Destitución del alcalde Petro

Mientras en Suráfrica líderes del vasto mundo rendían tributo póstumo a la trayectoria ejemplar, la convicción democrática y la superior mansedumbre de Nelson Mandela, guía certero de su nación y de otras tantas, aquí, en la convulsionada Colombia, nos debatíamos entre la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y sus reacciones tempestuosas. En la plaza de Bolívar debió escucharse, al menos en la transmisión televisiva, su alarido de ira e intenso dolor por lo que denominó su muerte política.En efecto, el señor procura dor, valiéndose de sus facultades legales y constitucionales, no solo lo destituyó del cargo por manifiesta ineptitud administrativa y perjuicios consiguientes para Bogotá, sino que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por quince años.A la pena principal de suspenderle el ejercicio del cargo para el cual fuera elegido, le añadió esta otra sanción a todas luces desproporcionada. ¿Cuáles los criterios para graduarla y evitar excesos desaconsejables? El caso de Gustavo Petro es un poco o un mucho desconcertante. Con arrojo y elocuencia, denunció las picardías y robos del Tesoro Público en la administración de los hermanos Moreno Rojas y se hizo la merecida aureola de centinela de los bienes, rentas y presupuestos públicos. La cual lo habilitó para aspirar a ese mismo cargo, sobre la base de fuerza electoral, si bien en principio minoría, trocada en mayoría victoriosa por la dispersión anárquica de sus oponentes.Una atmósfera de general simpatía y esperanza rodeó su éxito electoral. Sería de ver cómo se desempeñaba en el manejo complejísimo de la urbe con cerca de ocho millones de habitantes, sometida en el período precedente a saqueo sistemático de sus rentas y a contrataciones aviesas de sus obras. La elección popular del alcalde había fallado tristemente en su caso, al abrir la puerta al desenfreno criminal de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba