Decisión nº KP02-N-2007-000091 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 28 de Septiembre de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

ASUNTO: KP02-N-2007-000091

En fecha 20 de marzo de 2007, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, escrito y sus anexos contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar, por el abogado J.Á.B.V., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.072, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil AGROPECUARIA LIBERTAD VERSALLES C.A., protocolizada en el Registro de Comercio que llevara el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 12 de junio de 1968, bajo el Nº 47, folios 126 al 134, cuya última modificación estatuaria quedó inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 04 de diciembre de 2003, bajo el Nº 18, tomo 43-A contra el acto administrativo contenido en la P.A. Nº 1022 del 22 de septiembre de 2006, dictado por la INSPECTORIA DEL TRABAJO “PEDRO PASCUAL ABARCA” DEL ESTADO LARA, mediante la cual se le impuso sanción de multa, de conformidad con los artículos 628 y 642 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 236 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

Posteriormente, en fecha 22 de marzo de 2007, es recibido el presente asunto en este Juzgado Superior.

En fecha 03 de abril de 2007, se dictó auto admitiendo el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, y se ordenó practicar las citaciones y notificaciones correspondientes.

En fecha 21 de septiembre de 2011, se aboca al conocimiento de la presente causa la ciudadana M.Q.B., en virtud de su designación como Jueza de este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

Vista la presente causa, y en atención a que la competencia es de inminente orden público, es menester para esta Juzgadora revisar los límites en que aquélla le ha sido atribuida para el conocimiento de casos como el de autos.

En tal sentido, se observa lo siguiente:

I

DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

Mediante escrito presentando en fecha 20 de marzo de 2007, la parte recurrente, ya identificada, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad, con fundamento a los siguientes alegatos:

Que en fecha 22 de septiembre de 2006, su representada fue objeto de una multa por incumplimiento de una p.a. de reenganche y pago de salarios caídos, sanción impuesta bajo un procedimiento administrativo sustanciado y decido por la Inspectoría del Trabajo P.P.A.d.E.L., y que concluyó con el acto identificado con el Nº 1022.

Que “…en el Acto Administrativo (…) no se apreciaron ni tomaron en cuenta ninguna de las pruebas aportadas por mi representada, en tanto que de la Transacción Laboral no se apreció en forma alguna por cuanto no fue realizada ante una autoridad laboral, lo cual si bien es cierto (…) no obsta que se pueda efectuar una Transacción Laboral por ante otra Autoridad en nuestro caso dado ante la Notario Público de Carora del Estado Lara y aun mas hoy opuesta y ya ratificada ante el Tribunal Laboral…”.

Que “…en base a dichas Providencias Administrativas (…) le genera a mi representada a un daño patrimonial, imponiéndole y constriñéndola al pago de una multa y exponiéndola a otros pagos, por un supuesto incumplimiento, que a todas luces está demostrado no fue tal, carente de todo sentido, causa, eficacia y lógica jurídica, por cuanto de la Transacción Laboral se desprende claramente la renuncia que hizo el Trabajador respecto de su trabajo con mi representada…”.

En consecuencia, solicitó la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en la P.A. Nº 1022 del 22 de septiembre de 2006, dictado por la Inspectoria del Trabajo “Pedro Pascual Abarca” del Estado Lara, mediante la cual se le impuso sanción de multa, de conformidad con los artículos 628 y 642 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 236 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

II

DE LA COMPETENCIA

Este Juzgado Superior, partiendo de la máxima procesal conforme a la cual la competencia no constituye un presupuesto para el procedimiento sino para la sentencia que ha de resolver la litis, y que al carecer de aquélla en cualquier estado y grado de la causa debe imperativamente el Órgano Jurisdiccional por razones de orden público declararse incompetente, considera necesario en el presente caso, en resguardo del derecho constitucional consagrado en el artículo 49 numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estos es, la garantía del tribunal competente y el derecho al juez natural, precisar algunos aspectos que pudieran ver afectado su competencia durante el curso del proceso, a los fines de conocer y decidir el presente recurso contencioso administrativo de nulidad.

En el caso de autos, la parte recurrente acude a la vía contencioso administrativa teniendo como objeto la declaratoria de nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la P.A. Nº 1022 del 22 de septiembre de 2006, dictado por la Inspectoria del Trabajo “Pedro Pascual Abarca” del Estado Lara, mediante la cual se le impuso sanción de multa, de conformidad con los artículos 628 y 642 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 236 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

Así, se desprende que los actos administrativos impugnados, se produjeron en el marco de un procedimiento administrativo que no obstante haber sido resuelta por un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública, se materializó por mandato y ejecución directa de la Ley Orgánica del Trabajo.

En este sentido, si bien para el conocimiento de aquellas pretensiones de carácter anulatorio dirigidas esencialmente contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, no existía previsión legal que atribuyera su conocimiento a los Órganos Jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Supremo de Justicia fue resolviendo los distintos conflictos negativos de competencia planteados, estableciendo mediante criterios reiterados que al ser las Inspectorías del Trabajo órganos administrativos, el conocimiento de las pretensiones de nulidad de sus actos administrativos y, en general, de cualquier otra pretensión correspondería a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así, la decisión Nº 1318, de fecha 02 de agosto de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia que la Jurisdicción contencioso administrativa era la competente para el conocimiento de los juicios de nulidad contra los actos administrativos de las Inspectorías del Trabajo.

Posteriormente, en Sentencia Nº 2862, del 20 de noviembre de 2002, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reiteró tal criterio, resaltando -además- que era la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, hoy Cortes de lo Contencioso Administrativo, el Órgano Jurisdiccional que debía conocer y decidir en primera instancia los recursos contencioso administrativo de nulidad interpuestos contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo.

Por otra parte, mediante Sentencia de fecha 02 de marzo de 2005, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (caso: Universidad Nacional Abierta), si bien ratificó la competencia de los Tribunales Contencioso Administrativo para el conocimiento de los recursos de nulidad interpuestos contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, modificó el criterio expuesto supra, en cuanto al orden de conocimiento de dichos Tribunales, estableciendo que corresponde en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia (vid. sentencia Nº 3.093, del 18 de octubre de 2005 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

Finalmente, la Sentencia Nº 3517, de fecha 14 de noviembre de 2005, expediente Nº 05-1501, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso: B.L.d.F.V.. Inspectoría del Trabajo) determinó la competencia en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales para el conocimiento de los recursos contencioso administrativo de nulidad interpuestos contra las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo.

Como se desprende de los criterios jurisprudenciales anteriormente citados, se estableció un fuero atrayente y exclusivo de la jurisdicción contencioso administrativa para el conocimiento de todas las pretensiones ordinarias relacionadas con los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, partiendo para ello de una interpretación general respecto del artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, si bien para el conocimiento de aquellas pretensiones de carácter anulatorio dirigidas esencialmente contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, no existía previsión legal que atribuyera su conocimiento a los Órganos Jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Supremo de Justicia ha venido resolviendo los distintos conflictos negativos de competencia planteados, estableciendo mediante criterios reiterados que al ser las Inspectorías del Trabajo órganos administrativos, el conocimiento de las pretensiones de nulidad de sus actos administrativos y, en general, de cualquier otra pretensión correspondería a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No obstante, mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio del 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente de su Título III; que se establecerá a qué Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.

Dicho texto normativo, establece en su artículo 25 las competencias de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, entre las cuales destaca:

Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:

(…omissis…)

3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.

(…omissis…)

(Negritas de este Juzgado)

De la anterior disposición se evidencia que de la regla atributiva de competencia para el conocimiento de las pretensiones de nulidad que corresponden a este Juzgado Superior, el legislador estableció una excepción en dicha norma, relativa a que las acciones de nulidad interpuestas contra los actos administrativos dictados en materia de inamovilidad con ocasión a una relación de trabajo regida por la Ley Orgánica del Trabajo, no podrán ser conocidos por los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo, entendiendo que dichos actos excluidos serán aquellos dictados en ejecución del artículo 454 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo impresa en el año 1997, correspondiéndole ahora conforme al Decreto Nº 8.202, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.024, de fecha 6 de mayo de 2011, mediante el cual se dicta con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, al artículo 445 de la misma, pues tal competencia fue expresamente excluida por el legislador.

Ello así, merece especial referencia lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé:

Artículo 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.

En consecuencia, de la disposición consagrada en el artículo 25 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el principio competencial que prevé el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, permiten determinar que actualmente la competencia para el conocimiento de los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, no corresponde a la Jurisdicción (rectius: competencia) Contencioso Administrativa.

Evidentemente, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y el régimen de competencias en ella establecido, se hizo necesario por parte del Tribunal Supremo de Justicia la revisión de los criterios jurisprudenciales que anteriormente fueran reseñados con anterioridad a aquélla, relativos al conocimiento de los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo.

En ese sentido, mediante reciente pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sentencia Nº 955, de fecha 23 de septiembre del 2010, (caso: B.J.S.T., J.L.M., F.A.S.L. y otros, contra la sociedad mercantil Central La Pastora, C.A.), se estableció como criterio vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, y muy especialmente para la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisdicción Laboral, el siguiente:

En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.

Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.

Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.

2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo.

(Resaltado del Tribunal).

Resulta claro que con este último precedente jurisprudencial revestido de carácter vinculante, se ha modificado la competencia que fuera atribuida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para el conocimiento de aquellas pretensiones relacionadas con los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, bien por que se intente la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, o por las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos, una vez agotado en todas sus instancias el correspondiente procedimiento administrativo.

Lo anterior encuentra a su vez estrecha vinculación con la garantía constitucional del Juez Natural, ya que al ser la competencia materia de orden público, la partes tienen el derecho a que mediante un debido proceso sus pretensiones sean resueltas por el Juez determinado por la ley, garantía judicial ésta concebida en el artículo 8 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San J.d.C.R. y el artículo 14 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En relación a la figura del Juez Natural, cabe traer a colación la Sentencia Nº 1264, de fecha 05 de agosto del 2008, (caso: J.A.S.M.) dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual delimitó lo siguiente:

…En síntesis, la garantía del juez natural puede expresarse diciendo que es la garantía de que la causa sea resuelta por el juez competente o por quien funcionalmente haga sus veces

(Vid. Sentencia N° 520/2000, del 7 de junio, caso: “Mercantil Internacional, C.A.”).

De manera que dicha garantía constitucional involucra dos aspectos, a saber:

1. - El aspecto formal, esto es, que sea un juez con competencia predeterminada en la ley el llamado a decidir sobre el mérito de la causa, pues constituye una m.d.D.P. que la competencia es un presupuesto de la sentencia y no del proceso, y para ello deben atenderse a los criterios tradicionales de materia, territorio y cuantía que fijan las leyes procesales para su correcta determinación.

2. - El sustancial, que ese juez sea idóneo, independiente e imparcial para que asegure que será justa y conforme a derecho la decisión judicial. Por tanto, se trata de una garantía jurisdiccional, es decir, inherente al ejercicio de la función de administración de justicia…” (Resaltado del Tribunal).

   Ratificando lo relativo a la competencia en el caso de autos, es menester resaltar que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su Capítulo II, De la Competencia de los Tribunales del Trabajo, artículo 29, establece lo siguiente:

   Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:

   1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje;

   2. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral…

   (…omissis…)

4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social…”

   Evidentemente, la competencia que en asuntos contenciosos derivados de un conflicto laboral atribuye la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a dichos Tribunales ha de entenderse materializada con el criterio material del asunto controvertido y las normas aplicables al caso, todo lo cual requerirá de una especialidad del Órgano Jurisdiccional competente, como el criterio vinculante fijado mediante la Sentencia Nº 955, de fecha 23 de septiembre del 2010, (caso: B.J.S.T., J.L.M., F.A.S.L. y otros, contra la sociedad mercantil Central La Pastora, C.A.).

   Ahora bien, para el presente caso adquiere relevancia las recientes decisiones dictadas por las Cortes de lo Contencioso Administrativa en las que se ha aplicado lo antes citado, declinándose a los Tribunales Laborales las acciones dirigidas a obtener la nulidad de un acto administrativo de imposición de multa por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo.

   En tal sentido, este Juzgado debe hacer mención primeramente a la sentencia de fecha 09 de marzo de 2011, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, expediente Nº AP42-N-2010-000501, que es del tenor siguiente:

   I DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

   DE NULIDAD

   En fecha 03 de agosto de 2010, la representación judicial de la Sociedad Mercantil FARMACIA LA REDOMA C.A., interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad sobre la base de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

   Alega, que: “…en fecha 19 de mayo de 2009, la Ing. MARYORIE FAJARDO (…) en su carácter de Supervisora del trabajo adscrita a la Unidad de Supervisión de la Inspectoría ‘José Pío Tamayo’ de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, se trasladó a la sede de [su] REPRESENTADA con el objeto de verificar el cumplimiento de los requerimientos señalados en los informes de supervisión de fechas 28 de agosto de 2007 y 27 de enero de 2009…” (Mayúsculas y negrillas del original).

   Arguyó, que: “Realizada la inspección, la funcionaria actuante dejó constancia en el Acta que, a su criterio, [su] REPRESENTADA, persistía en el incumplimiento de los aspectos supervisados…” asimismo, “…dejó constancia en el acta de unos supuestos incumplimientos de unos aspectos que no fueron señalados en el informe de supervisión…” (Mayúsculas del original).

   Indicó, que “…en fecha 19 de mayo de 2009, la Supervisora Jefe de la Unidad de Supervisión de la Inspectoría del Trabajo, sometió a la consideración de la Inspectora del Trabajo la decisión de proceder a la apertura del procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo…” y en la misma fecha, el Inspector del Trabajo ordenó dar curso al procedimiento sancionatorio sometido a su consideración.

   Sostuvo, que: “En fecha 26 de junio de 2009 (…) presentó escrito de alegatos en el Procedimiento Sancionatorio aperturado por la Inspectoría del Trabajo”.

   Relató, que: “En fecha 07 de julio [su] REPRESENTADA presentó escrito de promoción de pruebas…” (Mayúsculas del original).

   Manifestó, que: “En fecha 30 de octubre de 2009, fue dictada la P.A. Nº 001286 conforme a la cual se declaró CON LUGAR la propuesta de sanción en contra de [su] REPRESENTADA…” (Mayúsculas del original).

   Señaló, que: “…la Inspectora del Trabajo sancionó a [su] REPRESENTADA con multa de:

   1) ‘La Cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 7.256,25) a razón de ¼ de salario mínimo establecido en el artículo 627 de la Ley Orgánica del Trabajo multiplicado por el número de trabajadores que laboran en la empresa en concordancia con el artículo 236 del Reglamento de la referida ley’.

   2) La Cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 7.256,25) a razón de ¼ de salario mínimo establecido en el artículo 629 de la Ley Orgánica del Trabajo multiplicado por el número de trabajadores que laboran en la empresa en concordancia con el artículo 236 del Reglamento de la referida ley’.

   3) La Cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 7.256,25) a razón de ¼ de salario mínimo establecido en el artículo 630 de la Ley Orgánica del Trabajo multiplicado por el número de trabajadores que laboran en la empresa en concordancia con el artículo 236 del Reglamento de la referida ley’.

   4) La Cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 7.256,25) a razón de ¼ de salario mínimo establecido en el artículo 633 de la Ley Orgánica del Trabajo multiplicado por el número de trabajadores que laboran en la empresa en concordancia con el artículo236 del Reglamento de la referida ley’.

   5) ‘La cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 967,50) de conformidad con lo establecido en el artículo 635 de la Ley Orgánica del Trabajo’.

   6) ‘La cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 967,50) de conformidad con lo establecido en el artículo 642 de la Ley Orgánica del Trabajo’.

   (…)

   III

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de su competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Abogado M.E.H.A., actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil FARMACIA LA REDOMA, C.A, contra la P.A. N° 1286, de fecha 30 de octubre de 2009, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “PÍO TAMAYO” DEL ESTADO LARA, mediante la cual se impone multa de TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLÍVARES ( Bs. 30.960,00) a la mencionada empresa, en tal sentido se observa que:

   (…)

   …se puede apreciar que el legislador excluyó –de forma expresa– de las competencias asignadas a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa, la relativa al conocimiento de ‘las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo

   .

   Con este criterio, la Sala puede evidenciar que el legislador viene a fortalecer la protección jurídico-constitucional de los trabajadores, a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo la vigencia y efectividad del trabajo, como derecho y como hecho social que deber ser protegido por el Estado (artículos 87 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), en pro del interés general y de la propia vida en el porvenir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para hacerla descansar en la justicia social y humanitaria.

   …Omissis…

   De allí se deriva el particularismo del Derecho del Trabajo y su legislación proteccionista del hiposuficiente, que ha requerido una protección humana específica, como específica por la materia debe ser su jurisdicción, para amparar con profunda justicia social los derechos e intereses de los trabajadores en su condición de productores directos de las mercancías, en el sistema capitalista.

   Ese deber del Estado se ha traducido en la creación de una jurisdicción especial -la laboral-, que conoce las normas sustantivas dictadas en la materia y los procedimientos especialmente creados para resolver las controversias surgidas con ocasión de relaciones laborales.

   De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación.

   (…)

   Ello así, se evidencia que el criterio que actualmente se encuentra vigente es el establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ut supra citada, lo cual fue desarrollado prolijamente por la Sala Constitucional en la decisión antes citada, que excluyen del ámbito de competencia de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo las acciones de nulidad interpuestas contra las Providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo.

   En atención a todo lo antes expuesto y evidenciándose que la P.A. mencionada ut supra de la cual se pretende su nulidad, se encuentra estricta y directamente vinculada a una relación de carácter laboral, mediante la cual el inspector del trabajo ordenó el pago de multa a la Sociedad Mercantil Farmacia La Redoma C.A, por incumplimiento de la normativa contemplada en la Ley Orgánica del Trabajo; visto así, este Órgano Jurisdiccional considera que le corresponderá a los Juzgados de la Jurisdicción Laboral la competencia para conocer del presente recurso, por lo que esta Corte DECLINA la competencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto por los Apoderados Judiciales de la mencionada Sociedad Mercantil, contra el acto administrativo impugnado. Así se declara.

   En consecuencia, esta Corte ORDENA remitir el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados de Juicios del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Así se decide.” (Resaltado añadido).

   De igual modo, se trae a colación lo considerado en la sentencia de fecha 02 de mayo de 2011, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, expediente AP42-N-2011-000192, que consideró lo que de seguidas se cita:

   I

   ALEGATOS DEL DEMANDANTE

   En fecha 12 de enero de 2011, el abogado E.C.M., antes identificado, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil “Transporte Adriatica, C.A.”, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de medida de suspensión de efectos contra la P.A. N° 00295-2010, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Monagas, con base a las siguientes consideraciones:

   (…)

   Expresó que “[…] la ciudadana Abogada A.D.C. BARILLAS, código N° 2543, no firmó la Orden de Servicio N° 79, y que la persona ‘P / Gregorio D’ al no estar facultado para firmar a cambio de la primera, entonces la Funcionaria RITBELIN REYES, código N° 2470, NO tenía potestad para realizar tal Reinspección, por lo que esta última actuó en efecto sin estar Autorizada, es decir, realizó una actuación fuera de su Competencia, a esto se debe la defensa invocada por [su] mandante cuando el 01 de Julio del 2010, presenta escrito de alegatos en el procedimiento sancioratorio con propuesta de multa aperturado […]”.

   (…)

   Esgrimió además que “[la] Funcionaria extralimitó sus funciones y así es incompetente, atribuyéndose la función del Inspector del Trabajo o de la Jefe de la Unidad de Supervisión, ya que, la Potestad para Ordenar una Reinspección de conformidad con el Artículo 590 de la Ley Orgánica del Trabajo, está reservado única y exclusivamente a dichos funcionarios, así mismo, violentó el Derecho a la Defensa y el Debido Proceso, por cuanto desvirtuó el Procedimiento Legalmente establecido privando a [su] Mandate de su Defensa, pues, NO MOTIVO NI CIRCUNSTANCIÓ en la Propuesta de Sanción de dónde emanaba su autoridad para realizar dicha actividad, máxime cuando FRAUDULENTA y FALSAMENTE señala, en referencia al Horario de Trabajo que el mismo fue Negado, cuando NO EXISTE DECISIÓN, NI COMUNICACIÓN AL RESPECTO, por lo que solicit[ó] declare la NULIDAD ABSOLUTA de la Propuesta de Sanción y del Procedimiento, contenido en la Providencia S/N, del Expediente N° 044-2010-06-000295, de fecha Veintinueve de A.d.A.D.M.D. (29/04/2.010), dictado por la Supervisora del Trabajo […]”.

   Sostiene que “[…] referente a las jornadas de trabajo, es evidente que el Inspector del Trabajo en el Estado Monagas, comete el vicio de falso supuesto de hecho, pues falsamente hace una afirmación de que estas jornadas de trabajo son inconstitucionales e ilegales, cuando es bien sabido dentro de la industria petrolera que esas jornadas son perfectamente acordes con el ordenamiento jurídico del trabajo vigente en Venezuela, y son de uso corriente en dicha industria, por lo que de conformidad con el Artículo 20 de la de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, hace que se anule la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 00295-2010 […]”.

   (…)

   Expresó que “[…] además de violentar el derecho a la defensa de [su] representada al no detallar cuales (sic) (de que (sic) hora a cual (sic) hora exactamente), quienes y cuantas horas extras supuesta pero negadamente se laboraban, también se decide la multa aquí recurrida sobre la base de una falsedad de derecho, pues supone que los trabajadores de [su] representada están sometidas a jornada, lo cual no es cierto, por lo que de conformidad con el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la recurrida debe ser anulada”.

   Precisó que “[…] en la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 00295-2010, de Multa emanada de la INSPECTORIA (sic) DEL TRABAJO EN EL ESTADO MONAGAS, de fecha 23-08-2010, notificada ilegalmente a [su] representada en fecha 30 de agosto del 2010, el Inspector del Trabajo en el Estado Monagas, no decidió nada sobre ese alegato, por lo que dicha omisión vicia por incongruencia negativa a ese acto; por lo que se violenta el Artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues en el se consagra el Derecho de Petición, y dentro del cual está el de obtener adecuada respuesta a los pedimentos dirigidos a los funcionarios, el cual es desarrollado por el Artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues en éste se dispone que en la decisión del asunto se resolverá todas las cuestiones que hubieren sido planteadas, por lo que de no ser resuelta, como no fue decidida la alegación de [su] representada, dicho Acto Administrativo incurre en el vicio de incongruencia negativa, es decir en la falta de decisión respecto de la cuestión planteada; siendo entonces que la actuación aquí recurrida es nula de nulidad absoluta de conformidad con lo establecido en los Numerales 1° y 40 del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.

   Invocó “[…]

   (…)

   Sostuvo que “[…] no se puede someter a [su] representa, en virtud del principio de la ejecutoriedad de los actos administrativos, a cancelar una MULTA por la Cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO BOLIVARES (sic) CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (sic) (Bs.654.164,35), o sea, DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO CON SIETE CENTECIMAS (sic) DE UNIDADES TRIBUTARIAS (10.064,07 U.T.)”.

   Igualmente solicitó “[…] declare la NULIDAD ABSOLUTA del Acto Administrativo, contenido en la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 00295-2010, de Multa emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Monagas, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, de fecha Veintitrés de Agosto del Año Dos Mil Diez (23/08/2.010), la cual se encuentre inserta en el Expediente N° 044-2010-06-00295, y enterada de ello [su] Mandante el Día Treinta de de Agosto del Año Dos Mil Diez (30/08/2.010); por lo que, ruego lo declare conjuntamente con todos los pronunciamientos de Ley”.

   (…)

   III

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse en relación a la declinatoria de competencia que decidió el Juzgado Superior Quinto con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, en la demanda de nulidad propuesta por la representación judicial de la empresa Transporte Adriatica, C.A., contra la P.A. N° 00295-2010, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS, donde se acordó sanción de multa a la mencionada de empresa.

   En ese sentido, se observa que el Juzgado declinante consideró que la competencia para conocer de la acción de autos correspondía a esta Corte, por cuanto, a su decir, “en el presente recurso se busca la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares dictado por autoridad distinta a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 y en el numeral 3 del artículo 25 de la referida Ley [Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa], y cuyo conocimiento no se encuentra atribuido a otro tribunal en razón de la materia” (Agregado en corchetes de este fallo).

   Ahora bien, dentro de este contexto y en función de análisis requerido para decidir, se debe señalar que la pretensión de autos persigue anular un acto administrativo dictado por un órgano administrativo de alcance estadal adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, como lo es la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, donde, como ya fue señalado, se acordó imponer sanción de multa a la empresa recurrente.

   (…)

   Sin embargo, recientemente, en sentencia n.° 955, de 23 de septiembre de 2010, caso: B.J.S.T. y otros, la Sala cambió la doctrina aludida en relación con la competencia para el juzgamiento de las demandas, de cualquier naturaleza, que se interpongan contra los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, para lo cual expuso lo siguiente:

   (…)

   En este sentido, una vez que se determinó que el laboral es el juez natural, resulta en interés y beneficio de las partes que las causas a las que se ha hecho referencia sean decididas por éste con independencia de los criterios atinentes a la competencia que se hayan podido sostener con anterioridad y, por tanto, de la fecha de la interposición de las demandas, de modo que esta circunstancia fáctica, que les es ajena, no les impida el acceso al juez que está más calificado para la cabal composición de la controversia.

   No obstante, la Sala aclaró, en respeto a los principios de estabilidad de los procesos, economía y celeridad procesal que imponen los artículos 26 y 257 constitucionales, que aquellas causas donde la competencia ya haya sido asumida o regulada de conformidad con el principio perpetuatio fori y el criterio atributivo de competencia que la misma recientemente abandonó -mencionado supra- a favor de los tribunales de lo contencioso administrativo, continuarán su curso hasta su culminación.

   Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso bajo estudio se ha planteado ante esta Corte la aceptación de la competencia para decidir luego de que un Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo declinó el conocimiento del asunto; por consiguiente, y de conformidad con el criterio vinculante impartido por la Sala Constitucional, esta Corte NO ACEPTA la competencia declinada y por esa razón, sumado al hecho de que la controversia de autos envuelve una pretensión donde se debate la legalidad de una actuación emanada por una Inspectoría del Trabajo, se DECLINA la sustanciación y decisión del presente juicio a los Tribunales de la Jurisdicción Laboral, particularmente, al Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas que corresponda una vez realizada la distribución respectiva. Así se decide.

   En consecuencia, se ORDENA la remisión inmediata del expediente al juzgado distribuidor para que se proceda a la resolución de la demanda de nulidad planteada en autos. Así se resuelve.

   (Resaltado añadido).

   Se trata en definitiva, de la aplicación del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil que indica “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan”, por lo que verificándose que el presente asunto es de naturaleza netamente laboral; pues aún cuando se trata de decisiones administrativas emanadas de una autoridad desconcentrada dependiente del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, la misma se encuentra afectada por normas y principios regidos en la Ley Orgánica del Trabajo; lo cual implica que, por tratarse de un asunto de carácter contencioso del trabajo, que no corresponde a la conciliación ni al arbitraje, que se origina con ocasión de una relación laboral entendida como “hecho social”; su conocimiento debe ser atribuido a un Juzgado que por la materia presente identidad con el contenido del mismo, específicamente los Juzgados Laborales de la Circunscripción Laboral donde se encuentre la sede la Inspectoría del Trabajo de la cual emanó el acto administrativo recurrido.

   Finalmente, visto que en el caso de marras la competencia para el conocimiento de la causa no ha sido asumida por este Órgano Jurisdiccional ni ha sido regulada, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo atendiendo de manera esencial a aquellos elementos que comportan el contenido de la presente acción, sus fundamentos y la materia en función de cuyo estudio deberá ser resuelta, debe declarar su incompetencia sobrevenida para entrar a conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, y en consecuencia, declinar la competencia a uno de los Juzgados de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y así se decide.

   III

   DECISIÓN

   Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

Su INCOMPETENCIA para entrar a conocer y decidir en primera instancia el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar, por el abogado J.Á.B.V., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.072, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil AGROPECUARIA LIBERTAD VERSALLES C.A., protocolizada en el Registro de Comercio que llevara el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 12 de junio de 1968, bajo el Nº 47, folios 126 al 134, cuya última modificación estatuaria quedó inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 04 de diciembre de 2003, bajo el Nº 18, tomo 43-A contra el acto administrativo contenido en la P.A. Nº 1022 del 22 de septiembre de 2006, dictado por la INSPECTORIA DEL TRABAJO “PEDRO PASCUAL ABARCA” DEL ESTADO LARA, mediante la cual se le impuso sanción de multa, de conformidad con los artículos 628 y 642 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 236 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

SEGUNDO

Se DECLINA LA COMPETENCIA ante uno de los Juzgados de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral del Estado Lara.

TERCERO

Remítase oportunamente el presente expediente, una vez vencido el lapso establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Jueza,

M.Q.B.

La Secretaria,

S.F.C.