Sentencia nº 753 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Junio de 2013

Fecha de Resolución17 de Junio de 2013
EmisorSala Constitucional
PonenteArcadio de Jesús Delgado Rosales
ProcedimientoSolicitud de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: A.D.R.

Expediente núm. 12-0182

El 18 de septiembre de 2012, se recibió en la Secretaría de esta Sala Constitucional escrito presentado por el abogado Piter S.S., actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA E INVERSORA FAESA 33 S.R.L., mediante el cual solicitó a esta Sala que “proceda a la ejecución” (destacado del escrito) de la sentencia núm. 571 del 8 de mayo de 2012, dictada por esta Sala Constitucional, que declaró que ha lugar la solicitud de revisión -que formuló su representada- de la decisión expedida el 10 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A. contra el fallo del 18 de junio de 2010, expedido por el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; y, asimismo, por orden público constitucional, anuló la sentencia del 9 de agosto de 2010 emitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar la acción de amparo propuesta por la aludida empresa contra la decisión del 18 de junio de 2010, expedida por el Juzgado del Municipio Los Salias de la misma Circunscripción Judicial y declaró firme este último fallo.

Mediante decisión núm. 1.402, del 23 de octubre de 2012, esta Sala ordenó al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda que remitiera copia certificada del expediente número 12-7930, contentivo de la acción de amparo interpuesta por la representación de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A. contra la decisión del 28 de mayo de 2012, emitida por el Juzgado del Municipio Los Salias de la misma Circunscripción Judicial.

El 1 de noviembre de 2012, el representante de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A., asistido de abogada, presentó escrito en el cual solicitó a esta Sala que “se ordene celebrar una audiencia oral y pública con el fin de oír a las partes interesadas, y también se requiera al Juzgado de Municipio citado, a otros (…) y a la Fiscalía (sic) del Ministerio Público (…)” que remitan copia certificada del expediente núm. 2010-067 –numeración del Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda-, contentivo del juicio de resolución de contrato de arrendamiento que siguió la empresa Administradora e Inversora Faesa 33 S.R.L.; del expediente núm. 29.666 –numeración del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda-, contentivo de la acción de amparo interpuesta por la empresa Maxiofertas Los Salias C.A. contra la sentencia del 18 de junio de 2010 –no se precisa el órgano jurisdiccional que la expidió-; del expediente núm. 29.660 –numeración del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda-, contentivo de la acción de amparo interpuesta por la empresa Maxiofertas Los Salias C.A. contra las actuaciones materiales y vías de hecho ejecutadas en su contra por el abogado P.S., la empresa Administradora e Inversora Faesa 33 S.R.L y el ciudadano F.E.S.R.; del expediente núm. 1CS-685-11 –nomenclatura del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, contentivo de la solicitud de auxilio judicial requerido por la representación de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A.; y del expediente núm. 15-F3-225-2012 –nomenclatura de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda- contentivo de la denuncia formulada por la empresa Maxiofertas Los Salias C.A. por la comisión de los delitos de acción pública de perturbación violenta de la posesión pacífica, violencia privada, privación arbitraria de libertad, usurpación en la modalidad de invasión, uso indebido de arma de fuego, falsedad documental, hurto, robo impropio y desacato por parte de los ciudadanos F.E.S.R. y P.S.S.. Asimismo, indicó que la hoy solicitante no advirtió a esta Sala sobre la decisión del 24 de febrero de 2011, dictada por la misma Sala, en detrimento de sus derechos, al estimar que “tal hecho habría sido suficiente para desechar la solicitud de Revisión (…)”, afirmando que la revisión fue solicitada por la parte actora sorprendiendo la buena fe de la Sala Constitucional.

El 29 de noviembre de 2012, se recibió el Oficio núm. 215200300-446 del 28 de noviembre de 2012, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante el cual se remitió copia certificada de todas las actuaciones y recaudos que cursan insertos en el expediente núm. 12-7930 (nomenclatura de dicho Tribunal), contentivo de la acción de amparo propuesta por la representación legal de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A.

El 8 de mayo de 2013, en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, esta Sala Constitucional quedó conformada de la siguiente forma: Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas L.E.M.L., M.T.D.P., C.Z.d.M., A.D.R. y J.J.M.J..

I

DE LA SOLICITUD

El 18 de septiembre de 2012, el apoderado judicial de la sociedad mercantil Administradora e Inversora FAESA 33 S.R.L., solicitó a esta Sala que “proceda a la ejecución” (destacado del escrito) de la sentencia núm. 571 del 8 de mayo de 2012, dictada por este órgano jurisdiccional, que declaró que ha lugar la solicitud de revisión -formulada por su representada- de la decisión expedida el 10 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en los términos siguientes:

(…) vista como a (sic) quedado materializada la honorable sentencia judicial en donde se reviso (sic) y corrigió integralmente a nivel constitucional un sin fin de incoherencias constitucionales cometidas sorpresivamente por el único Juzgado Superior civil Mercantil y del Transito (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, solicito respetuosamente se proceda a la ejecución de la sentencia judicial que reposa ampliamente identificada en folios que antecede (sic) a estos de acuerdo a [la] ley.

Ahora bien en el mismo orden de ideas ciudadano magistrado dentro de la solicitud de ejecución de la presente sentencia me es dable solicitar que corrija de una vez por todas la conducta irregular abusiva e inconstitucional de la ciudadana Juez Superior Abogada Y.d.C.D. en querer birlar (sic) el dispositivo claro y objetivo de esta Sala Constitucional de dejar firme la sentencia judicial de fecha 18 de Junio del 2010 emanada del Juzgado de Municipio Los Salías (sic) del Estado Miranda tal como se evidencia en copia simple que acompaño a este escrito y que durante todo el receso judicial me ha negado en reiteradas oportunidades las copias certificadas de la sentencia del incoherente e ilegal A.C. declarado con lugar en contra de la sentencia emanada de esta honorable Sala Constitucional creando otra instancia judicial y desacatando en todas y cada una de sus partes el dispositivo de cosa juzgada definitivamente firme conocida en todas y cada una de sus partes en la amplia sentencia que reposa en folios que antecede (sic) a este escrito.

Finalmente y en el mismo orden de ideas solicito formalmente la ejecución de la presente sentencia judicial tal como yo lo solicite (sic) en folios que antecede (sic) a estos y prohíba (a todos los Juzgados de Primera Instancia y Superior con sede en la ciudad de Los Teques Estado Bolivariano de Miranda) de (sic) conocer cualquier supuesto de derechos constitucionales violados en referencia a esta sentencia donde estén involucrados las firmas mercantiles ADMINISTRADORE (sic) E INVERSORA FAESA 33 S.R.L. V/S MAXIOFERTAS LOS SALIAS C.A. sobre el mismo bien inmueble que se ventila en autos, ya que esta honorable Sala Constitucional ya conoció y reviso (sic) íntegramente a nivel constitucional todo el proceso desde su inicios (sic) hasta el final, y que muy oportunamente dejo (sic) firme la Sentencia Judicial del Juzgado del Municipio Los Salías (sic) del Estado Bolivariano de Miranda, lo cual hoy día de una manera poco profesional y burlesca pretende un Juez de menor categoría desacatar y modificar en todas y cada una de sus partes la cosa juzgada del mas (sic) alto Juzgado de la Republica (sic) (…)

(destacado del escrito).

La parte solicitante agregó copia simple de los siguientes documentos: 1) sentencia del 8 de agosto de 2012 emitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con ocasión de la acción de amparo interpuesta por la representación de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A., contra la decisión del 28 de mayo de 2012 expedida por el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; 2) copia certificada de la acción de amparo propuesta por la representación de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A., contra la decisión del 28 de mayo de 2012 expedida por el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

II

DE LA EJECUCIÓN DEL FALLO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por disposición del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Sala la ejecución de la sentencia dictada el 8 de mayo de 2012, que declaró que ha lugar la solicitud de revisión, formulada por la representación judicial de la empresa Administradora e Inversora Faesa 33 S.R.L., de la decisión expedida el 10 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

En el referido fallo, esta Sala advirtió que el mencionado Juzgado Superior “no tenía competencia por la cuantía para conocer en alzada la apelación interpuesta contra la sentencia dictada el 18 de junio de 2010 por el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda (…)”, conforme a la Resolución núm. 2009-0006 del 18 de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena de este m.T.. En consecuencia, se estimó que lo pertinente era anular no solo la decisión objeto de revisión (del 10 de noviembre de 2010) sino la del 23 de septiembre de 2010, emitidas –ambas- por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que resolvió el recurso de hecho interpuesto por la representación de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A. contra el acto jurisdiccional del 28 de junio de 2010, emitido por el mencionado Tribunal de Municipio que negó el recurso de apelación, con base en la mencionada Resolución de Sala Plena; declarándose firme la decisión dictada el 18 de junio de 2010 por el prenombrado Juzgado de Municipio.

Asimismo, por orden público constitucional, la Sala también anuló la decisión del 9 de agosto de 2010, expedida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar la acción de amparo ejercida por la empresa Maxiofertas Los Salias C.A., contra la misma sentencia dictada el 18 de junio de 2010 por el referido Juzgado del Municipio Los Salias.

Ahora bien, luego de una revisión minuciosa de la información remitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, esta Sala observa lo siguiente:

  1. Que, el 31 de mayo de 2012, la representante legal de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A., asistida de abogada, interpuso acción de amparo –conjuntamente con medida cautelar innominada- contra la decisión del 28 de mayo de 2012, emitida por el Juzgado del Municipio Los Salias de la misma Circunscripción Judicial, que ordenó la ejecución forzosa del fallo expedido el 18 de junio de 2010 por el referido Tribunal y la condenó a la entrega del inmueble que ocupaba en calidad de arrendataria.

  2. Que, el 1 de junio de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda admitió la referida acción de a.c.. En esa misma fecha, por auto separado de ese Juzgado, negó la medida cautelar solicitada (negativa que fue reiterada mediante decisión del 18 de junio de 2012).

  3. Que, el 19 de junio de 2012, se llevó a cabo la audiencia constitucional en la que se profirió la decisión de declarar sin lugar la acción de a.c.. El 25 de junio de 2012, se publicó el extenso del fallo, en el que se declaró sin lugar la acción de amparo. Contra dicha decisión, en esa misma fecha, la parte accionante ejerció recurso de apelación.

  4. Que, el 6 de julio de 2012, la parte accionante en dicha causa presentó la fundamentación de la apelación, en la que solicitó que se declare con lugar la acción de amparo y la nulidad de las decisiones del 28 de mayo de 2012 y del 18 de junio de 2010, emitidas por el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda y, en consecuencia, se ordene restituir el inmueble que ha ocupado en su condición de arrendataria, objeto de la demanda de resolución de contrato (juicio de origen) incoado por la representación judicial de la empresa Administradora e Inversora Faesa 33 S.R.L. en su contra.

  5. Que, el 8 de agosto de 2012, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la representante legal de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A., al considerar que “(…) en la causa se encontraba designado un Juez Accidental para su conocimiento, cuya única limitación se circunscribía a ejecutar su propio fallo u ordenar la notificación de éste, lo cual no era el caso, ni siquiera después de que se declarara firme la decisión dictada el 18 de junio de 2010, ya que dicho funcionario no la profirió, es mas (sic) que evidente que la Jueza señalada agraviante incurrió en abuso de poder y extralimitación de sus atribuciones (…)”.; en consecuencia, revocó la decisión del 25 de junio de 2012, expedida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial y declaró con lugar la acción de amparo; por tanto, anuló la sentencia emitida el 28 de mayo de 2012 por el Juzgado del Municipio Los Salias de la misma Circunscripción Judicial.

  6. Que, el 27 de septiembre de 2012, la representante judicial de la parte accionante pidió al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda que, dada la declaratoria con lugar de la acción de amparo, ordenara al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias de esa Circunscripción Judicial que restituyera a su representada en la posesión del inmueble objeto de litigio en la causa primigenia.

  7. Que, mediante decisión del 1 de octubre de 2012, el referido Tribunal de Primera Instancia negó el pedimento realizado por la parte accionante, al estimar que “no se corresponde con la naturaleza de la acción de amparo de la que trata la presente, es por lo que considera este Tribunal que tales solicitudes deberían plantearse ante el Tribunal de la causa (…)”; asimismo, ordenó remitir al Juzgado del Municipio Los Salias copia certificada de la sentencia del 8 de agosto de 2012, expedida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

    Establecido lo anterior, la Sala observa con suma preocupación la conducta temeraria asumida por los representantes -legal y judicial- de la empresa Maxiofertas Los Salias, ante su resistencia en dar cumplimiento a un mandato judicial, valiéndose de artificios y ardides que menoscaban y empañan el funcionamiento eficaz y eficiente de la administración de justicia, distrayendo la atención de los órganos jurisdiccionales de asuntos que requieren ser tutelados con la debida diligencia y prontitud. Pero llama mucho más la atención que los Tribunales que actuaron en sede constitucional, con ocasión del amparo propuesto por la referida empresa contra la decisión dictada el 28 de mayo de 2012 por el Juzgado de Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, permitan este tipo de prácticas y tácticas dilatorias, que atentan contra el derecho a la tutela judicial efectiva, al dar trámite a tales asuntos, en desacato incluso de las decisiones emitidas por esta máxima instancia.

    En efecto, en el presente caso, la Sala Constitucional mediante decisión núm. 571, del 8 de mayo de 2012, declaró que ha lugar la solicitud de revisión de la decisión expedida el 10 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A. contra el fallo del 18 de junio de 2010, expedido por el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; asimismo, por orden público constitucional, anuló la sentencia del 9 de agosto de 2010 emitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar la acción de amparo propuesta por la empresa Maxiofertas Los Salias C.A. contra la decisión del 18 de junio de 2010, expedida por el Juzgado del Municipio Los Salias de la misma Circunscripción Judicial y declaró firme este último fallo; con fundamento en que la demanda que dio origen al juicio en el que se dictó esta última sentencia fue estimada en un valor inferior a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), por lo que conforme a la Resolución de Sala Plena de este m.T. núm. 2009-006 del 18 de marzo de 2009, la misma no era susceptible de ser apelada.

    Así pues, una vez revisadas las actas del expediente, se advierte que la acción de amparo interpuesta por la representación judicial de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A. estuvo destinada a detener la ejecución forzosa de un fallo que tiene el carácter de definitivamente firme, bajo argumentos que carecen de validez jurídica; por tanto, la Sala considera pertinente anular la sentencia emitida el 8 de agosto de 2012 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial del Estado Miranda y ordena continuar con la ejecución forzosa de la sentencia del 18 de junio de 2010 emitida por el Juzgado del Municipio Los Salias de la misma Circunscripción Judicial, la cual fue declarada definitivamente firme por esta Sala. Así se decide.

    En otro orden de ideas, en atención a la solicitud del representante legal de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A., referida a que “se ordene celebrar una audiencia oral y pública con el fin de oír a las partes interesadas (…)”, se advierte que la revisión constitucional es una potestad excepcional, extraordinaria y discrecional que el Texto Fundamental atribuye a esta Sala, que consiste en un examen objetivo de la sentencia con el fin de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango o cuando se contraríen los criterios vinculantes emitidos por esta máxima instancia constitucional (vid. sentencia núm. 93/2001 del 6 de febrero, caso: Corpoturismo); por tanto, no existe litis; sin embargo, cabe acotar que el artículo 145 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le otorga facultad a esta Sala para fijar audiencia o dictar auto para mejor proveer si lo considera conveniente.

    No obstante, en el caso sub júdice, la Sala –en uso de la aludida potestad legislativa- no consideró pertinente celebrar audiencia, ya que del examen constitucional de la sentencia se determinó que la misma era contraria a los principios y derechos constitucionales; todo lo cual se expresó en la sentencia núm. 571 del 8 de mayo de 2012. Por tanto, siendo que el examen del fallo se llevó a cabo, se considera inadmisible, por extemporánea, la referida solicitud. Así se decide.

    Dentro de las mismas observaciones realizadas por la representación de Maxiofertas Los Salias C.A., se hace pertinente hacer referencia a la presunta mala fe con la que actuó la parte solicitante en la presente causa, al omitir información sobre la causa que se sustanció en el expediente 10-1035 (numeración de esta Sala).

    Al respecto, resulta conveniente señalar que aun cuando fuera cierto que la parte solicitante haya omitido la aludida información, esta Sala al momento de estudiar el presente caso conoció, por notoriedad judicial, que el 24 de febrero de 2011 se dictó la sentencia núm. 80, en la que se resolvió el recurso de hecho propuesto por la Jueza del Juzgado de Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda contra el auto dictado el 12 de agosto de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Miranda, que declaró improcedente el recurso de apelación que ésta ejerció contra la decisión expedida el 9 de agosto de 2010 de ese mismo Tribunal Superior, al estimar que la Jueza carecía de cualidad para ejercer el recurso de apelación, en el marco de la acción de amparo interpuesta por la empresa Maxiofertas Los Salias C.A. contra el auto de fecha 28 de junio de 2010 dictada por el Tribunal a cargo de la apelante -que negó el recurso de apelación conforme a la Resolución dictada por la Sala Plena N° 2009-0006 del 18 de marzo de 2009-.

    En efecto, la Sala estimó que dicha decisión no resultaba relevante a los fines de realizar la revisión. Empero, la misma sirvió para tener certeza, además de los elementos probatorios aportados por la parte solicitante, de la existencia de la referida acción de amparo, razón por la cual se procedió a anular de oficio, por orden público constitucional, la sentencia emitida el 9 de agosto de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Miranda, que declaró con lugar la aludida acción de amparo. Por tanto, se desechan las argumentaciones esgrimidas por la representación –legal y judicial- de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A. al respecto. Así se decide.

    Por los razonamientos que preceden, esta Sala declara con lugar la solicitud de ejecución de la sentencia núm. 571 del 8 de mayo de 2012, dictada por esta Sala Constitucional. Así se decide.

    Finalmente, esta Sala, a tenor de lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, considera pertinente remitir copia certificada tanto de la presente decisión como de la sentencia núm. 571 dictada el 8 de mayo de 2012 por esta Sala Constitucional, al Colegio de Abogados de adscripción de la abogada S.E.G.P., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 32.037, titular de la cédula de identidad núm. V-6.820.670, quien ha actuado como abogada asistente y apoderada judicial de la empresa Maxiofertas Los Salias C.A., por incumplimiento a los deberes que preceptúa el artículo 15 de la Ley de Abogados, con el fin de que ordene instruir una investigación disciplinaria en su contra y determine las responsabilidades a que haya lugar, dada su conducta reprochable en el juicio de resolución de contrato que sigue Administradora e Inversora Faesa 33 S.R.L. contra la empresa que representa y/o asiste, así como en los juicios conexos al mismo. Así se decide.

    Asimismo, se advierte al representante legal de la empresa Maxiofertas Los Salias que de continuar haciendo uso de medios judiciales para distraer la ejecución del fallo del 18 de junio de 2010, emitido por el Juzgado del Municipio Los Salias de Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que tiene el carácter de definitivamente firme, conforme al fallo 571/2012 de esta Sala, se impondrá la sanción pecuniaria que establece el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a menos que surjan alguna nueva situación que menoscabe sus derechos constitucionales. Así se decide.

    Se exhorta a la Jueza L.C.H., en su condición de titular del Juzgado de Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, para que proceda, sin más dilaciones, a ejecutar el fallo del 18 de junio de 2010, dictado por ese Tribunal, en el marco del juicio de resolución de contrato de arrendamiento que siguió la empresa Administradora e Inversora Faesa 33 S.R.L. contra la empresa Maxiofertas Los Salias.

    DECISIÓN

    Por los anteriores razonamientos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley:

  8. Declara PROCEDENTE la solicitud de ejecución de la sentencia núm. 571 del 8 de mayo de 2012, dictada por esta Sala Constitucional.

  9. ANULA la sentencia emitida el 8 de agosto de 2012 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

  10. ORDENA continuar con la ejecución forzosa de la sentencia del 18 de junio de 2010, emitida por el Juzgado de Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, la cual fue declarada definitivamente firme por esta Sala.

  11. ORDENA remitir copia certificada del presente fallo y de la sentencia núm. 571 dictada el 8 de mayo de 2012 por esta Sala Constitucional, al Colegio de Abogados de adscripción de la abogada S.E.G.P..

  12. ORDENA remitir copia certificada del presente fallo al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y al Juzgado de Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

    Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

    Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 17 días del mes de junio de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

    La Presidenta,

    G.M.G.A.

    El Vicepresidente,

    Francisco Carrasquero López

    L.E.M.L.

    Magistrada

    M.T.D.P.

    Magistrado

    C.Z.d.M.

    Magistrada

    A.D.R.

    Magistrado-Ponente

    J.J.M.J.

    Magistrado

    El Secretario,

    José L.R.C.

    Expediente núm. 12-0182

    ADR/

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