Decisión nº KP02-N-2009-000339 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 14 de Octubre de 2009
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2009 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Freddy Josue Duque Ramirez |
| Procedimiento | Recurso De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Barquisimeto, catorce de octubre de dos mil nueve
199º y 150º
ASUNTO: KP02-N-2009-000339
PARTE DEMANDANTE: SINDICA PROCURADOR MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO, ciudadana BELKYS S.V., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 5.498.850.
PARTE DEMANDADA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO.
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO EMANADO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO.
En fecha 11/03/2009, se recibió en este Tribunal Superior proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civil del Estado Lara, el escrito libelar y sus anexos interpuesto por la abogada Belkys S.V.D.R., titular de la cédula de identidad Nº 5.498.850, actuando en su condición de Sindico Procuradora Municipal del Municipio Valera del Estado Trujillo, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra la Resolución Administrativa Nº 153, de fecha 17 de Noviembre del 2008, dictada por el ciudadano J.R.A., quien para la fecha ejercía funciones de Alcalde Encargado de la Alcaldía del Municipio Valera del Estado Trujillo, y posteriormente mediante auto dictado en fecha 13 de marzo del 2009, este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 21 aparte décimo de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ordenó solicitar los antecedentes administrativos relacionados con el presente caso, como actuación previa a la verificación de la procedencia del Recurso de Nulidad conforme a lo previsto en el artículo 19 eiusdem como normativa aplicable a los juicios contenciosos administrativos de anulación.
En fecha 31 de julio del 2009, se recibe comisión con boleta de notificación dirigida al ciudadano Director de Recursos Humanos de la Alcaldía Comunitaria Bolivariana del Municipio Valera del Estado Trujillo y estando dentro de la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la jurisprudencia y demás leyes especiales que rigen la materia.
El objeto del presente Recurso de Nulidad delimita su pretensión a la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 153, de fecha 17 de Noviembre del 2008, dictada por el ciudadano J.R.A., en el ejercicio de sus funciones como Alcalde Encargado de la Alcaldía del Municipio Valera del Estado Trujillo, mediante la cual se resolvió nombrar a la ciudadana Caldera R.O.T., de manera permanente en el cargo de Técnico Inspector.
Alega la recurrente que “…el Ciudadano Alcalde encargo con fundamento a las atribuciones que le confiere la Ley procedió a otorgar resoluciones, donde resuelve ingresar como personal fijo a una gran cantidad de personas que prestaban sus servicios para el Municipio bajo la modalidad de empleados contratados y trabajadores contratados, entre los cuales se encuentra el ciudadano R.H.J.,..….” continua señalando en su escrito que “…con el otorgamiento masivo de estas resoluciones, el Alcalde encargado subvirtió el Orden Legal (sic) establecido para los actos de la administración Pública, creándose una incertidumbre jurídica en su funcionamiento y vulnerando el principio de legalidad por el que se rigen…”.
Que “…se desconoce las disposiciones que sobre el régimen aplicable al personal contratado y sobre el ingreso a cargos de carrera en la Administración Pública establece la Ley del Estatuto de la Función Pública, por cuanto se pretendió ingresar el ciudadano R.H.J., a la Administración Pública para desempeñar cargo de carrera por una vía diferente a la establecida en esta Ley (sic)…”.
Que “Ante esta situación irregular que fue verificada y analizada por el actual Alcalde del Municipio Valera del estado Trujillo (sic) Profesor T.C.M., al inicio de su gestión en fecha 16 de diciembre de 2.008; consideró la necesidad de restaurar el orden jurídico infringido, en el régimen del personal de la Alcaldía de Valera, sin menoscabar el derecho a la defensa y el debido proceso que les asiste a los trabajadores y empleados conforme a la Ley” y que “…el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 153, de fecha 17 de noviembre de 2008 fue producido en abierto desacato al ordenamiento jurídico que lo vicia de nulidad por ilegalidad…”.
Invocó disposiciones constitucionales y legales, a saber, 146 y 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 19 y 40 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 19 numerales 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Precisado lo anterior, no puede dejar de observar este Juzgado Superior con cierta atención, lo sujetos procesales que integran ad initio la presente relación jurídica procesal, a saber, Sindica Procuradora Municipal de la Alcaldía del Municipio Valera del Estado Trujillo, en su condición de parte recurrente y, Alcaldía del Municipio Valera del Estado Trujillo, parte recurrida, conforme a los términos en que ha sido interpuesto el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad acompañado conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos. Tal observación resulta relevante en el marco de lo que constituye la jurisdicción contencioso administrativa prevista en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que la regulan, pues en principio se concibe que en el ejercicio de la acción en esta materia es el administrado o particular quien ostenta la legitimación activa para emprender pretensiones anulatorias o de nulidad contra actos administrativos de efectos particulares que trascienden en su esfera jurídica; de allí que se ha establecido en nuestro derecho administrativo como excepción al axioma venire contra factum proprium non valet, es decir, que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, el principio de autotutela referido a la revisión de los actos en sede administrativa consagrada en el Titulo IV, Capitulo I, artículos 81, 82, 83 y 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Las disposiciones normativas supra citadas, representan una potestad conferida a la Administración Pública que le permiten realizar actuaciones sin el auxilio inmediato o mediato de un órgano jurisdiccional, tendientes a lograr por sí misma la materialización de distintas figuras, a saber, la convalidación de actos administrativos cuando presenten vicios de nulidad relativa; la revocación, para aquellos actos que no hayan originado derechos e intereses legítimos en sus destinatarios; la nulidad, cuando el acto administrativo adolece de vicios de tal magnitud que implica una violación al ordenamiento jurídico no pudiendo ser objeto de convalidación, por lo que la facultad anulatoria de éstos concedida a la Administración, inclusive si el acto hubiese creado derechos, puede ser ejercida en cualquier tiempo, lo que la hace imprescriptible y con efectos ex tunc; y por último, la corrección de errores materiales en que hubiere incurrido al momento de la configuración de un acto administrativo.
Cabe resaltar que, entre las competencias que comprenden el ejercicio de funciones del Síndico o Sindica Municipal están esencialmente las de representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Municipios y actuar en los juicios contenciosos administrativos que involucren al Municipio con ocasión a los recursos de nulidad interpuesto por terceros, pues un proceso compuesto como en el caso de autos, según destaca el profesor G.D.E., devendría en un falseamiento del contencioso administrativo y una interpretación equivocada de los actos propios, por lo que critica la necesidad de que la Administración tenga que acudir a la vía procesal para lograr la anulación de sus actos declarativos de derechos, cuando a su criterio éstos se encuentren afectados de vicios de nulidad absoluta.
Así las cosas, y sin que ello implique pronunciamiento alguno por parte de este Tribunal Superior sobre la legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 153, de fecha 17 de Noviembre del 2008, dictada por el Alcalde Encargado de la Alcaldía del Municipio Valera del Estado Trujillo, cabe advertir que la naturaleza de orden público por lo vicios de nulidad absoluta que presente un acto administrativo es lo que impide que puedan producir eficazmente sus efectos jurídicos y tales vicios son los que justifican que en el ámbito administrativo se haya otorgado a la Administración Pública la potestad de reconocer y declarar la nulidad absoluta de los actos dictados por ella, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos y el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; declaratoria que constituye un poder y un deber que responde al interés objetivo del ordenamiento jurídico y al interés general, en razón de que aquel acto viciado de nulidad absoluta es incapaz de originar derechos a favor de persona alguna, pues se entiende que el mismo nunca existió lo cual justifica que la potestad anulatoria de la Administración no se vea limitada en estos casos.
En tal sentido, merece especial referencia la sentencia Nº 1033, de fecha 11 de Mayo del 2000, caso: A.F.G., dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se pronunció en los términos siguientes:
…los actos administrativos declarativos de derechos a favor de los particulares, una vez que adquieren firmeza, por haberse vencido los lapsos para su impugnación, se tornan irrevocables, aun en los casos de que adolezcan de algún vicio que los haga anulables. No así, si están viciados de nulidad absoluta.
(…Omissis…)
Por otro lado, la potestad declaratoria de nulidad que está prevista en el artículo 83 ejusdem, cuando autoriza a la Administración para que, en cualquier momento, de oficio o a instancia del particular, reconozca la nulidad absoluta de los actos por ella dictados. De allí que la Ley consagre la irrevocabilidad de los actos creadores de derechos a favor de los particulares, pero un acto viciado de nulidad absoluta –en sede administrativa- no es susceptible de crear derechos.
(…Omissis…)
No obstante lo anterior, si bien el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos consagra la posibilidad de revisar en cualquier momento de oficio o incluso a solicitud de particulares, actos administrativos, esa facultad debe ejercerse siempre y cuando se detecte alguno de los vicios de nulidad absoluta señalados taxativamente en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
(…Omissis…)
…puede y debe la Administración declarar la nulidad de oficio, en cualquier momento, aquellos actos suyos contrarios a derecho y que se encuentren afectados de nulidad absoluta…
Tal potestad anulatoria en cabeza de la propia Administración, encuentra igualmente su justificación, respecto al hecho de que en la concepción del contencioso administrativo venezolano no está regulada la figura del Recurso o Acción de Lesividad, que a diferencia de las legislaciones extranjeras como en el caso de Colombia, España, entre otras; se concibe a ésta acción como la existencia de un proceso especial en el que la propia Administración Pública que dictó el acto objeto de la pretensión de nulidad adopta la posición de recurrente al demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa su anulación. Por lo que en este orden de ideas, considera necesario este Tribunal Superior trasladarse a lo dispuesto en el artículo 19 numeral 5, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece lo siguiente:
Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante recurrente o accionante; o en la cosa juzgada…
. (Resaltado del Tribunal).
De las causales de inadmisibilidad contenidas en la norma ut supra citada destaca la referida a aquellos supuestos que expresamente disponga la ley, lo cual según se ha venido señalando en razón del principio de autotutela, nos remite al artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de cuyo contenido se desprende lo siguiente:
La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella
.
Así, resulta evidente que ante la existencia de mecanismos conferidos a la Administración para extinguir del mundo jurídico sus propios actos contrarios a derecho por estar viciados de nulidad absoluta, se estima que es ésta la vía de que ha debido valerse la Alcaldía del Municipio Valera del Estado Trujillo para procurar lo pretendido mediante la interposición del presente Recuso Contencioso Administrativo de Nulidad, todo ello en el supuesto de considerar que los actos administrativos que pretenda anular efectivamente están viciados conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Por otra parte, debe este Tribunal señalar que el principio de autotutela no puede obrar de manera indiscriminada y por consiguiente tiene que estar consustanciado con el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales deben aplicarse y respetarse en cualquier procedimiento judicial o administrativo de que se trate y que se traducen en una diversidad de derechos y garantías para el interesado favorecido del acto administrativo objeto de revisión por parte del órgano administrativo. Al efecto, la jurisprudencia nacional ha establecido que la Administración Pública al hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, podrá seguir el procedimiento administrativo ordinario o el procedimiento administrativo sumario, debido a que en Titulo IV, Capitulo I, artículos 81, 82, 83 y 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, “De la Revisión de Oficio” no se estableció ningún procedimiento para el ejercicio de las potestades allí conferidas y especialmente en casos de declaratoria de nulidad absoluta de sus propios actos. (Sentencia Nº 1, de fecha 17 de Enero de 1996, dictada por la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia).
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 19 numeral 5, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, estima que el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de Efectos, debe ser declarado Inadmisible y así se decide.
DECISIÓN
En razón de lo anterior, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Occidental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara:
Inadmisible el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de Efectos interpuesto por la Sindica Procuradora Municipal del Municipio Valera del Estado Trujillo, en contra de la Resolución N° 153, de fecha 17 de Noviembre del 2008, dictada por el Alcalde Encargado de la Alcaldía del Municipio Valera del Estado Trujillo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 numeral 5, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión.
Notifíquese a la Sindica Procuradora Municipal del Municipio Valera del Estado Trujillo, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
El Juez Titular
Dr. F.D.R.
La Secretaria
Abg. S.F.C.s
FDR/mpg
L.S. Juez Titular (fdo) Dr. F.D.R.. La Secretaria (fdo) abogada S.F.C.. La suscrita Secretaria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Barquisimeto a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
La Secretaria,
Abog. S.F.C.
