Decisión nº 001-10 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 5 de Enero de 2010

Se ADMITE el recurso de apelación por efecto suspensivo, incoado por el ciudadano DR. R.A.C.R., en su carácter de Fiscal Trigésimo Quinto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo del Juez DR. J.A.V., en fecha 25 de Diciembre del año 2009, en la causa seguida en contra del ciudadano CAÑONGO F.J..

Se DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación por efecto suspensivo, según lo establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesto por el ciudadano DR. R.A.C.R., en su carácter de Fiscal Trigésimo Quinto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo del Juez DR. J.A.V., en fecha 25 de Diciembre del año 2009, en la causa seguida en contra del ciudadano CAÑONGO F.J., revocándose en consecuencia el pronunciamiento primero de la decisión recurrida, mediante la cual acordó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 ordinales 3º y 4º del Código Orgánico Procesal Penal, y en su lugar, se decreta MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 ordinales 1°, 2° y 3°; 251 ordinales 1º, 2° y 3° y parágrafo primero y 252 ordinal 2º todos del Código Orgánico Procesal Penal, fijándose como sitio de reclusión el Internado Judicial Capital El Rodeo I. En tal sentido, líbrese oficio N° 001-10 dirigido al Jefe de la Policía Municipal del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, anexándole la boleta de encarcelación Nº 001-10 al Director del Internado Judicial Capital El Rodeo I, a nombre del ciudadano CAÑONGO F.J., quedando detenido a la orden del Juzgado de Instancia. Se deja constancia que la Dra. C.M.T., en esta misma fecha presentó VOTO DISIDENTE, el cual se anexa seguidamente de la presente decisión.

Diarícese, regístrese la presente decisión, déjese copia autorizada de la misma y remítase el presente expediente al Juzgado de origen.

EL JUEZ PRESIDENTE

(PONENTE)

DR. J.O.G.

LA JUEZ INTEGRANTE LA JUEZ INTEGRANTE

(DISIDENTE)

DRA. M.C. VARGAS J. DRA. C.M.T.

LA SECRETARIA

ABG. T.F.

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA

ABG. T.F.

CAUSA N° S5-10-2592

JOG/MCVJ/CMT/TF/yusmary.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA

METROPOLITANA DE CARACAS

SALA N° 5

VOTO DISIDENTE

Quien suscribe, C.M.T., en su carácter de Jueza Integrante de la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, presenta su VOTO DISIDENTE en la presente causa, en los términos siguientes:

La presente causa N° S5-2010-2592, ingresa a esta Sala, con motivo del Recurso de Apelación por efecto suspensivo interpuesto por el Dr. R.A.C.R., en su carácter de Fiscal Trigésimo Quinto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con fundamento en lo establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada en fecha 25 de diciembre de 2009, por el Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo del Juez Jesús Alberto Villarroel, mediante la cual Decretó a favor del ciudadano CAÑONGO F.J., una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 256, numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ROBO EN LA MODALIDAD DE ARREBATON, previsto y sancionado en el único aparte del artículo 456 del Código Penal vigente.

En esta misma fecha 05/01/2010, el Dr. J.O.G. presentó oportunamente el Proyecto de Ponencia, el cual fue aprobado por la mayoría de esta Sala, según consta en el Libro de Discusión de Ponencias, que a tal efecto se lleva en este Despacho, oportunidad en que manifesté que presentaría Voto Disidente, que se anexa a la decisión dictada en el día de hoy, publicándose el fallo íntegramente con el presente Voto.

La mayoría de la Sala consideró que debía declararse CON LUGAR el recurso de apelación por efecto suspensivo, según lo establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesto por el ciudadano DR. R.A.C.R., en su carácter de Fiscal Trigésimo Quinto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo del Juez DR. J.A.V., en fecha 25 de Diciembre del año 2009, en la causa seguida en contra del ciudadano CAÑONGO F.J., revocándose en consecuencia el pronunciamiento primero de la decisión recurrida, mediante la cual acordó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 ordinales 3º y 4º del Código Orgánico Procesal Penal, y en su lugar, se decreta MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 ordinales 1°, 2° y 3°; 251 ordinales 1º, 2° y 3° y parágrafo primero y 252 ordinal 2º todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Las razones por las cuales se presenta el Voto Disidente son las siguientes:

Revisado el contenido del recurso de apelación con efecto suspensivo interpuesto por el Abg. R.C., en su carácter de Fiscal Trigésimo Quinto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, la contestación a dicho recurso por parte de la defensa, la decisión recurrida y las actas procesales que conforman la presenten causa se observa lo que sigue:

Previo a la resolución del recurso interpuesto en fecha 25/12/09, por el abogado R.C., Fiscal Trigésimo Quinto del Ministerio Público, esta Alzada, una vez revisado el contenido del acta que recoge la audiencia oral para oír al imputado, celebrada en la fecha referida, por el Juzgado Cuadragésimo de Control de este Circuito Judicial Penal, ha verificado un vicio, que hace procedente declarar de oficio la nulidad absoluta del referido acto.

La nulidad advertida por esta Juez Disidente, deviene del primer pronunciamiento proferido por el Juzgador A quo, por cuanto se limitó a decretar la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad al imputado de marras, no explicando las razones jurídicas que lo llevaron a decretar la señalada medida cautelare sustitutiva de libertad, lo cual quebranta el debido proceso y la tutela judicial efectiva que supone que las decisiones judiciales sean debidamente motivadas.

El derecho a la motivación de las decisiones judiciales, supone la expresión de un modo claro y suficiente que exprese y de a conocer al colectivo, el por qué de lo decidido, quedando de manifiesto que no se ha actuado arbitrariamente, con lo cual se refuerza la garantía que tienen las partes en el proceso de obtener una tutela judicial efectiva.

El Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2672, de 6 de octubre de 2003, dictada por la Sala Constitucional, con Ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, estableció al respecto lo siguiente:

…A mayor abundamiento, tanto la privación preventiva de la libertad, que puede calificarse de subsidiaria según el artículo 243, aparte único de la ley procesal penal, como cualquier otra medida de coerción personal, ‘sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución judicial fundada’ (subrayado añadido), de acuerdo con el artículo 246 eiusdem, exigencias que responden a la gravedad de las medidas que afectan los derechos de una persona sometida a proceso y que se presume inocente (Cf. A.A.S., La Privación de la Libertad en el P.P.V.. Caracas, Livrosca, 2002, p. 23).

En el mismo sentido, y en lo respecta a la privación preventiva de la libertad, el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la decisión que acuerde la medida cautelar debe contener los datos de identificación del imputado, los hechos que se le atribuyen, las razones que fundamenten el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad y la cita de las disposiciones legales aplicables; y a las referidas exigencias debe añadirse la indicación de la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción no esté prescrita, así como los elementos de convicción de la autoría o participación del imputado en la comisión del hecho punible, toda vez que tales señalamientos son necesarios para fundamentar la procedencia de la medida de privación preventiva de la libertad…

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El catedrático español, J.G.P., en su texto “El Derecho a la Tutela Jurisdiccional”, (2001), enseña que:

…La motivación de las sentencias constituye una exigencia del principio de tutela judicial efectiva, cuya razón última reside en la prohibición de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo no es simple arbitrario acto de voluntad del juzgador, sino una decisión razonada en términos de Derecho…cumpliendo una doble finalidad: garantizar su eventual control jurisdiccional a través del sistema de recursos y permitir al ciudadano conocer las razones de la resolución…

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En efecto, observó quien aquí suscribe, que la decisión impugnada se limitó a dictar el pronunciamiento primero, en donde otorgó la medida cautelar sustitutiva de libertad conforme al artículo 256 ordinales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, al imputado de autos, conforme a los siguientes términos:

…lo que a todas luces genera a este tribunal estar llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, ciertamente es una excepción decretar la privación y en este caso en razón al principio de presunción de inocencia, estado y afirmación de libertad, acuerda una medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con el artículo 256 ordinal 3, y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, deberá presentarse cada quince (15) días por ante el tribunal y la prohibición de salir del ámbito territorial del tribunal sin la autorización del mismo. Sin lugar la solicitud fiscal de privación de libertad, con lugar la solicitud de la defensa pública de medida cautelar. Se acuerdan las copias a la defensa…

(Negrillas de la Jueza Disidente).

De lo anterior surge que el Juez de Instancia omitió hacer toda consideración con relación a los extremos previstos en el artículo 250 de nuestra Ley Adjetiva Penal, los cuales debían ser analizados a los fines de otorgar la referida medida cautelar.

Ha sido criterio reiterado y pacífico de nuestro M.T., en Sala Penal y Constitucional, que la inmotivación constituye un vicio del fallo, el cual se comete cuando el juez llamado a decidir, no explica las razones de hecho y de derecho por las cuales adopta una determinada decisión, en otras palabras, es la ausencia total del razonamiento lógico jurídico que sustenta la dispositiva del fallo.

Esta apreciación jurídica de la inmotivación del fallo, se encuentra en total consonancia con la jurisprudencia patria establecida en ese sentido, cuando en Sentencia Nº 144 emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en el Expediente Nº C04-0086 de fecha 03/05/2005, con ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros se sostuvo lo siguiente:

…Hay inmotivación cuando en un fallo no se expresan las razones de hecho y Derecho para adoptar una determinada resolución judicial en un proceso que se celebró de acuerdo con las garantías y principios constitucionales y legales…

Como puede observarse, este vicio es la carencia total de argumentación jurídica en un fallo. La motivación, constituye un proceso lógico jurídico utilizado por el juez para dictar un determinado pronunciamiento, son las bases en las cuales descansan los razonamientos que sustentan la decisión.

En efecto, aprecia esta Juez Integrante de la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que el Juez A Quo luego de haber emitido sus respectivos pronunciamientos al término de la audiencia oral realizada en fecha 25/12/2009 en el Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, violó el debido proceso y la tutela judicial efectiva al no señalar las circunstancias jurídicas en las causales en que se fundamentan las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad previstas en nuestra normativa adjetiva penal (sustitutiva de la medida de privación judicial de libertad), de acuerdo con el contenido del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es del siguiente tenor:

Artículo 173. Clasificación. Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación.

Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer.

Se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente.

(Negrillas de esta Juez Disidente)

De la precitada disposición legal, se determina la imperiosa necesidad de que toda decisión sea ésta interlocutoria o definitiva, debe estar debidamente motivada o fundamentada, es decir, que todo juez al dictar una resolución judicial debe realizar un juicio lógico y razonado sobre lo que decide, explicando pormenorizadamente el por qué de lo decidido y sobre cual disposición legal argumenta su fallo, informando de esta manera en forma clara e indubitable lo decidido, no solamente a las partes del proceso, sino también a la sociedad en general.

La función de administrar justicia deviene de la protección de la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, contenida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ello el vicio de inmotivación en una sentencia o auto, debe ser visto como de orden público.

El Estado, y sobre todo quien ejerce la función jurisdiccional, se encuentra en el deber indeclinable e insoslayable, de expresar las razones de hecho y de derecho en la cual verse un determinado pronunciamiento, so pena de nulidad absoluta, por cuanto el justiciable debe conocer las bases sobre las cuales se decidió el punto controvertido o la incidencia planteada.

El Autor B.B.G., en su libro Ideología de la Prueba Penal, P. 217, (2004), señala que: “La motivación es la parte de las resoluciones judiciales integrada por el conjunto de razonamientos fácticos y jurídicos expuestos en orden cronológico, en que el juez o tribunal fundamenta su decisión.”

En este sentido amplio, motivar es aplicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer una cosa; mientras que motivación es la acción y efecto de motivar, es decir entonces, explicar el motivo por el que se ha hecho una cosa.

No obstante, la motivación involucra un factor psicológico, consciente o no, que predispone al individuo para realizar ciertas acciones, o para atender hacia ciertos fines.

El proceso penal es la realización del derecho penal. De allí, que las garantías procesales tienen tantas relevancias como las que tienen los principios legitimantes del derecho penal material; ni aquellas ni éstos se pueden obviar en la aplicación de la ley penal; de tal modo que el reconocimiento o no de derechos fundamentales procesales permitirá medir el carácter autoritario o liberal de la sociedad.

En tal sentido, es menester destacar, que el incumplimiento de la referida exigencia legal, lo hace incompatible con la garantía constitucional del debido proceso legal, prevista en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En ratificación a lo antes expuesto, traemos a colación la posición que adopta el Jurista A.F.D.L.R., en su obra: Ponencias, V. II, quien al respecto señala lo siguiente:

…la necesidad de una decisión motivada, con fundamentos legítimos y lógicos que justifiquen lo resuelto

. (p. 92)

Así las cosas, considero pertinente, traer a colación el contenido de la sentencia N° 1350 de fecha 13/08/2008, dictada en el expediente N° 08-0549 con ponencia de la magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHAN, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se dejó plasmado lo siguiente:

…De la disposición transcrita se evidencia que toda sentencia o auto dictado por los tribunales penales debe ser fundado o motivado so pena de nulidad, a menos que se trate de un auto de mera sustanciación o mero trámite. Ello es así, por cuanto la motivación comprende la explicación de la fundamentación jurídica de la solución dada el caso concreto que se juzga. Ha de ser un razonamiento lógico que exprese el convencimiento del judex y las razones que determinaron la decisión.

En correspondencia con lo anterior, la Sala señala que la exigencia en la motivación de las sentencias o autos, es un elemento de la tutela judicial efectiva, habida cuenta de la importancia fundamental que el establecimiento de los hechos dados por probados tienen en el ámbito del derecho penal, de lo contrario, la decisión luciría arbitraria y no como corresponde, producto del arbitrio judicial.

De modo que, si los jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón consideraron -una vez analizadas las actas del expediente- que existía ausencia absoluta de motivación en la decisión contenida en el acta de audiencia de presentación apelada por el Ministerio Público, la cual fue dictada por el Juzgado Primero en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Tucacas, el 7 de febrero de 2008; era deber de éstos declarar su nulidad por mandato del artículo 173 del mencionado Código Adjetivo, y reponer el proceso al estado en que el ciudadano A.J.R., quien fue aprehendido en flagrancia, fuese recluido en el Comando Policial ubicado en la población de Tucacas, Estado Falcón y presentado nuevamente ante el juzgado de control respectivo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de las actuaciones correspondientes.

De lo antes dicho se concluye que, en este caso, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón no estaba obligada a fundamentar su decisión en los artículos 191 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, referidos a las nulidades, tal como lo alegó el accionante en amparo.

…omissis…

Asimismo, las jueces de la Corte de Apelaciones en la oportunidad de pronunciarse respecto de la aclaratoria, estimaron procedente, una vez que repusieron la causa al estado de celebrar una nueva audiencia de presentación, ordenar la reclusión del prenombrado ciudadano por cuanto el mismo fue aprehendido en flagrancia; con ello garantizarían el fin del proceso y la efectividad de la nulidad declarada; por supuesto, sujetaron tal aprehensión a un lapso de cuarenta y ocho (48) horas; una vez que el tribunal de control respectivo recibiera las actuaciones procesales correspondientes, razones por las cuales en modo alguno se ha vulnerado el derecho a la libertad personal del accionante.

Así entonces, del contenido del fallo objeto de amparo y de su aclaratoria no se observa la existencia de violación a los derechos constitucionales denunciados como conculcados, pues fueron dictadas con apego al ordenamiento procesal penal y bajo la apreciación propia de los jueces de la Corte de Apelaciones sin abuso de poder ni usurpación de funciones, tal como esta Sala lo ha constatado en el caso de autos, ya que éstos gozan de autonomía e independencia cuando deciden;…

(Subrayado de esta Juez Disidente).

En este mismo orden de ideas, estimo igualmente pertinente traer a colación el artículo 246 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece textualmente lo siguiente:

Artículo 246. Motivación. Las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución judicial fundada. Esta se ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a los afectados.

El Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano del Poder Judicial que designe, llevará un registro automatizado de los ciudadanos a quienes les hayan sido impuestas medidas de coerción personal.

Observando quien aquí disiente, que además de haber omitido el A quo fundamentar la decisión judicial impugnada en el Acta de Audiencia Oral para Oír al Imputado, obvió conforme al artículo 246 supra transcrito del texto adjetivo penal, dictar resolución judicial fundada (auto separado), con lo cual quebrantó el debido proceso.

Así mismo es necesario transcribir el contenido del artículo 250 del texto adjetivo penal que establece literalmente lo siguiente:

Artículo 250. Procedencia. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

Dicha acotación se hace, en virtud de que necesariamente y a los fines de decretar una medida cautelar sustitutiva de libertad, el juez de primera instancia en funciones de Control, debe verificar que estén satisfechos los requisitos de la norma antes citada, para luego resolver sobre la procedencia de una medida menos gravosa; circunstancia ésta que fue ratificada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 1183, de fecha 12 de julio de 2006, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, al señalar que:

…el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que preceptúa que siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución que sea debidamente motivada, algunas de la medidas cautelares sustitutivas que establece la referida disposición legal.

Así las cosas, para que proceda la aplicación de una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad, antes tienen que estar satisfechos los extremos de procedencia de la medida privativa de libertad, tal como claramente deriva del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto es que, en aquellos casos en los cuales sea procedente la medida privativa de libertad, porque estén satisfechos los requisitos del artículo 250 eiusdem, si el juez estimara que las finalidades del proceso –que son al fin y al cabo la única razón de ser de las medidas cautelares de coerción personal, según el artículo 243 ibídem- pueden ser garantizadas a través de una medida menos gravosa o menos aflictiva que la privativa de libertad, deberá dictarla. De allí que resulte obvio que las medidas cautelares sustitutivas tienen como requisito previo de procedencia, que estén satisfechas las exigencias legales para el decreto de la medida privativa. El legislador habla claramente de medidas sustitutivas de la privativa de libertad, de modo que sólo puede concebirse la posibilidad de una medida sustitutiva cuando es procedente la principal que habrá de ser sustituida. Así se declara.

(Negrillas de la Jueza Disidente).

Partiendo de la premisa jurídica que la inmotivación constituye un vicio procesal que afecta la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, lo cual hace nulo el acto dictado bajo esta circunstancia, en virtud de materializarse el supuesto de hecho contenido en la norma prevista en el artículo 190 en concordancia con el artículo 191 ambos del Código Orgánico Procesal Penal; es criterio de quien aquí disiente, que la misma suerte debió verificarse en el presente caso, toda vez que, como ya se ha establecido precedentemente, el Juez de Instancia obvió el dictamen o decisión correspondiente, la cual debió ser explanada mediante la figura procesal del auto fundado, como bien lo refiere el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por lo expresado precedentemente, quien aquí diciente no comparte el criterio de la mayoría sentenciadora de la Sala, al declarar con lugar el Recurso de Apelación por efecto suspensivo interpuesto por la Vindicta Pública, por cuanto motivar una decisión, en el caso concreto que nos ocupa sobre la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad decretada por el A quo, es fundamentalmente salvaguardar principios y garantías constitucionales, como lo son el Principio de la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia considero que lo procedente y ajustado a derecho era Anular de Oficio la decisión recurrida de fecha 25/12/2009.

Queda en estos términos expresados el criterio de la Jueza Disidente, quien considera que debió declararse de oficio la NULIDAD ABSOLUTA de la decisión recurrida por violentar principios y garantías fundamentales previstas en nuestra Carta Magna.

Queda en estos términos expresado el criterio de quien suscribe como Jueza Disidente.

En Caracas, a los cinco (05) días del mes de enero de Dos mil diez (2010).

EL JUEZ PRESIDENTE,

Ponente

DR. J.O.G.

LA JUEZ DISIDENTE,

DRA. C.M.T.

LA JUEZ,

DRA. M.C. VARGAS J.

LA SECRETARIA,

ABG. T.F.

En la misma fecha se registró y publicó el presente VOTO DISIDENTE, con el texto integro de la Decisión dictada por la mayoría de la Sala.

LA SECRETARIA,

ABG. T.F.

EXP. No. S5-2010-2592.-

JOG/CMT/MCVJ/TF/yusmary.-