Sentencia nº 01429 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 12 de Noviembre de 2008

Fecha de Resolución12 de Noviembre de 2008
EmisorSala Político Administrativa
PonenteEvelyn Margarita Marrero Ortiz
ProcedimientoConsulta

MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ EXP. N° 2008-0824

Mediante Oficio Nro. 2259-08A de fecha 17 de septiembre de 2008 el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente Nro. 0976 (nomenclatura de ese Tribunal), contentivo del recurso contencioso tributario ejercido el 1° de noviembre de 2005 por el ciudadano J.A.U., titular de la cédula de identidad Nro. 9.220.045, actuando en su condición de Presidente de la sociedad mercantil SUPER TODO S.R.L., inscrita originalmente en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 20 de agosto de 1991, bajo el Nro. 18, Tomo 10-A, cuya última modificación estatutaria quedo registrada ante el mencionado Registro el 16 de diciembre de 2003, bajo el N°62, Tomo 17, asistido por la abogada L.C. de Aguilar, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 111.087; contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° GRLA-DJT-ARJ-2005-257 del 31 de agosto de 2005, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la aludida sociedad de comercio y confirmó las Resoluciones de Imposición de Sanción Nros. 050100227003608, 050100227003609, ambas de fecha 11 de octubre de 2004 y la N° 050100227003836 del 19 de octubre de 2004, emitidas por incumplimiento del deber formal establecido en el numeral 5 del artículo 108 del Código Orgánico Tributario del año 2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Impuestos sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, en la cantidad total de Dos Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Ciento Veinticinco Bolívares (Bs. 2.686.125,00), expresada ahora en Dos Mil Seiscientos Ochenta y Seis Bolívares con Trece Céntimos (Bs. 2.686,13).

La remisión fue efectuada por el Tribunal de Instancia en fecha 17 de septiembre de 2008, dando cumplimiento al contenido del “artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, para que esta Sala se pronuncie en consulta sobre la sentencia dictada por el a quo el 04 de agosto de 2006, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente.

En fecha 15 de octubre de 2008 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, se designó Ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz.

Revisadas las actas que conforman el expediente, pasa esta Alzada a decidir previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

En fecha 01 de noviembre de 2005 el ciudadano J.A.U., en su condición de Presidente de la sociedad mercantil Super Todo S.R.L., asistido por la abogada L.C. de Aguilar, supra identificados, ejerció el recurso contencioso tributario contra la mencionada Resolución N° GRLA-DJT-ARJ-2005-257 del 31 de agosto de 2005, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, argumentando lo siguiente:

Solicita la nulidad de las sanciones aplicadas a la empresa contribuyente, por cuanto se encuentran inmotivadas.

Asimismo, asevera que la Administración Tributaria incurrió en “un abuso o exceso de poder, al no haber tomado en cuenta todas las pruebas aportadas por [su] representada tendentes a demostrar el cumplimiento de los deberes formales”. (Agregado de la Sala).

En conexión con lo anterior, indica que en caso de resultar improcedentes los alegatos expuestos, se tome en consideración la eximente de responsabilidad penal tributaria consagrada en el numeral 4 del artículo 85 del vigente Código Orgánico Tributario, referente al error de hecho y de derecho excusable.

Por último, solicita la suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, por cuanto la ejecución de los mismos “le acarrearía a su representada un daño cierto, ya que se le obligaría al pago de una obligación tributaria que efectivamente fue cumplida en su oportunidad”.

II

DE LA DECISIÓN OBJETO DE CONSULTA

El Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, mediante sentencia de fecha 04 de agosto de 2006, declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por la representación judicial de la contribuyente Super Todo S.R,L., en los términos siguientes:

(…) ante la carencia del expediente administrativo es imposible determinar si efectivamente existió el incumplimiento sancionado, es decir, si las ventas de especies realizadas fuera del horario establecido por la constancia de registro y autorización otorgada por la administración; así como la modificación que alteran las características del expendio de especies de tal forma que constituya el ílicito, asimismo, tampoco es posible constatar el numero de facturas que fueron emitidas fuera del horario establecido, y el expender especies alcohólicas sin haber renovado la autorización otorgada por la Administración, con tales incumplimientos a los fines de corroborar la concordancia entre la infracción y la sanción aplicada, todo lo cual es vital para ejercer el control de la legalidad de los actos administrativos, en base a todo lo anterior, debe quien decide proceder a la anulación del acto impugnado en el presente recurso contencioso tributario. Y así se decide.

(…)

ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION LOS ANDES EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA:

1.- CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el (…) en su carácter de presidente de la firma comercial ´Super Todo S.R.L.’ (…) asistido por la abogada L.C. de Aguilar, (…) en consecuencia:

2.- SE ANULAN las Resoluciones de Imposición de Sanciones Nros: N° 050100227003836 del 19 /10/2004, y las 050100227003608, 050100227003609, ambas de fecha 11/10/2004, emitidas por la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

3.- SE CONDENA EN COSTAS, a la República Bolivariana de Venezuela por la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 268.612,05) equivalente al 10% del monto en que se estima el presente juicio, de conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Tributario. (…)

. (Destacado del fallo).

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Corresponde a la Sala pronunciarse acerca de la consulta elevada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, de la sentencia que declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil Super Todo S.R.L.

Con vista a lo indicado, constata esta M.I. que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 2.157 de fecha 16 de noviembre de 2007, caso: Nestlé Venezuela, S.A., analizó la consulta obligatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República del año 2001, (norma también prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República del año 2008), en los siguientes términos:

(…) Al efecto, debe destacarse lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual consagra una especie de consulta obligatoria en cuanto a demandas que afecten los intereses de la República que hayan sido resueltas de manera contraria a lo expuesto por la representación judicial del Estado. Al efecto, expone el referido artículo, lo siguiente:

‘Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente’.

(…) En consecuencia, se observa que transcurridos los lapsos de apelación sin que las partes hayan apelado de la decisión que fue contraria a los intereses de la República, debe el juez competente remitir el referido fallo en consulta ante el Tribunal Superior competente, para que éste proceda a revisar si el fallo dictado resulta ajustado a derecho o no.

En este sentido, debe esta Sala destacar que tal privilegio sólo resulta objeto de aplicación contra los fallos que sean contrarios a la pretensión, excepción o defensa de la República, es decir, cuando la sentencia definitiva haya desestimado la pretensión del Estado, ya que cuando los particulares hayan resultado desfavorecidos tienen el deber de ejercer los correspondientes recursos (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1107/2007).

De conformidad con lo expuesto, debe esta Sala destacar que el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas debió remitir a la Sala Político Administrativa en consulta la sentencia dictada el 3 de junio de 2005, al constatar i) que la sentencia había sido contraria a la pretensión de la República y ii) que la representación judicial de la República no había apelado en tiempo hábil y, en su defecto, la Sala Político Administrativa en el fallo objeto de revisión debió fundamentar su fallo, en aras de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, en el respeto de los privilegios y prerrogativas procesales, por lo que en consecuencia, debió dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en concordancia con lo establecido en el artículo 63 de la mencionada ley, lo que en nada ocasiona un perjuicio constitucional a la solicitante, en virtud de que estos pueden intervenir en la misma, por cuanto el efecto procesal del fallo resulta el mismo, en virtud que la Sala Político Administrativa debe proceder a la revisión del fallo dictado por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en segunda instancia, como tribunal natural de alzada (…)

.

De la sentencia parcialmente transcrita, se desprende de manera clara que dicha prerrogativa procede cuando existen fallos contrarios a la pretensión, excepción o defensa de la República, es decir, cuando la sentencia definitiva o la interlocutoria que cause un gravamen irreparable, haya desestimado la pretensión de ésta.

Ahora bien, previamente a efectuar cualquier pronunciamiento en torno a la consulta sometida al conocimiento de esta Sala, es pertinente transcribir la sentencia Nro. 00566 de fecha 2 de marzo de 2006, caso: Agencias Generales Conaven, S.A., a fin de precisar lo que ha establecido esta Alzada respecto a la cuantía de las causas remitidas de conformidad con lo previsto en el citado artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (norma también prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República del año 2008); decisión en la cual se expresó lo siguiente:

(…) Para decidir el punto controvertido, estima la Sala pertinente traer a colación la respectiva normativa contenida tanto en el artículo 278 del primer cuerpo legislativo citado [del Código Orgánico Tributario] y los artículos 63 y 70 de la última de las leyes mencionadas [Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República] (…).

Del examen concatenado de las normas contenidas en los artículos 63 y 70 antes transcritos, puede observarse que, efectivamente, se consagra una prerrogativa a favor de la República en la última de las disposiciones reseñadas, al establecer que cuando se produzca una sentencia definitiva contraria a sus pretensiones, excepciones o defensas, ésta deberá someterse a la consulta del Tribunal Superior competente para su revisión. Ello persigue, como reiteradamente lo ha establecido este Alto Tribunal, resguardar los intereses patrimoniales de la República, y de todos aquellos entes públicos sobre los que tenga derecho.

Sin embargo, es menester advertir que cuando la norma expresa que tal decisión ‘debe ser consultada al Tribunal Superior competente’, ha de entenderse que se trata de una sentencia recurrible, esto es, de un fallo que conforme a la Ley sea revisable por la vía ordinaria del recurso de apelación, y el cual por alguna circunstancia, imputable o no al representante de la República, no fuere ejercido. Como señala la misma norma, se refiere a sentencias definitivas, que pudieran quedar firmes; en cuyo caso, surge el mandato legislativo al Juez, de someter a consulta tal decisión en aras de preservar, como se indicó, el interés colectivo implícito en el hecho de que las sentencias adversas donde tenga ingerencia la República, no queden firmes sin que hayan sido revisadas por la instancia superior. Así, como puede apreciarse, el impulso procesal en estos casos lo tiene el Juez, por mandato legal.

Ahora bien, en el caso de autos, se trata de un juicio de naturaleza tributaria, que conforme al Código Orgánico Tributario debe ser resuelto siguiendo los principios y normas tributarias contenidos en dicho instrumento, pues el mismo funge como cuerpo normativo de preferente aplicación en estas causas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1º eiusdem, de acuerdo al cual sus disposiciones son aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de esos tributos.

Así, dentro de esos principios consagra en el artículo 278 citado, la apelabilidad de las sentencias; indicando respecto a ello, el tipo de las decisiones apelables, el tiempo en que puede hacerse y, en su aparte único, señala los casos en que es procedente tal recurso de apelación (…).

Conforme a los razonamientos expuestos y armonizando la disposición del citado artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con el señalado artículo 278 del Código Orgánico Tributario vigente, podemos concluir que tal prerrogativa no es aplicable al caso de autos, por cuanto la sentencia que se pretende someter a consulta, no resulta apelable, ya que se trata de una persona jurídica y la cuantía de la presente controversia tributaria se limita a la cantidad de Ocho millones ciento cuarenta mil bolívares sin céntimos (Bs. 8.140.000,00), es decir, equivalentes a 329,56 unidades tributarias (Bs. 24.700,00, cada unidad tributaria).

(Destacado de la Sala).

El fallo parcialmente transcrito además de reiterar la prerrogativa existente a favor de la República cuando se produzca una sentencia definitiva o interlocutoria que cause un gravamen irreparable, contraria a sus pretensiones; señala que para la procedencia de dichas consultas, debe aplicarse el mandato legislativo referente a la cuantía prevista en el aludido aparte único del mencionado artículo 278 del vigente Código Orgánico Tributario, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 278: De las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de la causa, o de las interlocutorias que causen gravamen irreparable, podrá apelarse dentro del lapso de ocho (8) días de despacho, contados conforme lo establecido en el artículo anterior.

Cuando se trate de la determinación de tributos o de aplicación de sanciones pecuniarias, este recurso procederá sólo cuando la cuantía de la causa exceda de cien unidades tributarias (100 UT) para las personas naturales y de quinientas unidades tributarias (500 UT) para las personas jurídicas

.

Bajo tales premisas advierte la Sala que, en el caso de autos, el monto de las sanciones pecuniarias aplicadas por la Administración Tributaria a la contribuyente es de Dos Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Ciento Veinticinco Bolívares (Bs. 2.686.125,00), expresada ahora en Dos Mil Seiscientos Ochenta y Seis Bolívares con Trece Céntimos (Bs. 2.686,13), por lo que, al confrontarlo con lo establecido en la P.A.N.. 0007 de fecha 4 de enero de 2006, suscrita por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial Nro. 38.350 de la misma fecha, mediante la cual se reajustó el valor de la Unidad Tributaria de Veintinueve Mil Cuatrocientos Bolívares (Bs. 29.400,00) a Treinta y Tres Mil Seiscientos Bolívares (Bs. 33.600,00), monto aplicable para la fecha en que fue dictada la sentencia, el 04 de agosto de 2006, expresada ahora en Veintinueve Bolívares con Cuarenta Céntimos (Bs. 29,40) y Treinta y Tres Bolívares con Sesenta Céntimos (Bs. 33,60), respectivamente; se evidencia que la cuantía de la causa no alcanza el monto requerido en la precitada norma, pues siendo la contribuyente una persona jurídica, el recurso de apelación procede sólo si la cuantía de la causa excede de las quinientas unidades tributarias (500 UT), equivalentes para la precitada fecha a la cantidad de Dieciséis Millones Ochocientos Mil Bolívares (Bs. 16.800.000,00), actualmente Dieciséis Mil Ochocientos Bolívares (Bs. 16.800,00).

En orden a lo anterior, dado que la sentencia dictada por el Tribunal a quo en fecha 04 de agosto de 2006, no es susceptible de apelación por no alcanzar la cuantía requerida al efecto en el artículo 278 del vigente Código Orgánico Tributario (Vid. Sentencias Nro. 01084 del 25 de septiembre de 2008, y las Nros: 01239 y 01241 de fecha 15 de octubre de 2008), resulta forzoso para la Sala declarar que no procede la consulta de dicho fallo, el cual queda firme. Así se declara.

IV

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara QUE NO PROCEDE la consulta de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes en fecha 04 de agosto de 2006, la cual queda FIRME.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Presidenta - Ponente

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

Y.J.G.

Los Magistrados,

L.I. ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

E.G.R.

La Secretaria,

S.Y.G.

En doce (12) de noviembre del año dos mil ocho, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01429.

La Secretaria,

S.Y.G.

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