Sentencia nº 589 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 9 de Abril de 2007

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: P.R. RONDÓN HAAZ

Consta en autos que, el 24 de octubre de 2006, los ciudadanos S.A. MATERANO RODRÍGUEZ y R.A.R.P., titulares de las cédulas de identidad n.os 5.630.844 y 3.781.027, respectivamente, mediante la asistencia del abogado Foilán R. Morillo M., con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 75.092, intentaron, ante el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, demanda de habeas data contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para cuya fundamentación denunciaron la violación a sus derechos al libre desenvolvimiento de su personalidad, a la tutela judicial eficaz, a la presunción de inocencia y a solicitar del Estado el restablecimiento de la situación jurídica que les hubiera sido lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados, que acogieron los artículos 20, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 30 de octubre de 2006, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo declaró su incompetencia para el conocimiento de la pretensión y ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional.

Después de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 21 de noviembre de 2006 y se designó ponente al Magistrado P.R. Rondón Haaz.

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1. Alegaron:

   1.1 Que “…en febrero de 1981 fu(eron) denunciados por la Ciudadana C.A.M. por el supuesto delito de violación y porte ilícito de armas, siendo procesados por el extinto Tribunal 2do Penal de (esa) Circunscripción Judicial el cual (los) condenó”.

   1.2 Que “…posteriormente en la apelación ejercida por (su) defensa el entonces Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Penal del T. delT. y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo (los) ABSOLVIÓ por los cargos formulados en (su) contra, (…) decisión esta que fue ratificada por la extinta Corte Suprema de Justicia, en fecha 2 de diciembre de mil novecientos noventa y dos (…)”.

   1.3 Que “…han transcurrido 15 años de haber sido absueltos mediante sentencia dictada por la extinta Corte Suprema de Justicia y hasta el presente esta(n) padeciendo las consecuencias de haber sido procesados por un sistema inquisitivo donde se (les) vulneraron todos (sus) derechos y continúan siendo vulnerados por cuanto el Sistema Judicial anterior y el de hoy no ha restituido a cabalidad (sus) derechos”.

   1.4 Que “…si bien es cierto que esta(n) en libertad, no menos cierto es que (siguen) siendo víctimas de la discriminación por cuanto cuando acud(en) a solicitar empleos a diferentes ramas del Poder Público y al ser chequeados (sus) datos (les) niegan toda la posibilidad porque (les) manifiestan que (tienen) ANTECEDENTES PENALES y que esos antecedentes son elementos que operan en contra (suya) para poder obtener un empleo digno”.

   1.5 Que esa “…situación de los antecedentes penales (les) ha llevado en distintas oportunidades a tener que ejercer otro tipo de trabajo distinto para el que fu(eron) formados, violentándose (sus) derechos consagrados en la Constitución tales como el derecho al trabajo y que influye de manera directa en el mantenimiento decoroso de (su) familia, al igual que se violenta el derecho a la presunción de inocencia y al libre desenvolvimiento de (su) personalidad, porque so(n) víctimas de las alcabalas en cualquier lugar del país cuando solicitan (sus) documentos”.

2. Denunciaron:

   La violación a los derechos al libre desenvolvimiento de su personalidad, a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a solicitar del Estado el restablecimiento de la situación jurídica que les hubiera sido lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados, que establecen los artículos 21, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto

3. Pidieron:

   …que (ese) tribunal decrete en base a la sentencia que consign(an) con (su) escrito y la fundamentación jurídica señalada, ordenar al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, así como al Ministerio de Interior y Justicia y a cualquier otro órgano del Poder Público, que sean excluidos en el sistema y borrados los antecedentes penales que todavía pesan sobre sus hombros y (les) están causando un daño irreparable

   .

   II

   DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

   El Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo declaró su incompetencia, por cuanto del escrito de los quejosos se evidencia que:

   …la solicitud se encuadra dentro del artículo constitucional 28 la (sic) cual señala con exactitud, que toda persona tiene derecho a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos registros oficiales o privados si afectasen ilegítimamente sus derechos, tal y como lo señaló el ciudadano en su escrito, por lo que obviamente se refiere a lo que la doctrina ha llamado Habeas Data, siendo esto así, este Tribunal axioma (sic) que no es competente para conocer sobre tal petición y así lo ha señalado nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia cuando en reiteradas decisiones como en fecha 14-03-2001 con ponencia del magistrado J.E. Cabrera, N° 2551 de fecha 24-09-2003 con ponencia del magistrado Antonio García García, N° 3561 de fecha 18-12-2003 con ponencia del magistrado P.R. Rondón Haaz; N° 2151 de fecha 14-09-2004 con ponencia del magistrado Antonio García García; y N° 2504 de fecha 29-10-2004 con ponencia del magistrado P.R. Rondón Haaz; han señalado que la competencia es exclusiva de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (…)

   .

   III

   DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

   La Sala observa que la declinatoria de competencia que hizo el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo se fundó en que estimó que la demanda de autos no era un amparo, sino una demanda de habeas data, bajo la fundamentación que se transcribió supra.

   Ciertamente, esta Sala ha hecho la distinción entre una y otra pretensión con el fin de la determinación del tribunal con competencia para el conocimiento de los derechos que se incluyen en el artículo 28 constitucional. La distinción entre amparo o habeas data se basa en que, a través de la primera no se pueden constituir derechos, sino restablecer los mismos. Por tanto, cuando se denuncie una violación a alguno de los derechos que enumera el artículo 28 de la Constitución, la vía idónea y procedente es el amparo; en cambio, cuando la circunstancia no constituya ninguna denuncia de violación concreta, sino la solicitud de actualización, rectificación, destrucción de datos falsos o erróneos, procede una demanda de habeas data.

   Esta Sala, en decisión nº 1050 de 23 de agosto de 2000 (Caso: R.C. y otros), estableció lo siguiente:

   “...esta Sala debe previamente dilucidar si es competente para conocer de la presente acción, si es que ella se trata de un amparo constitucional, ya que en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no fundan los actores sus pedimentos, si se trata de otra que pueda conocer como respuesta al ejercicio de un derecho constitucional. De tratarse de un amparo constitucional, esta Sala será competente, como también lo sería si lo incoado es una acción prevista en la Carta Fundamental para que los derechos constitucionales se apliquen de inmediato, y así se declara.

   Para decidir la Sala observa:

   El artículo 28 de la vigente Constitución establece el derecho de las personas a conocer la información que sobre ellas, hayan sido compiladas por otras. Dicha norma reproduce un derecho reconocido en varios países como Suecia, Noruega, Francia y Austria, entre otros. Tanto el Estado, como los particulares, mediante diversas formas de compilación de datos: manuales, computarizados, etc., registran y almacenan datos e informaciones sobre las personas o sobre sus bienes, y en vista que tal recopilación puede afectar la vida privada, la intimidad, el honor, la reputación, la vida económica y otros valores constitucionales de las personas naturales o jurídicas, la Constitución, para controlar tales registros, otorga varios derechos a la ciudadanía que aparecen recogidos en el artículo 28 citado. Estos derechos son:

   1) El derecho de conocer sobre la existencia de tales registros.

   2) El derecho de acceso individual a la información, la cual puede ser nominativa, o donde la persona queda vinculada a comunidades o a grupos de personas.

   3) El derecho de respuesta, lo que permite al individuo controlar la existencia y exactitud de la información recolectada sobre él.

   4) El derecho de conocer el uso y finalidad que hace de la información quien la registra.

   5) El derecho de actualización, a fin que se corrija lo que resulta inexacto o se transformó por el transcurso del tiempo.

   6) El derecho a la rectificación del dato falso o incompleto.

   7) El derecho de destrucción de los datos erróneos o que afectan ilegítimamente los derechos de las personas.

   Se trata de derechos que giran alrededor de los datos recopilados sobre las personas o sobre sus bienes, por lo que se requiere un interés, personal, legítimo y directo en quien ejerza estos derechos, ya que es la información sobre su persona y bienes el que lo origina. Basta leer el artículo 28 de la vigente Constitución, para que todos estos derechos puedan identificarse. Dicha norma reza:

   ‘Toda persona tiene derecho de acceder [derecho de acceso] a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes [necesidad de interés personal y directo] consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso [derecho de conocimiento] que se haga de los mismos y su finalidad [derecho de conocer uso y finalidad], y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos [derecho de respuesta, actualización, rectificación y destrucción]. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley’. (Corchetes de la Sala).

   Como se evidencia de la lectura de la norma, quien quiere hacer valer estos derechos (que conforman el habeas data), lo hace porque se trata de datos que le son personales, y ello mediante una acción que aun no ha desarrollado la ley, lo que a juicio de esta Sala no impide -que mientras la ley la establezca- se incoe mediante el recurso de amparo constitucional, si es que la infracción de los derechos que otorga el artículo 28 citado, lesionan la situación jurídica de las personas. Quien no alega que el habeas data se solicita para obtener información sobre sus datos registrados, carece de interés legítimo en tal acción, ya que no hace uso del derecho que otorga dicha norma, con los otros derechos que nacen de la misma, los cuales giran alrededor de las informaciones personales. (Destacado de esta Sala).

   En este orden de ideas, en sentencia del 14 de marzo de 2001 (caso: INSACA), la Sala ratificó su competencia para el conocimiento de las demanda de habeas data, así:

   Ha sido criterio de esta Sala, sostenido en fallos de 20 de enero y 1º de febrero de 2000, que las normas constitucionales tienen vigencia plena y aplicación directa, y que cuando las leyes no han desarrollado su ejercicio y se requiere acudir a los tribunales de justicia, debido a la aplicación directa de dichas normas, es la jurisdicción constitucional, representada por esta Sala Constitucional, la que conocerá de las controversias que surjan con motivo de las normas constitucionales aun no desarrolladas legislativamente, hasta que las leyes que regulan la jurisdicción constitucional, decidan lo contrario.

   Con esta doctrina la Sala evita la dispersión que ocurre en otros países, donde la acción de habeas data que se incoa autónomamente, ha sido conocida por Tribunales Civiles, o de otra naturaleza, tomando en cuenta la afinidad de la materia que conoce el tribunal con la que se pretende ventilar con el habeas data.

   Existiendo en el país una Sala Constitucional, específica para conocer lo relativo a las infracciones de la Carta Fundamental, no parece lógico, ante el silencio de la ley, atribuir el conocimiento de estas causas a tribunales distintos. Tal interpretación es vinculante a partir de esta fecha y así se declara. Ahora bien, en cuanto a los amparos por infracción del artículo 28 constitucional, se aplican las disposiciones y competencias ordinarias en la materia

   (destacado de esta Sala).

   En el caso de autos, la pretensión que se dedujo en la demanda es la destrucción o exclusión de una información que, según se denunció, afecta ilegítimamente los derechos de los demandantes, hecho que se subsume en lo que se denomina habeas data, razón por la cual esta Sala Constitucional declara su competencia. Así se declara.

   IV

   ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN

   Luego del análisis de la pretensión de habeas data que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento con los requisitos que exige el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece los requerimientos necesarios para la interposición de acciones o demandas ante este Máximo órgano jurisdiccional, así como con los que han sido dispuestos jurisprudencialmente por esta Sala Constitucional, en el caso específico de habeas data, ante la falta de desarrollo legislativo que hasta la presente ha tenido la referida figura constitucional.

   Al respecto, ha establecido esta Sala, mediante sentencia n° 1281 de 26 de junio de 2006, expediente 05-1964 (caso: P.R.C.M.), lo siguiente:

   “En primer lugar, debe aclararse que la acción de habeas data no procede contra cualquier tipo de información almacenada en la variedad de archivos y registros con los que cuentan nuestro país; de la lectura del citado artículo 28, se deduce que el derecho a conocer, y el llamado habeas data en general, no funciona en relación a expedientes personales de orden laboral que reposan en un archivo, a datos sueltos que alguien tenga sobre otro, anotaciones en diarios o papeles domésticos o comerciales, sino que funciona con sistemas -no solo informáticos- de cualquier clase de ordenación de información y datos sobre las personas o sus bienes, con fines de utilizarlos en beneficio propio o de otros, y que real o potencialmente pueden serlo en forma perjudicial contra aquellos a que se refiere la recopilación, se trata, por lo tanto, de bancos de datos, no referidos a alguien en particular, con independencia de que estén destinados a producir informaciones al público. Los registros objeto del habeas data, como todo registro, son compilaciones generales de datos sobre las personas o sus bienes ordenados de forma tal que se puede hacer un perfil de ellas, de sus actividades, o de sus bienes; los registros oficiales y los privados, objeto de la norma, tienen un sentido general, ellos están destinados a inscribir documentos, operaciones, actividades -entre otros- de las personas en determinados campos o temas, por lo que se trata de codificaciones de series de asuntos que forman patrones, matrices y asientos temáticos. (Vid. Fallo Nº 332, del 14 de marzo de 2001. Caso: INSACA).

   Así pues, los archivos electrónicos llevados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, ya han sido considerados por esta Sala como recopilaciones de datos susceptibles de ser impugnados a través de la acción de habeas data, toda vez que los mismos cumplen con las condiciones necesarias para que les sea aplicable la definición de registro establecida en la referida norma constitucional, por lo que en el presente caso, se observa que se encuentra satisfecha la condición referente al tipo de base de datos contra las que puede interponerse la mencionada acción, toda vez que el ciudadano P.R.C.M. pretende la eliminación de unos datos contenidos en el Sistema de Información Policial llevado por ese Cuerpo.

   Ahora bien, establecido lo anterior debe analizarse si la acción incoada cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos en el párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para tal fin es necesario observar el contenido de dicha norma la cual establece que:

   ‘(…)Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada’. (Resaltado de este fallo.)

   Advierte la Sala que ya en la decisión número 599, dictada el 20 de marzo de 2006, fue verificada la competencia de este Máximo órgano jurisdiccional para conocer de la acción de habeas data interpuesta por el ciudadano P.R.C.M., y en esta oportunidad constata que no existe caducidad, prescripción o inepta acumulación en dicha acción; sin embargo, resulta pertinente hacer algunas consideraciones específicas sobre la consignación del documento indispensable para el caso del habeas data, a pesar de que su falta de consignación fue subsanada en la oportunidad en la que se requirió información al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas con respecto al accionante.

   El referido párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece -entre otras causales- que la falta de consignación del documento indispensable o fundamental acarrea la declaratoria de inadmisibilidad de las acciones, solicitudes o recursos interpuestos; no obstante, en el caso específico del habeas data intentado contra información compilada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, esta Sala a través de sus fallos ha considerado como documento indispensable aquel ‘(…) que demuestre fehacientemente que existen los supuestos registros que lleva el señalado organismo policial, motivo por el cual, la situación jurídica en que ésta funda su acción, tendiente a que se corrija la información –corrección a la que tiene derecho conforme al artículo 28 de la Constitución- [sin dicha documental] no goza presunción alguna de objetividad, que le permita al juez entrar a conocer de la solicitud interpuesta.’ (Vid. Fallo Nº 2617, del 12 de agosto de 2005. Caso: M.Y.R.).

   De la citada decisión se desprende que el carácter que se le da al documento fundamental, en el caso específico del habeas data, es el de documento ad probationem, ya que al menos este prueba la concurrencia de los hechos constitutivos del acto lesivo -demuestra los hechos reales y concretos alegados-.

   Ahora, si bien es cierto que es necesario la consignación del documento fundamental junto con la solicitud de habeas data, no escapa del conocimiento de esta Sala que, la obtención de esa información que pudiera servir como documento indispensable o fundamental, probatorio de la existencia de los datos o registro presuntamente lesivos de derechos, no resulta del todo sencilla, más aun en el entendido de que el manejo y utilización de los datos llevados por los organismos a los cuales la Ley asigna la creación o el manejo de archivos que contengan información personal, -organismos dentro del cual se encuentra el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas- debe ser empleada con estricta observancia, tanto de las normas constitucionales y legales sobre la libertad personal y las restricciones o privación de la misma, aunado al hecho de que mediante interpretación extensiva de las normas que regulan el Registro de Antecedentes Penales, esta Sala estableció que los registros policiales tienen el carácter de secretos. (Vid. fallo N° 2504 del 29 de octubre de 2004. Caso: M.I.M.H.).

   En virtud de tal problemática y a los fines de no crear en cabeza del accionante obligaciones que puedan de alguna forma impedir el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos, entre ellos por supuesto el contemplado en el artículo 28 del Texto Fundamental, y dado el carácter secreto de dichos registros, esta Sala, como garante y protectora de los derechos constitucionales, solicitó directamente en el presente caso, al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, información sobre la posible existencia de un procedimiento interno que pudiera dar respuesta concisa y fehaciente a los requerimientos de exclusión o corrección de datos -por parte de los presuntos afectados-, que de ser erróneos o inexactos permaneciesen en la base de datos del Sistema de Información Policial, así como información con respecto a las solicitudes que, sobre el accionante, pudieran constatarse en dicho Sistema.

   En efecto, el 28 de abril de 2006, fue recibido en esta Sala oficio número 9700-003-3011, proveniente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, mediante el cual, el Asesor Jurídico Nacional -Experto Profesional Especialista III-, informó lo siguiente:

   ‘(…)