principio de celeridad en el proceso penal

• Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

La Sala de Casación Penal advierte, que no puede sustituir la función de los órganos jurisdiccionales a los que les corresponda resolver de acuerdo con su competencia, debiendo agotar los solicitantes, todos los recursos y etapas procesales idóneas y eficaces, previstos en la ley adjetiva penal.

Ante la condición de civil del procesado, debe imperar la supremacía de la jurisdicción penal ordinaria.

Para determinar la gravedad del delito, es necesario considerar el perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo, ya que, las adversas repercusiones del delito, son lo que en definitiva, inciden en la buena marcha de la administración de justicia y en la comunidad a la cual alcanza su influencia.

Delitos en las leyes. Administración pública. Acción ilegal similar. Abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión

Violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Documentos públicos administrativos. Contrato de arrendamiento con opción. Valoración de la prueba

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Proceso judicial. Falta de valoración de pruebas. Documento privado. Funcionarios públicos sustanciadores del procedimiento administrativo

Extradición activa. El principio de la territorialidad de la ley penal venezolana faculta al Estado para conocer de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción: “…Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana…”.

El principio de inmediación es esencial e inminente para el régimen de la prueba testifical, aunado a que el acta levantada en la investigación que contenga un testimonio escrito, no constituye un medio de prueba suficiente para decidir sobre la comisión de un hecho punible, menos juzgar sobre su intención o culpa.

Empero, es necesario reiterarse que, al recurrir en casación, se debe dejar en evidencia la actividad defectuosa manifestada por la corte de apelaciones. Los vicios referidos a la valoración de los elementos probatorios, no son censurables por los jueces de las Cortes de Apelaciones ni por la Sala de Casación Penal.

La casación no es una tercera instancia con competencia plena y absoluta para juzgar nuevamente el asunto judicial, por el contrario, su finalidad es de protección de la ley conjuntamente con la unificación, sumándose la justicia del caso –ius constitutionis y ius litigatoria- de manera limitada, dentro de los parámetros propios del recurso y conforme al poder que le permita la ley.

Extradición Activa- La ausencia de opinión del Ministerio Público no es vinculante para el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal.

La facultad de recurrir, en materia penal, encuentra limitaciones legales expresas, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, es decir, la impugnabilidad está determinada por el principio de taxatividad del recurso, ya que sólo (sic) serán recurribles aquellas resoluciones judiciales cuya admisión sea permitida expresamente por la ley.

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La potestad de administrar justicia que tienenlas instancias judiciales, está limitada en razón del territorio, la materia, la persona y la capacidad subjetiva del juez.

La potestad jurisdiccional no funciona en forma ilimitada, ya que su ejercicio está restringido por los requisitos que la ley impone para asegurar su control, todo lo cual es necesario para la seguridad del procedimiento penal.

A las partes se les debe garantizar sus derechos fundamentales, adicionalmente es indispensable que se cumplan con cada uno de los lapsos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico para tal fin.

Tanto la alarma como la sensación y el escándalo público causados por la perpetración del delito, tienen que generar en las partes del proceso y en la colectividad, una inquietud capaz de entorpecer el correcto desarrollo del proceso judicial y, por ende, la recta aplicación de la justicia penal.