Decisión nº S-N de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Abril de 2013

Fecha de Resolución30 de Abril de 2013
EmisorJuzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario
Número de ExpedienteAP41-U-2009-000301
PonenteBertha Ollarves
ProcedimientoPerención En El Juicio Ejecutivo

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 30 de Abril de 2013

203º y 154º

ASUNTO: AP41-U-2009-000301 SENTENCIA INTERLOCUTORIA S/N

Los ciudadanos J.A.V.P. Y W.L.S., Abogados titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 4.719.782, y 9.886.423 respectivamente e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 24.074 y 64.954, respectivamente, actuando en su carácter de Sustitutos de la ciudadana Procuradora General de la República por Órgano del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), interpusieron en fecha veintidós (22) de Mayo de 2009, Libelo de Demanda por Cobro de Derechos Fiscales en Juicio Ejecutivo, contra la Recurrente “ESPAÑA ARANGUREN J.A. (J.E. INGENIEROS)”, para que, apercibida de ejecución pagase dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes a la práctica de su intimación, o comprobase haber pagado a la intimante, la cantidad señalada en las Planillas de Liquidación, de conformidad con las Resoluciones Nros. MF-SENIAT-GRTI-RLL-DF-905-005, por concepto de Impuesto al Valor Agregado IVA, la cual se detalla la siguiente manera:

Periodo Tributario Monto según Declaración Monto según Fiscalización Diferencia Base Imponible Ajuste al Debito Fiscal

Enero 2002 -0- 153.380.419,51 133.956.698,26 19.423.721,25

Marzo 2002 -0- 171.239.980,66 149.554.568,26 21.685.412,40

Diciembre 2002

-0- 252.940.491,10 218.052.147,50 34.888.343,60

Marzo 2003 -0- 121.950.893,31 105.130.080,44 16.820.812,87

Abril 2003 -0- 332.707.445,79 286.816.763,61 45.890.682,18

Mayo 2003 -0- 234.363.423,72 202.037.434,24 32.325.989,48

Diciembre 2003

-0- 133.846.919,21 115.385.275,18 18.461.644,03

Total 1.400.429.573,30 189.496.605,81

y la Resolución Nº MF-SENIAT-DSA-IVA-DF-010, de fechas 08/03/2005 y 15/08/2005, respectivamente, y sus correlativas Planillas de Liquidación que se especifican a continuación:

Período de Imposición Impuesto (Bs.) Multa Total (Bs.) Intereses Moratorios (Bs.)

Enero 2002 1.962.199,00 2.458.134,00 2.106.417,00

Marzo 2002 18.779.645,00 20.984.250,00 18.047.684,00

Diciembre 2002 32.657.990,00 36.491.868,00 21.249.966,00

Marzo 2003 16.820.818,00 14.338.674,00 9.215.400,00

Abril 2003 45.890,683,00 78.238.692,00 23.842.137,00

Mayo 2003 28.460,590,00 24.261.174,00 14.041.383,00

Diciembre 2003 18.147.140,00 15.469.398,00 6.093.658,00

Totales: 162.719.064,00 192.242.190,00 94.596.645,00

Emanadas de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas Regional de Tributos Internos de las Región los Llanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria del Ministerio de Finanzas SENIAT, equivalentes actualmente de la siguiente manera: 1.- Ciento Sesenta y Dos Mil Setecientos Diecinueve Bolívares Fuertes con Seis Céntimos (Bs. F.162.719,06); 2.- Ciento Noventa y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Dos Bolívares Fuertes con Diecinueve Céntimos (Bs. F. 192.242,19); 3.- Noventa y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Seis Bolívares Fuertes con Sesenta y Cuatro Céntimos (Bs. 94.596,64), en virtud de la Reconversión Monetaria Nº 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007.

Proveniente de la distribución efectuada el veintidós (22) de Mayo de 2009, por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se le dio entrada a dicha Demanda de Juicio Ejecutivo bajo el Nº AP41-U-2009-000301, en fecha 25/04/2009 y Oficio Nº 2009-211, dirigido al Coordinador de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que informara si existía en alguno de los Tribunales de esta Jurisdicción alguna otra causa interpuesta relacionada con las obligaciones exigidas en la demanda incoada con dicha Contribuyente.

En fecha Treinta (30) de Junio de 2009, el ciudadano J.A.V.P., ya Identificado, solicitó que se nombre Correo Especial a los efectos del traslado de la boleta de intimación dirigido al Juez comisionado. En consecuencia se dictó auto en fecha tres (03) de Julio del año 2009, dejando expreso que una vez recibida las resultas de la mencionada comisión se proveerá sobre lo solicitado.

En fecha 01/06/2009, se Admitió el Juicio Ejecutivo y se libró Boleta de Intimación a la Contribuyente conjuntamente con copia Certificada del libelo de la Demanda y Sentencia Interlocutoria de esa misma fecha, así mismo se libró Despacho de Comisión al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de los Municipios Biruaca y San F.d.A. de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.

En fecha 02/06/2009, se recibió Oficio Nº 60/2009, emanado de la Unidad de Recepción de Documentos de los Tribunales Tributarios (URDD), mediante el cual dan respuesta al Oficio Nº 2009-211 de fecha 25/05/2009, haciendo saber a este Juzgado que no existe Recurso Contencioso Tributario Interpuesto por la Contribuyente “ESPAÑA ARANGUREN J.A. (J.E. INGENIEROS)”, en contra de las Resoluciones Nros. MF-SENIAT-GRTI-RLL-DF-905-005, por concepto de Impuesto al Valor Agregado IVA, y MF-SENIAT-DSA-IVA-DF-010, de fechas 08/03/2005 y 15/08/2005.

En fecha dos (02) de Diciembre del año 2009, se recibió las resultas de la comisión de fecha 02/12/2009, emanado de este Juzgado, en virtud de la nota del alguacil M.A.B.A. por no existir ningún conjunto Residencial dentro de la Ciudad que lleve por nombre Urbanización “El Sama de Apure”, sin cumplir, y a los fines de la celeridad del proceso se ordenó mediante auto de fecha dieciocho (18) de Diciembre del 2009, fijar Cartel a las Puertas del Tribunal a los fines pertinentes.

No hubo más actuaciones.

- I -

ANALISIS DEL PROCESO

Visto que el juicio no ha seguido su curso normal, este Tribunal procede a analizar si se encuentran dados los supuestos legales para que pueda declarar perimida la instancia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, el cual es del tenor siguiente:

"La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención".

La Perención es la extinción o anulación del procedimiento por falta de instancia, impulso o gestión de él por las partes en este, durante un período predeterminado fijado por la Ley.

Su objeto primordial consiste en evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes involucradas en estos, y en estado de incertidumbre los derechos privados, tiene su fundamento en una racional presunción, deducida de la circunstancia de que, correspondiendo a las partes dar vida y actividad al juicio, la falta de instancia o interés de ellas es lógico considerarla como un tácito propósito de abandonarlo. Mortera expone que "...se trata de una presunción de consentimiento que la Ley deduce del silencio".

En consecuencia, en base al dispositivo señalado anteriormente, para que se produzca la perención allí consagrada, es necesario que haya transcurrido cierto lapso de tiempo, a saber, un año y que durante el mismo no haya habido ningún acto de procedimiento.

Además, el Código de Procedimiento Civil, por mandato expreso del artículo 332 del vigente Código Orgánico Tributario, rige supletoriamente al proceso judicial en esta materia fiscal especial. Así el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone expresamente lo siguiente:

"Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.

…Omissis…".

El fundamento de la Perención se encuentra entonces en la renuncia tácita de las partes a continuar instando el procedimiento, y cumplido el término, ellas, de acuerdo a la normativa del Código de Procedimiento Civil de 1986, no pueden renunciarla y además, el Tribunal, también con ajuste a dicho Código (artículo 269), está facultado para declararla de Oficio.

Esta remisión del Código Orgánico Tributario al Código de Procedimiento Civil viene a unificar la materia procedimental lo cual redunda en el buen desenvolvimiento del proceso, considerando este Tribunal que el dispositivo contenido en el artículo 265 del vigente Código Orgánico Tributario en nada colide con la norma ya transcrita del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, pues ambos regulan el Instituto de la Perención básicamente de igual manera.

Como ha expresado el Tribunal Superior Cuarto en lo Civil y Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda, mediante sentencia de fecha treinta (30) de Enero de 1989, caso: Banco I.V., C.A.:

"...los fundamentos del instituto de la perención, se encuentran en el hecho objetivo de la inactividad probada y en el abandono tácito de la instancia por parte del litigante interesado en el proceso. El Estado debe relevar a sus propios órganos jurisdiccionales de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación jurídico procesal, cuando transcurra un período determinado de inactividad procesal, puesto que el Estado tiene interés en hacer cesar las incertidumbres y agitaciones que se derivan de los procesos y evitar que éstos se hagan excesivamente largos".

Hasta en el Código de Procedimiento Civil de 1916, había una sola clase de Perención, la cual surgía del transcurso de tres (3) años sin haberse ejecutado ningún acto procesal. El nuevo Código de Procedimiento Civil, además de que fijó en un (1) año el plazo de la inactividad procesal, al lado de esa Perención tradicional, ahora llamada Ordinaria, estableció nuevas causas de extinción que se denominan Perenciones Especiales, y además consagró la Perención como Institución de Orden Público, dándole al Juez la posibilidad de declararla de Oficio y no permitiendo a los interesados renunciar a ella.

En este orden de ideas, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 01256 de fecha trece (13) de Agosto de 2009, caso: S.I.d.V., C.A., ratificada en sus fallos Nos. 00197 del cuatro (4) de Marzo de 2010 y 01114 del diez (10) de Noviembre de 2010, casos: El Wiljor, y La Nueva Casa Veccia, ha indicado en cuanto a la perención lo siguiente:

En orden a lo anterior, debe esta Alzada realizar algunas consideraciones respecto a la institución de la perención de la instancia, la cual constituye un medio de terminación procesal que opera por la inactividad de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por más de un (1) año.

Dicho modo de terminación procesal no es más que una sanción, que tiene por objeto evitar que los procesos en que existe falta de instancia o interés de las partes se prolonguen indefinidamente.

A tal efecto, se observa que la figura de la perención se encuentra prevista en las normas dispuestas en los artículos 267 del Código de Procedimiento Civil y 265 del vigente Código Orgánico Tributario, en los términos que a continuación se transcriben:

(…)

En atención a los dispositivos antes transcritos, esta Sala considera que para que opere la perención en el ámbito tributario, es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos, a saber: 1) la paralización de la causa por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento, transcurrido el cual el tribunal podrá sin más trámites declarar consumada la perención, sea de oficio o a solicitud de parte interesada; 2) la falta de realización de actos de procedimiento por las partes, pues el único límite impuesto por la norma en referencia, es que se haya dicho ‘vistos’, en cuyo caso no existirá inactividad

.

Como ya se dijo, se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de la mencionada Sala N° 669 del 13 de Marzo de 2006, caso: C.A. Conduven).

Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquélla en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14 de Diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras).

En base a la transcrita jurisprudencia, la cual hallamos aplicable al caso de autos de conformidad con lo previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil; y siendo que desde el dieciocho (18) de Diciembre de 2009, fecha en la cual se fijó Cartel a las Puertas del Tribunal, dirigido a la Recurrente de Marras, y hasta la presente fecha, ha transcurrido sobradamente el plazo de un (01) año que estipulan los artículos 265 del Código Orgánico Tributario y 267 del Código de Procedimiento Civil, para que se extinga el proceso y la Perención se verifique, sin que las partes hubiesen impulsado el proceso; operando en consecuencia la aludida perención en la presente Demanda por Cobro de Derechos Fiscales en Juicio Ejecutivo ejercida contra la “ESPAÑA ARANGUREN J.A. (J.E. INGENIEROS)”. Así se decide.

No obstante la declaratoria de Perención que se hace mediante el presente fallo, este Tribunal no puede dejar de referirse a la disposición contenida en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia correspondiendo a las partes la intención de continuarlo, ya que de las actuaciones de estas, debe derivar la intención inequívoca de instar el mismo, debiéndose entender que la ausencia de formalismos esenciales no pueden conllevar omisiones que constituyan violaciones al proceso, como sería obviar la Perención establecida en la Ley por medio de la cual el Estado castiga a la inactividad de las partes durante el proceso una vez transcurrido determinado lapso de tiempo. Así se declara.

- II -

DECISIÓN

En virtud de las razones precedentemente expuestas este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara extinguido por PERENCIÓN, éste proceso que se instauró mediante el Libelo de Demanda por Cobro de Derechos Fiscales en Juicio Ejecutivo, interpuesto en fecha (22) de Mayo de 2009, por los ciudadanos J.A.V.P. Y W.L.S., ya identificados, funcionarios adscritos a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, actuando en su carácter de Representantes Judiciales de la República Bolivariana de Venezuela, contra la Recurrente “ESPAÑA ARANGUREN J.A. (J.E. INGENIEROS)”, para que, apercibida de ejecución pagase dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes a la práctica de su intimación, o comprobase haber pagado a la intimante, la cantidad señalada en las Resoluciones Nros. MF-SENIAT-GRTI-RLL-DF-905-005, por concepto de Impuesto al Valor Agregado IVA, la cual se detalla la siguiente manera:

Periodo Tributario Monto según Declaración Monto según Fiscalización Diferencia Base Imponible Ajuste al Debito Fiscal

Enero 2002 -0- 153.380.419,51 133.956.698,26 19.423.721,25

Marzo 2002 -0- 171.239.980,66 149.554.568,26 21.685.412,40

Diciembre 2002

-0- 252.940.491,10 218.052.147,50 34.888.343,60

Marzo 2003 -0- 121.950.893,31 105.130.080,44 16.820.812,87

Abril 2003 -0- 332.707.445,79 286.816.763,61 45.890.682,18

Mayo 2003 -0- 234.363.423,72 202.037.434,24 32.325.989,48

Diciembre 2003

-0- 133.846.919,21 115.385.275,18 18.461.644,03

Total 1.400.429.573,30 189.496.605,81

y la Resolución Nº MF-SENIAT-DSA-IVA-DF-010, de fechas 08/03/2005 y 15/08/2005, respectivamente, y sus correlativas Planillas de Liquidación que se especifican a continuación:

Período de Imposición Impuesto (Bs.) Multa Total (Bs.) Intereses Moratorios (Bs.)

Enero 2002 1.962.199,00 2.458.134,00 2.106.417,00

Marzo 2002 18.779.645,00 20.984.250,00 18.047.684,00

Diciembre 2002 32.657.990,00 36.491.868,00 21.249.966,00

Marzo 2003 16.820.818,00 14.338.674,00 9.215.400,00

Abril 2003 45.890,683,00 78.238.692,00 23.842.137,00

Mayo 2003 28.460,590,00 24.261.174,00 14.041.383,00

Diciembre 2003 18.147.140,00 15.469.398,00 6.093.658,00

Totales: 162.719.064,00 192.242.190,00 94.596.645,00

Emanadas de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas Regional de Tributos Internos de las Región los Llanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria del Ministerio de Finanzas SENIAT, equivalentes actualmente de la siguiente manera: 1.- Ciento Sesenta y Dos Mil Setecientos Diecinueve Bolívares Fuertes con Seis Céntimos (Bs. F.162.719,06); 2.- Ciento Noventa y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Dos Bolívares Fuertes con Diecinueve Céntimos (Bs. F. 192.242,19); 3.- Noventa y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Seis Bolívares Fuertes con Sesenta y Cuatro Céntimos (Bs. 94.596,64), en virtud de la Reconversión Monetaria Nº 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.

Dada, firmada y sellada en horas de Despacho del Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, en la ciudad de Caracas, a los treinta (30) días del mes de Abril de dos mil trece (2013). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.-

LA JUEZ

Abg. BERTHA ELENA OLLARVES

LA SECRETARIA TEMPORAL

Abg. A.H.G.

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las once minutos de la mañana (11:00 a.m.).

LA SECRETARIA TEMPORAL

Abg. A.H.G.

SUNTO Nº AP41-U-2009-000301

BEOH/AHG/OVA.-