Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Abril de 2013

Se inició la presente causa mediante libelo de demanda por resolución de contrato de opción de compra venta con daños y perjuicios contractuales y otra pretensión por daños morales por hecho ilícito, interpuesta por la representación judicial de los ciudadanos E.B.Z.D.F. y M.A.F.R., contra los ciudadanos W.L.R. y S.R.F. impetrada en fecha 18 de abril de 2007.

Consignados como fueron los recaudos respectivos, este Juzgado Undécimo de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por auto de fecha 30 de abril de 2007 admitió la demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, a los fines de dar contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última citación practicada.

Por escrito fechado 27 de septiembre de 2007, el apoderado judicial de la parte accionada, opuso las cuestiones previas contenidas en los ordinales 1º y 8º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, las cuales fueron contradichas por la actora en fecha 02 de noviembre de 2007.

En fecha 15 de noviembre de 2007, la representación judicial de la parte demandada presentó escrito de promoción de pruebas.

El 27 de junio de 2008, este Juzgado declaró sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el 07 de julio de 2008 la parte demandada procedió a contestar al fondo de la demanda.

Mediante sentencia proferida en 22 de septiembre de 2008, este juzgado se pronunció con respecto a la cuestión previa del ordinal 8º contenida en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, declarándola sin lugar, en consecuencia, la parte demandada consignó nuevo escrito de contestación al fondo de la demanda el día 06 de octubre de 2008 e igualmente, en fecha 27 de octubre de 2008, consignó un tercer escrito de contestación al fondo de la demanda y en esa misma oportunidad la actora promovió pruebas, lo propio hizo la parte demandada el 03 de noviembre de es mismo año.

En fecha 10 de diciembre de 2008, la parte actora se opuso a la admisión de las pruebas promovidas por su contraparte, en esa misma oportunidad la demandada también se opuso a la admisión de las pruebas promovidas por la actora.

Por auto fechado 22 de junio de 2009, el Juez de este Juzgado, se avocó al conocimiento de la presente causa, por lo que se dejó transcurrir los tres (3) días de despacho consagrados en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Corre inserto al folio ciento ochenta y nueve (189), oficio emanado de la Fiscalía Cuadragésima Cuarta del Area Metropolitana de Caracas, mediante expresó que el estado del juicio penal seguido por los ciudadanos W.L.R. y S.I.R. en contra de la ciudadana E.B.Z.D.F., se encuentra en la fase de investigación, por lo que fue solicitado no se tome ninguna decisión relacionada con la presente causa.

En fecha 19 de febrero de 2010, este Juzgado desechó las oposiciones hechas por las partes en este proceso, tempestiva las impugnaciones realizadas tanto por la actora como por la demandada, y se admitió las pruebas promovidas por la parte actora en fecha 27 de octubre de 2008 y las promovidas por la demandada el 03 de noviembre de ese mismo año.

Mediante escrito de fecha 13 de abril de 2010, la apoderada judicial de la parte actora, solicitó aclaratoria con respecto al auto proferido el 19 de febrero de 2010, que resolvió las oposiciones de ambas partes sobre las pruebas promovidas, por lo que solicitó se dejara constancia que, efectivamente, los documentos también fueron impugnados oportunamente. Igualmente, ejerció recurso de apelación contra el referido auto. Dicho medio recursivo fue oído en un solo efecto, mediante auto de fecha 23 de abril de 2010. Asimismo, la referida aclaratoria fue declarada extemporánea, mediante decisión proferida por este juzgado en fecha 05 de mayo de 2010, y en esa misma fecha se dejó constancia que el lapso de evacuación de pruebas previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil, comenzaría a correr al día siguiente del presente auto, en consecuencia, se dejó sin efecto los actos llevados a cabo el 21 de abril de 2010, y manteniendo toda su fuerza y vigor el auto y oficios dictados el día 23 de abril de 2010

Cumplido el Trámite procesal de Primera Instancia para el procedimiento breve, se entró en la fase decisoria que nos ocupa.

II

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Estando en la oportunidad procesal correspondiente y habiéndose efectuado previamente una síntesis de los hechos conforme a lo ordenado en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, deferido como ha sido a este Tribunal el conocimiento de las presentes actuaciones, por efecto de la distribución de ley, quien aquí decide pasa a emitir pronunciamiento con respecto al procedimiento de resolución de contrato de opción de compra-venta con daños y perjuicios contractuales y otra pretensión por daños morales por hecho ilícito seguido por los ciudadanos M.A.F.R. y E.B.Z. en contra de los ciudadanos W.L.R. y S.R.F., con base a las siguientes consideraciones:

Ahora bien, este juzgador para decidir observa que del libelo de la demanda la parte actora propuso una acumulación objetiva de pretensiones invocando para ello la facultad que le confiere el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que el actor podrá acumular en su libelo tantas pretensiones como tenga contra la parte demandada siempre y cuando todas ellas tengan un trámite procesal común, esto es, que no hayan incompatibilidades procesales, o que las pretensiones no sean excluyentes entre sí, a menos que en tal hipótesis las pretensiones se propongan de forma subsidiaria.

La actora en su libelo propuso una primera pretensión ordinaria de resolución de contrato de opción de compraventa y daños y perjuicios contractuales que, por su cuantía, correspondía ser tramitada por las reglas del procedimiento ordinario. En segundo lugar, la actora también propuso de forma principal una pretensión indemnizatoria por daños morales derivados de hecho ilícito que al igual que la primera, en razón de la cuantía, correspondía ser tramitada por las reglas del procedimiento ordinario.

En tal sentido, cabe destacar que no hay dudas que existe compatibilidad de procedimientos, pues ambas pretensiones comparten el procedimiento ordinario como vía de tramitación y, por otra parte, al estar fundada la pretensión resolutoria en un supuesto incumplimiento contractual de los demandados y la indemnizatoria en un supuesto hecho ilícito, esto es, por un una causa distinta al supuesto incumplimiento contractual, mal puede plantearse la existencia de un conflicto o exclusión entre ambas pretensiones, de lo que resulta que en este caso se ha propuesto una válida acumulación objetiva de pretensiones, y así se declara.

En sintonía con lo anterior, a los fines de darle una adecuada y congruente resolución al presente juicio, en el presente fallo se delimitarán separadamente los límites de cada una de las pretensiones acumuladas, luego de lo cual se valorarán todas las pruebas aportadas al proceso y, finalmente, se motivará cada una de tales pretensiones para justificar el dispositivo que haya de pronunciarse, así se tiene que las partes explanaron sus alegatos en la forma que sigue:

1. - PARTE ACTORA: En su libelo, respecto a la pretensión principal, los apoderados actores alegaron que sus mandantes son propietarios de un terreno situado en la Urbanización “La Boyera”, en la Zona “A”, Nº 4-A, Jurisdicción del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda, cuya superficie aproximada es de cuatrocientos metros cuadrados (400 mts2), siendo sus límites y linderos los siguientes: Norte: en veintitrés metros (23 mts) con parcela A-4; Sur: en veintitrés metros (23 mts) con la avenida 4; Este: en dieciocho metros (18 mts) con la parcela H-1; y Oeste: en quince metros (15 mts) con la calle 18, la cual constituye uno de sus frentes, siendo el otro lindero Sur, así como la casa tipo quinta sobre él construida denominada “Quinta Las Marías F”, según consta del documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 17 de abril de 1969, bajo el número 15, Tomo 41, folio 50, Protocolo Primero, así como del Título Supletorio, debidamente protocolizado ante la hoy Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 17 de febrero de 1989, bajo el número 16, Tomo 11, Protocolo Primero.

   Que en fecha 15 de diciembre de 2003, la ciudadana E.B.Z., autorizada por su cónyuge, ciudadano M.A.F.R., en su condición de propietaria, suscribió por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Baruta del Estado Miranda, anotado bajo el número 25, Tomo 96 de los Libros de Autenticaciones, un documento de Opción de Compra Venta con los ciudadanos W.L.R. y S.R.F., sobre el inmueble arriba mencionado.

   Que en el documento de Opción de Compra Venta se estableció el precio y la forma de pago en su CLAÚSULA SEGUNDA de la siguiente manera:

   “…LOS COMPRADORES se comprometen a adquirir el inmueble ya descrito por el precio de DOSCIENTOS SETENTA MIL DÓLARES AMERICANOS ($270.000,00) que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial de conformidad con lo establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR. De los cuales para éste acto “LOS COMPRADORES” ya han entregado en calidad de reserva la cantidad de VEINTE MIL DÓLARES AMERICANOS ($20.000,00), que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial de conformidad con la establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR, a través de transferencia efectuada el día lunes 15 de Diciembre del 2.003 a la Cuenta Bancaria determinada por “LA PROPIETARIA” que es la Nº 005482373729, ABA 063100277, del BANK OF AMERICA de los Estados Unidos de Norteamérica, abierta a nombre de F.F., y la suma restante, es decir, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($ 250.000,00) que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial de conformidad con lo establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR, será cancelada de la siguiente manera: La cantidad de CIENTO TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($ 130.000,00), que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial de conformidad con lo establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR, a través de transferencia que deberán efectuar “LOS COMPRADORES” en la cuenta bancaria Nº 005482373729, ABA 063100277, del BANK OF AMERICA de los Estados Unidos de Norteamérica, para el 08 de Febrero de 2.004 y la cantidad de CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($ 120.000,00), que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial de conformidad con lo establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR a través de una última transferencia que deberán efectuar “LOS COMPRADORES”, a la misma cuenta bancaria Nº 005482373729, ABA 063100277, del BANK OF AMERICA de los estados Unidos de Norteamérica, para la fecha del 14 de Enero de 2.005, fecha en la cual deberá ser protocolizado el documento definitivo de Compra-Venta, previa verificación de la transferencia a la cuenta bancaria…”. (Subrayado del libelo).

   Que con la finalidad de llevar a cabo lo establecido en esta cláusula, se estipuló la forma como se efectuarían los pagos en la cláusula TERCERA lo siguiente:

   … LA PROPIETARIA

   Y “LOS COMPRADORES” convienen que los depósitos ha (sic) ser realizados mediante transferencias a la cuenta bancaria indicada expresamente en la cláusula segunda, estarán disponibles y deberán hacerse efectivos dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES siguientes a las fechas indicadas en la cláusula anterior de la presente opción de compra, para lo cual “LOS COMPRADORES deben entregar a “LA PROPIETARIA” dentro de ese lapso las notas de transferencias correspondientes a dichos depósitos, los cuales deberán de hacer “LOS COMPRADORES” de conformidad a la cláusula segunda del presente documento. De no hacerse efectivos y certificados los depósitos mediante las transferencias a la cuenta bancaria expresamente indicada en el presente documento, y dentro del plazo de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES establecidas, éste documento de opción de compra queda sin efecto de pleno derecho y sin necesidad de notificación alguna por parte de “LA PROPIETARIA…”. (Subrayado del libelo).

   Que con la verificación de la primera de las transferencias bancarias se suscribió el contrato de Opción de Compra Venta y se puso a los compradores en la posesión del inmueble, tal como se evidencia lo dispuesto en la cláusula QUINTA del documento de Opción.

   Continúan señalando que las partes se dieron sus normas particulares para el caso de incumplimiento y así se estableció en la CLÁUSULA SÉPTIMA lo siguiente:

   “….Si por cualquier circunstancia “LOS COMPRADORES” no cumpliesen con lo establecido en éste contrato, los mismos perderán automáticamente la suma entregada a “LA PROPIETARIA”, en calidad de arras, es decir, la cantidad de CIETNO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($ 150.000,00), que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial del conformidad con loe establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISICENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR. Así como también correrán con todos los gastos tanto Judiciales, Extrajudiciales y Honorarios Profesionales de Abogados a que hubiere lugar. Si por el contrario el incumplimiento proviene de “LA PROPIETARIA”, ESTA DEBERÁ DEVOLVER A “los compradores” la suma entregada, más otra cantidad igual, así como también reconocerá y pagará a “LOS COMPRADORES”, todas y cada una de las mejoras que esta hubiese efectuado al inmueble objeto de ésta operación con autorización escrita de “LA PROPIETARIA”, debiendo asumir igualmente todos y cada uno de los gastos tanto judiciales y extrajudiciales a que hubiere lugar…”. (Subrayado del libelo).

   Que con la finalidad de cumplir con los requerimientos de cualesquiera notificaciones, tanto de las transferencias bancarias, como de la notificación relativa al documento definitivo de compraventa, se establecieron los domicilios correspondientes en la cláusula OCTAVA y así se expresó:

   “… A efectos del presente contrato, toda comunicación enviada por “LOS COMPRADORES” a “LA PROPIETARIA”, deberá hacerse llegar por correo certificado con acuse de recibo a la siguiente dirección: ZONA INDUSTRIAL DE MATURÍN, CALLE 6ª, EMPRESA FMF MATURÍN, ESTADOS MONAGAS, VENEZUELA, mientras que en caso contrario, es decir, las comunicaciones enviadas por “LA PROPIETARIA” a “LOS COMPRADORES”, deberá hacerse llegar por correo certificado con acuse de recibo a la siguiente dirección: Urbanización La Boyera, en la Zona “A”, Nº 4-A, Jurisdicción del Municipio El hatillo, región capital, Quinta “Las marías F”…” (Subrayado del libelo).

   Continúan señalando que a los fines del otorgamiento del documento definitivo de compra venta, la introducción y tramitación del mismo ante el Registro correspondiente, los demandantes debían entregar hasta el 14 de diciembre de 2004, las solvencias y documentos pertinentes, lo cual alegan haber hecho según comunicación de esa misma fecha que dicen haberle entregado a los demandados y que, demostraría el cumplimiento de esa obligación por cuanto los demandados pretendieron introducir el documento para la protocolización de la venta en la fecha pautada, pero que lo habrían hecho de forma irregular.

   Que sólo en caso que sus representados incumplieran con la indicada obligación, que alegan haber cumplido, los compradores podían exceptuarse de introducir el documento definitivo, así como de efectuar la última transferencia bancaria del saldo restante a que se contrae la cláusula SEGUNDA, y así establecieron lo siguiente en la cláusula DÉCIMA:

   “…A los fines del otorgamiento del documentos definitivo de Compra-Venta, y por ende la introducción y tramitación por ante la oficina de Registro respectiva, “LA PROPIETARIA”, se compromete a entregar a “LOS COMPRADORES”, para la fecha tope del 14 de Diciembre del 2.004, en forma personal o a través de un representante, con acuse de recibo, en la dirección establecida en la Cláusula octava, es decir: Urbanización “LA Boyera” en la zona “A”, Nº 4-A, Jurisdicción del Municipio El hatillo, Región Capital, Quinta “Las Marías F”, todas y cada uno de las solvencias y recaudos que le corresponden, a saber: Solvencia de Derecho de Frente, válida para la fecha aquí fijada para la protocolización, RIF originales, C.d.V.P. del inmueble o en su defecto, la liquidación del 0.5% del Impuesto Sobre la Renta correspondiente. En tal sentido, queda expresamente establecido, que si “LA PROPIETARIA”, no hace entrega de la documentación antes señalada, en la fecha tope indicada, en ningún caso podrá exigir de “LOS COMPRADORES”, habilitación alguna de Registro, considerándose de pleno derecho como incumplimiento de “LA PROPEITARIA”, y nunca de “LOS COMPRADORES”, la no protocolización del documento definitivo de Compra-Venta en la fecha establecida en este contrato, así como tampoco les podrá exigir la realización de la transferencia del último saldo del precio señalado en la Cláusula Segunda del presente acuerdo…”. (Subrayado del libelo).

   Alegan que llegado el día de la firma del documento según notificación efectuada por los compradores mediante telegrama que consignan anexo al libelo, sus podedantes se presentaron en el Registro correspondiente, encontrándose con la sorpresa que los compradores no habían realizado la última transferencia bancaria como lo establece el contrato suscrito, la que debía efectuarse previamente a la protocolización del documento, aunado al hecho de que el documento presentado era defectuoso al punto de hacerlo inapto para el fin jurídico perseguido, pues se identificó a E.B.Z. A., con un estado civil falso, distinto al que aparece en el propio contrato de opción y conocido por los demandados, quienes tenían la carga de elaboración y presentación del mismo.

   Sostienen que a pesar de que en esa misma fecha, los demandantes obtuvieron y registraron la liberación de la Hipoteca que gravaba al inmueble, dando igualmente cumplimiento al contrato suscrito, se encontraron con la insólita sorpresa que los compradores argumentaban la existencia de una supuesta hipoteca para justificar su falta de cumplimiento en haber efectuado la transferencia bancaria como se había convenido.

   Argumentan que en el referido documento de opción los demandantes informaron a los compradores de la garantía hipotecaria que pesaba sobre el referido inmueble, devenida de una línea de crédito bancaria, y que se habían comprometido expresamente a liberarla al tiempo pautado para la venta, esto es, a liberar tal garantía para el momento de la firma del documento definitivo de venta ante el Registro correspondiente, sin que ello impidiera su modificación o alteración hasta que llegara tal oportunidad, esto es, no se dispuso que tal línea de crédito no pudiera ser ampliada o modificada, sino tan sólo que los demandantes debían liberar dicho gravamen al tiempo de la firma, como en efecto alegan haberlo hecho, todo lo cual aparece en la cláusula CUARTA del contrato en la que se lee lo siguiente:

   …LA PROPIETARIA

   , pone en conocimiento a “LOS COMPRADORES”, que el inmueble objeto de la presente OPCIÓN DE COMPRA forma parte de las garantías de una LÍNEA DE CRÉDITO BANCARIA que posee la Sociedad Mercantil FMF CONSTRUCCIONES, C.A. con la Institución Financiera MI CASA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, por lo tanto sobre dicho inmueble existe una Hipoteca que “LA PROPIETARIA”, se compromete y se obliga a que para la fecha de la firma del documento de Compra-Venta pautada según la Cláusula Segunda de este documento para el 14 de Enero de 2.005, el inmueble objeto del presente contrato deberá estar totalmente liberado de dicha hipoteca y libre de cualquier otro gravamen…”. (Subrayado del libelo).

   Sostienen que sus representados cumplieron cabalmente con sus obligaciones, esto es, pusieron a los compradores en posesión del inmueble, les entregaron oportunamente las solvencias pertinentes para suscribir el contrato definitivo de compra venta y liberaron la hipoteca para el momento de la venta definitiva, dejando el bien inmueble libre de todo gravamen y, aún así, no recibieron de parte de los compradores el cumplimiento de sus obligaciones, esto es, efectuar la última transferencia bancaria a que se contrae la cláusula SEGUNDA del contrato de opción de compra venta, pues hasta la fecha de presentación del libelo, sus representados no han sido notificados en forma alguna de su verificación, amén que no presentaron instrumento o documento jurídico apto para ser suscrito entre las partes, toda vez que el introducido no podía ser firmado en ningún caso al no haberse identificado apropiadamente a uno de los vendedores, pretendiendo ponérsela a declarar falsamente ante un funcionario público un estado civil distinto al verdadero, siendo de su exclusiva responsabilidad y cuenta ambas obligaciones.

   Alegan que el documento introducido por los compradores como documento definitivo de compraventa, no se pudo suscribir, primero, por la falta de cumplimiento por parte de los compradores en el pago respectivo, pues al tiempo en que estaban obligados ni a la fecha de presentación del libelo, han notificado del mismo a los demandantes; y, segundo, debido a que fue mal identificada la vendedora como soltera, alegan que quién sabe con qué propósito, ya que la identificación de soltera de la demandante no se corresponde con el documento suscrito como opción de compra venta, en donde el cónyuge de la vendedora autoriza la opción dada sobre el inmueble, debiendo destacarse que tal documento era de la exclusiva responsabilidad de los compradores amén de haber sido redactado por el propio abogado que visó el contrato de promesa bilateral de compraventa y que es apoderado judicial de los compradores, siendo que, en todo caso, el estado civil de casada de E.B.Z. A., era ampliamente conocido por los compradores.

   Continua el libelo señalando que en fecha 2 de febrero de 2005, el ciudadano M.A.F., en su carácter de cónyuge de la ciudadana E.B.Z., ante la posibilidad de que los demandados retiraran el documento que habrían presentado ante el Registro y desapareciera así esa evidencia, solicitó ante el Notario Público Sexto del Municipio Baruta una Inspección extrajudicial en las Oficinas del Registro Subalterno del Municipio El Hatillo del estado Miranda, con el objeto de dejar constancia de la existencia de un documento presentado para su protocolización en fecha 12 de enero de 2005, contentivo de la operación de compra venta entre los demandantes y los demandados, fijado para ser otorgado el 14 de ese mismo mes y año, sobre el inmueble mencionado.

   Señalan que en la Inspección efectuada se pudo constatar que efectivamente el documento había sido presentado el 12 de enero de 2005, para ser protocolizado el 14 de enero de 2005, y que se refiere a la compra venta, siendo habilitado para el segundo día después de su presentación, que se anexó copia de la planilla de vivienda principal, certificado de solvencia de impuestos urbanos, Registro de Información Fiscal (RIF) de la ciudadana E.B.Z. y de los demandados, que fue presentado por M.A. y que aún se encontraba pendiente para su protocolización. Igualmente, alegan que de dicha inspección se evidencia que en el referido documento en nada menciona al cónyuge de la vendedora codemandante, lo que impediría absolutamente su suscripción ante el Registro, toda vez que la ciudadana E.B.Z. se había identificado siempre con su estado civil de casada.

   Aruguyen que a pesar de todo lo anterior, el 14 de enero de 2005, los demandantes extrañados por todo lo acontecido y los incumplimientos de la parte demandada, presentes en el Registro correspondiente y advertidos los referidos incumplimientos, acordaron concederle una prórroga graciosa a los demandados para el día 19 de enero de 2005, tal como consta de acta suscrita al efecto en esa oportunidad. Que entonces, el 19 de enero de 2005, fecha pautada por las partes, sus representados asistieron a dicho Registro, sin que en esa fecha ni en ninguna otra, los demandados hubieren comparecido ni hubieren cumplido con las referidos obligaciones, lo cual les daría derecho a exigir la resolución del contrato y la aplicación de la cláusula penal pactada por las partes.

   Fundamentaron su pretensión con base a los artículos 1.167 y 1.264 del Código Civil, alegando que el contrato de opción de compraventa celebrado entre las partes, es un contrato bilateral pues generó obligaciones para ambas partes, siendo que según se alega, los demandantes lo cumplieron a cabalidad, no así los demandados, lo que les da derecho a solicitar que se declare la resolución del contrato de Opción de Compra Venta suscrito entre las partes y reclamar los daños y perjuicios.

   Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.274 y 1263 del Código Civil, sostuvieron que el deudor queda obligado al pago de los daños y perjuicios previstos o previsibles, siendo que en el caso de que se trate de arras, éstas se constituyen como garantía de los daños y perjuicios.

   Alegan que en el caso concreto, las partes previeron expresamente la cláusula TERCERA del contrato, vale decir, “…De no hacerse efectivos y certificados los depósitos mediante las transferencias a la cuenta bancaria expresamente indicada en el presente documento, y dentro del plazo de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES establecidas, éste documento de opción de compra queda sin efecto de pleno derecho y sin necesidad de notificación alguna por parte de “LA PROPIETARIA”, así como la penalidad contenida en la cláusula SÉPTIMA, vale decir: “Si por cualquier circunstancia “LOS COMPRADORES” no cumpliesen con lo establecido en éste contrato, los mismos perderán automáticamente la suma entregada a “LA PROPIETARIA”, en calidad de arras, es decir, la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($ 150.000,00)…”.

   De esta forma, los demandantes pretendieron la resolución del contrato y de acuerdo a la cláusula séptima del mismo, que se les declare el derecho a retener la referida cantidad recibida en calidad de arras.

2. -PARTE DEMANDADA: En la oportunidad de contestar la demanda, con respecto a la pretensión de resolución de contrato de opción de compraventa y daños y perjuicios alegó lo siguiente:

   En primer término, los apoderados demandados rechazaron y contradijeron en todas y cada una de sus partes la demanda de resolución de contrato, y por ende aplicación de cláusula penal, así como las afirmaciones de hecho y de derecho.

   Alegan que en la presente causa, la parte actora refiere su pretensión deducida principal, inicial, como de RESOLUCIÓN DE CONTRATO, así como que solicita la aplicación de la cláusula penal, para quedarse con las cantidades ya pagadas, así como el retorno efectivo de la propiedad que ya debería haber sido traspasada a sus representados en el Registro Subalterno.

   Señalan que es el caso que tal y como fue referido en el libelo de demanda, los demandados pagaron en su totalidad y en tiempo útil las cantidades pactadas en la referida OPCIÓN DE COMPRAVENTA, ahora bien, es el caso que la parte actora aún así se trata de eximir de responsabilidad de la firma aduciendo que efectivamente esa falta de firma era porque supuestamente los demandados no habrían pagado las cantidades pactadas en la opción.

   Señalan que para entrar en los detalles de la operación es pertinente hacer las siguientes acotaciones, 1.- firmada la OPCIÓN DE COMPRAVENTA, y transferidos los primeros fondos por los demandados, y así habiendo tomado posesión del referido inmueble, los ciudadanos que posteriormente se sienten ofendidos en su honor y reputación por las supuestas publicaciones pagadas por los demandados, con limitación en la disposición del inmueble, procedieron a hipotecarlo, y de esta manera determinar un gravamen en el inmueble que ya se encontraba en posesión de la casa en discusión. 2.- Que no fue sino hasta el día de la firma que LOS VENDEDORES, como se refiere en el propio libelo, consiguió la liberación de la hipoteca de la vivienda que había sido dispuesta y vendida a los demandados de tal forma que ambas partes convinieron la firma del documento de prórroga adicional, que determinó para la firma posterior y transferencia de pago en el tiempo establecido en la referida prórroga.

   Señalan que es verdaderamente extraño para quienes suscriben, que los anteriores incumplidores de contrato, hoy día sean demandantes de resolución de contrato, y posterior ejecución de la cláusula penal, para quedarse con las cantidades de las que ya han dispuesto.

   Se preguntan qué se podría pensar de unas personas que ya firmaron un OPCIÓN DE COMPRA-VENTA de un inmueble, y que en el ínterin de la negociación disponen de ella, para hipotecarla, poniendo en riesgo el inmueble, y la negociación en sí?

   Rechazaron y contradijeron en todas y cada una de sus partes la demanda esbozada por la parte actora, así como que en el hecho, como en el derecho.

   En tal sentido, hicieron valer los pagos efectivamente efectuados en tiempo útil, a la cuenta señalada por la persona fijada como válida para recibir los pagos en la referida OPCIÓN DE COMPRA VENTA, así como hicieron valer todos y cada uno de los argumentos esbozados en el expediente 22381 de la nomenclatura de este tribunal, en la que se ventila causa en contra de los actores, por cumplimiento de contrato, y ejecución de cláusula penal, a los fines de la penalización de los hoy actores, con las cantidades señaladas.

   Alegan que la parte actora ha efectuado en su escrito libelar una serie de afirmaciones de hecho que los favorecen, que hacen valer y recaban como afirmaciones espontáneas, por lo que a tenor del artículo 1.400 del Código civil las promueven, siendo que a su decir la parte actora ha expresado que su representada efectuó los pagos en su totalidad, al establecer de manera expresa que efectuaron el primero de los pagos que se les permitió y traslado de posesión del inmueble, lo que se encuentra reflejado en el folio 4., en donde expresan: “…con la verificación de la primera de las transferencias se suscribió el contrato de Opción de Compra Venta y se puso a los compradores en la posesión del inmueble tal y como se evidencia de lo dispuesto en la cláusula quinta del documento de Opción…”. Alegan que les parece curioso que aún existiendo permiso de por medio a través del documento público en la posesión, los actores hayan solicitado la medida de secuestro en contra del inmueble para sacar a sus representados.

   Alegan que partiendo de este permiso, sus representados procedieron a efectuar las posteriores remodelaciones al inmueble. Siguen alegando que los actores reconocen que los demandados efectuaran los posteriores pagos establecidos y contenidos en el documento sobre la cual recae la nulidad y la resolución del contrato y la aplicación de la cláusula penal, siendo que la propia actora solicita que sea penalizada su representada con la devolución del inmueble y que ellos se queden con las cantidades recibidas.

   Alegan las confesiones espontáneas extrajudiciales aduciendo que los demandados han expresado de manera abierta, que si justificaron la transferencia ante el ente financiero extranjero para que le acreditaran el dinero en su cuenta, lo que han manifestado en el proceso penal.

   Ratificaron la ampliación del lapso que ambas partes suscribieron ante el registro respectivo, que permitiría el pago de la segunda transferencia, fuera del término contemplado en la Opción de Compra Venta, alegando que la vendedora no cumplió con sus cargas contractuales.

   Ratificaron los fed-number o swift confirmation que rielan a las actas procesales que evidencian las transferencias en tiempo oportuno, indicando que estos son términos del derecho financiero internacional, lo que en definitiva establece de manera directa que los fondos no solo fueron remitidos, sino que fueron aceptados por el banco. Igualmente, aducen que son cédulas de identidad de las transferencias electrónicas de las cantidades de dinero. Aducen que probarán que no sólo los fondos fueron transferidos a tiempo a la entidad financiera para el pago, sino que en todos los casos quien recibía la cantidad de dinero debió ser notificado por la entidad financiera y así mismo las debió justificar ante el banco para que las mismas le fueran acreditadas a su cuenta, como efectivamente fueron acreditadas, así como ha generado intereses y así mismo han sido dispuestas.

   Alegan la incongruencia genérica en el petitorio de la demanda en la pretensión primera. Alegan la contradicción entre el argumento de nulidad de la relación jurídica contractual y el planteamiento de la aplicación estricta de la cláusula penal. Aducen que estos argumentos acumulados generan la declaratoria sin lugar de la demanda.

   Con relación a la segunda pretensión referida a los DAÑOS MORALES por hecho ilícito, se tiene lo que sigue:

   Como se refirió previamente, la atora acumuló dos (2) pretensiones en su libelo, la primera por resolución de contrato, cuyos términos y contestación fueron descritos en el punto anterior y otra por hecho ilícito e indemnizaciones por daños morales, la que las partes circunscribieron en los siguientes términos:

   Sostiene la parte actora que en fecha 15 de diciembre de 2003, la ciudadana E.B.D.Z., autorizada por su cónyuge, el ciudadano M.A.F.R., en su condición de propietaria, suscribió ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Baruta del Estado Miranda, anotado bajo el número 25, Tomo 96 de los Libros de Autenticaciones, un documento de Opción de Compra Venta con los ciudadanos W.L.R. y S.R.F..

   Señalan que entre las diversas cláusulas de dicho contrato y con la finalidad de cumplir con los requerimientos de cualesquiera notificaciones, tanto de las transferencias bancarias, como de la notificación relativa al documento definitivo de compraventa, se establecieron los domicilios correspondientes en la cláusula OCTAVA y así se expresó:

   “…A efectos del presente contrato, toda comunicación enviada por “LOS COMPRADORES” a “LA PROPIETARIA”, deberá hacerse llegar por correo certificado con acuse de recibo a la siguiente dirección: ZONA INDUSTRIAL DE MATURÍN, CALLE 6ª, EMPRESA FMF MATURÍN, ESTADOS MONAGAS, VENEZUELA, mientras que en caso contrario, es decir, las comunicaciones enviadas por “LA PROPIETARIA” a “LOS COMPRADORES”, deberá hacerse llegar por correo certificado con acuse de recibo a la siguiente dirección: Urbanización La Boyera, en la Zona “A”, Nº 4-A, Jurisdicción del Municipio El hatillo, región capital, Quinta “Las Marías F”…” (Subrayado nuestro).

   Según alegan, esta cláusula constituyó el mecanismo único, exclusivo y excluyente que las partes se dieron para girarse cualquier clase de notificación vinculada a la ejecución del aludido contrato de opción de compraventa.

   Afirman que no obstante lo anterior, habiéndose dado las partes en el contrato señalado un domicilio y mecanismo especial para efectuar las notificaciones derivadas del referido contrato de opción de compraventa, los compradores, en un despliegue dirigido a dañar la reputación, el honor y el buen nombre de los demandantes, procedieron a publicar en la prensa, específicamente los días, 12, 14 y 15 de marzo de 2005, en el Diario “El Universal”, carteles inquiriendo, citando e instando a los demandantes a honrar el compromiso de suscribir la venta, alegando que lo cierto es que fueron los compradores los que incumplieron en sus obligaciones. Dichos carteles son del tenor siguiente:

   …URGENTE. A los ciudadanos E.B.Z. A Y M.A.F.R., mayores de edad, titulares de (sic) la cédula 117.519 y 1.313.701, (sic) mayores de edad, de este domicilio, favor comunicarse a la brevedad posible con el abogado DR. C.B. a fin de honrar el compromiso suscrito a la venta del inmueble identificado como Qta. LAS MARIAS F. ubicada en la Urb. LA BOYERA, EDO MIRANDA. Por favor llamar al 0414-1454691…

   . (Destacado nuestro).

   Alegan que como quiera que los demandantes expresamente acordaron en el documento de Opción de Compra Venta, la forma y lugar en donde se iban a recibir las notificaciones y documentación pertinentes a la venta del referido inmueble, no era posible pensar que los ciudadanos W.L.R. y S.R.F., no hicieran uso de ese mecanismo y, por el contrario, en un afán de perjudicar el buen nombre y reputación de los actores, hicieron el despliegue de avisos publicados en un Diario de muy alta circulación nacional, exponiendo a los actores ante sus amistades, proveedores, clientes e inclusive ante las entidades bancarias y público en general, con las cuales mantendrían una relación de muy alto nivel económico.

   Sostienen que es indudable que ese emplazamiento público a honrar un compromiso no es más que la afirmación de los demandados, ante el país completo, de tildar a los demandantes como incumplientes morosos de sus obligaciones. Afirman como inconcebible que los demandados, si consideraban en mora a los demandantes, no los hubieren notificado debidamente y tales publicaciones, costosas por demás, constituyen una muy evidente voluntad de dañar a los demandantes, lo cual constituye un daño, imputable a los demandados y cuyas víctimas resultaron ser los actores.

   Afirman que el daño causado es altamente importante para los demandantes y la culpabilidad del mismo, sostienen, que recae sobre los ciudadanos W.L.R. y S.R.F., pudiendo destacarse que, según alegan, los actores jamás propiciaron tales actividades, por lo que no se le puede imputar conducta alguna que llevara a los demandados a ejecutar tal acción en su contra y en consecuencia de ello, la escala de sufrimientos morales al tener que hacerle frente a llamadas indiscretas de amistades, clientes, proveedores, acreedores y deudores, ante la injusta reclamación pública de los incumplientes del contrato de opción de compra venta.

   Sostuvieron que la doctrina y jurisprudencia patria han señalado que se debe dejar al Juez amplias facultades para la apreciación y estimación del daño moral, con base en la discreción y prudencia, a los fines de determinar la extensión y cuantía del mismo. Igualmente que se ha asentado que el Juez para fijar la cuantía de los daños morales debe tomar en cuenta el grado de educación y cultura del reclamante, su posición social y económica, así como el acto ilícito que causó el daño.

   En tal sentido, los actores alegaron que constituyen un matrimonio sólido, vinculado desde hace décadas, que han concebido y educado seis (6) hijos.

   Que durante sus años de actividad profesional activa, el ciudadano M.A.F.R., se hizo bachiller en Filosofía y Letras en el Liceo Independencia en 1953, en esta ciudad de Caracas, que es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1959 y posteriormente Doctor en Ciencias Penales por la Universidad S.M. en 1971. Aparte de esta destacada acreditación académica, cuenta con intachable trayectoria laboral, habiéndose desempeñado como amanuense de los Juzgados de Parroquia y Departamento y Corte Superior Segunda Civil y Mercantil de la Primera Circunscripción Judicial, en Caracas; posteriormente ocupó el cargo de Procurador General de estado Portuguesa en el año 1959; entre los años 1960 y 1964, ejerció libremente la profesión y fue Procurador de Menores del estado Miranda, en Caracas y Los Teques; durante los años 1964 y 1966, fue Juez Cuarto de Primera Instancia y Hacienda de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda. Posteriormente, en el año 1969, fue Notario Público Cuarto del Recreo, con sede en el Este, Caracas; luego, volvió a su ejercicio profesional durante los años 1970 a 1975 en esta ciudad de Caracas, regresando posteriormente a la judicatura en el cargo de Juez Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Penal y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, durante los años 1975 a 1977. Posteriormente, desde los años 1977 a 1993, fue abogado del Departamento legal de Lagoven, S.A., Carbozulia y Carbones de Guasare, habiendo ocupado las gerencias legales en los estados Monagas y Zulia hasta el momento de su jubilación.

   Asimismo, señalan que ha ocupado cargos como el de Juez Accidental de Instrucción, apoderado del Concejo Municipal del Distrito Federal y del extinto Banco Agrícola y Pecuario, Secretario Ejecutivo del otrora Montepío de Abogados del Distrito Federal y Comisionado Especial del Ministerio de Justicia y Director del Archivo General de la Nación, en materia de inspección y fiscalización de registros y notarías.

   Por ello, alegan que el ciudadano M.A.F.R., es una persona de una impecable vida pública y privada, con una extensa trayectoria profesional y personal y quien en su vida, jamás había sido conminado de forma tan grosera y ofensiva como la que se ha descrito en este libelo, con la única malsana intención de dañarlo y exponerlo al escarnio público entre sus círculos de relaciones, lo que en justicia y en derecho, debe ser indemnizado.

   En todo caso, alegan que, a pesar de que daño moral, es incuantificable, porque el pretium doloris no es periciable, ni valuable en dinero, ya que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo que es imborrable, los demandados han causado a los demandantes un daño que sólo se puede reparar mediante alguna satisfacción equivalente al valor moral destruido, vale decir, el honor, la reputación y buen nombre de los actores.

   Que tales argumentos llevan a los demandantes a reclamar una indemnización razonable por daño moral, estimable en dinero, que asciende a la cantidad MIL DOSCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.200.000.000,00), los cuales equivalen a la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (1.200.000,00) por efecto de la reconversión de nuestro signo monetario.

   Fundamentaron su demanda en los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil.

   Por su parte los demandados en su contestación, en lo tocante a la segunda pretensión incoada por la actora, negaron, rechazaron y contradijeron en todas y cada una de las partes las afirmaciones de hecho y de derecho esbozadas en la segunda pretensión contenida en el libelo, la que expone responsabilidad de sus representados en unas publicaciones que han afectado según los actores su honor y reputación.

   De conformidad con lo dispuesto e el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, impugnaron por exagerada la estimación de la demanda, toda vez que consideran que los demandados no tienen relación con las publicaciones en cuestión y que corresponde a los demandantes la carga de la prueba sobre la misma.

   Aducen que sus representantes no tuvieron nada que ver con las publicaciones y que generará dos supuestos de hecho para llegar a una conclusión y destruir el silogismo expuesto por el actor. Aducen que en este caso para determinar el hecho ilícito o la conformación de una relación jurídica extracontractual que traiga como consecuencia el pago de daño moral debe determinarse el hecho injurioso que tenga o generó relación de causalidad y como consecuencia el pago de las indemnizaciones.

   Aducen que al efectuar la discriminación de las publicaciones determinaron lo siguiente: 1.-Urgente. 2.- Operación de compra venta. 3.- los vendedores; 4.- A quien llamar el teléfono en cuestión es del abogado y 5.- la dirección del inmueble en discusión. No se verifica emplazamiento al pago o la firma o efectivamente a cumplir con las obligaciones derivadas de la operación.

   Aducen que en las referidas publicaciones no se observa ningún contenido injurioso que refleje una ofensa, y tampoco se verifica de ellas una relación extracontractual como tal, por ende carece de vínculo sustancial la referida pretensión sustantiva. A todo evento invocan el contenido del artículo 444 del Código Penal el que determina que las palabras de contenido peyorativo, expresadas en el proceso no pueden ser consideradas como de contenido injurioso, ni de ninguna manera legitiman para la acción penal de difamación e injuria.

   Alegan la falta de cualidad del demandado, aduciendo que sus representados no tienen responsabilidad en la publicación que los actores usan como instrumentos fundamental para determinar la relación de causalidad, mas cuando en la publicación no se mencionan nombres de sus representados, no es su número de teléfono, no se promueve poder alguno para gestión especial de representación que los vincule con la publicación, no se promueven los fondos de pago de las referidas publicaciones, ni han dado la orden de publicación, ni se ha determinado su autoría.

   A tenor del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil promueven la falta de cualidad del demandado siendo que no existe vínculo alguno en la relación jurídico extracontractual que los demandantes esbozan.

   Continúan alegando la carencia de responsabilidad de sus representados en lo referido a las publicaciones en los médicos de comunicación impresos, falta de determinación de la relación de causalidad. Aducen que en el caso del daño moral derivado del hecho ilícito o relación jurídica extracontractual lo que se debe determinar de manera directa es la relación de causalidad. Alegan que la doctrina ha establecido que la relación de causalidad en razón del daño causado derivado de las publicaciones que se den en los médios impresos, vienen discriminadas de la siguiente manera: 1.- autor, 2.- editorial y/o 3. Responsable y en este caso, sus representados no encuadran en ninguna de esas tras calificaciones.

   Aducen que si el actor alega que se le generó un daño no fue por efecto de la publicación en sí, sino que todos se enterarán de su incumplimiento. Aducen que el actor ha tratado de hacer vínculo entre la publicación y sus representados y que para determinar este vínculo la parte actora no ha consignado el poder de representación, ni vínculo que determine de forma expresa las gestiones que realizó el referido abogado y que los vincula a él y a ellos, como corresponsables de los supuestos daños que los actores aducen se les generó. Por ello solicitan que se declare sin lugar la pretensión incoada con la condenatoria en costas a la parte actora.

   Determinado lo anterior, este sentenciador, pasa a pronunciarse con respecto al contenido del oficio número AMC-F44-2000-2009, de fecha 25 de noviembre de 2009, emanado del Ministerio Público, Fiscalía Cuadragésima Cuarta del Área Metropolitana de Caracas, dicho despacho informó a esta Juzgado de la investigación que adelanta en la que aparecen como víctimas los aquí demandados y se indica como querellada a la aquí demandante y, además se solicita de este Juzgado que no tome ninguna decisión relacionada al presente juicio “en cuanto a algún trámite civil o sobre alguna medida cautelar de naturaleza civil sobre el inmueble ubicado en: AVENIDA CUATRO, URBANIZACIÓN LA BOYERA, QUINTA LAS MARIAS, ESTADO MIRANDA; ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 del Código Orgánico Procesal Penal.”

   En tal sentido, observa este Tribunal que el artículo 51 del Código Procesal Penal establece que la acción civil se ejercerá, conforme a las reglas establecidas por este Código, después que la sentencia penal quede firme; sin perjuicio del derecho de la víctima de demandar ante la jurisdicción civil. Ahora bien, dicha disposición refiere a la acción penal proveniente de delito, que es un caso específico de responsabilidad civil. Ello se desprende claramente de la ubicación de dicha disposición y del contenido del artículo 49 del mismo Código que expresamente señala que “…La acción civil para la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, sólo podrá ser ejercida por la víctima o sus herederos, contra el autor y los partícipes del delito y, en su caso, contra el tercero civilmente responsable….” (Destacado del Tribunal).

   En el presente caso, ninguna de las acciones contenidas en el libelo de la demanda, según los alegatos expuestos, derivan de delito alguno y, por el contrario, constituyen típicas reclamaciones de naturaleza civil derivadas de supuestos incumplimientos contractuales y hechos ilícitos. De esta forma, mal puede suspender este Juzgado la continuación de este juicio con fundamento en el invocado artículo 51 del Código Procesal Penal, pues además de improcedente, ello constituiría una violación directa al derecho de acción y a una tutela judicial efectiva de las partes en esta causa que tienen derecho a que se produzca una sentencia que dirima su controversia.

   De esta forma, este Juzgado desecha la referida solicitud y entra de seguidas a pronunciar sentencia definitiva en esta causa, y así se declara.

   Ahora bien, antes de analizar las pruebas aportadas en este proceso, debe determinar previamente este Juzgador los límites en los cuales ha quedado planteada la presente controversia, para luego pronunciarse en relación a los aspectos fundamentales traídos a su conocimiento, tal es el caso de la impugnación efectuada por la parte demandada a la cuantía estimada por el actor respecto a la pretensión indemnizatoria de daños morales por hecho ilícito, y por último establecer si la acción de resolución de contrato y la indemnizatoria por daños morales han de prosperar o no en derecho.

   En síntesis, los términos en que quedó planteada la controversia respecto a las pretensiones, cuyos límites son fijados por la demanda y su contestación, lo constituye, por una parte, respecto a la pretensión de resolución de contrato de opción de compraventa, en la falta de pago del precio, la falta de notificación por parte de los demandados del cumplimiento de las obligaciones y la falta de presentación de documento definitivo de compraventa susceptible de ser suscrito como documento definitivo de compraventa, por su parte, la demandada negó rechazó y contradijo la demanda y alegó que pagó el precio íntegramente así como que incurrió en cuantiosas bienhechurías en el inmueble. Respecto a la pretensión por daños morales, los demandantes sostienen que los demandados ordenaron unas publicaciones en prensa injuriosas y que los desprestigiaron en la colectividad y con sus relacionados, por su parte, la demandada alegó que no fue ella quien ordenó esas publicaciones y que, en todo caso, del texto de tales publicaciones no se desprenden hechos injuriosos como lo plantea la parte actora en su libelo.

   Con vista a como ha quedado planteada la litis en el caso que nos ocupa, se procede de inmediato a dictar sentencia en el presente asunto con los elementos existentes en los autos, conforme lo dispone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala:

   …Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados…

   (Resaltado del Tribunal).

   Lo resaltado constituye el llamado Principio de Presentación, según el cual, el Juez no puede sacar elementos de convicción fuera de los autos (quod non est in actis non est in mundo), limitando el precitado principio la función del Juzgador, ya que su decisión debe basarse en lo alegado y probado en autos por las partes.

   Conforme a lo señalado en el ordinal 5° del artículo 243 del Texto Adjetivo, la sentencia debe contener decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, lo que se traduce, en que, el Juez, está obligado a decidir sobre los argumentos planteados por las partes como fundamento de su pretensión, tanto en el libelo de la demanda como en la oportunidad de la contestación, quedando así, de esta manera, trabada la litis, razón por la cual, con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al debate que alterarían la relación procesal ya planteada.

   PUNTO PREVIO: Fijado lo anterior, quien aquí decide, procede a pronunciarse como punto, con respecto al rechazo de la estimación de la demanda hecho por la parte demandada en su contestación, y en tal sentido, considera necesario señalar que conforme a la norma contenida en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, el demandado puede a su elección, aceptarla tácitamente al no objetarla, o bien puede rechazarla por insuficiente o por considerarla exagerada, en la oportunidad de contestar la demanda, y para el primer supuesto, se produce la preclusión de su derecho a impugnar dicho valor, y no podrá hacerlo en otra oportunidad subsiguiente.

   En el presente caso, la parte actora estimó su pretensión por daños morales en la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 1.200.000,00). Al contestar la demanda, la parte demandada rechazó esa estimación efectuada por la parte actora por considerarla exagerada, alegando que los demandados no tienen relación con las publicaciones en cuestión y que corresponde a los demandantes la carga de la prueba sobre la misma.

   Al respecto, el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

   …Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará.

   El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez decidirá sobre la estimación en capítulo previo a la sentencia definitiva.

   Cuando por virtud de la determinación que haga el Juez en la sentencia, la causa resulte por su cuantía de la competencia de un Tribunal distinto, será éste quien resolverá sobre el fondo de la demanda, y no será motivo de reposición la incompetencia sobrevenida del Juez ante quien se propuso la demanda originalmente…

   .

   A los fines de decidir sobre la procedencia de la impugnación de la cuantía efectuada por la parte accionada, este Tribunal debe señalar que conforme a reiterada doctrina sostenida por el Tribunal Supremo de Justicia, referida al caso en el cual el actor estima su demanda, y el demandado rechaza y contradice tal estimación, por considerarla exagerada o reducida; el demandado debe probar su alegación, es decir, el demandado asume la carga de la prueba cuando impugna la estimación efectuada por el actor, por considerarla insuficiente o exagerada.

   Siguiendo este orden de ideas, se observa que en el caso de autos no se ha dado propiamente una impugnación de la cuantía por alguna de las razones o hipótesis que prevé el artículo 38 citado, dado que la demandada lo que ha hecho es advertir que la misma es exagerada y que el actor tiene la carga de la prueba del daño que alega, pero ello en si no se concibe como una razón de insuficiencia o de exceso en la estimación de la demanda, dado que ningún argumento que avale esas consideraciones contiene la impugnación por lo que la misma resulta infundada. Más aún, la parte actora en su segunda pretensión lo que reclama es una indemnización por daño moral, cuya fijación, en caso de haberse causado algún daño, corresponde privativamente al Juez conforme a lo dispuesto en el artículo 1.196 del Código Civil, siendo que a la parte lo que le corresponde es la prueba del hecho generador del daño y su magnitud, siendo que esa carga probatoria mal puede confundirse con el monto en sí mismo en que el actor hubiere estimado su demanda por mandato expreso del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, todo lo cual lleva a la conclusión de que la demandada no hizo una verdadera impugnación de la cuantía, ni menos aún probó algo en este respecto, todo lo cual la hace infundada y en consecuencia improcedente, y así se declara.

   Establecido lo anterior, a los fines de emitir el correspondiente pronunciamiento que resuelva las pretensiones propuestas, corresponde de seguidas analizar la valoración de las pruebas evacuadas en este proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y los principios de adquisición procesal y comunidad de la prueba.

   Pruebas aportadas por la parte actora:

   • Anexo al libelo marcado “B”, consignaron documento a fin de acreditar la propiedad de un terreno situado en la Urbanización “La Boyera”, en la Zona “A”, Nº 4-A, Jurisdicción del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda, cuya superficie aproximada es de cuatrocientos metros cuadrados (400 mts2), siendo sus límites y linderos los siguientes: Norte: en veintitrés metros (23 mts) con parcela A-4; Sur: en veintitrés metros (23 mts) con la avenida 4; Este: en dieciocho metros (18 mts) con la parcela H-1; y Oeste: en quince metros (15 mts) con la calle 18, la cual constituye uno de sus frentes, siendo el otro lindero Sur, así como la casa tipo quinta sobre él construida denominada “Quinta Las Marías F”, según consta del documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 17 de abril de 1969, bajo el número 15, Tomo 41, folio 50, Protocolo Primero, así como del Título Supletorio, debidamente protocolizado ante la hoy Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 17 de febrero de 1989, bajo el número 16, Tomo 11, Protocolo Primero. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, en virtud de lo cual queda demostrada la propiedad que ostenta la parte demandante, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “C”, acompañaron documento de fecha 15 de diciembre de 2003, mediante el cual la ciudadana E.B.Z., autorizada por su cónyuge, el ciudadano M.A.F.R., en su condición de propietaria, suscribió ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Baruta del Estado Miranda, anotado bajo el número 25, Tomo 96 de los Libros de Autenticaciones, un documento de Opción de Compra Venta con los demandados, ciudadanos W.L.R. y S.R.F., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números 4.589.999 y 6.012.497, respectivamente, sobre el inmueble referido en el párrafo que antecede. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, en virtud de lo cual queda demostrado que las partes efectivamente celebraron un contrato de opción de compraventa cuyas características, alcance y efectos serán analizados posteriormente, relacionado a la propiedad que ostenta la parte demandante, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “D”, acompañaron documento privado de fecha 14 de diciembre de 2004, mediante el cual los demandantes dejaron constancia de haber entregado a los demandados las solvencias y documentos pertinentes para la protocolización del documento definitivo de compraventa conforme a lo acordado en el contrato de opción de compraventa. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, en virtud de lo cual queda demostrado que los demandantes cumplieron con su obligación de entregar los recaudos necesarios para la protocolización del documento definitivo de compraventa, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.363 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “D”, acompañaron documento de fecha 14 de enero de 2005, mediante el cual se deja constancia de la liberación del gravamen hipotecario que afectaba la propiedad objeto del contrato de opción de compraventa. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, por el contrario, el hecho de la liberación del gravamen hipotecario en esa oportunidad fue expresamente aceptado en la oportunidad de la contestación, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “F”, acompañaron telegrama dirigido a los demandantes por los demandados en los que los notifican que el documento definitivo de compraventa se suscribiría el 14 de enero de 2005. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, en virtud de lo cual queda demostrado que los demandados notificaron a los demandantes de la fecha en la que debía celebrarse la firma del documento definitivo de compraventa, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.375 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “F”, acompañaron documento de fecha 2 de febrero de 2005, mediante el cual, el ciudadano M.A.F., en su carácter de cónyuge de la ciudadana E.B.Z., según alega, ante la posibilidad de que los demandados retiraran el documento que habrían presentado ante el Registro y desapareciera así esa evidencia, solicitó ante el Notario Público Sexto del Municipio Baruta una Inspección extrajudicial en las Oficinas del Registro Subalterno del Municipio El Hatillo del estado Miranda, con el objeto de dejar constancia de la existencia de un documento presentado para su protocolización en fecha 12 de enero de 2005, contentivo de la operación de compra venta entre las partes, fijado para ser otorgado el 14 de ese mismo mes y año, sobre el inmueble mencionado en líneas anteriores. Habiéndose dejado constancia en la Inspección efectuada que efectivamente el documento había sido presentado el 12 de enero de 2005, para ser protocolizado el 14 de enero de 2005, y que se refiere a la compra venta, siendo habilitado para el segundo día después de su presentación, que se anexó copia de la planilla de vivienda principal, certificado de solvencia de impuestos urbanos, Registro de Información Fiscal (RIF) de la ciudadana E.B.Z. y de los demandados, que fue presentado por M.A. y que para esa fecha aún se encontraba pendiente para su protocolización. De conformidad con el artículo 1.429 del Código Civil, la prueba de inspección extrajudicial sólo es admisible “en los casos en que pudiera sobrevenir perjuicio por retardo… para hacer constar el estado o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo”. En tal sentido, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha sido sumamente cautelosa respecto a la admisibilidad de este medio probatorio, pues en tales circunstancias se evacúa sin control o contradicción directo de la parte contra quien se opone. No obstante, en el presente caso juzga este Tribunal que sí es admisible la probanza pues el referido documento podía ser perfectamente retirado por la parte o no ser ubicable al tiempo del juicio, tal como en efecto ocurrió y así se dejó constancia en la inspección evacuada el 27 de mayo de 2010 promovida por la parte actora, en donde expresamente se dejó constancia que dicho instrumento no pudo ser ubicado, aunado al hecho que la parte demandada no la objetó ni impugnó en forma alguna. Por tal razón, dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, y del mismo se desprende los hechos constatados por el funcionario que practicó dicha inspección judicial y la omisión del codemandante M.F. como vendedor, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.428 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “H”, acompañaron documento privado suscrito entre las partes, en el que de mutuo acuerdo difirieron el otorgamiento del documento definitivo de compraventa para el día 19 de enero de 2005. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, en virtud de lo cual queda demostrado que las partes acordaron dicho diferimiento, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.363 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “I”, acompañaron una solicitud fechada el 19 de enero de 2005, en la que pedirían una certificación al Registrador respecto a la situación del inmueble objeto del contrato de opción de compraventa. Dicha solicitud aparece recibida por la respectiva oficina de Registro y de la misma, aún si pudiera derivarse que los demandantes hubieren acudido a la Oficina de Registro en esa fecha, no prueba algún hecho trascendente a la presente causa pues no se discute en este caso nada que tenga que ver con haber hecho o no tal solicitud. Por tal razón, de dicha probanza sólo se desprende un indicio de que los demandantes acudieron en esa fecha a la indicada Oficina de Registro en cuanto oportunidad pautada por las partes para que se otorgara el documento definitivo de compraventa, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “J”, “K” y “L”, acompañaron a su libelo separatas del diario El Universal de fechas 12, 14 y 15 de marzo de 2005 en las que aparecen unos anuncios o remitidos cuya autoría y publicación se imputa a los demandados y que, a decir de los demandantes, contienen conceptos injuriosos destinados a dañar su reputación, honor y buen nombre, inquiriendo, citando e instándolos a honrar el compromiso de suscribir la venta. Dichos carteles son del tenor siguiente: “URGENTE. A los ciudadanos E.B.Z. A Y M.A.F.R., mayores de edad, titulares de (sic) la cédula 117.519 y 1.313.701, (sic) mayores de edad, de este domicilio, favor comunicarse a la brevedad posible con el abogado DR. C.B. a fin de honrar el compromiso suscrito a la venta del inmueble identificado como Qta. LAS MARIAS F. ubicada en la Urb. LA BOYERA, EDO MIRANDA. Por favor llamar al 0414-1454691”.

   A la admisión de esta probanza la parte demandada se opuso de dos formas diferentes en su contestación a la demanda. En primer término, negó que esas publicaciones hubieren emanado de los demandados pues no se evidenciaría la facultad del abogado y, en todo caso, alegó que aunque dichas publicaciones son duras, no contienen conceptos injuriosos. Finalmente invocaron el artículo 444 del Código Penal que regula las llamadas ofensas en estrados.

   Previa a la valoración de estas probanzas, es necesario examinarla en conjunto con las pruebas promovidas en el escrito de promoción de pruebas de la parte actora que, respecto a estas misma publicaciones, hizo valer la confesión judicial de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.401 del Código Civil, como “la confesión hecha por la parte o su apoderado dentro de los límites del mandato, ante un Juez aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena prueba”. En tal sentido, promovieron e hicieron valer la confesión judicial en la que incurrió la parte demandada de manera espontánea cuando al proponer demanda contra los aquí demandantes, contenida en el expediente originalmente identificados con el número 22381 de la nomenclatura de anterior de este mismo Juzgado, a través de la cual, el entonces apoderado legal de los demandados habría reconocido la publicación en prensa de los anuncios supuestamente lesivos al honor y reputación de los actores. Tal confesión la derivarían del siguiente pasaje de aquel libelo:

   “…Así, pasaron los días y cada vez que se comunicaban con ella o alguno de los familiares (refiriéndose a nuestros mandantes), siempre había una nueva excusa. Al punto de que, un buen día, dejaron de contestar llamadas, en vista de lo cual, nuestros representados enviaron una comunicación a la vendedora propietaria, la cual no fue recibida, no quedándole otra opción, para comunicarse con ella, se colocaron sendos remitidos en la prensa nacional los cuales no fueron respondidos por ella, consignamos en este acto marcado como ANEXOS “N” y “Ñ”, ejemplares de los mismo (sic), lo cual demuestra la necesidad de nuestros representados de finiquitar la compra de su casa…”.

   Asimismo, señalan los actores en su promoción de prueba que en la propia contestación de la demanda de esta juicio, los demandados, ahora con su nuevo apoderado, declararon que, en ejercicio de su mandato, “hacemos valer en todos y cada uno de los argumentos esbozados en el expediente 22381 de la nomenclatura de este tribunal, en la que se ventila causa en contra de los actores, por cumplimiento de contrato, y ejecución de cláusula penal, a los fines de la penalización de los hoy actores, con las cantidades señaladas”. De estas declaraciones, señalan que los demandados reconocen expresamente haber ordenado esas publicaciones, a pesar de haber desconocido su autoría.

   A los fines de demostrar la referida confesión judicial, anexo al escrito de promoción de pruebas, marcado con la letra “A1”, la parte actora consignó legajo de copias certificadas del referido libelo, del poder del abogado que fungía entonces como apoderado de los demandados y de los carteles que los demandados consignaron e hicieron valer y opusieron a los aquí demandantes, a los fines de que por traslado de prueba, se reconozca y declare la confesión judicial espontánea que se ha promovido.

   Así las cosas, tal como lo sostiene la parte actora, la confesión hecha por la parte o su apoderado hacen plena prueba en su contra. La confesión, para ser considerada como tal, es preciso que verse sobre una declaración perjudicial a la parte. Toda confesión entraña una declaración, pero no toda declaración supone una confesión. Las partes en juicio hacen muchas declaraciones, pero sólo las que generan algún perjuicio propio tendrán carácter confesorio.

   En el presente caso se ha imputado a los demandados la autoría de unas publicaciones en prensa de contenido lesivo para los demandantes, según se ha alegado, mientras que los demandados han desconocido tal autoría, negando toda responsabilidad al respecto. Ahora bien, la parte actora produjo anexo a su escrito de promoción de pruebas copias certificadas del libelo de demanda propuesto por los aquí demandados contra los demandantes de este juicio, así como del poder judicial con que actuaba el abogado en aquella causa. Dichas copias certificadas, al no haber sido impugnadas ni desconocidas y, por el contrario, al haberse hecho valer y ratificado en este juicio por los demandados lo dicho en aquel otro proceso, se las valora plenamente, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

   En dichas copias certificadas consta que respecto a dichas publicaciones el entonces apoderado expresó: “en vista de lo cual, nuestros representados enviaron una comunicación a la vendedora propietaria, la cual no fue recibida, no quedándole otra opción, para comunicarse con ella, se colocaron sendos remitidos en la prensa nacional”. De esta expresión, no quedan dudas para este Juzgador que los aquí demandados, a través de su apoderado judicial, ante un juez, expresamente reconocieron como suya la autoría de esas publicaciones, siendo que las declaraciones al respecto fueron hechas por apoderado judicial con facultades bastantes y suficientes, según se desprende del poder acompañado, todo lo cual hace concluir a este juzgador de manera indubitable que los demandados fueron los autores de tales publicaciones, tanto en su contenido como en su aparición en el diario El Universal en las fechas indicadas. A tal conclusión arriba este Juzgador en la aplicación estricta del artículo 1.401 del Código Civil, según el cual, la declaración hecha por la parte o su apoderado ante un juez opera como confesión y produce plenos efectos probatorios y así expresamente se decide.

   Respecto al contenido injurioso o no de esas publicaciones, el Tribunal se pronunciará al momento de analizar la demanda por daño moral propuesta. Se desechan en consecuencia las impugnaciones hechas por la parte demandada respecto a esas publicaciones, incluso el alegato que las ofensas en estrados no dan lugar a injurias dada la manifiesta impertinencia de esta excepción pues en ningún momento se ha planteado que esas publicaciones hayan emanado de dichos en estrados, todo lo cual así expresamente se decide.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “B1”, la parte actora promovió certificación de gravámenes emanada de la entonces Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio El Hatillo del estado Miranda, de fecha 2 de septiembre de 2005, en la que consta que el inmueble objeto de esta litis ha sido propiedad de la parte actora desde hace más de cuarenta (40) y que para el tiempo previsto por las partes para la protocolización del documento definitivo de compraventa, estaba libre de gravámenes y medidas judiciales que impidieran proceder a su venta. Aún cuando ese hecho no ha sido controvertido, dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, teniéndose por probados los hechos apuntados, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Aún cuando estos hechos no han sido controvertidos, dichos documentos son valorados y apreciados por este Juzgador, toda vez que los mismos no fueron impugnados ni cuestionados en la oportunidad procesal correspondiente, teniéndose por probados los hechos apuntados, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “C1” promovió Registro de Vivienda Principal del inmueble objeto de esta litis propiedad de la parte actora, comprobante de pago y certificado de solvencia a favor de los demandantes, los que le fueron entregados a los demandados oportunamente para que se procediera a la protocolización del documento definitivo de compraventa y de los que se deriva el oportuno cumplimiento de los demandantes de sus obligaciones, y así se declara.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “D1”, promovió la parte actora certificación emanada de la Dirección General de Coordinación y Seguimiento del Ministerio para el Poder Popular para la Planificación y Desarrollo en la que se describen los servicios prestados por el demandante M.F. dentro del Poder Judicial, habiendo ocupado distintos cargos, incluido el de Juez de la República. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo emana de una autoridad administrativa y arroja presunción de certeza y, dado que no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, deben tenerse por ciertos los hechos allí contenidos respecto a la experiencia laboral del demandante habiendo ocupado importantes cargos al servicio del Estado, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “E1”, promovieron certificación emanada de la Dirección General de Recursos Humanos del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se da cuenta de la trayectoria laboral del demandante M.F. dentro del Poder Judicial, habiendo ocupado distintos cargos, incluido el de Juez de la República y Defensor Público de Presos. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo emana de una autoridad administrativa y arroja presunción de certeza y, dado que no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, deben tenerse por ciertos los hechos allí contenidos respecto a la experiencia laboral del demandante habiendo ocupado importantes cargos al servicio del Estado, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “F1”, promovieron certificación emanada de la Gerencia de Administración de Recursos Humanos de PDVSA en la que se da cuenta de la trayectoria laboral del demandante M.F. dentro de esa importante empresa nacional, sus años de servicio y su actual condición de jubilado de la misma. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo emana de una autoridad administrativa y arroja presunción de certeza y, dado que no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, deben tenerse por ciertos los hechos allí contenidos respecto a la experiencia laboral del demandante habiendo ocupado importantes cargos al servicio del Estado, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “G1”, promovieron poder judicial que le hubiere conferido en su oportunidad el entonces Distrito Federal al demandante M.F.. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, debiendo tenerse por cierto que el demandante en su condición de abogado ejerció profesionalmente la representación de esa entidad federal, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Promovió la parte actora inspección judicial sobre el documento que debió otorgarse en 14 de enero de 2005, la evacuación de dicha prueba quedó pautada para el 27 de mayo de 2005, luego de diversos diferimientos y requerimientos de la parte actora. A la evacuación de dicha prueba acudieron ambas partes y su evacuación correspondió en la Oficina de Registro correspondiente al inmueble objeto del contrato de opción de compraventa y, si bien dicha prueba se evacuó después de vencido el lapso original de evacuación de pruebas, el cual finalizó el 22 de mayo de 2005, ello no le fue imputable a las partes, siendo que su promovente insistió en su evacuación reiteradamente e, incluso, a su requerimiento, en fecha 2 de julio de 2007 este Juzgado concedió una prórroga de 15 días de despacho para la evacuación de otras pruebas de dicha parte actora quien se vio privada del lapso natural de evacuación por causas no imputables. Adicionalmente a lo anterior, por cuanto a la evacuación de dicha prueba asistieron ambas partes sin objeción alguna, se garantizó el principio de control y contradicción de la prueba, razón por la cual el Tribunal le otorga pleno valor probatorio. De dicha inspección se pudo constatar que en fecha 14 de enero de 2005, el ciudadano F.F. consignó documento de liberación de la hipoteca, lo que, aún cuando no fue uno de los particulares objeto de la promoción de la prueba y ello fue objetado por la entonces apoderada judicial de la parte actora y promovente, ello en realidad carece de toda relevancia pues ese hecho no es controvertido y ambas partes están contestes en su existencia. Respecto a los otros particulares objeto de la inspección, relativos a la existencia en esa Oficina de Registro de un documento por otorgar presentado el 12 de enero de 2005 contentivo de la venta de los demandantes a los demandados del inmueble a que se contrae el contrato de opción de compraventa objeto de litigio, el Tribunal dejó constancia que conforme a los libros de dicho año, no pudo ubicarse dicho documento, lo que, como se estableció previamente, constituye evidencia suficiente de la justificación de la inspección extrajudicial producida por la actora junto a su libelo puesto que, efectivamente, aquel documento desapareció, todo lo cual así se decide.

   • Promovió adicionalmente la parte actora experticia psico-emocional y ciertas testimoniales. Respecto la prueba de experticia, ésta no se evacuó por falta de impulso procesal. Las testimoniales promovidas tampoco se evacuaron, pero éstas por haberse obstaculizado por la parte demandada quien en la oportunidad de declaración de uno de tales testigos, previo al inicio del acto, recusó a la jueza comisionada quien por tal razón se abstuvo de evacuar dicha probanza, remitiendo de vuelta las actuaciones al Tribunal de la causa.

   Pruebas promovidas por la parte demandada:

   • Anexo a su escrito de contestación a la demanda, marcado con la letra “B”, produjo inspección extrajudicial a los fines de dejar constancia de supuestas bienhechurías realizadas en el inmueble objeto de la promesa bilateral de compraventa. Dicha inspección debe ser desechada por diversas razones. En primer lugar, el hecho de haber realizado o no bienhechurías en el inmueble aparece como manifiestamente impertinente pues la presente causa no versa en modo alguno sobre la construcción o no de bienhechurías; en segundo lugar, la oportunidad de la contestación de la demanda no constituye una oportunidad para promover pruebas; y, por cuanto la parte demandada ni alegó ni probó circunstancia alguna que justificare temor de desaparición de los hechos objeto de inspección que justificaran esa evacuación anticipada en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.429 del Código Civil. Todo lo cual hace manifiestamente inadmisible dicha probanza, y así expresamente se decide.

   • En el escrito de promoción de pruebas, ratificaron el documento de opción de compra-venta. Sobre el contenido y alcance de dicho documento, es un hecho aceptado por ambas partes y se corresponde con el promovido por la parte actora y el cual ya ha sido valorado plenamente, valoración que aquí se da por reproducida.

   • En el escrito de promoción de pruebas, ratificaron igualmente los instrumentos de feb-number y swift confirmation; puntos c y d, que a su vez habrían anexado en copias simples a su escrito de contestación de la demanda. A la admisión de estas probanzas la parte actora se opuso y a la vez impugnó por carecer de firma, por tratarse de copias simples no permitidas dentro del ordenamiento, desconocerse de quién emanan al tiempo que desconoció que emanaran de los demandados, y que, de ser documentos emanados de terceros, debieron ser ratificados mediante la prueba de informes. Esta prueba fue admitida salvo su apreciación en la sentencia definitiva y estando en tal oportunidad, el Tribunal observa: La oportunidad de la contestación de la demanda no está prevista como tiempo para la promoción de pruebas, lo que hace la consignación de estas documentales extemporánea, no obstante, al haber sido ratificadas en la promoción de pruebas, se entra a su análisis y en tal sentido, vista la impugnación hecha por la parte actora, es forzoso desechar estas documentales pues, efectivamente, se trata de copias fotostáticas de documentos privados, los cuales no son admitidos en nuestro ordenamiento procesal, carecen de firma, lo cual impide conocer su autoría, siendo que además, la parte actora los desconoció como emanados de ella, sin que la parte demandada hubiere insistido en hacerlos valer y, de tratarse de documentos emanados de terceros, debió promoverse al tercero, bien como testigo o por vía de informes para que ratificara el contenido de dicho instrumento y así la parte actora pudiere controlar y contradecir dicha prueba, por lo que, en consecuencia, se desecha dicha probanza, y así expresamente se decide.

   • Promovió igualmente la parte demandada en su escrito de promoción de pruebas en copia simple la denominada “Ley Patriota”, la cual fue impugnada por la parte actora conforme a las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, si bien la parte demandada produjo unas copias simples fuera del ámbito de aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ello no es la razón fundamental para desechar tal consignación como medio de prueba, sino por la circunstancia de que el derecho extranjero, conforme a la Ley de Derecho Internacional Privado, en cuanto resulte aplicable para resolver la controversia, es derecho y el juez está en el deber de indagarlo, por lo que no se trata de un medio de prueba. Naturalmente las partes pueden facilitar la labor del juez orientando la búsqueda de tal derecho extranjero, pero siempre que éste resulte aplicable a la controversia, el juez de oficio está en el deber de indagarlo y aplicarlo. Por tal razón, se desecha la promoción de la “Ley Patriota” como medio probatorio y, en su parte pertinente, el Tribunal examinará su aplicabilidad para resolver la presente controversia.

   • Promovió la parte demandada en su contestación prueba de informes al Registro para recabar información sobre el derecho de propiedad del inmueble objeto del contrato de Opción de Compraventa y de las bienhechurías sobre el mismo construidas. En tal sentido, tanto el derecho de propiedad de la parte actora como las bienhechurías construidas han quedado plenamente establecidas, siendo que estas pruebas no harían más que reiterar lo que ya se encuentra suficientemente acreditado en este fallo, razón por la cual se hace innecesario abundar más al respecto.

   • Promovió la parte demandada prueba de perito testigo del ciudadano J.R.M.. Dicha prueba no se evacuó por no haberse presentado el testigo por parte de su promovente, por lo que ningún mérito puede derivarse al respecto, y así se decide.

   • Promovió la parte demandada prueba de informes al Ministerio Público, Fiscalía Cuadragésima Cuarta del Área Metropolitana de Caracas, expediente 01-F-44-0066-07, a fin de que dicho despacho remitiera a este Juzgado copias certificadas de las declaraciones rendidas por los ciudadanos M.F. y F.F.. La evacuación de dicha prueba se hizo a través de la consignación que hiciera en esta causa el apoderado de los demandados G.R.B.G., tal como consta del oficio AMC-F44-02301-A-2010, fechado el 29 de noviembre de 2010 y consignado en esta causa el 10 de diciembre de 2010, en el que además se acompañaran las respectivas copias certificadas las cuales este Tribunal, por auto de fecha 22 de diciembre de 2010, decidió mantener a reserva. Esta probanza debe desecharse por cuanto su evacuación resulta manifiestamente ilegal. En primer término, es ostensible la manifiesta extemporaneidad, por tardía, de la evacuación de dicha prueba, toda vez que la misma se consignó en el presente expediente el 29 de noviembre de 2010, después de vencido incluso el lapso para dictar sentencia. En efecto, en el presente juicio, el lapso original de pruebas venció el 22 de mayo de 2010, no obstante, a solicitud de la parte actora, y sólo respecto a determinadas pruebas promovidas por esa parte, el 2 de julio de 2010, se concedió una prórroga por 15 días de despacho, los cuales vencieron el 27 de julio del mismo año, lo cual deja en evidencia la manifiesta extemporaneidad de dicha probanza, impidiendo a su vez el derecho al control y contradicción de la parte contraria, quien no puede quedar eternamente atenta a la recepción de pruebas a los fines de poder controlarlas. Admitir dicha probanza constituiría una clara violación al debido proceso, regido por el principio de preclusión, y a los derechos a la defensa y de control y contradicción de las pruebas de rango constitucional. Si la parte demandada consideraba que la demora en responder del ente requerido afectaba su derecho, debió insistir en su evacuación y, ante el vencimiento del lapso de evacuación, debió solicitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código de procedimiento Civil la extensión del lapso por la eventual privación de una prueba por causa extraña no imputable, pero su silencio en tal sentido comportó una manifiesta aceptación a la pérdida del medio, y así expresamente se decide.

   A esta conclusión llega este Juzgador siguiendo el criterio de la Sala de Casación Civil contenido en la sentencia de fecha 2 de agosto de 2005 (caso I.F.D.F. y otros), en el que de forma nítida da cuenta de la inadmisibilidad de las pruebas evacuadas fura de lapso, tal cual ocurrió en el presente caso: En dicho fallo se sostuvo lo siguiente:

   “…Por su parte, el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil establece:

   …Los términos o lapsos procesales para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley; el juez solamente podrá fijarlos cuando la ley lo autorice para ello…

   .

   El artículo transcrito consagra el principio de preclusión de los actos procesales, al señalar que los términos y lapsos sólo pueden ser establecidos por ley, por ende, las partes no podrán disponer de ellos, y el juez será el único facultado para fijarlos cuando expresamente lo haya indicado el legislador en el texto.

   Por tanto, todo acto que se produzca fuera del plazo o término consagrado por la ley no tendrá valor en el proceso por haber precluído la oportunidad, entendiéndose por preclusión “…la pérdida, extinción o caducidad de una facultad procesal…”. (Chiovenda, Biblioteca Clásicos del Derecho. Tomo 6. Pág, 476).

   Respecto al principio de preclusión, el Maestro E.C., en su obra “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1997, Pág. 194 y 197, expresó:

   …El principio de preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados.

   Preclusión es, aquí lo contrario de desenvolvimiento libre o discrecional.

   (…Omissis…)

   Así, el no apelar dentro de término opera la extinción de esa facultad procesal; la no producción de la prueba en tiempo agota la posibilidad de hacerlo posteriormente; la falta de alegación o de expresión de agravios en el tiempo fijado impide hacerlo más tarde. En todos esos casos se dice que hay preclusión, en el sentido de que no cumplida la actividad dentro del tiempo dado para hacerlo, queda clausurada la etapa procesal respectiva. Se subraya así la estructura articulada del juicio a que se ha hecho alusión. Transcurrida la oportunidad, la etapa del juicio se clausura y se pasa a la siguiente, tal como si una especie de compuerta se cerrara tras los actos impidiendo su regreso…

   En tal sentido, la Sala Accidental de Casación Civil de este Alto Tribunal, mediante sentencia N° 308, de fecha 25 de junio de 2003, caso Banco Mercantil C.A. S.A.C.A., expresó lo siguiente:

   …La recurrida, para no analizar y juzgar pruebas consignadas por cualquiera de las partes, hizo previamente la siguiente advertencia: en razón de encontrarse este proceso en etapa de sentencia desde el 13 de octubre de 1995, se abstiene de analizar y decidir sobre los documentos y alegaciones producidos por cualquiera de las partes en el presente juicio con posterioridad a la presentación de las observaciones a los informes, por resultar las mismas ilegales por extemporáneas. A juicio de la Sala Accidental, la anterior declaración de la recurrida está ajustada a derecho, porque en el proceso venezolano impera el principio de orden consecutivo legal con etapas de preclusión; además de la regla de que cada acto particular debe realizarse dentro del término que le corresponde o no puede ejecutarse ya en lo absoluto, que es otro principio del proceso venezolano, llamado de la preclusión, según el cual la parte que deje de actuar en el tiempo prescrito queda impedida o precluída de hacerlo después. De la combinación de estos dos principios, surge el llamado proceso concentrado y se afirma entonces que en el proceso venezolano rige el “principio de orden consecutivo legal con fase de preclusión,” una de cuyas fases es la etapa probatoria, que comprende un lapso para la promoción de las pruebas y otro lapso para su evacuación.

   La regla general en Venezuela de la promoción de las pruebas la establece el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil: “Dentro de los primeros quince días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de que quieran valerse, salvo disposición especial de la Ley”. Es un lapso perentorio y preclusivo, salvo las excepciones legales. La mayor parte de las pruebas que deben promoverse dentro de este lapso son: los instrumentos privados de la demanda, y la de éstos en los casos de excepción a que se refiere el artículo 434; la exhibición de documentos; la confesión o posiciones juradas; la experticia; la inspección judicial; la prueba de testigos; las reproducciones, copias y experimentos; la prueba de informes; y cualquier medio probatorio no contemplado expresamente en la ley (las pruebas innominadas). Las excepciones a la regla anterior son varias: algunas pruebas deben promoverse con el libelo de la demanda, como los instrumentos públicos o privados en que se fundamente la pretensión (art. 340, ord 6° CPC); otras pruebas pueden ser promovidas en todo tiempo hasta los últimos informes, como las posiciones juradas (art. 405 CPC), los instrumentos públicos, que no sea obligatorio presentar con la demanda (arts.434 y 435 CPC); y una previsión nueva: de común acuerdo las partes, en cualquier estado y grado de la causa, pueden hacer evacuar cualquier clase de pruebas en que tengan interés (art. 396, in fine. CPC).

   Salvo que ocurra el último de los supuestos examinados precedentemente, pruebas consignadas después del acto de informes son inadmisibles, por extemporáneas, como con acierto lo resolvió la recurrida. El formalizante alega también la infracción de disposiciones constitucionales que enumera, las cuales habrían sido además infringidas por la recurrida al cometer el presunto vicio de silencio de pruebas. No todas las garantías y derechos fundamentales son absolutos, pues muchos de ellos tienen específico desarrollo a través de las llamadas normas operativas o de ejercicio (Picó I Junoy Joan. Las Garantías Constitucionales del Proceso. Editorial J.M. Bosch. Barcelona. 1997. p 29), en el caso, el Código de Procedimiento Civil que, como lo vimos precedentemente, contiene normas preclusivas sobre la promoción y evacuación de las pruebas en el proceso. Efectivamente, en la medida en que las garantías constitucionales o derechos fundamentales, formen parte de un sistema normativo, necesariamente han de tener límites, que derivan de la necesidad de respetar otros derechos de similar categoría. En el marco general del derecho de defensa, se ha establecido que la facultad de probar también tiene límites que han sido adecuadamente puestos de relieve por la doctrina y la jurisprudencia, como se verá mas adelante al analizar y resolver otras denuncias de infracción contenidas en el escrito de formalización…

   .

   En el Código de Procedimiento Civil venezolano coexisten los principios “del orden consecutivo legal con fase de preclusión” y el de “preclusión de los actos”, que dividen el proceso en etapas, cada una de los cuales tiene un lapso determinado para que las partes ejerzan su derecho de defensa, así en la fase probatoria, el legislador estableció un plazo para promover y otro para evacuar pruebas, el cual puede prorrogarse a petición de parte dentro de la misma oportunidad, pues toda actuación que se realice una vez transcurrido dicha etapa se considerará extemporánea y no tendrá valor en el proceso, de conformidad con los principios señalados anteriormente que rigen la tempestividad de los actos procesales...”. (Destacado de la Sala).

   Pues bien, con base en el anterior criterio, dada la manifiesta extemporaneidad en la evacuación de los informes recibidos, el Tribunal los desecha por haber precluido su oportunidad de incorporación a la causa y se abstiene de valorarlos, todo lo cual así expresamente se decide.

Se inició la presente causa mediante libelo de demanda por resolución de contrato de opción de compra venta con daños y perjuicios contractuales y otra pretensión por daños morales por hecho ilícito, interpuesta por la representación judicial de los ciudadanos E.B.Z.D.F. y M.A.F.R., contra los ciudadanos W.L.R. y S.R.F. impetrada en fecha 18 de abril de 2007.

Consignados como fueron los recaudos respectivos, este Juzgado Undécimo de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por auto de fecha 30 de abril de 2007 admitió la demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, a los fines de dar contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última citación practicada.

Por escrito fechado 27 de septiembre de 2007, el apoderado judicial de la parte accionada, opuso las cuestiones previas contenidas en los ordinales 1º y 8º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, las cuales fueron contradichas por la actora en fecha 02 de noviembre de 2007.

En fecha 15 de noviembre de 2007, la representación judicial de la parte demandada presentó escrito de promoción de pruebas.

El 27 de junio de 2008, este Juzgado declaró sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el 07 de julio de 2008 la parte demandada procedió a contestar al fondo de la demanda.

Mediante sentencia proferida en 22 de septiembre de 2008, este juzgado se pronunció con respecto a la cuestión previa del ordinal 8º contenida en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, declarándola sin lugar, en consecuencia, la parte demandada consignó nuevo escrito de contestación al fondo de la demanda el día 06 de octubre de 2008 e igualmente, en fecha 27 de octubre de 2008, consignó un tercer escrito de contestación al fondo de la demanda y en esa misma oportunidad la actora promovió pruebas, lo propio hizo la parte demandada el 03 de noviembre de es mismo año.

En fecha 10 de diciembre de 2008, la parte actora se opuso a la admisión de las pruebas promovidas por su contraparte, en esa misma oportunidad la demandada también se opuso a la admisión de las pruebas promovidas por la actora.

Por auto fechado 22 de junio de 2009, el Juez de este Juzgado, se avocó al conocimiento de la presente causa, por lo que se dejó transcurrir los tres (3) días de despacho consagrados en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Corre inserto al folio ciento ochenta y nueve (189), oficio emanado de la Fiscalía Cuadragésima Cuarta del Area Metropolitana de Caracas, mediante expresó que el estado del juicio penal seguido por los ciudadanos W.L.R. y S.I.R. en contra de la ciudadana E.B.Z.D.F., se encuentra en la fase de investigación, por lo que fue solicitado no se tome ninguna decisión relacionada con la presente causa.

En fecha 19 de febrero de 2010, este Juzgado desechó las oposiciones hechas por las partes en este proceso, tempestiva las impugnaciones realizadas tanto por la actora como por la demandada, y se admitió las pruebas promovidas por la parte actora en fecha 27 de octubre de 2008 y las promovidas por la demandada el 03 de noviembre de ese mismo año.

Mediante escrito de fecha 13 de abril de 2010, la apoderada judicial de la parte actora, solicitó aclaratoria con respecto al auto proferido el 19 de febrero de 2010, que resolvió las oposiciones de ambas partes sobre las pruebas promovidas, por lo que solicitó se dejara constancia que, efectivamente, los documentos también fueron impugnados oportunamente. Igualmente, ejerció recurso de apelación contra el referido auto. Dicho medio recursivo fue oído en un solo efecto, mediante auto de fecha 23 de abril de 2010. Asimismo, la referida aclaratoria fue declarada extemporánea, mediante decisión proferida por este juzgado en fecha 05 de mayo de 2010, y en esa misma fecha se dejó constancia que el lapso de evacuación de pruebas previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil, comenzaría a correr al día siguiente del presente auto, en consecuencia, se dejó sin efecto los actos llevados a cabo el 21 de abril de 2010, y manteniendo toda su fuerza y vigor el auto y oficios dictados el día 23 de abril de 2010

Cumplido el Trámite procesal de Primera Instancia para el procedimiento breve, se entró en la fase decisoria que nos ocupa.

II

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Estando en la oportunidad procesal correspondiente y habiéndose efectuado previamente una síntesis de los hechos conforme a lo ordenado en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, deferido como ha sido a este Tribunal el conocimiento de las presentes actuaciones, por efecto de la distribución de ley, quien aquí decide pasa a emitir pronunciamiento con respecto al procedimiento de resolución de contrato de opción de compra-venta con daños y perjuicios contractuales y otra pretensión por daños morales por hecho ilícito seguido por los ciudadanos M.A.F.R. y E.B.Z. en contra de los ciudadanos W.L.R. y S.R.F., con base a las siguientes consideraciones:

Ahora bien, este juzgador para decidir observa que del libelo de la demanda la parte actora propuso una acumulación objetiva de pretensiones invocando para ello la facultad que le confiere el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que el actor podrá acumular en su libelo tantas pretensiones como tenga contra la parte demandada siempre y cuando todas ellas tengan un trámite procesal común, esto es, que no hayan incompatibilidades procesales, o que las pretensiones no sean excluyentes entre sí, a menos que en tal hipótesis las pretensiones se propongan de forma subsidiaria.

La actora en su libelo propuso una primera pretensión ordinaria de resolución de contrato de opción de compraventa y daños y perjuicios contractuales que, por su cuantía, correspondía ser tramitada por las reglas del procedimiento ordinario. En segundo lugar, la actora también propuso de forma principal una pretensión indemnizatoria por daños morales derivados de hecho ilícito que al igual que la primera, en razón de la cuantía, correspondía ser tramitada por las reglas del procedimiento ordinario.

En tal sentido, cabe destacar que no hay dudas que existe compatibilidad de procedimientos, pues ambas pretensiones comparten el procedimiento ordinario como vía de tramitación y, por otra parte, al estar fundada la pretensión resolutoria en un supuesto incumplimiento contractual de los demandados y la indemnizatoria en un supuesto hecho ilícito, esto es, por un una causa distinta al supuesto incumplimiento contractual, mal puede plantearse la existencia de un conflicto o exclusión entre ambas pretensiones, de lo que resulta que en este caso se ha propuesto una válida acumulación objetiva de pretensiones, y así se declara.

En sintonía con lo anterior, a los fines de darle una adecuada y congruente resolución al presente juicio, en el presente fallo se delimitarán separadamente los límites de cada una de las pretensiones acumuladas, luego de lo cual se valorarán todas las pruebas aportadas al proceso y, finalmente, se motivará cada una de tales pretensiones para justificar el dispositivo que haya de pronunciarse, así se tiene que las partes explanaron sus alegatos en la forma que sigue:

1. - PARTE ACTORA: En su libelo, respecto a la pretensión principal, los apoderados actores alegaron que sus mandantes son propietarios de un terreno situado en la Urbanización “La Boyera”, en la Zona “A”, Nº 4-A, Jurisdicción del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda, cuya superficie aproximada es de cuatrocientos metros cuadrados (400 mts2), siendo sus límites y linderos los siguientes: Norte: en veintitrés metros (23 mts) con parcela A-4; Sur: en veintitrés metros (23 mts) con la avenida 4; Este: en dieciocho metros (18 mts) con la parcela H-1; y Oeste: en quince metros (15 mts) con la calle 18, la cual constituye uno de sus frentes, siendo el otro lindero Sur, así como la casa tipo quinta sobre él construida denominada “Quinta Las Marías F”, según consta del documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 17 de abril de 1969, bajo el número 15, Tomo 41, folio 50, Protocolo Primero, así como del Título Supletorio, debidamente protocolizado ante la hoy Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 17 de febrero de 1989, bajo el número 16, Tomo 11, Protocolo Primero.

   Que en fecha 15 de diciembre de 2003, la ciudadana E.B.Z., autorizada por su cónyuge, ciudadano M.A.F.R., en su condición de propietaria, suscribió por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Baruta del Estado Miranda, anotado bajo el número 25, Tomo 96 de los Libros de Autenticaciones, un documento de Opción de Compra Venta con los ciudadanos W.L.R. y S.R.F., sobre el inmueble arriba mencionado.

   Que en el documento de Opción de Compra Venta se estableció el precio y la forma de pago en su CLAÚSULA SEGUNDA de la siguiente manera:

   “…LOS COMPRADORES se comprometen a adquirir el inmueble ya descrito por el precio de DOSCIENTOS SETENTA MIL DÓLARES AMERICANOS ($270.000,00) que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial de conformidad con lo establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR. De los cuales para éste acto “LOS COMPRADORES” ya han entregado en calidad de reserva la cantidad de VEINTE MIL DÓLARES AMERICANOS ($20.000,00), que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial de conformidad con la establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR, a través de transferencia efectuada el día lunes 15 de Diciembre del 2.003 a la Cuenta Bancaria determinada por “LA PROPIETARIA” que es la Nº 005482373729, ABA 063100277, del BANK OF AMERICA de los Estados Unidos de Norteamérica, abierta a nombre de F.F., y la suma restante, es decir, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($ 250.000,00) que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial de conformidad con lo establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR, será cancelada de la siguiente manera: La cantidad de CIENTO TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($ 130.000,00), que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial de conformidad con lo establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR, a través de transferencia que deberán efectuar “LOS COMPRADORES” en la cuenta bancaria Nº 005482373729, ABA 063100277, del BANK OF AMERICA de los Estados Unidos de Norteamérica, para el 08 de Febrero de 2.004 y la cantidad de CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($ 120.000,00), que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial de conformidad con lo establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR a través de una última transferencia que deberán efectuar “LOS COMPRADORES”, a la misma cuenta bancaria Nº 005482373729, ABA 063100277, del BANK OF AMERICA de los estados Unidos de Norteamérica, para la fecha del 14 de Enero de 2.005, fecha en la cual deberá ser protocolizado el documento definitivo de Compra-Venta, previa verificación de la transferencia a la cuenta bancaria…”. (Subrayado del libelo).

   Que con la finalidad de llevar a cabo lo establecido en esta cláusula, se estipuló la forma como se efectuarían los pagos en la cláusula TERCERA lo siguiente:

   … LA PROPIETARIA

   Y “LOS COMPRADORES” convienen que los depósitos ha (sic) ser realizados mediante transferencias a la cuenta bancaria indicada expresamente en la cláusula segunda, estarán disponibles y deberán hacerse efectivos dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES siguientes a las fechas indicadas en la cláusula anterior de la presente opción de compra, para lo cual “LOS COMPRADORES deben entregar a “LA PROPIETARIA” dentro de ese lapso las notas de transferencias correspondientes a dichos depósitos, los cuales deberán de hacer “LOS COMPRADORES” de conformidad a la cláusula segunda del presente documento. De no hacerse efectivos y certificados los depósitos mediante las transferencias a la cuenta bancaria expresamente indicada en el presente documento, y dentro del plazo de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES establecidas, éste documento de opción de compra queda sin efecto de pleno derecho y sin necesidad de notificación alguna por parte de “LA PROPIETARIA…”. (Subrayado del libelo).

   Que con la verificación de la primera de las transferencias bancarias se suscribió el contrato de Opción de Compra Venta y se puso a los compradores en la posesión del inmueble, tal como se evidencia lo dispuesto en la cláusula QUINTA del documento de Opción.

   Continúan señalando que las partes se dieron sus normas particulares para el caso de incumplimiento y así se estableció en la CLÁUSULA SÉPTIMA lo siguiente:

   “….Si por cualquier circunstancia “LOS COMPRADORES” no cumpliesen con lo establecido en éste contrato, los mismos perderán automáticamente la suma entregada a “LA PROPIETARIA”, en calidad de arras, es decir, la cantidad de CIETNO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($ 150.000,00), que solo y únicamente para los efectos del presente documento será a su equivalente en moneda de curso legal a la tasa oficial del conformidad con loe establecido en el Artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, a la tasa actual de MIL SEISICENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.600,00) por DÓLAR. Así como también correrán con todos los gastos tanto Judiciales, Extrajudiciales y Honorarios Profesionales de Abogados a que hubiere lugar. Si por el contrario el incumplimiento proviene de “LA PROPIETARIA”, ESTA DEBERÁ DEVOLVER A “los compradores” la suma entregada, más otra cantidad igual, así como también reconocerá y pagará a “LOS COMPRADORES”, todas y cada una de las mejoras que esta hubiese efectuado al inmueble objeto de ésta operación con autorización escrita de “LA PROPIETARIA”, debiendo asumir igualmente todos y cada uno de los gastos tanto judiciales y extrajudiciales a que hubiere lugar…”. (Subrayado del libelo).

   Que con la finalidad de cumplir con los requerimientos de cualesquiera notificaciones, tanto de las transferencias bancarias, como de la notificación relativa al documento definitivo de compraventa, se establecieron los domicilios correspondientes en la cláusula OCTAVA y así se expresó:

   “… A efectos del presente contrato, toda comunicación enviada por “LOS COMPRADORES” a “LA PROPIETARIA”, deberá hacerse llegar por correo certificado con acuse de recibo a la siguiente dirección: ZONA INDUSTRIAL DE MATURÍN, CALLE 6ª, EMPRESA FMF MATURÍN, ESTADOS MONAGAS, VENEZUELA, mientras que en caso contrario, es decir, las comunicaciones enviadas por “LA PROPIETARIA” a “LOS COMPRADORES”, deberá hacerse llegar por correo certificado con acuse de recibo a la siguiente dirección: Urbanización La Boyera, en la Zona “A”, Nº 4-A, Jurisdicción del Municipio El hatillo, región capital, Quinta “Las marías F”…” (Subrayado del libelo).

   Continúan señalando que a los fines del otorgamiento del documento definitivo de compra venta, la introducción y tramitación del mismo ante el Registro correspondiente, los demandantes debían entregar hasta el 14 de diciembre de 2004, las solvencias y documentos pertinentes, lo cual alegan haber hecho según comunicación de esa misma fecha que dicen haberle entregado a los demandados y que, demostraría el cumplimiento de esa obligación por cuanto los demandados pretendieron introducir el documento para la protocolización de la venta en la fecha pautada, pero que lo habrían hecho de forma irregular.

   Que sólo en caso que sus representados incumplieran con la indicada obligación, que alegan haber cumplido, los compradores podían exceptuarse de introducir el documento definitivo, así como de efectuar la última transferencia bancaria del saldo restante a que se contrae la cláusula SEGUNDA, y así establecieron lo siguiente en la cláusula DÉCIMA:

   “…A los fines del otorgamiento del documentos definitivo de Compra-Venta, y por ende la introducción y tramitación por ante la oficina de Registro respectiva, “LA PROPIETARIA”, se compromete a entregar a “LOS COMPRADORES”, para la fecha tope del 14 de Diciembre del 2.004, en forma personal o a través de un representante, con acuse de recibo, en la dirección establecida en la Cláusula octava, es decir: Urbanización “LA Boyera” en la zona “A”, Nº 4-A, Jurisdicción del Municipio El hatillo, Región Capital, Quinta “Las Marías F”, todas y cada uno de las solvencias y recaudos que le corresponden, a saber: Solvencia de Derecho de Frente, válida para la fecha aquí fijada para la protocolización, RIF originales, C.d.V.P. del inmueble o en su defecto, la liquidación del 0.5% del Impuesto Sobre la Renta correspondiente. En tal sentido, queda expresamente establecido, que si “LA PROPIETARIA”, no hace entrega de la documentación antes señalada, en la fecha tope indicada, en ningún caso podrá exigir de “LOS COMPRADORES”, habilitación alguna de Registro, considerándose de pleno derecho como incumplimiento de “LA PROPEITARIA”, y nunca de “LOS COMPRADORES”, la no protocolización del documento definitivo de Compra-Venta en la fecha establecida en este contrato, así como tampoco les podrá exigir la realización de la transferencia del último saldo del precio señalado en la Cláusula Segunda del presente acuerdo…”. (Subrayado del libelo).

   Alegan que llegado el día de la firma del documento según notificación efectuada por los compradores mediante telegrama que consignan anexo al libelo, sus podedantes se presentaron en el Registro correspondiente, encontrándose con la sorpresa que los compradores no habían realizado la última transferencia bancaria como lo establece el contrato suscrito, la que debía efectuarse previamente a la protocolización del documento, aunado al hecho de que el documento presentado era defectuoso al punto de hacerlo inapto para el fin jurídico perseguido, pues se identificó a E.B.Z. A., con un estado civil falso, distinto al que aparece en el propio contrato de opción y conocido por los demandados, quienes tenían la carga de elaboración y presentación del mismo.

   Sostienen que a pesar de que en esa misma fecha, los demandantes obtuvieron y registraron la liberación de la Hipoteca que gravaba al inmueble, dando igualmente cumplimiento al contrato suscrito, se encontraron con la insólita sorpresa que los compradores argumentaban la existencia de una supuesta hipoteca para justificar su falta de cumplimiento en haber efectuado la transferencia bancaria como se había convenido.

   Argumentan que en el referido documento de opción los demandantes informaron a los compradores de la garantía hipotecaria que pesaba sobre el referido inmueble, devenida de una línea de crédito bancaria, y que se habían comprometido expresamente a liberarla al tiempo pautado para la venta, esto es, a liberar tal garantía para el momento de la firma del documento definitivo de venta ante el Registro correspondiente, sin que ello impidiera su modificación o alteración hasta que llegara tal oportunidad, esto es, no se dispuso que tal línea de crédito no pudiera ser ampliada o modificada, sino tan sólo que los demandantes debían liberar dicho gravamen al tiempo de la firma, como en efecto alegan haberlo hecho, todo lo cual aparece en la cláusula CUARTA del contrato en la que se lee lo siguiente:

   …LA PROPIETARIA

   , pone en conocimiento a “LOS COMPRADORES”, que el inmueble objeto de la presente OPCIÓN DE COMPRA forma parte de las garantías de una LÍNEA DE CRÉDITO BANCARIA que posee la Sociedad Mercantil FMF CONSTRUCCIONES, C.A. con la Institución Financiera MI CASA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, por lo tanto sobre dicho inmueble existe una Hipoteca que “LA PROPIETARIA”, se compromete y se obliga a que para la fecha de la firma del documento de Compra-Venta pautada según la Cláusula Segunda de este documento para el 14 de Enero de 2.005, el inmueble objeto del presente contrato deberá estar totalmente liberado de dicha hipoteca y libre de cualquier otro gravamen…”. (Subrayado del libelo).

   Sostienen que sus representados cumplieron cabalmente con sus obligaciones, esto es, pusieron a los compradores en posesión del inmueble, les entregaron oportunamente las solvencias pertinentes para suscribir el contrato definitivo de compra venta y liberaron la hipoteca para el momento de la venta definitiva, dejando el bien inmueble libre de todo gravamen y, aún así, no recibieron de parte de los compradores el cumplimiento de sus obligaciones, esto es, efectuar la última transferencia bancaria a que se contrae la cláusula SEGUNDA del contrato de opción de compra venta, pues hasta la fecha de presentación del libelo, sus representados no han sido notificados en forma alguna de su verificación, amén que no presentaron instrumento o documento jurídico apto para ser suscrito entre las partes, toda vez que el introducido no podía ser firmado en ningún caso al no haberse identificado apropiadamente a uno de los vendedores, pretendiendo ponérsela a declarar falsamente ante un funcionario público un estado civil distinto al verdadero, siendo de su exclusiva responsabilidad y cuenta ambas obligaciones.

   Alegan que el documento introducido por los compradores como documento definitivo de compraventa, no se pudo suscribir, primero, por la falta de cumplimiento por parte de los compradores en el pago respectivo, pues al tiempo en que estaban obligados ni a la fecha de presentación del libelo, han notificado del mismo a los demandantes; y, segundo, debido a que fue mal identificada la vendedora como soltera, alegan que quién sabe con qué propósito, ya que la identificación de soltera de la demandante no se corresponde con el documento suscrito como opción de compra venta, en donde el cónyuge de la vendedora autoriza la opción dada sobre el inmueble, debiendo destacarse que tal documento era de la exclusiva responsabilidad de los compradores amén de haber sido redactado por el propio abogado que visó el contrato de promesa bilateral de compraventa y que es apoderado judicial de los compradores, siendo que, en todo caso, el estado civil de casada de E.B.Z. A., era ampliamente conocido por los compradores.

   Continua el libelo señalando que en fecha 2 de febrero de 2005, el ciudadano M.A.F., en su carácter de cónyuge de la ciudadana E.B.Z., ante la posibilidad de que los demandados retiraran el documento que habrían presentado ante el Registro y desapareciera así esa evidencia, solicitó ante el Notario Público Sexto del Municipio Baruta una Inspección extrajudicial en las Oficinas del Registro Subalterno del Municipio El Hatillo del estado Miranda, con el objeto de dejar constancia de la existencia de un documento presentado para su protocolización en fecha 12 de enero de 2005, contentivo de la operación de compra venta entre los demandantes y los demandados, fijado para ser otorgado el 14 de ese mismo mes y año, sobre el inmueble mencionado.

   Señalan que en la Inspección efectuada se pudo constatar que efectivamente el documento había sido presentado el 12 de enero de 2005, para ser protocolizado el 14 de enero de 2005, y que se refiere a la compra venta, siendo habilitado para el segundo día después de su presentación, que se anexó copia de la planilla de vivienda principal, certificado de solvencia de impuestos urbanos, Registro de Información Fiscal (RIF) de la ciudadana E.B.Z. y de los demandados, que fue presentado por M.A. y que aún se encontraba pendiente para su protocolización. Igualmente, alegan que de dicha inspección se evidencia que en el referido documento en nada menciona al cónyuge de la vendedora codemandante, lo que impediría absolutamente su suscripción ante el Registro, toda vez que la ciudadana E.B.Z. se había identificado siempre con su estado civil de casada.

   Aruguyen que a pesar de todo lo anterior, el 14 de enero de 2005, los demandantes extrañados por todo lo acontecido y los incumplimientos de la parte demandada, presentes en el Registro correspondiente y advertidos los referidos incumplimientos, acordaron concederle una prórroga graciosa a los demandados para el día 19 de enero de 2005, tal como consta de acta suscrita al efecto en esa oportunidad. Que entonces, el 19 de enero de 2005, fecha pautada por las partes, sus representados asistieron a dicho Registro, sin que en esa fecha ni en ninguna otra, los demandados hubieren comparecido ni hubieren cumplido con las referidos obligaciones, lo cual les daría derecho a exigir la resolución del contrato y la aplicación de la cláusula penal pactada por las partes.

   Fundamentaron su pretensión con base a los artículos 1.167 y 1.264 del Código Civil, alegando que el contrato de opción de compraventa celebrado entre las partes, es un contrato bilateral pues generó obligaciones para ambas partes, siendo que según se alega, los demandantes lo cumplieron a cabalidad, no así los demandados, lo que les da derecho a solicitar que se declare la resolución del contrato de Opción de Compra Venta suscrito entre las partes y reclamar los daños y perjuicios.

   Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.274 y 1263 del Código Civil, sostuvieron que el deudor queda obligado al pago de los daños y perjuicios previstos o previsibles, siendo que en el caso de que se trate de arras, éstas se constituyen como garantía de los daños y perjuicios.

   Alegan que en el caso concreto, las partes previeron expresamente la cláusula TERCERA del contrato, vale decir, “…De no hacerse efectivos y certificados los depósitos mediante las transferencias a la cuenta bancaria expresamente indicada en el presente documento, y dentro del plazo de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES establecidas, éste documento de opción de compra queda sin efecto de pleno derecho y sin necesidad de notificación alguna por parte de “LA PROPIETARIA”, así como la penalidad contenida en la cláusula SÉPTIMA, vale decir: “Si por cualquier circunstancia “LOS COMPRADORES” no cumpliesen con lo establecido en éste contrato, los mismos perderán automáticamente la suma entregada a “LA PROPIETARIA”, en calidad de arras, es decir, la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($ 150.000,00)…”.

   De esta forma, los demandantes pretendieron la resolución del contrato y de acuerdo a la cláusula séptima del mismo, que se les declare el derecho a retener la referida cantidad recibida en calidad de arras.

2. -PARTE DEMANDADA: En la oportunidad de contestar la demanda, con respecto a la pretensión de resolución de contrato de opción de compraventa y daños y perjuicios alegó lo siguiente:

   En primer término, los apoderados demandados rechazaron y contradijeron en todas y cada una de sus partes la demanda de resolución de contrato, y por ende aplicación de cláusula penal, así como las afirmaciones de hecho y de derecho.

   Alegan que en la presente causa, la parte actora refiere su pretensión deducida principal, inicial, como de RESOLUCIÓN DE CONTRATO, así como que solicita la aplicación de la cláusula penal, para quedarse con las cantidades ya pagadas, así como el retorno efectivo de la propiedad que ya debería haber sido traspasada a sus representados en el Registro Subalterno.

   Señalan que es el caso que tal y como fue referido en el libelo de demanda, los demandados pagaron en su totalidad y en tiempo útil las cantidades pactadas en la referida OPCIÓN DE COMPRAVENTA, ahora bien, es el caso que la parte actora aún así se trata de eximir de responsabilidad de la firma aduciendo que efectivamente esa falta de firma era porque supuestamente los demandados no habrían pagado las cantidades pactadas en la opción.

   Señalan que para entrar en los detalles de la operación es pertinente hacer las siguientes acotaciones, 1.- firmada la OPCIÓN DE COMPRAVENTA, y transferidos los primeros fondos por los demandados, y así habiendo tomado posesión del referido inmueble, los ciudadanos que posteriormente se sienten ofendidos en su honor y reputación por las supuestas publicaciones pagadas por los demandados, con limitación en la disposición del inmueble, procedieron a hipotecarlo, y de esta manera determinar un gravamen en el inmueble que ya se encontraba en posesión de la casa en discusión. 2.- Que no fue sino hasta el día de la firma que LOS VENDEDORES, como se refiere en el propio libelo, consiguió la liberación de la hipoteca de la vivienda que había sido dispuesta y vendida a los demandados de tal forma que ambas partes convinieron la firma del documento de prórroga adicional, que determinó para la firma posterior y transferencia de pago en el tiempo establecido en la referida prórroga.

   Señalan que es verdaderamente extraño para quienes suscriben, que los anteriores incumplidores de contrato, hoy día sean demandantes de resolución de contrato, y posterior ejecución de la cláusula penal, para quedarse con las cantidades de las que ya han dispuesto.

   Se preguntan qué se podría pensar de unas personas que ya firmaron un OPCIÓN DE COMPRA-VENTA de un inmueble, y que en el ínterin de la negociación disponen de ella, para hipotecarla, poniendo en riesgo el inmueble, y la negociación en sí?

   Rechazaron y contradijeron en todas y cada una de sus partes la demanda esbozada por la parte actora, así como que en el hecho, como en el derecho.

   En tal sentido, hicieron valer los pagos efectivamente efectuados en tiempo útil, a la cuenta señalada por la persona fijada como válida para recibir los pagos en la referida OPCIÓN DE COMPRA VENTA, así como hicieron valer todos y cada uno de los argumentos esbozados en el expediente 22381 de la nomenclatura de este tribunal, en la que se ventila causa en contra de los actores, por cumplimiento de contrato, y ejecución de cláusula penal, a los fines de la penalización de los hoy actores, con las cantidades señaladas.

   Alegan que la parte actora ha efectuado en su escrito libelar una serie de afirmaciones de hecho que los favorecen, que hacen valer y recaban como afirmaciones espontáneas, por lo que a tenor del artículo 1.400 del Código civil las promueven, siendo que a su decir la parte actora ha expresado que su representada efectuó los pagos en su totalidad, al establecer de manera expresa que efectuaron el primero de los pagos que se les permitió y traslado de posesión del inmueble, lo que se encuentra reflejado en el folio 4., en donde expresan: “…con la verificación de la primera de las transferencias se suscribió el contrato de Opción de Compra Venta y se puso a los compradores en la posesión del inmueble tal y como se evidencia de lo dispuesto en la cláusula quinta del documento de Opción…”. Alegan que les parece curioso que aún existiendo permiso de por medio a través del documento público en la posesión, los actores hayan solicitado la medida de secuestro en contra del inmueble para sacar a sus representados.

   Alegan que partiendo de este permiso, sus representados procedieron a efectuar las posteriores remodelaciones al inmueble. Siguen alegando que los actores reconocen que los demandados efectuaran los posteriores pagos establecidos y contenidos en el documento sobre la cual recae la nulidad y la resolución del contrato y la aplicación de la cláusula penal, siendo que la propia actora solicita que sea penalizada su representada con la devolución del inmueble y que ellos se queden con las cantidades recibidas.

   Alegan las confesiones espontáneas extrajudiciales aduciendo que los demandados han expresado de manera abierta, que si justificaron la transferencia ante el ente financiero extranjero para que le acreditaran el dinero en su cuenta, lo que han manifestado en el proceso penal.

   Ratificaron la ampliación del lapso que ambas partes suscribieron ante el registro respectivo, que permitiría el pago de la segunda transferencia, fuera del término contemplado en la Opción de Compra Venta, alegando que la vendedora no cumplió con sus cargas contractuales.

   Ratificaron los fed-number o swift confirmation que rielan a las actas procesales que evidencian las transferencias en tiempo oportuno, indicando que estos son términos del derecho financiero internacional, lo que en definitiva establece de manera directa que los fondos no solo fueron remitidos, sino que fueron aceptados por el banco. Igualmente, aducen que son cédulas de identidad de las transferencias electrónicas de las cantidades de dinero. Aducen que probarán que no sólo los fondos fueron transferidos a tiempo a la entidad financiera para el pago, sino que en todos los casos quien recibía la cantidad de dinero debió ser notificado por la entidad financiera y así mismo las debió justificar ante el banco para que las mismas le fueran acreditadas a su cuenta, como efectivamente fueron acreditadas, así como ha generado intereses y así mismo han sido dispuestas.

   Alegan la incongruencia genérica en el petitorio de la demanda en la pretensión primera. Alegan la contradicción entre el argumento de nulidad de la relación jurídica contractual y el planteamiento de la aplicación estricta de la cláusula penal. Aducen que estos argumentos acumulados generan la declaratoria sin lugar de la demanda.

   Con relación a la segunda pretensión referida a los DAÑOS MORALES por hecho ilícito, se tiene lo que sigue:

   Como se refirió previamente, la atora acumuló dos (2) pretensiones en su libelo, la primera por resolución de contrato, cuyos términos y contestación fueron descritos en el punto anterior y otra por hecho ilícito e indemnizaciones por daños morales, la que las partes circunscribieron en los siguientes términos:

   Sostiene la parte actora que en fecha 15 de diciembre de 2003, la ciudadana E.B.D.Z., autorizada por su cónyuge, el ciudadano M.A.F.R., en su condición de propietaria, suscribió ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Baruta del Estado Miranda, anotado bajo el número 25, Tomo 96 de los Libros de Autenticaciones, un documento de Opción de Compra Venta con los ciudadanos W.L.R. y S.R.F..

   Señalan que entre las diversas cláusulas de dicho contrato y con la finalidad de cumplir con los requerimientos de cualesquiera notificaciones, tanto de las transferencias bancarias, como de la notificación relativa al documento definitivo de compraventa, se establecieron los domicilios correspondientes en la cláusula OCTAVA y así se expresó:

   “…A efectos del presente contrato, toda comunicación enviada por “LOS COMPRADORES” a “LA PROPIETARIA”, deberá hacerse llegar por correo certificado con acuse de recibo a la siguiente dirección: ZONA INDUSTRIAL DE MATURÍN, CALLE 6ª, EMPRESA FMF MATURÍN, ESTADOS MONAGAS, VENEZUELA, mientras que en caso contrario, es decir, las comunicaciones enviadas por “LA PROPIETARIA” a “LOS COMPRADORES”, deberá hacerse llegar por correo certificado con acuse de recibo a la siguiente dirección: Urbanización La Boyera, en la Zona “A”, Nº 4-A, Jurisdicción del Municipio El hatillo, región capital, Quinta “Las Marías F”…” (Subrayado nuestro).

   Según alegan, esta cláusula constituyó el mecanismo único, exclusivo y excluyente que las partes se dieron para girarse cualquier clase de notificación vinculada a la ejecución del aludido contrato de opción de compraventa.

   Afirman que no obstante lo anterior, habiéndose dado las partes en el contrato señalado un domicilio y mecanismo especial para efectuar las notificaciones derivadas del referido contrato de opción de compraventa, los compradores, en un despliegue dirigido a dañar la reputación, el honor y el buen nombre de los demandantes, procedieron a publicar en la prensa, específicamente los días, 12, 14 y 15 de marzo de 2005, en el Diario “El Universal”, carteles inquiriendo, citando e instando a los demandantes a honrar el compromiso de suscribir la venta, alegando que lo cierto es que fueron los compradores los que incumplieron en sus obligaciones. Dichos carteles son del tenor siguiente:

   …URGENTE. A los ciudadanos E.B.Z. A Y M.A.F.R., mayores de edad, titulares de (sic) la cédula 117.519 y 1.313.701, (sic) mayores de edad, de este domicilio, favor comunicarse a la brevedad posible con el abogado DR. C.B. a fin de honrar el compromiso suscrito a la venta del inmueble identificado como Qta. LAS MARIAS F. ubicada en la Urb. LA BOYERA, EDO MIRANDA. Por favor llamar al 0414-1454691…

   . (Destacado nuestro).

   Alegan que como quiera que los demandantes expresamente acordaron en el documento de Opción de Compra Venta, la forma y lugar en donde se iban a recibir las notificaciones y documentación pertinentes a la venta del referido inmueble, no era posible pensar que los ciudadanos W.L.R. y S.R.F., no hicieran uso de ese mecanismo y, por el contrario, en un afán de perjudicar el buen nombre y reputación de los actores, hicieron el despliegue de avisos publicados en un Diario de muy alta circulación nacional, exponiendo a los actores ante sus amistades, proveedores, clientes e inclusive ante las entidades bancarias y público en general, con las cuales mantendrían una relación de muy alto nivel económico.

   Sostienen que es indudable que ese emplazamiento público a honrar un compromiso no es más que la afirmación de los demandados, ante el país completo, de tildar a los demandantes como incumplientes morosos de sus obligaciones. Afirman como inconcebible que los demandados, si consideraban en mora a los demandantes, no los hubieren notificado debidamente y tales publicaciones, costosas por demás, constituyen una muy evidente voluntad de dañar a los demandantes, lo cual constituye un daño, imputable a los demandados y cuyas víctimas resultaron ser los actores.

   Afirman que el daño causado es altamente importante para los demandantes y la culpabilidad del mismo, sostienen, que recae sobre los ciudadanos W.L.R. y S.R.F., pudiendo destacarse que, según alegan, los actores jamás propiciaron tales actividades, por lo que no se le puede imputar conducta alguna que llevara a los demandados a ejecutar tal acción en su contra y en consecuencia de ello, la escala de sufrimientos morales al tener que hacerle frente a llamadas indiscretas de amistades, clientes, proveedores, acreedores y deudores, ante la injusta reclamación pública de los incumplientes del contrato de opción de compra venta.

   Sostuvieron que la doctrina y jurisprudencia patria han señalado que se debe dejar al Juez amplias facultades para la apreciación y estimación del daño moral, con base en la discreción y prudencia, a los fines de determinar la extensión y cuantía del mismo. Igualmente que se ha asentado que el Juez para fijar la cuantía de los daños morales debe tomar en cuenta el grado de educación y cultura del reclamante, su posición social y económica, así como el acto ilícito que causó el daño.

   En tal sentido, los actores alegaron que constituyen un matrimonio sólido, vinculado desde hace décadas, que han concebido y educado seis (6) hijos.

   Que durante sus años de actividad profesional activa, el ciudadano M.A.F.R., se hizo bachiller en Filosofía y Letras en el Liceo Independencia en 1953, en esta ciudad de Caracas, que es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1959 y posteriormente Doctor en Ciencias Penales por la Universidad S.M. en 1971. Aparte de esta destacada acreditación académica, cuenta con intachable trayectoria laboral, habiéndose desempeñado como amanuense de los Juzgados de Parroquia y Departamento y Corte Superior Segunda Civil y Mercantil de la Primera Circunscripción Judicial, en Caracas; posteriormente ocupó el cargo de Procurador General de estado Portuguesa en el año 1959; entre los años 1960 y 1964, ejerció libremente la profesión y fue Procurador de Menores del estado Miranda, en Caracas y Los Teques; durante los años 1964 y 1966, fue Juez Cuarto de Primera Instancia y Hacienda de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda. Posteriormente, en el año 1969, fue Notario Público Cuarto del Recreo, con sede en el Este, Caracas; luego, volvió a su ejercicio profesional durante los años 1970 a 1975 en esta ciudad de Caracas, regresando posteriormente a la judicatura en el cargo de Juez Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Penal y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, durante los años 1975 a 1977. Posteriormente, desde los años 1977 a 1993, fue abogado del Departamento legal de Lagoven, S.A., Carbozulia y Carbones de Guasare, habiendo ocupado las gerencias legales en los estados Monagas y Zulia hasta el momento de su jubilación.

   Asimismo, señalan que ha ocupado cargos como el de Juez Accidental de Instrucción, apoderado del Concejo Municipal del Distrito Federal y del extinto Banco Agrícola y Pecuario, Secretario Ejecutivo del otrora Montepío de Abogados del Distrito Federal y Comisionado Especial del Ministerio de Justicia y Director del Archivo General de la Nación, en materia de inspección y fiscalización de registros y notarías.

   Por ello, alegan que el ciudadano M.A.F.R., es una persona de una impecable vida pública y privada, con una extensa trayectoria profesional y personal y quien en su vida, jamás había sido conminado de forma tan grosera y ofensiva como la que se ha descrito en este libelo, con la única malsana intención de dañarlo y exponerlo al escarnio público entre sus círculos de relaciones, lo que en justicia y en derecho, debe ser indemnizado.

   En todo caso, alegan que, a pesar de que daño moral, es incuantificable, porque el pretium doloris no es periciable, ni valuable en dinero, ya que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo que es imborrable, los demandados han causado a los demandantes un daño que sólo se puede reparar mediante alguna satisfacción equivalente al valor moral destruido, vale decir, el honor, la reputación y buen nombre de los actores.

   Que tales argumentos llevan a los demandantes a reclamar una indemnización razonable por daño moral, estimable en dinero, que asciende a la cantidad MIL DOSCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.200.000.000,00), los cuales equivalen a la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (1.200.000,00) por efecto de la reconversión de nuestro signo monetario.

   Fundamentaron su demanda en los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil.

   Por su parte los demandados en su contestación, en lo tocante a la segunda pretensión incoada por la actora, negaron, rechazaron y contradijeron en todas y cada una de las partes las afirmaciones de hecho y de derecho esbozadas en la segunda pretensión contenida en el libelo, la que expone responsabilidad de sus representados en unas publicaciones que han afectado según los actores su honor y reputación.

   De conformidad con lo dispuesto e el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, impugnaron por exagerada la estimación de la demanda, toda vez que consideran que los demandados no tienen relación con las publicaciones en cuestión y que corresponde a los demandantes la carga de la prueba sobre la misma.

   Aducen que sus representantes no tuvieron nada que ver con las publicaciones y que generará dos supuestos de hecho para llegar a una conclusión y destruir el silogismo expuesto por el actor. Aducen que en este caso para determinar el hecho ilícito o la conformación de una relación jurídica extracontractual que traiga como consecuencia el pago de daño moral debe determinarse el hecho injurioso que tenga o generó relación de causalidad y como consecuencia el pago de las indemnizaciones.

   Aducen que al efectuar la discriminación de las publicaciones determinaron lo siguiente: 1.-Urgente. 2.- Operación de compra venta. 3.- los vendedores; 4.- A quien llamar el teléfono en cuestión es del abogado y 5.- la dirección del inmueble en discusión. No se verifica emplazamiento al pago o la firma o efectivamente a cumplir con las obligaciones derivadas de la operación.

   Aducen que en las referidas publicaciones no se observa ningún contenido injurioso que refleje una ofensa, y tampoco se verifica de ellas una relación extracontractual como tal, por ende carece de vínculo sustancial la referida pretensión sustantiva. A todo evento invocan el contenido del artículo 444 del Código Penal el que determina que las palabras de contenido peyorativo, expresadas en el proceso no pueden ser consideradas como de contenido injurioso, ni de ninguna manera legitiman para la acción penal de difamación e injuria.

   Alegan la falta de cualidad del demandado, aduciendo que sus representados no tienen responsabilidad en la publicación que los actores usan como instrumentos fundamental para determinar la relación de causalidad, mas cuando en la publicación no se mencionan nombres de sus representados, no es su número de teléfono, no se promueve poder alguno para gestión especial de representación que los vincule con la publicación, no se promueven los fondos de pago de las referidas publicaciones, ni han dado la orden de publicación, ni se ha determinado su autoría.

   A tenor del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil promueven la falta de cualidad del demandado siendo que no existe vínculo alguno en la relación jurídico extracontractual que los demandantes esbozan.

   Continúan alegando la carencia de responsabilidad de sus representados en lo referido a las publicaciones en los médicos de comunicación impresos, falta de determinación de la relación de causalidad. Aducen que en el caso del daño moral derivado del hecho ilícito o relación jurídica extracontractual lo que se debe determinar de manera directa es la relación de causalidad. Alegan que la doctrina ha establecido que la relación de causalidad en razón del daño causado derivado de las publicaciones que se den en los médios impresos, vienen discriminadas de la siguiente manera: 1.- autor, 2.- editorial y/o 3. Responsable y en este caso, sus representados no encuadran en ninguna de esas tras calificaciones.

   Aducen que si el actor alega que se le generó un daño no fue por efecto de la publicación en sí, sino que todos se enterarán de su incumplimiento. Aducen que el actor ha tratado de hacer vínculo entre la publicación y sus representados y que para determinar este vínculo la parte actora no ha consignado el poder de representación, ni vínculo que determine de forma expresa las gestiones que realizó el referido abogado y que los vincula a él y a ellos, como corresponsables de los supuestos daños que los actores aducen se les generó. Por ello solicitan que se declare sin lugar la pretensión incoada con la condenatoria en costas a la parte actora.

   Determinado lo anterior, este sentenciador, pasa a pronunciarse con respecto al contenido del oficio número AMC-F44-2000-2009, de fecha 25 de noviembre de 2009, emanado del Ministerio Público, Fiscalía Cuadragésima Cuarta del Área Metropolitana de Caracas, dicho despacho informó a esta Juzgado de la investigación que adelanta en la que aparecen como víctimas los aquí demandados y se indica como querellada a la aquí demandante y, además se solicita de este Juzgado que no tome ninguna decisión relacionada al presente juicio “en cuanto a algún trámite civil o sobre alguna medida cautelar de naturaleza civil sobre el inmueble ubicado en: AVENIDA CUATRO, URBANIZACIÓN LA BOYERA, QUINTA LAS MARIAS, ESTADO MIRANDA; ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 del Código Orgánico Procesal Penal.”

   En tal sentido, observa este Tribunal que el artículo 51 del Código Procesal Penal establece que la acción civil se ejercerá, conforme a las reglas establecidas por este Código, después que la sentencia penal quede firme; sin perjuicio del derecho de la víctima de demandar ante la jurisdicción civil. Ahora bien, dicha disposición refiere a la acción penal proveniente de delito, que es un caso específico de responsabilidad civil. Ello se desprende claramente de la ubicación de dicha disposición y del contenido del artículo 49 del mismo Código que expresamente señala que “…La acción civil para la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, sólo podrá ser ejercida por la víctima o sus herederos, contra el autor y los partícipes del delito y, en su caso, contra el tercero civilmente responsable….” (Destacado del Tribunal).

   En el presente caso, ninguna de las acciones contenidas en el libelo de la demanda, según los alegatos expuestos, derivan de delito alguno y, por el contrario, constituyen típicas reclamaciones de naturaleza civil derivadas de supuestos incumplimientos contractuales y hechos ilícitos. De esta forma, mal puede suspender este Juzgado la continuación de este juicio con fundamento en el invocado artículo 51 del Código Procesal Penal, pues además de improcedente, ello constituiría una violación directa al derecho de acción y a una tutela judicial efectiva de las partes en esta causa que tienen derecho a que se produzca una sentencia que dirima su controversia.

   De esta forma, este Juzgado desecha la referida solicitud y entra de seguidas a pronunciar sentencia definitiva en esta causa, y así se declara.

   Ahora bien, antes de analizar las pruebas aportadas en este proceso, debe determinar previamente este Juzgador los límites en los cuales ha quedado planteada la presente controversia, para luego pronunciarse en relación a los aspectos fundamentales traídos a su conocimiento, tal es el caso de la impugnación efectuada por la parte demandada a la cuantía estimada por el actor respecto a la pretensión indemnizatoria de daños morales por hecho ilícito, y por último establecer si la acción de resolución de contrato y la indemnizatoria por daños morales han de prosperar o no en derecho.

   En síntesis, los términos en que quedó planteada la controversia respecto a las pretensiones, cuyos límites son fijados por la demanda y su contestación, lo constituye, por una parte, respecto a la pretensión de resolución de contrato de opción de compraventa, en la falta de pago del precio, la falta de notificación por parte de los demandados del cumplimiento de las obligaciones y la falta de presentación de documento definitivo de compraventa susceptible de ser suscrito como documento definitivo de compraventa, por su parte, la demandada negó rechazó y contradijo la demanda y alegó que pagó el precio íntegramente así como que incurrió en cuantiosas bienhechurías en el inmueble. Respecto a la pretensión por daños morales, los demandantes sostienen que los demandados ordenaron unas publicaciones en prensa injuriosas y que los desprestigiaron en la colectividad y con sus relacionados, por su parte, la demandada alegó que no fue ella quien ordenó esas publicaciones y que, en todo caso, del texto de tales publicaciones no se desprenden hechos injuriosos como lo plantea la parte actora en su libelo.

   Con vista a como ha quedado planteada la litis en el caso que nos ocupa, se procede de inmediato a dictar sentencia en el presente asunto con los elementos existentes en los autos, conforme lo dispone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala:

   …Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados…

   (Resaltado del Tribunal).

   Lo resaltado constituye el llamado Principio de Presentación, según el cual, el Juez no puede sacar elementos de convicción fuera de los autos (quod non est in actis non est in mundo), limitando el precitado principio la función del Juzgador, ya que su decisión debe basarse en lo alegado y probado en autos por las partes.

   Conforme a lo señalado en el ordinal 5° del artículo 243 del Texto Adjetivo, la sentencia debe contener decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, lo que se traduce, en que, el Juez, está obligado a decidir sobre los argumentos planteados por las partes como fundamento de su pretensión, tanto en el libelo de la demanda como en la oportunidad de la contestación, quedando así, de esta manera, trabada la litis, razón por la cual, con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al debate que alterarían la relación procesal ya planteada.

   PUNTO PREVIO: Fijado lo anterior, quien aquí decide, procede a pronunciarse como punto, con respecto al rechazo de la estimación de la demanda hecho por la parte demandada en su contestación, y en tal sentido, considera necesario señalar que conforme a la norma contenida en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, el demandado puede a su elección, aceptarla tácitamente al no objetarla, o bien puede rechazarla por insuficiente o por considerarla exagerada, en la oportunidad de contestar la demanda, y para el primer supuesto, se produce la preclusión de su derecho a impugnar dicho valor, y no podrá hacerlo en otra oportunidad subsiguiente.

   En el presente caso, la parte actora estimó su pretensión por daños morales en la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 1.200.000,00). Al contestar la demanda, la parte demandada rechazó esa estimación efectuada por la parte actora por considerarla exagerada, alegando que los demandados no tienen relación con las publicaciones en cuestión y que corresponde a los demandantes la carga de la prueba sobre la misma.

   Al respecto, el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

   …Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará.

   El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez decidirá sobre la estimación en capítulo previo a la sentencia definitiva.

   Cuando por virtud de la determinación que haga el Juez en la sentencia, la causa resulte por su cuantía de la competencia de un Tribunal distinto, será éste quien resolverá sobre el fondo de la demanda, y no será motivo de reposición la incompetencia sobrevenida del Juez ante quien se propuso la demanda originalmente…

   .

   A los fines de decidir sobre la procedencia de la impugnación de la cuantía efectuada por la parte accionada, este Tribunal debe señalar que conforme a reiterada doctrina sostenida por el Tribunal Supremo de Justicia, referida al caso en el cual el actor estima su demanda, y el demandado rechaza y contradice tal estimación, por considerarla exagerada o reducida; el demandado debe probar su alegación, es decir, el demandado asume la carga de la prueba cuando impugna la estimación efectuada por el actor, por considerarla insuficiente o exagerada.

   Siguiendo este orden de ideas, se observa que en el caso de autos no se ha dado propiamente una impugnación de la cuantía por alguna de las razones o hipótesis que prevé el artículo 38 citado, dado que la demandada lo que ha hecho es advertir que la misma es exagerada y que el actor tiene la carga de la prueba del daño que alega, pero ello en si no se concibe como una razón de insuficiencia o de exceso en la estimación de la demanda, dado que ningún argumento que avale esas consideraciones contiene la impugnación por lo que la misma resulta infundada. Más aún, la parte actora en su segunda pretensión lo que reclama es una indemnización por daño moral, cuya fijación, en caso de haberse causado algún daño, corresponde privativamente al Juez conforme a lo dispuesto en el artículo 1.196 del Código Civil, siendo que a la parte lo que le corresponde es la prueba del hecho generador del daño y su magnitud, siendo que esa carga probatoria mal puede confundirse con el monto en sí mismo en que el actor hubiere estimado su demanda por mandato expreso del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, todo lo cual lleva a la conclusión de que la demandada no hizo una verdadera impugnación de la cuantía, ni menos aún probó algo en este respecto, todo lo cual la hace infundada y en consecuencia improcedente, y así se declara.

   Establecido lo anterior, a los fines de emitir el correspondiente pronunciamiento que resuelva las pretensiones propuestas, corresponde de seguidas analizar la valoración de las pruebas evacuadas en este proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y los principios de adquisición procesal y comunidad de la prueba.

   Pruebas aportadas por la parte actora:

   • Anexo al libelo marcado “B”, consignaron documento a fin de acreditar la propiedad de un terreno situado en la Urbanización “La Boyera”, en la Zona “A”, Nº 4-A, Jurisdicción del Municipio “El Hatillo” del Estado Miranda, cuya superficie aproximada es de cuatrocientos metros cuadrados (400 mts2), siendo sus límites y linderos los siguientes: Norte: en veintitrés metros (23 mts) con parcela A-4; Sur: en veintitrés metros (23 mts) con la avenida 4; Este: en dieciocho metros (18 mts) con la parcela H-1; y Oeste: en quince metros (15 mts) con la calle 18, la cual constituye uno de sus frentes, siendo el otro lindero Sur, así como la casa tipo quinta sobre él construida denominada “Quinta Las Marías F”, según consta del documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 17 de abril de 1969, bajo el número 15, Tomo 41, folio 50, Protocolo Primero, así como del Título Supletorio, debidamente protocolizado ante la hoy Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 17 de febrero de 1989, bajo el número 16, Tomo 11, Protocolo Primero. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, en virtud de lo cual queda demostrada la propiedad que ostenta la parte demandante, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “C”, acompañaron documento de fecha 15 de diciembre de 2003, mediante el cual la ciudadana E.B.Z., autorizada por su cónyuge, el ciudadano M.A.F.R., en su condición de propietaria, suscribió ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Baruta del Estado Miranda, anotado bajo el número 25, Tomo 96 de los Libros de Autenticaciones, un documento de Opción de Compra Venta con los demandados, ciudadanos W.L.R. y S.R.F., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números 4.589.999 y 6.012.497, respectivamente, sobre el inmueble referido en el párrafo que antecede. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, en virtud de lo cual queda demostrado que las partes efectivamente celebraron un contrato de opción de compraventa cuyas características, alcance y efectos serán analizados posteriormente, relacionado a la propiedad que ostenta la parte demandante, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “D”, acompañaron documento privado de fecha 14 de diciembre de 2004, mediante el cual los demandantes dejaron constancia de haber entregado a los demandados las solvencias y documentos pertinentes para la protocolización del documento definitivo de compraventa conforme a lo acordado en el contrato de opción de compraventa. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, en virtud de lo cual queda demostrado que los demandantes cumplieron con su obligación de entregar los recaudos necesarios para la protocolización del documento definitivo de compraventa, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.363 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “D”, acompañaron documento de fecha 14 de enero de 2005, mediante el cual se deja constancia de la liberación del gravamen hipotecario que afectaba la propiedad objeto del contrato de opción de compraventa. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, por el contrario, el hecho de la liberación del gravamen hipotecario en esa oportunidad fue expresamente aceptado en la oportunidad de la contestación, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “F”, acompañaron telegrama dirigido a los demandantes por los demandados en los que los notifican que el documento definitivo de compraventa se suscribiría el 14 de enero de 2005. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, en virtud de lo cual queda demostrado que los demandados notificaron a los demandantes de la fecha en la que debía celebrarse la firma del documento definitivo de compraventa, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.375 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “F”, acompañaron documento de fecha 2 de febrero de 2005, mediante el cual, el ciudadano M.A.F., en su carácter de cónyuge de la ciudadana E.B.Z., según alega, ante la posibilidad de que los demandados retiraran el documento que habrían presentado ante el Registro y desapareciera así esa evidencia, solicitó ante el Notario Público Sexto del Municipio Baruta una Inspección extrajudicial en las Oficinas del Registro Subalterno del Municipio El Hatillo del estado Miranda, con el objeto de dejar constancia de la existencia de un documento presentado para su protocolización en fecha 12 de enero de 2005, contentivo de la operación de compra venta entre las partes, fijado para ser otorgado el 14 de ese mismo mes y año, sobre el inmueble mencionado en líneas anteriores. Habiéndose dejado constancia en la Inspección efectuada que efectivamente el documento había sido presentado el 12 de enero de 2005, para ser protocolizado el 14 de enero de 2005, y que se refiere a la compra venta, siendo habilitado para el segundo día después de su presentación, que se anexó copia de la planilla de vivienda principal, certificado de solvencia de impuestos urbanos, Registro de Información Fiscal (RIF) de la ciudadana E.B.Z. y de los demandados, que fue presentado por M.A. y que para esa fecha aún se encontraba pendiente para su protocolización. De conformidad con el artículo 1.429 del Código Civil, la prueba de inspección extrajudicial sólo es admisible “en los casos en que pudiera sobrevenir perjuicio por retardo… para hacer constar el estado o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo”. En tal sentido, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha sido sumamente cautelosa respecto a la admisibilidad de este medio probatorio, pues en tales circunstancias se evacúa sin control o contradicción directo de la parte contra quien se opone. No obstante, en el presente caso juzga este Tribunal que sí es admisible la probanza pues el referido documento podía ser perfectamente retirado por la parte o no ser ubicable al tiempo del juicio, tal como en efecto ocurrió y así se dejó constancia en la inspección evacuada el 27 de mayo de 2010 promovida por la parte actora, en donde expresamente se dejó constancia que dicho instrumento no pudo ser ubicado, aunado al hecho que la parte demandada no la objetó ni impugnó en forma alguna. Por tal razón, dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, y del mismo se desprende los hechos constatados por el funcionario que practicó dicha inspección judicial y la omisión del codemandante M.F. como vendedor, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.428 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “H”, acompañaron documento privado suscrito entre las partes, en el que de mutuo acuerdo difirieron el otorgamiento del documento definitivo de compraventa para el día 19 de enero de 2005. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, en virtud de lo cual queda demostrado que las partes acordaron dicho diferimiento, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.363 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “I”, acompañaron una solicitud fechada el 19 de enero de 2005, en la que pedirían una certificación al Registrador respecto a la situación del inmueble objeto del contrato de opción de compraventa. Dicha solicitud aparece recibida por la respectiva oficina de Registro y de la misma, aún si pudiera derivarse que los demandantes hubieren acudido a la Oficina de Registro en esa fecha, no prueba algún hecho trascendente a la presente causa pues no se discute en este caso nada que tenga que ver con haber hecho o no tal solicitud. Por tal razón, de dicha probanza sólo se desprende un indicio de que los demandantes acudieron en esa fecha a la indicada Oficina de Registro en cuanto oportunidad pautada por las partes para que se otorgara el documento definitivo de compraventa, y así se declara.

   • Anexo al libelo marcado con la letra “J”, “K” y “L”, acompañaron a su libelo separatas del diario El Universal de fechas 12, 14 y 15 de marzo de 2005 en las que aparecen unos anuncios o remitidos cuya autoría y publicación se imputa a los demandados y que, a decir de los demandantes, contienen conceptos injuriosos destinados a dañar su reputación, honor y buen nombre, inquiriendo, citando e instándolos a honrar el compromiso de suscribir la venta. Dichos carteles son del tenor siguiente: “URGENTE. A los ciudadanos E.B.Z. A Y M.A.F.R., mayores de edad, titulares de (sic) la cédula 117.519 y 1.313.701, (sic) mayores de edad, de este domicilio, favor comunicarse a la brevedad posible con el abogado DR. C.B. a fin de honrar el compromiso suscrito a la venta del inmueble identificado como Qta. LAS MARIAS F. ubicada en la Urb. LA BOYERA, EDO MIRANDA. Por favor llamar al 0414-1454691”.

   A la admisión de esta probanza la parte demandada se opuso de dos formas diferentes en su contestación a la demanda. En primer término, negó que esas publicaciones hubieren emanado de los demandados pues no se evidenciaría la facultad del abogado y, en todo caso, alegó que aunque dichas publicaciones son duras, no contienen conceptos injuriosos. Finalmente invocaron el artículo 444 del Código Penal que regula las llamadas ofensas en estrados.

   Previa a la valoración de estas probanzas, es necesario examinarla en conjunto con las pruebas promovidas en el escrito de promoción de pruebas de la parte actora que, respecto a estas misma publicaciones, hizo valer la confesión judicial de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.401 del Código Civil, como “la confesión hecha por la parte o su apoderado dentro de los límites del mandato, ante un Juez aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena prueba”. En tal sentido, promovieron e hicieron valer la confesión judicial en la que incurrió la parte demandada de manera espontánea cuando al proponer demanda contra los aquí demandantes, contenida en el expediente originalmente identificados con el número 22381 de la nomenclatura de anterior de este mismo Juzgado, a través de la cual, el entonces apoderado legal de los demandados habría reconocido la publicación en prensa de los anuncios supuestamente lesivos al honor y reputación de los actores. Tal confesión la derivarían del siguiente pasaje de aquel libelo:

   “…Así, pasaron los días y cada vez que se comunicaban con ella o alguno de los familiares (refiriéndose a nuestros mandantes), siempre había una nueva excusa. Al punto de que, un buen día, dejaron de contestar llamadas, en vista de lo cual, nuestros representados enviaron una comunicación a la vendedora propietaria, la cual no fue recibida, no quedándole otra opción, para comunicarse con ella, se colocaron sendos remitidos en la prensa nacional los cuales no fueron respondidos por ella, consignamos en este acto marcado como ANEXOS “N” y “Ñ”, ejemplares de los mismo (sic), lo cual demuestra la necesidad de nuestros representados de finiquitar la compra de su casa…”.

   Asimismo, señalan los actores en su promoción de prueba que en la propia contestación de la demanda de esta juicio, los demandados, ahora con su nuevo apoderado, declararon que, en ejercicio de su mandato, “hacemos valer en todos y cada uno de los argumentos esbozados en el expediente 22381 de la nomenclatura de este tribunal, en la que se ventila causa en contra de los actores, por cumplimiento de contrato, y ejecución de cláusula penal, a los fines de la penalización de los hoy actores, con las cantidades señaladas”. De estas declaraciones, señalan que los demandados reconocen expresamente haber ordenado esas publicaciones, a pesar de haber desconocido su autoría.

   A los fines de demostrar la referida confesión judicial, anexo al escrito de promoción de pruebas, marcado con la letra “A1”, la parte actora consignó legajo de copias certificadas del referido libelo, del poder del abogado que fungía entonces como apoderado de los demandados y de los carteles que los demandados consignaron e hicieron valer y opusieron a los aquí demandantes, a los fines de que por traslado de prueba, se reconozca y declare la confesión judicial espontánea que se ha promovido.

   Así las cosas, tal como lo sostiene la parte actora, la confesión hecha por la parte o su apoderado hacen plena prueba en su contra. La confesión, para ser considerada como tal, es preciso que verse sobre una declaración perjudicial a la parte. Toda confesión entraña una declaración, pero no toda declaración supone una confesión. Las partes en juicio hacen muchas declaraciones, pero sólo las que generan algún perjuicio propio tendrán carácter confesorio.

   En el presente caso se ha imputado a los demandados la autoría de unas publicaciones en prensa de contenido lesivo para los demandantes, según se ha alegado, mientras que los demandados han desconocido tal autoría, negando toda responsabilidad al respecto. Ahora bien, la parte actora produjo anexo a su escrito de promoción de pruebas copias certificadas del libelo de demanda propuesto por los aquí demandados contra los demandantes de este juicio, así como del poder judicial con que actuaba el abogado en aquella causa. Dichas copias certificadas, al no haber sido impugnadas ni desconocidas y, por el contrario, al haberse hecho valer y ratificado en este juicio por los demandados lo dicho en aquel otro proceso, se las valora plenamente, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

   En dichas copias certificadas consta que respecto a dichas publicaciones el entonces apoderado expresó: “en vista de lo cual, nuestros representados enviaron una comunicación a la vendedora propietaria, la cual no fue recibida, no quedándole otra opción, para comunicarse con ella, se colocaron sendos remitidos en la prensa nacional”. De esta expresión, no quedan dudas para este Juzgador que los aquí demandados, a través de su apoderado judicial, ante un juez, expresamente reconocieron como suya la autoría de esas publicaciones, siendo que las declaraciones al respecto fueron hechas por apoderado judicial con facultades bastantes y suficientes, según se desprende del poder acompañado, todo lo cual hace concluir a este juzgador de manera indubitable que los demandados fueron los autores de tales publicaciones, tanto en su contenido como en su aparición en el diario El Universal en las fechas indicadas. A tal conclusión arriba este Juzgador en la aplicación estricta del artículo 1.401 del Código Civil, según el cual, la declaración hecha por la parte o su apoderado ante un juez opera como confesión y produce plenos efectos probatorios y así expresamente se decide.

   Respecto al contenido injurioso o no de esas publicaciones, el Tribunal se pronunciará al momento de analizar la demanda por daño moral propuesta. Se desechan en consecuencia las impugnaciones hechas por la parte demandada respecto a esas publicaciones, incluso el alegato que las ofensas en estrados no dan lugar a injurias dada la manifiesta impertinencia de esta excepción pues en ningún momento se ha planteado que esas publicaciones hayan emanado de dichos en estrados, todo lo cual así expresamente se decide.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “B1”, la parte actora promovió certificación de gravámenes emanada de la entonces Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio El Hatillo del estado Miranda, de fecha 2 de septiembre de 2005, en la que consta que el inmueble objeto de esta litis ha sido propiedad de la parte actora desde hace más de cuarenta (40) y que para el tiempo previsto por las partes para la protocolización del documento definitivo de compraventa, estaba libre de gravámenes y medidas judiciales que impidieran proceder a su venta. Aún cuando ese hecho no ha sido controvertido, dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, teniéndose por probados los hechos apuntados, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Aún cuando estos hechos no han sido controvertidos, dichos documentos son valorados y apreciados por este Juzgador, toda vez que los mismos no fueron impugnados ni cuestionados en la oportunidad procesal correspondiente, teniéndose por probados los hechos apuntados, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “C1” promovió Registro de Vivienda Principal del inmueble objeto de esta litis propiedad de la parte actora, comprobante de pago y certificado de solvencia a favor de los demandantes, los que le fueron entregados a los demandados oportunamente para que se procediera a la protocolización del documento definitivo de compraventa y de los que se deriva el oportuno cumplimiento de los demandantes de sus obligaciones, y así se declara.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “D1”, promovió la parte actora certificación emanada de la Dirección General de Coordinación y Seguimiento del Ministerio para el Poder Popular para la Planificación y Desarrollo en la que se describen los servicios prestados por el demandante M.F. dentro del Poder Judicial, habiendo ocupado distintos cargos, incluido el de Juez de la República. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo emana de una autoridad administrativa y arroja presunción de certeza y, dado que no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, deben tenerse por ciertos los hechos allí contenidos respecto a la experiencia laboral del demandante habiendo ocupado importantes cargos al servicio del Estado, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “E1”, promovieron certificación emanada de la Dirección General de Recursos Humanos del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se da cuenta de la trayectoria laboral del demandante M.F. dentro del Poder Judicial, habiendo ocupado distintos cargos, incluido el de Juez de la República y Defensor Público de Presos. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo emana de una autoridad administrativa y arroja presunción de certeza y, dado que no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, deben tenerse por ciertos los hechos allí contenidos respecto a la experiencia laboral del demandante habiendo ocupado importantes cargos al servicio del Estado, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “F1”, promovieron certificación emanada de la Gerencia de Administración de Recursos Humanos de PDVSA en la que se da cuenta de la trayectoria laboral del demandante M.F. dentro de esa importante empresa nacional, sus años de servicio y su actual condición de jubilado de la misma. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que el mismo emana de una autoridad administrativa y arroja presunción de certeza y, dado que no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, deben tenerse por ciertos los hechos allí contenidos respecto a la experiencia laboral del demandante habiendo ocupado importantes cargos al servicio del Estado, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Anexo a su escrito de promoción de pruebas, marcado “G1”, promovieron poder judicial que le hubiere conferido en su oportunidad el entonces Distrito Federal al demandante M.F.. Dicho documento es valorado y apreciado por este Juzgador, toda vez que no fue impugnado ni cuestionado en la oportunidad procesal correspondiente, debiendo tenerse por cierto que el demandante en su condición de abogado ejerció profesionalmente la representación de esa entidad federal, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 de la n.S.C. vigente, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

   • Promovió la parte actora inspección judicial sobre el documento que debió otorgarse en 14 de enero de 2005, la evacuación de dicha prueba quedó pautada para el 27 de mayo de 2005, luego de diversos diferimientos y requerimientos de la parte actora. A la evacuación de dicha prueba acudieron ambas partes y su evacuación correspondió en la Oficina de Registro correspondiente al inmueble objeto del contrato de opción de compraventa y, si bien dicha prueba se evacuó después de vencido el lapso original de evacuación de pruebas, el cual finalizó el 22 de mayo de 2005, ello no le fue imputable a las partes, siendo que su promovente insistió en su evacuación reiteradamente e, incluso, a su requerimiento, en fecha 2 de julio de 2007 este Juzgado concedió una prórroga de 15 días de despacho para la evacuación de otras pruebas de dicha parte actora quien se vio privada del lapso natural de evacuación por causas no imputables. Adicionalmente a lo anterior, por cuanto a la evacuación de dicha prueba asistieron ambas partes sin objeción alguna, se garantizó el principio de control y contradicción de la prueba, razón por la cual el Tribunal le otorga pleno valor probatorio. De dicha inspección se pudo constatar que en fecha 14 de enero de 2005, el ciudadano F.F. consignó documento de liberación de la hipoteca, lo que, aún cuando no fue uno de los particulares objeto de la promoción de la prueba y ello fue objetado por la entonces apoderada judicial de la parte actora y promovente, ello en realidad carece de toda relevancia pues ese hecho no es controvertido y ambas partes están contestes en su existencia. Respecto a los otros particulares objeto de la inspección, relativos a la existencia en esa Oficina de Registro de un documento por otorgar presentado el 12 de enero de 2005 contentivo de la venta de los demandantes a los demandados del inmueble a que se contrae el contrato de opción de compraventa objeto de litigio, el Tribunal dejó constancia que conforme a los libros de dicho año, no pudo ubicarse dicho documento, lo que, como se estableció previamente, constituye evidencia suficiente de la justificación de la inspección extrajudicial producida por la actora junto a su libelo puesto que, efectivamente, aquel documento desapareció, todo lo cual así se decide.

   • Promovió adicionalmente la parte actora experticia psico-emocional y ciertas testimoniales. Respecto la prueba de experticia, ésta no se evacuó por falta de impulso procesal. Las testimoniales promovidas tampoco se evacuaron, pero éstas por haberse obstaculizado por la parte demandada quien en la oportunidad de declaración de uno de tales testigos, previo al inicio del acto, recusó a la jueza comisionada quien por tal razón se abstuvo de evacuar dicha probanza, remitiendo de vuelta las actuaciones al Tribunal de la causa.

   Pruebas promovidas por la parte demandada:

   • Anexo a su escrito de contestación a la demanda, marcado con la letra “B”, produjo inspección extrajudicial a los fines de dejar constancia de supuestas bienhechurías realizadas en el inmueble objeto de la promesa bilateral de compraventa. Dicha inspección debe ser desechada por diversas razones. En primer lugar, el hecho de haber realizado o no bienhechurías en el inmueble aparece como manifiestamente impertinente pues la presente causa no versa en modo alguno sobre la construcción o no de bienhechurías; en segundo lugar, la oportunidad de la contestación de la demanda no constituye una oportunidad para promover pruebas; y, por cuanto la parte demandada ni alegó ni probó circunstancia alguna que justificare temor de desaparición de los hechos objeto de inspección que justificaran esa evacuación anticipada en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.429 del Código Civil. Todo lo cual hace manifiestamente inadmisible dicha probanza, y así expresamente se decide.

   • En el escrito de promoción de pruebas, ratificaron el documento de opción de compra-venta. Sobre el contenido y alcance de dicho documento, es un hecho aceptado por ambas partes y se corresponde con el promovido por la parte actora y el cual ya ha sido valorado plenamente, valoración que aquí se da por reproducida.

   • En el escrito de promoción de pruebas, ratificaron igualmente los instrumentos de feb-number y swift confirmation; puntos c y d, que a su vez habrían anexado en copias simples a su escrito de contestación de la demanda. A la admisión de estas probanzas la parte actora se opuso y a la vez impugnó por carecer de firma, por tratarse de copias simples no permitidas dentro del ordenamiento, desconocerse de quién emanan al tiempo que desconoció que emanaran de los demandados, y que, de ser documentos emanados de terceros, debieron ser ratificados mediante la prueba de informes. Esta prueba fue admitida salvo su apreciación en la sentencia definitiva y estando en tal oportunidad, el Tribunal observa: La oportunidad de la contestación de la demanda no está prevista como tiempo para la promoción de pruebas, lo que hace la consignación de estas documentales extemporánea, no obstante, al haber sido ratificadas en la promoción de pruebas, se entra a su análisis y en tal sentido, vista la impugnación hecha por la parte actora, es forzoso desechar estas documentales pues, efectivamente, se trata de copias fotostáticas de documentos privados, los cuales no son admitidos en nuestro ordenamiento procesal, carecen de firma, lo cual impide conocer su autoría, siendo que además, la parte actora los desconoció como emanados de ella, sin que la parte demandada hubiere insistido en hacerlos valer y, de tratarse de documentos emanados de terceros, debió promoverse al tercero, bien como testigo o por vía de informes para que ratificara el contenido de dicho instrumento y así la parte actora pudiere controlar y contradecir dicha prueba, por lo que, en consecuencia, se desecha dicha probanza, y así expresamente se decide.

   • Promovió igualmente la parte demandada en su escrito de promoción de pruebas en copia simple la denominada “Ley Patriota”, la cual fue impugnada por la parte actora conforme a las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, si bien la parte demandada produjo unas copias simples fuera del ámbito de aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ello no es la razón fundamental para desechar tal consignación como medio de prueba, sino por la circunstancia de que el derecho extranjero, conforme a la Ley de Derecho Internacional Privado, en cuanto resulte aplicable para resolver la controversia, es derecho y el juez está en el deber de indagarlo, por lo que no se trata de un medio de prueba. Naturalmente las partes pueden facilitar la labor del juez orientando la búsqueda de tal derecho extranjero, pero siempre que éste resulte aplicable a la controversia, el juez de oficio está en el deber de indagarlo y aplicarlo. Por tal razón, se desecha la promoción de la “Ley Patriota” como medio probatorio y, en su parte pertinente, el Tribunal examinará su aplicabilidad para resolver la presente controversia.

   • Promovió la parte demandada en su contestación prueba de informes al Registro para recabar información sobre el derecho de propiedad del inmueble objeto del contrato de Opción de Compraventa y de las bienhechurías sobre el mismo construidas. En tal sentido, tanto el derecho de propiedad de la parte actora como las bienhechurías construidas han quedado plenamente establecidas, siendo que estas pruebas no harían más que reiterar lo que ya se encuentra suficientemente acreditado en este fallo, razón por la cual se hace innecesario abundar más al respecto.

   • Promovió la parte demandada prueba de perito testigo del ciudadano J.R.M.. Dicha prueba no se evacuó por no haberse presentado el testigo por parte de su promovente, por lo que ningún mérito puede derivarse al respecto, y así se decide.

   • Promovió la parte demandada prueba de informes al Ministerio Público, Fiscalía Cuadragésima Cuarta del Área Metropolitana de Caracas, expediente 01-F-44-0066-07, a fin de que dicho despacho remitiera a este Juzgado copias certificadas de las declaraciones rendidas por los ciudadanos M.F. y F.F.. La evacuación de dicha prueba se hizo a través de la consignación que hiciera en esta causa el apoderado de los demandados G.R.B.G., tal como consta del oficio AMC-F44-02301-A-2010, fechado el 29 de noviembre de 2010 y consignado en esta causa el 10 de diciembre de 2010, en el que además se acompañaran las respectivas copias certificadas las cuales este Tribunal, por auto de fecha 22 de diciembre de 2010, decidió mantener a reserva. Esta probanza debe desecharse por cuanto su evacuación resulta manifiestamente ilegal. En primer término, es ostensible la manifiesta extemporaneidad, por tardía, de la evacuación de dicha prueba, toda vez que la misma se consignó en el presente expediente el 29 de noviembre de 2010, después de vencido incluso el lapso para dictar sentencia. En efecto, en el presente juicio, el lapso original de pruebas venció el 22 de mayo de 2010, no obstante, a solicitud de la parte actora, y sólo respecto a determinadas pruebas promovidas por esa parte, el 2 de julio de 2010, se concedió una prórroga por 15 días de despacho, los cuales vencieron el 27 de julio del mismo año, lo cual deja en evidencia la manifiesta extemporaneidad de dicha probanza, impidiendo a su vez el derecho al control y contradicción de la parte contraria, quien no puede quedar eternamente atenta a la recepción de pruebas a los fines de poder controlarlas. Admitir dicha probanza constituiría una clara violación al debido proceso, regido por el principio de preclusión, y a los derechos a la defensa y de control y contradicción de las pruebas de rango constitucional. Si la parte demandada consideraba que la demora en responder del ente requerido afectaba su derecho, debió insistir en su evacuación y, ante el vencimiento del lapso de evacuación, debió solicitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código de procedimiento Civil la extensión del lapso por la eventual privación de una prueba por causa extraña no imputable, pero su silencio en tal sentido comportó una manifiesta aceptación a la pérdida del medio, y así expresamente se decide.

   A esta conclusión llega este Juzgador siguiendo el criterio de la Sala de Casación Civil contenido en la sentencia de fecha 2 de agosto de 2005 (caso I.F.D.F. y otros), en el que de forma nítida da cuenta de la inadmisibilidad de las pruebas evacuadas fura de lapso, tal cual ocurrió en el presente caso: En dicho fallo se sostuvo lo siguiente:

   “…Por su parte, el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil establece:

   …Los términos o lapsos procesales para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley; el juez solamente podrá fijarlos cuando la ley lo autorice para ello…

   .

   El artículo transcrito consagra el principio de preclusión de los actos procesales, al señalar que los términos y lapsos sólo pueden ser establecidos por ley, por ende, las partes no podrán disponer de ellos, y el juez será el único facultado para fijarlos cuando expresamente lo haya indicado el legislador en el texto.

   Por tanto, todo acto que se produzca fuera del plazo o término consagrado por la ley no tendrá valor en el proceso por haber precluído la oportunidad, entendiéndose por preclusión “…la pérdida, extinción o caducidad de una facultad procesal…”. (Chiovenda, Biblioteca Clásicos del Derecho. Tomo 6. Pág, 476).

   Respecto al principio de preclusión, el Maestro E.C., en su obra “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1997, Pág. 194 y 197, expresó:

   …El principio de preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados.

   Preclusión es, aquí lo contrario de desenvolvimiento libre o discrecional.

   (…Omissis…)

   Así, el no apelar dentro de término opera la extinción de esa facultad procesal; la no producción de la prueba en tiempo agota la posibilidad de hacerlo posteriormente; la falta de alegación o de expresión de agravios en el tiempo fijado impide hacerlo más tarde. En todos esos casos se dice que hay preclusión, en el sentido de que no cumplida la actividad dentro del tiempo dado para hacerlo, queda clausurada la etapa procesal respectiva. Se subraya así la estructura articulada del juicio a que se ha hecho alusión. Transcurrida la oportunidad, la etapa del juicio se clausura y se pasa a la siguiente, tal como si una especie de compuerta se cerrara tras los actos impidiendo su regreso…

   En tal sentido, la Sala Accidental de Casación Civil de este Alto Tribunal, mediante sentencia N° 308, de fecha 25 de junio de 2003, caso Banco Mercantil C.A. S.A.C.A., expresó lo siguiente:

   …La recurrida, para no analizar y juzgar pruebas consignadas por cualquiera de las partes, hizo previamente la siguiente advertencia: en razón de encontrarse este proceso en etapa de sentencia desde el 13 de octubre de 1995, se abstiene de analizar y decidir sobre los documentos y alegaciones producidos por cualquiera de las partes en el presente juicio con posterioridad a la presentación de las observaciones a los informes, por resultar las mismas ilegales por extemporáneas. A juicio de la Sala Accidental, la anterior declaración de la recurrida está ajustada a derecho, porque en el proceso venezolano impera el principio de orden consecutivo legal con etapas de preclusión; además de la regla de que cada acto particular debe realizarse dentro del término que le corresponde o no puede ejecutarse ya en lo absoluto, que es otro principio del proceso venezolano, llamado de la preclusión, según el cual la parte que deje de actuar en el tiempo prescrito queda impedida o precluída de hacerlo después. De la combinación de estos dos principios, surge el llamado proceso concentrado y se afirma entonces que en el proceso venezolano rige el “principio de orden consecutivo legal con fase de preclusión,” una de cuyas fases es la etapa probatoria, que comprende un lapso para la promoción de las pruebas y otro lapso para su evacuación.

   La regla general en Venezuela de la promoción de las pruebas la establece el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil: “Dentro de los primeros quince días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de que quieran valerse, salvo disposición especial de la Ley”. Es un lapso perentorio y preclusivo, salvo las excepciones legales. La mayor parte de las pruebas que deben promoverse dentro de este lapso son: los instrumentos privados de la demanda, y la de éstos en los casos de excepción a que se refiere el artículo 434; la exhibición de documentos; la confesión o posiciones juradas; la experticia; la inspección judicial; la prueba de testigos; las reproducciones, copias y experimentos; la prueba de informes; y cualquier medio probatorio no contemplado expresamente en la ley (las pruebas innominadas). Las excepciones a la regla anterior son varias: algunas pruebas deben promoverse con el libelo de la demanda, como los instrumentos públicos o privados en que se fundamente la pretensión (art. 340, ord 6° CPC); otras pruebas pueden ser promovidas en todo tiempo hasta los últimos informes, como las posiciones juradas (art. 405 CPC), los instrumentos públicos, que no sea obligatorio presentar con la demanda (arts.434 y 435 CPC); y una previsión nueva: de común acuerdo las partes, en cualquier estado y grado de la causa, pueden hacer evacuar cualquier clase de pruebas en que tengan interés (art. 396, in fine. CPC).

   Salvo que ocurra el último de los supuestos examinados precedentemente, pruebas consignadas después del acto de informes son inadmisibles, por extemporáneas, como con acierto lo resolvió la recurrida. El formalizante alega también la infracción de disposiciones constitucionales que enumera, las cuales habrían sido además infringidas por la recurrida al cometer el presunto vicio de silencio de pruebas. No todas las garantías y derechos fundamentales son absolutos, pues muchos de ellos tienen específico desarrollo a través de las llamadas normas operativas o de ejercicio (Picó I Junoy Joan. Las Garantías Constitucionales del Proceso. Editorial J.M. Bosch. Barcelona. 1997. p 29), en el caso, el Código de Procedimiento Civil que, como lo vimos precedentemente, contiene normas preclusivas sobre la promoción y evacuación de las pruebas en el proceso. Efectivamente, en la medida en que las garantías constitucionales o derechos fundamentales, formen parte de un sistema normativo, necesariamente han de tener límites, que derivan de la necesidad de respetar otros derechos de similar categoría. En el marco general del derecho de defensa, se ha establecido que la facultad de probar también tiene límites que han sido adecuadamente puestos de relieve por la doctrina y la jurisprudencia, como se verá mas adelante al analizar y resolver otras denuncias de infracción contenidas en el escrito de formalización…

   .

   En el Código de Procedimiento Civil venezolano coexisten los principios “del orden consecutivo legal con fase de preclusión” y el de “preclusión de los actos”, que dividen el proceso en etapas, cada una de los cuales tiene un lapso determinado para que las partes ejerzan su derecho de defensa, así en la fase probatoria, el legislador estableció un plazo para promover y otro para evacuar pruebas, el cual puede prorrogarse a petición de parte dentro de la misma oportunidad, pues toda actuación que se realice una vez transcurrido dicha etapa se considerará extemporánea y no tendrá valor en el proceso, de conformidad con los principios señalados anteriormente que rigen la tempestividad de los actos procesales...”. (Destacado de la Sala).

   Pues bien, con base en el anterior criterio, dada la manifiesta extemporaneidad en la evacuación de los informes recibidos, el Tribunal los desecha por haber precluido su oportunidad de incorporación a la causa y se abstiene de valorarlos, todo lo cual así expresamente se decide.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: