concepto delinquir

En el procedimiento especial por admisión de los hechos no es posible, bajo ninguna circunstancia, la determinación de una calificación jurídica distinta a la señalada en la admisión de la acusación fiscal o particular propia, por cuanto ello implicaría la violación de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el proceso.

A través del avocamiento, no puede procurarse que la Sala de Casación Penal supla actuaciones dentro del proceso, inherentes a quienes intervienen en el mismo como partes interesadas, ni tampoco que sustituya la función de los órganos jurisdiccionales en sus diferentes instancias.

La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.

La solicitud y posterior admisión de la prueba anticipada debe ser motivada.

Falsedad en documentos públicos. Prescripción de la acción penal. Administración de justicia. Delitos con pena mayor

La dignidad humana es un derecho fundamental, previsto en nuestra Carta Magna, innato de la persona, que forma parte de su propia naturaleza y que a su vez, representa para el Estado por imperativo un deber de velar por la protección, salvaguarda de la vida y la autonomía de las personas.

• Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

No basta con enunciar el vicio de falta de aplicación, debe establecerse de manera contundente qué parte del precepto no fue aplicado,

Análisis y valoración de Pruebas. Los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de las pruebas, relativos a demostrar o no la responsabilidad penal del acusado en los hechos objeto del proceso, ya que estos son propios del debate que se realiza en la fase del juicio oral y público.

V DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación con Efecto Suspensivo interpuesto

Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión

La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.

La solicitud de ratificación de una extradición previamente declarada procedente, y que se encuentra en proceso de ejecución del fallo, no es compatible con la normativa procedimental establecida.

Las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, así parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho.

Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.

El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.

Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial

En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...

En nuestro proceso penal, a la víctima por extensión, se le ha reconocido condición de parte, en consecuencia, “...en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses. Sin importar que se hubiere o no constituido en querellante, acusador privado o se hubiere adherido a la acusación fiscal…”, la tutela judicial efectiva de sus derechos resultaría artificiosa.