Case nº 171 of Supreme Court - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa of Wednesday May 08, 2013
| Resolution Date | Wednesday May 08, 2013 |
| Issuing Organization | Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa |
| Judge | Juzgado de Sustanciación |
| Procedure | Recurso de Nulidad |
SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA
JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN
Caracas, 8 de mayo de 2013
203º y 154º
Recibido el presente expediente de la Sala; y, habiéndose dado cuenta en fecha 18 de abril de 2013, este Juzgado para decidir acerca de su admisibilidad, pasa a emitir pronunciamiento en los términos siguientes:
Mediante escrito presentado el 8 de abril de 2013, por la ciudadana M.F.C.V., titular de la cédula de identidad Nro. 20.188.281, actuando en su condición de Presidenta de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA SERVIPRO, R.L., asistida por el abogado A.G.L.S., inscrito en el INPRE bajo el Nro. 180.321, interpuso “(…) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, que persigue la impugnación del (…) CONTRATO ADMINISTRATIVO suscrito por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y la empresa Constructora Mopega C.A., signado con el Nro. MINVIH/010/OCV/2012 de fecha 06 de Agosto del Año 2012, para la ejecución de 74 Viviendas (…) [denominadas] `O.C.V. Conjunto Residencial Los Fernandos´ (…)” (folios 1 vto. y 25 del expediente. Resaltado del texto y agregado del Juzgado).
Como se observa con la acción incoada se pretende la nulidad de un acto administrativo dictado por la Administración Pública que dio por finalizado el vínculo jurídico nacido de un contrato administrativo. En ese sentido, ha sido pacífico y reiterado el criterio de esta Sala al sostener que frente a actos de esa naturaleza, el procedimiento aplicable es el juicio ordinario; supuesto en el cual se instará al accionante para que reforme su pretensión y los fundamentos de la misma.
En efecto, en la decisión l.N.. 01217, del 12 de agosto de 2009, caso: Corporación Siulan, C.A. contra el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.248 del 24 de agosto de 2009), la Sala señaló -en su Obiter Dictum- lo siguiente:
…Omissis…
Visto que con frecuencia se intentan por ante este órgano jurisdiccional recursos de nulidad contra actos emanados de la Administración Pública con el objeto de dar fin al vínculo jurídico nacido de un contrato administrativo, pese a las advertencias de que para estudiar las actuaciones de las partes en el marco del contrato celebrado, así como los conceptos derivados de su ejecución o inejecución, el procedimiento apropiado para conocer de este tipo de pretensiones es el juicio ordinario, conforme a lo dispuesto en el primer aparte del artículo 19 y el encabezamiento del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala considera necesario establecer:
Cuando lo que se ejerza o interponga sea un recurso contencioso administrativo de anulación contra un acto de esta naturaleza, en virtud de la obligación que tiene el Estado Venezolano de garantizar el acceso a la justicia sin formalismos inútiles y a los fines de procurar la tutela efectiva de los derechos e intereses de los particulares, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de nuestra Constitución, la Sala o el Juzgado de Sustanciación, según sea el caso, concederá al recurrente un lapso de diez (10) días de despacho para que presente escrito mediante el cual reforme su pretensión y los fundamentos de ésta, los cuales serán contados a partir del auto que lo acuerde o de su notificación; ello conforme a lo previsto en el primer aparte del artículo 19 eiusdem, que faculta a este Alto Tribunal a aplicar el procedimiento que juzgue más conveniente para la realización de la justicia, cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial a seguir (…)
(Destacado del Juzgado).
En orden a lo anterior, y como quiera que en el presente caso la Presidenta de la Asociación Cooperativa Servipro, R.L., pretende la nulidad de un acto emanado de la Administración Pública que -a su decir- atenta contra los derechos de su representada, derivados de la celebración de un contrato administrativo, este Juzgado -atendiendo a lo dispuesto en la jurisprudencia citada- insta a la accionante a que reforme su pretensión y los fundamentos de ésta, para lo cual se le concede un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de su notificación. Líbrese boleta.
La Jueza,
R.F.V.O.
La Secretaria,
N.d.V.A.
Exp. N° 2013-0591/DA-JS
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