Decisión nº PJ0662010000008 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 15 de Enero de 2010

En fecha 23 de mayo de 2.005, el ciudadano J.G.N.R., en su condición de funcionario adscrito a la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (SENIAT), debidamente facultado mediante P.A. Nº GRTI/RG/DF/2658 de fecha 13 de mayo de 2005 (v. folio 41), procedió a realizar investigación fiscal relativa a las obligaciones tributarias que deben cumplir los expendedores de Especies Alcohólicas, su Reglamento y la Ley de Timbre Fiscal; lo cual arrojó que para el momento de la fiscalización que el contribuyente presentó Libro de Registro de Especies Alcohólicas con atraso superior a un mes.

En la misma fecha, se le notificó a la contribuyente COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DIAZ, C.A., del contenido de la Resolución Nº GRTI/RG/DF/2005-954 y se procedió a sancionarla con una multa de Veinticinco Unidades Tributarias (25 U.T.) y la Clausura del Local Comercial por un Plazo de Dos (2) días continuos de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 102 del Código Orgánico Tributario (v. folios 32, 33).

En fecha 25 de mayo de 2.005, la Administración Tributaria levantó Acta de Reapertura del Establecimiento Nº GRTI/RG/DF/954 (v. folio 31).

Así las cosas, en fecha 28 de junio de 2.005, el recurrente interpuso Recurso Jerárquico subsidiariamente al Recurso Contencioso Tributario de conformidad con lo previsto en los artículos 242 y 259 del Código Orgánico Tributario ante la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (SENIAT), conforme se desprende del Auto de Recepción Nº 044-2005 levantada a tal efecto (v. folios 18 al 30).

En fecha 27 de junio de 2.006, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (SENIAT), dictó auto mediante el cual establece la admisión del Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente y la no apertura del lapso probatorio, en virtud que no se evidencio la promoción de prueba alguna en el escrito recursorio (v. folio 17).

En fecha 30 de noviembre de 2.006, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera, mediante Resolución Nº GRTI/RG/DJT/2006/214, declaró sin lugar el aludido recurso jerárquico (v. folios 2 al 16).

-II-

ARGUMENTOS DE LAS PARTES

Al ejercer el recurso contencioso tributario contra la Resolución Nº GRTI/RG/DJT/2006/402, de fecha 30 de noviembre de 2.006, la recurrente sostiene que dicha resolución adolece de vicio absoluto, en virtud que el funcionario actuante no estaba investido de la potestad de investigación tributaria, conforme lo prevé el artículo 163 de Código Orgánico Tributario 2001, al establecer que su potestad comienza al día hábil siguiente.

Que el funcionario actuante le entrego y notificó de conformidad con la Ley la Providencia Nº GRTI-RG-DF-2568 el día 23/05/2005 a las 4:30 de la tarde, por lo que, éste adquiriría la potestad fiscalizadora el día 24/05/2005, a partir de la 4:31 de la tarde, momento en el cual el fiscal actuante podía expedir el Acta de Requerimiento GRTI/RG/DF/2658-01.

Que resulta improcedente la multa hasta la cantidad de 25 unidades Tributarias, basada en lo establecido en el articulo 102, numeral 2 del Código Orgánico Tributario, lo que la afecta de nulidad absoluta, al violar los preceptos constitucionales y legales en base a la discrecionalidad del funcionario actuante.

Que la P.A. y Acta de Requerimiento esta viciada, porque viola flagrantemente los artículos 42 y 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 163 del Código Orgánico Tributario, y en consecuencia se violó el principio de la Certeza Tributaria.

Que la Administración Tributaria de la Región Guayana de manera improcedente, basándose en una presunta infracción de los deberes formales, resolución ésta que considera fue expedida de mala fe, y con la sola intención de causarle daños monetarios a su representada.

Que el acto Administrativo impugnado adolece de nulidad absoluta de conformidad con el artículo 25 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y los numerales 3º y 4º del artículo 19 de la LOPA, por la desviación de poder y discrecionalidad de los funcionarios públicos, que violan el derecho de los administrados, establecidos en el artículo 12 de la LOPA; y la prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido en los artículos 158 y 163 del COT y 42 y 48 de la LOPA, que hacen improcedente la emisión de la Resolución Nº GRTI/RG/DF/2005/954, de fecha 23/05/2005.

Que el fiscal actuante ciudadano J.G.N.R., sobre pasó los límites del poder discrecional otorgado a los funcionarios públicos, al solicitar de manera inmediata, mediante acta de requerimiento los documentos para su verificación, en consecuencia violó flagrantemente lo establecido en las normas constitucionales y legales, debido a que las notificaciones surten efecto el día hábil siguiente después de practicadas.

Por otro lado asegura que la resolución impugnada incurrió en la violación del debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y principio Non Bis In Dem, principio que establece que no puede existir doble sanción por un mismo hecho, bajo una misma responsabilidad; al tratar de aplicar dos (2) sanciones, basándose en la misma Acta de Infracción.

-III-

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR:

Planteada la litis en los términos antes señalados, este Órgano Jurisdiccional observa lo siguiente:

Una vez analizados y estudiados todos los recaudos que conforman el presente expediente en cuestión se observa que la controversia planteada en autos se circunscribe en torno a la legalidad o no de las Resoluciones Nº GRTI/RG/DF/2005-954, de fecha 23 de mayo de 2005 y la Nº GRTI/RG/DJT/2006/402, de fecha 30 de noviembre de 2.006, ambas emanadas de la Gerencia Regional Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Guayana, al imponer una multa de veinticinco unidades tributarias y la clausura del establecimiento por un plazo de dos (2) días continuos de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del artículo 102 del Código Orgánico Tributario.

Al respecto, frente a la denuncia formulada por la sociedad mercantil COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DIAZ C.A., y examinados como han sido los actos administrativos que rielan insertos en el presente asunto, se observa que inicialmente el procedimiento de fiscalización de las obligaciones tributarias que deben cumplir los expendedores de Especies Alcohólicas, contenidas en la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, su Reglamento y la Ley de Timbre fiscal; autorizado mediante p.a. Nº GRTI/RG/DF/2658, de fecha 13 de mayo de 2005 (v. folio 41), de acuerdo al Acta de requerimiento Nº GRTI/RG/DF/2658-01, de fecha 23 de mayo de 2005, autoriza al funcionario actuante a requerir de forma inmediata la siguiente documentación: 1. Original y copia del Acta Constitutiva de la empresa y sus últimas modificaciones; 2. Original y copia del número de identificación tributaria (NIT); 3. Original y copia del registro de información fiscal (RIF); Copia de la cédula de identidad del representante legal; 5. Contrato de arrendamiento del Local. A) Contrato de compra – venta del fondo de comercio; 6. Original y copia de la patente de industria y comercio; 7. Constancia de registro y autorización de licores; 8. Original y copia de la renovación anual de la Autorización; 9. Original y copia del libro de registro de especies alcohólicas y guías que se amparan las mismas.

Ahora bien, en la misma fecha del requerimiento el funcionario actuante dejó constancia que la contribuyente presentó el Libro de Especies Alcohólicas hasta febrero 2.005, teniendo un atraso de más de un mes, por lo cual dio origen a la imposición de una multa por incumplimiento de los deberes formales materializada en la Resolución Nº GRTI/RG/DF/2005-954 de fecha 23 de mayo de 2.005.

Visto esto, es conveniente denotar que el legislador tributario ha sido claro y preciso, al delimitar al ilícito tributario, como toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias, también se detalla la clasificación de tal conducta antijurídica, como:

1. Ilícitos formales;

2. Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas;

3. Ilícitos materiales;

4. Ilícito sancionado con pena restrictiva de libertad.

Siendo así, es comprensible admitir que toda aquella conducta antijurídica, de naturaleza tributaria, que constituya el incumplimiento de alguna obligación o deber tributario, puesto a cargo del contribuyente o responsable, enmarca una conducta fuera de la ley, que para este caso en particular, se refiere a los llamados ilícitos formales, tales como: la falta de comparecencia a las citaciones, no aportación de los elementos solicitados, falta de presentación de las declaraciones, incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los requerimientos efectuados por los funcionarios, no llevar registros especiales, no emitir facturas o emitirlas sin el cumplimiento de los requisitos, entre otros.

Dentro de este marco jurídico se encuentra respecto a los ilícitos formales, el artículo 99 del Código Orgánico Tributario vigente, determina la obligatoriedad en el cumplimiento de los deberes formales impuestos a los contribuyentes, responsables y terceros, a los fines de facilitar la determinación de la obligación tributaria o fiscalización o verificación del cumplimiento de ella, según reza:

Artículo 99: Los ilícitos formales se originan por el incumplimiento de los deberes siguientes:

1. Inscribirse en los registros exigidos por la normas tributarias respectivas;

2. Emitir o exigir comprobantes;

3. Llevar libros o registros contables o especiales,

4. Presentar declaraciones y comunicaciones;

5. Permitir el control de la Administración tributaria;

6. Acatar las órdenes de la Administración Tributaria, dictadas en el uso de sus facultades legales;

7. cualquier otro deber contenido en este código, en las leyes especiales, sus reglamentos o disposiciones generales de organismos competentes.

En sintonía con la formula jurídica trascrita, se debe precisar que los actos administrativos impugnados tienen sus fundamentos en los artículos 145 y 172 del Código Orgánico Tributario, el primero prevé los deberes formales de obligatorio cumplimiento por parte de los contribuyentes, responsables y terceros; el segundo, le confiere a la Administración Tributaria facultades para verificar el cumplimiento de los deberes formales de los agentes de retención y percepción, e imponer las sanciones a que haya lugar, sin que por ello debilite ni conculque en forma alguna el derecho a la defensa de los contribuyentes, que reza:

Articulo 145: Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir con los deberes formales relativos a las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y, en especial, deberán:

1. Cuando lo requieran las leyes o reglamentos:

a) Llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales, conforme a las normas legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, referentes a actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente y responsable.

2. Emitir los documentos exigidos por leyes tributarias especiales, cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas requeridos.

…omissis…

8. Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias, debidamente notificadas

.

Articulo 172: “…omisis…

Asimismo, la Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales previstos en este Código y demás disposiciones de carácter tributario, y los deberes de los agentes de retención y percepción, e imponer las sanciones a que haya lugar……..”

A mayor abundamiento, se observa que la Administración Tributaria en el ejercicio de su facultad investigativa puede actuar de dos formas distintas, como: i) Determinativa, ésta implica un proceso de fiscalización de fondo donde los funcionarios actuantes deben determinar si en un caso en particular se concretó y exteriorizó la situación objetiva establecida en la Ley para la configuración del hecho imponible que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria o si por el contrario no existe crédito tributario procedimiento determinativo que sirve de concreción y causa del acto administrativo a ser dictado en el cual se prevé la participación del contribuyente a través de la presentación del correspondiente escrito de descargos y de la aportación de pruebas pertinentes para sustentar sus alegatos. ii)Verificadora, la cual consiste tal como su nombre lo indica en verificar si el contribuyente ha dado cumplimiento a los deberes formales que establece el ordenamiento jurídico, basta la constatación por parte de la Administración Tributaria del incumplimiento de deberes formales por parte del contribuyente para la imposición de la sanción correspondiente, por supuesto que, en tal caso, la Administración respetando el principio de legalidad administrativa debe actuar bajo los parámetros establecidos en la ley, tal y como sucedió en el caso de autos.

Dentro de este marco jurídico se encuentra respecto a los ilícitos formales, el artículo 99, numeral 3 del Código Orgánico Tributario vigente. Antes trascrito, determina la obligatoriedad en el cumplimiento de los deberes formales establecidos a los contribuyentes, responsables y terceros, a los fines de facilitar la determinación de la obligación tributaria, bien sea, por fiscalización o verificación del cumplimiento de ella.

El acto administrativo en general disfruta de una cualidad excepcional que lo hace presumir legítimo mientras no se demuestre lo contrario. En los procedimientos administrativos de segundo grado o de revisión de los actos administrativos, corresponde al interesado la carga de destruir la apariencia legítima del acto, no sólo alegando los supuestos vicios de que éste adolece, sino demostrando la real existencia de los mismos, pues de lo contrario la aplicación de los principios de legitimidad y de estabilidad de las manifestaciones de voluntad de la Administración (“Favor Acti”) haría sucumbir la impugnación interpuesta por el administrado.

Pues bien, al proceder a analizar la resolución impugnada se observa que la Administración Tributaria amparó su decisión de sancionar a la contribuyente de conformidad con los artículos 127 y 172 del Código Orgánico Tributario, por incumplimiento de deberes formales, al efectuar la verificación conforme al acta de requerimiento.

En virtud de lo anterior, para que el Juez llegue a ordenar procedente la nulidad solicitada, debe apreciar las pruebas y verificar si éstas se ajustan a los presupuestos de ley, conforme a los artículos 12 y 506 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, se debe también recordar, que estamos frente a un procedimiento judicial que tiene por objeto la nulidad y la interpretación de normas y hechos que permitan verificar la procedencia de las sanciones, por lo tanto, no basta sólo con alegar los vicios, también debe probarse la existencia del derecho o de la nulidad de la Resolución impugnada, siendo perfectamente aplicable el Artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que establece:

"Artículo 506.- Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba."

De hecho, el foro nacional tributario ha previsto que respecto a los ilícitos tributarios la carga de prueba recae sobre quien impugna el acto dictado por la Administración Tributaria, cualquiera sea su contenido; y que ello, no sólo deviene del aquel principio según el cual “quien alega prueba”, sino de una característica propia de los actos que son impugnados en este tipo de procesos, los cuales se estiman apegados a derecho mientras no se demuestre lo contrario, lo que ordinariamente se conoce como la presunción innominada de legalidad de los actos administrativos de contenido tributario.

Caso contrario, ocurre cuando se refiere a infracciones tributarias, en las que se invierte la carga de la prueba, al corresponder a la Administración Tributaria probar mediante sus actas fiscales que el contribuyente efectivamente incurrió en los supuestos de procedencia para la imposición de la sanción administrativa, ya que se encuentra tutelado por el principio constitucional “onus probandi” o presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario, prevista en el artículo 49, ordinal 2 de la Constitución.

No obstante, en aquellos casos como en el subjudice, en el que la Administración Tributaria sanciona el incumplimiento de deberes formales, la inversión de la carga de la prueba no se produce, eximiendo al órgano fiscal del deber de comprobar la conducta ilícita del contribuyente; para pasar a ser, el administrado quien deba demostrar que los presupuestos que dieron origen a la imposición de la sanción (actas administrativos impugnadas) son inciertas, a través de las pruebas que estime el recurrente como apropiadas para liberarlo de tales objeciones.

De tal manera, que ante los presupuestos trascritos, ocurridos al momento de la revisión realizada a la contribuyente, respecto se pudo comprobar que la declaración fue hecha de manera extemporánea, este Juzgador observa que su contradicción sólo incumbe al recurrente de autos y no a la Administración Tributaria, por ser éste quien por la facilidad de la prueba, pueda demostrar lo contrario aportando alguna elemento probatorio al juicio.

A la postre de tales consideraciones, es oportuno aclarar que, si bien es cierto, que dichos actos gozan de la presunción de legitimidad y veracidad, no es menos cierto, que gracias a la comentada inversión de la carga de la prueba, el contribuyente siempre ostentó posibilidad de valerse de cualquier medio de prueba para desconocer el contenido de los mismos (en razón de libertad probatoria que le ha sido otorgada) tanto en la etapa gubernativa como en la etapa jurisdiccional, y al no hacerlo dejó en franco desamparo su pretendida nulidad.

Asimismo, se hace necesario denotar que en los procedimientos administrativos de verificación de cumplimiento de deberes formales, no se apertura procedimiento sumario alguno, en razón de que su objetivo lo constituye la supervisión del efectivo cumplimiento de los deberes esenciales en el ejercicio de una correcta actuación tributaria.

De tal manera, que ante los presupuestos trascritos, ocurridos al momento de la fiscalización realizada a la contribuyente, respecto de llevar los libros y registros de Especies Alcohólicas con atraso mas de un mes, tal como demuestran los documentos administrativos públicos consignados por la Administración Tributaria, y que rielan insertos del folios 32 al 40, esta Juzgadora observa que su contradicción sólo incumbe al recurrente de autos y no a la Administración Tributaria, por ser éste quien por la facilidad de la prueba, pueda demostrar lo contrario aportando alguna elemento probatorio al juicio.

En razón de lo anterior, puede esta Sentenciadora apreciar que el recurrente se limita simplemente a alegar en su escrito pero sin probar sus argumentos con el objeto de que este sentenciador, verificase la procedencia de la nulidad solicitada, limitando la posibilidad de que el Juez analizase los hechos; por lo tanto, mal podría este sentenciador declarar con lugar la nulidad solicitada al no poder sacar elementos de convicción del presente expediente, además de tomar en cuenta el interés de la recurrente de extinguir la obligación por medio del pago que si bien no fue materializada de una manera o otra hay un reconocimiento de la infracción. Así se declara.

Ahora bien, sostiene en su defensa la recurrente, que los actos administrativos violentaron su derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el artículo 49 de Nuestra Carta Fundamental.

En este sentido, el constituyente venezolano dispuso en el numeral 1º del citado artículo 49, que:

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1. Toda persona en inocente mientras no se pruebe lo contrario

.

Existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias.

En el caso de marras, considera esta Juzgadora que las Resoluciones GRTI/RG/DF/2005-954, de fecha 23 de mayo de 2.005 y GRTI/RG/DJT/2006/402, de fecha 30 de noviembre de 2006, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en ningún momento menoscabaron los derechos consagrados en el precitado artículo.

Así las cosas, es oportuno denotar que la aplicación de la sanción (multa) en la esfera económica del contribuyente, en ningún sentido violenta el principio constitucional del derecho a la defensa, en cuanto a que existen procedimientos administrativos y jurisdiccionales de revisión de las actuaciones fiscales de imposición de sanciones, mediante los cuales el afectado podrá alegar y exponer todas las defensas que considere pertinentes y lograr de este modo enervar la sanción y sus efectos. En tal sentido en el caso bajo análisis, la Administración Tributaria realizó un procedimiento de verificación donde pudo constatar el ilícito formal, además de motivar las razones de la aplicación de la multa con sus basamento jurídicos, cada uno de los actos administrativos contentivos de las Resoluciones de Multa, objeto de impugnación del presente recurso contencioso tributario, a fin de que el contribuyente conociera el incumplimiento en que incurrió, con la intención de que si se le lesiona sus derechos pudiera ejercer una defensa oportuna y efectiva. Tan es así, que las prenombradas Resoluciones emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), al motivar cada uno de los actos impugnados, señalaron a la contribuyente que:“…De conformidad con los artículos 244, 245, 261 y 262 del código orgánico Tributario, que podrán ejercerse los recursos dentro del término de veinticinco (25) días hábiles contados a partir de su notificación antes esta Gerencia, sea este de Revisión o el Contencioso Tributario…”.

De hecho, la contribuyente optó por la vía Administrativa y de manera subsidiaria la Jurisdiccional, teniendo la oportunidad de ejercer todos los medios de defensa que hubiese considerado pertinente para acatar y desvirtuar la decisión sancionatoria in examine. Por consiguiente, este Tribunal manifiesta que se cumplió a cabalidad con los requisitos de forma y fondo previstos en el Código Orgánico Tributario para la emisión de los actos, así como con el deber de exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se fundamentó la Administración Tributaria para dictar su decisión, según los hechos que existen y se corresponden con la norma que consagra el poder jurídico de actuación. Así se declara.

Vistas tales actuaciones administrativas, este Jurisdicente haya suficientemente demostrado la procedencia de la actuación de la Administración Tributaria, al proceder a imponer multas a la contribuyente de autos, al haberse verificado a la contribuyente COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DÍAZ, C.A, por no llevar al día los libros y registro de Especies Alcohólicas. Así también se decide.-

En este sentido, esta Instancia Superior en su incansable búsqueda de la verdad, erigida sobre principios de equidad y justicia, observa que en el presente procedimiento consta también de autos, que el contribuyente a los folios 138 y 139 del expediente consignó diligencia de haber cancelado la deuda al T.N. en fecha 03 de septiembre de 2008, más no acompaño a la referida diligencia la Planilla de Liquidación en original o copia para su confrontación; sin embargo, este Tribunal ordenó oficiar a la Gerencia Regional de Tributos Internos del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Guayana, a los fines de que otorgase el consentimiento a la solicitud planteado por la contribuyente; no obstante, al no recibir oportuna respuesta por parte de la Administración Tributaria y, tampoco existir la consignación por parte de la recurrente, de la planilla de pago, se desestima esa pretensión, y por consiguiente, se confirma la existencia de la obligación tributaria pendiente a favor del Fisco Nacional; siendo así, quien decide debe forzosamente declarar Sin Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DÍAZ C.A. Así se decide.-

-IV-

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas y cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y D.A., administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el presente recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al recurso jerárquico, remitido mediante oficio Nº GRTI/RG/DJT/2007/1818, de fecha 03 de julio de 2007, por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de la Región Guayana, interpuesto ante ese mismo órgano, por el ciudadano Neomar J.D.M., venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 8.866.203, director de la sociedad mercantil COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DÍAZ, C.A., domiciliada en la Avenida España, las Piedritas, La Sabanita, local Nº 20-A, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, asistido por el Abogado L.J.V., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 71.855, contra la resolución del recurso jerárquico Nº GRTI/RG/DJT/2006/402, de fecha 30 de noviembre de 2006, que confirma el contenido de la resolución (clausura del establecimiento) GRTI/DF/2005-954, de fecha 23 de mayo de 2005, emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Guayana. En consecuencia: