el Municipio Libertador, razón por la cual considera que la formulación del reparo fiscal resulta improcedente y solicita así sea declarado.

Sostiene el apoderado que, tal interpretación quebranta las garantías de capacidad contributiva y no confiscatoriedad previstas en el articulo 161 de la LOPPM y en la constitución, puesto que vulneran los principios referidos de racionalidad en la tributación, entiendo el mismo como la capacidad económica que, de acuerdo a la evaluación y revisión del ente fiscalizador, estará dispuesto a tributar el sujeto pasivo, por tanto del resultado de sus interpretaciones considera que los impuestos deben graduarse a la riqueza o fuerza económica del contribuyente.

Para finalizar, mantiene el apoderado que los tributos deben atender, a la capacidad económica de los contribuyentes, y en caso contrario cualquier prestación de carácter tributario viciaría de inconstitucionalidad la norma legal, expresando claramente que el Municipio desconoce la acreditación del Impuesto hecha por su representada, determinando una supuesta diferencia del impuesto a pagar en su jurisdicción, por lo que, incrementa el municipio artificial o ilegalmente la cuantía de la obligación fiscal de la empresa, puesto que si permiten la acreditación como legalmente debió hacerse, no existiría diferencia alguna de tributo a pagar, por lo que solicita muy respetuosamente a este tribunal que la cuantía o magnitud de las obligaciones se determinen conforme a los parámetros razonables y armonizados establecidos en el articulo 219 de la LOPPM.

Por otra parte, y con respecto a lo anteriormente explanado alega la Representación municipal en la Resolución que, se observo que los impuestos generados en planta de producción de otros municipios fueron rebajados al Municipio Libertador, sin antes haber sido pagado el mencionado tributo a esos municipios, en consecuencia no se puede retener o reducir monto alguno que no haya sido pagado, así mismo indica que fueron presentados en Declaración Estimada y Definitiva bajo fe de juramento, donde se evidencia una falta grave de los deberes formales de la contribuyente.

Ahora bien, observa este Tribunal que, en el caso de autos se presenta una discusión con respecto a la verdadera interpretación del contenido del artículo 219 de la LOPPM, el cual forma parte del objeto del debate judicial, para lo cual en el presente caso debe aplicarse la correcta interpretación del mismo, en efecto el artículo 219 de la anterior Ley expone:

Artículo 219.- Cuando las actividades de comercialización se ejecuten a través de varios establecimientos permanentes o bases fijas, los ingresos gravables deberán ser imputados a cada establecimiento en función de su volumen de ventas. Si se trata de servicios prestados o ejecutados en varias jurisdicciones municipales, los ingresos gravables deberán ser imputados a cada una de ellas, en función de la actividad que en cada una se despliegue. Cuando se trate de un contribuyente industrial que venda los bienes producidos en otros municipios distintos al de la ubicación de la industria, el impuesto pagado por el ejercicio de actividades económicas en el Municipio sede de la industria, podrá deducirse del impuesto a pagar en el Municipio en que se realiza la actividad comercial. En caso que la venta se realice en más de un Municipio sólo podrá deducirse el impuesto pagado por el ejercicio de la actividad industrial proporcional a los bienes vendidos en cada Municipio. En ningún caso la cantidad a deducir podrá exceder de la cantidad de impuesto que corresponda pagar en la jurisdicción del establecimiento comercial. …omissis…

Del contenido de la norma antes transcrita, y tomando en consideración las interpretaciones realizadas al mismo, este Tribunal entra a analizar el alcance correcto de la expresión debatida en autos, “Impuesto Pagado”, y para ello en principio debe entenderse que las normas pueden interpretarse según el Código Orgánico Tributario Vigente, con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, pudiéndose llegar a los resultados restrictivos o extensivos de los términos contenidos en la norma tributaria, como lo hace el apoderado de la empresa en el caso planteado. Interpretación ésta que se confirma atendiendo al criterio establecido en el Código Civil en su artículo 4, pues es clara la norma al señalar que “A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras”, y en el presente caso la norma es clara o evidente al establecer que efectivamente solo podrá deducirse el impuesto pagado, motivo por el cual no cabe la interpretación realizada por el apoderado de la contribuyente, pues la aplicable en el presente caso es la interpretación estricta, es decir, atendiendo al significado propio de las palabras. Y así se decide.

Así también, si se entiende el alcance de la norma, se interpreta que el hecho imponible surge desde el momento en el que se materializa el pago y no desde el momento de la autoliquidación del impuesto, en consecuencia desde el reconocimiento de la situación ya nacida y existente tal y como lo sustenta el apoderado de la contribuyente, ya que conforme a lo anteriormente expuesto se debe deducir el impuesto que ya ha sido pagado, reiterando nuevamente este Tribunal que la norma hace mención al “Impuesto Pagado” y no solo a “Impuesto” en general, es por ello que esta Juzgadora pasa a desechar la interpretación errada llevada a cabo por la Recurrente de autos al considerar que el hecho imponible surge con el “Impuesto Causado”. Razón por la cual se confirma la interpretación efectuada por la municipalidad. Es así como se evidencia que no puede hablarse en este caso de una imposibilidad de deducción del impuesto correspondiente de la contribuyente y menos aún de una violación al principio de la Capacidad Contributiva por una correcta aplicación de las normas contenidas en la Leyes respectivas. Y así se decide.

DE LA SOLICITUD DEL RECALCULO DE LA CUANTIA DE LOS IMPUESTOS CAUSADOS, DE LA MULTA POR CONTRAVENCION, DE LA EXIMENTE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL TRIBUTARIA Y APLICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.

En este sentido, es fundamental indicar que en el presente caso se confirma la actuación llevada a cabo por la municipalidad, pues comprueba esta Juzgadora que no fue desconocida la imputación del impuesto correspondiente a la sede industria tal y como lo alega el apoderado de la contribuyente, sino por el contrario se da una correcta aplicación de lo contemplado en el artículo 219 de la LOPPM toda vez que el legislador es claro al indicar “Impuesto Pagado”, desestimando lo expuesto por la recurrente de tratarse de un desconocimiento absoluto de la norma armonizadora lo cual conlleva a la imposición de una carga formal que no se corresponde con la realidad de la liquidación del impuesto mencionado.

No obstante, en virtud de que la Administración Municipal procedió a realizar los procedimientos pertinentes cuando ya existía el pago de la obligación por parte de la Empresa in comento, resulta forzoso desechar la sanción impuesta por la Alcaldía del Municipio Libertador sustentándose este Tribunal en las explicaciones anteriormente expuestas. Por lo que no se procederá a recalcular la cuantía de los impuestos causados en el Municipio Libertador, pues se trata de un monto que para el momento ya ha sido cancelado.

Ahora bien, alega el apoderado de la contribuyente que se trata de una obligación exigida la cual es inexistente, una vez demostrada la improcedencia del reparo fiscal y al verificarse también que se efectuó una única deducción del descuento por pronto pago, es por lo que señala que no podría formularse reparo alguno y menos imponer sanción de multa.

Por otro lado indica que la interpretación dada a la norma prevista en el artículo 219 de la LOPPM resulta errada, y por ultimo menciona que debe ser tomado en cuenta en el recálculo que se debe efectuar si se rechaza la posición de su representada, el impuesto correspondiente a las otras jurisdicciones sedes de industria que fueron debidamente pagados. Para lo cual estima este Tribunal que resulta improcedente el reparo fiscal, no por los alegatos explanados por la contribuyente, sino en virtud de que se trata de un monto que ya para el momento ha sido cancelado, situación ésta que perjudica a la municipalidad por no haber llevado a cabo la actividad administrativa para la que se encuentra facultada en el tiempo oportuno.

Con respecto a lo alegado por el apoderado de la recurrente referente a la eximente de la responsabilidad penal tributaria, indica que en el presente caso están dadas todas las condiciones para considerar la existencia de eximentes pues su representada no actuó movida por un capricho o una interpretación ajena a parámetros de razonabilidad, sino sobre la base de una interpretación razonable del artículo 219 de la LOPPM. Así mismo señala que de establecerse responsabilidad tributaria, existen en este caso atenuantes a favor de su representada toda vez que hubo, 1) Ausencia de intención dolosa o de defraudación, 2) No comisión por parte de su representada de violación alguna de normas tributarias en periodos impositivos anteriores a los que fueron objeto de investigación y 3) La colaboración prestada a la fiscalización. Señala por otro lado un fragmento de la obra “Derecho Penal Tributario” del tratadista a.H.G.B. referente al error de derecho que excluye de responsabilidad penal cuando el mismo es excusable.

Concluye esta Juzgadora que de conformidad a lo precedentemente expuesto, es claro que no existe responsabilidad penal tributaria imputable a la recurrente de autos, todo esto consecuencia de que efectivamente la contribuyente cumplió con sus obligaciones, quedando demostrado que su intención nunca fue evadir sus impuestos, solo que ha interpretado de manera errada la normativa aplicable al pago de los mismos, y por consiguiente si no existe responsabilidad de ilícitos tributarios en el presente caso, tampoco debe hablarse de atenuantes.

IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES MORATORIOS Y EL RECARGO LIQUIDADO.

1. - COMO CONSECUENCIA DE LA ILEGALIDAD DE LOS REPAROS. Expone el apoderado que dichos intereses moratorios son improcedentes, debido a que los reparos formulados por el órgano administrativo carecen de fundamento y, siendo dichos intereses moratorios accesorios, indica que al no existir la obligación tributaria los referidos intereses devienen inaplicables.

2. - COMO CONSECUENCIA DE UN EVENTUAL ERROR DE DERECHO EXCUSABLE. Sostiene que en el presente caso no se dan las condiciones exigidas para que opere la mora del deudor, toda vez que el error que había incurrido su representada es excusable y por tanto no estaría incursa en un incumplimiento culposo de su obligación, haciendo mención a la teoría del incumplimiento involuntario previsto en el articulo 1.271 del Código Civil, y señala a su vez lo dispuesto en el articulo 7 del Código Orgánico Tributario Vigente.

Señala adicionalmente las normas contenidas en los artículos 66 y 67 del COT del 2001, indicando que son únicamente aplicadas cuando se esta en presencia de un retraso o demora culpable en el cumplimiento de la obligación tributaria. De esta forma solamente los retrasos culposos, dolosos, o negligentes aparejan la obligación accesoria de resarcir al acreedor del daño causado por la demora del deudor.

Por ende considera que no cualquier retraso en el cumplimiento tempestivo de la obligación tributaria genera la obligación de pagar intereses moratorios, si no que debe tratarse de un incumplimiento temporal imputable al deudor, sea por culpa, dolo o negligencia, en otras palabras señala, sin culpa no hay mora tributaria ni intereses moratorios.

En lo concerniente a los intereses moratorios, considera la Alcaldía del Municipio Libertador que se trata de una reincidencia, por lo cual resulta procedente el recalculo de los intereses moratorios liquidados, solicitando que se aplique los criterios determinados en la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2012, expediente 2595 caso Cervecería Polar C.A., vs Municipio Ureña, emitida por este tribunal.

En virtud de lo anterior, considera esta juzgadora que los intereses moratorios resultan improcedentes debido a que pago efectivamente a los municipios industriales cantidades considerablemente superiores a las descontadas en el Municipio Libertador, como se señala en el siguiente cuadro:

MONTO DESCONTADO EN EL MUNICIPIO LIBERTADOR MONTO PAGADO EN EL MES DE ENERO EN LOS INDUSTRIALES FECHA DE DECLARACIÓN FECHA DE PAGO

EN MUNICIPIO INDUSTRIAL DIAS DE DIFERENCIA

203.107,00 20.210.424,20 SUCRE

26/01/2010

F-251 28/01/2010

F-271 2

365.778,00 35.638.466,33

SUCRE 01/02/2011

F-253 17/01/2011

F-279 -

330.403,73 SUCRE 31/01/2012

F-257 PAGO A LA FECHA SEGÚN RESOLUCION CULMINATORIA DE LA ALCALDÍA LIBERTADOR 0

397.411,61 16.956.259,56

SUCRE 28/01/2013

F-261 17/12/2012

F-287 --

594.732,64 84.120.390,76

SUCRE

29/01/2014 PAGO A LA FECHA SEGÚN RESOLUCION CULMINATORIA DE LA ALCALDÍA LIBERTADOR

F-303 0

De los folios del Cuaderno de A.C. referente a las pruebas consignadas por la Sindicatura se observa lo siguiente: El único periodo que incurrió en retraso sería el correspondiente al año 2010, retraso el cual es solo de 2 días. Por lo que se condena a pagar la cantidad por mora Bs. 287,06 Doscientos Ochenta y Siete con Seis Céntimos, calculados a la tasa de 25.44 tomada de la publicación del SENIAT (2010). Y así se decide.

DE LA NULIDAD DEL ACTA DE INTIMACIÓN N° AMI/SM/01/009/2015, POR CUANTO SU CONTENIDO ES DE IMPOSIBLE E ILEGAL EJECUCIÓN, Y POR CUANTO LA MISMA FUE DICTADA POR AUTORIDAD MANIFIESTAMENTE INCOMPETENTE.

Arguye el apoderado judicial de la empresa recurrente Cervecería Polar, C.A., que su representada no adeuda monto alguno al municipio Libertador del Estado Táchira por concepto de actividades económicas, haciendo énfasis al aprovechamiento del pronto pago.

Señala igualmente el hecho de que la determinación tributaria no se encuentra definitivamente firme, por lo que considera que la misma es de imposible o ilegal ejecución, trae a colación sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 28 de Noviembre de 2007, y doctrina, resaltando el hecho de que el acta de intimación es procedente cuando existen créditos firmes, por lo que debió la administración tributaria municipal verificar si el crédito resultaba liquido y exigible.

Finalmente, considera que el acta de intimación fue dictada por una autoridad manifiestamente incompetente, considerando que entre las atribuciones del Sindico Procurador Municipal, no se encuentra atribuida la facultad para emitir y notificar actas de intimación, considera que en el presente caso se incurrió en una extralimitación de funciones y los limites legalmente establecidos en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Con respecto al presente alegato quien aquí decide observa que en el caso marras la Administración Tributaria Municipal no podía realizar el procedimiento de intimación de derechos pendientes al que hace alusión los artículos 211 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2001, dado que el Acta de reparo fiscal N° ABML-DH-010-2014 de fecha 28 de octubre de 2014, no era una acto definitivo, y por ende no se constituía como titulo ejecutivo, es decir, que el acta de reparo es un acto preparatorio, no definitivo, y no determinativo.

Por consiguiente debió el ente administrativo municipal esperar hasta al emisión de la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo, para poder iniciar el procedimiento de intimación de derechos pendientes, razón por la cual este despacho procede a declarar la nulidad del acta de intimación AML/SM/01/009/2015 de fecha 23 de enero de 2015, suscrita por el Sindico Procurador del Municipio Libertador del Estado Táchira. Y Así se decide.

En cuanto a la incompetencia manifiesta del Sindico Procurador Municipal, por no tener atribuida la facultad para emitir la respectiva acta de intimación, la misma se hace innecesaria e inoficiosa resolver, dada la declaratoria de nulidad precedentemente expuesta, que en nada cambiaría el fallo de la presente decisión. Y Así se decide.

No hay condena en costas, por cuanto ninguna de las partes resulto totalmente vencida, conforme a lo establecido en el artículo 334 del Código Orgánico Tributario vigente.

V

DECISION.

ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION LOS ANDES EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA:

1. - PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el abogado en ejercicio F.R.N., Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.021.874, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 26.199 actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil “CERVECERIA POLAR, C.A.” inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha catorce (14) de Marzo de 1941, anotado bajo el N° 323.

2. - SE ANULAN, la RESOLUCIÓN CULMINATORIA DE SUMARIO N° SNAT/GGCAT/GCT/DSA/ISLR/2014/PA-001-1505; de fecha 10 de Septiembre de 2014, emitida por el Director de Hacienda del Municipio Libertador Estado Táchira y ACTA DE INTIMACIÓN N° AMI/SM/01/009/2015 de fecha de fecha 23 de enero de 2015, suscrita por el Sindico Procurador del Municipio Libertador del Estado Táchira.

3. - SE CONDENA A PAGAR a la Sociedad Mercantil “CERVECERIA POLAR, C.A.” la cantidad del Doscientos Ochenta y Siete con Seis Céntimos Bolívares.

4. - NO HAY CONDENA EN COSTAS PROCESALES, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

5. - NOTIFIQUESE, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Se nombra correo especial a los fines de practicar la notificación al alguacil de este Tribunal.

Dada, sellada y refrendada en el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes con sede en San C.E.T., a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2015. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

A.B.C.S.

JUEZ TITULAR

W.Z.M.

LA SECRETARIA

Exp. 3133/CHJC