Decisión nº PJ0022015000029 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Zulia (Extensión Cabimas), de 24 de Febrero de 2015

Fecha de Resolución24 de Febrero de 2015
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
PonenteJuan Diego Paredes Bastidas
ProcedimientoEnfermedad Ocupacional Y Daño Moral

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas

Cabimas, veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince (2015)

204º y 155º

Se inició la presente causa por demanda interpuesta en fecha 25 de enero de 2013, por el ciudadano A.J.P.J., venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V-11.453.096, domiciliado en el Municipio S.R.d.E.Z., debidamente representado por los abogadas en ejercicio M.C., M.H., N.P., F.C. y YORMALYN CUMARES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 25.462, 67.736, 132.883, 175.610 y 180.608, respectivamente; en contra del grupo de empresas conformado por la sociedad mercantil ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY, S.A. (Z & P), inscrita originalmente por documento inserto en el Registro de Comercio por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito Judicial del Estado Zulia, en fecha 15 de marzo de 1951, bajo el número 10, folio 12, teniendo su última transformación que consta de Acta inserta en fecha 18 de marzo de 1968, bajo el número 43, libro 62, tomo 3, publicada en la Gaceta Oficial del estado Z.N.. 3.289 de fecha 20 de marzo de 1968, domiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia, y la sociedad mercantil GASODUCTO VENEZOLANO COLOMBIANO (CONSORCIO G.V.C), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 02 de mayo de 2006, anotado bajo el Nro. 34, tomo 23-A, domiciliada en Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia; ambas representadas judicialmente por los abogados en ejercicio A.F., H.A., LAURA FIGUEROA, RAXELY GUTIÉRREZ, D.C., N.R. y P.R., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 31.210, 26.080, 31.819, 65.530 y 176.552, respectivamente; en base al cobro de Indemnizaciones por Enfermedad Ocupacional, Daño Moral, Lucro Cesante y otros Conceptos Laborales, reclamando los conceptos de: Daño Moral Subjetivo; Lucro Cesante (Sueldos y Salarios); Daño Moral Objetivo; Indemnización Ordinal 3 Artículo 130 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; Vacaciones; Ayuda para Vacaciones; y Utilidades o Bonificación de fin de año; así como los intereses moratorios, costas procesales y la corrección monetaria, por la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 1.729.781,30), siendo admitida en fecha 29 de enero de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la Ciudad de Cabimas.

Tramitado el presente asunto procedió este Juzgador a dictar sentencia definitiva en fecha 23 de septiembre de 2014, declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano A.J.P.J. en contra del grupo de empresas ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY, S.A. (Z&P) y CONSORCIO GASODUCTO VENEZOLANO COLOMBIANO (CONSORCIO G.V.C.), en base al Cobro de Indemnizaciones por Enfermedad Ocupacional, Daño Moral, Lucro Cesante y otros conceptos laborales; por la cantidad de OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 80.000,00), con los demás pronunciamientos de Ley, siendo recurrido dicho fallo por la representación judicial de la parte demandante, por lo que se procedió a remitir el presente asunto al Juzgado Superior correspondiente.

Pues bien, de las actas que conforman el presente asunto, se evidencia que en fecha 23 de enero de 2015, compareció por ante el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, el abogado en ejercicio M.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, y la abogada en ejercicio RAXELY GUTIÉRREZ, en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, antes identificados; manifestando su disposición de acudir a los medios de autocomposición procesal establecidos en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

…Concurrimos a este Tribunal, con la finalidad de celebrar el presente convenimiento, en cuanto a todos los derechos, indemnizaciones o acreencias laborales reclamadas en la presente causa; y así dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, de fecha veintitrés (23) de Septiembre del año 2014, por tal motivo mi representada con el propósito de dar por terminado el presente juicio, cancela en este acto al ciudadano A.J.P.J., en nombre de su representada, la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 120.000,oo), mediante Cheque emitido por el Apoderado Judicial General de LA EMPRESA Dr. A.F.Z., girado contra el banco Occidental de Descuento, Oficina Ciudad Ojeda, girado contra la Cuenta Corriente numero 0116-0108-15-2108010102, Cheque distinguido con el número 29001273, de fecha 22 de Enero de 2013, a nombre de A.J.P.J., con la finalidad de cancelar los conceptos anteriormente mencionados, en este sentido el demandante, acepta el preconcebido ofrecimiento, y declara que la cantidad de dinero recibida en este acto constituye la cancelación total y definitiva de todos y cada uno de los conceptos a los que pudiera haberse hecho acreedor frente a la empresa que represento

.

En este sentido, el Juzgado Superior dejó constancia del acuerdo celebrado y mediante fallo interlocutorio de fecha 28 de enero de 2015, declaró el desinterés del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, ciudadano A.J.P.J. contra la decisión de fecha 23 de septiembre de 2014 dictada por este Tribunal, y consecuencialmente ordenó la remisión del presente asunto a los fines de que este Tribunal se pronuncie sobre el convenimiento celebrado por las partes en fecha 23 de enero de 2015 la cual corre inserto en el presente asunto en los folios 15 y 16 de la pieza No. 02, previa revisión exhaustiva y las consideraciones al respecto, para lo cual se ordena al Juzgador de la Primera Instancia proceda a la notificación de las partes con el fin de ponerlos en conocimiento del cumplimiento de lo ordenado por ese Tribunal; sin condenar en costas conforme el parágrafo único del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Al respecto, este Tribunal verifica de la revisión efectuada al convenimiento celebrado en fecha 23 de enero de 2015, que la parte demandante, debidamente representado por su apoderada judicial, expresa que está actuando libre de coacción y sin constreñimiento, y acepta la cantidad ofrecida por la parte demandada, por la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 120.000,00), con el fin de dar por terminado el presente asunto, la cual cubre la totalidad de los conceptos reclamados en el presente asunto en el escrito libelar, verificándose que la parte demandante actuó con la debida asistencia legal y que el representante judicial de la parte demandada se encontraba debidamente facultado, manifestando estar concientes de los efectos de la presente transacción judicial, por lo cual reconocen y aceptan la forma de pago, mediante Cheque emitido por el Apoderado Judicial General de la demandada, Dr. A.F.Z., girado contra el Banco Occidental de Descuento, a la Cuenta Corriente Nro. 0116-0108-15-2108010102, distinguido con el Nro. 29001273, de fecha 22 de enero de 2015, con la mención “No Endosable”; el cual declara recibir a su entera satisfacción, cuya copia simple fue consignada, debidamente firmada y con sus respectivas huellas dactilares; reconociendo igualmente el carácter de cosa juzgada de la presente transacción a todos los efectos legales, solicitando finalmente su homologación y, una vez se de cumplimiento con la segunda parte del pago, declare terminado el procedimiento que cursa por ante este Juzgado, así como el archivo del expediente.

Al respecto, este Tribunal procede entonces a impartir su aprobación y homologar el anterior acuerdo efectuado con el fin de dar por terminado el presente proceso, previas las siguientes consideraciones:

La transacción, el desistimiento y el convenimiento son instituciones jurídicas de naturaleza procesal de que se valen los justiciables para poner fin al litigio y/o el proceso, sin haberse producido la sentencia o máxima decisión procesal o una vez dictada antes de adquirir el carácter de cosa juzgada o después de ello en fase de ejecución de la misma, de manera voluntaria y acordada unilateral o bilateralmente por las partes, toda vez, que el proceso civil está regido por el principio dispositivo y que se trate de derechos disponibles donde no esté interesado el interés u orden público; es lo que se conoce, en la doctrina como “Modos Anormales de Terminación del Proceso”.

En este sentido, es necesario aclarar que, según J.V.S.O., la institución del convenimiento contrasta con la transacción judicial, ya que el primero supone una concesión total de una parte frente a la otra, en tanto que en el segundo, las partes hacen mutuas o recíprocas concesiones sobre el objeto del litigio, tal y como lo prevé el artículo 1.713 del Código Civil. (El P.L. y sus Instituciones. Año 2007).

Igualmente, es importante señalar que en materia laboral se debe partir de un principio fundamental y que dirige no solo los contratos de trabajo, no solo la voluntad de las partes (trabajador-patrono), sino que dirige igualmente las actuaciones jurisdiccionales, como es el Principio de la Irrenunciabilidad de los derechos laborales, como lo establece el artículo 5° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En efecto, en el marco del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ordinal 2° establece que los derechos laborales son irrenunciables, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos; por lo cual, las partes y el órgano jurisdiccional se someten a esta norma y principio superior declarando la nulidad e invalidez de cualquier acto efectuado por las partes o por el órgano, que convaliden la renuncia de derechos laborales. Dicho precepto establece:

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: (omissis)

2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

A tenor de lo antes expuesto, se evidencia que los requisitos necesarios para homologar el convenimiento efectuado en un proceso, contrastan con los exigidos para las transacciones judiciales, requiriendo la suficiente capacidad para efectuar acuerdos judiciales y siempre que se hagan en materias donde no estén prohibidas las transacciones; y con ello, se hace necesaria las exigencias establecidas en el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, que preceptúa lo siguiente:

La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante un funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada

.

Por su parte, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, expresa lo siguiente:

De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos…

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Tal y como se desprende de las normas antes transcritas, el derecho laboral ha sometido la posibilidad de celebrar convenimientos o transacción a rigurosos requisitos encaminados a asegurar la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. De esta manera, se exige que el convenimiento conste por escrito, que sea circunstanciado, con especificación de los derechos en ella comprendidos; y siempre que se trate de derechos litigiosos o discutidos; y se efectúe por ante funcionario administrativo o judicial autorizado que constate y haga constar que el trabajador actuó libre de constreñimiento o presión.

En el presente asunto, se observa que el convenimiento bajo análisis versa sobre derechos litigiosos derivados de la relación de trabajo que unió al ciudadano A.J.P.J. con el grupo de empresas ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY, S.A. (Z&P) y CONSORCIO GASODUCTO VENEZOLANO COLOMBIANO (CONSORCIO G.V.C.), que ambas partes decidieron en forma libre, espontánea y sin coacción alguna realizar el convenimiento antes expuesto, y que tanto el trabajador demandante, como la parte demandada se encontraban concientes sobre el alcance y las consecuencias jurídicas del acuerdo celebrado entre ellas, así como las ventajas y desventajas del mismo, y aún cuando la diligencia suscrita por ante el Tribunal Superior es muy escueta, no es menos cierto que constan de las actas procesales los términos en que fue planteada la pretensión de la parte actora, lo que evidencia en cuanto a la motivación del convenimiento y derechos comprendidos, que dicho convenio se ha hecho para poner fin al juicio y se refieren a los plasmados en el libelo de demanda; verificándose finalmente que en dicho convenimiento la parte demandante actuó con la debida asistencia legal; y que la parte demandada actuó mediante su apoderada judicial constituida en este asunto, y que se encuentra debidamente facultada conforme a documentos poder rielados a los folios Nros. 56 al 68 de la Pieza Principal Nro. 1; en consecuencia, éste Tribunal de Instancia considera procedente en derecho HOMOLOGAR el convenimiento celebrado judicialmente entre las partes en esta causa, se le imparte el carácter de COSA JUZGADA, se declara TERMINADO el proceso; y finalmente se ordena el ARCHIVO del expediente en virtud de constar en las actas procesales el cumplimiento total del acuerdo transaccional celebrado. ASÍ SE DECIDE.

PARTE DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO celebrado en el juicio que por cobro de INDEMNIZACIONES POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL, DAÑO MORAL, LUCRO CESANTE Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, sigue el ciudadano A.J.P.J. en contra del grupo de empresas ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY, S.A. (Z&P) y CONSORCIO GASODUCTO VENEZOLANO COLOMBIANO (CONSORCIO G.V.C.), antes identificados. SEGUNDO: La COSA JUZGADA en el presente asunto. TERCERO: TERMINADO el presente proceso y se ordena el ARCHIVO del expediente en virtud de haberse verificado en actas el cumplimiento total del acuerdo celebrado. CUARTO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de lo aquí decidido, de conformidad con el Parágrafo Único del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. QUINTO: Se ordena notificar a la Procuraduría General de la República de lo aquí decidido mediante oficio acompañado de copia certificada del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Se ordena expedir copia certificada de esta sentencia por secretaría, a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil y Numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, OFÍCIESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas. En Cabimas, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de dos mil quince (2015). Año: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

Abg. J.D.P.B.

JUEZ 1° DE JUICIO

Abg. D.A.

LA SECRETARIA

NOTA: En esta misma fecha, siendo las 11:46 a.m. se dictó y publicó la anterior Sentencia Interlocutoria con fuerza de Definitiva.

Abg. D.A.

LA SECRETARIA

JDPB/

VP21-L-2013-000027.-

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