Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 9 de Julio de 2014

Declara IMPROCEDENTE la demanda de desalojo y cumplimiento de contrato intentada por el ciudadano A.G.R., contra el ciudadano C.A.C.A., y solidariamente contra el ciudadano O.E.C.A., todos identificados supra.

Se condena a la parte actora al pago de las costas del juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil…”.

VII

APELACIÓN INTERPUESTA

En fecha 7 de octubre de 2010, la abogada: M.N.A.V., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 112.698, en su carácter de co-apoderada judicial de la parte actora, ciudadano: A.G.R., interpuso recurso de apelación.

En fecha 22 de octubre de 2010, el Juzgado a quo oyó la apelación en ambos efectos, y ordenó su remisión a esta alzada, con oficio n° 856.

VIII

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Planteado el presente caso, cuyo reexamen ha sido sometido por vía de apelación al conocimiento de esta Superioridad en los términos establecidos, la cuestión a dilucidar por esta Alzada consiste en determinar si la decisión de la Jueza a quo, según la cual declaró improcedente la demanda de desalojo de inmueble, se encuentra o no ajustada a derecho, y en consecuencia si resulta procedente confirmar, revocar o modificar dicho fallo.

IX

LÍMITES DE LA CONTROVERSIA

Y CARGA DE LA PRUEBA

Revisados tanto los términos del libelo de la demanda, como el escrito de contestación de la misma, se ha verificado que la parte actora alegó la existencia de un contrato de arrendamiento que comenzó siendo a tiempo determinado sobre el inmueble que está constituido por un (1) apartamento distinguido con el n° 3, tercer (3er) piso del Edificio “Gende”, el cual se encuentra ubicado en la Avenida Libertad entre las calles 5 de Julio y Arzo.M.d. esta ciudad de Barinas estado Barinas; así mismo el ciudadano O.E.C.A., se constituyó en fiador solidario y principal pagador de todas las obligaciones contraídas por el mencionado arrendatario.

Adujo de igual modo, que el canon mensual de arrendamiento establecido contractualmente fue la cantidad de: cuatrocientos mil bolívares (Bs. 400.000.oo), que debía ser pagado en forma mensual y consecutiva, de manera anticipada dentro de los quince (15) días de cada mes, a partir del día 15 de agosto de 2001, con una vigencia determinada de un (1) año a partir del día 15 de agosto 2001 hasta el día 15 de agosto de 2002. Así mismo, se estableció que el contrato podía ser prorrogado por un (1) periodo igual, de mutuo acuerdo, previo convenio en el monto del nuevo canon de arrendamiento, y que fue así como a partir del 15 de agosto de 2002, se convino en un nuevo canon de arrendamiento en la cantidad de seiscientos mil bolívares (Bs. 600.000,oo) y se prorrogó por un año más. Que no obstante, de conformidad con la ley al no haberse producido oportunamente el desahucio, se verificó la reconducción tácita del contrato y por tanto, el mismo paso a ser contrato a tiempo indeterminado.

Sostuvo además que el arrendatario no ha pagado por si, ni por persona que obrara en su nombre –ni tampoco lo ha hecho el fiador- el canon correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2005, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2006, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2007, y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2008; por lo que en consecuencia, el arrendatario y solidariamente el fiador adeudan todas la pensiones arrendaticias causadas en el referido período de treinta y ocho (38) meses consecutivos

Que por todo ello, demanda el desalojo del inmueble arrendado y las pensiones de arrendamiento causadas mas no cumplidas, desde el día 15 de octubre de 2005 hasta el día 12 de diciembre de 2008; es decir, 38 pensiones arrendaticias mensuales aún no pagadas, que allí describió.

Por su parte, el accionado ciudadano C.A.C. opuso la cuestión previa de inepta acumulación de pretensiones, la perención breve y además rechazó, negó y contradijo en todas y cada una de su partes el contenido de las pretensiones esgrimidas por la parte actora, por no ser ciertos los hechos narrados, ni el derecho en la misma.

Así mismo, el co-demandado O.C.A., invocó la falta de cualidad e interés para sostener el presente juicio, alegando que la garantía de su fianza no se extiende a la prórroga del contrato.

De igual modo rechazó, negó y contradijo, en todas y cada una de sus partes el contenido íntegro de las pretensiones plasmadas en la carta libelar, por no ser ciertos los hechos narrados, ni el derecho invocado en la misma; y solicitó se declare la inadmisibilidad de la demanda por la evidente falta de cualidad e interés, toda vez que la cualidad es un presupuesto necesario y válido para la existencia de la acción, de conformidad con los artículos 16 y 361 del Código de Procedimiento Civil.

Seguidamente pasa esta Superioridad, a analizar y valorar los medios probatorios promovidos por las partes:

X

DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

De la parte actora:

 Reprodujo el valor y mérito probatorio del original de contrato privado de arrendamiento, celebrado entre los ciudadanos: A.G.R., denominado “El Arrendador” y el ciudadano: C.A.C.A., denominado “El Arrendatario”, de un (1) inmueble (apartamento) identificado con el n° 3, tercer (3er) piso del Edificio “Gende” ubicado en la Avenida Libertad entre las calles 5 de Julio y Arzo.M.d. la ciudad de Barinas estado Barinas. (Marcada “A”, folio 18 y 19).

Respecto a esta documental este tribunal lo analizará y valorará más adelante en el presente fallo.

 Promovió los siguientes documentos:

1) Original de solicitud n° 1.429, efectuada por la abogada: Y.N.Á., actuando en descargo del ciudadano A.G.R., ante el Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, quien certificó en fecha 7 de mayo de 2009, que revisados minuciosamente los libros de registro de consignaciones arrendaticias y control de cuentas de ahorro, llevados por ese Tribunal, se constató que no existe (desde el mes de octubre del año 2005) consignación arrendaticia alguna efectuada por los ciudadanos C.A.C.A., O.E.C.A., a favor de su representado, por concepto de pago de arrendamiento. (Folios 111 al 115).

2) Original de solicitud n° 09-13.100, efectuada por la abogada: Y.N.Á., actuando en descargo del ciudadano A.G.R., ante el Juzgado Primero del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, quien certificó en fecha 7 de mayo de 2009, que revisados los libros diarios de trabajo, auxiliar de bancos, cuentas de ahorro y consignaciones, llevados por ese Tribunal, se observó que en los mismos no aparece registrada desde el mes de octubre del año 2005 hasta la fecha de solicitud consignación de dinero alguno efectuada por los ciudadanos C.A.C.A., O.E.C.A., a favor de su representado, por concepto de pago de arrendamiento. (Folios 116 al 120).

En cuanto a los documentos antes referidos, debe acotar esta Superioridad, que se observa que los mismos son de naturaleza procesal, expedidos por funcionario público competente, denominados por la doctrina como documentos de “ciclo estatal cerrado” en virtud de que emanan del funcionario jurisdiccional; por lo que se les otorga pleno valor probatorio para dar por demostrado que el arrendatario del inmueble objeto del contrato de arrendamiento identificado con el n° 3, tercer (3er) piso del Edificio “Gende” ubicado en la Avenida Libertad entre las calles 5 de Julio y Arzo.M.d. la ciudad de Barinas estado Barinas, no consignó pensiones arrendaticias a favor del actor de autos ciudadano A.G.R., en los tribunales de municipio antes identificados. Y así se declara.

 Solicitó Inspección Judicial del inmueble, a los fines de que se constate las condiciones en que se encuentra el inmueble, su estado físico entre otros. En fecha 14 de agosto de 2009, mediante auto el Tribunal a quo, no admitió esta prueba por considerarla manifiestamente impertinente. La co-apoderada judicial de la parte actora, abogada: Y.N.A. apeló de dicho auto en fecha 14 de agosto de 2009, el cual fue oído en un solo efecto por auto de fecha 23 de septiembre de 2009, el cual fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 894 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de ello, no existen elementos probatorios que valorar al respecto. Y así se declara.

Medios probatorios de la parte demandada:

 Promovió el valor y mérito jurídico del documento de venta, donde los ciudadanos J.F.C.F. y M.J.A.d.C., dan en venta, bajo régimen de propiedad horizontal al ciudadano: C.A.C.A., un apartamento distinguido con la letra y número B-1, el cual forma parte del edificio “Euroven”, ubicado en la Avenida Industrial, frente al Matadero Municipal, Municipio Barinas estado Barinas, debidamente protocolizado ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autónomo Barinas del Estado Barinas, quedando registrado en fecha 01 de agosto de 2006, bajo el n° 07, Folio 34 al 35 del Protocolo Primero, Tomo Dieciséis (16), Principal y Duplicado, Tercer Trimestre del año 2006. (Marcada “A”, folios 125 y 126).

Al documento antes señalado, se le otorga valor probatorio como documento privado de fecha cierta, para dar por demostrado que el ciudadano C.A.C.A., adquirió el inmueble que ahí se describe, y en la fecha en que quedó registrado en la oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Barinas. Y así se declara.

 Promovió el valor y mérito jurídico de copia simple de recibos de condominio n° 015, de fecha 1 de abril de 2007, del Edificio Residencial Euroven, del apartamento B-1, piso 2, copropietario C.C., periodo de pago del 1 de marzo de 2007 al 31 de marzo de 2007, y copia de dos recibos de fechas 8 de marzo de 2007 y 11 de abril de 2007, por un monto de Bs. 105.000,oo y Bs. 180.000,oo respectivamente. (Marcados “B y B-1”, folios 127 y 128).

Respecto a los recibos promovidos, se observa que los mismos fueron traídos a los autos en copia simple, lo que trae como consecuencia que deban inexorablemente ser desechados de este juicio, en virtud de que solo pueden ser traídos a un juicio en copia simple los documentos públicos, los documentos reconocidos o tenidos legalmente como reconocidos, todo de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; y los recibos de la junta de condominio en modo alguno constituyen documentos de la naturaleza antes acotada. Y así se declara.

 Promovió el valor y mérito jurídico de copia simple de denuncia 0118, ante la Oficina Procesadora de Accidente con Daños Materiales del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, por el ciudadano: C.A.C.A., en fecha 8 de marzo de 2007. (Marcada “C”, folio 129).

En cuanto a la documental promovida, valen las mismas consideraciones vertidas en la valoración de la documental anterior, en el sentido de que la misma es una copia simple, y el legislador autoriza a producir en copia simple solo los documentos públicos, los documentos reconocidos o tenidos legalmente como reconocidos, en atención a ello, siendo que el documento no reviste el carácter de documento público o reconocido, el mismo debió ser traído en original, en ese sentido se establece que se desecha del presente procedimiento por carecer de valor probatorio alguno. Y así se declara.

 Promovió el valor y mérito jurídico de estados de cuentas de Tarjetas de Crédito, de los Bancos Sofitasa y Bancaribe, correspondientes al ciudadano: C.A.C.A., residenciado en el Edificio Euroven, Piso 2, Apartamento B-1, Avenida Industrial Barinas. (Marcadas “D, E, F y G”, folios 130 al 133).

En idéntico orden de ideas, se ha verificado que los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que el accionado mantiene en los bancos Sofitasa y Bancaribe, fueron traídos en copia simple, y en estricta aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, los mismos deben ser desechados de este juicio, por no tratarse de documentos públicos, documentos reconocidos o tenidos legalmente como reconocidos. Y así se declara.

 Promovió los testimoniales de los ciudadanos: R.A.B. y J.M.S.B.. En fecha 23 de septiembre de 2009, oportunidad fijada el Tribunal a quo declaró desierto el acto por la incomparecencia de los testigos promovidos. (Folios vto.135 y 136).

Se ha constatado que los testigos promovidos no rindieron declaración en el día y hora fijados, en virtud de ello, no existen elementos probatorios que valorar al respecto. Y así se declara.

 Solicitó se oficiara al Presidente de la Junta de Condominio del Edificio Residencial Euroven, a los fines de que informe al tribunal sobre la ocupación del apartamento B-1, piso 2, con una breve reseña de la fecha de ocupación. En fecha 22 de septiembre de 2009, el Tribunal a quo libró oficio n° 1048. Se recibió respuesta según oficio S/N, firmado por el ciudadano E.V., Presidente de la Junta de Condominio del Edificio Euroven, quien informó que el mencionado apartamento lo ha ocupado personalmente el ciudadano: C.C.A. desde principios de enero de 2006 hasta los actuales momentos (Folio 138).

En relación a la prueba de informes recibida de la Junta de Condominio del Edificio Euroven, en la que comunica que el ciudadano C.C.A. ha ocupado personalmente el inmueble del edificio Euroven, se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

PUNTO PREVIO:

Cuestión previa por inepta acumulación de pretensiones.

Debe también esta Superioridad revisar y analizar la cuestión previa opuesta por el apoderado judicial de la parte accionada, en relación a la inepta acumulación de acciones realizada por la parte actora en el presente procedimiento, en virtud de haber demandado simultáneamente el desalojo del inmueble arrendado por insolvencia del arrendatario, el pago de los cánones insolutos, la restitución del inmueble arrendado, intereses de mora y la indexación de las cantidades adeudadas por concepto de pensiones arrendaticias.

Afirmó el abogado F.M.R.G., que la parte actora ejerció todas estas acciones señaladas en el párrafo anterior de manera acumulativa; y que esas pretensiones se excluyen, que son contrarias a derecho y en virtud de ello invocó los artículos 77 y 78 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 346 ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil; solicitando que se declare la inepta acumulación de pretensiones.

Ahora bien, frente a los alegatos expuestos por el apoderado judicial de la parte demandada, debe señalarse que es perfectamente posible acumular la demanda de desalojo lo que trae como consecuencia la restitución o entrega del inmueble en cuestión si la demanda se declarara con lugar; exigir también el pago de los cánones de arrendamiento insolutos derivados del uso, goce y disfrute del inmueble arrendado, y además de ello peticionar el pago de los intereses moratorios.

El artículo 33 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, establece:

Las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, reintegro de depósito en garantía, ejecución de garantías, prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se sustanciarán y sentenciarán conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto¬-Ley y al procedimiento breve previsto en el Libro IV, Título XII del Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía

.

Lo primero que tenemos que decir en el caso sub iudice; es que puede ser demandado de manera simultánea el desalojo de un inmueble y el pago de los cánones de arrendamiento insolutos, en virtud que de conformidad con el artículo ut supra transcrito todas las pretensiones derivadas de una relación arrendaticia se sustancian y tramitan por el procedimiento breve; aunado al hecho de que si se demanda el desalojo de un inmueble como es el caso que nos ocupa, la consecuencia directa de la demanda de desalojo (si se declarara con lugar) lo sería la entrega o restitución del inmueble arrendado, por lo que no encuentra esta juzgadora asidero legal alguno que establezca que ambas pretensiones se excluyan.

Por otro lado, no comparte esta Superioridad, el parecer según el cual si el contrato queda terminado por efectos del desalojo del inmueble, por ello no sea posible reclamar los cánones vencidos, pues esto no es cierto, en atención a que la naturaleza del contrato de arrendamiento es que es de tracto sucesivo, es decir, que el contrato de arrendamiento sólo logra el efecto perseguido con su celebración mediante la duración de la ejecución de las prestaciones.

Los efectos del desalojo de un inmueble, son ex nunc, vale decir, hacia el futuro, y no ex tunc, es decir hacia el pasado; por lo que si el arrendatario ha disfrutado y ha usado y se ha servido del inmueble arrendado, debe por ello pagar el canon de arrendamiento correspondiente.

Al criterio antes expresado, debemos acotar que constituiría un enriquecimiento sin causa, si una persona a quien por motivos legales se le exige el desalojo de un inmueble arrendado por insolvencia, no deba pagar los cánones de arrendamiento insolutos, esto constituiría además una enorme contradicción que no se encuentra a tono con el Estado Social de Derecho y de Justicia que promulga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por otro lado, tenemos que resaltar que el Tribunal Supremo de Justicia ha sentado el criterio que la indemnización por el uso del inmueble no es otra cosa que el reclamo de los cánones de arrendamiento insolutos, por lo que debemos concluir que es posible acumular la acción de desalojo y el pago de los cánones de arrendamiento adeudados, porque como ya hemos indicado es facultativo para el arrendador solicitar el desalojo y la indemnización por el uso del inmueble, y en modo alguno ambas acciones se excluyen por incompatibles. Debiendo este Juzgado dejar también aclarado que si el arrendatario ha incurrido en atraso en el pago de los cánones de arrendamiento, lo cual es una de sus principales obligaciones; nace en derecho los intereses moratorios que se generan precisamente de su falta de cumplimiento. Y ASÍ SE DECLARA.

En consecuencia, en virtud que todas las pretensiones que han sido esgrimidas en este juicio se sustancian y tramitan por el procedimiento breve, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de arrendamientos inmobiliarios, y atendiendo el criterio que la indemnización por el uso del inmueble no es otra cosa que el reclamo de los cánones de arrendamiento insolutos, y siendo que la falta de pago oportuno genera intereses moratorios de conformidad con la ley; y que las mismas pueden perfectamente acumularse, forzoso es concluir que el alegato de inepta acumulación esgrimido por el apoderado judicial defensor de la parte demandada Abg. F.M.R., debe ser desechado. Y ASÍ SE DECIDE.

PUNTO PREVIO

Contestación anticipada de la demanda

Preliminarmente se pronuncia este tribunal respecto a los escritos de contestación a la demanda presentados por los accionados de autos, en fecha 6 de agosto de 2009, ratificados por su apoderado judicial mediante diligencia suscrita en fecha 10/08/2009.

Nuestro M.T. en múltiples decisiones y entre ellas en sentencia de fecha 20 de julio del año 2007; dejó establecido que “…los actos procesales que son ejercidos anticipadamente, son tempestivos y por tanto válidos...”, y esto tiene su razón de ser en el hecho incontestable que al efectuar de manera anticipada un acto procesal como por ejemplo el de contestar la demanda, lo que devela es diligencia y presteza, y esto no puede ser en modo alguno sancionado o castigado catalogado como extemporáneo e ineficaz.

De tal forma que la contestación de la demanda realizada de manera adelantada debe considerarse tempestiva y válida en virtud de que no en modo alguno los derechos a la parte actora.

Siendo coherentes con el criterio que ha dejado expresado el Tribunal Supremo de Justicia tanto en la Sala Constitucional como en la Sala Civil; se puede dejar expresado en esta sentencia que ciertamente la contestación anticipada de la demanda, es un acto válido, en cualquier procedimiento.

En el caso de sub iudice; en estricta aplicación de los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el criterio de emanado de nuestro M.T. respecto a la validez y eficacia de los actos procesales realizados de manera adelantada; resulta forzoso considerar tempestivos, y por ende válidos, los escritos de contestación a la demanda presentados anticipadamente por los demandados ciudadanos C.A.C.A. y O.E.C.A.. Y ASÍ SE DECIDE.

PUNTO PREVIO

Falta de cualidad para sostener el presente juicio.

De igual forma de manera previa, debe esta Alzada analizar la defensa opuesta de falta de cualidad e interés para sostener este juicio del co-demandado de autos ciudadano: O.E.C.A..

En efecto, alegó el prenombrado co-demandado invocando el contenido del artículo 1.602 del Código Civil, que en materia de desalojo, no es procedente en derecho la reclamación solidaria del fiador arrendaticio, toda vez, que el desalojo implica en sí mismo, la existencia de un contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado, con motivo de la continuación de la relación arrendaticia por la expiración del tiempo fijo del contrato, por lo que, siendo que la garantía personal, estaba constituida para y durante el plazo del contrato suscrito a tiempo determinado, y no para su extensión o prolongación arrendaticia, dicha garantía o fianza dada durante el arrendamiento, no se extienden a las obligaciones resultantes de la prolongación del plazo dado en el contrato, que en virtud de ello, él no tiene cualidad o legitimatio ad-causam, ni interés jurídico actual para sostener en forma solidaria los embates de la presente pretensión de desalojo, a tenor del artículo 1.602 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 16 y 361 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, en relación a la defensa de fondo opuesta, podemos decir que la falta de cualidad para intentar o sostener el juicio se encuentra consagrada en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, y en atención a esta norma esta defensa puede hacerla valer el demandado en la oportunidad de contestar al fondo de la demanda, tal y como ha sucedido en el presente caso.

Por otro lado, el artículo 16 de la ley adjetiva indica:

“Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente. (Resaltado de este tribunal).

Diversas han sido las definiciones que se han dado en la doctrina de la falta de cualidad e interés, al respecto el maestro L.L., en su obra: Estudios de Derecho Procesal Civil, Universidad Central de Venezuela- Sección Publicaciones, Volumen XIII, en el capítulo IV “Contribución al Estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por Falta de Cualidad, señala lo siguiente:

La doctrina moderna del proceso ha tomado del derecho común la expresión legitimación a la causa (legitimatio ad causam) para designar este sentido procesal de la noción de cualidad, y distinguirla bien de la llamada legitimación al proceso (legitimatio ad processum); y según que aquella se refiera al actor o al demandado, la llama legitimación a la causa activa o pasiva (legitimatio ad causam activa et pasiva). Siguiendo el lenguaje empleado por el Legislador patrio en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil, podríamos muy bien distinguir ambas nociones de cualidad diciendo “cualidad para intentar o sostener el juicio”. Más brevemente todavía podrá decirse cualidad activa y cualidad pasiva.

Si la noción de cualidad que se ha dado anteriormente es exacta, aparece de manifiesto que ella denota sólo una relación de identidad lógica entre el efectivo titular de la acción y la persona que concretamente la ejercita. La cualidad expresa un modo de ser del derecho de acción; denota la relación en que se encuentran uno o más sujetos con la acción intentada; indica el lado subjetivo de la acción. Se trata, como he dejado apuntado, de una relación de identidad lógica entre la persona del actor y la persona a quien la ley concede la acción (cualidad activa); y de la persona del demandado, con la persona contra quien la acción es concedida (cualidad pasiva). En el primer caso, la cualidad no es un derecho, ni el título de un derecho, sino que expresa una idea de pura relación; en el segundo, no es una obligación, ni el título de una obligación, sino que expresa igualmente una idea de pura relación, y nada más.

En materia de cualidad, la regla es, que allí donde se afirma existir un interés jurídico sustancial propio que amerite la protección del órgano jurisdiccional competente, allí existe un derecho de acción a favor del titular de ese interés jurídico, quien tiene por ello mismo, cualidad para hacerlo valer en juicio; y que la persona contra quien se afirme ese interés en nombre propio tiene cualidad para integrar la relación procesal como sujeto pasivo de ella. El interés es la medida de la acción, dice un viejo adagio jurídico.

Sobre este mismo tema, Bernardo Loreto Yánez, en una conferencia dictada en las Jornadas Dr. J.S.N.A. en Maturín estado Monagas, en el mes de abril de 1992, recogida en la Revista de Derecho Probatorio 2, Director: J.E.C.R., Editorial Jurídica A.S., bajo el título “Breves Consideraciones sobre la Defensa de Falta de Cualidad y la Carga de la Prueba” afirmó:

En relación con la formación del contradictorio, todo ordenamiento contiene esquemas subjetivos abstractos que deben ser observados, los cuales están conformados por lo que se conoce como situaciones legitimantes, es decir, por una categoría jurídica diferenciable por su naturaleza de la titularidad de un derecho subjetivo, la cual sólo sirve para determinar quiénes pueden ser partes legítimas y obtener sentencia de fondo, favorable o desfavorable, en los casos a que las situaciones legitimantes se refieren. Habida cuenta de ello, la legitimación en la causa no es otra cosa que la coincidencia entre la situación legitimante prevista en la ley, con la situación jurídica en que el actor afirma encontrarse, según la configura en la pretensión que hace valer en la demanda.

Debe entenderse entonces, que cualidad o legitimatio ad causam, no es otra cosa que la relación jurídica existente entre el demandante en concreto y aquel a quien la ley da la acción, es decir, la posibilidad de pretender la satisfacción de la pretensión, y la posibilidad de sostener el juicio como demandado.

En el caso bajo estudio, observa esta Alzada que el co-demandado de autos ciudadano O.E.C.A., afirma no tener cualidad para sostener la demanda, invocando como fundamento de tal defensa el contenido del artículo 1.602 del Código Civil, que establece que las garantías o fianzas dadas no se extienden a las obligaciones resultantes de la prolongación del plazo; sin embargo; en el contrato de arrendamiento suscrito por las partes involucradas en el presente juicio, que se encuentra inserto en los folios 18 y 19 del presente expediente se lee:

…DÉCIMA TERCERA: Yo, O.E.C.A., venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad personal No. V-10.556.365, ingeniero, jurídicamente hábil y domiciliado en la ciudad de Barinas Estado Barinas; me constituyo en FIADOR SOLIDARIO y PRINCIPAL PAGADOR de todas las obligaciones contraídas por “EL ARRENDATARIO” frente a “EL ARRENDADOR” por efecto de la celebración de este contrato. Quedando convenido que “EL ARRENDADOR” no estará obligado a notificarme cualquier situación de mora, atraso o prórroga que presente o sea objeto de dicho contrato; correspondiéndome a mí mismo informarme de tales eventualidades en la dirección de “EL ARRENDADOR”; de modo que aun cuando no sea informado de cualquier prórroga que se celebre, se considerará que la he aceptado tácitamente, manteniendo mi responsabilidad solidaria hasta la definitiva cancelación total de las obligaciones correspondientes, así como la extinción del contrato y la relación arrendaticia. Podré pagar íntegramente las obligaciones afianzadas desde el propio día del vencimiento original y obtener simultáneamente la subrogación de los derechos de “EL ARRENDADOR”…

Como se observa de la transcripción parcial del contrato de arrendamiento, el fiador ciudadano O.E.C.A., de manera expresa y clara expresó y aceptó que a pesar de que no fuera informado de cualquier prórroga del contrato de arrendamiento, debía considerarse que la misma (la prórroga) había sido aceptada por él, manteniendo de este modo su responsabilidad solidaria (como fiador) hasta la definitiva cancelación total de las obligaciones correspondientes del señalado contrato de arrendamiento de inmueble; así de este modo, flexibilizó o dejó sin efecto el contenido del artículo 1.602 del Código Civil, que ahora invoca para basar en él la supuesta falta de cualidad e interés para sostener el presente juicio.

En efecto, el co-demandado de autos ciudadano O.E.C.A., pretende ahora alegar la no extensión de la garantía que supone su fianza personal, bajo el argumento de la prolongación del plazo del contrato de arrendamiento, omitiendo u obviando que él en el contrato de arrendamiento extendió su responsabilidad como fiador más allá del plazo que había sido fijado en dicho contrato; todo lo cual hecha por tierra la defensa de falta de cualidad e interés para sostener el presente juicio alegado por el ciudadano O.E.C.A., lo que trae como consecuencia que este tribunal deba declarar sin lugar la defensa de fondo alegada. Y ASÍ SE DECIDE.

PUNTO PREVIO:

De la perención breve.

A continuación revisa esta juzgadora la defensa de perención de la instancia opuesta por el co-demandado ciudadano C.A.C.A.; en este sentido se observa que el accionado afirma que no consta en autos que el accionante haya cumplido con la obligación de suministrarle al alguacil del Tribunal a quo, los medios o recursos necesarios para el logro de la citación de todos los co-demandados, una vez admitida la reforma de la demanda, con fundamento, invocando para ello el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

En principio debe señalarse que entiende este tribunal que la perención invocada por la parte accionada, se corresponde con la prevista en el ordinal 2º del artículo 267 del referido Código, que establece:

… También se extingue la instancia:

2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado

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El artículo bajo estudio, consagra la denominada institución de la “perención breve o especial”, que extingue el proceso, ya no por acto de parte sino por la omisión de actividad de ellas, por un cierto lapso previsto expresamente; por lo tanto deben concurrir o deben verificarse varios hechos para que se verifique de pleno derecho la perención breve, a saber: la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal.

En este orden de ideas, podemos reiterar que para que se materialice o se verifique la perención se requiere se cumplan tres condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el lapso de treinta días.

En los juicios que se hayan intentado, es carga del actor, cumplir con las obligaciones de ley para lograr la citación del demandado, que son: el pago de los derechos por concepto de arancel judicial y timbres fiscales; no obstante, en la actualidad la regulación legal referida a la cancelación de tales derechos es inconstitucional, ello en atención al principio de gratuidad establecido en el aparte único del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: “El Estado garantizará una justicia gratuita…”.

Hoy en día la obligación prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, se encuentra relacionada con la obligación de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia, tal y como lo señaló la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 06 de julio de 2004, en el expediente N° AA20-C-2001-000436, en la que dejó establecido que:

… la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en las que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación…

.

Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, y cuyo contenido comparte plenamente esta juzgadora, se colige que, la obligación del accionante se circunscribe a suministrar al alguacil los recursos o emolumentos necesarios para que dicho funcionario judicial practique la citación de la parte contraria, cuando ello deba realizarse en un lugar o sitio que diste a más de quinientos (500) metros de la sede del tribunal.

En el caso sub iudice; el actor en la reforma de la demanda, señaló como dirección para practicar la citación de la parte accionada, la siguiente: apartamento distinguido con el n° 3, tercer (3er) piso del edificio “Gende”, ubicado en la avenida Libertad, entre las calles 5 de Julio y Arzo.M.d. esta ciudad de Barinas, Estado Barinas; la cual se encuentra a más de quinientos (500) metros de la sede del tribunal de la causa, y en razón de ello el actor debía cumplir con la obligación legal de suministrar al alguacil de ese juzgado, los recursos o emolumentos necesarios, dentro del lapso legal estipulado al respecto, a los fines de materializar la citación de los demandados.

Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se observa que en fecha 12 de diciembre de 2008, el actor presentó escrito de reforma de la demanda, en los términos que ya han quedado expresados en este fallo; suscribiendo en esa misma fecha diligencia ratificando la presentada por la abogada Y.N.Á. el 10 de diciembre del año 2008; y consignó los emolumentos necesarios para el traslado del alguacil, a los fines de efectuar las citaciones respectivas.

Verificado la circunstancia antes referida; es decir, que el actor efectivamente consignó los emolumentos o recursos necesarios para el traslado del alguacil, a los efectos de practicar la citación de los demandados, en la misma oportunidad en que fue presentado el escrito de reforma de la demanda; es imposible sostener el criterio que luego de dictado el auto de admisión de la misma (de la reforma de la demanda), surgía otra vez la carga procesal para el demandante de consignar los recursos económicos necesarios para el traslado del alguacil; pues como se ha observado la parte actora fue diligente y cumplió a cabalidad con la obligación de consignar tales recursos con anterioridad al pronunciamiento del tribunal a quo; en razón de lo cual resulta improcedente la defensa de perención de la instancia esgrimida por el co-demandado C.A.C.A.. Y ASÍ SE DECIDE.

XI

MOTIVACIÓN

En el presente juicio se demandó el desalojo de inmueble, entrega o restitución del mismo; y el pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2005, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2006, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2007, y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2008; es decir, treinta y ocho (38) meses consecutivos de canon de arrendamiento; lo que equivale a la indemnización por el uso del inmueble arrendado.

Trabada la Litis tal y como quedó en la presente causa, de conformidad con el artículo 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba pesaba sobre la parte accionada, quien debía demostrar que no se encontraba incurso en la causal de desalojo invocada por la parte actora.

En relación a los efectos de los contratos, los artículos 1.159 y 1.160 del Código Civil, establecen:

Art. 1.159.- Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley.”

Art. 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la ley.”

En las actas procesales que conforman el presente expediente (folios 18 y 19 y sus vueltos), se observa original de contrato de arrendamiento de inmueble celebrado entre el ciudadano A.G.R., titular de la cédula de identidad n° E- 497.925, el ciudadano C.A.C.A., titular de la cédula de identidad n° V- 8.146.640 como arrendatario del inmueble, y el ciudadano O.E.C.A., titular de la cédula de identidad nº V- 10.556.365, debidamente firmado por vía privada, instrumental a la cual se le otorga pleno valor probatorio para dar por demostrado los hechos que contiene, en virtud, de que en modo alguno fue impugnado por la parte a quien se le opuso, todo de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil.

Ahora bien, en relación a la particularidad del tiempo, el Dr. G.G.Q., sostiene cuales son los elementos para su identificación: “El Plazo Fijo o Tiempo Determinado” vendría a ser esa longitud temporal, específica y concreta, perfectamente establecida en el contrato de modo exacto, que permite a las partes conocer de antemano cuando se inicia la relación obligatoria y el momento de su terminación. En cambio en el contrato por Tiempo Indeterminado sería todo lo contrario, con la diferencia que sí se conoce cuando comienza la relación arrendaticia. (Citado por: J.L.V. en su obra: Análisis a la Nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Editorial Sophytex, S.A. Caracas 2004. Pág.99).

La doctrina por su parte, ha clasificado los contratos de arrendamiento en: contrato a tiempo indeterminado, contrato a tiempo fijo o determinado renovable, y contrato a tiempo determinado no renovable o improrrogable.

Los contratos a tiempo indeterminados, son aquellos en los cuales las partes no han establecido el tiempo de duración del contrato de manera que no sabe, cuanto habrá de durar el mismo. Por su parte, los contratos a tiempo fijo o determinado, son aquellos en los cuales las partes han establecido el tiempo de duración de los mismos, y convienen además en la prórroga del contrato; y por último, los contratos a tiempo determinado no renovable o improrrogables, es decir, los que no tienen previsto prórroga alguna.

En relación a los contratos, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en una sentencia de vieja data, señaló lo siguiente:

El contrato de arrendamiento a tiempo determinado es aquel que es celebrado por las partes con una previsión o lapso de duración fijo, que además dicho lapso fijo puede ser prorrogado por las partes, bien por acuerdo en el mismo contrato inicial o por acuerdo posterior. Usualmente estos contratos son escritos, pues es la prueba que las partes tienen para demostrar el lapso de duración que pactaron.

El contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado es aquel por lo general verbal, pues no puede probarse su lapso de duración, o de hecho no se estipulo por los contratantes. También es aquel, que nació en su día a tiempo determinado, pero una vez vencido (cumplido el lapso de duración sin previsión de prórroga, o habiendo sido notificada la no prórroga) el arrendador deja en posesión del inmueble al inquilino y le recibe el canon de arrendamiento…

(Jurisprudencia Venezolana. Ramírez & Garay. Tomo CXLII.1997. Primer Trimestre. 20 de septiembre de 1997. Pág. 405-407).

Del documento de arrendamiento suscrito por las partes involucradas en la presente litis; emerge de manera clara e inequívoca, que el plazo de duración de la relación arrendaticia fue pactada por un año, vale decir, del 15 de agosto del año 2001, hasta el 15 de agosto del año 2002; conviniendo las partes de manera expresa que el contrato de arrendamiento podía ser prorrogado por una sola vez, tal y como se evidencia en la cláusula quinta del mismo; lo que trajo como consecuencia que el indicado contrato de arrendamiento que nació a tiempo determinado se convirtiera a tiempo indeterminado, dado que tiene previsto una sola prórroga.

El artículo 34 literal a, del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, establece lo siguiente:

Art. 34.- Sólo podrá demandarse, el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado, cuando la acción se fundamente en cualquiera de las siguientes causales:

1. Que el arrendatario haya dejado de pagar el canon de arrendamiento correspondiente a dos (2) mensualidades consecutivas.

Por otro lado, el Art. 51 de la Ley especial que rige la materia, indica:

Cuando el arrendador de un inmueble rehusare expresa o tácitamente a recibir el pago de la pensión de arrendamiento vencida de acuerdo con lo convencionalmente pactado, podrá el arrendatario o cualquier persona debidamente identificada que actúe en nombre y descargo del arrendatario, consignarla por ante el Tribunal de Municipio competente por la ubicación del inmueble, dentro de los quince (15) días continuos siguientes al vencimiento de la mensualidad.

(Resaltado de este Tribunal)

En el presente caso, se ha constatado que en el presente expediente consta copia certificada de constancias expedidas por los Juzgados Primero y Segundo del Municipio Barinas, en las cuales certificaron en fecha 7 de mayo del año 2009, que revisaron minuciosamente los libros de registros de consignaciones arrendaticias y control de cuentas de ahorro, llevados por esos tribunales y constataron que desde el mes de octubre del año 2005 hasta esa fecha (7/10/2009) no existían consignaciones arrendaticias a favor del actor de autos, efectuadas por los ciudadanos C.A.C.A. y O.E.C.A., documentos a los cuales se les otorga pleno valor probatorio como documentos procesales de “circuito estatal cerrado”.

Por otro lado, la parte accionada en cuanto al alegato esgrimido por la parte actora de la falta de pago de los cánones de arrendamiento, lejos de invocar su solvencia u oportuno pago, se limitó a afirmar que él ya había hecho entrega del inmueble arrendado a su correspondiente arrendador propietario; hecho este que en modo alguno probó, en virtud de que para demostrar tal afirmación solo trajo un documento de propiedad de un inmueble a su nombre, hecho este que por sí solo no demuestra que hizo entrega del inmueble arrendado al arrendador; y en cuanto a la prueba de informes rendida por la Junta de Condominio del Edificio Euroven, quien notificó que el apartamento señalado con el número B-1, situado en el segundo piso del edificio Euroven lo ha ocupado personalmente el ciudadano: C.C.A. desde los primeros días de del mes de enero del año 2006, si bien es cierto esto demuestra que el co-demandado ha ocupado el inmueble de su propiedad, esto no prueba en forma alguna que él (el arrendatario) haya cumplido con el deber de entregar el inmueble arrendado a su propietario arrendador, porque este último hecho (la restitución del inmueble) debe ser probado de manera contundente a través de los distintos medios probatorios que a su disposición tenía la parte demandada, como lo sería por ejemplo un acta de entrega y recepción del inmueble, que es lo usual y frecuente en estos casos.

En efecto, puede suceder que una persona que es arrendataria adquiera un inmueble y lo ocupe, sin embargo, esto no demuestra que haya hecho entrega efectiva del inmueble arrendado, porque puede incluso haberlo abandonado y en ese caso las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento subsisten, entre ellas, la de pagar el canon correspondiente.

La consecuencia del no pago de los cánones de arrendamiento, es la mora o atraso en el cumplimiento de una de las principales obligaciones de arrendatario, tal y como lo prevé el artículo 1.592 del Código Civil, que establece que el arrendatario tiene dos obligaciones principales: servirse de la cosa y pagar la pensión de arrendamiento, siendo esto así podemos señalar que en el caso bajo estudio el arrendatario incumplió con su obligación de cancelar oportunamente los cánones de arrendamiento.

Siendo que en el presente caso, quedó plenamente demostrado que el arrendatario incumplió con su obligación de cancelar los cánones de arrendamiento oportunamente, forzoso es concluir que la presente demanda de desalojo y pago de cánones de arrendamiento insolutos, que no es otra cosa que la indemnización por el uso del inmueble arrendado debe ser declarada con lugar, de conformidad con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 1.592, 1.159, y 1.160 del Código Civil, y literal “a” del artículo 34 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; y por ende se ORDENA la entrega o restitución del inmueble arrendado al propietario arrendador. Y ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia, se CONDENA a la parte demandada a cancelar los cánones de arrendamiento insolutos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2005, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2006, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2007, y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2008; por lo que en consecuencia, se adeuda al arrendador treinta y ocho (38) meses consecutivos, a razón de: cuatrocientos mil bolívares (Bs. 400.000,oo) de los antiguos, hoy a razón de: cuatrocientos bolívares fuertes (Bs. 400,oo); en virtud de que ese es el canon de arrendamiento que fue convenido en el contrato de arrendamiento, y no existe prueba alguna en este juicio, que demuestre que las partes convinieron el canon de arrendamiento que invocó la parte actora en el libelo de la demanda; y se condena al pago de los cánones de arrendamiento que se hayan vencido en el transcurso de este juicio y los que se sigan venciendo hasta que la presente sentencia quede definitivamente firme. Y ASÍ SE DECIDE.

También se CONDENA a la parte demandada a cancelar los intereses moratorios que se hayan generado sobre la cantidad que se adeude por concepto de cánones de arrendamiento insolutos fijados en el párrafo anterior, desde el 12 de noviembre de 2008 (fecha de admisión de la demanda), hasta que la presente sentencia quede definitivamente firme, para ello, se ORDENA una EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, en la que se deberán tomar los parámetros siguientes:

I) La cantidad sobre la cual se debe hacer el cálculo de los intereses moratorios es sobre la cantidad que resulte de sumar los cánones de arrendamiento insolutos a razón de: cuatrocientos bolívares (Bs. 400,oo) mensuales, desde el mes de octubre de 2005 hasta que la presente sentencia quede definitivamente firme.

II) El lapso que deberá ser computado a los fines de calcular los intereses moratorios es desde el 12 de noviembre del año 2008, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme.

III) El interés que debe ser aplicado es el uno por ciento (1%) mensual sobre la cantidad adeudada.

En cuanto a la indexación peticionada por la parte actora, la misma debe ser negada por este Tribunal, por cuanto en este mismo fallo se acordó el pago de los intereses por la mora en el pago de los cánones de arrendamiento insolutos. Y ASÍ SE DECIDE.

Por todos los motivos de hecho y de derecho que han quedado expresados, en este fallo este Tribunal Superior declara con lugar el recurso de apelación, se declara parcialmente con lugar la demanda de desalojo interpuesta, y se revoca la decisión apelada en los términos que ya han sido expuestos. Y ASÍ SE DECIDE.

XII

D E C I S I Ó N

Por los motivos de hecho y de derecho antes expresados, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos:

Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada: M.N.A.V., venezolana, mayor de edad, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 112.698, en su carácter de co-apoderada judicial del ciudadano: A.G.R., contra la sentencia definitiva dictada en fecha 5 de octubre de 2010, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, contentivo del juicio de Desalojo, que se tramita en el expediente n° 08-8975-CE de la nomenclatura interna de ese Tribunal.

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de desalojo, interpuesta por el ciudadano: A.G.R., contra los ciudadanos: C.A.C.A. y O.E.C.A.; en virtud de ello, se ORDENA el desalojo y la entrega o restitución del inmueble y los bienes muebles que también forma parte del contrato de arrendamiento al propietario arrendador y/o a sus apoderados judiciales.

Se declaran SIN LUGAR la cuestión previa de inepta acumulación opuesta por el co-demandado: C.A.C.A..

Se declaran sin lugar la PERENCIÓN BREVE invocada por el co-demandado C.C.A.. Y se declara SIN LUGAR la defensa de fondo de falta de cualidad e interés para sostener el presente juicio opuesta por el co-demandado O.E.C.A..

En consecuencia, se ORDENA el desalojo y entrega del inmueble arrendado en las mismas condiciones en que lo recibió consistente en un (1) apartamento identificado con el número tres (3), perteneciente al tercer piso del Edificio Gende, ubicado en la avenida Libertad entre calles cinco (5) de Julio y Arzo.M.d. esta ciudad de Barinas, Municipio Barinas del estado Barinas.

Se CONDENA a la parte demandada; al pago de los cánones de arrendamiento insolutos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2005, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2006, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2007, y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2008; es decir treinta y ocho (38) meses consecutivos, a razón de: cuatrocientos mil bolívares (Bs. 400.000,oo) de los antiguos, hoy a razón de: cuatrocientos bolívares fuertes (Bs. 400,oo); que es el canon de arrendamiento fijado en el contrato de arrendaticio; y se CONDENA al pago de los cánones de arrendamiento que se hayan vencido en el transcurso de este juicio y los que se sigan venciendo hasta que la presente sentencia quede definitivamente firme.

Se CONDENA a la parte demandada a cancelar los intereses moratorios que se hayan generado sobre la cantidad que se adeude por concepto de cánones de arrendamiento insolutos fijados en el párrafo anterior, desde el 12 de noviembre de 2008 (fecha de admisión de la demanda), hasta que la presente sentencia quede definitivamente firme, para ello, se ORDENA una EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, en la que se deberán tomar los parámetros siguientes:

I) La cantidad sobre la cual se debe hacer el cálculo de los intereses moratorios es sobre la cantidad que resulte de sumar los cánones de arrendamiento insolutos a razón de: cuatrocientos (Bs. 400,oo) mensuales desde el mes de octubre de 2005 hasta que la presente sentencia quede definitivamente firme.

II) El lapso que deberá ser computado a los fines de calcular los intereses moratorios es desde el 12 de noviembre del año 2008, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme.

III) El interés que debe ser aplicado es el uno por ciento (1%) mensual sobre la cantidad adeudada.

Se REVOCA la decisión apelada, con la motivación expuesta.

Dada la naturaleza de la presente decisión, no ha lugar a las costas del juicio, por no haber prosperado totalmente la demanda.

En virtud de que el recurso de apelación prosperó no ha lugar a la condena en las costas del recurso.

Se ordena la notificación de las partes y/o a sus apoderados judiciales, por cuanto la misma se dictó fuera del lapso legal. Líbrense boletas.

Publíquese, regístrese y devuélvase al Tribunal de la causa en su oportunidad legal. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los nueve (9) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

La Juez Suplente Especial,

R.E.Q.A.

La Secretaria,

Abg. A.N.G.

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia. Conste.

La Scría.

Expediente n° 10-3243-C.B.

REQA/ang/sofias.-