Decisión nº 16 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 26 de Julio de 2011

Decisión del Juzgado de Primera Instancia en Función de Control Nº02.

…omissis…

PRIMERO: Declara con lugar el decreto de Medida Cautelar de privación Judicial de Libertad, por considerar llenos los extremos del artículo 250 en concordancia con el artículo 251.3, al considerar que existen fundados elementos de convicción para dar por acreditado provisionalmente el delito de Estafa Agravada Continuada, contra los ciudadanos A.R.Á.A., Juancho I.Á.A. y M.I.Á.A..

SEGUNDO: Declara sin lugar el decretó de Medida Cautelar de privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada contra los ciudadanos L.N.Á.A. y E.R.Á., G.A.Á.A., P.A., J.C.Á.A., P.L.Á.A., F.I.Á.A. y J.I.Á.A., y N.N.A.Á., por considerar que con una medida Cautelar menos gravosa se llenan las expectativas de sujeción al proceso y en su lugar se les impone a las ciudadana L.N.Á.A. y E.R.Á.A., Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de la Modalidad de Arresto Domiciliario, bajo custodia policial con rondas suficientes que se cumplirán a través del Comando Regional de la Guardia Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 256.1 del Código Orgánico Procesal Penal, y a los ciudadanos G.A.Á.A., P.A., J.C.Á.A., P.L.Á.A., F.I.Á.A. y J.I.Á.A., ya identificados Medida de presentación Periódica ante este Juzgado y Prohibición de salida del país, conforme a lo dispuesto en el artículo 256. 3 y 4 ejusdem.

TERCERO: Declara sin lugar la solicitud de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de la modalidad prevista en el 256.1 del Código Orgánico Procesal Penal (Arresto Domiciliario) en contra de los ciudadanos J.C.G.U., E.C.A. y N.N.A.Á., al considerar que no se revelan con claridad elementos que lo vinculen en la participación del delito acreditado y en su lugar Libertad sin Restricción alguna

.

Decisión del Juzgado de Primera Instancia en Función de Control Nº01.

…omissis..

…El Tribunal indicó que no es procedente la sustitución de la privación judicial por una menos gravosa, dado que no ha variado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la misma y cede el derecho de palabra a la Fiscalía Primera quien se opone a la solicitud de la defensa toda vez que considera no han variado las circunstancias que dieron origen al presente proceso. En consecuencia y fuerza de las consideraciones anteriores, El Tribunal de conformidad al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal…

IV

DE LA ADMISIBILIDAD

Determinada como fue la competencia, esta Corte de Apelaciones, actuando en sede Constitucional, observa que la presente Acción de A.C., según los argumentos esgrimidos por los Ciudadanos Á.R.Á.A., JUANCHO I.Á.A., L.N.Á.A., E.R.Á.A., M.I.Á.A., actuando en su carácter de imputados es interpuesta en contra del pronunciamiento dictado por la Juez de Control N° 01 y 02 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual se imponen medidas preventivas privativas judiciales de Libertad, así como también la negativa de la revisión de medida solicitada, estimando los accionantes que con tal decisión se le violenta derechos fundamentales consagrados en los artículos 27, 44.1, 49 1.2 entre otros de nuestra Constitución vigente, solicitando en definitiva, que se decrete la nulidad de la Medida Privativa de Libertad, adoptada por los tribunales de Control 1º y 2º contra de los ciudadanos Á.R.Á.A., JUANCHO I.Á.A., L.N.Á.A., E.R.Á.A., M.I.Á.A..

Y a tal fin, esta Corte de Apelaciones observa:

Antes de entrar a conocer la presente Acción de Amparo, es necesario que esta Alzada se pronuncie con respecto a la admisibilidad del mismo, siendo necesario que los Jueces que conocen en Sede Constitucional, verifiquen si preexiste la presunta violación a derechos o garantías constitucionales de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

..5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes…

En atención a la norma supra transcrita, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al precisar el carácter de orden público de las causales de Inadmisibilidad de la Acción de Amparo, en Sentencia Nº 41 de fecha 26 de Enero de 2001, en Ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, en el expediente Nº 00-1011-1012, dejó establecido lo siguiente:

Al respecto debe señalarse que la jurisprudencia de este alto tribunal ha establecido que las causales de inadmisibilidad de acción de amparo son de orden público, razón por la cual el juzgador puede declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de dicha solicitud en cualquier estado del proceso ya que posee un amplio poder para modificar, confirmar o revocar lo apreciado, aún cuando la acción de amparo se haya admitido…

De igual modo, respecto al referido numeral 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 2369 de fecha 23 de Noviembre de 2001, con Ponencia del Magistrado Dr. J.D.O., consideró:

“…la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.

Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

(…) En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente.

Asimismo, se cita decisión la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 29 de Septiembre de 2005 dejó asentado lo siguiente:

“…Al respecto, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, “(...) no se admitirá la acción de amparo: (...) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes”. De modo que la acción de a.c. no será admisible cuando el ordenamiento jurídico prevea la posibilidad de ejercer recursos ordinarios contra un acto que presuntamente lesiona derechos de rango constitucional, con la finalidad que ésta no se convierta en una acción que haga inoperante el ejercicio de los recursos ordinarios…”

Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 13 de junio de 2001, señaló:

...esta Sala Constitucional, igualmente en reiteradas oportunidades ha establecido que quien incoa una acción de a.c. debe fundarla en la violación de derechos y garantías constitucionales que esté causando un daño inminente, inmediato y reparable, a una situación jurídica, o una amenaza, también inminente, a sus derechos, por lo que no puede pretenderse que el Juez que conozca del amparo, genere nuevas situaciones jurídicas o constituya derechos a su favor, porque ello desnaturalizaría los fines restitutorios o reparatorios de la acción…

.

Así las cosas, tenemos que la admisibilidad del a.c. está sujeta a que no exista en el ordenamiento jurídico un medio procesal que permita resolver el asunto, pues existiendo debe ser ejercido garantizando él, la protección de los derechos del accionante; frente a la existencia de ese medio y la falta de su ejercicio debe el Juez Constitucional declarar la Inadmisibilidad del Amparo. Y así se establece.

En atención, de lo antes señalado la Corte de Apelaciones precisa que la acción de amparo sólo puede restablecer o restituir situaciones jurídicas en las que se cercenaron derechos fundamentales, o bien cuando exista una amenaza inminente de violación; por lo que, al atacar las decisiones tomadas con ocasión de la celebración de la audiencia de presentación de imputado, al igual que la decisión donde se negó las sustitución de la medida de privación preventiva judicial acordadas, infiere esta Corte de Apelaciones que es crear una nueva situación jurídica, lo que contraría el objeto del amparo, por cuanto esa solicitud sólo puede ser resuelta por el Tribunal que conozca de la causa penal o por la Alzada en caso de existir un recurso ordinario de impugnación, pero en sede penal.

Determinado lo antepuesto, esta Corte de Apelaciones observa, según lo alegado por los accionantes en su escrito, que la presente acción es interpuesta en contra del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 2º y 1º de este Circuito Judicial Penal, en virtud de las decisiones dictadas en la causa Nº 2CS-9648-11, con ocasión del decreto de: “…PRIMERO: Declara con lugar el decreto de Medida Cautelar de privación Judicial de Libertad, por considerar llenos los extremos del artículo 250 en concordancia con el artículo 251.3, al considerar que existen fundados elementos de convicción para dar por acreditado provisionalmente el delito de Estafa Agravada Continuada, contra los ciudadanos A.R.Á.A., Juancho I.Á.A. y M.I.Á.A..

Declara sin lugar el decretó de Medida Cautelar de privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada contra los ciudadanos L.N.Á.A. y E.R.Á., G.A.Á.A., P.A., J.C.Á.A., P.L.Á.A., F.I.Á.A. y J.I.Á.A., y N.N.A.Á., por considerar que con una medida Cautelar menos gravosa se llenan las expectativas de sujeción al proceso y en su lugar se les impone a las ciudadana L.N.Á.A. y E.R.Á.A., Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de la Modalidad de Arresto Domiciliario, bajo custodia policial con rondas suficientes que se cumplirán a través del Comando Regional de la Guardia Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 256.1 del Código Orgánico Procesal Penal, y a los ciudadanos G.A.Á.A., P.A., J.C.Á.A., P.L.Á.A., F.I.Á.A. y J.I.Á.A., ya identificados Medida de presentación Periódica ante este Juzgado y Prohibición de salida del país, conforme a lo dispuesto en el artículo 256. 3 y 4 ejusdem.

Declara sin lugar la solicitud de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de la modalidad prevista en el 256.1 del Código Orgánico Procesal Penal (Arresto Domiciliario) en contra de los ciudadanos J.C.G.U., E.C.A. y N.N.A.Á., al considerar que no se revelan con claridad elementos que lo vinculen en la participación del delito acreditado y en su lugar Libertad sin Restricción alguna”.

Asimismo, decisión del Juzgado de Primera instancia en funciones de Control Nº 1.

…El Tribunal indicó que no es procedente la sustitución de la privación judicial por una menos gravosa, dado que no ha variado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la misma y cede el derecho de palabra a la Fiscalía Primera quien se opone a la solicitud de la defensa toda vez que considera no han variado las circunstancias que dieron origen al presente proceso. En consecuencia y fuerza de las consideraciones anteriores, El Tribunal de conformidad al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal…

En atención, a lo precisado considera necesario e ineludible a esta Corte de Apelaciones actuando en Sede Constitucional señalar a los accionantes, que la decisión emanada del Juzgado de primera Instancia en función de Control Nº 02, que antecede fue impugnada a través de los mecanismos establecidos en la norma adjetiva penal, como lo es el recurso de apelación de auto establecido en el artículo 447 ordinales 4º del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que “…Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones: (…) 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva.” Como lo dejo, establecido esta Corte de Apelaciones, en decisión de fecha 16 de mayo de 2011, el cual es del tenor siguiente:

“…Por las razones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: PRIMERO: Declara SIN LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por la Abogada G.A.Á.A., actuando en su propio nombre y por el Abogado F.J.B.V., en su condición de Defensor Público de los imputados M.I.Á.A., Á.R.Á.A., JUANCHO I.Á.A., L.N.Á.A., E.R.Á.A., G.A.Á.A., N.N.A.Á., J.C.G.U., E.C.A., P.A., J.C.Á.A., P.L.Á.A., F.I.Á.A. y J.I.Á.A.; y SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión dictada en fecha 10 de marzo de 2011 y publicada en fecha 24 de marzo de 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 02, de este Circuito Judicial Penal, con sede en Guanare.(Negrillas y Subrayado de La Corte de Apelaciones).

En consecuencia, no pueden pretender los accionantes, la sustitución con el a.c. de los medios o recursos que previamente preceptuó el ordenamiento procesal penal para el restablecimiento de la situación jurídica que supuestamente fue infringida, pues dicho medio constituye la vía judicial idónea para la garantía de la tutela judicial efectiva y sólo cuando no obtenga respuesta o haya una dilación procesal indebida podrán los interesados acudir a la vía del amparo; situación que no está presenta en el caso de marras, ya que fue agotada la vía ordinaria y ejercidos los recursos correspondientes, lo que trae como consecuencia la inadmisión de la acción de amparo propuesta. Y así se declara.

Ahora bien, siguiendo en el análisis de la acción de amparo, se hace necesario para esta Corte de Apelaciones, referir a los accionantes que en cuanto, al mantenimiento de la medida privativa de libertad, debe prestar atención al contenido del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece: “Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente…”, es decir, cuentan los accionantes con un medio idóneo para lograr satisfacer sus pretensiones. La admisión de lo contrario comportaría la desaparición de las vías ordinarias que estableció el legislador para la eficacia y realización de los derechos e intereses de las partes dentro de un determinado proceso.

Se ha verificado del escrito contentivo de la acción de amparo, que los Ciudadanos Á.R.Á.A., Juancho I.Á.A., L.N.Á.A.,E.R.Á.A., y M.I.Á.A., antes identificados, solicitan que por medio de esta vía constitucional, sea anulada la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control Nº 01, en la que declaró sin lugar la solicitud de revisión de medida, solo por los ciudadanos Á.R.Á.A., Juancho I.Á.A., M.I.Á.A., por lo que a criterio de esta Alzada, de conformidad con la reiterada y pacifica jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, si bien no es recurrible en apelación dicha decisión judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión de la medida puede solicitarse cuantas veces lo considere pertinente el imputado e incluso debe ser revisada de oficio por el Tribunal cada tres (03) meses.

Sobre este particular, es oportuno citar, sentencia N° 420 de 14 de marzo de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado MARCO TULIO DUGARTE, donde se señaló:

…La mencionada Sala Nº 7 de la Corte de Apelaciones, fundamentó su decisión en una de las causales de inadmisibilidad, a saber, la prevista en el numeral 5 del artículo 6 de Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, al estimar que “(…) el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal otorga a la defensa la potestad de solicitar cuantas veces lo estime la sustitución de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, y el Juez tiene la obligación de decidir ese pedimento y de revisar de oficio la necesidad de mantenimiento o no de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, pero éste en forma alguna debe ser alterado a través de la acción de amparo por cuanto resultaría improcedente, ello en razón que existe un mecanismo expedito para lograr, por parte de la defensa, respuesta oportuna (…)”.

Esta Sala considera oportuno indicar en sentencia 499 del 21 de marzo de 2007 (caso: M.A.A.R.), en la cual señaló:

(…)esta Sala le recuerda al accionante que el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, y que además el juez tiene la obligación de revisarla cada tres meses, quien de estimarlo prudente sustituirá la medida por otra menos gravosa; contra esa negativa el imputado no puede ejercer el recurso de apelación, ya que siempre tiene abierta la posibilidad de solicitar nuevamente se revise la medida.

En el presente caso, el juez revisó la medida y decidió negar la misma por cuanto no han cambiado las condiciones que ameritaron se dictada la privativa de libertad. En consecuencia, al tener el accionante la vía ordinaria a su disposición, a saber, la revisión de las medidas cautelares, lo ajustado a derecho es declarar inadmisible la presente denuncia

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En este contexto, precisa la Sala en armonía con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, que para la admisibilidad de la acción de amparo, no sólo debe verificarse la existencia de una injuria inconstitucional, sino además que el quejoso no pudo disponer de la vía ordinaria que restituyera la situación jurídica infringida.

Así pues, no puede considerarse a la acción de a.c. como la única vía idónea para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica alegada como infringida, toda vez que, como se ha sostenido y así lo ha reiterado la Sala en diversos fallos, no toda trasgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, ya que para ello existen las vías procesales ordinarias, en las cuales todos los jueces de la República pueden restituir la situación jurídica infringida, antes que la lesión se haga irreparable.

En el presente caso, como se señaló, el acto que se identificó como lesivo de derechos constitucionales, es la decisión dictada el 7 de noviembre de 2007, por el Juzgado Cuadragésimo Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, contra el hoy accionante, decisión esta que no impide que la defensa solicite la revisión de la medida las veces que lo considere pertinente, que, además, el juez tiene la obligación de revisarla cada tres meses.

En efecto, esta facultad que tiene abierta la defensa de poder solicitar nuevamente se revise la medida, constituye a criterio de la Sala, la vía idónea para contener la pretensión de amparo (restablecimiento de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados).

En razón de lo expuesto, estima esta Sala que dicha situación se subsume en el supuesto normativo contenido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, por lo que resulta forzoso declarar sin lugar el recurso de apelación, y confirmar la sentencia apelada, que declaró inadmisible la acción de amparo propuesta. Así se declara…” (Subrayado de esta Corte Superior).

De igual forma, en sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 06 de mayo de 2009, Exp. 08-1522, se ratifica el criterio anterior, dejándose asentado lo siguiente:

…Por otra parte, en relación a la decisión que declaró sin lugar la solicitud de revisión de medida, esta Sala en sentencia No. 499 del 21 de marzo de 2007 (caso: M.A.A.R.), señaló que:

(…) el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, y que además el juez tiene la obligación de revisarla cada tres meses, quien de estimarlo prudente sustituirá la medida por otra menos gravosa; contra esa negativa el imputado no puede ejercer el recurso de apelación, ya que siempre tiene abierta la posibilidad de solicitar nuevamente se revise la medida.

En el presente caso, el juez revisó la medida y decidió negar la misma por cuanto no han cambiado las condiciones que ameritaron se dictada la privativa de libertad. En consecuencia, al tener el accionante la vía ordinaria a su disposición, a saber, la revisión de las medidas cautelares, lo ajustado a derecho es declarar inadmisible la presente denuncia…

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De allí, que conforme lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, que prevé que “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente la sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”, la parte quejosa tiene la posibilidad de solicitar, en reiteradas oportunidades, la revisión de la medida de coerción personal decretada, la cual se corresponde a un medio judicial ordinario que debe ser siempre utilizado, dentro del proceso penal, como vía idónea para restituir o reparar situaciones jurídicas infringidas por violaciones de derechos fundamentales, como consecuencia del decreto de una medida de privación judicial preventiva de libertad. (Vid. Sentencias números 1417 del 30 de junio de 2005 y 452 del 10 de marzo de 2006).

Razón por la cual, la Sala debe señalar que la acción de a.c. no debe entenderse como un medio sustitutivo de los recursos procesales ordinarios o extraordinarios, sino como un mecanismo destinado exclusivamente a proteger el goce y ejercicio de los derechos constitucionales, de modo que dicha acción sería inadmisible cuando se destina a un fin distinto del que le es propio, como el restablecimiento de situaciones derivadas de relaciones jurídicas que cuentan con medios procesales idóneos. Por ello, considera la Sala que, la tutela constitucional sólo es admisible cuando los afectados hayan agotado todos los medios procesales regulares o cuando ante la existencia de tales vías, la urgencia derivada de la situación tenga tal grado de inminencia, que sólo pueda ser subsanada mediante el ejercicio de la acción de a.c., dada la insuficiencia de los medios ordinarios.

Tomando en cuenta lo expuesto la Sala concluye que en el presente caso la acción propuesta resulta inadmisible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, razón por la cual se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, en contra de la decisión dictada el 6 de noviembre de 2008, por la Sala Accidental Quincuagésima Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, y se confirma la misma en base a las consideraciones aquí expuestas. Así se declara.”

Como puede apreciarse de las decisiones antes transcritas, el Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido de manera reiterada, que cuando la decisión accionada en amparo verse sobre la negativa de un Tribunal de revisar la medida de coerción personal, existe una causal de inadmisibilidad de la acción, en virtud de que, como quiera que la revisión de la medida puede solicitarse cuantas veces lo estime el imputado o su defensor, así como el juez está en la obligación de resolver tal solicitud e incluso de revisarla de oficio cada tres (03) meses, debe entenderse pues, que existe un mecanismo ordinario idóneo que limita el accionar en amparo, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales.

Establecido como ha sido, que la decisión accionada en amparo es susceptible de ser resuelta a través de otra vía ordinaria, incoando solicitud de revisión de medida de privación judicial, ante el Tribunal de Instancia, las veces que lo considere pertinente los accionantes, aprecia esta Corte de Apelaciones actuando en sede constitucional que, de acuerdo a los reiterados criterios emitidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los Jueces de la República deben actuar bajo los siguientes parámetros:

…ante la interposición de una acción de a.c., los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente…por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.-La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal, no tiene el sentido de que se interponga cualquiera imaginable, sino solo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian…

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Precisado lo anterior, por lo que en todo caso al poseer los accionantes otras vías judiciales idóneas para solicitar el restablecimiento de los derechos de sus defendidos y/o impugnar las decisiones que considere le son lesivas, ya sea utilizando el recurso ordinario de apelación, solicitando la nulidad de los actos, la revisión de la medida privativa de libertad o planteando sus argumentos de fondo en la etapa procesal correspondiente al Juicio Oral y Público, la presente acción de a.c. debe ser declarada inadmisible conforme al ordinal 5 del Artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, por cuanto en la vía ordinaria existen otros medios a través de los cuales los accionantes pueden satisfacer sus peticiones. Y así se decide.

En consecuencia, no pueden pretender los accionantes, la sustitución con el a.c. de los medios o recursos que previamente preceptuó el ordenamiento procesal penal para el restablecimiento de la situación jurídica que supuestamente fue infringida, pues dicho medio constituye la vía judicial idónea para la garantía de la tutela judicial efectiva y sólo cuando no obtenga respuesta o haya una dilación procesal indebida podrán los interesados acudir a la vía del amparo; lo contrario comportaría la desaparición de las otras vías que estableció el legislador como mecanismo de protección de los derechos e intereses de las partes dentro de un determinado proceso, razonamientos en base a los cuales considera esta Corte de Apelaciones, que lo procedente y ajustado a derecho es Declarar INADMISIBLE, la presente acción de amparo, interpuesta en fecha 21 de julio del 2011, por los Abogados G.A.Á.A., L.Á.A. y Georgeri S.P., en su condición de Defensores Privados de los ciudadanos Á.R.Á.A., Juancho I.Á.A., L.N.Á.A.,E.R.Á.A., y M.I.Á.A., de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, por cuanto los accionantes cuentan con la vía ordinaria para satisfacer su pretensión como lo es el recurso ordinario de apelación, la solicitud de nulidad de los actos, la solicitud de revisión de la medida privativa de libertad o el planteamiento de sus argumentos de fondo en la etapa procesal correspondiente al Juicio Oral y Público. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, actuando en Sede Constitucional, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Se declara COMPETENTE para conocer de la Acción de A.C. interpuesta. SEGUNDA: DECLARA INADMISIBLE la Acción de A.C. interpuesta por los Abogados G.A.Á.A., L.Á.A. y Georgeri S.P., en su condición de Defensores Privados de los ciudadanos Á.R.Á.A., Juancho I.Á.A., L.N.Á.A., E.R.Á.A., y M.I.Á.A., por la presunta violación de los Derechos Constitucionales, consagrados en los artículos 19,21,23, 25,131,137, 44 ordinal 1 y 49 ordinal 1y 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 1º y 2º en la cual acordó la Medida Privativa Preventiva Judicial de Libertad a los ciudadanos Á.R.Á.A., Juancho I.Á.A., M.I.Á.A., y Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de la Modalidad de Arresto Domiciliario a las ciudadanas L.N.Á.A. y E.R.Á.A.. Inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese, regístrese y déjese copia.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencia de la Corte Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en Guanare, a los veintiséis (26) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

El Juez Presidente de la Corte de Apelaciones,

C.J.M.

(PONENTE)

El Juez de Apelación, La Juez de Apelación,

J.A. RIVERO MAGÜIRA ORDÓÑEZ DE ORTIZ

El Secretario,

R.C.

Seguidamente se cumplió lo ordenado en autos. Conste.-

Secretario.-

Exp.-4829-11

CJM/.-J.B..