Afirman que se criminaliza la actividad privada

 
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La legislación venezolana, hasta noviembre de 2014, consideraba el acaparamiento y el boicot como ilícitos administrativos. En esa fecha, por vía habilitante, el presidente Nicolás Maduro reformó la Ley de Precios Justos y estas actividades fueron tipificadas como delitos que recibirían sanciones penales.El profesor de la UCV y coor dinador del Observatorio de la Propiedad Privada de Cedice, Luis Alfonso Herrera, indicó que este viraje fue una advertencia al sector privado, que ahora se materializa.Es un delito de corte polí tico que criminaliza la actividad privada. Tal como está redactada esa ley, es difícil que cualquier persona no caiga en irregularidades, porque está orientada a que no pueda ser cumplida.El presidente Conindustria y el de Consecomercio, Eduardo Garmendia, y Mauricio Tancredi, respectivamente, coincidieron en que las recientes acciones contra el sector privado no son nuevas. Estas...

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