Adecuaciones del Derecho venezolano al modelo convencional en materia de capacidad de ejercicio

AutorEdison Lucio Varela Cáceres
Cargo del AutorUniversidad de Los Andes, Abogado Cum Laude Universidad Central de Venezuela
Páginas257-374
Capítulo 
Adecuaciones del Derecho venezolano al modelo
convencional en materia de capacidad de ejercicio
Precisados los presupuestos teóricos de los diferentes modelos de tratamiento
de las personas con discapacidad, el modelo social en la Convención y su
aplicación concreta en el ordenamiento español en lo que se reere a la capa-
cidad de ejercicio –como estudio comparado que nos ha permitido cotejarlo
con el nacional y efectuar una síntesis–, corresponde ahora escudriñar en
profundidad el Derecho venezolano a los nes de explicar cómo se debe
implementar la adecuación de la Convención en materia de capacidad de
obrar de las personas con diversidad funcional, en una reinterpretación del
Código Civil y demás instrumentos legales, y así garantizar la prevalencia
normativa que la Constitución determina en el caso de los tratados sobre
derechos humanos que contengan normas más favorables que las internas.
Con tales propósitos se examinará la prevalencia constitucional del ar tículo
12 de la Convención y sus consecuencias, entre ellas el nuevo tratamiento
de la capacidad de obrar en las personas con discapacidad, las medidas de
apoyo, sus diferentes modalidades, las salvaguardas, los efectos procesales y
las adecuaciones a otros derechos que se imponen con el nuevo paradigma
en materia de capacidad. Todo ello desde una aplicación concreta en el
Derecho venezolano a los nes de lograr la adecuación de la Convención,
mientras se avanza en la reforma legislativa necesaria en esta materia.
. E     
  C
Corresponde ahora afrontar el tema hermenéutico de la convivencia de dos
modelos conceptualmente antagónicos –decimonónico vs. convencional
258 E L V C
o modelo médico vs. modelo social– y como coordinar la aplicación de las
normas prevalentes constitucionalmente hablando sobre las normas par-
cialmente desplazadas, para así garantizar el efectivo cumplimiento de los
derechos constitucionales, fundamentales o humanos –según la naturaleza
y enfoque– de las personas con discapacidad.
Recuérdese que el escenario planteado no es ni novedoso ni exclusivo, ello
en razón de que ya ocurrió cuando se raticó la Convención sobre los De-
rechos del Niño por la República y tardó el parlamento una década para
hacer la adecuación legislativa del Derecho interno369 y, como se explicó
en el capítulo precedente (), en España, por ejemplo, la adecuación del
Derecho interno al Tratado ha esperado más de una década.
Los antecedentes son relevantes, pues, al igual que con los ejemplos alu-
didos, se aspira a un cambio de paradigma y con ello una nueva visión
sobre el asunto.
Ciertamente, para garantizar el completo cumplimiento de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no es suciente con
cambios cosméticos o terminológicos, se demanda llevar a cabo una re-
forma integral del sistema, lo cual compete al Poder Legislativo, que debe
estar acompañada de la inversión de recursos y, lo más importante, de una
modicación de la forma como los operadores jurídicos y los ciudadanos,
en general, visualizan a las personas con discapacidad.
Es decir, urge pasar de una visión meramente paternalista –que además
ha demostrado ser inecaz en la práctica– a una concepción de respeto a la
autonomía personal, promoción de la dignidad y al ejercicio directo de los
derechos fundamentales por parte de las personas con discapacidad.
369 Concretamente, la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada en 1989
y la Ley aprobatoria del tratado es de 1990, la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente es de 1998, pero entró en vigencia en el 2000.
L           D  259
Lo ideal, a los efectos de la transición normativa surgida con la aprobación
por Venezuela de la Convención (2009), hubiera sido que el parlamento
con prioridad atendiera la tarea de avanzar en una reforma completa e in-
tegral que no deje cabos sueltos ni resquicios a una interpretación conser-
vadora tendiente a mantener el modelo que se pretende sustituir. Empero,
los hechos han demostrado que el Poder Legislativo nacional ha tenido
otras prioridades en su agenda, no obstante que ha sancionado, reciente-
mente, unas leyes que tratan en su contenido, parcialmente, el tema de los
derechos de las personas con discapacidad370.
En todo caso, hay que advertir que los anteriores instrumentos legislativos
proyectados o promulgados no poseen un verdadero encuadre con la Con-
vención y menos aún con su artículo 12371, lo que quiere decir que no
incorporan medidas de apoyo para las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica, como se verá infra.
También es cierto que la Ley para las Personas con Discapacidad, aunque
es previa a la Convención, sigue en cierto sentido el modelo social o al
370 Exempli gratia: Ley Especial para las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad
de 2023; Ley para la Atención Integr al a las Personas con Trastorno del Espectro Au-
tista –Gaceta Ocial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6744 extraordina-
rio, de 24-04-23–. También, se discute ac tualmente un Proyecto de Ley de Atención
Integral a las Personas Sordas y con Discapacidad Auditiva, con 22 artículos, que
aspira a gara ntizar «el derec ho a la accesibilida d a través de las adaptaciones, adecua-
ciones o ajustes razonables», aprobado en primera d iscusión el 23-05-23, www.asam-
bleanacional.gob.ve. Por otra parte, aunque la Ley de la Comisión para la Garantía
de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos
Gaceta Ocial N.º 6678 extraordinario, de 27-12-21–, menciona expresamente a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su Exposición
de motivo no regula especí camente ningún derecho asociado a este s ector.
371 B M: ob. cit. («La tutela y la curatela…»), pp. 4 y 5, recuerda que en
España «la Le y 26/2011, de 1 de agosto, por la que se llevó a cabo una actua lización
de determinadas leyes imbricadas con las personas» con discapacidad, si bien no
regula el tema de la c apacidad, sí se ja el deber de preparar «un proyecto de ley de
adaptación normativa del ordenam iento jurídico para dar cumplimiento al a rtículo
12 de la Convención» (Disposición adicional séptima).

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR