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Las zonas rojas de la 'pacificación'

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Vincent

Negociación con bandas delictivas, instalación de zonas de paz, patrullaje inteligente por cuadrantes, una ley desarme a la espera de reglamento, la ampliación de las comunas, y la intervención del Estado en la programación de los medios, son las estrategias que hasta el momento el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha adelantado como lineamientos del plan de pacificación que ofreció presentar ante el país el sábado 8 de febrero, apurado por el escándalo que desató el asesinato de la ex Miss Venezuela, Mónica Spear, y su marido Thomas Berry, el 6 de enero en la noche.El año pasado Maduro hizo un cambio sustancial en las políticas de seguridad ciudadana de Hugo Chávez: incorporó a los militares a la persecución de la delincuencia en el Plan Patria Segura. Este año convoca a los alcaldes de la oposición para legitimar la estrategia gubernamental, y define la respuesta del Ejecutivo como pacificación, un término ajeno al derecho internacional humanitario pero que tiene un antecedente inmediato en Brasil, donde se despliegan fuerzas especiales en las favelas para desplazar al narco y retomar el control territorial del Estado con intervenciones cuestionadas por tolerar violaciones de derechos humanos cometidas por policías y militares.A diferencia del caso bra sileño, en Venezuela el Gobierno no ha identificado a un enemigo compacto y jerarquizado como el narco, sino una amenaza a la seguridad ciudadana atomizada.Análisis de prioridades.Luis Cedeño, director de la organización Paz Activa, se pregunta si las zonas de paz servirán como espacios para hacer actividades de prevención del delito o más bien para militarizar pueblos y ciudades, al tiempo que cuestiona que el gobierno no revele qué prebendas ofrece a las bandas delictivas a cambio de entregar las armas y desmovilizarse. Si estos acuerdos no son transparentes, será muy difícil convencer a la ciudadanía de que se beneficiará de una nueva política de seguridad.El criminólogo Freddy Cres po duda que el desarme ayude a disminuir la violencia dado que el año pasado aumentó la criminalidad a pesar de que se incautaron 400.000 armas.Debería plantearse el debate de legalizar las armas, porque el problema no radica en la posesión sino en el uso que se hace de ellas y en las dificultades que tienen las autoridades para rastrear su actividad.Advierte que es fundamental que los colectivos se plieguen al desarme como una muestra de que el monopolio sobre el uso de las armas permanece bajo el...

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