Decisión de Juzgado de Municipio Septimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 31 de Marzo de 2015

Solicitó la resolución del contrato de arrendamiento suscrito en fecha 20 de septiembre de 2007, en consecuencia, convenga o sea condenada a entregar desocupado el inmueble a su representada.

En pagar la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 140.000,00), correspondiente a los cánones insolutos de julio, agosto, septiembre y octubre de 2008.

En pagar como indemnización del daño causado, por cada mes de uso del inmueble, a partir del mes de noviembre (inclusive) hasta el día que lo entregue a ella totalmente desocupado, demanda la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 35.000,00), monto igual o equivalente al canon mensual de arrendamiento.

Los intereses de mora por el atraso en el pago de los cánones de arrendamiento, a tenor de los previsto en el artículo 27 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, causados desde el día 06 de julio de 2008, hasta la entrega definitiva del inmueble desocupado, calculados conforme con la tasa pasiva promedio de las seis (06) principales entidades financieras, según el informe del Banco Central de Venezuela (BCV), asimismo solicitó que los intereses se determinen mediante una experticia complementaria del fallo, conforme con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Solicitó que, la cantidad de dinero a la que sea condenada a pagar la demandada, se ajuste conforme con el índice inflacionario mensual que determine el Banco Central de Venezuela.

Solicitó Medida de Secuestro sobre el inmueble objeto de la demanda de conformidad con lo establecido en el numeral 7º del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, y que sea nombrado como depositario al ciudadano N.R.T., quien es el Director General de la sociedad mercantil GRUPO PUNTO ALTO, C.A., arrendadora y propietaria del Inmueble.

Por último solicitó que la reforma sea admitida y sustanciada conforme a derecho, y declarada con lugar en la definitiva y condenada en costas la demandada.

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA.

En la oportunidad procesal para dar contestación a la demanda, el Presidente Corporativo, el ciudadano R.F.C., asistido por la abogada A.I.R.G., procedieron a dar contestación a la demanda en los siguientes términos:

Negó y contradijo que su representada haya incurrido en alguna causal de Resolución del Contrato de Arrendamiento, que se demanda en el particular PRIMERO del petitorio del libelo.

Que, no adeuda la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 140.000,00), exigido en el particular SEGUNDO.

Expresa que, no es deudora de la indemnización a que se refiere el petitorio en el particular TERCERO.

Y finalmente alegó que, no tiene obligación de cancelar por intereses de mora como lo solicitó la actora en el particular CUARTO del petitorio.

Rechazó la demanda tanto en los hechos como en el derecho que la misma se pretende deducir.

Asimismo, se reservó la oportunidad procesal correspondiente a los fines de demostrar la solvencia arrendaticia de su representada.

- III -

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Seguidamente y siendo la oportunidad legal para dictar sentencia en el presente juicio, esta Juzgadora observa lo siguiente:

Se ventila aquí una acción de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, motivada en un supuesto incumplimiento por parte de la sociedad mercantil INGENIERÍA DE CONSULTA INCOSTAS, S.A., de la parte demandada, esto es el incumplimiento del pago del canon de arrendamiento de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2008, y que no fueron realizadas en su oportunidad, tal como se estableció en dicho contrato.

Así, en materia de arrendamiento, el Juez debe examinar previamente la naturaleza del contrato cuya ejecución o resolución se demanda, para de esa manera determinar las normas de derecho aplicables al caso sometido a su consideración, pues una vez iniciado el proceso, el desarrollo de las distintas fases que en él deben sucederse no constituye asunto exclusivo de las partes, pues al requerirse el ejercicio de la función jurisdiccional entra en juego el interés público para una recta y pronta administración de justicia, lo que en definitiva aumenta los poderes del Juez para la dirección del proceso, y que a su vez sirve de preámbulo suficiente a este Tribunal para dilucidar de una vez por todas, sí estamos en presencia no sólo de la vía procesal adecuada, sino de la acción pertinente, que es distinto al derecho mismo que se reclama, y si con ello se violan elementales principios revestidos de eminente orden público, que ni el consentimiento de las partes, ni el que hacer del Juez puedan quebrantar, como bien lo dispone el artículo 6 del Código Civil.

A tales efectos, establece el Código Civil, lo que textualmente se transcribe a continuación:

Artículo 4.- A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador...

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Artículo 1.133.- El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico

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Artículo 1.159.- Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley

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Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley

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Artículo 1.269.- Si la obligación es de dar o hacer, el deudor se constituye en mora por el solo vencimiento del plazo establecido en la convención.

Artículo 1.354.- Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación

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Artículo 1.579.- El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquélla...

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Artículo 1.592.- El arrendatario tiene dos obligaciones principales: 1º Debe servirse de la cosa arrendada como un buen padre de familia, y para el uso determinado en el contrato, o, a falta de convención, para aquél que pueda presumirse, según las circunstancias. 2º Debe pagar la pensión de arrendamiento en los términos convenidos

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Ahora bien, a los fines de resolver el fondo de la controversia fijada en los términos resumidos en este fallo, observa este Tribunal que la norma rectora de la acción de cumplimiento o resolución de cualquier contrato, se fundamenta en el artículo 1.167 del Código Civil, que copiado textualmente se lee al tenor siguiente:

Artículo 1167.- En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ellos.

El artículo antes citado es el fundamento legal para intentar la acción de cumplimiento de contrato o resolución de contrato y si hubiere lugar a ello, con cada una de estas acciones los daños y perjuicios, entendiéndose que cuando se demanda el cumplimiento de un contrato, lo que se busca es que se cumpla con lo establecido o acordado por las partes en el mismo y tiene efectos hacia el futuro, caso contrario ocurre, cuando se demanda la resolución de un contrato, ya que el efecto que produce la misma, es volver la situación al estado en el que se encontraba antes de celebrar el contrato, como si este no se hubiese firmado, tal y como lo estableció el Dr. E.M.L. en su libro CURSO DE OBLIGACIONES, año 1986, página 592, cuando dijo:

La resolución tiene efectos retroactivos. El contrato bilateral terminado por resolución se considera extinguido, no desde el momento en que la resolución se declara, sino que mediante una ficción jurídica se considera, como que si jamás hubiese existido contrato alguno….

En este mismo orden de ideas, el Dr. E.C.B., en el Código Civil comentado, edición 2003, páginas 645 y 647 estableció:

…..Efectos de la resolución. La doctrina señala como efectos principales los siguientes:

1° La terminación del contrato bilateral, que al ser declarado resuelto se extingue. ahora bien, el contrato se considera terminado, no desde el momento en que se declara la resolución, sino que se considera como si jamás hubiese existido, volviendo las partes a la misma situación en que estaban antes de contratar.

2° Un efecto retroactivo, mediante el cual el contrato se considera como si efectivamente jamás hubiese sido celebrado. Como consecuencia tenemos:

Las partes vuelven a la misma situación precontractual, en que se encontraban antes de celebrar el contrato y, por tanto, deben devolverse mutuamente las prestaciones recibidas con motivo de las obligaciones que hubiesen ejecutado durante la vigencia del contrato.

3° La parte cuyo incumplimiento culposo da motivo a la resolución queda obligada a la indemnización de los daños y perjuicios que la resolución cause a la parte accionante. Para algunos autores, la acción por daños y perjuicios es subsidiaria de la de cumplimiento o de la de resolución de los contratos bilaterales. Es decir, para que proceda la acción por daños y perjuicios debe haberse pedido necesariamente el cumplimiento o la resolución del contrato….

Es importante destacar que la parte actora en su escrito de reformulación del libelo de la demanda solicitó lo siguiente:

… Ahora bien, ciudadano juez, LA ARRENDATARIA incumplió la mencionada cláusula segunda, en virtud de que no ha pagado los cánones de arrendamiento de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2008, es decir, la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 140.000,00).

Por lo expuesto, y por cuanto han resultado infructuosas las gestiones extrajudiciales para lograr el pago, comparezco ante su competente autoridad, para demandar, como formalmente lo hago, en nombre de mi representada, a la sociedad mercantil INGENIERÍA DE CONSULTA INCOSTA, S.A., para que convenga, o en su defecto sea condenada por el tribunal, en lo siguiente:

PRIMERO: en la resolución del contrato de arrendamiento que celebró con mi representada el 20 de septiembre de 2007, y en consecuencia, convenga o sea condenada a entregar desocupado el inmueble a mi representada.

SEGUNDO: en pagar a mi representada la cantidad de CIENTO CUARENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 140.000,00), correspondiente a los cánones insolutos de julio, agosto, septiembre y octubre de 2008.

TERCERO: en pagar a mi representada, como indemnización del daño causado, por cada mes de uso del inmueble, a partir del mes de noviembre de 2008 (inclusive) hasta el día que lo entregue a ella totalmente desocupado, la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 35.000,00), monto igual o equivalente al canon mensual de arrendamiento.

CUARTO: los intereses de mora por el atraso en el pago de los cánones de arrendamiento, a tenor de lo previsto en el articulo 27 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, causados desde el día 06 de julio de 2008, hasta la entrega definitiva del inmueble desocupado, calculados conforme a la tasa pasiva promedio de las seis principales entidades financieras, según lo informe el Banco Central de Venezuela. Pido que estos intereses se determinen mediante una experticia complementaria del fallo, conforme con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil…

En el presente caso, observa este Tribunal que se demanda la resolución del contrato por el incumplimiento de la cláusula segunda del referido contrato de arrendamiento y en consecuencia a entregar el inmueble, es decir, en este caso se quiere que la situación vuelva a como se encontraba antes de celebrarse el contrato, y por otra parte, se demanda, el pago de los cánones de arrendamiento adeudados correspondiente a los meses que van desde julio, agosto, septiembre y octubre de 2008, y los cánones que se venzan hasta que el demandado entregue el inmueble y los intereses de mora por el atraso en el pago de cánones de arrendamiento, como lo indica el artículo 1167 del Código Civil, por lo que es evidente, que en el presente juicio, se procedió a la acumulación indebida de dos (2) acciones, de resolución y cumplimiento de contrato, que si bien, se tramitan por un mismo proceso, cada una produce un efecto distinto, por lo que, mutatis mutandi, se aplica la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 1618, expediente Nº 03-2946, de fecha 18 de Agosto de 2004, caso Industria Hospitalaria de Venezuela 2943; en donde entre otras cosas señaló:

…. Que como el Juez de la causa no advirtió la inepta acumulación de pretensiones por tener procedimientos distintos, el juez de Retasa debía declararla, aun cuando no hubiese sido opuesta por la parte demandada… En la sentencia consultada se indica que esta circunstancia debió exponerse al juez de la causa principal y no al Juez de Retasa; pero la Sala considera que este ultimo, quien igualmente es director del proceso, sin necesidad de que la inepta acumulación haya sido denunciada, debió declararla…La Sala admite que, en condiciones de normalidad, en la etapa de admisión de la demanda, el Juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales; pero si ello no ocurre deberá ser verificado en cualquier estado y grado de la causa. En efecto en la presente causa, como el Juez de la causa no advirtió la inepta acumulación de pretensiones, (…) El Juez de Retasa debía declararla, aun cuando no hubiese sido opuesta por la parte demandada. En vista de lo anterior, cuando el Juzgado de Retasa constituido en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito del circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no se pronuncio respecto de la inepta acumulación de pretensiones, conculco a la accionante su derecho al debido proceso…

Aunado a lo anterior, el legislador incluyó en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, la excepción de la norma procesal relativa a la acumulación de pretensiones, que señala lo siguiente:

…No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre si; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquellas cuyos procedimiento sean incompatibles entre sí.

Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra, siempre que sus respectivos procedimiento no sean incompatibles entre sí…

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En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha venido delimitando el área en el campo del orden público, y en tal sentido en sentencia de fecha 08 de julio de 1999, en el juicio de A.Y.P. contra Agropecuaria El Venao, C.A. y otro, expediente número 98-505, sentencia Nº 422, estableció lo que se transcribe a continuación:

…La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras, las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia, a la competencia en razón de la cuantía o la materia, a la falta absoluta de citación del demandado y a los trámites esenciales del procedimiento…la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia obligatoria del proceso civil, es impositiva, es decir, obligatoria en su sentido absoluto, para las partes y para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos…

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Al respecto es necesario citar el criterio jurisprudencial de fecha 04 de abril del 2.003, del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Expediente Nº 01-2891, Sentencia Nº 669, con Ponencia del Magistrado DR. E.C.R., donde se dejó sentado lo siguiente:

….La sala considera que efectivamente, la situación planteada con respecto a la acumulación prohibida, si así lo consideraba el demando, podía ser objetada por la parte afectada, en el momento de dar contestación a la demanda, pero no ocurrió así, sino que contestó directamente al fondo, con lo cual podría decirse que sin haber objeciones que hubieran podido resolverse en forma oportuna, convalido el petitorio de la demanda. Conforme a la Jurisprudencia en la materia, si se pide la resolución de un contrato de arrendamiento, no puede pedirse a la vez el cumplimiento del contrato y el pago de las pensiones adeudadas simplemente, y para solventar tal situación, el cobro se pide por concepto de daños y perjuicios que generalmente equivalen al monto adeudado por concepto de pensiones no pagadas durante la vigencia del contrato.

La Sala, de la lectura del petitorio del libelo que trascribe la decisión, considera que la demandante no esta pidiendo el cumplimiento del contrato, sino la resolución del mismo y además solicita que se le pague lo ya causado y lo que se cause mientras dure el procedimiento, como justa indemnización por el uso del inmueble, cuyo contrato pide quede resuelto.

Para la sala es indudable que no se pueden acumular en la misma demanda pretensiones de cumplimiento y resolución ya que son antinómicas, pero el acreedor demandante puede pedir la ejecución o resolución, más los daños y perjuicios.

Quien pide la resolución, a fin de que finalice el contrato y las cosas refieren al estado al que se encontraban al momento de la convención y pide que se le indemnice por el uso de una cosa, esta demandando resolución más daños y perjuicios lo que se ajusta a la letra del artículo 1.167 del Código Civil…

En este mismo sentido, se ha pronunciado la Sala de Casación Civil, en Sentencia Nº 00370, de fecha 07 de Junio de 2005, en la cual deja sentado lo que se transcribe a continuación:

…Así pues, en aplicación a los criterios jurisprudenciales y doctrinales, anteriormente transcritos al caso sub iudice se evidencia que el Juez de la recurrida al declarar la inadmisibilidad de la demanda tal como lo hace de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del fallo, y al no haber permitido la acumulación de pretensiones que tienen procedimientos incompatibles, está garantizando lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil,…, por tanto el juez con tal actitud no subvierte el procedimiento ni tampoco incurre en violación al derecho a la defensa, ya que las normas procesales están revestidas del carácter de orden público y deben ser tomadas en cuenta por los sentenciadores, por lo que el juez puede de oficio resolver y tomar decisiones que garanticen el orden público, el derecho a la defensa y el debido proceso, por tanto la denuncia formulada es improcedente y así se decide…

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Con respecto a la acumulación de acciones, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 3.584, de fecha 06 de diciembre de 2005, causa V.B. de Rodríguez y otros, estableció lo siguiente: “… La acumulación de acciones constituye materia de eminente orden público…”.

Así las cosas, se evidencia claramente que la presente demanda se encuentra dentro del supuesto de inadmisibilidad por ser “CONTRARIA A DERECHO”.

En tal virtud, tomando en consideración los criterios de justicia y de razonabilidad señalados Ut Supra, con especial atención y acatamiento a lo dispuesto en los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obligan al Juez a interpretar las Instituciones Jurídicas y con vista a los actuales principios que fundamentan el Sistema de Derecho, y que persiguen hacer efectiva la Justicia, este Órgano Jurisdiccional debe declarar INADMISIBLE la demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, con todos los pronunciamientos de ley, conforme los lineamientos expuestos en este fallo; lo cual quedará establecido en forma expresa y precisa en la parte dispositiva de la presente sentencia.

- IV -

DISPOSITIVA

Atendiendo a los razonamientos expresados, este Juzgado SÉPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en virtud que esta causa se encuentra comprendida en los presupuestos de la Resolución Nº 2011-0062, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de noviembre de 2011, declara:

INADMISIBLE la acción ejercida por los abogados SERGY M.M., N.M., J.P.S., R.P.S., A.R.S., H.D.O., F.O.R., T.H.L. y N.R.T., actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil GRUPO PUNTO ALTO, C.A., contra la sociedad mercantil INGENIERÍA DE CONSULTA INCOSTAS, S.A., en la persona de su Presidente Corporativo, Presidente Ejecutivo y Directores, ciudadanos R.F.C., H.P.D., J.V.F.C. y M.M.R., partes identificadas en el encabezado de este fallo, por ser contraria a la esencia de la naturaleza jurídica de la acción.

NO hay condenatoria en costas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil, NOTIFÍQUESE a las partes de la presente decisión.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SÉPTIMO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en la ciudad de Caracas, el 31 de marzo de 2015. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

LA JUEZ TITULAR,

M.M.C.

LA SECRETARIA TITULAR,

A.D.R..

En la misma fecha, siendo las 02:00 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se publicó y registró la decisión anterior, dejándose copia certificada de la misma en el copiador respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA TITULAR,

A.D.R..

Exp. Nº 00803-12.

Exp. Antiguo: AH15-V-2008-000254.-

MMC/AD/03.