Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 12 de Agosto de 2015

DECLARA CULPABLES, PENALMENTE RESPONSABLES y se CONDENAN, a los ciudadanos O.D.A.M., quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Norte de Santander, República de Colombia, nacido en fecha 04/02/1993, de 21 años de edad, hijo de Amaly Molina (y) y de O.A. (y), titular de la cédula de ciudadanía N° 1.093.767.300, de estado civil soltero, de ocupación obrero y A.C.P. quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Norte de Santander, República de Colombia, nacido en fecha 12/05/1989, de 25 años [‘1 de edad, hijo de E.C. (y) y de N.P. (y), titular de la cédula de ciudadanía N° 1.090.404.519, de estado civil soltero, de ocupación vendedor; por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO Y LESIONES PERSONALES LEVES, previstos y sancionados en los artículos 458 y 416 del Código Penal venezolano, en perjuicio de S.J.S., de conformidad con lo establecido en el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se CONDENAN a los acusados O.D.A.M., y A.C.P. a cumplir la pena de diez (10) AÑOS Y VEINTIDÓS (22) DIAS DE PRISION por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO Y LESIONES PERSONALES LEVES, previstos y sancionados en los artículos 458 y 416 del Código Penal venezolano, en perjuicio de S.J.S.. Se condenan igualmente a los acusados a las penas accesorias artículo 15 del Código Penal, y de conformidad con lo establecido en el artículo 349 quinto aparte del Código Orgánico Procesal Penal.

Se EXONERA a los acusados al pago de las costas procesales, de conformidad con lo establecido en el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SE MANTIENE a los ciudadanos condenados la Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad, decretada por el Tribunal Segundo de Control, manteniéndose como sitio de reclusión la Estación Policial de de San A.d.T..

(Omissis)”

DEL RECURSO INTERPUESTO

En fecha 18 de mayo de 2015, los abogados R.E.F.G. y H.H.H., con el carácter de defensores de los acusados de autos, presentaron recurso de apelación contra la sentencia dictada en fecha 22 de abril de 2015, publicada el 28 del mismo mes y año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal, Extensión San A.d.T., señalando lo siguiente:

(Omissis)”

DE LA ILOGICIDAD MANIFIESTA EN LA MOTIVICIÓN DE LA SENTENCIA

No está por demás entrar a referirnos a lo considerado como ilogicidad en la motivación de la sentencia: “El vicio de llogicidad afecta la motivación de una sentencia cuando el juez conocedor de la causa da por establecidos unos hechos en detrimento y antagonismo de las pruebas que remozan el proceso” (Caracas 13 de Enero de 2011, Ponente Dra. C.M.T., causa: S5-10-2791) “Se ha establecido también que se da el supuesto de que hay ilogicidad en la motivación de la sentencia, cuando esta no da razones mínimas del sentido del fallo, que no responde a las alegaciones de las partes, o porque intenta únicamente dar cumplimiento formal de la motivación amparándose en frases sin sustento fáctico ni jurídico y ser completamente opuesta a las pruebas o inconciliable con estas. (Motivación aparente).

FALTA DE MOTIVACIÓN EN EL RAZONAMIENTO

Primer supuesto ocurre, cuando no se puede comprender las razones probatorias en las que el juez apoya su decisión. Segundo supuesto, hay falta de motivación interna cuando existe invalidez de una conclusión a partir de las premisas que ha establecido el juez en la motivación. (Negrillas mías).

DEFICIENCIAS EN LA MOTIVACIÓN EXTERNA

Aquí en Venezuela se ha señalado, que nos encontramos ante un caso de este tipo, cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas con la validez fáctica (de los hechos) o (jurídica) existentes para el caso en concreto, es decir su decisión no es acorde con el hecho probado dentro del proceso o con las pruebas demostrativas del mismo.

El Maestro Romberg en su obra sobre la ilogicidad en la motivación de la sentencia señala: “El juez debe expresar los razonamientos de HECHO y dé DERECHO en que fundamenta su decisión, para que esta no sea el resultado del capricho o arbitrio del juez, sino un juicio lógico, fundado en el derecho y las circunstancias de HECHO debidamente PROBADOS EN LA CAUSA. La omisión de esta exigencia por parte del juez, VICIA la sentencia y la hace NULA por falta de LOGICIDAD en la motivación de la sentencia”, (Mayúsculas fuera de texto).

Ahora resulta necesario ir a las escasas pruebas practicadas, y sobre las cuales se pretendió sustentar la condenatoria a los imputados en el presente proceso, narradas ya, anteriormente en detalle, para facilitar el estudio a esta Corporación Judicial.

Miremos las conclusiones del representante de la vindicta pública de la Fiscalía 24, Inicia su solicitud de sentencia condenatoria tomando como norte otra vez el supuesto nerviosismo y actitud agobiante de la víctima, estado este que solo (sic) existió en la mente y querer del Representante del Ministerio Público y que en ultimas solicité esta apreciación al juez de juicio y presidente de la vista pública, apreciación por demás subjetiva del ente acusador, igualmente hace creer al juez juzgador de que los imputados durante el recorrido intermedio del proceso habían solicitado la culminación anticipada del proceso por ADMISION DE LOS HECHOS, teoría completamente carente de sustento factico (sic), pues en ningún momento los imputados esbozaron tal petición, motivos por los que estos defensores le solicitan a esta Honorable Corporación, que si de las declaraciones de los imputados que lo fueron solo (sic) en la audiencia de juicio se puede colegir tal manifestación, pues de serlo así, entonces se declare sin lugar el presente RECURSO, pues en tales casos no es posible la retractación a menos que se demuestre que hubo, coacción, fuerza o tortura física y sicológica (sic) para que se produjera tal manifestación de parte del imputado o los imputados; Resulta(sic) tedioso a veces hacerse repetitivo, pero en estos casos es completamente necesario hacerlo, pues en todo el recorrido procesal no emerge prueba que así permita entreveno (sic), de que los Imputados hayan declarado su deseo de ADMITIR LOS HECHOS, esta es otra de las infundadas afirmaciones que hace el representante del ente acusador, carentes de sustento probatorio para lograr el convencimiento del Juzgador de juicio para que este profiriera un fallo condenatorio, pues como lo es conocido por todos los profesionales del derecho de que le está vedado al juzgador apartarse de la verdad procesal.

A QUIEN CORRESPONDE LA CARGA DE PROBAR: Se hace necesario dentro de este acápite reseñar quien tiene el deber de probar; recordemos que desde el año 1999 en que entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, se estableció como ha de seguirse el proceso penal Venezolano, saliendo del inquisitivo para entrar en el acusatorio, donde el artículo 11 establece que la acción penal corresponde al Estado venezolano, a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla.

En este tema en gracia de discusión, el doctor E.P.S., en su obra intitulada “LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO”, escribe lo siguiente: “El desarrollo, la ciencia y la tecnología del comercio, condujo a la igualdad formal de los hombres ante la ley de ahí al principio procesal, según la cual quien alega tiene la carga de la probar sus alegatos, surgiendo así la carga de la prueba, perfeccionada paulatinamente a través de los siglos, hasta conducir hacia los postulados teóricos esenciales de hoy. En el p.p.a. la CARGA DE LA PRUEBA se pone en cabeza del titular de la acción penal, más claro aún es este punto respecto al proceso penal, y sobre todo en relación con el p.p.a., que como acertadamente dice MONTERO DE AORCA, es la única y verdadera forma procesal de enjuiciamiento penal. En este Tipo (sic) de proceso, regido básicamente por el interés público, funciona esta (sic) en cabeza de la parte acusadora, trátese del Ministerio Público o de un querellante privado. Por ello, aun cuando el imputado alegue en su defensa hechos que resulten no demostrados, los acusadores tienen la obligación de probar la existencia del delito y la participación del acusado en él, así como de demostrar la falsedad de sus descargos y coartadas, incluso, el hecho de que el imputado acepte que estuvo en la escena del crimen, no significa que pueda condenársele por ese solo hecho SI EL FISCAL NO DESARROLLA UNA ACTIVIDAD PROBATORIA MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE, QUE DESTRUYA LA PRESUNCIÓNDE INOCENCIA. En resumen, la carga de la prueba, más allá de las inútiles diatribas sobre su naturaleza jurídica, es un conjunto de reglas que determinan quien debe probar y que debe probar y que decisión debe adoptar el órgano jurisdiccional según las partes cumplan o no con sus respectivas cargas de conformidad con la naturaleza del proceso. (Negrillas y mayúsculas nuestras).

¿Por qué como defensores traemos a colación estos conceptos jurídico (sic) legales en materia de la carga de la prueba? Esto se trae en razón de que universalmente aceptado está, que no es el acusado o imputado quien debe demostrar su inocencia, en el proceso penal, y sobre todo en el sistema penal acusatorio, jamás podrá haber buena lid, si en una sentencia condenatoria las partes acusadoras no desarrollan eso que se ha dado en llamar la mínima actividad probatoria, es decir, la prueba de la existencia del delito y de la responsabilidad del imputado, que anule la presunción de inocencia y el más mínimo resquicio de duda, a lo cual dice el profesor I.G.M.: “no existe distribución de la CARGA DE LA PRUEBA entre las partes, pues la parte acusadora Y FUNDAMNTALMENTE (SIC) EL MINISTERIO PÚBLICO, tienen la ineludible obligación de probar la existencia del delito y la participación del acusado y toda inexactitud o Insuficiencia en el cumplimiento de esa obligación debe determinar una sentencia favorable al acusado”. (Negrillas y mayúsculas nuestras).

Deben estos defensores en el obligatorio cumplimiento de sus deberes profesionales, advertir, muy respetuosamente a esta Honorable Corporación Judicial, de que tanto el ente acusador, como el Juez de juicio tomaron como prueba suficiente el supuesto nerviosismo de la víctima, nerviosismo que no existió, y lo que vuelvo y reitero, cuando la víctima manifestó, de que desde la audiencia de presentación y flagrancia, él le advirtió al juez R.H.C., juez (sic) de control 2, de que los individuos que habían intentado robarlo eran dos negros altos y corpulentos y uno solo era el que lo había atacado, y que él quería declarar eso ante el tribunal para que no se fueran a condenar a dos inocentes, no se le oyó, a lo cual él mismo juez de juicio le dijo a la presunta víctima S.J.S. que si eso era cierto, que él podía llamar al juez (sic) R.H.C., a lo que le contesto, sin nerviosismo alguno al juez de juicio llámelo doctor, si hubiera de verdad estado nervioso no le hubiera dicho la víctima que lo llamara, igualmente si no hubiera sido cierto lo que él, la víctima, declaro de manera indudable, ¿preguntamos? ¿Cuál era entonces el agobio y nerviosismo de la presunta víctima? Cuando hizo estas manifestaciones en la sala de juicio y no dudo en señalar que llamaran al juez de control para constatar la veracidad de sus afirmaciones, motivos por los que solicitamos a esta corporación sea citado y oída la víctima en esta Corte de Apelaciones, quien tiene su domicilio en la calle 1, casa 2-42, Aguas calientes, Municipio “PEDRO M.U.A”, Estado Táchira, para que se constate la veracidad de nuestras afirmaciones; volvemos y recordamos muy respetuosamente a esta Honorable Corte de Apelaciones, que para esa época en que la víctima aduce haber hecho esa manifestación al juez de control, estos suscritos abogados no éramos los defensores de confianza de los imputados, ahora procesados y ya antes referidos, igualmente debo señalar que la defensa si se refirió en las conclusiones de juicio a este respecto, pues una vez observado el integro de la sentencia, notamos que muchas de nuestras exposiciones no aparecen, y si aparecen, aparecen incompletas.

Miremos, como el ciudadano juez de juicio echa por borda la declaración y reconocimiento efectuado por la víctima en la sala de juicio, inclusive no solicitada por la defensa sino ejercida por el mismo juez de juicio, cuando este le responde al Juez de juicio, al este interrogarle, de si alguno de los presentes en la sala de juicio eran de los que le habían golpeado e intentado despojarle de sus pertenencias, a lo que contesto, sin duda alguna: ¿ninguno de los presentes en la sala es de los que me golpearon e intentaron despojarme de sus pertenencias? a lo que contesto (sic), sin duda alguna: ¡ninguno de los que está aquí! A pesar del ciudadano fiscal de la causa arremeter de manera vehemente contra la víctima declarante, pero ni aun así la víctima se arredró, continuo con su relato, solo el ciudadano fiscal es quien asevera esto y es quien en principio infunde el inexistente nerviosismo de la víctima, quien a pesar de todo continuo haciendo su deposición, y más aún, un desasosiego, que no es cualquier estado de ánimo en una persona, el cual tampoco era palpable en la personalidad de la víctima.

Otro de los planteamientos infundados, como bien lo podrán observar los Honorables conjueces de la Corte de Apelaciones, es el infundado propósito del ciudadano fiscal de pretender hacer creer que los imputados ahora procesados habían solicitado la admisión los hechos, deducción, que no se entiende de donde la toma el ciudadano fiscal, si los imputados no habían declarado en ninguna ocasión anterior, ni aparece en ninguna de las actuaciones procesales del expediente que ellos hubiesen deprecado tal admisión, como muy bien podrá observar esta Corte de apelaciones, que no existe prueba alguna que así lo demuestre para que pudiera hacerse tal inferencia y que las afirmaciones de la defensa si son ciertas y con sustento probatorio; por el contrario en el debate fue infirmado por la víctima en cuanto a que no alcanzó a ser despojado de sus pertenencias por el atacante que le golpeo y que él las entrego a los policiales en la sede del comando policial de Ureña porque estos se las solicitaron para una experticia, así como tampoco los imputados procesados eran los autores de tal hecho, de igual manera asevera que la denuncia tan solo la firmó en horas del mediodía y no en las horas de la madrugada, que él casi no sabe leer y le cuesta, y que él firmo la denuncia elaborada por los policiales ignorando su contenido, igualmente advierte que la moto donde se movilizaban los atacantes era una moto de alto cilindraje KLR, y no una vera socialista roja, infirmando de manera contundente las atestaciones de los policiales, quien además no fueron testigos presenciales del hecho, pues ellos llegaron momentos después de ocurridos los hechos, ¿Entonces sobre que se afirma la sentencia condenatoria proferida por el juez de juicio No. 1, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, extensión San Antonio ? Igualmente, ¿dónde estuvo la diligente actuación fiscal, como era su deber, de haber practicado en su debida oportunidad procesal las pruebas necesarias demostrativas de que los imputados y ahora procesados ERAN LOS AUTORES DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO Y LESIONES LEVES QUE SE LES ATRIBUYEN? ¿Por qué no se efectuó reconocimiento en rueda de presos, prueba reina en estos casos? ¿Por qué no se oyó a la víctima de manera oportuna, si su pretensión era probar la culpabilidad de los acusados? Donde están las pruebas demostrativas de que estos cometieron el hecho y que no hayan sido infirmadas, desvaneciendo el más mínimo resquicio de duda? ¿Dónde están las pruebas que produzcan el grado de convicción necesaria en el juzgador para que en él aflorara la CERTEZA, uno de los elementos necesarios más importantes requeridos para condenar? Si miramos con objetividad y verdad, esta carga era del ente acusador y no de los imputados demostrar su inocencia, esta surge una vez nace Ja imputación, necesariamente debía haber sido quebrantada probatoriamente por el ente acusador? Hecho que en el proceso de marras se halla ausente (Mayúsculas nuestras).

También el juez de juicio toma como pruebas demostrativas de culpabilidad las pruebas periciales como la del médico Forense y las de los elementos arrimados por los policiales, pues los mismos no demuestran culpabilidad alguna, solo demuestran la posible existencia del hecho, pero no de manera cómo lo toma el juzgador de juicio al desestimar aquí otra vez, lo aseverado por la víctima, de que él no logro ser despojado de sus pertenencias por su atacante, pues que a pesar de ir posiblemente dos, quienes eran altos corpulentos y de color negro, uno solo fue el que lo golpeo, sin lograr su propósito, produciéndose así varios contra indicios o hechos informantes, que fueron desechados de manera sujetiva por el interprete de la ley(sic), dando lugar a la inmotivación de la sentencia por ilogicidad manifiesta, situación por la que estos defensores recurren la misma a los fines de que se declare con lugar el presente recurso por el AD QUEM, se revoque la recurrida y se profiera por un tribunal diferente la que corresponda conforme a los hechos y al derecho.

Podemos colegir descansadamente, que el juzgador se apartó de manera subjetiva de la valoración de la prueba, quedando su sentencia lógicamente inmotivada, no se despejo todo tipo de duda, arrimándose a los principios de la libre valoración de la prueba y las reglas de la sana crítica al interpretar erróneamente el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, y a ese respecto se afirma: “Por ello el juzgado deberá concatenar y contrastar todos los medios de prueba que sean obtenidos e incorporados lícitamente al proceso, para que mediante los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicos, determinen si una prueba resulta conteste con la otra, o por el contrario la infirma o la excluye, y de esta manera llegar a la convicción razonada del hecho probado, lo cual debe ser siempre exteriorizado, a los fines de que las partes conozcan las razones por las que se les absuelve o se les condena según el caso. De manera que al desestimar un órgano de prueba, debe expresarse de manera objetiva la razón por la cual aborda a tal conclusión, pues de lo contrario, igualmente se incurre en el vicio de inmotivación.

La sana crítica o libre apreciación razonada como también se le conoce, contiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, inclusive obtenido por la misma palabra, SANA, se concibe en su aspecto objetivo, imponiendo el deber de analizar bajo el prisma de los principios generales, la lógica y las máximas de la experiencia, y el aspecto subjetivo, impone el deber de valorar en forma razonada o argumentada, alejando así cualesquier posibilidad de capricho judicial, como en el presente caso.

Por consiguiente, las pruebas obtenidas e incorporadas debidamente, deben valorarse con apego a la SANA CRÍTICA, esto es, aplicándolos principios generales, la lógica o la Máxima de la experiencia, lo cual permitirá abordar finalmente un HECHO PROBADO O ACREDITADO, o por el contrario, bien sea la inexistencia del mismo, sea porque, no se muestre su ejecución, o sea porque surge la duda razonable de su comisión, esto es, el INDUBIO PRO REO

. (Magistrada Ponente Doctora D.N.B.). (Mayúsculas fuera de texto).

DE LA JURISPRUDENCIA REITERADA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

Tampoco se tuvo en cuenta la jurisprudencia reiterada de la Sala Penal del Honorable Tribunal Supremo de Justicia, como lo es la reiterada en las siguientes sentencias: Sentencia de Fecha 23/06/2004, Sentencia No.225, en la cual se conceptúa: De allí entonces se observa, que se obtuvo como resultado una sentencia condenatoria en contra del acusado solamente con los dichos de los funcionarios, hecho que resulta contradictorio con la jurisprudencia reiterada establecida por esta Sala de Casación Penal que expresa:

...el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, solo constituye un indicio de culpabilidad...., en consecuencia lo procedente y ajustado es decretar la libertad sin restricciones de los ciudadanos encausados....

En los mismos términos se refiere la Magistrada Blanca Rosa de Mármol en su sentencia No. 04- 123 de fecha 23 de Junio de 2004, de la Sala de Casación Penal en la que se pronuncia en los siguientes términos:

“....De allí entonces se observa que se obtuvo como resultado una sentencia condenatoria en contra el acusado solamente con los dichos de los funcionarios, hecho que resulta contradictorio con la jurisprudencia reiterada establecida por esta Sala de Casación Penal que expresa: “el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, solo constituye un indicio de culpabilidad...”

Honorables Magistrados de esta Corte de apelaciones, en el sublite, se puede apreciar claridad meridiana que solo asistieron a la audiencia de juicio los policiales, y la víctima ciudadano S.J.S., quien en su atestación contradijo todas y cada una de afirmaciones de los policiales, siendo la prueba de cargo más importante en el proceso, aun que no reconoció a los imputados como los autores del delito de robo de que él estuvo a punto de ser víctima, así como de las lesiones leves, a lo cual de la misma manera se refiere sentencia No. 483 de fecha 24 de Octubre de 2002, del expediente No. 2002-315, de e misma sala penal del Tribunal Supremo a ese respecto conceptúa:

solo acudieron al juicio oral y público los funcionarios policiales que practicaron la detención de los imputados y por ende la sentencia del Tribunal de juicio, al condenar a los ciudadanos se basó solamente en las declaraciones de dichos funcionarios en el acta policial por el levantada y en la experticia practicada a la substancia decomisada, lo cual atenta contra derecho a la defensa y la garantía del debido proceso...

.

SOLICITUD

Reiteramos nuestra solicitud, de citar y ser oída la víctima S.J.S., quien tiene su domicilio en la calle 1, casa 2-42, Aguas calientes, Municipio “PEDRO M.U.? Estado Táchira a los fines de lograr el esclarecimiento de la verdad y demostrar lo plantea por estos defensores con apego a las pruebas practicadas en la audiencia de juicio oral, y condenar a inocentes.

PETITUM DE LA DEFENSA

A LOS HONORABLES MAGISTRADOS Y MAGISTRADO PONENTE DE LA CORTE DE APELACIONES,

Muy respetuosamente solicitamos, a los honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones este Circuito Judicial Penal del Estado Táchira y al Magistrado Ponente, que al momento entrar a desatar la presente impugnación, se sirvan declarar CON LUGAR el presente recurso se revoque la recurrida para que otro tribunal profiera la que corresponda conforme a los argumentos facticos (sic) y jurídico legales expuestos por estos defensores, en justicia y honor a equidad.”

(Omissis)”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Seguidamente pasa esta Corte a analizar, tanto los fundamentos de la sentencia recurrida, como el recurso de apelación interpuesto, en tal sentido observa:

Antes de pasar a adentrarnos en la resolución del presente recurso, esta Superior Instancia Regional estima necesario efectuar las siguientes afirmaciones:

De la lectura efectuada del por demás intrincado escrito recursivo, esta Alzada observa, que la defensa técnica de los acusados de autos plantean como fundamento legal del mismo, la causal prevista en el numeral 2 del artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal que expresa:

El recurso podrá fundarse en:

2. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia

Pero a su vez confunde valoración de elementos probatorios, con motivación de la decisión en relación a la valoración probatoria efectuada por el juez de instancia, al respecto la Sala de Casación Penal en reiteradas decisiones ha sostenido el siguiente criterio:

Sentencia de fecha 15 de enero de 2015, con Ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores.

“… Ahora bien, los vicios referidos a la valoración de los elementos probatorios no son censurables por los jueces de la Segunda Instancia ni por la Sala de Casación Penal, pues de acuerdo a los principios de oralidad, inmediación y contradicción esta facultad es exclusiva de los Jueces de Juicio.

En relación al principio de inmediación y a la valoración de los medios probatorios, esta Sala de Casación Penal ha señalado que:

…El principio de inmediación procesal establecido en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual el juez llamado a sentenciar es aquél que haya asistido al debate y podido formarse convicción, ya que este principio es una garantía primordial para un p.j. y sobre todo para la emisión fundada de las sentencias. Siendo así que no puede un juez dictar sentencia, en un proceso en cuya vista y escucha no estuviera presente directamente en cuanto se diga en juicio y en todas las incidencias en su seno suscitadas, es decir que por imperativo de su falta de inmediación respecto a las pruebas practicadas en el juicio oral, la Corte de Apelaciones no puede valorar con criterios propios las pruebas fijadas en el juicio de instancia ni establecer los hechos del proceso por su cuenta.

Asimismo, la Sala ha establecido, que las C.d.A. no pueden apreciar ni valorar las pruebas debatidas en el juicio, con la finalidad de acreditar hechos distintos a los fijados por el Tribunal de Juicio.

En tal sentido, es oportuno reiterar, que el recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia (en este caso la apreciación de las pruebas debatidas en el juicio oral), sino los cometidos por las C.d.A., las cuales sólo valoran pruebas cuando éstas se ofrezcan con el recurso de apelación…

. (Sentencia N°374 del 10 de julio de 2007).

Del extracto de la decisión arriba transcrita se infiere, que cuando se interpone un recurso de apelación, este debe estar dirigido a los vicios propios del fallo emitido por el Tribunal de Primera Instancia, que son las decisiones recurribles mediante dicho recurso, esto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal.

Así las cosas, y en aras de garantizar el desarrollo integral de derechos fundamentales cono la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa esta Alzada pasa a analizar la decisión recurrida, para así determinar si la misma se encuentra afectada o no por el vicio de falta de motivación y al respecto se tiene:

La motivación, primeramente la protege nuestra Carta Magna en su articulo 26, cuando establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, también cuando establece que todos tienen derecho ...a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías; pero es sobre todo y de manera más clara y evidente que todas las sentencias deben ser siempre motivadas.

Es por ello, que la motivación es tratada como parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y por tanto es reconocida como un derecho fundamental susceptible de ser defendido por los justiciables.

Deviene forzoso afirmar, que observado el vicio de inmotivación de sentencia, su inmediata consecuencia se traduce en anular la decisión impugnada y reponer la causa al estado que otro juez de igual categoría celebre nuevamente el debate oral, en plena sintonía con el encabezamiento del artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este sentido, justifica la necesidad de motivar la sentencia, al estimarla como:

… garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permite el control del pueblo, del cual en definitiva emana su autoridad, sobre su conducta.

(El Recurso de Casación. En el Derecho Positivo Argentino. Editor V.P.D.Z.. Buenos Aires.)

En efecto, la sentencia como acto procesal por excelencia, constituye la emanación de la potestad jurisdiccional exclusiva y excluyente al poder judicial en todo país, como máxima expresión de Poder Estatal constituido en acto procesal, capaz de constituir, modificar o extinguir el proceso. De allí, la exigencia de ser expresadas las razones fácticas y jurídicas que se sirvió el juzgador para llegar a tal conclusión, a fin que la colectividad, y en especial, los sujetos procesales, conozcan las razones que fundaron lo resuelto, y por consiguiente, controlen los fundamentos que motivaron el acto jurisdiccional dictado, mediante los mecanismos de impugnación correspondientes, y así, evitar la arbitrariedad o capricho judicial, capaz de causar indefensión judicial.

Continuando la anterior idea, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 005, de fecha 19-01-2000, sostuvo:

“La falta de motivación del fallo, es un “…vicio que se traduce en la violación del derecho que tiene todo imputado de saber porqué se le condena o absuelve mediante una explicación que debe constar en la sentencia.” En: www/tsj.gov.ve.

En igual sentido, la misma Sala del alto Tribunal de la República, mediante sentencia número 078, de fecha 08 de febrero de 2000, ha expresado:

El fallo carece de motivación cuando no se determina en forma precisa y circunstanciada los hechos que el tribunal estima acreditados, ni se exponen de manera concisa los fundamentos de hecho y de derecho, violándose de esta forma, los ordinales 3º y 4º del artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal.

En: www/tsj.gov.ve.

Con base a lo expuesto se infiere, que el juzgador de instancia, deberá establecer los hechos que se estiman acreditados, y cuales constituirá la premisa menor del silogismo judicial, y luego, establecer las normas jurídicas aplicables a esos hechos probados que constituirán la premisa mayor, para así, cumplir con uno de los requisitos por excelencia, esto es, con la motivación de la sentencia.

Conforme a lo cual, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 369 del 10 de octubre de 2003, desarrolló la técnica debida para una correcta motivación de sentencia, al sostener:

1.-la expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes; 2.- que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal; 3.- que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos, razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y 4.- que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamiento y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal

. En:www.tsj.gov.ve.

En este mismo orden de ideas, esta Sala considera, que la correcta valoración de las pruebas es un elemento fundamental dentro de la motivación del fallo, y dicha valoración conlleva estudiar el relato para hacer una referencia y explicación de la prueba a través de las expresiones del razonamiento narrativo lógico en la presentación argumental de los elementos probatorios de manera que cualquiera que lea la decisión pueda comprender el juicio formulado.

El Juez para establecer una correcta motivación de la sentencia debe tomar en consideración: la fuente de la prueba que se tenga, la objetividad de las mismas, la transposición que existe entre ellas, el control de los cursos inferenciales y en consecuencia sintetizar los hechos.

Dentro del juicio fáctico, la fase de valoración de las pruebas constituye el más preponderante de los tres momentos relativos a la prueba lo que conlleva a la realización de un examen individual y global de la misma, por ende, el Juez debe efectuar un juicio de la fiabilidad probatoria y en efecto establecer pautas argumentativas para el correcto ejercicio fáctico de la decisión.

En la valoración de la prueba se debe ponderar el rendimiento obtenido de cada fuente de prueba, gracias a cada uno de los medios probatorios utilizados, es una operación de valor cognitivo en la que el juez debe conjugar el lenguaje jurídico con la lógica y la argumentación, la primera le ayudará hacer inferencias basadas en reglas de razonamiento que no impliquen valoración y la argumentación le permitirá la explicación tanto del razonamiento como de la valoración que tenga que ejecutar para llegar a determinadas conclusiones sobre los hechos, ya sea para describirlos de forma positiva o negativa, de forma simple o de modo racional, determinando los hechos descriptivamente o determinándolos valorativamente.

En este sentido, la apreciación de las pruebas es una actividad exclusiva del Juez de Primera Instancia, quien en virtud del principio de inmediación establecido en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual, los jueces que han de pronunciar la sentencia presenciarán ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas, de las cuales obtendrán su convencimiento; son los soberanos para establecer si los órganos de pruebas incorporados cumplen los presupuestos de apreciación, y luego, con base a la sana crítica, establecer el hecho acreditado. En este sentido, las misma Sala de Casación Penal, mediante sentencia número 256 del 26 de mayo de 2005, sostuvo:

…la Sala Penal ha establecido con reiteración que la Corte de Apelaciones no establece los hechos pues esa actividad le corresponde al juez de juicio, quien sí presenció el debate probatorio; y que sólo cuando declaran con lugar el recurso de apelación por los motivos del numeral 4 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, es que las C.d.A. dictan un fallo propio, pero sobre las comprobaciones de hecho ya realizadas por el juez de juicio…

Con base a lo anterior, esta Alzada pasa a analizar la sentencia impugnada, y como resultado aprecia que en el Capitulo VI denominado VALORACION DE LOS ORGANOS DE PRUEBA ( TESTIFICALES Y DOCUMENTALES ) Y DETERMINACION PRECISA Y CISCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS el tribunal de instancia valora todas y cada una de las pruebas evacuadas en el juicio oral y publico:

1. - Valoración de la declaración del acusado O.D.A.M. , dicha deposición a criterio del juzgador de instancia es falsa, ya que incurre en contradicciones, como el hecho que señala, que se comunicó con su compañero vía mensajes de texto, lo cual no fue corroborado en el juicio, así como tampoco coincide el lugar de la aprehensión señalado por los funcionarios actuantes en el procedimiento y la víctima.

2. - Valoración de la declaración del acusado A.C.P., quien afirma, que no se comunicó vía mensaje con el co-imputado el día de los hechos, y quedó demostrado en el juicio, el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, concluyendo el juzgador de manera acertada, que los referidos ciudadanos fueron plenamente identificados como los autores de los hechos, porque habiendo más personas en el lugar de los mismos, fueron únicamente aprehendidos estos dos ciudadanos.

3. - Valoración de la declaración de la víctima, ciudadano S.J.S., el tribunal valora dicha declaración en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos, que es idéntica a la expresada por los funcionarios actuantes en el procedimiento, y es conteste en señalar que fueron dos sujetos que se desplazaban en una moto, y de una forma voluntaria después que ocurrieron los hechos, formula su versión de los mismos, ante los funcionarios que se encontraban en labor de patrullaje por el sector, quienes de forma flagrante aprehendieron a los acusados de autos. Expresa el juez a quo en su decisión, que la no identificación del los acusados en Sala, no implica que no sean responsables de la comisión de los hechos, porque todos los demás elementos traídos a juicio los relacionan directamente con la comisión de dicho tipo delictual, ya que el juez a través de la inmediación del juicio oral y público observó cierto temor en la declaración de la víctima.

4. - Valoración de la declaración del funcionario I.D.L.M., en ella confirma el jurisdicente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, ya que concatena la misma con los demás elementos probatorios traídos a juicio, como lo es, la declaración del otro funcionario actuante y el dicho de la víctima, en consecuencia le da pleno valor probatorio.

5. - Valoración de la declaración del funcionario Yeisson J.M.M., al igual que la declaración del otro funcionario actuante, el juez a quo, valora dicha declaración en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, donde este funcionario logra incautar evidencias determinantes de la responsabilidad penal del acusado, las cuales fueron sometidas a experticias, y en consecuencia el a quo concede pleno valor probatorio a dicha declaración.

6. - Valoración de la declaración del funcionario médico forense ciudadano G.L.L., el juez de instancia procede a valorar dicha declaración, por cuanto la concatena con las demás pruebas recepcionadas, primeramente con el examen médico forense, donde se evidencian las lesiones que sufrió la víctima en la presente causa.

7. - Valoración de la declaración de la detective Yorley Roraima Suárez Villamizar, el a quo valora dicha deposición, porque la concatena con el resto del acervo probatorio, principalmente con las experticias practicadas por la funcionaria y en consecuencia les da pleno valor probatorio.

Seguidamente el Tribunal de Instancia en el Capitulo VIII denominado EXPOSICION CONCISA DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO el juez de la recurrida entrelaza todos los elementos de pruebas traídos a juicio para de una forma razonada proceder a determinar la responsabilidad penal de los acusados O.D.A.M. y A.C.P., ya que utilizando las reglas de la lógica y las máximas de experiencia logra engranar dichos elementos, como lo son, el lugar donde ocurrieron los hechos, la lesión sufrida por la víctima, los objetos de los cuales este ciudadano fue despojado, el hecho que cuando los acusados de autos fueron aprehendidos, tenían en su poder una botella, objeto con el que fue golpeada la víctima, igualmente el juez de la recurrida determinó que los funcionarios actuantes encontraron a los acusados con el celular de la víctima inmediatamente después de ocurrido el hecho. Por ello, a criterio de los suscriptores del presente fallo, la decisión aquí analizada determina de forma motivada la participación de los imputados en la comisión del delito de ROB O AGRAVADO Y LESIONES PERSONALES LEVES, previstos y sancionados en los artículos 458 y 416 del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano S.J.S..

En conclusión, esta Alzada evidencia, que la recurrida cumplió a cabalidad con el análisis valorativo y comparativo de todas y cada una de las pruebas y las demás circunstancias del proceso, ya que el a quo, analizó todos y cada uno de los elementos de prueba, valorándolos en su justa medida de acuerdo a lo previsto en el articulo 22 del Código Orgánico Procesal Penal.

Esta Superior Instancia ha manifestado en reiteradas ponencias, que la valoración de la prueba conlleva estudiar el relato de los hechos para hacer una referencia y explicación de la prueba a través de las expresiones del razonamiento narrativo lógico en la presentación argumental de los elementos probatorios, de manera que, cualquiera que revise la decisión pueda comprender el juicio formulado.

El Juez para establecer una correcta motivación de la sentencia, debe tomar en consideración: la fuente de la prueba que se tenga, la objetividad de las mismas, la transposición que existe entre ellas, el control de los cursos inferenciales y en consecuencia sintetizar los hechos.

Dentro del juicio fáctico, la fase de valoración de las pruebas constituye el más preponderante de los tres momentos relativos a la prueba, lo que conlleva a la realización de un examen individual y global de las mismas.

Los suscriptores del presente fallo, hacemos propia la ponencia emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 433, de fecha 04/12/2003, de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, que señala lo siguiente:

“El juez en su sentencia, “…Debe someterse a las disposiciones legales relativos al caso, para asegurar el estudio del pro y del contra de los puntos debatidos en el proceso, y para ello es indispensable cumplir con una correcta motivación, en la que no debe faltar: 1.- la expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso, y las normas legales pertinentes; 2.- que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal; 3.- que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas, ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos, razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión, para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y 4.- que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal”. (Resaltado de la Corte de Apelaciones del estado Táchira)

El criterio jurisprudencial expuesto, desarrolla el espíritu, propósito y razón del sistema de apreciación razonada de las pruebas, donde el juzgador deberá ofrecer a las partes, las razones sustentadas en la experiencia común, la lógica o los principios generales del derecho, para establecer el hecho acreditado, por contraste al sistema de íntima convicción, donde el juzgador guarda las razones que tuvo para establecer el hecho probado.

En Conclusión, aprecia la Sala, que la recurrida efectúo una correcta y adecuada valoración de los medios probatorios que le fueron presentados a lo largo del Juicio, para así fundamentar los argumentos esgrimidos en su decisión, lo que ciertamente la hace carente del vicio de inmotivación y por ende el recurso de apelación aquí analizado debe ser declarado sin lugar, y consecuencialmente, confirmar el fallo proferido. Así de decide.

DECISIÓN

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:

Declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por los abogados R.E.F.G. y H.H.H., con el carácter de defensores de los ciudadanos O.D.A.M. y A.C.P., contra la sentencia dictada en fecha 22 de abril de 2015, publicada el 28 del mismo mes y año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal, Extensión San A.d.T., mediante la cual, declaró culpable a los ciudadanos O.D.A.M. y A.C.P., condenándolos a cumplir la pena de diez (10) años y veintidós (22) días de prisión, por la comisión de los delitos de robo agravado y lesiones personales leves, previstos y sancionados en los artículos 458 y 416 del Código Penal venezolano, en perjuicio de S.J.S..

CONFIRMA en todas y cada una de las partes la decisión señalada en el punto anterior.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada, en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los doce (12) días del mes de agosto 2015. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

Las Juezas y el Juez de la Corte,

Abogada N.I.C.

Presidenta

Abogado M.A.M.S.A.L.P.R.

Juez Jueza Ponente

Abogada María del Valle Torres Mora

Secretaria

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

La Secretaria.

1-As-SP21-R-2015-000230/LPR/Neyda.-