Sentencia nº 51 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 10 de Junio de 2008

En fecha 28 de mayo de 1998, la abogada Renza M.R.I., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 38.985, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sucesión del causante H.S.R., ciudadanos: A.S.R., E.S.R., S.S.R., F.S. DE HERNÁNDEZ, E.S.R., C.S. RIVAS DE RAMOS, M.S.R., A.S.R., M.E.S.D.M., I.S.R. y MARÍA DE LA P.S.D.H., interpuso por ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador, Campo Elías, S.M. y Aricagua de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, demanda de nulidad de venta y tacha de documento autenticado, contra los ciudadanos A.S.G. y M.C.R. deS..

En fecha 03 de junio de 1998, se le dio entrada a la demanda y la misma fue admitida.

En fecha 25 de junio de 1998, se dio cuenta de la citación de los demandados, la cual fue practicada en fecha 22 del mismo mes y año.

Posteriormente, el apoderado de los demandados solicitó al Juez de los Municipios en referencia se declare incompetente para conocer del caso, y decline la competencia en un Juzgado de Primera Instancia Agraria.

En fecha 05 de agosto de 1998, el Juzgado Primero de los Municipios Libertador, Campo Elías, S.M. y Aricagua de la Circunscripción Judicial del estado Mérida se declaró incompetente para conocer de la demanda de nulidad de venta y tacha de documento autenticado interpuesta, y declinó la competencia en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial.

En fecha 12 de agosto de 1998, la representación judicial de la parte demandada solicitó la regulación de competencia, alegando que el conocimiento de la causa correspondía a un tribunal agrario.

En fecha 17 de septiembre de 1998, el Juez de los Municipios Libertador, Campo Elías, S.M. y Aricagua de la Circunscripción Judicial del estado Mérida dicto un auto ordenando remitir el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, en virtud de su sentencia de fecha 05 de agosto de 1998.

En fecha 18 de septiembre de 1998, el referido Juez de Municipio revocó el auto dictado el día anterior.

Mediante auto de fecha 21 de septiembre de 1998, dicho Juzgado ordenó la remisión de las copias certificadas del expediente al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil y Mercantil de dicha Circunscripción Judicial.

En fecha 23 de septiembre de 1998, el apoderado de la parte demandada ejerció recurso de apelación contra el auto dictado el 21 de septiembre de 1998.

En la misma fecha, el Juez Primero de los Municipios Libertador, Campo Elías, S.M. y Aricagua de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, se inhibió de seguir conociendo de la causa.

Vista la inhibición planteada, en fecha 07 de octubre de 1998, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Segundo de los Municipios Libertador, Campo Elías, S.M. y Aricagua de la misma Circunscripción Judicial, para que continuara conociendo de la causa.

En fecha 19 de enero de 1999, se dio por recibido el expediente en el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador, Campo Elías y Aricagua de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

En fecha 24 de marzo de 1999, el Juez Segundo de Municipio mencionado se inhibió de conocer de la causa.

Por tal motivo, por auto de la misma fecha, el aludido Juez ordenó la remisión del expediente al Juzgado Primero de los Municipios Libertador, Campo Elías y Aricagua de la misma Circunscripción Judicial, para que continuara conociendo de la causa.

En fecha 05 de abril de 1999, el Juez Primero de los Municipios Libertador, Campo Elías, S.M. y Aricagua de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, como quiera que anteriormente también se había inhibido, convocó al Juez suplente.

En fecha 04 de mayo de 1999, renunció al cargo de Juez Primero de Municipio antes mencionado y el Juez suplente asumió el mismo como provisorio.

En fecha 06 de mayo de 1999, el Juez Primero de Municipio suplente oyó en ambos efectos la apelación formulada en fecha 23 de septiembre de 1998 y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil (Distribuidor).

En fecha 24 de mayo de 1999, se dio por recibido el expediente en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

En fecha 03 de agosto de 1999, el Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, declaró que el conocimiento de la presente causa correspondía a la jurisdicción agraria, específicamente al Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la referida Circunscripción Judicial, con sede en El Vigía.

En fecha 09 de agosto de 1999, el apoderado judicial de la parte actora solicitó la regulación de competencia.

En fecha 13 de agosto de 1999, el Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Mérida negó la solicitud de regulación de competencia por extemporánea.

En fecha 28 de septiembre de 1999, el apoderado judicial de la parte actora solicitó nuevamente la regulación de competencia.

En fecha 11 de octubre de 1999, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, admitió la solicitud de regulación de competencia y ordenó remitir copia certificada de la misma al Juez Superior Civil (Distribuidor) de la citada Circunscripción Judicial, para que decidiera.

En fecha 19 de octubre de 1999, se recibió el expediente en el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

En fecha 22 de octubre de 1999, el apoderado de la parte actora consignó en autos la sentencia de un tribunal penal que condenó a los demandados por forjamiento de documento.

En fecha 19 de mayo de 2000, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, declaró “…sin lugar la solicitud de regulación de competencia…”, y que corresponde conocer de la presente causa al Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la antes citada Circunscripción Judicial, con sede en El Vigía.

En fecha 11 de junio de 2001, el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la referida Circunscripción Judicial, asumió la competencia para conocer de la causa.

En fecha 14 de junio de 2001, dicho Juzgado anuló el auto de admisión dictado el 03 de junio de 1998 por el Tribunal Primero de los Municipios Libertador, Campo Elías, S.M. y Aricagua de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

En fecha 23 de abril de 2003, el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, se declaró incompetente para conocer y decidir la presente causa en razón de la materia, y declinó la competencia en el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

En fecha 06 de abril de 2004, la parte demandada solicitó la regulación de la competencia, y mediante auto de fecha 12 de abril de 2004, el Juez admitió la solicitud y ordenó la remisión de las actuaciones al Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas.

En fecha 24 de mayo de 2004, se recibió el expediente en el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas.

En fecha 31 de mayo de 2004, el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas solicitó de oficio la regulación de la competencia ante la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 11 de junio de 2004, se recibió el expediente en la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social y, el 29 de junio de 2004, se designó ponente a la Conjueza, Nora Vásquez de Escobar.

Mediante sentencia de fecha 07 de octubre de 2004, la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social se declaró incompetente para conocer la presente causa, y declinó su conocimiento en la Sala de Casación Civil.

En fecha 25 de noviembre de 2004, se recibió el expediente en la Sala de Casación Civil y, en fecha 07 de diciembre de 2004, se designó ponente al Magistrado Carlos Oberto Vélez.

Mediante sentencia de fecha 24 de febrero de 2006, la Sala de Casación Civil declaró su incompetencia para conocer del asunto y ordenó remitir las actuaciones a la Sala Constitucional.

En sentencia de fecha 25 de julio de 2007, la Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado M.T. Dugarte Padrón, declaró que corresponde a la Sala Plena conocer y decidir la regulación de competencia.

II

DE LA DEMANDA

Mediante escrito presentado en fecha 28 de mayo de 1998, la apoderada de la parte accionante, a los fines de fundamentar la presente acción de nulidad de venta y tacha de documento, señaló que el ciudadano H.S.R. procreó catorce (14) hijos, de los cuales once (11) son sus mandantes, todos mayores de edad; y al fallecer dejó varios lotes de terrenos destinados a la explotación agrícola y a la cría, así como también una serie de bienhechurías construidas sobre dichos terrenos.

Continuó relatando, que los mencionados bienes inmuebles fueron adquiridos por el de cujus por herencia a la muerte de su primera esposa y madre de sus mandantes, en razón de lo cual, en fecha 27 de junio de 1997, dicha apoderada procedió a realizar la correspondiente declaración sucesoral ante el Ministerio de Hacienda.

Seguidamente, señaló que las autoridades del Ministerio de Hacienda Región Los Andes, le informaron sobre otra declaración sucesoral consignada en fecha 10 de junio de 1997 por la ciudadana M.C. deS., en su condición de segunda cónyuge y viuda del causante, en la cual la mencionada ciudadana declaró un sólo bien de la sucesión y, señaló como únicos herederos del de cujus a su persona y los tres (3) menores hijos habidos en su matrimonio con el mismo, mostrando con ello, según afirma la apoderada, su mala fe al descartar como herederos a los accionantes.

Prosiguió relatando, que la referida ciudadana trató de vender un ganado propiedad de la sucesión a espaldas de sus mandantes, y cuando éstos se enteraron de la negociación que se pretendía realizar procedieron a paralizarla, contando para ello con la colaboración de la Guardia Nacional; añadiéndo que ese día la ciudadana M.C. deS. estaba acompañada del ciudadano A.S.G., quién alegó ser el legítimo propietario de los bienes dejados por el causante, según documento otorgado por ante la Notaría Pública Primera de Mérida, en fecha 20 de septiembre de 1994.

Agregó, que cuando sus mandantes observaron la firma que suscribía el documento, se percataron de que no era la de su padre y así se lo hicieron saber a ella, por lo que procedieron a formular la correspondiente denuncia ante el entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial, el cual, una vez concluidas las averiguaciones, remitió el expediente a los Juzgados de Primera Instancia Penal de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

Mediante sentencia de fecha 19 de octubre de 1999, expediente 97/8886, el Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Penal Transitorio de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, condenó al ciudadano A.S.G. a cumplir pena de tres (3) años y tres (3) meses de prisión, por la comisión del delito de Forjamiento de Documento, y a la ciudadana M.C.R. deS. a cumplir la pena de diecinueve (19) meses y quince (15) días de prisión, por su participación en grado de complicidad.

Por todas estas razones, solicitó la tacha por vía principal del mencionado documento de venta, y consecuentemente la declaratoria de nulidad de la venta.

Finalmente estimó el monto de la demanda en TRES MILLONES QUINCE MIL BOLÍVARES (Bs. 3.015.000,00), equivalentes a la cantidad de TRES MIL QUINCE BOLÍVARES FUERTES. (Bs. F. 3.015, 00).

III

DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA

En fecha 03 de agosto de 1999, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, dictaminó como sigue:

ÚNICO:

Que del estudio efectuado al libelo de la demanda que encabeza las presentes actuaciones y que fue admitida por el JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR, CAMPO ELÍAS, S.M. Y ARICAGUA DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, (…). La pretensión contenida en la presente causa esta (sic) dirigida a obtener la nulidad de la venta efectuada por el ciudadano (…), lo cual tiene por objeto cuatro lotes de terreno destinados para la agricultura y la Cría, con pastos artificiales, ubicado en el Municipio Arzobispo Chacón del Estado Mérida y de conformidad con el artículo 1° de la Ley Orgánica de Procedimientos Agrarios (…) y el Literal “G” del artículo 11 ejudem prevee …”G) Acciones derivadas de contratos agrícolas, agro-industriales y de tenencia por la Ley de la Reforma Agraria”.

Por las consideraciones que anteceden este JUZGADO (… )se declara incompetente por razón de la Materia para continuar conociendo de la presente causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil Vigente y en consecuencia declina el conocimiento de la misma en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, DEL TRANSITO, TRABAJO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA CON SEDE EN EL VIGIA a quien se acuerda remitir el presente expediente(…)

(sic) (Mayúsculas del original).

En fecha 23 de abril de 2003, el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, estableció:

(…) A. las actuaciones que integran este expediente, el Tribunal observa, que ni en el libelo de la demanda, ni en otras actuaciones del expediente, consta la existencia de alguna actividad agraria o agroproductiva que se esté (sic) realizando las partes involucradas en este proceso de acción de nulidad de venta y tacha de documento público vía principal.

(…) No obstante, si bien es cierto que el objeto de la acción de nulidad de venta y tacha de documento público por] vía principal, versa sobre inmuebles considerados como predios rústicos o rurales, pero en el libelo de la demanda y demás actuaciones no se desprende que la causa esté dirigida a fines agrarios, (…) no surge ningún tipo de actividad agraria, (…) haciendo surgir en la presente causa para este Juzgado de Primera Instancia con competencia agraria, una [in]competencia sobrevenida por la materia; lo cual hace que este Tribunal sea incompetente para seguir conociendo de acuerdo a lo antes indicado

.(Resaltado del original).

Por su parte, el Juzgado Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en atención a la regulación de competencia que solicitó el apoderado de la parte demandada, en fecha 31 de mayo de 2004, dictaminó:

Ahora bien, en fecha 23-04-2003, el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, se declara incompetente para conocer por razón de la materia y declina su conocimiento al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, observándose que se presenta un conflicto negativo de no conocer entre el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Estado Mérida y el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la misma Circunscripción Judicial, lo cual hace necesario la regulación de competencia a los fines de garantizar de (sic) que la causa sea resuelta por el Juez natural, vale decir, por un Juez competente predeterminado por la Ley. En este orden de ideas se remitirá inmediatamente copia a la instancia superior, en este caso el ente jerárquico superior dentro de la estructura agraria es la Sala Especial Agraria del Tribunal Supremo de Justicia

.

IV

DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA

En fecha 07 de octubre de 2004, la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, señaló que el conflicto de no conocer surge entre dos (2) tribunales con competencia en distintas materias, por lo que conforme al criterio sostenido por la Sala Plena en decisión número 030 de fecha 25 de julio de 2001, publicada el 02 de agosto de 2001 (caso J.V.S. y otros vs. la Línea Unión San Diego) corresponde resolverlo a la Sala de Casación Civil.

Por su parte, la Sala de Casación Civil en fecha 24 de febrero de 2006, no aceptó la declinatoria de competencia que le fuera formulada por la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, con fundamento en el criterio sostenido por la Sala Plena en sentencia número 01 de fecha 02 de noviembre de 2005, publicada el 17 de enero de 2006 (caso J.M.Z.), ratificando el criterio ya establecido en la sentencia número 24 de fecha 22 de septiembre de 2004, publicada el 26 de octubre del mismo año (caso D.M.), conforme al cual corresponde a la Sala Plena resolver los conflictos de competencia suscitados entre tribunales pertenecientes a distintas jurisdicciones; no obstante, habiéndose planteado un conflicto entre la Sala de Casación Civil y la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, ordenó remitir el expediente a la Sala Constitucional.

Finalmente, en fecha 25 de julio de 2007, la Sala Constitucional resolvió el conflicto de competencia entre Salas, declarando a la Sala Plena competente para conocer de la regulación de competencia.

Al respecto esta Sala Plena considera oportuno precisar que, en efecto, de acuerdo con lo previsto en el aparte 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, este órgano jurisdiccional ha sostenido en forma reiterada el criterio contenido en las sentencias números 24 de fecha 22 de septiembre de 2004, publicada el 26 de octubre del mismo año y 01 de fecha 25 de noviembre de 2005, publicada el 17 de enero de 2006, conforme al cual le corresponde a este Alto Tribual el conocimiento de los conflictos negativos de competencia cuando entre los Juzgados en discusión, sean ordinarios o especiales, no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico.

Siendo ello así, y visto que el conflicto negativo de competencia se plantea entre el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, y el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la misma Circunscripción Judicial, esto es, dos (2) Tribunales que no tienen un superior común, esta Sala Plena asume la competencia para conocer del conflicto de competencia, y así se decide.

V

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Determinada la competencia de esta Sala Plena para conocer del conflicto negativo de competencia, se pasa a resolver cuál es el órgano competente para conocer y decidir la solicitud que cursa en autos, para lo cual se observa lo siguiente:

La presente causa se inicia con la demanda interpuesta por la abogada Renza M.R.I., apoderada judicial de la parte actora, antes identificada, la cual tiene por objeto la declaratoria de nulidad de venta y tacha de documento autenticado por vía principal, otorgado en fecha 20 de septiembre de 1994 por ante la Notaría Pública Primera de la ciudad de Mérida, anotado bajo el número 27, Tomo 60 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría.

Señaló la representante judicial de los demandantes, que en el documento cuya tacha se solicita pretendieron enajenar, según afirmó, en forma fraudulenta, dolosa y malintencionada, bienes inmuebles constituidos por seis (6) lotes de terreno (fundos agrarios) destinados a la agricultura y a la cría, ubicados en jurisdicción de los Municipios Arzobispo Chacón y Campo Elías del estado Mérida, que fueron adquiridos por el de cujus, ciudadano H.S.R., por herencia a la muerte de su primera esposa y madre de los accionantes, ciudadanos A.S.R., E.S.R., S.S.R., F.S. de Hernández, E.S.R., C.S. de Ramos, M.S.R., A.S.R., M.E.S. deM., I.S.R. y María de la P.S. deH..

Con base a esta situación, formuló su demanda de la siguiente manera:

“(…) Por las razones antes expuestas, en nombre y representación de (sus) poderdantes acudo a su competente autoridad para demandar como en efecto formalmente demando a los Ciudadanos A.S.G. (sic) y MARIA (sic) CRISTINA RIVAS VIUDA DE SOSA (…); por LA ACCION DE IMPUGNACION DEL DOCUMENTO DE VENTA AUTENTICADA (…), y consecuencialmente (sic) LA NULIDAD DE DICHA VENTA efectuada en el mencionado documento. Fundamento la pretensión de (sus) mandantes en los artículos 438, 440 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente (sic), en concordancia con el articulo (sic) 1.380 en sus ordinales 2do. y 3ro. del Código Civil Patrio (sic), en cuanto a la tacha, y en cuanto a la Nulidad de la venta fundamento la misma en el articulo (sic) 1.474 ejusdem, el cuál establece lo siguiente (…), y por cuanto el padre de (sus) mandantes no tuvo conocimiento de la venta, y menos aún la intención de trasmitir sus propiedades, así como también fue falsa la comparecencia del mismo por ante la Ciudadana Notario Público de Mérida, y jamás recibió dinero producto de la venta, la misma debe ser declarada Nula.”. (Mayúsculas del original).

De la trascripción precedente se constata que ciertamente el petitum de la demanda versa, como antes se indicó, sobre la tacha de falsedad de documento autenticado por vía principal, otorgado en fecha 20 de septiembre de 1994 por ante la Notaría Pública Primera de la ciudad de Mérida, anotado bajo el número 27, Tomo 60 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, procedimiento que se rige por las normas contempladas en el Libro Segundo “Del procedimiento ordinario”, Título II “De la instrucción de la causa”, Capítulo V “De la prueba por escrito”, Sección Tercera “De la tacha de instrumentos” del Código de Procedimiento Civil, y por el Código Civil.

Al respecto, el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

Artículo 438. La tacha de falsedad se puede proponer en juicio civil, ya sea como objeto principal de la causa, ya incidentalmente en el curso de ella, por los motivos expresados en el Código Civil.

Por su parte, el artículo 1.380 del Código Civil establece:

“Artículo 1380.-El instrumento público o que tenga las apariencias de tal puede tacharse con acción principal o reargüirse incidentalmente como falso, cuando se alegare cualquiera de las siguientes causales:

(…)

2º- Que aún cuando sea auténtica la firma del funcionario público, la del que apareciere como otorgante del acto fue falsificada.

3º- Que es falsa la comparecencia del otorgante ante el funcionario, certificada por éste, sea que el funcionario haya procedido maliciosamente o que se le haya sorprendido en cuanto a la identidad del otorgante

(…)

Ahora bien, en el presente caso se observa que, si bien es cierto que la acción de nulidad de venta y tacha de documento autenticado por vía principal, son figuras de naturaleza civil, el presente asunto parece revestir carácter agrario por cuanto los bienes que se pretenden proteger son predios rurales destinados a la explotación agropecuaria; de manera que debe tomarse en cuenta el criterio atributivo de competencia en esa materia sostenido para el 28 de mayo de 1998, fecha en la que se interpuso la demanda y en la que se encontraba vigente la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, publicada en Gaceta Oficial número 3.015 de fecha 13 de septiembre de 1982, derogada por el Decreto N° 1.546 con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicado en Gaceta Oficial número 37.323 del 13 de noviembre de 2001, y éste a su vez por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en Gaceta oficial número 5.771 extraordinario, del 18 de mayo de 2005, actualmente en vigor.

Siendo así, en esta causa no aplica la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, sino la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, en atención al principio de la perpetuatio jurisdictionis, conforme al cual, los cambios surgidos en las situaciones de hecho luego de la presentación de la demanda, como principio general, no modifican la competencia, y cuya máxima expresión la encontramos contemplado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:

“La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Así lo afirmó esta Sala Plena en la sentencia número 41 del 24 de noviembre de 2004, (caso Fábrica de Tejidos de Punto Ivette, C.A.), en la cual señaló:

“Dicho artículo contiene el principio del Derecho Procesal Civil de perpetuatio jurisdictionis que precisa el momento determinante de la competencia. Esto significa que la competencia del órgano jurisdiccional para el juzgamiento se determina por la situación fáctica que existía para el momento de interposición de la demanda, sin que pueda modificarse dicha competencia, en razón de cambios que se generen en el curso del proceso. La perpetuación del fuero competencial se fundamenta en los principios de economía procesal y seguridad jurídica, con lo cual se busca evitarle un perjuicio a las partes, que menoscaben sus derechos y garantías constitucionales y procesales.

Así lo ha afirmado la doctrina más calificada en la materia; el Profesor A.R.R., en su obra ‘Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano’, señala que: ‘...está vigente en el derecho venezolano el famoso principio de la perpetuatio jurisdictionis, tan elaborado por la doctrina a partir de la ya clásica nota de Chiovenda, según el cual, la competencia del juez después de iniciada la causa, queda insensible a cualquier cambio sobrevenido de las circunstancias que la habían determinado (per citationem perpetuatur iurisdictio).’

En este mismo sentido, la Sala de Casación Civil, determinó el alcance del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, en sentencia del 31 de mayo de 2002, (caso: C.V. y otros), en los siguientes términos: ‘...la potestad de juzgamiento y la competencia del órgano jurisdiccional, se determina por la situación fáctica existente para el momento de introducción de la demanda, sin que pueda modificarse esa jurisdicción y competencia, en razón de los cambios que se presenten en el curso del proceso. Ello, en resguardo de la seguridad jurídica...’.

En consecuencia, resulta evidente la aplicación al caso de autos del principio de la jurisdicción perpetua que establece el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil y según el cual la competencia del juez queda inmutable pese a cualquier cambio posterior en las circunstancias que la determinaron. (…)

.

En consecuencia de lo anterior y, visto que para el momento de la interposición de la demanda, como se señaló anteriormente, se encontraba en vigencia la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, la determinación del Tribunal competente debe realizarse de conformidad con lo establecido en dicha Ley.

En ese orden de ideas, se observa que el artículo 1º de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, establecía:

“Artículo 1º Los asuntos contenciosos que se susciten con motivo de las disposiciones legales que regulan la propiedad de los predios rústicos o rurales, las actividades de producción, transformación, agroindustria, enajenación de productos agrícolas realizados por los productores, sus asociaciones y empresas, así como los recursos naturales renovables y las estipulaciones de los contratos agrarios, serán sustanciados y decididos por los tribunales a que se refiere la presente Ley”

Conforme al dispositivo antes transcrito, durante la vigencia de la citada Ley, la competencia agraria estaba determinada en atención a la naturaleza del conflicto planteado en función de la propiedad o actividad agraria realizada, es decir, que la demanda o acción hubiese sido propuesta con ocasión de la propiedad o actividad agraria en terrenos calificados como rústicos o rurales, entendiéndose por tales, “todas las tierras susceptibles de explotación agropecuaria y que no sean declaradas de uso urbano en los planes nacionales, regionales o municipales de ordenamiento territorial”, como lo disponía el artículo 13 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios.

Vemos así, como el artículo 1º ejusdem, amplió el criterio de la Ley anterior promulgada en el año 1976, y acogió el concepto del fuero agrario integral, estableciendo en el artículo 12 del mencionado instrumento legal, en su literal W), como de la competencia de los tribunales agrarios, lo siguiente: “W) En general, todas las acciones, medidas y controversias en materia agraria”.

Ahora bien, de la lectura de las actas que integran el expediente se observa que los actores procuran la declaratoria de falsedad de un documento mediante el cual se venden bienes inmuebles que se identifican como sigue: “PRIMERO: Cuatro (4) lotes de Terreno, denominados Las Palmas, Lomitas, Manteco y el ( sic) Silencio, que conforman un solo globo hoy en día, destinados para la agricultura y cría, con pastos artificiales, sobre el (sic) cual existe una casa construida con pared (…). SEGUNDO: Otro lote de terreno con las mejoras de una casa de habitación, la cual (sic) está construida con paredes de tierra pisada y techos de tejas. Denominándose el mencionado lote “LA CAPELLANIA”, y el cual está destinado para la agricultura ubicada en jurisdicción (…). TERCERO: Otro Lote (sic) de Terreno (sic) con Pasto (sic) Natural (sic), situado en (…). CUARTO: Otro Lote (sic) de Terreno (sic) de forma irregular triangular (sic), denominado San Antonio o Piedras Blancas, Constituido (sic) por todo los derechos y acciones en sendas particiones adquiridas y que conforman un solo globo de terrenos (…). QUINTO: Dos (2) Lotes (sic) de Terreno (sic) que son parte de un lote de mayor extensión denominado El Cedro, ubicado en el sitio denominado Tostós (…). SEXTO: Otro lote de terreno para la agricultura y cría denominado El Orumo, ubicado en el (…). SÉPTIMO: Mejora de potreros con pastos artificiales, ubicada dentro de terrenos baldíos, nombrada LAS MESETAS…” (Subrayado de la Sala y mayúsculas del original).

Para la Sala resulta evidente, que estos inmuebles, a excepción del señalado en el numeral Cuarto del libelo de la demanda, tienen el carácter de predios rústicos o rurales, en virtud de que en los mismos, según se señala en el supra citado documento de venta cuya nulidad se solicita, así como también en el Formulario para Autoliquidación de Impuesto sobre Sucesiones (S-1), se desarrollan actividades agroproductivas, específicamente agricultura y cría, y no consta en autos que esos inmuebles hayan sido declarados de uso urbano en algún Plan nacional, estadal o municipal de ordenamiento urbano. Así se declara.

En consecuencia, considera esta Sala Plena que el conocimiento de la presente causa corresponde a los tribunales que integran la denominada “Jurisdicción Especial Agraria”, y, en particular, al Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en El Vigía, y así se decide.

VI

DECISIÓN

En vista de las consideraciones antes expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: