Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 3 de Abril de 2012
| Fecha de Resolución | 3 de Abril de 2012 |
| Emisor | Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Wendi Carolina Perez |
| Procedimiento | Sobreseimiento |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control de Barquisimeto
Barquisimeto, 03 de marzo de 2012
201º y 152º
ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2010-012711
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA: Fiscalía Cuarta del Ministerio Público en el Estado Lara.
IMPUTADO: V.A.P., Cédula de Identidad Nº 1.254.327, domiciliado en la Urbanización del Este, carrera 04, casa NO. 4-1777, al lado de la Iglesia S.T.d.B.d.E.L..-
VICTIMA: GRITSKO G.T.M., Cédula de Identidad Nº 4.136.122, residenciado en la Urbanización Villas del Bosque, calle 6 B-2, La Piedad, Cabudare del Estado Lara.-
DELITO: DESACATO A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 483 del Código Penal vigente.-
Visto que en fecha 21-06-2010 la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público en el estado Lara, formula solicitud de Sobreseimiento en la causa penal seguida a al ciudadano V.A.P., Cédula de Identidad Nº 1.254.327, por el delito de DESACATO A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 483 del Código Penal vigente, este Tribunal a los fines de emitir pronunciamiento observa:
Se inicia la presente causa en fecha 11 de mayo de 2010, cuando la Fiscalía Superior del Ministerio Publico de la Circunscripción del Estado Lara, recibió el asunto fiscal numero D-5782-06, signada en el despacho fiscal bajo la nomenclatura 13F04-0846-06, contentiva de una denuncia interpuesta el 08/05/06, ante la Fiscalía 22 del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por el ciudadano GRITSKO G.T.M., Cédula de Identidad Nº 4.136,122, residenciado en la Urbanización Villas del Bosque, calle 6 B-2, La Piedad, Cabudare, del Estado Lara, en contra del ciudadano Abg. V.A.P., Cédula de Identidad Nº 1.254.327, INSCRITO EN EL Inpreabogado bajo el Nº 7.204, quien el 27 de enero de 2004, fue designado defensor Ad-litem, quien de forma negligente y omisiva dejo de cumplir con sus funciones en diferentes actos, lo que represento una amenaza al debido proceso y al derecho a la defensa.- Señala el Denunciante que en fecha 8 de febrero de 2006, se realiza audiencia en la causa KC04-X-2005-00011, DONDE EL Juez A-quo, ordena al abogado V.A.P., cumpla con las obligaciones inherentes al cargo o que en su defecto manifieste dentro de los tres (03) días siguientes a la publicación de la sentencia, su voluntad de renunciar al mismo, mandato que no fue acatado por el abogado V.A.P., quien omitió a sabiendas de su deber, los destinados al derecho a la defensa que le asistía al ciudadano Gritsko G.T.M..-
La Representación Fiscal requirió al Tribunal el decreto de Sobreseimiento en el presente asunto, por estimar que del contenido de las actuaciones que integran la investigación llevada por ese despacho fiscal, se observa que la misma se encuentra evidentemente prescrita, siendo imposible continuar con la persecución penal, ya que desde la fecha de inicio de la causa hasta el momento de presentación del acto conclusivo, ha transcurrido tiempo superior al establecido en el artículo 108 del Código Penal.
En un Estado de Derecho como el patrio, se protege al individuo no solo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho Penal, disponiendo en este sentido nuestro ordenamiento jurídico no solo de los métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino que también ha impuesto límites al empleo de la potestad punitiva, a fin de que el ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención arbitraria o excesiva del Estado en ejercicio del Ius Puniendi. Es por ello que en todo proceso no deja de ser un que hacer formal, en el que los sujetos procesales en sus distintas dimensiones tienen que conducir su actividad y voluntad para la ejecución del acto y su ulterior legitimidad, según las reglas previstas en la ley. No hay acto procesal sin forma externa circunscrita por condiciones de tiempo, modo y lugar, todo lo cual debe aparecer regulado mediante reglas determinadas y determinables que en ningún caso pueden ser consideradas meros formalismos, pues el cumplimiento de los principios que informan el proceso penal y la sujeción a las formas, lugar y lapsos de los actos del proceso, considerados "ex ante" y plasmados en la legislación son en definitiva el fin último del Derecho Procesal Penal, en el que el Principio del Debido Proceso apunta a la reglamentación procesal con base en leyes preexistentes, que hace el Estado para asegurar que los procedimientos tengan un curso determinado, curso ese que no le está dado a las partes subvertir, ya que se trata de la materialización de la protección del individuo en su relación con el Estado.
Como corolario de las afirmaciones antes señalas, el ordenamiento jurídico le atribuye al Fiscal del Ministerio Público, quien por imperativo del artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal, ejerce la titularidad de la Acción Penal en nombre del Estado, la potestad de Solicitar cuando concurran las circunstancias fáctico jurídicas indispensables, el decreto de Sobreseimiento de una causa, lo cual implica el cese de la persecución penal.
Cuando el sobreseimiento de la causa es dictado como acto conclusivo, por alguno de los supuestos establecidos en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad; cuando la acción se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado; y cuando así lo establezca expresamente este Código, el sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada, salvo, en los casos en que la acusación haya sido desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 20 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal.
La prescripción es una limitación al Ius Puniendi del Estado para la persecución y castigo de los delitos, lo cual ocurre por el transcurso del tiempo y la inacción de los órganos jurisdiccionales, surgiendo su fundamento con la agravación de la dificultad probatoria que sobreviene en razón de algunas fuentes o medios de prueba que se hayan deteriorado o destruido, la pérdida de la memoria o del interés social sobre el caso, la auto rehabilitación del justiciable o que la finalidad preventiva de la pena se haya desvanecido para el caso en concreto.
En efecto, esta figura de la prescripción, viene referida tanto a la acción penal como a la pena misma, y no es más que la facultad punitiva que tiene el Estado, en ejercicio de su soberanía, la cual se encuentra limitada por las disposiciones legales que la rigen (Código Orgánico Procesal Penal y Código Penal). Siendo ello así, se tiene que la prescripción no se encuentra, en modo alguno, establecida en interés del reo, sino que por el contrario, rige para la misma un interés social. Por lo tanto, en virtud del interés general que priva sobre el interés particular, dicha figura obedece a razones de orden público.
El Código Penal en los artículos 108 y 110 regula los presupuestos para el cálculo e interrupción de la prescripción de la acción penal, por tal motivo se han precisado dos circunstancias para su establecimiento: la primera referida al transcurso del tiempo y a la falta de acción de los órganos jurisdiccionales sobre una determinada causa (prescripción ordinaria); mientras que la segunda, relativa al transcurso del juicio, cuando sin culpa del imputado se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo (prescripción judicial), conceptualizándose la prescripción judicial o procesal como un término de caducidad y no de prescripción propiamente “por ser ininterrumpible por actos procesales”.
Del análisis efectuado a las actas que conforman el presente asunto, esta Juzgadora concluye que efectivamente existe adecuación entre el hecho de la vida real y el tipo penal que configura el hecho punible de DESACATO A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 483 del Código Penal vigente, en la que el ciudadano Gristko G.T.M., es victima del hecho en el que incurrió el ciudadano V.J.A.P., ya identificado, lo cual trajo como consecuencia que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el asunto AA20-C-2.006-00342, declarara la Perención del Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha 23-02-06, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, condenando al ciudadano GRITSKO G.T.M., antes identificado al pago de las costas procesales del recurso, tal como se deduce de las actuaciones y de las diligencias de investigación practicadas por el Ministerio Publico, observando en relación a los mismos que cursan las siguientes: 1) Denuncia de fecha 08/05/2006, en la que se hace el señalamiento directo en contra del ciudadano V.J.A.P. a r.d.d., que trajo como consecuencia la perención, siendo condenado el denunciante GRITSKO G.T.M., al pago de las costas procesales.- 2) Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el asunto AA20-C-2.006-00342, declarara la Perención del Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha 23-02-06, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, condenando al ciudadano GRITSKO G.T.M., antes identificado al pago de las costas procesales del recurso.- 3) Sentencia Definitiva, Expediente KC04-X-2005-000011, con motivo al A.C. sobrevenido, en la que la parte querellante es el ciudadano Gristsko G.T.M. y, como querellado el ciudadano V.A.P., en la que declara parcialmente con lugar la acción de a.c. sobrevenido, interpuesta por el ciudadano Gritsko G.T.M., en el juicio de partición de comunidad conyugal seguido por el querellante, y en consecuencia exige al defensor ad-litem que cumpla con las obligaciones inherentes al cargo o en su defecto manifieste dentro de los tres (03) días de Despacho a la publicación la voluntad de renunciar al mismo.- 4) Sentencia de la Sala Constitucional, de fecha 10 de octubre de 2007, del Magistrado Ponente Pedro Rafael Rondón Haaz, en la cual declara sin lugar la apelación que fue interpuesta por el Abogado V.A.P., contra la decisión que pronuncio el 16 de febrero de 2006, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.-
En virtud de lo anteriormente expuesto, observa ésta Juzgadora que el hecho objeto de esta causa no puede perseguirse penalmente por haber transcurrido el lapso de orden público establecido en la ley penal sustantiva, ya que desde el día en que el ciudadano GRITSKO G.T.M. interpone la denuncia, esto es en fecha 08/05/06 ante la Fiscalía 22 del Ministerio Publico, y posteriormente distribuida a al Fiscalia Cuarta en fecha 01/06/2006, mediante distribución Nº 5782-06, hasta el día de hoy han transcurrido cinco (05) años, diez (10) meses y veinticinco (25) días, tiempo superior al establecido en el artículo 108 numeral 7 del Código Penal en concordancia con lo dispuesto en el artículo 110 eiusdem, circunstancia ésta que igualmente se materializaría en el acto de debate oral en caso de ser llevada a la referida fase procesal y que este despacho judicial decreta de oficio en garantía del debido proceso, así como eficacia y eficiencia del sistema de administración de justicia, en consonancia con los postulados contenidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollados mediante decisiones pacíficas de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, comportando en el acto el cese inmediato de las medidas de coerción personal existentes contra el imputado por la presente causa. Así se decide.
DISPOSITIVA
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta el Sobreseimiento de la Causa seguida al ciudadano V.A.P., Cédula de Identidad Nº 1.254.327, por el delito de DESACATO A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 483 del Código Penal vigente, en perjuicio del ciudadano GRITSKO G.T.M., Cédula de Identidad Nº 4.136.122, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con lo establecido en el numeral 8 del artículo 48 eiusdem, al evidenciarse que la acción penal para la persecución de este hecho punible se encuentra extinguida por haberse verificado la prescripción de la acción penal, tal como lo consagra el artículo 108 numeral 7 del Código Penal en concordancia con lo dispuesto en el artículo 110 eiusdem. Igualmente se ordena la devolución de los objetos activos o pasivos relacionados con éste punible, siempre y cuando hayan sido colocados a disposición de éste despacho judicial, así como el cese de la Medida Cautelar. Regístrese, Publíquese y remítase el asunto en su oportunidad legal al Archivo Judicial del Estado Lara a los fines de su conservación y archivo. Notifíquese a las partes. Cúmplase.-
LA JUEZA NOVENA DE CONTROL
