sala penal del tribunal supremo de justicia

La radicación constituye una excepción a la regla de competencia territorial, dada la necesidad de resguardar al proceso de influencias ajenas a la verdad procesal, que incidan en su desenvolvimiento o influyan en la psiquis de los jueces o juezas a quienes corresponde el conocimiento del asunto.

Existen una serie de formalidades para la correcta elaboración de un escrito recursivo de casación, que se encuentran establecidas en los artículos 451 y 454, ambos de nuestro texto adjetivo penal, de acuerdo a los cuales el recurso de casación será interpuesto contra las sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelvan sobre la apelación.

Tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso el recurso de casación exige el cumplimiento de requisitos formales relacionados íntimamente con su contenido, todo lo cual comporta precisión procesal en su interposición, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador, aun cuando, en algunos casos, resulte incomprensible que el exceso de formalismo, genere su inadmisibilidad.

El recurrente debe cumplir adecuadamente con una técnica de fundamentación al plantear la denuncia, que le permita a la Sala conocer y resolver de manera excepcional su pretensión, no que vaya más allá de las razones y atribuciones de la Sala, por el simple hecho de considerar desfavorable el fallo cuestionado y contrario a sus intereses.

Es pertinente referir que la inobservancia y la errónea aplicación de la misma norma jurídica, son términos excluyentes, por cuanto la inobservancia implica necesariamente la negación o desconocimiento de un precepto expreso, vigente, aplicable y en el que pueden subsumirse los argumentos denunciados. Mientras que el vicio de errónea aplicación concibe ineludiblemente la aplicación indebida de...

No toda conducta que se ejerza en agravio de una mujer debe considerarse un delito de género, pues la acción debe ir acompañada de la existencia de una discriminación negativa hacia la mujer por el hecho de serlo, es decir, de un acto sexista, sin que pueda confundirse con otras intenciones del autor.

La garantía constitucional del juez natural implica que, formalmente, sea un juez con competencia predeterminada en la Ley el que administre justicia en cada caso concreto, y sustancialmente, que ese juez sea idóneo, independiente e imparcial para que asegure que será justa y conforme a derecho la decisión judicial.

Fundamentación. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios.

El contenido del concepto del derecho al juez natural, el cual estaría relacionado en principio, con la jurisdicción, la competencia, el conocimiento de la identidad del juzgador con anterioridad al delito o al hecho que originó la voluntad de peticionar ante los órganos jurisdiccionales.

Las partes no pueden procurar por medio del Recurso de Casación, que sean revisados fallos que no le son favorables, más allá de las razones procesales o jurídicas atribuibles a la alzada, pues la Sala de Casación Penal no constituye una tercera instancia, a la cual el recurrente puede acudir para expresar su descontento con el fallo que le adversa.

Separar del conocimiento al juez que le corresponde, bien sea por territorio o por materia, sin que concurran los supuestos que contempla el artículo 64 del texto adjetivo penal, sería una violación flagrante al principio del juez natural y a la garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La tutela judicial efectiva exige a los órganos de la administración de justicia, que sus pronunciamientos estén sustentados en un análisis razonado y lógico de los hechos controvertidos, garantizando el control de la legalidad mediante el ejercicio de los recursos ordinarios y extraordinarios legalmente establecidos.

La motivación implica la aplicación de las máximas de experiencia en el análisis de la situación planteada, que permitan evidenciar que el razonamiento del juez está ajustado a derecho, emitiendo una decisión justa en la que se explique con claridad las razones que conllevaron a resolver las peticiones argüidas.

Cuando se denuncia en casación la falta de aplicación de un precepto legal, no basta con enunciar tal vicio, debe establecerse de manera contundente qué parte del precepto no fue aplicado, así como, los fundamentos lógicos en virtud de los cuales se estima que era la disposición legal que correspondía aplicar a la controversia.

El proceso penal como la rama del ordenamiento jurídico que disciplina el comportamiento de los sujetos que intervienen en el proceso penal, a los fines de concretar el derecho penal sustantivo, prevé una serie de mecanismos a través de los cuales las partes pueden reclamar las infracciones que consideren han sido cometidas por los órganos de investigación o jurisdiccionales.

El artículo 622 de la mencionada ley especial en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, refiere a las pautas para la determinación de las medidas destinadas a sancionar a los adolescentes por la comisión de determinado ilícito penal, y el artículo 621 eiusdem, contempla los principios y finalidad de dichas medidas.

Los supuestos por omisión de pronunciamiento, y de manera simultánea, motivación insuficiente, son excluyentes entre sí y por lo tanto no pueden bajo ningún concepto, ser concurrentes, pues para que se configure una omisión de pronunciamiento, es necesario que estemos en presencia de una decisión que carece de todo tipo de motivación.

El Principio de Reciprocidad Internacional consagra el derecho de igualdad y mutuo respeto entre los Estados y la posibilidad de brindarse y asegurarse un trato idéntico, en el cual el Estado requirente debe mantener en general una actitud de cooperación en materia de extradición.

La nulidad absoluta de los actos cuyos defectos en su formación implican la conculcación de derechos fundamentales inherentes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, o los derechos de las víctimas directa e indirectas, se encuentran descritos en los casos y formas establecidos en el texto adjetivo penal.

Es propio de la casación penal el cumplimiento adecuado de la técnica de la fundamentación del recurso para que se pueda resolver el fondo de lo pretendido, toda vez que el recurso de casación es un medio de impugnación que tiene carácter restringido y extraordinario.

Al alegar la falta de aplicación de varias normas, debe el recurrente hacerlo de manera separada, a los fines de que la Sala pueda deslindar en cada caso la falta de aplicación aducida, estando vedado a la Sala suplir la deficiencia de ese planteamiento.

Los vicios de “falta de aplicación” y “errónea interpretación”, son excluyentes entre sí, no pueden ser planteados en una misma denuncia, pues las normas o son inaplicadas o han sido interpretadas con error, no pueden ser vulneradas de forma concomitante desde esas dos ópticas.

La recusación, constituye un acto a través del cual se pretende que el órgano jurisdiccional que conoce de un determinado proceso, se separe del mismo por estar incurso en una causal prevista en la norma, toda vez que, se pone en duda un juzgamiento imparcial.

El vicio de inmotivación, deriva de la falta, contradicción o ilogicidad en el razonamiento explanado en la sentencia, debido a la carencia de las razones de hecho y de derecho en las que se debe sustentar el fallo, o porque estas sean contradictorias o ilógicas.

El ejercicio intelectual de las cortes de apelaciones recaerá en el razonamiento empleado por el juez de instancia al momento de dictar sentencia. La apreciación de las pruebas evacuadas durante el debate, no está dentro de las competencias atribuidas al tribunal colegiado, ésta es una función exclusiva de los jueces de juicio.