Decisión nº 5166 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 12 de Junio de 2012

Parcialmente con lugar la demanda que por partición de bienes de la sociedad conyugal, fue interpuesta por el ciudadano R.D.V.D., en contra de la ciudadana C.B.H..

Que el inmueble objeto de la partición y liquidación de los bienes de la sociedad conyugal recae única y exclusivamente sobre el siguiente inmueble: Ubicado en la Urbanización el Parque Albarregas, Parcela ‘G’ de la Avenida las Américas, en jurisdicción de La Parroquia U.d.M., distinguido con el número A-74, que forma parte del Edificio ‘A’ del Conjunto Residencial L.F.S., el cual tiene un área aproximada de ochenta metros cuadrados con cuarenta y cuatro centímetros (80,44 Mts.2).

Que el cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones sobre el bien consistente en un inmueble para habitación, ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela número 17, Municipio Milla Distrito Libertador del Estado Mérida, no forma parte de la liquidación y partición de los bienes de la cuyos linderos y medidas son los siguientes: NOR-ESTE: Calle 2 de la Urbanización La Hacienda, por donde mide veintidós metros con setenta y cinco centímetros (22,75 Mts.), SUR-OESTE: Constructora Ambrisetti, cuya medida son veintidós metros con setenta y cinco centímetros (22,75 Mts.), SUR-ESTE: Parcela número 18 Urbanización La Hacienda, cuya medida es de cuarenta y cinco metros (45Mts.), NOR-OESTE: Parcela número 16 de la Urbanización La Hacienda, ocupando un área rectangular de un mil veintitrés metros con setenta y cinco centímetros cuadrados (1.023.75Mts.2), que los derechos y acciones del inmueble fueron adquiridos en propiedad por la cónyuge C.B.H., por traspaso, mediante documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador, con fecha 30 de mayo del año 2.005, anotado bajo el número 12, folio 77 al 95, Protocolo Primero, Tomo 27, Segundo Trimestre del mismo año.

Por la naturaleza de fallo no hay especial condenatoria en costas.

QUINTO: Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal se acuerda la notificación de las partes, para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir asimismo con la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, con el entendido que en el día de despacho siguiente a aquél en que conste en los autos la última notificación, comenzará a contarse el lapso de apelación a que se contrae el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual debe seguirse la forma prevista en los artículos 187, 292, 294, 297 y 298 eiusdem. Líbrense las correspondientes boletas de notificación…’ (sic). (Las negrillas y subrayado son del texto copiado).

III

INFORMES PRESENTADOS EN ESTA INSTANCIA

Mediante escrito presentado en fecha 15 de noviembre de 2010 (folios 192 al 194), el abogado G.D.M., en su condición de apoderado judicial del ciudadano R.D.V.D., parte actora, presentó informes, en los términos que se resumen a continuación:

En el Capítulo I, titulado “FUNDAMENTACION [sic] DE LA APELACIÓN [sic]”, alegó que la sentencia apelada es congruente, en virtud que el a quo señala que la figura mediante el cual la demandada de autos adquiere la propiedad de los derechos del bien señalado en el numeral segundo, es un “…contrato de traspaso de derechos y acciones, no obstante la demanda [sic] sostener la tesis del contrato de donación…” (sic).

Que en la sentencia recurrida no se estimó el documento público consignado en el lapso de informes, donde su representado, el ciudadano R.D.V.D., deja sin efecto el primer documento consignado por la parte demandada en el lapso probatorio, referido a “…una supuesta renuncia sobre derechos de gananciales conyugales…” (sic).

Que igualmente en la sentencia apelada, el Tribunal de la causa no se pronunció sobre la figura del contrato de donación alegada por la parte demandada, para rebatir la tesis de la compraventa.

Que el fallo apelado viola el principio de contradicción procesal, el cual lesiona el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, en virtud que se razonó otra figura fuera del debate procesal planteado, no se estimó la figura de la donación interpuesta por la defensa, ni se valoró la prueba del documento público promovido en la oportunidad de informes, es decir “…no resolvió la cuestión en que quedo [sic] planteada la controversia sobre el citado bien descrito en el numeral segundo…” (sic).

Que la sentencia apelada viola el derecho a la defensa, establecido en los artículos 15 y 12 del Código de Procedimiento Civil.

Que el fallo apelado afirma que la parte actora “…no logró probar que el documento relacionado con el contrato de compraventa del bien signado en el numeral 2 era tal. En este sentido es necesario señalar que el mencionado instrumento fue agregado al libelo de la demanda como documento fundamental de la acción donde se evidencia que el bien inmueble descrito en el citado instrumento pertenece a la sociedad conyugal, la parte demanda [sic] no impugno ni desconoció ni desvirtuó en su oportunidad procesal este instrumento en consecuencia quedó firme…” (sic).

En el Capítulo II, intitulado “INCONGRUENCIA POSITIVA”, alegó que en la sentencia apelada se incurrió en el vicio de incongruencia del fallo, en virtud que el Juez fue más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración, omitiendo el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial planteado.

Que la sentencia apelada asumió las defensas de la parte demandada cuando introdujo la figura del contrato de traspaso de derechos y acciones, entendiéndose según su criterio que mediante esta figura la parte demandada en autos adquiere en propiedad el cincuenta por ciento (50%) de tales derechos, y en tal sentido no forman parte de los gananciales conyugales.

Que el fallo aludido rechazó “la manifestación del registrador en el protocolo del contrato que se equivocó cuando este manifiesta que es una compraventa” (sic).

En el Capítulo III, denominado “INCONGRUENCIA NEGATIVA”, alegó que el fallo recurrido omitió pronunciarse sobre el documento público promovido en los informes, relacionado con la manifestación de la parte actora de dejar sin efecto el documento agregado por la parte accionada, mediante el cual el actor supuestamente renuncia a tales derechos, prueba que no fue impugnada; que, asimismo el a quo hace silencio sobre la figura del contrato de donación, alegato de la parte demandada en el proceso, por lo que existe omisión de pronunciamiento, lo cual es violatorio del artículo 243 ordinal 5 del Código de Procedimiento Civil, e incurre en el vicio de indefensión, en perjuicio del demandante infringiendo la recurrida el artículo 15 ejusdem…” (sic).

Que le resulta incomprensible el pronunciamiento del juzgador cuando invocando el principio iuris novit curia, señaló que no hubo venta sino traspaso de derechos y acciones, y sin embargo, acotó que el actor había renunciado a la propiedad adquirida por su cónyuge.

Que en la sentencia apelada se invirtió la carga de la prueba, cuando se señaló que la parte actora “no logró probar que el instrumento en que se fundamenta la acción referida a la partición del bien inmueble signado con el numeral 2 era una compraventa” (sic).

Que la demandada en la contestación de la demanda, rechazó que los derechos y acciones sobre dicho inmueble hayan sido adquiridos por compraventa, sino que se adquirieron por donación, por lo que la parte demandada tenía la carga de probar que era un contrato de donación.

Que en la sentencia apelada “el juzgador entra en contradicción al afirmar que estos derechos no forman parte de la sociedad conyugal por haberlos adquirido la cónyuge mediante el traspaso de derechos y acciones, pero por otra parte afirma que el demandante renunció a estos derechos, lo cual acepta tácitamente que el carácter de la propiedad del bien si forma parte de la sociedad conyugal” (sic).

Que según lo establecido en los artículos 173 y 190 del Código Civil, toda partición anticipada de bienes de la sociedad conyugal antes del divorcio es fraudulenta.

Bajo el intertítulo “CONCLUSIONES GENERALES”, señaló que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe “…decidir exclusivamente sobre lo alegado y probado en autos, de conformidad con lo establecido en este mismo artículo la sentencia debe decidir lo alegado y probado en autos es decir lo que oportunamente ha sido alegado y probado por las partes en el curso del proceso [,] ello implica que los alegatos deben ser probados [,] de lo contrario se violaría el derecho a la defensa establecido en el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…” (sic).

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la misión del Juez es impartir justicia, aplicar la Ley en el proceso según lo alegado y probado por las partes y atribuirle los efectos previstos por el legislador, so pena que el fallo se encuentre viciado de nulidad.

Que a tenor de lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia recurrida se encuentra viciada de nulidad por haberse incurrido en omisión de pronunciamiento, sobre la prueba esgrimida por la parte demandada relacionada con el contrato de donación y el silencio de prueba del documento público promovido en la oportunidad de los informes.

Que el juzgador incurrió en incongruencia positiva y negativa, cuando su decisión fue más allá de los límites del problema judicial sometido a su consideración, e introdujo elementos ajenos al proceso, como es el caso del contrato de traspaso de derechos y acciones, y no se pronunció sobre la figura del contrato de donación esgrimido por la parte demandada y sobre el documento público agregado en la oportunidad de los informes.

Que el juzgador está en la obligación de considerar y decidir sobre todos y cada uno de los alegatos formulados por las partes y de no hacerlo incurre en omisión de pronunciamiento, y por tanto, solicitó se declarara la nulidad del fallo.

Mediante escrito presentado en fecha 15 de noviembre de 2010 (folios 212 y 213), los abogados J.F.M.R., J.L.M.R. y J.F.M.A., presentaron informes, en los términos siguientes:

En el particular “PRIMERO”, señalaron que es falso que la sentencia recurrida adolezca de incongruencia, en virtud que el juzgador tomó en consideración los alegatos formulados en la contestación a la demanda, y acogió “…como valido [sic] el argumento de que no existió ninguna venta sino un traspaso simple de los derechos y acciones sin pago de precio, lo cual desde el punto de vista jurídico se corresponde con un traspaso que no tiene ninguna referencia jurídica con el contrato de compraventa, como lo pretende erradamente, la parte demandante, en el libelo que ha dado origen a este proceso civil…” (sic).

Que en la sentencia apelada, el juzgador asumió la posición jurídica válida en esta materia, ya que al no existir pago del precio, no puede considerarse que el contrato de compraventa mediante el cual la demandada, ciudadana C.B.H., adquirió junto a su hermano, los derechos y acciones sobre la propiedad del inmueble señalado, sea un contrato de compraventa perfeccionado.

Alegaron los apoderados judiciales de la parte demandada, que al no existir contrato de compraventa, por no haber pago del precio, existe sólo un traspaso de los derechos y acciones sobre el inmueble de manera gratuita, por lo que estamos frente a un contrato “equivalente a una donación, es decir un ‘acto por el que se da o entrega algo sin contraprestación’ (CABANELLAS, Guillermo, 1998, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, tomo III, Buenos Aires, Argentina)” (sic).

Por lo antes expuesto, solicitaron se rechazara la primera argumentación contenida en el escrito de apelación de la parte actora apelante.

Bajo el epígrafe “SEGUNDO”, señalaron que el documento consignado por la parte actora en la oportunidad de los informes, carece de todo mérito en relación con la presente causa, toda vez “:..que de acuerdo con la decisión, al no ser el segundo inmueble parte de los bienes gananciales, y al ser la propiedad de la parte demandada sobre el segundo inmueble, producto de un traspaso gratuito, derivada de un contrato cuya naturaleza es la donación, el documento en referencia consignado en la oportunidad de los informes, no produce ningún efecto jurídico sobre el fondo de la sentencia, lo cual hace intrascendente la segunda argumentación de la parte apelante en su escrito de apelación, no siendo por ello grave que no se haya a.e.d.e.l. sentencia por parte del Tribunal Sentenciador….” (sic).

Que por lo antes expuesto, solicitaron se declarara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Mediante escrito presentado en fecha 25 de noviembre de 2010 (folios 215 y 216), los abogados J.F.M.R., J.L.M.R. y J.F.M.A., presentaron observaciones a los informes de la contraparte, en los términos siguientes:

Bajo el particular “PRIMERO”, alegaron que la parte actora incurrió en un grave error de carácter procesal al confundir el acto de informes con la ampliación de su escrito de apelación.

Bajo el particular “SEGUNDO”, señalaron que es falso que en la sentencia apelada el Tribunal de la causa, no se haya pronunciado de manera clara y determinante en su decisión, sobre el segundo bien que en la demanda pretende la actora se someta a la liquidación de la sociedad conyugal, toda vez que el sentenciador, congruentemente, si se pronunció sobre dicha materia, con base a lo alegado por la demandada, señalando el Juzgado de Primera Instancia, detalladamente, en la parte motiva de la sentencia apelada, que el segundo bien lo recibió la demandada como producto de un simple traspaso y no de una venta.

Que es falso que el juzgador no se haya pronunciado sobre la “inocua renuncia de la parte demandante, a los derechos que suponía tener en el segundo inmueble exigido en la demanda por su partición.” (sic), toda vez que si se pronunció el Tribunal de Primera Instancia sobre dicha materia, como bien se expresa en la parte motiva de la sentencia apelada

Que el juzgador, en la sentencia apelada, amplió ambos puntos al detallar en su decisión lo correspondiente tanto a la compraventa existente en el caso planteado por la parte actora, como en lo referente a la renuncia de los derechos no existentes, al explanar ambos puntos en la parte conclusiva.

Bajo el particular “TERCERO”, señalaron que la parte actora carece de toda razón al considerar como incongruencia las imaginarias situaciones que plantea en los informes, ya que la sentencia objeto del presente recurso revisó cada prueba y sustentó su opinión jurídica en los principios, normas y jurisprudencia aplicable a la materia, frente a cada situación, determinando en la parte dispositiva que sólo debía liquidarse el único bien adquirido por la sociedad conyugal, identificado como el primer bien en el libelo de la demanda y no el segundo bien, por no pertenecer a la sociedad conyugal sino sólo a la parte demandada, en la cuota donada por sus padres.

Finalmente, en el particular “CUARTO”, solicitaron se declarara sin lugar la apelación y no se aceptaran los errados conceptos que pretendió señalar la parte actora en su escrito de informes.

Este es el historial de la presente causa.-

IV

PUNTO PREVIO

Planteada la controversia en los términos que se dejaron sucintamente expuestos, la primera cuestión a dilucidar en esta Alzada, consiste en determinar si resulta o no procedente en derecho la apelación propuesta en fecha 28 de abril de 2009 (folio 50), por el abogado G.D.M., en su condición de apoderado judicial del ciudadano R.D.V.D., parte demandante, contra el auto de fecha 20 de abril de 2009 (folio 49), mediante el cual el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, revocó por contrario imperio el auto de fecha 14 de abril de 2009 -por medio del cual ese tribunal, no obstante la oposición a la partición formulada por la parte demandada, emplazó a las partes para el acto de nombramiento de partidor- ), y, vista la oposición a la partición formulada por la parte demandada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, acordó sustanciar y decidir la oposición formulada por los trámites del procedimiento ordinario, y declaró abierto a pruebas el juicio a partir del día de despacho siguiente a esa fecha, lo cual debe ser resuelto como punto previo, en virtud que este Tribunal, mediante auto de fecha 04 de junio de 2012 (folios 227 y siguientes), a tenor de lo dispuesto en los artículos 80 y 291 del Código de Procedimiento Civil, en resguardo de las garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, ordenó de oficio, la acumulación de la apelación del expediente signado con el número 5039, a la causa contenida en el presente expediente, identificado con el número 5289, a los fines que ambos recursos fueran resueltos en una misma sentencia.

En efecto, observa esta superioridad, que mediante escrito de fecha 03 de abril de 2009 (folios 244 al 249), los abogados J.F.M.R., J.L.M.R. y J.F.M.A., en su condición de apoderados judiciales de la ciudadana C.B.H., parte demandada, en la oportunidad para dar contestación a la demanda de partición de bienes de la sociedad conyugal, interpuesta por el ciudadano R.D.V.D., en primer lugar expusieron que en el libelo de la demanda, no se indicó expresamente la porción en que debía dividirse el inmueble ubicado en la Urbanización El Parque Albarregas, Parcela “G”, Avenida Las Américas, Parroquia U.d.M., distinguido con el Nº A-74, Edificio “A”, Conjunto Residencial L.F.S., Mérida, Estado Mérida.

En segundo lugar, rechazaron la partición del inmueble ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Mérida, Estado Mérida, por cuanto los derechos y acciones que sobre el mismo posee la demandada, ciudadana C.B.H., no pertenecen a la comunidad de bienes gananciales, sino que, de conformidad con el documento de adquisición, citado expresamente en el libelo por la parte demandante, dichos derechos y acciones son de la propiedad exclusiva de la demandada, debido a que jurídicamente, la causa de los derechos y acciones de los cuales es titular dicha ciudadana sobre el mencionado bien inmueble, proviene de un título gratuito, esto es, de un traspaso de bienes sin compensación por la otra parte contratante, que si bien los adquirió la accionada durante la existencia del vínculo matrimonial, tal adquisición tiene como fuente un contrato de donación, lo cual excluye dicho inmueble de la comunidad de gananciales, por mandato expreso del artículo 151 del Código Civil vigente, el cual determina con suma claridad, cuáles son los bienes propios de cada cónyuge, como sujetos de derechos individuales.

De la revisión de las actas procesales se observa, que mediante auto de fecha 14 de abril de 2009 (folio 250), el Tribunal de la causa, visto el escrito de contestación de la demandada presentado por los apoderados judiciales de la parte demandada, conforme a lo establecido en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, emplazó a las partes para el DÉCIMO DÍA DE DESPACHO SIGUIENTE, A LAS DIEZ DE LA MAÑANA, para que tuviera lugar el acto de nombramiento de partidor, designación que debería hacerse por mayoría de personas y de haberes.

Igualmente se observa que, mediante auto de fecha 20 de abril de 2009 (folio 251), el Tribunal de la causa, revocó por contrario imperio el auto de fecha 14 de abril de 2009, por medio del cual ese tribunal, no obstante la oposición a la partición formulada por la parte demandada, emplazó a las partes para el acto de nombramiento de partidor.

Igualmente se observa al folio 252, que el a quo, mediante auto de esa misma fecha (20 de abril de 2012), vista la oposición a la partición formulada por la parte demandada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, acordó sustanciar y decidir la misma por los trámites del procedimiento ordinario, en el mismo expediente principal, por cuanto la contradicción de la parte demandada versaba sobre el condominio de los bienes objetos del presente juicio, y en consecuencia, declaró abierto a pruebas el juicio a partir del día de despacho siguiente a esa fecha.

Finalmente tenemos que, contra el auto de fecha 20 de abril de 2009, mediante el cual el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA revocó por contrario imperio el auto de fecha 14 de abril de 2009, el abogado G.D.M., en su condición de apoderado judicial del demandante, ciudadano R.D.V.D., propuso recurso de apelación en fecha 28 de abril de 2009.

Argumentó el recurrente, que la referida providencia, mediante la cual el a quo emplazó a las partes para el acto de nombramiento de partidor, no era un auto de mero trámite sino una decisión “INTERLOCUTORIA DEFINITIVA QUE CONCLUYE CON LA ETAPA DE COGNICION” (sic), que no podía ser revocada por contrario imperio, en virtud del gravamen irreparable que causaba a su mandante.

Igualmente señaló, que “LA APERTURA DEL LAPSO PROBATORIO POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMO CONSECUENCIA DEL REVOCAMIENTO, también constituye al igual que el anterior una decisión definitiva” (sic), razón por la cual solicitó la reposición de la causa al estado en que se encontraba el 14 de abril de 2009, con el propósito de que sea declarado firme el auto de esa misma fecha “DONDE SE NOMBRA AL PARTIDOR” (sic).

Así, vistos los argumentos en los cuales el recurrente fundamenta la apelación formulada, considera necesario esta Superioridad, precisar previamente, la naturaleza jurídica de la providencia judicial apelada, a cuyo objeto observa:

En la práctica del foro, así como en la doctrina y la jurisprudencia, se distinguen tres géneros de providencias judiciales que puede dictar el Juez en el proceso, a saber: sentencias, autos y decretos.

Las sentencias son los actos de decisión por excelencia del juzgador, mediante las cuales éste resuelve el mérito de la causa sometida a su conocimiento, acogiendo o rechazando la pretensión deducida por el actor, o una cuestión incidental suscitada en el curso del proceso jurisdiccional o en su fase de ejecución.

En nuestro sistema procesal civil se distingue entre sentencias definitivas e interlocutorias. Las primeras son aquellas dictadas al final de la instancia respectiva mediante las cuales el órgano jurisdiccional pone fin al proceso, resolviendo sobre el fondo mismo del litigio. Las sentencias interlocutorias en cambio, son aquellas providencias por las que se deciden cuestiones incidentales surgidas durante el iter del proceso o con posterioridad a la publicación de la sentencia definitivamente firme o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal.

Asimismo, según que tengan la posibilidad de poner fin al proceso o impedir su continuación, se distingue entre sentencias interlocutorias simples y sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas.

La distinción entre sentencias definitivas e interlocutorias tiene importancia en nuestro sistema procesal civil en orden al régimen de las apelaciones, puesto que las primeras, por regla general, tienen apelación; las interlocutorias al contrario, sólo son apelables cuando produzcan gravamen irreparable, salvo disposición legal expresa en contrario.

En cuanto a los autos, señala nuestro eminente procesalista, A.R.-Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo II, que son propiamente actos de sustanciación del proceso o de mero trámite y no decisiones o resoluciones. En efecto, considera el célebre proyectista de nuestro texto adjetivo, que los autos son “providencias interlocutorias dictadas por el juez en el curso del proceso, en ejecución de normas procesales que se dirigen a este funcionario para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implican la decisión de una cuestión controvertida entre las partes. Lo que caracteriza a estos autos de sustanciación, es que pertenecen al impulso procesal, no contienen decisión de algún punto, bien de procedimiento o de fondo, son ejecución de facultades otorgadas por el juez para la dirección y control del proceso, y por no producir gravamen alguno a las partes, son en consecuencia inapelables, pero pueden ser revocados por contrario imperio, a solicitud de parte o de oficio por el juez” (Ob. cit., pp. 151 y 152).

Finalmente, el autor in comento sostiene que los decretos constituyen también providencias de sustanciación o de mero trámite dictados por el Juez en el curso del proceso, reservados para las medidas preventivas, expedición de copias certificadas, entrega y devolución de documentos, etc.

En este orden de ideas, observa esta Alzada, que la providencia objeto del recurso de apelación, fue dictada en fecha 20 de abril de 2009 por el Juzgado de la causa, con el fin de ordenar el hilo procedimental y en estricto acatamiento del procedimiento establecido en el juicio especial de partición, en virtud de la oposición formulada por la parte demandada, tanto a la partición como a la alícuota de los condóminos, de conformidad con el supuesto previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, ordenando sustanciar y decidir tal oposición por los trámites del procedimiento ordinario, en el mismo expediente principal, y declarando abierto a pruebas el juicio a partir del día de despacho siguiente a esa fecha, por lo cual concluye esta alzada, que la providencia recurrida es de mero trámite o sustanciación. Así se decide.

Ahora bien, determinada la naturaleza jurídica de la providencia recurrida,

la primera cuestión a dilucidar en esta Alzada, como se dijo anteriormente, consiste en determinar como punto previo a la revisión de del mérito de la causa, si resulta o no procedente en derecho la apelación propuesta en fecha 28 de abril de 2009 (folio 50), por el apoderado judicial del demandante, el demandante, ciudadano R.D.V.D., contra el auto de fecha 20 de abril de 2009 (folio 49), mediante el cual el a quo revocó por contrario imperio el auto de fecha 14 de abril de 2009, y, vista la oposición a la partición formulada por la representación de la parte demandada, ciudadana C.B.H., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, acordó sustanciar y decidir la oposición por los trámites del procedimiento ordinario, y declaró abierto a pruebas el juicio a partir del día de despacho siguiente a esa fecha

En este orden de ideas tenemos que el artículo 148 del Código Civil, establece:

Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio.

(sic) (Resaltado y subrayado de esta alzada)

El autor E.C.B., en su obra “Código Civil Venezolano”, citando a ESCRICHE, señala que la comunidad de bienes es la “Sociedad que por disposición expresa de la Ley, existe entre marido y mujer desde el momento de la celebración del matrimonio hasta su disolución, en virtud del cual se hacen comunes de ambos los bienes gananciales, de modo que después se partan de por mitad entre ellos o sus herederos, aunque el uno hubiese traído más capital que el otro” (pp. 137-138).

Así, se entiende que los bienes de la sociedad conyugal se presumen comunes, mientras no se pruebe lo contrario.

En consecuencia, no obstante la falta de indicación expresa sobre la porción o cuota que sobre el inmueble ubicado en la Urbanización El Parque Albarregas, Parcela “G”, Avenida Las Américas, Jurisdicción de la Parroquia U.d.M., distinguido con el Nº A-74, Edificio “A”, Conjunto Residencial L.F.S., Mérida, Estado Mérida, pertenece a cada uno de los condóminos, ex¬-cónyuges, se presume que el mismo debe partirse de por mitad, según lo establecido en el artículo 148 del Código Civil. Así se decide.

Igualmente el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, consagra que:

La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.

Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor

(sic). (Resaltado y subrayado de esta Alzada).

En relación al artículo antes citado, el autor R.J. DUQUE CORREDOR, en la obra “Procesos Sobre la Propiedad y La Posesión”, expone:

(omissis):…

La continuación del procedimiento ordinario sólo tiene lugar cuando ocurre rechazo u objeción sobre alguno de estos aspectos: que no debe incluirse en la partición alguno, algunos o todos los bienes señalados en la demanda; que uno o alguno de los litigantes no estén llamados a la partición por no tener la correspondiente cualidad de comunero, heredero, socio, etc.; o bien que teniendo cualidad, le corresponde sin embargo cuota distinta a la indicada en el libelo. Si no hay tales contradicciones, se hace innecesario el juicio cognoscitivo, y por ello la ley propende directamente a la elección de partidor y a la efectiva partición, siempre que la demanda esté apoyada en prueba fehaciente de la existencia de la comunidad (Art. 778). Habrá eventualmente una nueva fase de conocimiento sumario si sugieren reparos a la partición verificada (Art. 787)…

(sic) (p. 373).

Al respecto, la Sala de Casación Civil en decisión de fecha 23 de enero de 2012, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, Expediente Nº 2011-000529, dejó sentada la siguiente doctrina:

(Omissis):…

En este orden de ideas, la Sala en su decisión del 17 de mayo de 2010, señaló:

‘...De la transcripción de los referidos escritos de contestación al fondo de la demanda de partición solicitada, esta Sala de Casación Civil observa, que los codemandados efectivamente se opusieron a la partición solicitada e igualmente impugnaron las cuotas o alícuotas de los condóminos dentro de la comunidad, lo que cumple con el supuesto previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, para que se vaya al procedimiento ordinario con la finalidad de resolver tales alegaciones.

En ese sentido, dado que los accionados se opusieron e impugnaron las cuotas o alícuotas de los condóminos dentro de la comunidad, haciendo efectiva oposición a la demanda de partición planteada, por lo que cuando el Sentenciador Superior no ordena abrir el cuaderno separado para resolver sobre la oposición e impugnación manifiestas de los codemandados quebrantó formas sustanciales del procedimiento de partición, infringiendo los artículos 12, 15 y 780 del Código de Procedimiento Civil, porque aún cuando haberse objetado las cuotas o alícuotas de los condóminos dentro de la comunidad, no procedió a la remisión al procedimiento ordinario para resolverlas...’…

(sic) (Resaltado y subrayado de esta Alzada).

Del criterio jurisprudencial antes trascrito se infiere que, cuando la parte demandada se opone a la partición o impugna las alícuotas de los condóminos sobre alguno o algunos de los bienes cuya partición se demanda, el Juzgador deberá ordenar abrir el cuaderno separado para resolver por los trámites del procedimiento ordinario, sobre la oposición e impugnación manifiesta de la parte demandada.

En el caso bajo análisis, se observa que la parte demandada se opuso a la partición del inmueble ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Mérida, Estado Mérida, por lo cual considera esta Alzada que lo procedente en derecho, era la apertura del cuaderno separado, a los fines de resolver la oposición propuesta, por los trámites del juicio ordinario.

Así las cosas, el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, a pesar que omitió ordenar abrir el cuaderno separado, sin embargo ordenó sustanciar la incidencia surgida por el procedimiento ordinario en el expediente principal, y a tal efecto, se formaron las actuaciones conducentes, mismas que fueron remitidas a esta superioridad.

De modo que, encontrándose ya sustanciada en primera instancia la demanda de partición de bienes de la comunidad conyugal, considera esta Alzada, que aún cuando no se aperturó el cuaderno separado para la sustanciación de la incidencia de oposición, la misma fue sustanciada y tramitada conforme a las disposiciones del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, conforme a derecho, muestra de lo cual es la presente decisión, no hubo indefensión, pues se respetó a las partes, y en especial al recurrente, el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, se respetó el principio de la doble instancia, y finalmente, el acto cuya nulidad pretende el actor, no implicó de ninguna manera la paralización del juicio, muy por el contrario, propendió a su continuación, razón por la cual la solicitud de reposición de la causa al estado en que se encontraba el 14 de abril de 2009, con el propósito de que sea declarado firme el auto de esa misma fecha “DONDE SE NOMBRA AL PARTIDOR” (sic) deviene en IMPROCEDENTE. Así se decide.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR EL MÉRITO DE LA CAUSA

Expuesto lo anterior, pasa esta Alzada a dilucidar si resulta o no procedente en derecho la apelación propuesta en fecha 17 de septiembre de 2010 (folio 184), por el abogado G.D.M., en su condición de apoderado judicial del demandante, ciudadano R.D.V.D., contra la sentencia definitiva de fecha 12 de agosto de 2010, mediante la cual el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, declaró parcialmente con lugar la demanda, y en consecuencia, si dicha decisión debe ser confirmada, revocada, modificada o anulada, a cuyo efecto observa:

De la revisión de las actas procesales (folios 01 al 04), se evidencia que el abogado G.D.M., en su condición de apoderado judicial del ciudadano R.D.V.D., demandó la partición de los siguientes bienes inmuebles, adquiridos durante la sociedad conyugal con la ciudadana C.B.H.:

1) Un apartamento ubicado en la Urbanización El Parque Albarregas, Parcela “G”, Avenida Las Américas, Jurisdicción de la Parroquia U.d.M., distinguido con el Nº A-74, Edificio “A”, Conjunto Residencial L.F.S..

2) El cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones sobre un bien inmueble ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Municipio Milla, Distrito Libertador del Estado Mérida.

En tal sentido, el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, mediante decisión de fecha 12 de agosto de 2010, declaró:

“(Omissis):…

Parcialmente con lugar la demanda que por partición de bienes de la sociedad conyugal, fue interpuesta por el ciudadano R.D.V.D., en contra de la ciudadana C.B.H..

Que el inmueble objeto de la partición y liquidación de los bienes de la sociedad conyugal recae única y exclusivamente sobre el siguiente inmueble: Ubicado en la Urbanización el Parque Albarregas, Parcela ‘G’ de la Avenida las Américas, en jurisdicción de La Parroquia U.d.M., distinguido con el número A-74, que forma parte del Edificio ‘A’ del Conjunto Residencial L.F.S., el cual tiene un área aproximada de ochenta metros cuadrados con cuarenta y cuatro centímetros (80,44 Mts.2).

Que el cincuenta por ciento (50%) de los derechos y acciones sobre el bien consistente en un inmueble para habitación, ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela número 17, Municipio Milla Distrito Libertador del Estado Mérida, no forma parte de la liquidación y partición de los bienes de la cuyos linderos y medidas son los siguientes: NOR-ESTE: Calle 2 de la Urbanización La Hacienda, por donde mide veintidós metros con setenta y cinco centímetros (22,75 Mts.), SUR-OESTE: Constructora Ambrisetti, cuya medida son veintidós metros con setenta y cinco centímetros (22,75 Mts.), SUR-ESTE: Parcela número 18 Urbanización La Hacienda, cuya medida es de cuarenta y cinco metros (45Mts.), NOR-OESTE: Parcela número 16 de la Urbanización La Hacienda, ocupando un área rectangular de un mil veintitrés metros con setenta y cinco centímetros cuadrados (1.023.75Mts.2), que los derechos y acciones del inmueble fueron adquiridos en propiedad por la cónyuge C.B.H., por traspaso, mediante documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador, con fecha 30 de mayo del año 2.005, anotado bajo el número 12, folio 77 al 95, Protocolo Primero, Tomo 27, Segundo Trimestre del mismo año.

Por la naturaleza de fallo no hay especial condenatoria en costas.

QUINTO: Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal se acuerda la notificación de las partes, para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir asimismo con la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, con el entendido que en el día de despacho siguiente a aquél en que conste en los autos la última notificación, comenzará a contarse el lapso de apelación a que se contrae el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual debe seguirse la forma prevista en los artículos 187, 292, 294, 297 y 298 eiusdem. Líbrense las correspondientes boletas de notificación…’ (sic). (Las negrillas y subrayado son del texto copiado).

A los fines de determinar los límites de la apelación por parte de este órgano superior, resulta oportuno recordar, como se señalara anteriormente, que de los autos se evidencia que sólo la parte demandante ejerció recurso de apelación contra la sentencia definitiva de fecha 12 de agosto de 2010 (folios 156 al 176), dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA.

En relación al recurso de apelación ejercido por una sola parte, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 05 de agosto de 2010, con ponencia del Magistrado Dr. L.A.O.H., Expediente Nº 2009-000700, dejó sentado:

(Omissis):…

El recurso ordinario de apelación está considerado como un medio para impugnar determinados autos y las sentencias de primera instancia. Con la apelación se ejerce el derecho al conocimiento en dos instancias, lo cual constituye garantía al derecho a la defensa, para que el respectivo juez superior revise si el de primera instancia cometió una falta al decidir, ya que la alzada tiene plena jurisdicción para resolver la situación planteada por lo que no está limitado a verificar las faltas de la apelación sino cualquier otra situación que se presente.

El recurso de apelación lo ejerce la parte agraviada por el auto o sentencia que le causa un perjuicio. El Código de Procedimiento Civil en el artículo 303 determina los límites de la apelación, ya que expresa que el juez de alzada conocerá de todas las cuestiones objeto de la apelación y de la adhesión.

De allí pues, que al existir un agravio para una de las partes, la doctrina establece el principio según el cual se prohíbe reformar la materia objeto de la apelación en perjuicio del único apelante, principio denominado reformatio in peius. Por consiguiente, la apelación se debe entender propuesta únicamente en lo perjudicial para el recurrente, con lo cual puede válidamente concluirse que el poder del juez ad quem encuentra una primera limitación, por cuanto la decisión que pronuncie, por regla general, no puede ser refrendada en perjuicio del apelante (reformatio in peius) empero, hay que tener en cuenta que la contraparte no haya deducido también apelación, o se haya adherido a la apelación, pues en estos últimos supuestos la jurisdicción del juez de segunda instancia es plena.

La Sala ha sostenido que el vicio de reformar en perjuicio comporta una violación al principio tantum devolutum quantum apellatum, que consagra el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil, también vulnera tanto el derecho a la defensa como el debido proceso del apelante, el cual lo califica de eminente orden público, y en consecuencia el fallo que incurra en dicho vicio puede ser casado aun de oficio, de acuerdo a la facultad que en ese sentido le confiere a la Sala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil…

(sic) (Resaltado y subrayado de esta Alzada).

Por consiguiente, en virtud que la parte demandada no ejerció recurso de apelación, el ámbito de conocimiento de esta Alzada se encuentra limitado a conocer si en el caso bajo estudio, “…EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los derechos y acciones sobre un bien inmueble para habitación, ubicado en la Urbanización la Hacienda, avenida 2, parcela Nº 17 Municipio Milla Distrito Libertador del Estado Mérida…” (sic), identificado en el numeral “2.-” del libelo de la demanda, resulta o no susceptible de la acción de partición de los bienes de la sociedad conyugal, propuesta contra la ciudadana C.B.H., por el ciudadano R.D.V.D., quien por ser único apelante, no podrá quedar en peores condiciones de las que tenía cuando ejerció el recurso. Así se decide.

Así las cosas, se evidencia que la pretensión deducida por la parte actora, tiene por objeto la partición de los bienes de la sociedad conyugal, la cual se encuentra consagrada en el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes:

Artículo 777.- La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en la que deben dividirse los bienes.

Si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación.

(sic) (Resaltado y subrayado de esta Alzada).

En relación a la comunidad de bienes, los artículos 148 y 149 del Código Civil, establecen:

Artículo 148.- Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio.

Artículo 150.- Esta comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio; cualquier estipulación en contrario será nula.

(sic) (Resaltado y subrayado de esta Alzada).

Por disposición expresa de los precitados dispositivos legales, existe comunidad de bienes entre marido y mujer desde el momento de la celebración del matrimonio hasta su disolución.

Al respecto, los artículos 173 y 186 del Código Civil, consagran:

Artículo 173.- La comunidad de los bienes del matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste o cuando se declare nulo. En este último caso, el cónyuge que hubiera obrado con mala fe no tendrá parte en los gananciales.

Si hubiera mala fe de parte de ambos cónyuges, los gananciales corresponderán a los hijos, y sólo en defecto de éstos, a los contrayentes.

También se disuelve la comunidad por la ausencia declarada y por la quiebra de uno de los cónyuges, y por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por este Código.

Toda disolución y liquidación voluntaria es nula, salvo lo dispuesto en el artículo 190.

Artículo 186.- Ejecutoriada la sentencia que declaró el divorcio, queda disuelto el matrimonio, y cesará la comunidad entre los cónyuges y se procederá a liquidarla. Las partes podrán contraer libremente nuevo matrimonio, observándose lo dispuesto en el artículo 57

. (sic) (Resaltado y subrayado de esta Alzada).

Conforme a las normas citadas, se colige que la comunidad de gananciales fenece por la ruptura del vínculo matrimonial declarada judicialmentes.

Ahora bien, disuelto el matrimonio, la comunidad existente entre los ex cónyuges se convierte en una comunidad ordinaria, y al respecto el artículo 768 del Código Civil:

Artículo 768.- A nadie puede obligarse a permanecer en comunidad, y siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición.

Sin embargo, es válido el pacto de que se deba permanecer en comunidad por un tiempo determinado, no mayor de cinco años.

La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común, aun antes del tiempo convenido.

Sentadas las anteriores consideraciones, a los fines de verificar sí en la presente causa, el “…EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los derechos y acciones sobre un bien inmueble para habitación, ubicado en la Urbanización la Hacienda, avenida 2, parcela Nº 17 Municipio Milla Distrito Libertador del Estado Mérida…” (sic), identificado en el numeral “2.-” del libelo de la demanda, resulta susceptible de la acción de partición de los bienes de la sociedad conyugal, interpuesta por el ciudadano R.D.V.D., en contra de la ciudadana C.B.H., pasa esta Alzada a valorar las pruebas promovidas por las partes.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

Mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2009 (folios 64 y 65), los abogados J.F.M.R., J.L.M.R. y J.F.M.A., en su carácter de apoderados judiciales de la demandada, ciudadana C.B.H., promovieron las pruebas que se señalan a continuación, las cuales fueron admitidas por el Tribunal de la causa, mediante auto de fecha 21 de mayo de 2009 (folios 101 y 102):

PRIMERO: Valor y mérito jurídico de copia certificada de documento público expedido “por la Notaría Pública Segunda del Estado Mérida, en donde consta, que en fecha 30 de julio de 1999, bajo el Nº 71, Tomo 20, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante la Notaría Pública de Ejido del Estado Mérida, los ciudadanos R.D.J.B. Y C.E.H.S., otorgaron un documento contentivo de un contrato de donación de derechos y acciones de carácter inmobiliario, a favor de sus legítimos hijos, ciudadanos C.R. Y C.B.H.; y en donde consta también que en fecha 10 de marzo de 2000, los ciudadanos C.R. Y C.B.H., otorgaron en señal de aceptación el contrato de donación, quedando autenticado bajo el Nº 38, Tomo 10…” (sic), prueba promovida a los fines de demostrar que los derechos y acciones que sobre el inmueble ubicado en la urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, posee la demandada, constituyen un bien propio de ella, por cuanto se trata de derechos y acciones adquiridos a través de “un contrato de donación…” (sic).

Se observa que obra a los folios 66 al 69, copia certificada de documento autenticado por ante la Notaría Pública de Ejido, Estado Mérida, en fecha 30 de julio de 1999, bajo el Nº 71, Tomo 20, mediante el cual los ciudadanos R.D.J.B. y C.E.H.S., traspasaron todos los derechos y acciones sobre un inmueble ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Municipio Milla, Distrito Libertador, Mérida, Estado Mérida, a los ciudadanos C.B.H. y C.R.B.H., reservándose la ciudadana C.E.H.S., derecho de usufructo sobre la cosa vendida, de por vida, y pudiendo hacer uso de dicho inmueble con las limitaciones que establece la Ley. Igualmente se evidencia que mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Mérida, Estado Mérida, en fecha 10 de marzo de 2000, bajo el Nº 38, Tomo 10, los ciudadanos C.H.B. y C.R.B.H., aceptaron dicho traspaso.

Asimismo se evidencia que dicho documento fue posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 30 de mayo de 2005, quedando inserto con el número 12, Folios 77 al 95, Protocolo Primero, Tomo Vigésimo Séptimo, Segundo Trimestre, según se desprende de las copias certificadas que obra a los folios 24 al 28.

En tal sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, esta Alzada le otorga valor y mérito jurídico de documento público al referido instrumento, el cual en consecuencia, hace plena prueba de el traspaso de los derechos y acciones, que sobre un inmueble propiedad de los ciudadanos R.D.J.B. y C.E.H.S., ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Municipio Milla, Distrito Libertador, Mérida, Estado Mérida, efectuaron éstos a favor de sus hijos, C.B.H. y C.R.B.H., quienes aceptaron el traspaso del referido inmueble, sobre el cual se reservó el derecho de usufructo de por vida la ciudadana C.E.H.S.. No obstante, la pertinencia, idoneidad y consecuencias jurídicas que emanen de esta probanza, serán señaladas posteriormente. Así se decide.

SEGUNDO: Valor y mérito jurídico de copia certificada de documento público “…expedida por la Notaría Pública Cuarta del Estado Mérida, en fecha 14 de diciembre de 1999, anotado bajo el Nº 2, Tomo 51, de los Libros de Autenticaciones…” (sic), a los fines de demostrar “...la manifestación expresa del demandante de renunciar a los derechos y acciones que su cónyuge iba a recibir a través de un contrato de donación…” (sic).

En cuanto a esta probanza, se observa que obra a los folios 70 al 73, copia certificada de documento autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Estado Mérida, en fecha 14 de diciembre de 1999, bajo el Nº 02, Tomo 51, mediante el cual el ciudadano R.D.V.D., renunció a todo posible derecho que pudiera provenir de los derechos y acciones obtenidos por su cónyuge C.B.H. sobre un inmueble ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Municipio Milla, Distrito Libertador, Mérida, Estado Mérida, realizados a su favor por sus padres, ciudadanos C.E.H.S. y R.D.J.B.,.

En tal sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, esta Alzada le otorga valor y mérito jurídico de documento público al referido instrumento, el cual simplemente, hace plena prueba de las declaraciones del ciudadano R.D.V.D.. Así se decide.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

Mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2009 (folio 74), el abogado G.D.M., en su condición de apoderado judicial del ciudadano R.D.V.D., parte demandante, promovió las siguientes pruebas:

PRIMERO: Valor y mérito jurídico de “…los argumentos de derecho establecidos en el libelo de la demanda citados con fundamento en la legislación venezolana en las normas adjetivas de los artículos 148, 150, 156, 173, 186, del Código Civil y 768, 777, del Código de Procedimiento Civil” (sic).

De de la revisión de las actas procesales esta Alzada observa que dicha prueba no fue admitida por el Tribunal de la causa, según se evidencia del auto de fecha 21 de mayo de 2009, el cual obra a los folios 101 y 102, criterio de valoración que esta Alzada comparte, en virtud que tal como lo ha sostenido la más calificada doctrina patria, los señalamientos contenidos en el libelo de demanda así como las defensas asumidas en el escrito de contestación, pueden ser reputados per se como elementos probatorios. Así se decide.

SEGUNDO: Valor y mérito jurídico de los siguientes documentos públicos:

1) Sentencia de divorcio consignada con el escrito libelar marcada con la letra “B”.

Se evidencia que mediante auto de fecha 21 de mayo de 2009 (folios 101 y 102), el Tribunal de la causa admitió dicha prueba.

Se observa que a los folios 09 al 14, obra copia certificada de decisión de fecha 07 de octubre de 2008, mediante la cual el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Sala de Juicio Nº 03, Expediente Nº 16664, declaró disuelto el vínculo matrimonial entre los ciudadanos R.D.V.D. y C.B.H., contraído en fecha 27 de diciembre de 1990, por ante la Prefectura Civil de la Parroquia Caracciolo Parra Pérez, Municipio Autónomo Libertador del Estado Mérida., la cual quedó firme mediante auto de fecha 22 de octubre de 2008.

En cuanto a esta probanza, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, esta Alzada le otorga valor y mérito jurídico de documento público al referido instrumento, el cual en consecuencia, hace plena prueba de que el vínculo matrimonial contraído por los ciudadanos R.D.V.D. y C.B.H., por ante la Prefectura Civil de la Parroquia Caracciolo Parra Pérez, Municipio Autónomo Libertador del Estado Mérida, en fecha 27 de diciembre de 1990, según Acta de Matrimonio Nº 57, quedó disuelto mediante sentencia de fecha 07 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Sala de Juicio, Jueza Nº 03. Así se decide.

2) Documento de compraventa consignado con el escrito libelar marcado con la letra “D”, prueba que fue admitida en fecha 21 de mayo de 2009 (folios 101 y 102), por el Tribunal de la causa.

En efecto, a los folios 16 al 23, obra copia simple de documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 20 de diciembre 2001, bajo el Nº 48, Folios 304 al 311, Protocolo Primero, Tomo Vigésimo Noveno, Cuarto Trimestre, mediante el cual la ciudadana N.C.M.M., actuando en nombre y representación de la ciudadana C.E.H.S., dio en venta al ciudadano R.D.V.D., un apartamento distinguido con el número A-74, Edificio A, Conjunto Residencial L.F.S., ubicado en la Urbanización Parque Albarregas, Parcela “G”, Avenida Las Américas, Jurisdicción de la Parroquia U.d.M., sobre el cual se constituyó a favor de la CAJA DE AHORRO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CAPSTULA), hipoteca especial de primer y único grado hasta por la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,00), actualmente VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00).

Así, por cuanto a tenor de lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, los documentos públicos o los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, pueden ser presentados en juicio bien sea en original o en copia certificada, esta Alzada le otorga valor y mérito jurídico al referido instrumento, de conformidad con lo establecido en artículo 1.357 del Código Civil, el cual hace plena prueba de la adquisición de un inmueble representado por el apartamento distinguido con el número A-74, Edificio A, Conjunto Residencial L.F.S., ubicado en la Urbanización Parque Albarregas, Parcela “G”, Avenida Las Américas de la ciudad de Mérida, para la comunidad de gananciales, por parte del ciudadano R.D.V.D., quien constituyó sobre ese inmueble, hipoteca especial de primer y único grado a favor de la CAJA DE AHORRO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CAPSTULA). Así se decide.

3) Documento de compraventa consignado con el escrito libelar marcado con la letra “E”.

Se evidencia que mediante auto de fecha 21 de mayo de 2009 (folios 101 y 102), el Tribunal de la causa admitió dicha prueba.

De la revisión de las actas procesales se evidencia, que obra a los folios 24 al 28, copia certificada de documento autenticado por ante la Notaría Pública de Ejido, Estado Mérida, en fecha 30 de julio de 1999, inserto con el número 71, Tomo 20, y por ante la Notaría Pública Segunda de Mérida, Estado Mérida, en fecha 10 de marzo de 2000, bajo el Nº 38, Tomo 10, posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida en fecha 30 de mayo de 2005, inserto con el número 12, Folios 77 al 95, Protocolo Primero, Tomo Vigésimo Séptimo, Segundo Trimestre, mediante el cual los ciudadanos R.D.J.B. y C.E.H.S., traspasaron todos los derechos y acciones que les correspondían sobre un inmueble ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Municipio Milla, Distrito Libertador del Estado Mérida, a los ciudadanos C.H.B. y C.R.B.H., reservándose la ciudadana C.E.H.S., de por vida, el derecho de usufructo del inmueble vendido, pudiendo hacer uso del mismo con las limitaciones que establece la Ley.

En tal sentido, esta Alzada observa que dicho documento público, ya fue valorado de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil. No obstante, la pertinencia, idoneidad y consecuencias jurídicas que emanen de esta probanza, serán señaladas posteriormente. Así se decide.

Valor y mérito jurídico “…de aspectos señalados por el demandado de autos en cuanto me sean favorables en la contestación de la demanda…” (sic).

De de la revisión de las actas procesales esta Alzada observa que dicha prueba no fue admitida por el Tribunal de la causa, según se evidencia del auto de fecha 21 de mayo de 2009, el cual obra a los folios 101 y 102, criterio de valoración compartido por esta alzada, en virtud que tal como lo ha sostenido la doctrina y la reiterada y pacífica jurisprudencia, ni el libelo de la demanda ni el escrito de contestación constituyen per se medios probatorios, en virtud de contener los mismos, las pretensiones o peticiones y las defensas o excepciones respectivamente, alegadas por las partes, que no constituyen prueba alguna. Así se decide.

Valor y mérito jurídico de “…la manifestación del Registrador en la nota de registro del documento, donde deja constancia de la naturaleza del documento público agregado al libelo marcado ‘E’, que no es otra que un documento de compra-venta…” (sic).

En tal sentido, se constata que mediante auto de fecha 21 de mayo de 2009 (folios 101 y 102), el Tribunal de la causa admitió dicha prueba.

De la revisión de las actas procesales, se evidencia que obra a los folios 24 al 28, copia certificada de documento autenticado por ante la Notaría Pública de Ejido, Estado Mérida, en fecha 30 de julio de 1999, bajo el Nº 71, Tomo 20, y por ante la Notaría Pública Segunda de Mérida, Estado Mérida, en fecha 10 de marzo de 2000, bajo el Nº 38, Tomo 10, y posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida en fecha 30 de mayo de 2005, bajo el número 12, Folios 77 al 95, Protocolo Primero, Tomo Vigésimo Séptimo, Segundo Trimestre, mediante el cual los ciudadanos R.D.J.B. y C.E.H.S., traspasaron todos los derechos y acciones sobre un inmueble ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Municipio Milla, Distrito Libertador, Mérida, Estado Mérida, a los ciudadanos C.H.B. y C.R.B.H., reservándose la ciudadana C.E.H.S., derecho de usufructo de la cosa de por vida y hacer uso de la misma con las limitaciones que establece la Ley.

Igualmente observa esta Alzada, que en el auto de protocolización del referido documento, se señaló que el negocio jurídico a que se contrae dicho documento, correspondía a “Venta de Inmueble, Constitución de Usufructo” (sic).

En tal sentido observa esta Alzada, que la supuesta “manifestación del Registrador” contenida en el auto de protocolización del documento de marras, no puede de ninguna manera considerarse como tal manifestación, en virtud que no le está dado al Registrador emitir opinión alguna sobre la naturaleza del negocio jurídico contenido en el documento, y, de lo único que da fe dicho funcionario, es de las declaraciones contenidas en el documento, las cuales si comprenden el negocio jurídico que lo contiene, mismo que surte efectos jurídicos frente a terceros, conforme a la naturaleza y categoría de documento público establecidas en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil. Así se decide.

Valor y mérito jurídico del “…libelo de separación de cuerpos en el expediente No. 16.664, donde las partes manifiestan su voluntad de partir los bienes cuyos documentos aparecen agregados al libelo, se agrega en copia certificada marcado ‘B’…” (sic).

Se evidencia que mediante auto de fecha 21 de mayo de 2009 (folios 101 y 102), el Tribunal de la causa admitió dicha prueba.

Al respecto, se observa que obra a los folios 95 al 100, copia certificada de actuaciones correspondientes al Expediente Nº 16.664, de la nomenclatura del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Sala de Juicio Nº 03, en la cual se evidencia escrito de fecha 04 de mayo de 2007, mediante el cual los ciudadanos R.D.V.D. y C.B.H., acordaron separarse de cuerpos y de bienes, manifestando entre otras cosas, que la liquidación de la comunidad de los bienes, se haría una vez se declarara el divorcio y con el fin de que no se dilapidaran los mismos, solicitaron se mantuviera las medidas cautelares dictadas por el Tribunal sobre “…los bienes descritos en el libelo de la demanda…” (sic).

En este sentido cabe señalar, que independientemente de la existencia del principio de libertad probatoria, en el cual se señalan como admisibles las pruebas que determine el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y otras leyes, debe advertirse, que los escritos dirigidos al Tribunal que contienen peticiones, alegaciones o excepciones, como el libelo de la demanda o el de contestación, son escritos contentivos de pretensiones procesales que no constituyen prueba alguna y en tal sentido lo ha señalado la doctrina y la reiterada y pacífica jurisprudencia, dichas actuaciones no constituyen per se medios probatorios, en razón de que el actor en su escrito, plasma la manifestación de los hechos que considera lo acreditan para reclamar la pretensión deducida y el demandado en la contestación, manifiesta los puntos sobre los cuales conviene o sobre los cuales se excepciona en defensa de sus derechos, razón por la cual, se consideran como simples alegaciones que son resueltas dentro del iter procesal o en la sentencia definitiva, razón por la cual no se le acredita valor ni mérito jurídico probatorio. Así se declara.

Valor y mérito jurídico del documento consignado con el escrito libelar marcado con la letra “C”, en el cual se establece “…el corte de cuenta de las cuotas que mi mandante ha pagado hasta la fecha de sentencia de separación de cuerpos y bienes…” (sic), a los fines de determinar “…cual es la obligación de la conyugue demandada en autos, con relación al aporte de pago del inmueble con el objeto de que en la liquidación del citado bien pueda acceder la mitad del mismo…” (sic).

Se evidencia que mediante auto de fecha 21 de mayo de 2009 (folios 101 y 102), el Tribunal de la causa admitió dicha prueba.

En efecto, se constata que obra al folio 15, copia simple de estado de cuenta emanado de CAJA DE AHORRO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CAPSTULA), en fecha septiembre de 2008, a nombre del ciudadano R.D.V.D..

En relación con dicha probanza, observa esta Alzada que dicho documento privado, fue consignado en copia simple, y que las copias simples a que se refiere el legislador en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, es sólo de documentos públicos o documentos privados reconocidos o tenidos como tal.

El autor HUMBERTO E.T. BELLO TABARES, en su obra “Tratado de Derecho Probatorio, Tomo II”, señala que el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, establece que “…en el proceso judicial, los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, pueden ser aportados en original, en copias simples o certificadas, en reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, teniendo el mismo valor y eficacia probatoria que sus originales, de manera que, por argumento en contrario, los instrumentos privados simples no puede ser aportados sino en forma original…” (p. 945).

Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 04 de abril de 2003, con ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE G., Expediente Nº 2001-000302, dejó sentado:

(Omissis):…

El artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

‘...Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.

Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte.

La parte que quiera servirse de la copia impugnada, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el Juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere’.

En interpretación de esta norma, la Sala ha precisado que sólo puede producirse copia certificada o simple de documentos públicos o privados reconocidos o autenticados. En este sentido, se pronunció la Sala, en sentencia No. 228 de fecha 9 de agosto de 1991, caso: J.C.A. contra P.M.Z. y Otras, en la cual estableció:

‘...Para la Sala, las copias fotostáticas que se tendrán como fidedignas, son las fotostáticas y obtenidas por cualquier otro medio mecánico, de documentos públicos y de los privados reconocidos o autenticados, como textualmente expresa el transcrito artículo 429. Si se exhibe una copia fotostática de un documento privado simple –como es el caso de autos- ésta carecerá de valor según lo expresado por el artículo 429, que sólo prevé las copias fotostáticas o semejantes de documentos privados reconocidos o autenticados, y por lo tanto, a la contraparte del promovente le basta alegar que tal documento (la copia fotostática) es inadmisible, ya que ella no representa documento privado alguno, porque estamos ante un caso de inconducencia, ya que la prueba es legal y no libre, y la ley determina cuando procede la copia simple de un documento privado reconocido o autenticado.

El citado artículo 429 reproduce, en su parte, el mismo criterio seguido por el artículo 1.368 del Código Civil, y el cual fue interpretado por la sala en fallo de fecha 17 de febrero de 1977, en el cual se estableció que el documento privado que puede oponerse en juicio es el original y suscrito con su firma autógrafa por el obligado, de manera que la posibilidad legal de desconocer o tachar el instrumento sólo tiene sentido cuando concurren estas circunstancias. Estas opiniones, con respaldo, por lo demás, en la doctrina universal, siguen vigentes con respecto a las copias, porque si ellas fueren desconocidas, el cotejo será complejo, ya que a los peritos calígrafos deberán trabajar con fotografías de la firma, de difícil reconocimiento debido a las distorsiones que las mismas contienen. Este rigor doctrinario, exigido para el original y firma autógrafa del documento privado, es el que reproduce, de manera indirecta, el citado artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, al exigir que la copia fotostática lo sea del instrumento privado reconocido o autenticado...’.

Asimismo, en decisión No. 469 de fecha 16 de diciembre de 1992, Caso: Asociación La Maralla contra Proyectos Dinámicos El Morro, C.A., la Sala dejó sentado:

‘...Al tenor del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, dentro de la prueba por escrito, el legislador decidió otorgar valor probatorio a determinadas copias fotostáticas o reproducciones fotográficas de algunos instrumentos.

Según dicho texto legal, es menester que se cumplan con determinados requisitos objetivos y subjetivos, para que estas fotocopias, o reproducciones fotográficas tengan efecto en el proceso mediante la debida valoración que, sobre ello, le otorgue el sentenciador.

Estas condiciones son las siguientes: En primer lugar, las copias fotostáticas deben tratarse de instrumentos públicos o de instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, en segundo lugar, que dichas copias no fueren impugnadas por el adversario; y en tercer lugar, que dichos instrumentos hayan sido producidos con la contestación (sic) o en el lapso de promoción de pruebas (y si son consignados en otra oportunidad, tendrían valor probatorio si fueren aceptadas expresamente por la contraparte).

A juicio de este Supremo Tribunal, la fotocopia bajo examen no se refiere a un instrumento público ni a un instrumento privado o tenido legalmente por reconocido, por lo que no se trata de aquel tipo de documento al cual el legislador ha querido dar valor probatorio cuando hubiere sido consignado en fotocopia...’.

De igual forma, en sentencia No. 16 de fecha 9 de febrero de 1994, Caso: D.R. y Otra contra E.A.Z., la Sala estableció:

‘...Los instrumentos en que se funda la acción han de ser producidos en juicio en forma original ya sean públicos o privados. Sin embargo, pueden también consignarse como elementos fundamentales de la acción, los documentos públicos, los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, en copias certificadas expedidas conforme a la ley. En el caso de reproducciones fotográficas, fotostáticas o de cualquier naturaleza, como por ejemplo los documentos trasmitidos por fax, que hayan sido consignados como fundamentos de la acción, ha de tratarse de copias de documentos públicos, reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, por cuanto por su propia naturaleza son de difícil alteración por las partes (véase decisión de fecha 30 de noviembre de 1989 Inversiones Prefuca c/ Jasó Valentín Ledezma y otra) y por otro lado, son estas las formas establecidas por la ley para producir en juicio la prueba escrita, y en base a estas modalidades prevé sus efectos, y su forma de impugnación dentro del procedimiento...’

En reiteración de los precedentes jurisprudenciales, la Sala deja sentado que sólo pueden producirse fotocopia de documentos públicos o privados, reconocidos o tenido legalmente por reconocidos con el libelo, y no de documentos privados simples…

(sic) (Resaltado y subrayado de esta Alzada).

Conforme al criterio sostenido por la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, el cual acoge esta alzada, tal como señalara el Tribunal de la causa, no se le otorga valor probatorio alguno al instrumento privado consignado en copias simple al folio 15, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Valor y mérito jurídico “del juicio de Tacha de documento público por vía Principal en el expediente No. 21142 que cursa por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil [,] Mercantil y A.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida” (sic), que agregaron marcado D, que evidencia que el progenitor de la aquí demandada de autos en ningún momento tuvo voluntad alguna de donar el bien cuya partición se demanda, toda vez que acciona contra su propia cónyuge por supuesta falsificación de documento público de compraventa, y en atención a lo manifestado por el actor “deja completamente sin efecto la teoría del [sic] la demandada de autos con relación a que es improcedente la partición del citado bien en virtud de que es una donación y que por tal motivo no forma parte de las gananciales conyugales…” (sic).

Se evidencia que mediante auto de fecha 21 de mayo de 2009 (folios 101 y

102), el Tribunal de la causa admitió dicha prueba.

Obra a los folios 75 al 86, copia certificada del libelo de demanda de tacha de falsedad de documento a que se contrae el expediente número 21.142 de la nomenclatura del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial, mediante el cual el ciudadano R.D.J.B., demandó a la ciudadana C.E.H.S., por tacha de falsedad del documento autenticado por ante la Notaría Pública de Ejido, Estado Mérida, en fecha 30 de julio de 1999, bajo el Nº 71, Tomo 20 y por ante la Notaría Pública Segunda de Mérida, Estado Mérida, en fecha 10 de marzo de 2000, bajo el Nº 38, Tomo 10, posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida en fecha 30 de mayo de 2005, bajo el número 12, Folios 77 al 95, Protocolo Primero, Tomo Vigésimo Séptimo, Segundo Trimestre, mediante el cual él, R.D.J.B. junto a su esposa, ciudadana C.E.H.S., traspasaron a los ciudadanos C.H.B. y C.R.B.H., todos sus derechos y acciones sobre un inmueble de su propiedad ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Municipio Milla, Distrito Libertador, Mérida, Estado Mérida, reservándose la ciudadana C.E.H.S., de por vida, derecho de usufructo del inmueble pudiendo hacer uso del mismo con las limitaciones que establece la Ley.

Así, de conformidad con lo previsto en el encabezamiento del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, los documentos públicos o privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, puede ser presentados en juicio bien sea en original o en copia certificada. En consecuencia, esta Alzada le otorga valor y mérito jurídico al referido instrumento de conformidad con lo establecido en artículo 1.357 del Código Civil; sin embargo, como se dijo anteriormente, la pertinencia, idoneidad y consecuencias jurídicas que emanen de esta instrumental, serán señaladas posteriormente. Así se decide.

Por otra parte, observa esta Alzada que junto con el escrito de informes presentados en fecha 29 de septiembre de 2009 (folios 108 al 115), por ante el Tribunal de la causa, el abogado G.D.M., en su condición de apoderado judicial del demandante, ciudadano R.D.V., consignó original de documento autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Estado Mérida, en fecha 1º de junio de 2006, bajo el Nº 78, Tomo 36, mediante el cual su mandante, ciudadano R.D.V., anuló totalmente, en todas y cada una de sus partes, el documento otorgado por él por ante la Notaría Cuarta del Estado Mérida con fecha 14 de Diciembre del año 1999, anotado bajo el Nº 02, Tomo 21 de los Libros de Autenticaciones llevados por esta Notaría, dejando sin efecto las manifestaciones realizadas en el citado documento (folios 116 y 117).

El artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, establece:

Artículo 435.- Los instrumentos públicos que no sean obligatorios presentar con la demanda, ya por no estar fundada en ellos la misma, ya por la excepción que hace el artículo 434, podrán producirse en todo tiempo, hasta los últimos informes

(sic). (Resaltado y subrayado de esta Alzada).

Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14 de octubre de 2004, con ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ, Expediente Nº AA20-C-2003-00979, dejó sentado:

(Omissis):…

Ahora bien, en cuanto a la oportunidad en que los documentos públicos administrativos deben ser consignados a los autos, la Sala en sentencia N° 209 de fecha 16 de mayo de 2003, caso: H.J.P.V., contra R.G.R.B. y la sociedad mercantil Constructora Basso C.A., estableció lo siguiente:

‘...los instrumentos públicos que pueden producirse en todo tiempo hasta los últimos informes, se refiere al documento público negocial y no a los documentos públicos administrativos, pues de lo contrario, se crearía una desigualdad extrema para la contraparte del promovente del documento público administrativo, producido luego de precluido el lapso probatorio ordinario.

En efecto, al contener el documento público administrativo una presunción de certeza desvirtuable por cualquier prueba en contrario, si el mismo es consignado en cualquier tiempo y no en el lapso probatorio, en caso de ser impugnado, el Juez estaría obligado a abrir una articulación probatoria, a fin de que la contraparte del promovente pueda desvirtuar la presunción de veracidad mediante la producción de la prueba en contrario; articulación que tiene lapsos más reducidos que los ordinarios concedidos por la Ley. Desde luego que tal problema no se presenta en el caso del documento público negocial, pues ellos sólo pueden ser destruidos por tacha o a través de la acción de simulación...’ .

Del precedente jurisprudencial se desprende que los documentos públicos administrativos son distintos en cuanto a sus efectos a los documentos públicos negocial, pues los primeros poseen una presunción de certeza desvirtuable por cualquier prueba en contrario, mientras que los segundos sólo pueden ser destruidos por tacha o a través de simulación, lo que quiere decir que los primeros sólo pueden ser consignados en el lapso probatorio pues de lo contrario se crearía un estado de desigualdad entre las partes, y los otros se pueden producir hasta el acto de informes…

(sic) (Resultado y subrayado de esta Alzada).

Conforme al precedente jurisprudencial que antecede, por cuanto el documento público negocial, puede ser acompañado hasta los últimos informes, esta Alzada le otorga valor y mérito jurídico al referido instrumento de conformidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil, el cual hace plena prueba de que el ciudadano R.D.V.D., anuló el documento autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta del Estado Mérida, en fecha 14 de diciembre de 1999, bajo el Nº 02, Tomo 51, mediante el cual el había renunciado a todo posible derecho que pudiera surgir proveniente de los derechos y acciones que obtuviera su cónyuge C.B.H., provenientes de los ciudadanos C.E.H.S. y R.D.J.B., sobre un inmueble ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Municipio Milla, Distrito Libertador, Mérida, Estado Mérida; sin embargo, la pertinencia, idoneidad y consecuencias jurídicas que emanen de esta probanza, serán señaladas posteriormente, por estar intimamente ligadas al thema

decidendum. Así se decide.

De la valoración y análisis de los medios probatorios producidos por las partes en juicio, concluye esta Alzada que el juicio de tacha de falsedad de documento por vía principal, constituye una cuestión prejudicial que debe resolverse previamente antes que el bien inmueble ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Municipio Milla, Distrito Libertador, Mérida, Estado Mérida pueda ser objeto de partición. Así se decide.

En efecto, por cuanto el traspaso de los derechos y acciones que sobre el inmueble ubicado en la Urbanización La Hacienda, Avenida 2, Parcela Nº 17, Municipio Milla, Distrito Libertador, Mérida, Estado Mérida, realizado por los ciudadanos R.D.J.B. y C.E.H.S., a favor de sus hijos, C.B.H. y C.R.B.H., es objeto de una acción judicial de tacha de falsedad de documento por vía principal, incoada por el ciudadano R.D.J.B., contra la ciudadana C.E.H.S., causa que cursa actualmente por ante el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en el expediente número 21142, según se evidencia de las actuaciones que obran a los folios 24 al 28 y 76 al 86, en consecuencia, considera esta Alzada que, independientemente de que el negocio jurídico constituido por el traspaso de tales derechos y acciones constituya una donación o no, en virtud de la falta de certeza de la esfera jurídica a la cual pertenece el inmueble en cuestión, el mismo no puede ser susceptible de la partición demandada, hasta tanto se resuelva el juicio de tacha de falsedad, partición esta que por tales razones, deviene en improcedente, como en efecto será declarado en el dispositivo del presente fallo. No obstante, queda a salvo al actor, el derecho proponer nuevamente partición sobre este inmueble, si hubiere lugar a ello. Así se decide.

Por las consideraciones que anteceden, con fundamento en los dispositivos legales y criterios doctrinarios señalados ut supra, resulta forzoso para esta Superioridad declarar parcialmente con lugar la demanda de partición de bienes de la comunidad conyugal, pero con diferente motivación, por lo que en tal sentido queda MODIFICADA la sentencia recurrida. Y así se decide.

DISPOSITIVO

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y del Adolescentes de la Circuns¬cripción Judicial del Estado Mérida, actuando en sede civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autori¬dad de la Ley, dicta sen¬tencia en los términos siguientes:

Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado G.D.M., en su condición de apoderado judicial de la parte actora, ciudadano R.D.V.D., contra la sentencia de fecha 12 de agosto de 2010, dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA.

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de partición de bienes de la sociedad conyugal, interpuesta por el ciudadano R.D.V.D., en contra de la ciudadana C.B.H.; en consecuencia, resulta procedente en derecho, la partición del inmueble adquirido por la comunidad conyugal, mediante documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 20 de diciembre de 2001, bajo el Nº 48, Folios 304 al 311, Protocolo Primero, Tomo Vigésimo Noveno, Cuarto Trimestre, sobre el inmueble consistente en un apartamento distinguido con el Nº A-74, que forma parte del Edificio “A”, del Conjunto Residencial “L.F.S.”, ubicado en la Urbanización Parque Albarregas, parcela “G”, Avenida Las Américas de esta ciudad de Mérida.

Se declara IMPROCEDENTE, la partición demandada sobre un bien inmueble para habitación, ubicado en la avenida 2, parcela Nº 17 de la Urbanización la Hacienda, Municipio Libertador del Estado Mérida, hasta tanto se resuelva la acción de tacha de falsedad de documento por vía principal, interpuesta por el ciudadano R.D.J.B., contra la ciudadana C.E.H.S., causa que cursa actualmente por ante el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en el expediente número 21142 de su nomenclatura interna.

Se MODIFICA la sentencia definitiva recurrida, de fecha 12 de agosto de 2010, proferida por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA.

En virtud de la naturaleza del presente fallo no se hace especial pronunciamiento sobre las costas del recurso.

Por cuanto este fallo se publica fuera del lapso legal, debido al exceso de trabajo originado por las diversas materias que conoce este Tribunal y los numerosos recursos de a.c. que han cursado en el mismo, así como por la intensa actividad desplegada por la Rectoría Civil a cargo del Juez que suscribe, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes o sus apoderados judiciales, en el domicilio procesal indicado en los autos, haciéndoles saber de la publicación de esta sentencia. Provéase lo conducente.

Publíquese, regístrese y cópiese. Bájese el presente expediente al Tribunal de

origen en su oportunidad.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despa¬cho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Méri¬da, en Mérida, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil doce (2012). Años: 202° de la Inde¬pendencia y 153º de la Federación.

El Juez,

H.S.F..

La Secretaria,

M.A.S.G..

En la misma fecha, y siendo las dos y treinta minutos de la tarde, se publicó la anterior decisión, lo que certifico.

La Secretaria,

M.A.S.G..

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, doce (12) de junio de dos mil doce (2012).

202º y 153º

Certifíquese por Secretaría, para su archivo, copia de la decisión anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 112 eiusdem, debiendo insertarse al pie de la misma el contenido del presente decreto.

El Juez,

H.S.F..

La…

Secretaria,

M.A.S.G..

En la misma fecha se expidió la copia acordada en el decreto anterior; asimismo, conforme a lo ordenado en la decisión de esta misma fecha, se libraron las boletas de notificación con las inserciones pertinentes y se entregaron al Alguacil para que proceda a hacerlas efectivas.

La Secretaria,

M.A.S.G..

Exp. 5289.-