Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 19 de Agosto de 2015

En síntesis, la defensa de autos fundamenta su inconformidad con el fallo dictado, al considerar:

.- Que a sus defendidos les fue dictada medida privativa de libertad en fecha 22 de marzo de 2013, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito en la modalidad de transporte agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y cambio de placas de vehículos automotores; siendo el caso, que el 22 de marzo de 2015, se cumplieron dos (02) años sin tener sentencia como producto de su juicio.

.- Que la presente causa le fue asignada al Juez Cuarto Itinerante de Juicio, a los fines de iniciar el juicio correspondiente, lo cual implica a su entender, comenzar con el tiempo excedido a los dos (02) años, lo que hace el decaimiento de la medida privativa de libertad de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

.- Que la medida privativa de libertad que exceda los dos (02) años, puede convertirse en ilegítima al vulnerar un derecho de rango constitucional, como lo es el derecho y garantía constitucional de la l.p., consagrada en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

.- Que el Ministerio Público debe solicitar la prórroga correspondiente, y que en el caso bajo estudio no está agregada, ni se refleja tal trámite, por lo que a su entender, está claramente establecido que constitucionalmente no se ha cumplido con ese mandato.

.- Que en el caso de sus defendidos han transcurrido dos (02) años y cuatro (04) meses, tiempo que supera el lapso previsto por el legislador en el artículo 230 de la norma adjetiva penal vigente, sin que se haya iniciado dentro del lapso de los dos (02) años el correspondiente juicio oral y público, lo cual a su entender, ocasiona un evidente gravamen.

.- Que sus defendidos, han tenido una conducta ejemplar, han sido colaboradores y prestos a cumplir espontáneamente con cualquier actividad desarrollada internamente, no han tenido ninguna injerencia en problemas internos propios de un centro de reclusión y a la espera de un juicio donde puedan demostrar su inocencia.

El artículo 233 del Código Orgánico Procesal Penal, destaca la interpretación restrictiva que debe dársele a todas las disposiciones que restrinjan la libertad del o los imputados, lo cual deviene, por una parte, del principio de inocencia que rige en el proceso penal hasta que sea desvirtuado mediante una sentencia condenatoria definitivamente firme, luego de lo cual, cobra vigencia las fórmulas de cumplimiento de pena, y por otra, el raigambre constitucional del derecho a la libertad, que después del derecho a la vida, es el más importante de los derechos fundamentales de las personas, de allí que la libertad sea la regla y la privación de ésta, la excepción.

Asimismo, el actual estado democrático y social de Derecho y de Justicia que caracteriza a esta República, propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, entre otros, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, siendo un fin esencial del estado, la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad humana, además de la garantía en el cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en el texto fundamental, conforme se infiere de los artículos 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En cuanto al principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal, el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.

En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de dos años; si se tratare de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave.

Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el o la querellante podrán solicitar prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado y cuando fueren varios los delitos imputados se tomará en cuenta la pena mínima prevista para el delito más grave.

Igual prórroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada, o sus defensores o defensoras.

Estas circunstancias deberán ser debidamente motivadas por el o la Fiscal o el o la querellante.

En este supuesto, si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, quien decidirá sobre dicha solicitud.

La disposición legal transcrita, desarrolla el principio de proporcionalidad de la medida de coerción personal, la cual deberá ser impuesta sin sobrepasar de la pena mínima prevista por el delito imputado, ni exceder del plazo de dos años,- elemento cuantitativo-, y además, la medida de coerción aplicable, deberá ser directamente proporcional con la gravedad del delito, sus circunstancias de comisión y la sanción probable, lo cual exige, adecuación e idoneidad de la cautela como sustentos de la proporcionalidad –elemento cualitativo. Asimismo, que excepcionalmente y cuando existan circunstancias graves que así lo justifiquen, el Ministerio Público o el querellante, podrán solicitar al tribunal que esté conociendo la causa, antes del vencimiento del lapso de dos (02) años señalado en la norma, una prórroga de la medida de coerción personal, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado.

Desde esta óptica, no cabe duda que le corresponde al juzgador(a) efectuar la debida ponderación de intereses en conflicto, que le permitirá concluir sobre la vigencia de la medida de coerción personal, para lo cual deberá abordar los factores determinantes en el decaimiento o mantenimiento de la misma.

De igual forma la Sala considera que, el sólo transcurrir del tiempo no constituye la única variable que determine el decaimiento de la medida de coerción personal, pues, aun en tal supuesto, igualmente deberá apreciarse la conducta procesal asumida por el acusado(a) o su defensor(a), a los fines de determinar si tal prolongación excesiva e indebida del tiempo, le son imputables, sea por planteamientos dilatorios, o sea por abuso de las facultades establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, sea por vías de hecho, o en fin por contumacia o rebeldía a los actos procesales.

De allí que, los antivalores procesales, como lo serían, la mala fe y temeridad procesal, están referidos a las conductas asumidas por los sujetos procesales tendentes a obstaculizar el esclarecimiento de la verdad de los hechos, o la dilación permanente del proceso, a fin de frustrar la justicia como su instrumento de realización, a tenor del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por ello, el principio de buena fe establecido en el artículo 105 del Código Orgánico Procesal Penal, ordena a las partes abstenerse de hacer planteamientos dilatorios, meramente formales y abusar del ejercicio de las facultades que el sistema adjetivo le establece, lo cual permite el cumplimiento de la finalidad del proceso penal establecido en el artículo 13 eiusdem, cual no es otro que el esclarecimiento de la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho.

Consecuente con ello, el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal, no podrá interpretarse aisladamente del resto de los principios procesales penales, pues, sistemáticamente pretenden dirigir un todo, con base a normas fundamentales de contenido axiológico que orientan filosóficamente al proceso penal.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia dictada en fecha 22 de junio de 2005, en el expediente número 1315, estableció:

En relación con lo estipulado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia (vid: casos: R.A.C., del 24 de enero de 20014 e I.A.U., del 15 de septiembre de 2004) ha señalado que la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando han transcurrido más de dos años de su vigencia, contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando, no se haya proveído la prórroga establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio

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Asimismo, en sentencia N° 626 de fecha 13-04-2007, expediente N° 05-1899, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan, señaló lo siguiente:

(Omissis)

De acuerdo con el contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando ha transcurrido más de dos (2) años de su vigencia contados a partir del momento en que fue dictada, claro está, siempre y cuando no se haya proveído la prórroga establecida en el aludido precepto, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir el decaimiento.

No obstante esa pérdida de la vigencia de la medida no opera de forma inmediata, pues, aunque la libertad del imputado o acusado debe ser proveída de oficio sin la celebración de una audiencia por el tribunal que esté conociendo de la causa (vid. sent. N° 601/2005 del 22 de abril); el juez que conoce del asunto tiene la posibilidad de decretar cualquiera de las medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal (vid. Sent. N° 1213/2005 de 15 de junio), en atención al contenido del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en caso de que no lo acuerde el afectado o su defensa pueden solicitar la libertad o la concesión de una medida cautelar sustitutiva si no son decretadas de oficio.

De lo hasta aquí expuesto se colige que el principio de proporcionalidad recogido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal es, en definitiva, una limitante temporal a todas las medidas de coerción personal dictadas en el proceso penal, el cual debe ser cumplido por todos los órganos que imparten justicia por ser la regla general que toda persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley, conforme lo establece el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo sería en lo contemplado en el artículo 29 eiusdem.

Cabe recalcar que en el proceso pueden existir dilaciones propias de la complejidad del asunto debatido, por lo que el simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, de lo contrario, la compresible complejidad que pudiera llegar a tener un caso se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad. Tal circunstancia, en un razonamiento lógico, conduce a concluir que la norma per se excluye los retrasos justificados que nacen de la dificultad misma de lo debatido; sólo esta interpretación justifica que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiera al deber del Estado de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, lo que reconoce implícitamente que en los procesos pueden existir dilaciones debidas o, dicho en otras palabras, que se pueden justificar, tal como lo refiere en igual sentido el propio artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Así, un proceso penal puede prolongarse sin que exista una tardanza de mala fe imputable a las partes o al Juez, pues en algunos casos es posible y hasta necesario para la búsqueda de la verdad de los hechos que las partes, en ejercicio pleno de su derecho a la defensa y dada la complejidad del caso, promuevan un número importante de medios de pruebas que luego deberán ser evacuadas, en estos casos, se insiste, la tardanza del proceso penal se debe a la complejidad de los hechos controvertidos y mal puede dicha complejidad beneficiar a los posibles culpables…

Con base en los criterios jurisprudenciales antes expuestos, se infiere, tal y como se indicó ut supra, que el Juzgador o Juzgadora de Instancia, al momento de abordar el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal a los fines de determinar su decaimiento o mantenimiento, deberá analizar dos variables fundamentales, aún en caso de no mediar solicitud de prórroga (pues si la misma existe, “deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir el decaimiento” como precisó la Sala); a saber, la primera, relativa al transcurso del tiempo de duración de la medida, y la segunda, si la prolongación de la duración de la coerción personal resulta imputable al acusado o acusada o su defensa (en cuyo caso deberá soportar los efectos negativos que generan su conducta dilatoria, como lo es el mantenimiento de la cautela, por quebrantar el principio de buena fe procesal) o si se trata de una dilación atribuible incluso a la propia complejidad y tramitación del asunto; debiendo ponderar además los derechos e intereses en pugna, en función de lo dispuesto en los artículos 55 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 13 y 23 del Código Orgánico Procesal Penal.

En el caso bajo estudio, esta Corte de Apelaciones procede a examinar las actuaciones originales que conforman la presente causa, las cuales fueron solicitadas al Tribunal Cuarto Itinerante de Juicio, observando que:

1. - Al folio 3 de la pieza I, corre inserta acta de investigación policial de fecha 20 de marzo de 2013, suscrita por funcionarios adscritos al Destacamento N° 13 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, con sede en la localidad de La Tendida, mediante la cual, dejan constancia de la detención preventiva de los ciudadanos SM/2 J.G.L.R. y SM/3 E.A.Q., por la presunta comisión del delito de tráfico en la modalidad de transporte agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto en el encabezamiento del artículo 149 y el artículo 163.3.11 de la Ley Orgánica de Drogas y el delito de cambio ilícito de placas de vehículo automotor, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo Automotor.

2. - Al folio 42 de la pieza I, corre inserto oficio signado con el número 20F29-0489-2013, suscrito por C.J.C.P., Fiscal Provisorio Vigésimo Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, mediante el cual, solicita al Director del Instituto Autónomo de Policía del estado Táchira, el traslado de los ciudadanos J.G.L. y E.A.Q., hasta la sede del Tribunal de Control, a los fines de realizar la correspondiente audiencia de presentación para el día 22 de marzo de 2013, a las ocho (08:00) de la mañana.

3. - A los folios 45 al 54, de la pieza I, corre inserta audiencia de presentación de detenido, calificación de flagrancia e imposición de medida de coerción personal, de fecha 22 de marzo de 2013. Al finalizar dicha audiencia, el Tribunal Décimo de Control, calificó la flagrancia en la aprehensión de los imputados J.J.L.R. y E.A.Q., por la presunta comisión del delito de tráfico en la modalidad de transporte agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto en el encabezamiento del artículo 149 y el artículo 163.3.11 de la Ley Orgánica de Drogas y el de cambio ilícito de placas de vehículo automotor, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor; acordó el trámite de la causa por el procedimiento ordinario e impuso medida de privación judicial preventiva de libertad.

4. - A los folios 384 al 410 de la pieza I, corre inserto escrito contentivo de acusación fiscal, de fecha 03 de mayo de 2013, en contra de los ciudadanos J.J.L.R. y E.A.Q., por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito en la modalidad de transporte agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149, en su encabezamiento de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 163.3.11 eiusdem y cambio ilícito de placas de vehículo automotor, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores; solicitando la apertura a juicio oral y público y el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad.

5. - Al folio 413 de la pieza I, corre inserto auto mediante el cual el Tribunal Décimo de Control acuerda fijar la audiencia preliminar para el día lunes 03 de junio de 2013, a las nueve (09:00) de la mañana.

6. - A los folios 38 al 53 de la pieza II, corre inserto escrito presentado ante la oficina de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal en fecha 24 de mayo de 2013, por el abogado N.M., con el carácter de defensor de los acusados de autos, mediante el cual, solicita la revisión de medida privativa de libertad y el ofrecimiento de pruebas para el juicio.

7. - A los folios 62 al 75 de la pieza II, corre inserta acta de audiencia preliminar realizada ante el Tribunal Décimo de Control en fecha 03 de junio de 2013, en la cual, las partes expusieron sus alegatos, y el a quo, admitió totalmente la acusación fiscal por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito en la modalidad de transporte agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149, en su encabezamiento de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 163.3.11 eiusdem y cambio ilícito de placas de vehículo automotor, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores; admitió totalmente las pruebas ofrecidas por la representación fiscal; admitió parcialmente las pruebas ofrecidas por la defensa; decretó la apertura a juicio oral y público y mantuvo la privación judicial preventiva de libertad decretada en contra de los acusados J.J.L.R. y E.A.Q..

8. - A los folios 138 al 163 de la pieza II, corre inserta la publicación del íntegro de la decisión dictada en la audiencia preliminar de fecha 03 de junio de 2013, ordenándose notificar a todas las partes del proceso.

9. - Al folio 203 de la pieza II, corre inserto auto de fecha 09 de julio de 2013, mediante el cual el Tribunal Décimo de Control acodó remitir las actuaciones al Tribunal de Juicio.

10. Al folio 206 de la pieza II, corre inserto auto de fecha 19 de julio de 2013, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, recibe las actuaciones, acuerda darles entrada y fija el juicio oral y público para el día 13 de agosto de 2013, a las diez (10:00) de la mañana, librando las correspondientes boletas de notificación.

11. - Al folio 51 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 13 de agosto de 2013, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 10 de septiembre de 2013, a las diez (10:00) de la mañana, en virtud que dicho Tribunal se encontraba realizando la continuación del debate en la causa signada con el número 5JM-SP21-P-2012-03452.

12. - Al folio 55 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 10 de septiembre de 2013, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 27 de septiembre de 2013, a las diez (10:00) de la mañana, en virtud que dicho Tribunal se encontraba realizando la continuación del debate en la causa signada con el número SP21-P-2011-000348.

13. - Al folio 56 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 30 de septiembre de 2013, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 24 de octubre de 2013, a las diez (10:00) de la mañana, en virtud del permiso otorgado a la Jueza a quo, por la intervención quirúrgica de su señora madre.

14. - Al folio 69 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 24 de octubre de 2013, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 14 de noviembre de 2013, a las nueve y treinta (09:30) de la mañana, en virtud que dicho Tribunal se encontraba realizando la continuación del debate en la causa signada con el número SK22-P-2010-0024.

15. - Al folio 48, de la pieza III, corre inserto auto de fecha 14 de noviembre de 2013, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 10 de diciembre de 2013, a las diez (10:00) de la mañana, en virtud que dicho Tribunal se encontraba realizando la continuación del debate en la causa signada con el número 5JM-SP21-P-2011-000348.

16. - Al folio 52 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 10 de diciembre de 2013, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 07 de enero de 2014, a las diez y treinta horas de la mañana, en virtud que dicho Tribunal se encontraba realizando la continuación del debate en la causa signada con el número SP21-P-2012-002668.

17. - Al folio 65 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 07 de enero de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 04 de febrero de 2014, a las diez (10:00) de la mañana, en virtud que dicho Tribunal se encontraba realizando la continuación del debate en la causa signada con el número 5JM-SP21-P-2012-010532.

18. - Al folio 68 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 04 de febrero de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 07 de marzo de 2014, a las diez (10:00) de la mañana, en virtud que los acusados de autos no fueron trasladados al recinto del tribunal.

19. - Al folio 69 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 07 de marzo de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 01 de abril de 2014, a las diez y treinta de la mañana, en virtud que dicho Tribunal se encontraba realizando la continuación del debate en la causa signada con el número 5JM-SP21-P-2013-011615.

20. - Al folio 75 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 01 de abril de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 02 de mayo de 2014, a las diez (10:00) de la mañana, en virtud que dicho Tribunal se encontraba realizando la continuación del debate en la causa signada con el número 5JM-SP21-P-2012-014271.

21. - Al folio 81 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 02 de mayo de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 04 de junio de 2014, a las diez (10:00) de la mañana, en virtud que dicho Tribunal se encontraba realizando la continuación del debate en la causa signada con el número 5JM-SP21-P-2012-011705.

22. - Al folio 85 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 04 de junio de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 08 de julio de 2014, a las diez (10:00) de la mañana, en virtud que dicho Tribunal se encontraba realizando la continuación del debate en la causa signada con el número 5JM-SK22-P-2010-000024.

23. - Al folio 91 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 08 de julio de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 06 de agosto de 2014, a las diez (10:00) de la mañana, en virtud que dicho Tribunal se encontraba dictando el dispositivo de la sentencia en la causa signada con el número SP21-P-2011-011705.

24. - Al folio 118 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 06 de agosto de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 08 de septiembre de 2014, a las nueve horas y treinta minutos de la mañana, en virtud que no se hizo presente ante la sede del Tribunal el abogado defensor.

25. - Al folio 139 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 08 de septiembre de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 06 de octubre de 2014, a las once (11:00) horas de la mañana, en virtud que la jueza informó a los presentes (representación fiscal, acusados y defensa), que no aperturaba el debate a los efectos de no interrumpir el mismo, por cuanto saldría de vacaciones.

26. - Al folio 143 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 06 de octubre de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 30 de octubre de 2014, a las diez y treinta horas de la mañana, en virtud que no se hicieron presentes los acusados ni los abogados defensores.

27. - Al folio 148 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 03 de noviembre de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 27 de noviembre de 2014, a las diez (10:00) horas de la mañana, en virtud que la jueza se encontraba de permiso.

28. - Al folio 159 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 27 de noviembre de 2014, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 08 de enero de 2015, a las diez horas de la mañana, en virtud que el Tribunal se encontraba en la continuación del debate en la causa número SP21-P-2012-009001.

29. - Al folio 168 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 08 de enero de 2015, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 02 de febrero de 2015, a las diez horas y treinta minutos de la mañana, en virtud de la ausencia del defensor abogado N.A..

30. - Al folio 182 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 02 de febrero de 2015, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 04 de marzo de 2015, a las nueve y treinta horas de la mañana, en virtud que el tribunal se encontraba en la continuación del debate en la causa número 5JM-SP21-P-2012-014861.

31. - Al folio 193 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 04 de marzo de 2015, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 26 de marzo de 2015, a las once (11:00) horas de la mañana, en virtud que el abogado defensor H.M. no se hizo presente ante la sede del tribunal.

32. - Al folio 194 de la pieza III, corre inserto auto de fecha 06 de marzo de 2015, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó remitir las actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito, con la finalidad de la redistribución en los tribunales itinerantes en función de juicio, de conformidad con los artículo 1 y 2 de la Resolución N° 2015-093.

33. - Al folio 197 corre inserto auto de fecha 11 de marzo de 2015, mediante el cual, el Tribunal Cuarto Itinerante de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó darle entrada, manteniendo la fecha 26 de marzo de 2015, a los fines de la realización del juicio oral y público.

34. - Al folio 198, de la pieza III, corre inserto auto de fecha 26 de marzo de 2015, mediante el cual, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordó diferir la audiencia de juicio oral y público para el día 15 de abril de 2015, a las ocho y treinta horas de la mañana, en virtud de la solicitud de la defensa.

35. - A los folios 206 al 211, de la pieza III, corre inserto escrito consignado ante la oficina de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, en fecha 01 de abril de 2015, mediante el cual, solicita el decaimiento de la medida privativa de libertad.

36. - A los folios 226 al 233 de la pieza III, corre inserta acta de inicio de juicio oral y público de fecha 15 de abril de 2015, acordando su continuación para el 05 de mayo de 2015.

37. - A los folios 341 al 349, de la pieza III, corre inserta decisión dictada por el abogado N.C.P., Juez Cuarto Itinerante en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha 20 de abril de 2015, mediante la cual, niega el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad a los acusados de autos.

38. - A los folios 361 al 363 de la pieza III, corre inserta acta de continuación de juicio oral y público de fecha 05 de mayo de 2015, fijando la continuación para el 19 de mayo de 2015.

39. - A los folios 14 al 17 de la pieza IV, aparece acta de continuación de juicio oral y público de fecha 19 de mayo de 2015, finalizado dicho acto el tribunal acordó fijar para el día 04 de junio de 2015, la continuación del debate.

40. - A los folios 24 al 28 de la pieza IV, cursa acta de juicio oral y público, de fecha 04 de junio de 2015; al finalizar dicho acto se fijó la continuación para el 25 de junio de 2015, a las diez (10:00) de la mañana.

41. - A los folios 45 al 48 de la pieza IV, cursa acta de juicio oral y público de fecha 25 de junio de 2015; al finalizar dicho acto se acordó fijar la continuación para 07 de julio de 2015.

42. - A los folios 62 al 67 de la pieza IV, corre inserta acta de juicio oral y público de fecha 07 de julio de 2015; finalizado dicho acto se fijó la continuación para el día 21 de julio de 2015, a las diez y treinta minutos de la mañana.

43. - A los folios 74 al 80 de la pieza IV, corre inserta acta de juicio oral y público de fecha 21 de julio de 2015; finalizado dicho acto, se acordó la continuación para el día 11 de agosto de 2015.

44. - A los folios 101 al 105 de la pieza IV, corre inserta acta de juicio oral y público de fecha 11 de agosto de 2015; finalizado dicho acto se fijó la continuación para el día 26 de agosto de 2015.

De la anterior relación se desprende, que a los ciudadanos J.Y.L.R. y E.A.Q., le fue decretada privación judicial preventiva de libertad el día 22 de marzo de 2013 (folios 45 al 54, primera pieza de la causa original), medida que fue mantenida en la audiencia preliminar realizada en fecha 03 de junio de 2013 (folios 62 al 75 de la primera pieza de la causa original). Posteriormente, admitida la acusación y decretada la apertura al juicio oral y público, el expediente fue recibido por el Tribunal Quinto de Juicio, en fecha 19 de julio de 2013; luego, en fecha 06 de marzo de 2015, dicho Tribunal, acordó remitir las actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito, con la finalidad de la redistribución en los tribunales itinerantes en función de juicio, de conformidad con los artículo 1 y 2 de la Resolución N° 2015-093, correspondiéndole al Tribunal Cuarto Itinerante en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal; siendo el caso que dicho despacho en fecha 11 de marzo de 2015, acordó darle entrada, dando inicio al Juicio Oral y Público en fecha 15 de abril de 2015, luego que la causa estuviera sometida a varias incidencias procesales, encontrándose para el momento de la publicación de esta decisión con fecha programada para la continuación del debate el día 26 de agosto de 2015.

Como corolario de lo anterior, se evidencia de las actuaciones que si bien es cierto, el Tribunal Quinto de Juicio de este Circuito Judicial Penal, que en principio conoció de la causa, en varias oportunidades acordó el diferimiento por encontrarse realizando la continuación del debate en otras causa que le fueron asignadas y por permisos otorgados a la Jueza a quo; no es menos cierto, que por razones imputables tanto a la defensa, como a los acusados fue también diferido dicho debate.

De la revisión a la decisión dictada por el a quo, se aprecia que el mismo concluyó en la negativa del decaimiento de medida privativa de libertad por el transcurso del tiempo, al señalar que “es claro que la duración del proceso en contra de los imputados ha sobrepasado para ese lapso señalado por la defensa, más de dos años, se debe no solo exclusivamente a su complejidad, pluralidad de sujetos intervinientes e incidencias ocurridas, no muy comunes en el resto de procesos judiciales, sino también a la actuación del órgano jurisdiccional encargado del traslado de dichos imputados a los actos del proceso y demás aspectos anteriormente señalados, aspectos que daban como consecuencia el diferimiento para realizar la audiencias de juicio oral y público.”

Aunado a ello, el a quo señaló que el delito por el cual sigue la presente causa, es el tráfico ilícito en la modalidad de transporte agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 y 163.3.11 de la Ley Orgánica de Drogas; y el delito de cambio ilícito de placas de vehículo automotor , previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores, atendiendo así a la magnitud y gravedad del hecho.

De igual forma, debe estimarse el contenido del artículo 55 constitucional, el cual establece para los órganos del Estado, el deber de protección a los ciudadanos y ciudadanas, frente a situaciones que puedan suponer riesgo o amenaza de lesión.

Por ello, en criterio de quienes aquí deciden, no es posible estimar el decaimiento de la medida de coerción personal, pues como se indicó ut supra, si bien es cierto, el Tribunal Quinto de Juicio de este Circuito Judicial Penal, que en principio conoció de la causa, en varias oportunidades acordó el diferimiento por encontrarse realizando la continuación del debate en otras causa que le fueron asignadas y por permisos otorgados a la Jueza a quo; no es menos cierto, que por razones imputables tanto a la defensa, como a los acusados fue también diferido dicho debate, el cual se encuentra en desarrollo desde el 15 de abril de 2015, fijada próxima fecha para su continuación el 26 de agosto de 2015.

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza del delito endilgado, el cual comporta el tráfico de drogas de mayor cuantía, así como a la causa de la dilación de la medida de coerción personal, siendo imputable también en parte a los acusados y sus abogados defensores, debe ser declarado sin lugar, como en efecto se declara, el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la decisión objeto del mismo y manteniéndose la privación judicial preventiva de libertad. Así se decide.

DECISION

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado N.Y.A.P., defensor de los acusados J.J.L. y E.A.Q., contra la decisión dictada en fecha 20 de abril de 2015, por el abogado N.C.P., Juez del Tribunal Cuarto Itinerante de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, negó el decaimiento de la medida de coerción personal impuesta a los ciudadanos antes mencionados, por la presunta comisión de los delitos de trafico en la modalidad de transporte agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el encabezamiento del articulo 149 y 163.3.11 de la Ley Orgánica de Drogas y el delito de cambio ilícito de placas de vehiculo automotor, previsto y sancionado en el articulo 8 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores.

Confirma en todas y cada una de las partes la decisión señalada en el punto anterior.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada, en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2015. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

Las Juezas y el Juez de la Corte,

Abogada N.I.C.

Presidenta

Abogado M.A.M.S.A.N.G.M.J.J.S.-Ponente

Abogada Rosa Yuliana Cegarra Hernández

Secretaria

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.

La Secretaria.

1-Aa-SP21-R-2015-000187/NGM/Neyda.-