Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 2 de Marzo de 2012

Diga si conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos J.J.T. Y J.A.L.?. CONTESTO: si los conozco. SEGUNDA: Diga si por ese conocimiento que dice tener sabe y le consta que el ciudadano J.J.T. realizo compras de materiales para unas mejoras y reparaciones a un inmueble supuestamente del ciudadano J.A.L.?. CONTESTO: si. TERCERA: Diga si usted realizo el presupuesto para una obra de albañilería de una casa presuntamente propiedad del ciudadano J.A.L.?. CONTESTO: si, si lo realice. CUARTA: Diga para que persona realizo usted ese presupuesto?. CONTESTO: para el señor J.J.T.. QUINTA: Diga si por ese conocimiento que tiene le consta de que el ciudadano J.J.T. canceló al albañil emolumentos por mano de obra?. CONTESTO: si lo cancelo. SEXTA: Diga si sabe la dirección del inmueble donde se realizo las mejoras?. CONTESTO: si, estuve allá. Cesaron las preguntas. Termino se leyó, y conformes firman.

Este Juzgado le otorga pleno valor probatorio a dichas testimoniales, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, al no observar inhabilidades ni contradicciones.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA

• Original y copia simple de recibo de fecha 31 de enero de 2011, en el cual se dejo constancia que fue recibida del ciudadano J.A.M., antes identificado, la cantidad de DOCE MIL BOLIVARES (Bs.12.000.00), sobre el particular se observa que fue impugnado por la parte actora, sustentando en su oposición que de dicho instrumento no se desprende que sea un abono a la suma pactada a pagar en el convenio que cursa a los folios 10 al 13 del presente expediente. En efecto, ha debido demostrar la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil que dichos pagos se hicieron para abonar la deuda de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 538.000,00) y no por reparaciones realizadas a los inmuebles objeto de litis. Así se decide.-

• Original y copia simple de recibo de fecha 31 de diciembre de 2011, en el cual se dejo constancia que fue recibida del ciudadano J.A.M., antes identificado, la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.20.000.00), sobre el particular se observa que fue impugnado por la parte actora, sustentando en su oposición que de dicho instrumento no se desprende que sea un abono a la suma pactada a pagar en el convenio que cursa a los folios 10 al 13 del presente expediente. En efecto, ha debido demostrar la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil que dichos pagos se hicieron para abonar la deuda de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 538.000,00) y no por reparaciones realizadas a los inmuebles objeto de litis. Así se decide.-.

• Original y copia simple Carta de fecha 4 de marzo de 2011, en el cual el ciudadano J.J.T.R., antes identificado dejo constancia de que recibió la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00), por concepto de abono de deuda del ciudadano J.A.M., antes identificado, sobre el particular se observa que fue impugnado por la parte actora, sustentando en su oposición que de dicho instrumento no se desprende que sea un abono a la suma pactada a pagar en el convenio que cursa a los folios 10 al 13 del presente expediente. En efecto, ha debido demostrar la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil que dichos pagos se hicieron para abonar la deuda de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 538.000,00) y no por reparaciones realizadas a los inmuebles objeto de litis. Así se decide.-

• Factura No.0150, emanada del abogado R.E.P., antes identificado, de fecha 15 de febrero de 2011, a nombre del ciudadano J.A.M., antes identificado, y cuyo concepto es el pago de honorarios profesionales de abogado por redacción de documento y tramitación del convenio de pago celebrado por ante la Notaria Publica Cuarta de Maracay, de fecha 29-12-2010, bajo el No.8, Tomo 188, por la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs.40.000,00), sobre el particular se observa que es un documento emanado de terceros, el cual a pesar de haber sido promovido para que ratificara en juicio el mismos, dicha prueba no fue evacuada, por falta de impulso.

• Original de recibo de fecha 11 de marzo de 2011, en el cual se dejo constancia que fue recibida del ciudadano J.A.M., antes identificado, la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs.2.000.00), por concepto de abono de deuda con el ciudadano J.J.T., antes identificado, sobre el particular se observa que dicho documento fue impugnado, sustentando en su oposición que de dicho instrumento no se desprende que sea un abono a la suma pactada a pagar en el convenio que cursa a los folios 10 al 13 del presente expediente. En efecto, ha debido demostrar la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil que dichos pagos se hicieron para abonar la deuda de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 538.000,00) y no por reparaciones realizadas a los inmuebles objeto de litis. Así se decide

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La parte demandada soporta su contestación en la demanda, en la excepción del contrato no cumplido de conformidad con lo previsto en el artículo 1.168 del Código Civil, puesto que al haber honrado completamente la obligación del pago de los honorarios del abogado, conforme a la Factura No.0150, emanada del abogado R.E.P., antes identificado, de fecha 15 de febrero de 2011, a nombre del ciudadano J.A.M., antes identificado, y cuyo concepto es el pago de honorarios profesionales de abogado por redacción de documento y tramitación del convenio de pago celebrado por ante la Notaria Publica Cuarta de Maracay, de fecha 29-12-2010, bajo el No.8, Tomo 188, por la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs.40.000,00); quedó a su juicio relevado de cumplir con la cancelación de la suma de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 538.000,00), hasta tanto la parte actora le devuelva la suma de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00), que estaba obligado a pagar por ese concepto de honorarios profesionales al abogado R.E.P..

Asimismo, asevera que efectuó pagos parciales en cumplimiento del indicado convenio de pago mediante pagos parciales que le realizó de la manera que de seguidas se transcribe:

La cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.20.000,00), que la canceló en fecha 31 de diciembre de 2010.

La cantidad de DOCE MIL BOLIVARES (Bs.12.000,00), en fecha 31 de enero de 2011.

La cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00), en fecha 4 de marzo de 2011.

Señalando, adicionalmente que ello consta en los recibos suscritos por el actor ciudadano J.J.T.R., antes identificado, por los montos y las fechas ante indicadas por conceptos de abonos a la deuda contenida en el citado convenio de pago.

Ahora bien, en sentencia Nº 494 de fecha 20 de diciembre de 2002, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado lo siguiente:

…la parte intimada alegó que en razón de la referida estipulación a favor de terceros, Cuyuní Banco de Inversión, C.A., carecía de cualidad pasiva para ser demandada por el cobro de honorarios, pues debió demandarse a quienes asumieron la deuda, Grupo Inmobiliario La Ladera, C.A., y Parque Industrial Ladera, C.A., de acuerdo a la transacción judicial.

La estipulación a favor de terceros, está contenida en el artículo 1.164 del Código Civil, el cual establece lo siguiente:

...Se puede estipular en nombre propio en provecho de un tercero cuando se tiene un interés personal, material o moral, en el cumplimiento de la obligación.

El estipulante no puede revocar la estipulación si el tercero ha declarado que quiere aprovecharse de ella.

Salvo convención en contrario, por efecto de la estipulación el tercero adquiere un derecho contra el promitente.

La recurrida, si bien reconoció la existencia y validez de la transacción judicial, desestimó la posibilidad de que se haya planteado en ella una estipulación a favor de terceros, por cuanto el abogado L.B.L., habría dado su consentimiento en nombre de su representada, Cuyuní Banco de Inversión, C.A., y no en nombre propio. En efecto, señaló la recurrida lo siguiente:

...Considera quien aquí Juzga que efectivamente las empresas demandadas convinieron con que los honorarios profesionales correspondientes a los apoderados judiciales de la actora intimada serían por su cuenta, es decir, asumieron la obligación de incluir dentro de los pagos a realizar en virtud de la transacción a Cuyuní Banco de Inversión, C.A., los honorarios que ésta debe pagar a sus apoderados. No otra interpretación puede darse a dicha cláusula si la misma se analiza dentro del contexto del documento en su conjunto, por cuanto esta obligación es una más dentro de todas las otras asumidas por las empresas demandadas en dicho documento transaccional.

Por otra parte, la cláusula décima novena, claramente determina que la aceptación de los términos de la transacción la formula el abogado L.B.L., en su sólo y único carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Cuyuní Banco de Inversión, C.A., y con ningún otro y mucho menos aparece formulada una aceptación a título personal. No existe entonces una clara manifestación de voluntad de dicho apoderado aceptando expresamente el cambio de deudor de sus honorarios profesionales.

El hecho de que en una transacción judicial una de las partes asuma el pago de los honorarios de los abogados de la otra, crea una acción directa y principal entre ellas, pero no puede extenderse tal pacto o convenio como una liberación de la obligación primaria y principal que se crea entre mandante y mandatario, a menos que exista convención en contrario entre ellas y así se deja establecido...

Toca a la Sala analizar en primer lugar, si es válido el argumento de la recurrida que desestima la posibilidad de que exista una estipulación a favor de terceros, por el hecho de que ese tercero, no haya manifestado su consentimiento para ese negocio jurídico. Primeramente, debe indicarse qué ha entendido la doctrina nacional y extranjera sobre la denominada estipulación a favor de terceros:

...La estipulación a favor de terceros es un contrato mediante el cual el deudor, denominado promitente, se compromete frente a otra persona denominada estipulante, a ejecutar una prestación en beneficio de un tercero.

Como consecuencia fundamental, la estipulación a favor de terceros produce un derecho de crédito directo del tercero frente al promitente. Constituye una de las principales excepciones al principio que rige los efectos internos del contrato, mediante el cual los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes, no dañan ni aprovechan a terceros, sino en los casos establecidos en la ley. La estipulación a favor de terceros es precisamente uno de los casos establecidos en la ley; concretamente en el artículo 1.164 del Código Civil...

(Maduro Luyando, Eloy. Curso de Obligaciones, Derecho Civil III, Universidad Católica A.B., Caracas, 1989, página 572).

La doctrina extranjera, ha expresado sobre el particular lo siguiente:

“...La estipulación a favor de tercero es un procedimiento técnico que permite a dos personas que celebran un contrato entre ellas hacer nacer un derecho en beneficio de un tercero. Los dos contratantes desempeñan respectivamente el papel de estipulante y de promitente. El estipulante toma la iniciativa de la creación del derecho a favor del tercero; el promitente acepta obligarse a favor de ese tercero. La persona que resulta acreedora a consecuencia del contrato se denomina tercero beneficiario. Ripert, Georges y Boulanger, Jean. Tratado de Derecho Civil. Tomo IV, Editorial La Ley, Buenos Aires, pág. 380).

Definido el negocio jurídico conocido como estipulación a favor de terceros, debe citarse la opinión doctrinaria respecto al consentimiento del tercero:

...La aceptación por el tercero beneficiario. El derecho del beneficiario se convierte en irrevocable, según los términos del artículo 1.121 del Código Civil, a partir del día en que aquél acepte la estipulación. Pero esa aceptación, contrariamente a la aceptación de una oferta para contratar, no hace que nazca la obligación: el crédito contra el prometiente existía en el patrimonio del tercero desde la conclusión del contrato celebrado entre el estipulante y el prometiente. La aceptación tiene, pues, como único efecto, suprimir el derecho de revocación que pertenece al estipulante: torna irrevocable la estipulación a favor del tercero.

Por no estar subordinado a la aceptación el nacimiento del derecho en el patrimonio del beneficiario, aquélla puede formularse válidamente por el beneficiario después de la muerte del estipulante, e igualmente por los herederos del beneficiario luego de la muerte de este último.

Por la misma razón, la capacidad de recibir del tercero beneficiario debe ser apreciada en el día de la estipulación, y no en el día de la aceptación

. (Mazeaud Henri y Léon, Mazeaud Jean, Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, volumen III, pág. 88). (Negritas de la Sala).

Por su parte la doctrina patria ha expresado el siguiente criterio:

...Ese derecho de crédito se consolida desde el momento en que el tercero beneficiario acepta, pues una vez aceptada, el estipulante no puede revocar.Sin embargo, la acreencia entra en el patrimonio del tercero desde el instante de la estipulación y no desde la aceptación; por ello, la aceptación es un acto de consolidación del crédito en el patrimonio del tercero.

Lo explicado diferencia la estipulación del contrato de donación, pues éste se perfecciona cuando el donatario acepta; en caso de que no acepte, no hay contrato. En cambio, en la estipulación el derecho del beneficiario existe aun antes de la aceptación. Además, la aceptación en la estipulación no requiere formalidad especial, mientras que en la donación la aceptación debe efectuarse por documento auténtico.

(Maduro Luyando, Eloy. Obra citada, página 576). (Negrillas de la Sala).

Como puede observarse de las citas doctrinarias expuestas, el consentimiento del tercero tiene únicamente el efecto de hacer irrevocable el negocio jurídico planteado entre el estipulante y el promitente, pero la obligación del promitente frente al tercero, y toda la estructura de la estipulación, no está condicionada a la aceptación de ese tercero. En otras palabras, la falta de consentimiento por parte del tercero, no anula la estipulación. Sólo deja latente la posibilidad de que el estipulante y el promitente anulen el convenio, posibilidad que desaparece una vez que el tercero ha aceptado la estipulación. La torna irrevocable.

Puede observarse el error de la recurrida al determinar que la estipulación a favor de terceros no se configuró por la falta de consentimiento de los abogados, terceros a esa estipulación. Este criterio, per se, constituye una falta de aplicación del artículo 1.164 del Código Civil, por cuanto la norma indica claramente que el consentimiento del tercero, tiene incidencia sobre la posibilidad de que el estipulante pueda o no revocar la estipulación, pero no sobre la validez intrínseca del negocio jurídico.

Sin embargo, no obstante la infracción del artículo 1.164 del Código Civil, para que la Sala case el fallo es necesario que ésta violación sea determinante en la suerte de la controversia, es decir, que la estipulación sea válida y en consecuencia, prospere el alegato de la falta de cualidad pasiva de la demandada para sostener la acción.

Sobre este particular, debe analizarse la situación del caso bajo estudio, y determinar la posibilidad de efectuar la señalada estipulación a favor de terceros respecto a los honorarios profesionales de abogados, y la viabilidad de que un abogado sea contratado para un determinado juicio, y su cliente, estipule con la contraparte, que sea ésta quien pague los honorarios de sus mandatarios, perdiendo así el tercero, el abogado, la posibilidad de decidir a quién cobrar sus honorarios y de intimarlos a quien fue su cliente. Expresado de otra forma, se debe a.l.p.d. que el abogado, sin el concurso de su voluntad y por efecto de la estipulación de terceros, se vea impedido de intimar honorarios profesionales a su mandante, viéndose obligado a cobrarlos al promitente.

El ejercicio de la profesión de abogado, sobre todo la judicial, implica una relación de confianza, de seguridad, entre el profesional del derecho y su cliente. Los honorarios profesionales a los cuales tiene derecho el abogado, dependen de muchos factores, y uno de ellos, es la solvencia económica, moral y condiciones particulares de su mandante, quien en todo momento puede verse expuesto a la obligación de pagarlos, cuando el abogado decida intimarlos.

Un abogado, se dedicará a intervenir en un largo y fatigoso proceso judicial, tomando seguramente en cuenta la situación particular de su cliente, como el grado de responsabilidad, conocimiento individual de la ética y principios morales de quien lo contrató, capacidad económica de responder por los gastos y toda la actividad profesional desplegada, y en fin, las condiciones individuales y personalísimas del mandante, que generan en el abogado la confianza suficiente para desplegar su actividad profesional en juicio y sentirse en todo momento respaldado.

Cumplidas todas estas condiciones, y decidido el abogado a defender los derechos e intereses de su cliente en juicio, de acuerdo a la tesis de la estipulación a favor de terceros en el caso de los honorarios profesionales, podría el mandante estipular que un promitente que no reúna las mismas características de solvencia económica o moral, se comprometa a responder por los honorarios profesionales del abogado, con el agravante de que entre el promitente y el profesional del derecho, nunca se ha verificado ese nexo de confianza. Podría incluso verse el abogado en la situación de tratar de obtener sus honorarios de quien lo ha visto en todo momento, y a lo largo del juicio, como su antagonista, contrario a sus intereses.

Toda esta situación, de acuerdo a la estipulación “a favor” de terceros, se verificaría sin el concurso de la voluntad del abogado, quien pasivamente debe observar como su cliente se desprende de la responsabilidad de pagar sus honorarios, y la coloca en manos de quien está probablemente siendo objeto de medidas judiciales de ejecución, sin capacidad económica de responder por esos honorarios, o al menos debiendo esperar la liquidación última de los activos del promitente.

Además de estas consideraciones que destacan lo inapropiado de esta estipulación de la deuda de honorarios profesionales, debe hacerse referencia al artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece un límite del 30% calculado de acuerdo al valor de lo litigado, para los honorarios profesionales que la parte vencida y condenada en costas, deba pagar a los abogados de la parte contraria. Este límite no existe para los honorarios que el abogado le intima a su cliente, de acuerdo a pacífica doctrina de la Sala de Casación Civil.

En tanto que, la limitación legal comentada lo es entre partes, quienes son los legitimados para cobrarle una a la otra, pues el proceso de intimación de honorarios propiamente dicho es del abogado contra su cliente y en todo caso representarle para ejercer ese derecho.

Entonces, si el cliente que debe pagar honorarios profesionales a su abogado, estipula “a favor” de este último que sus honorarios serán pagados por la contraparte, esta última fungiendo como promitente, podría perfectamente argüir que sólo estará obligada de acuerdo al artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, a pagar hasta un límite del 30% del valor de lo litigado, límite que no existía frente a su mandante.

Este límite del 30 %, que nace para el promitente y no existía para el estipulante, constituye una violación al principio de integridad del pago, contenido en el artículo 1.291 del Código Civil, el cual establece que “...el deudor no puede constreñir al acreedor a recibir en parte el pago de una deuda, aunque ésta fuere divisible...” Este principio de la integridad del pago a los honorarios profesionales, que indica que el cumplimiento debe ser completo, es decir, debe comprender toda la prestación prometida, no es armónico con el señalado límite del 30% para la contraparte vencida, límite que no existe, como ya se señaló, para el mandante intimado.

Por otra parte, los artículos 16, 22 y 23 de la Ley de Abogados, destacan el derecho del abogado a percibir honorarios de su cliente, y la potestad de intimarlos a la otra parte, luego de la condenatoria en costas. En efecto, señalan estos artículos lo siguiente:

Artículo 16: Los abogados en ejercicio están obligados a aceptar las defensas que se les confíen de oficio, salvo negativa razonada, y podrán exigir a sus defendidos el pago de honorarlos.

Artículo 22: “El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarlos por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes.

Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarlos por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.

La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarlos por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el Artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias.

Artículo 23: Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarlos y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley.” (Negritas de la Sala).

La obligación de pagar honorarios profesionales, es una obligación de hacer, entendiéndolas como aquellas que consisten en la realización por parte del deudor de cualquier actividad o conducta distinta a la transmisión de la propiedad u otro derecho real. Respecto a las obligaciones de hacer, el artículo 1.284 del Código Civil, dispone lo siguiente:

...La obligación de hacer no se puede cumplir por un tercero contra la voluntad del acreedor, cuando éste tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor.

En el caso de los honorarios judiciales, pudiese darse la situación, por ejemplo, que el demandado vencido quede en precaria situación patrimonial. Una estipulación por parte del actor, para que el demandado se comprometa a pagar los honorarios de los abogados del primero, sin el consentimiento del tercero, en este caso, el abogado, significaría un cambio del deudor en el cumplimiento de la obligación de hacer, sin garantía alguna para el tercero acreedor de que su nuevo deudor tenga posibilidad alguna de pagarle.

Por este motivo, en el caso particular del derecho al cobro de honorarios profesionales, tomando en cuenta el límite del 30% que establece el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, para el cobro de honorarios de abogado a la parte vencida, así como los principios de integridad del pago, artículo 1.291 del Código Civil, y de cumplimiento directo de las obligaciones de hacer, artículo 1.284 eiusdem, la Sala considera que la promesa de pago contenida en las cláusulas décima octava y décima novena, no son oponibles a los abogados intimantes, A.E.H.S. y L.B.L., pues no es posible trasladar un negocio como la estipulación a favor de terceros, en detrimento del propio tercero, y menos aún cuando el abogado A.E.H.S. no aparece en el referido documento de transacción.

Por estas razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 12 y 140 del Código de Procedimiento Civil, y 1.159, 1.164, 1.282, 1.283, 1.317 y 1.360 del Código Civil, debe declararse improcedente. Así se decide.

Queda claro, pues, que la estipulación a favor de tercero es un procedimiento técnico que permite a dos personas que celebran un contrato entre ellas hacer nacer un derecho en beneficio de un tercero, por lo que los dos contratantes desempeñan, respecto al tercero, el papel de estipulante y de promitente.

Se trata pues, en el presente caso, que además de las obligaciones contraídas por cada una de las partes en el “convenio de pago”, adicionalmente y conjuntamente adquirieron en el mismo una obligación adicional, tal y como puede leerse en dicha documental que cursa a los folios 10 al 13, en su cláusula novena: “…ambas partes convienen de manera a pagar al ciudadano R.E.P., la cantidad de cuarenta mil bolívares (Bs. 40.000,00) por concepto de Honorarios Profesionales causados por la redacción y tramitación del presente convenio e inclusive por todas las diligencias y actuaciones realizadas con el fin de celebrar el presente acuerdo. En el entendido de que la presente obligación es de por mitad para cada una de las partes actuantes en el presente acuerdo, destacándose que el pago de los Honorarios Profesionales del Doctor R.E.P., constituye un derecho de crédito a su favor líquido y exigible…”

Ahora bien, la parte demandada con la finalidad de demostrar que tiene derecho a repetición de lo pagado por concepto de honorarios profesionales de abogado, esto es, de haber cumplido íntegramente con la obligación pactada, cuyo tercero es el abogado R.E.P.; promovió una factura firmada por el referido profesional del derecho, y de conformidad con lo dispuesto en el 431 del Código de Procedimiento Civil, solicitó se admitiera la prueba de ratificación de documento, la cual fue admitida en su oportunidad, pero resulta que la prueba nunca fue evacuada, lo que evidencia que la parte accionada no cumplió con la carga de probar sus afirmaciones de hecho para lograr la repetición de la suma de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000, 00).

En este orden de ideas, se debe tomar en consideración, que es doctrina pacífica y reiterada que corresponde a las partes probar los hechos que la favorecen, y afrontar el riesgo de la falta de prueba pues conforme a lo dictaminado en la ley: “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho.”

Ciertamente, tanto el código sustantivo y adjetivo civil, distribuye la carga de la prueba entre las partes, como un deber procesal cuya intensidad depende del respectivo interés, vale decir, si al actor le interesa el triunfo de su pretensión deberá probar los hechos que le sirven de fundamento y si al demandado le interesa destruir, cambiar esos alegatos, su actividad directa en el proceso, debe estar encaminada a desvirtuar la pretensión alegada y deberá probar el hecho que la extingue, que la modifique o que impida su existencia jurídica, es decir, plantea la distribución de la carga de la prueba entre las partes, propia del proceso dispositivo.

Por su parte, el artículo 1.354 del Código Civil establece lo siguiente: “Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”.

La mencionada n.r. la distribución de la carga de la prueba, es decir, determina a quién corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamenta la acción o la excepción; de allí que incumbe al actor probar los hechos constitutivos, esto es, probar aquellos que crean o generan un derecho a su favor, y se traslada la carga de la prueba al demandado en relación con los hechos extintivos, modificativos e impeditivos de la pretensión. (Sent. 30 de noviembre de 2000. Caso: Seguros La Paz, C.A., contra Banco Provincial de Venezuela SAICA).

Tampoco le era dable, por las razones ya expresadas oponer la excepción de contrato no cumplido con fundamento en la estipulación a favor de un tercero, desarrollada en el artículo 1.168 del Código Civil.

En efecto, el contrato bilateral se caracteriza por generar obligaciones contrapuestas entre las cuales existe un nexo de interdependencia, es decir, la obligación de una de las partes constituye el presupuesto inevitable de la obligación o de las obligaciones de la otra parte contratante. En virtud de ello, cada una de las partes se hace a la vez acreedora y deudora de la otra; en otras palabras, el contrato genera crédito y deuda para cada una de las partes contratantes. De esa manera, bajo el contrato bilateral la parte puede demandar la resolución del contrato por incumplimiento culpable de una de las partes, siempre y cuando no pueda imputársele a quien demanda haber incumplido su obligación; en ese caso, podría oponerse la excepción de contrato no cumplido, es decir, que consiste en que una de las partes puede negarse a cumplir su obligación mientras su contraparte no cumpla la suya.

Estas figuras están contempladas en los artículos 1.167 y 1.168 del Código Civil, que respectivamente señalan:

En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello

En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones

Al respecto, J.M.-Orsini expresa lo siguiente:

“... A) La acción de resolución por incumplimiento (Art. 1.167) y la excepción non adimpleti contractus (Art. 1.168), sólo se conciben en los contratos bilaterales.

La primera consiste en el derecho que tiene la parte a la cual no puede imputársele haber incumplido la obligación a su propio cargo de demandar judicialmente a la parte incumplidora para obtener que una sentencia le desligue de sus compromisos recíprocos, si es que aún no los ha ejecutado, o que disponga la restitución de lo que ella misma haya ya dado, si en cambio éste fuere el caso.

La segunda consiste en el derecho de esa misma parte inocente a negarse a cumplir mientras su contraparte no cumpla, conforme al enunciado principio “dando y dando”, siempre y cuando la exigibilidad de la obligación recíproca de su contraparte no esté suspendida por un término o una condición” (Doctrina General del Contrato. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1985, pp. 44 y 45). (Cursivas del autor). (Negritas de la Sala).

Como puede observarse, la excepción de contrato no cumplido, alegada por el demandado, contemplada en el artículo 1.168 antes referido, tiene aplicación cuando uno de los contratantes se niega a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya; es indispensable, pues, que una de las partes pida el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para que la otra pueda oponer la excepción de contrato no cumplido.

Sin embargo, a juicio de esta Sentenciadora quien aspira enervar o contrarrestar los hechos que el actor le imputa, no puede liberarse de su obligación de pagar la suma pactada en el convenio en que se sustenta la demanda, con el fundamento de no haber cumplido con ello, por haber tenido que sufragar los honorarios del abogado conforme a una estipulación a favor de un tercero, que redactó el documento e hizo los tramites conducentes, toda vez que el contrato conserva toda su fuerza probatoria sin que haya quedado expresamente supeditada su ejecución al cumplimiento de dicha estipulación del tercero, tal y como puede verificarse de la cláusula novena del contrato antes transcrita, pues además la obligación contraída ha sido expresamente admitida por el demandado en su escrito de contestación, es decir se trata de una relación que no fue objeto de contradicción por el contrario, se repite éste admite haber celebrado dicho contrato en las condiciones que en él se señalan; por estas razones, queda evidenciado que no puede prosperar en derecho la excepción de contrato no cumplido.

Finalmente, de las pruebas cursantes en autos, específicamente las testimoniales evidencian, que se hicieron reparaciones y mejoras a los inmuebles objeto de litis, que pertenecen a “EL DEUDOR” según consta de contrato de compraventa autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de Maracay, Estado Aragua, en fecha 29 de diciembre de 2008, el cual quedó anotado bajo el Nº 35, Tomo 160 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; siendo ello así, y en virtud que los recibos consignados en autos con los cuales pretende comprobar que efectuó pagos parciales en cumplimiento del indicado convenio de pago mediante pagos parciales que le realizó de la manera que de seguidas se transcribe: 1.- La cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.20.000,00), que la canceló en fecha 31 de diciembre de 2010. 2.- La cantidad de DOCE MIL BOLIVARES (Bs.12.000,00), en fecha 31 de enero de 2011. 3.-La cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00), en fecha 4 de marzo de 2011. En ninguno de ellos se puede evidenciar que se trata de un abono de la deuda que el demandado convino pagar en el contrato suscrito en fecha 29 de octubre de 2010; y al no haber acompañado la parte demandada otros medios probatorios capaces de demostrar su defensa, la misma no puede prosperar en derecho.

Por consiguiente, la demanda será declarada con lugar en la parte dispositiva del fallo. Así se decide.-

V

DISPOSITIVA

En fuerza de las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda de COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMATORIA) intentada por el ciudadano J.J.T.R., antes identificado, asistido por los abogados DINORAX CORREA, RONDALD GOLDING MONTEVERDE, N.P.P. y L.F., antes identificados, contra el ciudadano J.A.M.L., también identificado.

SE CONDENA a la parte demandada a pagar a la parte actora la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 538.000,00) por concepto del monto total pactado en el convenio suscrito por las partes en fecha 29 de octubre de 2010.

Como consecuencia de la anterior declaratoria, se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Regístrese, publíquese, y déjese copia de la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En Maracay, a los dos (2) días del mes de marzo de 2012. Años 201° y 152°.

LA JUEZ PROVISORIA.

DELIA LEÓN COVA LA SECRETARIA,

DALAL MOUCHARRAFIE SAAB

En la misma fecha, previo el anuncio de ley, se registró y publicó la anterior decisión, siendo las dos y treinta y cinco de la tarde (2:35 p.m.).

LA SECRETARIA,

DALAL MOUCHARRAFIE SAAB

Exp. 41.400