Sentencia nº 009 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 7 de Febrero de 2001

Que el Juzgado de Sustanciación incurrió en error o falso supuesto, por cuanto la notificación que sirvió de base para declarar inadmisible el presente recurso no fue realizada personalmente, debido a que la firma en ella contenida no coincide con la suya y en consecuencia la desconoce.

Que por cuanto la notificación constituye un documento administrativo y no un documento privado o público, puede destruirse con cualquier medio de prueba procedente. No obstante, previendo que esta Sala considere que la mencionada notificación deba ser tratada como un documento público, promueve su tacha formal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil.

Considerando que la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política no hace especial referencia a la notificación personal de los actos de la Administración Electoral, por disposición del artículo 233 eiusdem que remite a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, debería aplicarse lo preceptuado en el artículo 73 de la mencionada ley procesal administrativa en todo lo referente a los requisitos y formalidades que rigen la notificación, los cuales no se cumplieron en el presente caso resultando la misma inválida e ineficaz.

La resolución impugnada debió ser notificada personalmente de conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y sólo en el supuesto de no realizarse la notificación personal, es cuando debe utilizarse la notificación especial prevista en el artículo 75 eiusdem, referida a la publicación mediante cartel en prensa, la cual “...no resulta necesaria en materia electoral visto la existencia de un órgano divulgativo o de publicación periódica de los actos electorales, que no es otro, sino la Gaceta Electoral”.

Que ante la imposibilidad de realizar la notificación personal, la misma debió constar en el expediente administrativo de manera motivada y así conservar la seguridad jurídica de las partes intervinientes en el procedimiento administrativo, la cual sólo puede lograrse mediante la publicación del acto definitivo en Gaceta Electoral.

Afirmaron que la inobservancia de los requerimientos legales ocasiona la ineficacia del acto definitivo, dada la ausencia de notificación personal, razón por la cual no comienza a correr el lapso de caducidad establecido en el artículo 237 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, a los fines de la interposición del recurso contencioso electoral, sino a partir de la publicación de la Resolución impugnada en Gaceta Electoral.

Que en el supuesto de no practicarse notificación personal puede hablarse del principio “logro del fin”, con prescindencia del acto de publicación en Gaceta Electoral, el cual se hubiese logrado a través de otros medios de indiscutible y certera convicción, es decir, actuaciones en el expediente que originen la llamada citación presunta, circunstancia que no se demostró en el presente caso.

Que debido a la inexistencia de notificación personal, el recurrente conoció el acto impugnado a través de la publicación contenida en la Gaceta Electoral, por lo cual es a partir de ese momento en que comienza a correr el lapso de caducidad a los fines de la interposición del recurso.

Que la notificación de la resolución impugnada se produjo en la persona del representante del Partido Social C.C. ante el C.N.E., el cual no era apoderado del ciudadano S.O.C., por lo que el acto recurrido mal pudo ser eficaz a partir de la fecha de tal notificación.

Que la tesis del Órgano Electoral resulta insostenible al considerar que el acto de notificación no se procuró en la persona del recurrente en el domicilio señalado por éste o en alguna de sus presuntas comparecencias ante el C.N.E., sino en la persona de un allegado y fuera del domicilio previsto, razón por la cual esta irregularidad permite inaplicar el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos referente al acuse de recibo de la notificación por personas que se encuentren en el domicilio del interesado o su apoderado.

Afirmó que su relación con el partido político Social C.C., no subsana la ilegalidad en la notificación de la resolución impugnada por parte de la Administración Electoral, aunado a que el recurso jerárquico interpuesto fue a título personal y no como dirigente del partido político antes mencionado.

Señaló que las funciones de vigilancia en los procesos electorales correspondientes a los representantes de las organizaciones políticas ante el C.N.E. no se extienden a la recepción de notificaciones contra sus miembros.

Que en relación a la notificación efectuada en virtud del conocimiento por S.O.C. del acto impugnado en fecha anterior al oficio de notificación de fecha 11 de octubre de 2000, se destaca que ni de las publicaciones en prensa ni de los testimonios de los comunicadores sociales que divulgaron la noticia se desprende la cognición del recurrente respecto a la decisión debatida en la presenta causa, por cuanto sólo la conoció mediante su publicación en Gaceta Electoral de fecha 17 de octubre de 2000.

Afirmó que la recepción formal de la notificación no se produjo, como señala la reseña periodística de fecha 6 de octubre de 2000, por cuanto la testimonial rendida por el comunicador social autor de la misma señaló que el recurrente se limitó a señalar que “venía de ser informado” de que su recurso no había sido admitido, lo que no implica el acceso a la misma. Igualmente señaló que carece de toda eficacia jurídica la información verbal y oficiosa que obtuvo del C.N.E. en una comparecencia que realizó ante órgano sobre la inadmisión de su recurso.

Que con base al material probatorio inserto en autos, no quedó demostrada la solicitud de copia certificada del acto recurrido, lo cual tampoco consta en el expediente administrativo por cuanto no sucedió; así como tampoco existe prueba de la cual se evidencie que efectivamente el recurrente haya revisado el expediente y leído la decisión electoral.

Alegó que lo anterior conlleva a la determinación del incumplimiento de la carga probatoria por parte del C.N.E., el cual ha debido notificar al recurrente de la resolución impugnada de manera efectiva, y no partir de presunciones o conjeturas al considerar que de su comparecencia ante el C.N.E. el 5 de octubre de 2000 se concluyó el acceso a la información sobre el contenido de la decisión en esa misma fecha, así como que de la información verbal que recibió en alguna ocasión respecto a la inadmisión de su recurso se pretenda inferir el acceso a la resolución impugnada.

Que considerando el reconocimiento realizado por el C.N.E. respecto a que la firma estampada en el oficio de notificación de fecha 11 de octubre de 2000 no pertenece a S.O.C., resultan inaceptables los medios de notificación, aducidos de manera sobrevenida por ese mismo órgano en la presente incidencia, por quebrantar la certeza jurídica y el derecho de acceso a la jurisdicción, por lo que solicitó se revoque el auto de fecha 16 de noviembre de 2000, emanado del Juzgado de Sustanciación que declaró inadmisible el recurso contencioso electoral interpuesto y preservar así el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso.

III ALEGATOS DEL C.N.E.

1. - Mediante diligencia presentada en fecha 16 de noviembre de 2000, el abogado D.M.B., representante judicial del C.N.E. expuso:

   1. En primer lugar señaló que consignaba copia certificada de la comunicación recibida personalmente el 11 de octubre de 2000 por el ciudadano S.O.C.D., mediante la cual se le notificó de la Resolución Nº 001002-1834 del C.N.E. en la que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto el 14 de agosto de 2000.

   2. Agregó que la mencionada comunicación la consignaba como complemento de los antecedentes administrativos que cursan en el presente expediente. Además adujo que debido a un error involuntario la Sala de Sustanciación de Recursos Electorales del C.N.E. desconocía su existencia.

   3. Finalmente expuso que el lapso previsto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política para interponer el recurso contencioso electoral empezó a correr en fecha 11 de octubre de 2000, oportunidad en la cual fue notificado el ciudadano S.O.C.D. de la Resolución Nº 001002-1834 del C.N.E., y venció el 2 de noviembre de 2000, no obstante, el recurso objeto de la presente causa fue interpuesto el día 7 del mismo mes y año, por lo que resulta inadmisible por extemporáneo.

2. Posteriormente, en fecha 22 de noviembre de 2000, el abogado D.M. , con el carácter de autos, presentó escrito en el cual argumentó:

   1. Señaló que en vista de que el ciudadano S.O.C.D. desconoció la firma estampada en la boleta de notificación de la Resolución Nº 001002-1834, que cursa al folio 106 del expediente, procedió a constatar las actuaciones relacionadas con dicha notificación, obteniendo como resultado que la misma efectivamente no fue recibida personalmente por el recurrente, sino que el receptor fue el ciudadano E.N., representante de la organización política Partido Social C.C..

   2. En virtud de lo anterior dejó sin efecto la diligencia presentada en fecha 16 de noviembre de 2000.

   3. Agregó que lo acontecido constituye un error involuntario, mas no pretendió sorprender la buena fe de los magistrados integrantes de esta Sala, ni del Juzgado de Sustanciación, y que tampoco constituye un fraude procesal en contra del recurrente.

   4. Asimismo expuso que el error involuntario en el que incurrió no fue producto de un forjamiento de firmas.

   5. Igualmente presentó sus excusas al Juzgado de Sustanciación de esta Sala por el error involuntario antes señalado.

   6. Por otra parte alegó que la notificación de la Resolución Nº 001002-1834 emanada del C.N.E., fue recibida por el ciudadano E.N., representante y miembro del órgano directivo de la organización política que postuló al ciudadano S.O.C.D., por lo que “... mal puede alegar que estaba en desconocimiento de la Resolución objeto de impugnación de su Recurso Contencioso Administrativo.”

   7. Finalmente ratificó que el ciudadano S.O.C.D. compareció ante el C.N.E. a fin de conocer el contenido de la Resolución Nº 001002-1834, lo cual quedó reseñado en los medios de comunicación social.

   IV

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Realizado el análisis de los recaudos que cursan en el expediente y vistos los argumentos esgrimidos por las partes, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la apelación ejercida por el ciudadano S.O.C.D., asistido de abogado, contra el auto del Juzgado de Sustanciación de esta Sala de fecha 16 de noviembre de 2000, mediante el cual se inadmitió el recurso contencioso electoral por el interpuesto en fecha 7 de noviembre de 2000, y en tal sentido realiza las consideraciones siguientes:

   La controversia que origina la presente apelación gira en torno a la notificación de la resolución impugnada y el momento en que esta última adquirió eficacia, a los fines de determinar la caducidad del recurso interpuesto.

   Como primer punto debe esta Sala pronunciarse en relación al desconocimiento de la firma autógrafa estampada en la notificación del acto impugnado como constancia de su recepción en fecha 11 de octubre de 2000, y en este sentido se observa que si bien es cierto que los apoderados judiciales del C.N.E. en diligencia de fecha 16 de noviembre de 2000 manifestaron que la prenombrada notificación fue suscrita por el recurrente, constituyendo prueba de la notificación personal que del acto recurrido se le hizo al ciudadano S.O.C., posteriormente en escrito presentado en fecha 22 de noviembre de 2000, la representación de la parte recurrida manifestó que efectivamente la notificación fue recibida y firmada por el ciudadano E.N., en representación del Partido Social C.C., y no por el ciudadano S.O.C., por lo cual el mismo no constituye un hecho controvertido, susceptible de pronunciamiento alguno por esta Sala. Así se decide.

   En este orden, debe la Sala resolver el alegato esgrimido por el C.N.E. en relación a la capacidad detentada por el ciudadano E.N. como representante del Partido Social C.C. para darse por notificado por el ciudadano S.O.C., del contenido de la Resolución Nº 001002-1834 emanada del C.N.E., mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico por él interpuesto en fecha 14 de agosto de 2000 y al respecto observa:

   La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política remite en su artículo 233 a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en todos los aspectos no regulados expresamente en ella en relación a la revisión de los actos administrativos de naturaleza electoral en sede administrativa.

   A partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la obligación de notificar, es una obligación estrictamente formal, que sólo puede entenderse producida en el caso de que se lleve a cabo conforme a las formas habilitantes que tipifica la ley, entre las cuales se señala el deber de realizarla en la persona del interesado o a su apoderado en su domicilio o residencia.

   Ahora bien, observa este órgano jurisdiccional que el ciudadano S.O.C.D. interpuso recurso jerárquico por ante el C.N.E. en fecha 14 de agosto de 2000, actuando en nombre propio y con el simple interés requerido por el artículo 227 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y no en su carácter de miembro del Partido Social C.C. (véase folios 2 al 43 del expediente administrativo), sin embargo, la decisión en relación al mencionado recurso, la cual constituye la resolución impugnada, fue notificada efectivamente en la persona del ciudadano E.N. en su carácter de representante del Partido Social C.C., agrupación con fines políticos en la cual milita el recurrente, señalando en este sentido el C.N.E. que la misma resulta perfecta por cuanto es la referida agrupación con fines políticos la que respalda su candidatura a la gobernación del estado Táchira, a tales efectos debe esta Sala aclarar que conforme a los argumentos antes expuestos en relación a la forma personal en que debe realizarse la notificación de los actos administrativos, la decisión adoptada por el órgano electoral debía ser notificada al interesado o a su apoderado judicial, siendo el mandato ejercido por el ciudadano E.N. insuficiente por cuanto el mismo no comprende la representación de los intereses del recurrente como persona natural diferente de la agrupación política antes mencionada. Así se declara.

   Decidido lo anterior pasa esta Sala a pronunciarse en relación al alegato del C.N. Electoral relativo al hecho de que el ciudadano S.O.C.D. compareció ante la sede del referido órgano electoral a fin de conocer el contenido de la Resolución Nº 001002-1834, lo cual quedó reseñado en los medios de comunicación social, y en consecuencia conocía el contenido de la Resolución impugnada antes de su publicación en Gaceta Electoral.

   En referencia al anterior argumento debe esta Sala destacar que:

   La notificación es un requisito esencial para la eficacia de los actos administrativos, tanto más importante para aquellos que afecten los derechos de los particulares o interesados, de modo que hasta que la misma no se verifique tales actos carecerán de ejecutoriedad. La aludida condición constituye además, el presupuesto para que transcurran los lapsos de impugnación, de allí que se exija la indicación de las vías de defensa procedentes contra el acto en cuestión, con expresión de los órganos y lapsos para su ejercicio.

   La eficacia del acto administrativo se encuentra, entonces, supeditada a su publicidad, y en los casos de los actos de efectos particulares la misma se obtiene con la notificación de estos, con la que se persigue, esencialmente, poner al administrado en conocimiento de una medida o decisión que le afecta directamente en sus intereses; no obstante, puede ocurrir que un acto que no ha sido debidamente notificado llegue a ser eficaz por haber cumplido con el objeto que se persigue con la aludida exigencia, siendo entonces aplicable el principio del “logro del fin”.

   Ante esta circunstancia, una defectuosa notificación quedará convalidada si el interesado, conociendo de la existencia del acto que le afecta, recurre del mismo oportunamente, por ante el órgano competente. La jurisprudencia de este Tribunal, ha señalado a este respecto que los vicios de la notificación son subsanables, cuando la misma ha alcanzado su finalidad, la cual es poner al destinatario del acto administrativo que se ha dictado, en conocimiento del mismo, con el objeto de que este pueda participar en el procedimiento impugnatorio demostrando de esta manera que conocía las vías y los términos para ello.

   En este mismo sentido se ha pronunciado la doctrina española cuando señala: “No es posible declarar con carácter absoluto la nulidad de todas las notificaciones defectuosas, pues también es de tener presente el interés público, la seguridad jurídica y la del tráfico jurídico, cuyos principios demandan que no se demore la eficacia de los actos administrativos y se paralice su firmeza si no es por causa justificada, como lo es la defensa y garantía de los administrados de buena fe, pero no al arbitrio de los particulares que conscientes del error cometido por la Administración o bien ignorantes de él, pero habiendo decidido consentir el acto notificado, sin embargo, posteriormente pretenden su anulación al socaire de tal error conocido a tiempo ha de ser intrascendente para su defensa en virtud de su libre aquietamiento a la decisión administrativa adoptada” (González PÉREZ, Jesús: Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos. Editorial Civitas. Madrid, 1977. p. 465)

   En consecuencia de lo anterior la interpretación del régimen jurídico de la notificación ha de equilibrar el celo en la protección de los derechos y garantías del administrado con el interés público, la seguridad jurídica y el principio de la eficacia (ejecutoriedad) de los actos administrativos.

   Ahora bien, una vez realizadas las consideraciones anteriores pasa esta Sala a analizar el contenido de las publicaciones de prensa en las cuales a juicio de la parte recurrida se demuestra el conocimiento que tenía el recurrente del contenido de la resolución impugnada antes de la publicación en la respectiva Gaceta Electoral.

   El artículo de prensa reseñado en el Diario El Globo, de fecha 6 de octubre de 2000. Sección de Política. página 4, cuyo autor es el periodista O.G.A. señala:

   Por cierto que ayer estuvo en el organismo electoral, el ex gobernador S.O.C., quien recibió de manos del CNE la notificación oficial del rechazo de su impugnación. Insistió en la palabra fraude, acusó a Indra de estafadora del proceso y anunció que llevará el caso al TSJ, y si es preciso a todas las instancias internacionales

   .

   Por su parte la publicación contenida en el Diario El Universal, del 6 de octubre de 2000, sección “Nacional y Política”, cuerpo 1 página 10, redactada por la periodista Y.V., reseña lo siguiente:

   “El ex gobernador del Estado Táchira, S.O.C., acudió ayer al CNE a solicitar los recaudos que necesitará para proseguir en su intento por recuperar el despacho ejecutivo regional.

   El Consejo rechazó el recurso jerárquico interpuesto por ‘el Cura’ en fecha reciente, quien ahora acudirá al Tribunal Supremo de Justicia.

   Calderón reclama la titularidad de la gobernación tachirense, que le ganó Ronadl B.L.C., gracias a que el candidato del MVR, L.S. declinó en su favor. Los votos de ambos superaron el respaldo obtenido por el aspirante copeyano.

   El Consejo entregará hoy a Calderón la resolución, de modo que pueda proceder ante las instancias jurisdiccionales que considere conveniente”.

   Seguidamente debe esta Sala acreditar el valor probatorio otorgado a las mencionadas publicaciones de prensa, y a tales efectos observa que la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal señaló a este respecto que:

   “...El auge de la comunicación escrita mediante periódicos, o por vías audiovisuales, ha generado la presencia del hecho publicitado, el cual en principio no se puede afirmar si es cierto o no, pero que adquiere difusión pública uniforme por los medios de comunicación social, por lo que muy bien podría llamársele el hecho comunicacional y puede tenerse como una categoría entre los hechos notorios, ya que forma parte de la cultura de un grupo o círculo social en una época o momento determinado, después del cual pierde trascendencia y su recuerdo sólo se guarda en bibliotecas o instituciones parecidas, pero que para la fecha del fallo formaba parte del saber mayoritario de un círculo o grupo social, o a él podía accederse.

   Así, los medios de comunicación social escritos, radiales o audiovisuales, publicitan un hecho como cierto, como sucedido, y esa situación de certeza se consolida cuando el hecho no es desmentido a pesar que ocupa un espacio reiterado en los medios de comunicación social.

   Estas noticias publicitadas por los medios de manera uniforme, podrían ser falsas, pero mientras no se desmientan y se repitan como ciertas, para el que se entera de ellas son hechos verdaderos sucedidos, así su recuerdo no se haya dilatado en el tiempo.

   Se trata de un efecto de la comunicación masiva, que en forma transitoria y puntual hace del conocimiento general un hecho que durante cierto espacio de tiempo, a veces breve, permite a los componentes de la sociedad referirse a él y comentar el suceso, o tomar conciencia de un mensaje, como sucede con la propaganda o publicidad masiva.

   ...OMISSIS...

   El hecho publicitado o comunicacional no es un hecho notorio en el sentido clásico, ya que puede no incorporarse como permanente a la cultura del grupo social, sin embargo su publicidad lo hace conocido como cierto en un momento dado por un gran sector del conglomerado, incluyendo al juez; y desde este ángulo se puede afirmar que forma parte durante épocas, de la cultura, así luego desaparezca, ya que su importancia o trascendencia era relativa, tenía importancia sólo en un espacio y tiempo limitado y a veces breve.....

   ...OMISSIS...

   ....esta Sala considera que para desarrollar un proceso justo, idóneo y sin formalismos inútiles, el sentenciador puede dar como ciertos los hechos comunicacionales con los caracteres que luego se indican, y por ello puede fijar como cierto, los hechos que de una manera uniforme fueron objeto de difusión por los medios de comunicación, considerándolos una categoría de hechos notorios, de corta duración....

   ...OMISSIS...

   Esos caracteres confluyentes son: 1) Se trata de un hecho, no de una opinión o un testimonio, sino de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) Su difusión es simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir acompañado de imágenes; 3) Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo comunican, o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes la consolidación del hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el juez, a raíz de su comunicación; y 4) Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta”.

   Conforme al criterio antes expuesto el hecho comunicacional, puede ser falso, y en ese sentido puede ser opuesto y constatado, para lo cual en fecha 5 de diciembre de 2000, esta Sala dictó auto para mejor proveer mediante el cual se acordó la comparecencia por ante esta Sala de los ciudadanos O.G.A. y Y.V.G., a los fines de prestar declaración testimonial en torno a las publicaciones de prensa por ellos reseñadas, parcialmente transcritas en el texto de este fallo e igualmente se ordenó oficiar a los canales de televisión: Venezolana de Televisión (canal 8), Venevisión (canal 4) y Globovisión (canal 33), a los fines de informar las ocasiones, fechas y el contenido de las declaraciones suministradas por el ciudadano S.O.C. a los periodistas de los mencionados medios de comunicación en el lapso comprendido entre el 2 de octubre y 16 de octubre del presente año, así como la remisión de las copias de los archivos audiovisuales contentivos de las referidas declaraciones y la identificación del personal técnico responsable de certificar las mismas.

   En relación a la información requerida a los canales de televisión Venezolana de Televisión (canal 8), Globovisión (canal 33) y Venevisión (canal 4), la misma no fue suministrada a esta Sala. En cuanto a las testimoniales requeridas en el auto para mejor proveer dictado por esta Sala en fecha 5 de diciembre de 2000, se observa que en fecha 11 de diciembre de 2000 se llevó a cabo la declaración testimonial de los ciudadanos O.G.A. y Y.V.G., mayores de edad, titulares de la cédula de identidad número 2.874.42 y 11.029.333, respectivamente, domiciliados en Caracas y ambos de profesión periodistas, con motivo de las declaraciones del ciudadano S.O.C. publicadas en los diarios El Globo y El Universal en fecha 6 de octubre de 2000, quienes afirmaron lo siguiente:

   El ciudadano O.G.A. declaró haber cubierto y reseñado la noticia. Dijo que S.O.C. al emitir opinión en sus declaraciones “...anunció que el recurso no había sido admitido, ocasión para que se pronunciara en contra de una ilegalidad en su caso; declaró que se consideraba víctima y solicitaba justicia...” agregó que “La declaración más importante que yo consideré fue la enfilada contra la empresa INDRA, siendo que la acusaba de ladrona y que él insistía en llevar su caso al Tribunal Supremo y si era posible a instancias internacionales”.

   De igual forma, la ciudadana Y.V.G. declaró que la noticia fue cubierta y reseñada por ella, y que entre las declaraciones suministradas por el ciudadano S.O.C. ante los medios manifestó expresamente el conocimiento que tenía de la Resolución impugnada a los fines de recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia.

   Ahora bien, establecidas así las cosas, señala este Sentenciador que el hecho de que el ciudadano S.O.C.D. compareció en fecha 5 de octubre de 2000 ante la sede del referido órgano electoral, lo cual quedó reseñado en los medios de comunicación social, cumple con los requisitos establecidos a nivel jurisprudencial para ser considerado un hecho notorio comunicacional. Sin embargo en lo relativo a la argumentación que por vía de consecuencia sostiene el órgano recurrido en torno al conocimiento que tuvo el recurrente del contenido íntegro de la Resolución impugnada en esa misma fecha debe esta Sala realizar las consideraciones siguientes:

   Como antes se señaló no siempre la ausencia o realización defectuosa de la notificación produce indefensión o efectos perjudiciales en el administrado, como sería el caso de notificaciones que, a pesar de su imperfección, aún se pueden estimar, en virtud de ciertas actuaciones del interesado, que demuestran que no se le ha impedido conocer el contenido del acto y los recursos procedentes. El razonamiento que antecede, se encuentra hoy reforzado con las especificaciones en materia de una justicia sin formalismos inútiles introducido en nuestro ordenamiento jurídico por la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   A este respecto la legislación española ha señalado en el artículo 58.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Española que “Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación o interpongan el recurso procedente”.(negrillas de la Sala).

   Lo anterior se compagina con el hecho de que debe admitirse como notificación idónea la que derive del comportamiento del interesado que indiscutiblemente lleva a concluir que éste se haya enterado de la decisión, en consecuencia, la simple omisión de algunos de los requisitos de Ley en relación con la notificación, no es causa suficiente para estimarla inválida. Ha de demostrarse que las irregularidades o imperfecciones de la notificación, han perjudicado directamente al notificado, al causarle indefensión o restricción en el ejercicio de sus derechos, de lo contrario se podría llegar al extremo de colocar en situación precaria al interés público, la seguridad jurídica y el tráfico jurídico.

   Una interpretación “formalista” del régimen de la notificación, podría conducir a la protección de interesados de mala fe, que conociendo perfectamente del contenido del acto, pretendiesen valerse de irregularidades formales, para obstaculizar la eficacia del acto, es decir, su ejecutoriedad.

   Ahora bien, trasladando los argumentos anteriores al presente caso resulta evidente que el interesado se hizo presente en la oficina de la dependencia administrativa donde se tramitaba su asunto y luego de conocer el objeto y alcance de la decisión administrativa, pretende, no darse por enterado del contenido de la misma, a los fines de entorpecer la eficacia del acto administrativo. En esta hipótesis es obvio que el administrado demostró con las declaraciones reseñadas en la prensa saber la posibilidad de impugnación de l acto administrativo en cuestión y

   por tanto, no puede alegar indefensión por la omisión de la Administración, a menos que éste pruebe haberse hallado sin su culpa, en la imposibilidad de conocerlo, lo cual no fue manifestado ni probado en el expediente.

   Por el contrario, observa esta Sala que en las publicaciones de prensa traídas a los autos por los representantes del C.N.E., y de las testimoniales rendidas por los autores de las mismas se desprende el conocimiento por parte del recurrente de la resolución desestimatoria del recurso jerárquico por él interpuesto, lo cual resulta suficiente a los fines de garantizar el ejercicio de los medios de impugnación que proceden contra el referido acto y los términos para ejercerlos, requisitos establecidos en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo que ocasiona que a partir del momento en que tuvo conocimiento del contenido de la referida Resolución la misma produzca todos sus efectos. Así se decide.

   Así pues, el lapso de caducidad previsto en el artículo 237 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política comenzó a correr a partir del 5 de octubre de 2000, oportunidad en la cual el recurrente tuvo conocimiento de la Resolución impugnada , por lo que la interposición del recurso en fecha 7 de noviembre de 2000, resulta extemporánea y así se decide.

   V

   DECISIÓN

   Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano S.O.C.D., asistido de abogado, contra la decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación de este órgano jurisdiccional en fecha 16 de noviembre de 2000, en la que declaró inadmisible el recurso interpuesto por el mencionado ciudadano contra la Resolución Nº 001002-1834 dictada por el C.N.E. publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela Nº 77 del 17 de octubre de 2000, la cual se CONFIRMA.

   Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (07) días del mes de febrero del año dos mil uno (2001). Años 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

   El Presidente,

   A.M.U.

   El Vicepresidente,

   L.M.H.

   Magistrado Ponente,

   R.H.U.

   El Secretario,

   A.D.S.P.

   En siete (07) de febrero del año dos mil uno, siendo las nueve y cincuenta de la mañana (9:50 a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 9.

   El Secretario,

   Exp. 00123

   RAHU