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La situación del país en materia de drogas se está poniendo caótica

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Vincent

Mildred Camero cree que la reciente reforma a la legislación sobre drogas in tenta darle un barniz de legalidad a la apropiación indebida de los bienes decomisados a presuntos narcotraficantes en averiguaciones penales. La ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas advirtió que muchos de esos bienes se han extraviado o están siendo utilizados por funcionarios con fines personales. Â El mes pasado se reformó la legislación antidrogas. Hay preocupación por el destino de los bienes incautados en averiguaciones sobre estos delitos, especialmente por la incorporación de normas que permiten al Gobierno disponer de los bienes apenas son decomisados. Â Pareciera que la ley fue re formada para buscar dinero a como dé lugar, simplemente. Tiene un carácter de índole económico; el articulado sólo apunta a la emancipación económica de la Oficina Nacional Antidrogas. Tanto, que en este momento la ONA es un poder con más dinero que muchos ministerios. Llama la atención la forma tan descarada como el Estado se apropia de los bienes, independientemente de que la persona sea un delincuente o no, o de su procedencia. Pero no hay un proceso transparente, con pruebas ventiladas en los tribunales, para determinar si los bienes son de origen ilícito. Un Estado decomisa no para que alguien se quede con los bienes, sino para luchar contra las drogas. Â ¿Qué está sucediendo entonces con los bienes confiscados? Â La información que recibo es que se han desaparecido. Eso me lo dicen porque no hay claridad con respecto al manejo de esos bienes. Claro, si los decomisan e inmediatamente comienzan a utilizarlos, ¿qué se le va a devolver a la persona que es absuelta? Nada. Debe haber otras formas de proteger esos bienes, pero sin necesidad de que los funcionarios los utilicen. Eso es corrupción. Â Sin embargo, eso es lo que se está viendo. Ya se han realizado entregas públicas de los bienes confiscados, como la flota de vehículos que entregaron a la policía judicial, inclusive antes de que la ley fuera reformada. Â Esa es una violación expresa de las normas. Pero eso se ha venido haciendo. Han facultado a un órgano administrativo para que realice investigaciones penales, cuando la Constitución no le da funciones policiales. Lo que no entiendo es cómo el Poder Judicial admite actuaciones de la ONA. Mildred Camero de inmediato hubiera anulado esas actas; son ilegales. Esa gente no tiene poder para hacer investigación policial. Â Además, la...

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