Convenios de extradición

Delito de homicidio. Prescripción de pena. Recurso. Justicia penal

Procedimiento de extradición pasiva del ciudadano. Prescripción de la pena. Administración pública. Delito relativo al tráfico de sustancias estupefacientes

AVOCAMIENTO-RADICACIÓN. Inepta acumulación de pretensiones. Toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a las referidas normas del Código de Procedimiento Civil, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación, toda vez que se trata de dos pretensiones planteadas conjuntamente en un mismo escrito, y cuyo conocimiento corresponde a órganos jurisdiccionales diferentes.

En caso que ocurra la situación de pendencia de la opinión fiscal, hay que considerar -con el objeto de resolver todas aquellas solicitudes de extradición activa que se encuentren próximas a vencerse- que dicha opinión ni su ausencia impide la emisión de pronunciamiento por parte de esta Sala de Casación Penal.

Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.

La alerta roja internacional es el instrumento o mecanismo utilizado en el plano internacional para solicitar a gobiernos extranjeros la detención preventiva de una persona con miras a su extradición.

El acuerdo Bolivariano de Extradición establece que los Estados contratantes convienen en entregarse mutuamente autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2°, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas.

La notificación roja emitida por la Dirección de Policía Internacional INTERPOL constituye el fundamento de la solicitud de detención con fines de extradición.

En las leyes venezolanas que regulan los procedimientos de extradición no existen normas específicas que señalen requisitos formales para estimar la procedencia de la extradición.

El principio de doble incriminación representa una garantía para el justiciable tendiente a evitar que pueda ser objeto de persecuciones arbitrarias o injustas por parte de algún Estado, ya que como se dijo anteriormente los hechos por los cuales se requiere la extradición de una persona deben ser constitutivos de delito tanto según las leyes del Estado requirente como del Estado requerido.

En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...

Si la persona solicitada en extradición es nacional del Estado venezolano, será necesario acompañar los medios de prueba que permitan su juzgamiento, para que pueda ser procesado en territorio venezolano, en tanto y en cuanto lo solicite el país requirente, de acuerdo con lo consagrado en el encabezado del artículo 6 del Código Penal venezolano.

Existen otras fuentes de Derecho que también rigen la extradición, tanto de naturaleza legal (Código Penal, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y Ley Orgánica del Ministerio Público) como de naturaleza jurídica en general, como lo son los principios del derecho internacional y la costumbre internacional, entre otras.

Entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, se establece el término perentorio a la Parte requirente para la presentación de la solicitud formal de extradición, de noventa (90) días continuos

Sobre esta Sala de Casación Penal pesa la obligación de decidir con la debida celeridad, sobre la procedencia de solicitar la extradición activa al país requerido, no siendo indispensable para la emisión de dicha decisión, que conste en actas en forma previa la opinión del Ministerio Público.

La interpretación realizada por la Sala, del Artículo 9° del Acuerdo sobre Extradición, suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, establece un término de noventa (90) días para que el Estado requirente, luego de su notificación, solicite formalmente la extradición de la persona requerida y remita la documentación legal pertinente.

La extradición (en su modalidad pasiva) puede ser tramitada por un gobierno extranjero ante la República Bolivariana de Venezuela, básicamente, por dos vías; en primer lugar, solicitando, como medida cautelar, la detención preventiva de la persona requerida.

Extradición Activa- La ausencia de opinión del Ministerio Público no es vinculante para el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal.

El requisito previo para pronunciarse y decidir acerca de la procedencia de una solicitud de extradición pasiva, es que la persona requerida se encuentre privada de libertad y conocer cuál es su ubicación precisa.

Debido proceso sustancial. Constituye garantía establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia del (la) imputado (a).

Las normas internas que rigen lo relativo a la extradición, los artículos 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 6 del Código Penal y 382, 386, 387 y 388 del Código Orgánico Procesal Penal, recogen los principios básicos que pauta al respecto el derecho positivo venezolano.

La extradición es considerada como un instrumento de cooperación internacional en la lucha contra el delito, por lo que el Estado venezolano la acepta como una obligación conforme al Derecho Internacional, sin embargo queda potestativo de éste su concesión o denegación(...)

En aras de la celeridad y eficacia de los actos procesales, se deben cumplir los requisitos formales para la procedencia de la extradición, teniendo como premisa la tutela judicial efectiva y el debido proceso sustancial.

Extradición activa. El principio de la territorialidad de la ley penal venezolana faculta al Estado para conocer de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción: “…Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana…”.

Las decisiones en las que se fundamente la solicitud de extradición pasiva deben indicar de manera precisa las circunstancias de lugar, modo y tiempo del hecho investigado o establecido, las disposiciones legales aplicables al caso y aquellas relativas a la prescripción de la acción penal o de la pena.