Decisión nº PJ0042014000188 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 5 de Agosto de 2014

Fecha de Resolución: 5 de Agosto de 2014
Emisor:Juzgado Primero Superior del Trabajo
Número de Expediente:PP01-R-2012-000014
Ponente:Osmiyer José Rosales Castillo
Procedimiento:Consulta Obligatoria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial

del estado Portuguesa

Guanare, Cinco (05) de Agosto de dos mil catorce (2014).

203º y 154º

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA, LAS PARTES Y SUS APODERADOS

ASUNTO Nro.-: PP01-R-2012-000014.

DEMANDANTES: R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G. venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V- 11.080.123, 4.243.127, 11.399.848 y 8.063.429 respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LAS PARTES DEMANDANTES: Abogados ALEXANDRA PEDROZA, MALVIT ZARATE, MARVIEL SANTANA, HESLY MATOS Y D.A.N., J.B. inscritos en el Inpreabogado bajo el Nro.-122.186, 122.932, 109.253, 107.790 Y 123.440, 77.769 respectivamente.

DEMANDADO: ENTIDAD FEDERAL PORTUGUESA, representada por el ciudadano Gobernador W.C.S..

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS (CONSULTA OBLIGATORIA).

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.

DETERMINACIÓN DE LA CAUSA

Obra por ante esta alzada el presente expediente en virtud del recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos: R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G. parte recurrente en la presente causa, asistido por el abogado J.B. contra la decisión de fecha DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, (16/12/2011), dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa sede Guanare.

DEL DESISTIMIENTO

Recibido el presente expediente por ante esta alzada en fecha 25/07/2014, se procedió a fijar, por auto separado de esa misma data, la oportunidad legal, a los fines de celebrar la audiencia oral y pública de apelación para el día 09/07/2014, a las 11:00 a.m. (F.131).

Es el caso que llegada ésta oportunidad, este Juzgado reprograma la misma para el día 29 de Julio de 2014, a las 8:40 a,m; se efectuó el anuncio por parte del Alguacil adscrito al Tribunal dejándose constancia de la incomparecencia de las partes demandantes-recurrentes, ciudadanos: R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G. quienes no se hicieron presentes ni por sí, ni por medio de representante legal, alguno a exponer sus alegatos, tal como consta en acta de esa misma fecha (F.133 al 134) y en la reproducción audiovisual producto de la grabación correspondiente, la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se encuentran completa e íntegramente plasmados. En tal sentido, quien juzga pasa de seguidas a decidir en los términos siguientes:

Enunciado lo anterior, es importante resaltar, que la falta de comparecencia de cualquiera de las partes, o de ambas, a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia, afecta per se el ínterin procedimental y es por ello que el legislador ha establecido diferentes efectos legales en aquellos supuestos que pueden presentarse como consecuencia de la incomparecencia de los intervinientes en un juicio.

En efecto, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en lo concerniente al procedimiento en segunda instancia prevé el desistimiento del recurso como consecuencia jurídica del “incumplimiento de la carga de comparecer” por parte del apelante, tal como se encuentra establecido en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual dispone:

En el día y la hora señalados por el Tribunal Superior del Trabajo para la realización de la audiencia, se producirá la vista de la causa bajo la suprema y personal dirección del Tribunal. En el supuesto que no compareciere a dicha audiencia la parte apelante, se declarará desistida la apelación y el expediente será remitido al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente

(Fin de la cita. Negritas del Tribunal).

Por lo tanto, la obligación de las partes apelantes de concurrir a la audiencia por ante el Juzgado Superior se encuentra establecida únicamente para éste, en consecuencia, si no acudiese la otra parte, no prevé la norma ninguna consecuencia procesal, siendo así las cosas, sí el apelante incomparece, debe considerarse que desistió del recurso.

Así pues, subsumiendo lo antes expresado al caso sub iudice, es menester exaltar que la parte demandante-recurrente estando a derecho, no compareció a la audiencia oral y pública de apelación, ni por sí ni por intermedio de representante legal ni apoderado judicial alguno, evidenciándose, sin lugar a dudas, la pérdida del interés procesal en la consecución del procedimiento iniciado con la interposición del recurso de apelación, por lo que consecuencialmente quien juzga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se declara: DESISTIDA LA APELACION en virtud de estar verificada la incomparecencia de las partes recurrentes, ciudadanos: R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G.. Así se decide.

Por ser la parte demandada- no recurrente la entidad federal del estado Portuguesa, y tener los privilegios y prerrogativas del estado establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, procede este Juzgador en cumplimiento al principio de la celeridad y economía procesal, a someter la decisión objeto de apelación a consulta obligatoria de la siguiente manera:

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a éste Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en la ciudad de Guanare, verificar su competencia para conocer de la consulta de Ley, establecida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

De dicho artículo se desprende que toda decisión que resulte contraria a la pretensión, defensa o excepción de la República debe ser sometida a consulta obligatoria ante el Tribunal Superior Competente. En este sentido, hay que precisar que la revisión mediante consulta se ha de circunscribir al aspecto de la decisión que resultó contraria a los intereses de la República.

Siendo así, visto que dentro del ámbito de competencias de los Juzgados Superiores del Trabajo, se encuentra el conocimiento de las consultas interpuestas contra las decisiones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia de la referida materia; ésta superioridad resulta COMPETENTE para conocer de la presente consulta, como alzada natural de las decisiones dictadas por los referidos Juzgados con competencia en materia Laboral. Así se declara.

SECUENCIA PROCEDIMENTAL ANTE ESTA ALZADA

En fecha 23/0!/2012 interpone el apoderado judicial de las partes recurrentes abogado: J.B. recurso de apelación contra la decisión de fecha DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, (16/12/2011), dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa sede Guanare; el 25/06/2014, fue recibida por esta superioridad la presente causa proveniente del Tribunal de Juicio de la Coordinación Laboral del estado Portuguesa, con sede en la ciudad de Guanare, previa notificación al Procurador del estado Portuguesa, en fecha 29/07/2014 este Juzgado fija la audiencia de apelación a la cual no se hizo presente las partes recurrentes ni por si mismas ni por medio de sus apoderados judiciales por lo consiguiente se declaro el desistimiento de la acción, ahora bien, por ser la parte demandada- no recurrente la entidad federal del estado Portuguesa, y tener los privilegios y prerrogativas del estado, procede este Juzgador en cumplimiento al principio de la celeridad y economía procesal, a someter la decisión objeto de apelación a consulta obligatoria conforme a lo expresado en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por ser la demandada ente público de carácter regional. Así se estima.

DE LA DECISIÓN SOMETIDA A CONSULTA

Analizadas las actas procesales que conforman el presente expediente, observa quien juzga que en fecha DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, (16/12/2011), el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa sede Guanare procedió a publicar el texto íntegro de la sentencia recaída en la presente causa la cual fue declarada PARCIALMENTE CON LUGAR la acción incoada por los ciudadanos: R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G.. contra ENTIDAD FEDERAL PORTUGUESA (F.14 al 81).en los siguientes términos:

Ahora bien, por cuanto en el presente caso bajo estudio se infiere que el punto controvertido es la aplicación de la VI convención colectiva suscrita entre Sindicato Único de Trabajadores de Institutos Educacionales y al Servicio de la Dirección de Educación e Instituto de Cultura de la Gobernación del estado Portuguesa y el Gobierno de Portuguesa, misma que a decir de la accionada Entidad Federal Portuguesa, no tiene efecto retroactivo, siendo aplicable desde su entrada en vigencia, para el pago doble de las prestaciones sociales.

En tal sentido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha explicado reiteradamente que estas convenciones se encuentran inmersa en el principio general de la prueba judicial según el cual el derecho no es objeto de prueba, y por ello comprendidas dentro de la presunción iuris et de iure establecida en el artículo 2 del Código Civil, según al cual: ”La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”, y con fundamento a que el derecho se presume conocido, sobre todo por el juez, lo que está consagrado como el principio iura novit curia, el juez conoce el derecho, y por tanto, las partes no tienen la carga de probarlo. Por tales razones la referida Convención no debe ser valorada como prueba. Así se decide.

En tal sentido, al proceder esta sentenciadora a revisar lo estatuido por la referida norma educacional, se colige que esos artículos únicamente están referidos a personal docente, y en modo alguno a obreros educacionales, lo que invidentemente denota que a los obreros educacionales no le son aplicables las anteriores convenciones colectivas suscritas entre Sindicato de Trabajadores de Institutos Educacionales e Instituto de Cultura de la Gobernación del estado Portuguesa y el Gobierno de Portuguesa, y menos aun la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Ejecutivo Regional del estado Portuguesa y el Sindicato Único de Obreros del Ejecutivo Regional del estado Portuguesa (SUTERDEP). Así se decide.

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Es así como debe dejar claro esta sentenciadora que el uso del principio in dubio pro opreraio, no puede ser usado sin limitantes o restricción alguna a favor de los trabajadores, mas aun cuando no existe duda razonable que impida determinara la norma aplicable al caso que se estudia, y siendo ello así la convención colectiva a aplicar en el caso de autos es la suscritas entre el Sindicato Único de Trabajadores de Institutos Educacionales y al Servicio de la Dirección de Educación e Instituto de Cultura de la Gobernación del estado Portuguesa y el Gobierno de Portuguesa. Así se decide.

Ahora bien, siendo que la relación laboral entre los ciudadanos R.D.C.A., M.M.R.H., R.D.C.M. y N.G. y la ENTIDAD FEDERAL PORTUGUESA, no es un hecho controvertido en la presente causa, toda vez, que la parte demandada así lo reconoce en el escrito de contestación de la demanda, quedando entonces determinado que los citados accionantes prestaron servicios como obreros educacionales adscritos a Dirección de Educación del estado Portuguesa, resulta claro para quien juzga que el ente demandado aplicó durante la existencia del vínculo laboral las diferentes contrataciones colectivas suscritas entre el Sindicato Único de Trabajadores de Institutos Educacionales y al Servicio de la Dirección de Educación e Instituto de Cultura de la Gobernación del estado Portuguesa y el Gobierno de Portuguesa y que al finalizar el vinculo de trabajo (fin de la relación de trabajo) utilizó la V convención colectiva vigente, es de superlativa importancia el determina desde que fecha es legal el pago doble de la prestaciones sociales tal y como lo preceptúa la cláusula 27 de la convención colectiva vigente.

Ahora bien, siendo que el trabajo es un hecho que goza de la protección del Estado, estipulando principios protectores como el de la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios sociales, y que la Ley Orgánica del Trabajo, establece la intangibilidad de estados derechos para el contrato individual y el contrato colectivo de trabajo, definiendo incluso su ámbito de aplicación, erigiéndose así como de orden público y de aplicación territorial, es importante mencionar la condición jurídica que el legislador le ha reconocido a las convenciones colectivas de trabajo en la Ley sustantiva laboral, que prevalecen sobre toda otra norma, siempre y cuando beneficien a los trabajadores, y su extensión alcanza a todos los trabajadores, incluso a los no inscritos en las organizaciones sindicales signatarias de la convención.

En este orden de ideas, es considerada la convención colectiva cómo una fuente del derecho del trabajo que proviene de los grupos de la sociedad. Es una forma de expresión de las partes que regulan su propio funcionamiento. No se trata de una delegación del poder del Estado en estas organizaciones sino el reconocimiento por parte del Estado que en una sociedad el imperio normativo no reside sólo en el mismo.

Así bien, en el caso que nos ocupa puede observar esta juzgadora que la aplicación de la cláusula 27 de la V y VI convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el Sindicato Único de Trabajadores de Institutos Educacionales y al Servicio de la Dirección de Educación e Instituto de Cultura de la Gobernación del estado Portuguesa y el Gobierno de Portuguesa, no contempla un efecto retroactivo para toda la relación de trabajo, siendo que tal efecto debe ser pactado de manera inequívoca por las partes que suscribientes; por lo que no siendo ello así indefectiblemente la aplicación de la referida cláusula, es aplicable desde a la relación de trabajo, desde su entrada en vigencia, es decir desde el año 2005. Así se decide.

Del contexto de las cláusulas transcritas precedentemente este Tribunal considera que las incidencias que componen el salario para el cálculo de los conceptos reclamados por la accionante es el indicado en las cláusulas 4, 16 y 20 de la VI convención colectiva vigente, es decir, el salario base diario, el bono vacacional, la bonificación de fin de año, lo estatuido en el Parágrafo Único y el bono transporte de la cláusula 20 de la convención colectiva, y siendo que la convención colectiva son cuerpos normativos de naturaleza sui generis, por ser producto de acuerdos conciliación o concertación entre las organizaciones sindicales, federaciones o confederaciones de trabajadores y el sector empresarial sus cláusulas adquieren fuerza de ley que se imponen con carácter obligatorio y procrean una situación jurídica objetiva, general y permanente, tomando para ello como base salarial la asignación dineraria de Bs. 13.310,63 pautada en los Decretos en Gaceta Oficial del estado Portuguesa de fecha 09/11/2009. Así se decide.

Cabe señalar por parte de esta sentenciadora, que si bien es cierto la parte demandada aplicaba una formula de cálculo distinta a la establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, tal como se evidencia en la documentales que rielan del folio 175 al 184, a la cual esta juzgadora le otorgo valor probatorio como demostrativa de que la parte demandada pago los intereses en una forma distinta a la estipula en la Ley, ello no es óbice para que se realicen sus cálculos conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, y a los pautado según corresponde en el tiempo en la VI contratación colectiva vigente celebrada entre el Sindicato Único de Trabajadores de Institutos Educacionales y al Servicio de la Dirección de Educación e Instituto de Cultura de la Gobernación del estado Portuguesa y el Gobierno de Portuguesa. Así se decide.

Siendo que el salario constituye un punto controvertido, esta sentenciadora la parte ente demandado realizó el cálculo de antigüedad en la cual indica un salario integral pero no especifica de manera detallada las incidencias que lo componen, es por ello que esta juzgadora determina que los conceptos que integran el salario para el cálculo de los conceptos reclamados por la actora son el salario base diario, la incidencia del bono vacacional, la bonificación de fin de año, lo contemplado en el Parágrafo Único y el bono transporte de la cláusula 20 de la convención. Así se decide.

Por las razones expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Guanare, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

PARCIALMENTE CON LUGAR, la acción interpuesta por las ciudadanas R.D.C.A., M.M.R.H., R.D.C.M. y N.G. contra ENTIDAD FEDERAL PORTUGUESA, motivo: cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, en consecuencia se ordena cancelar a los accionantes la cantidad de CUATROCIENTOS TRECE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES, CON TREINTA DOS CÉNTIMOS (Bs. 413.990,32) de la siguiente manera: a favor de la trabajadora R.D.C.A. la cantidad de Bs. 103.214,07; a favor de la trabajadora M.M.R.H. la cantidad de Bs. 103.281,26; a favor de la trabajadora R.D.C.M. la cantidad de Bs. 103.107,92; y a favor de la trabajadora N.G. la cantidad de Bs. 104.387,07 más los intereses de mora, por las razones expuestas en la motiva.

SEGUNDO

No hay condenatoria en costas por los privilegios y prerrogativas que goza la entidad demandada.

TERCERO

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con el artículo 43 de la Ley de la Procuraduría del Estado Portuguesa; se ordena notificar de la presente sentencia definitiva al Procurador General del estado Portuguesa, y una vez que conste en autos la notificación debidamente practicada de la parte accionada, empezará a computarse el lapso de Ley para que las partes ejerzan los recursos pertinentes.

Por lo que resulta imperioso para este juzgador pasar a verificar si la referida decisión se encuentra o no ajustada a derecho todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por ser la demandada-condenada un organismo regional. Así se estima.

Asimismo, por cuanto la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no establece el procedimiento aplicable en segunda instancia, ni tampoco lo establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este juzgador, en acatamiento al articulo 11 ejusdem, establece que el procedimiento a seguir en este caso, es lo previsto para la tramitación del Recurso de Hecho, establecido en el artículo 170 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y, en tal sentido, estando dentro de la oportunidad procesal contemplada en la mencionada norma, pasa ésta alzada pronunciarse sobre la decisión sometida a consulta, de la siguiente manera:

PUNTOS CONTROVERTIDOS

De conformidad con los alegatos que se desprende de las actas procesales del presente expediente, deviene como punto controvertido 1.-La procedencia o no de los conceptos reclamados por los accionantes en el escrito libelar. Así se aprecia.

DE LA CARGA DE LA PRUEBA

A los efectos de dictar sentencia, este Tribunal Superior, considera de preeminente importancia delimitar a qué parte corresponde la carga de la prueba, siendo oportuno citar la estipulación normativa contenida en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según la cual:

Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal.

(Fin de la cita).

Por ende, en sintonía con el mandato inserto en la pauta normativa antes transcrita y ajustado a lo previsto en el artículo 135 ejusdem, el régimen de distribución de la carga probatoria en materia laboral, se fija esencialmente de acuerdo con la forma en la que el accionando dio contestación a la demanda.

Procede este Juzgador a valorar las pruebas presentadas por las partes en el presente proceso: A continuación se valoran las pruebas promovidas por las partes a los fines de determinar los hechos controvertidos en la presente causa.

ACERVO PROBATORIO

PRUEBAS DE LOS DEMANDANTES.

DOCUMENTALES

Marcadas con las letras A1, A, A, A, Promueven las demandantes ciudadanas N.G., R.D.C.M., M.M.R.H. y R.D.C.A., Hojas de Salarios, que cursan a los folios 171 (marcada A), 162 (marcada A2), 153 (marcada A), 149 (marcado A).

Con atención a todos y cada uno de los medios probatorios precedentemente descritos, quien sentencia, siendo que las mismas, durante la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, no fueron objeto de impugnación por la parte contraria y que corresponden a formatos de salarios de los demandantes ratifica el valor probatorio concedido por la jueza de primera instancia. Así se decide.

Marcado con la letra B, promueve las demandantes VI Convención Colectiva de Trabajo del 2009-2010, que cursa desde los folios 185 al 204 del presente expediente.

Con respecto al medio de prueba antes indicado, ratifica el valor probatorio adoptado por la Juez de Juicio. Así se establece.

Promueven las demandantes ciudadanas R.D.C.M., M.M.R.H. y R.D.C.A., marcadas con las letras C2, C3, C4, Dictamen de Jubilación emitido por la Procuraduría del estado Portuguesa, que cursan a los folios 163, 154 (marcada C), y 150 (marcada C).

Con atención a todos y cada uno de los medios probatorios precedentemente descritos, quien sentencia, siendo que las mismas, durante la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, no fueron objeto de impugnación por la parte contraria y que corresponden a Dictámenes de Jubilación emitido por la Procuraduría del estado Portuguesa, de los demandantes R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G. emanados de la Procuraduría General del estado Portuguesa, los cuales realiza de conformidad con lo estatuido en la V convención Colectiva de Trabajo celebrada entre el Sindicato Único de Trabajadores de Institutos Educacionales al Servicio de la Dirección de Educación e Instituto de Cultura de la Gobernación del estado Portuguesa, en su cláusula 41 literal “c” este Juzgador ratifica el valor probatorio concedido por la jueza de primera instancia. Así se decide.

Asimismo acompaña la demandante N.G., marcada con la letra C, Dictamen de Jubilación emitido por la Procuraduría del estado Portuguesa, que cursa al folio 172 este Juzgador ratifica el valor probatorio concedido por la jueza de primera instancia. Así se decide.

Marcadas con las letras D1 y E1, D2 Y E2, D y E, D y E, que cursan a los folios 173 y 174 (marcadas D, y E), 164 y 165 (marcadas D2, y E2), 155 Y 1156 (marcadas D y E), 151 y 1152 (marcadas D y E). Promueven las demandantes ciudadanas N.G., R.D.C.M., M.M.R.H. y R.D.C.A.

Con atención a todos y cada uno de los medios probatorios precedentemente descritos, quien sentencia, siendo que las mismas, durante la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, no fueron objeto de impugnación por la parte contraria y que corresponden recibos de pagos realizados por la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Portuguesa, a los ciudadanos R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G. contentivos de asignaciones saláriales tales como día de fiesta, prima por antigüedad, bono de transporte y prima por hijos, entre otros conceptos este Sentenciador ratifica el valor probatorio concedido por la jueza de primera instancia. Así se decide.

Marcadas con la letra F, Promueven las demandantes ciudadanas N.G., R.D.C.M., M.M.R.H. y R.D.C.A. que cursa de los folios 175 al 184 (cálculos del ciudadano CORDERO R.D.).

Con atención a todos y cada uno de los medios probatorios precedentemente descritos, quien sentencia, siendo que las mismas, durante la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, no fueron objeto de impugnación por la parte contraria y que corresponden a) Cálculo de antigüedad. b) Cuadro de Intereses sobre peritaciones sociales antes del corte de cuenta. c) Cuadro de salario integral. d) Cuadro de Intereses sobre peritaciones sociales. e) Recibo final de liquidación, todos estos documentos correspondientes a los cálculos por pagos de prestaciones sociales hechos a favor del ciudadano CORDERO RUBEN ratifica el valor probatorio concedido por la jueza de primera instancia. Así se decide.

Marcados con las letras G2, G3, Promueven las demandantes ciudadanas, R.D.C.M., M.M.R.H.G.O. del estado Portuguesa que cursan a los folios 157 al 161 (marcada G), 166 al 170 (marcada G).

Marcado con la letra A promueve la demandante ciudadana, M.M.R.H., Gaceta Oficial del estado Portuguesa que cursan a los folios 206 al 210

Marcado con la letra B, promueve la demandante ciudadana, M.M.R.H., Resolución Nº 373 emanada del ejecutivo del estado Portuguesa que cursan a los folios 211 al 217

Con atención a todos y cada uno de los medios probatorios precedentemente descritos, quien sentencia, siendo que las mismas, durante la celebración de la audiencia oral y pública de juicio, no fueron objeto de impugnación por la parte contraria y que corresponden a Gaceta Oficial del estado Portuguesa de fecha 09/11/2009, Nº 70-B Extraordinario en la que se publican los Decretos de Jubilación de los accionantes ratifica el valor probatorio concedido por la jueza de primera instancia. Así se decide.

RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS EN SU CONTENIDO Y FIRMA

En cuanto a lo solicitado por las demandantes que opone a la demandada para su reconocimiento de contenido y firma las documentales que contiene lo siguiente: marcadas con las letras A1, A, A, A, Hojas de Salarios, que cursan a los folios 171 (marcada A), 162 (marcada A2), 153 (marcada A), 149 (marcado A), emanadas con la firma autógrafa de personal autorizado sello húmedo de la Dirección de Recursos; con las letras C2, C3, C4, Dictamen de Jubilación emitido por la Procuraduría del estado Portuguesa, que cursan a los folios 163, 154 (marcada C), y 150 (marcada C), los marcadas con las letras con las letras D1 y E1, D2 Y E2, D y E, D y E, que cursan a los folios 173 y 174 (marcadas D, y E), 164 y 165 (marcadas D2, y E2), 155 Y 1156 (marcadas D y E), 151 y 1152 (marcadas D y E), los marcados con las letras G2, G3, Gaceta Oficial del estado Portuguesa que cursan a los folios 157 al 161 (marcada G), 166 al 170 (marcada G).

Observa este juzgador que la referida prueba fue inadmtida en su oportunidad por la Juez de Juicio y luego esta declaro que no tenía materia para valorar, por lo consiguiente este sentenciador ratifica el pronunciamiento realizado por la juez de juicio. Así se establece.

PRUEBA DE INFORMES

Promueve las demandantes prueba de Informes, el Tribunal la admite de conformidad dejando a salvo su apreciación en la sentencia definitiva y acuerda oficiar a la SALA DE CONTRATO CONFLICTO Y CONCILIACIONES ADSCRITA A LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA CON SEDE ACARIGUA, para que informe a este Juzgado lo siguiente:

 Si existe en sus archivos Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre Sindicato único de Trabajadores de Institutos Educacionales al Servicio de la Dirección de Educación e Instituto de Cultura de la Gobernación del estado Portuguesa, con un periodo de vigencia 2009-2010.

 Si las ciudadanas N.G., R.D.C.M., M.M.R.H. y R.D.C.A., titulares de la cedula de identidad Nros 8.063.429, 11.399.848, 4.243.127 y 11.080.123, respectivamente, se encuentran inscritas en el mencionado Sindicato y por ende si gozan de los beneficios que otorga la misma.

Con respecto al medio de prueba antes indicado, ratifica el valor probatorio adoptado por la Juez de Juicio. Así se establece.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

Marcada con la letra A, Promueve la parte demandada, Copia Cerificada de Gaceta Oficial del estado Portuguesa Nº 70-B extraordinario de fecha 09/11/2009, que cursan desde los folios 220 al 232..

Este sentenciador ratifica el valor probatorio otorgado por la Juez de Juicio. Así se establece.

Realizadas las anteriores valoraciones este Tribunal pasa a pronunciarse bajo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Se evidencia de las actas procesales que la parte demandada no dio contestación a la demanda en la oportunidad legal, en consecuencia se tiene como contradicha la misma en todos y cada uno de sus puntos tal como lo dispone el citado artículo 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, quedando admitida la existencia de la relación laboral, la cual fue aceptada por el organismo accionado, tal y como se evidencia de los distintos medios probatorios aportados tanto por los actores como por la parte accionada.

Ahora bien, es menester señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido que el trabajo es un hecho social que goza de la protección del Estado, estipulando principios protectores como el de la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios sociales.

Así pues, en cuanto a la intangibilidad la Ley Orgánica del Trabajo, establece un marco jurídico para el contrato individual y el contrato colectivo de trabajo, que define el ámbito de aplicación de los derechos de los trabajadores erigiéndose éstos como de orden público y de aplicación territorial, debiéndose rechazar todo intento de aminoración o menoscabo que implique cualquier indicio de discriminación.

Dentro de este contexto, es importante mencionar además, la condición jurídica que el legislador le ha reconocido a las convenciones colectivas de trabajo en la Ley sustantiva laboral, determinando en su Título VII, Capítulo I, artículo 398 que estas prevalecen sobre toda otra norma, contrato o acuerdo, siempre y cuando beneficien a los trabajadores, y su extensión alcanza a todos los trabajadores, incluso a los no inscritos en las organizaciones sindicales signatarias de la convención.

Esta disposición se encuentra en perfecta concordancia con las fuentes del Derecho del Trabajo consagradas en la misma Ley, las cuales establecen que para la resolución de un caso determinado se aplicarán, además de las disposiciones constitucionales y legales de la materia, en primer lugar, la convención colectiva de trabajo o el laudo arbitral, si fuere el caso y es también una manifestación del principio de progresividad de los derechos del trabajador establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este orden de ideas, es considerada la convención colectiva cómo una fuente del derecho del trabajo que proviene de los grupos de la sociedad. Es una forma de expresión de las partes que regulan su propio funcionamiento. No se trata de una delegación del poder del Estado en estas organizaciones sino el reconocimiento por parte del Estado que en una sociedad el imperio normativo no reside sólo en el mismo.

Se trata entonces, de una fuente autónoma por excelencia junto con los usos y costumbres, el contrato individual de trabajo, el reglamento interno de una empresa, en contraste con las demás fuentes de origen estatal u organismos internacionales que son las llamadas fuentes heterónomas.

En este mismo orden de ideas, resulta provechoso a los fines de fundamentar jurisprudencialmente la disposición arriba establecida, citar el alcance e interpretación dado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia a la disposición in comento, en sentencia Nro.- 535 de fecha 18/09/2003 y reiterado recientemente en decisión Nro.- 2459 del 07/12/2007, con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz, que al respecto señala:

La convención colectiva de trabajo es celebrada entre uno o varios sindicatos de trabajadores y patronos, con la finalidad de mejorar las condiciones de prestación del servicio, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 507 de la Ley Orgánica del Trabajo. En su tramitación el proyecto de convención colectiva se presenta ante la Inspectoría del Trabajo, quien ordena la tramitación de la misma y el inicio de las negociaciones y una vez aprobada la convención colectiva se suscribe y deposita ante la Inspectoría del Trabajo, que puede realizar las observaciones y recomendaciones que estime convenientes, luego de lo cual surte plenos efectos jurídicos, en conformidad con lo establecido en el artículo 521 eiusdem. Es por esto que si bien es cierto que la convención colectiva tiene su origen en un acuerdo de voluntades, también es cierto que una vez alcanzado el mismo debe necesariamente suscribirse y depositarse ante un órgano con competencia pública, concretamente ante el Inspector del Trabajo, quien no sólo puede formular las observaciones y recomendaciones que considere menester, sino que debe suscribir y depositar la convención colectiva sin lo cual ésta no surte efecto legal alguno. Estos especiales requisitos en su formación, incluyendo la suscripción y el depósito, con la intervención de un funcionario público, le da a la convención colectiva de trabajo un carácter jurídico distinto al resto de los contratos y permite asimilarla a un acto normativo que -se insiste- debido a los requisitos que deben confluir para su formación y vigencia, debe considerarse derecho y no simples hechos sujetos a las reglas generales de la carga de alegación y prueba que rigen para el resto de los hechos aducidos por las partes en juicio

. (Fin de la cita).

Sin embargo, de cara a lo expuesto, y ratificando lo antes expresado en cuanto a la consideración de las Convenciones Colectivas como derecho mismo en cuanto constituyen fuentes normativas que regulan las condiciones de trabajo de las partes contratantes, resulta fundamental analizar dentro del marco de los principios que rigen el derecho procesal, el llamado principio iuri novit curia, a tenor del cual no solo se refiere a la Ley en sentido estricto, sino que su ámbito es mucho más amplio pues abarca el derecho en general, es decir, no es solo la ley, es el derecho.

En este sentido, el Iura Novit Curia se estatuye como el deber del juez de conocer el derecho, por lo que el mencionado principio se presenta como una carga para el sentenciador de indagar, averiguar, inquirir o buscar el derecho en el caso concreto que se le presente, lo cual implica que si ese derecho se presenta ambiguo, indeterminado o equívoco constituye una obligación del Juez interpretarlo, pues esa interpretación es inherente a su oficio.

También es importante señalar que, ante esa obligación del Juez de conocer o interpretar el derecho, no constituye una obligación para las partes su probanza, puesto que el derecho por no ser un hecho no se prueba.

Ahora bien, siendo el derecho tan amplio y disperso, resulta difícil pensar que una persona aún investida de poderes de juzgamiento por su propia condición humana pueda conocer todo el derecho, es allí cuando se debe precisar a que derecho específicamente se refiere el principio Iura Novit Curia.

A tal efecto, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ha señalado que deben ser aplicados los convenios, costumbres, principios, decisiones judiciales y la doctrina de mayor competencia, vale decir que el Juzgador de esa Corte, debe conocer todo el bloque que conforma ese derecho.

Esto significa, que el derecho al cual se refiere este principio está constituido por una unidad conformada por el derecho nacional, el derecho extranjero, al cual remite la Ley Nacional, los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República, y todo cuanto sea fuente del derecho.

Así pues, en cuanto a la intangibilidad, la Ley Orgánica del Trabajo, establece un marco jurídico para el contrato individual y el contrato colectivo de trabajo, que define el ámbito de aplicación de los derechos de los trabajadores erigiéndose éstos como de orden público y de aplicación territorial, debiéndose rechazar todo intento de aminoración o menoscabo que implique cualquier indicio de discriminación. A tal efecto, es conveniente acotar, que la convención colectiva de trabajo, posee características propias que la diferencian de cualquier otro tipo de convención, tales como la inderogabilidad, la expansividad y la autenticidad.

En relación con la inderogabilidad se puede decir que la misma se encuentra expresamente consagrada en el artículo 511 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual señala:

La Convención colectiva no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos de trabajos vigentes.

(Fin de la cita).

De allí se deduce que por regla general, las leyes sociales, dentro de las cuales se encuentran los convenios colectivos de trabajo, son de carácter progresivo, por lo que no puede entenderse que una contratación colectiva pudiera ser derogada o concebida con estipulaciones que desmejoren las condiciones de trabajo de aquellos que laboren para la empresa u organismo pactante.

En cuanto a los otros dos principios característicos a los cuales se hizo referencia, es de preeminente importancia traer a colación lo que la doctrina a través de la Nueva didáctica del Derecho del Trabajo del Dr. R.J.A.G. ha planteado al respecto:

Principio del efecto expansivo, según el cual las estipulaciones de la convención se aplican por igual a los trabajadores contratados, antes, durante y después de su vigencia. Asimismo, con este principio se alude a que la convención colectiva se aplica no solo a los miembros del sindicato que la haya celebrado, sino también a los trabajadores no adictos a esa organización, por se indiferente a ella o estar afiliados a otros sindicatos minoritarios.

Principio del efecto automático, por cuya virtud las estipulaciones de la convención colectiva se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos individuales de trabajo celebrados, o que se celebren durante su vigencia, con la sola excepción de los casos a que se refieren los artículos 509 y 510 Ley Orgánica del Trabajo (empleados de dirección o de confianza y representantes del patrono en la discusión y celebración de la convención). Este es el fundamento jurídico del llamado efecto automático del contrato colectivo, a cuyo tenor las estipulaciones del contrato individual colidentes son remplazadas por las del pacto plural.

En este sentido, y luego de analizar pormenorizadamente la referida convención colectiva; es forzoso para éste superior concluir que la Juez de Juicio actuó conforme a derecho al aplicar dicha convención contractual. Así se establece.

Siendo así las cosas, ésta alzada pasa de seguidas a discriminar el cómputo sobre las prestaciones sociales, de la manera siguiente:

Totalizan todos los conceptos calculados a favor de la trabajadora R.D.C.A. la cantidad de Bs. 103.214,07 que a continuación se detalla:

Descripción Calculado

Indemnización de Antigüedad

436,80

Intereses por Incumplimiento en el pago del Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo Literal A

6.683,72

Compensación por Transferencia 228,00

Intereses por Incumplimiento en el pago del Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo Literal B

3.488,76

Antigüedad Nuevo Régimen 29.617,59

Intereses s/ la Prestación de Antigüedad 32.704,81

Cláusula 27 30.054,39

TOTAL A PAGAR 103.214,07

Totalizan todos los conceptos calculados a favor de la trabajadora M.M.R.H. la cantidad de Bs. 103.281,26 que a continuación se detalla:

Descripción Calculado

Indemnización de Antigüedad

436,80

Intereses por Incumplimiento en el pago del Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo Literal A

6.683,72

Compensación por Transferencia 228,00

Intereses por Incumplimiento en el pago del Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo Literal B

3.488,76

Antigüedad Nuevo Régimen 29.598,13

Intereses s/ la Prestación de Antigüedad 32.810,93

Cláusula 27 30.034,93

TOTAL A PAGAR 103.281,26

Totalizan todos los conceptos calculados a favor de la trabajadora R.D.C.M. la cantidad de Bs. 103.107,92 que a continuación se detalla:

Descripción Calculado

Indemnización de Antigüedad

436,80

Intereses por Incumplimiento en el pago del Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo Literal A

6.683,72

Compensación por Transferencia 228,00

Intereses por Incumplimiento en el pago del Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo Literal B

3.488,76

Antigüedad Nuevo Régimen 29.566,02

Intereses s/ la Prestación de Antigüedad 32.701,80

Cláusula 27 30.002,82

TOTAL A PAGAR 103.107,32

Totalizan todos los conceptos calculados a favor de la trabajadora N.G. la cantidad de Bs. 104.387,07 que a continuación se detalla:

Descripción Calculado

Indemnización de Antigüedad

436,80

Intereses por Incumplimiento en el pago del Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo Literal A

6.683,72

Compensación por Transferencia 228,00

Intereses por Incumplimiento en el pago del Artículo 666 Ley Orgánica del Trabajo Literal B

3.488,76

Antigüedad Nuevo Régimen 29.983,69

Intereses s/ la Prestación de Antigüedad 33.145,62

Cláusula 27 30.420,49

TOTAL A PAGAR 104.387,07

Debiendo pagar la demandada en su totalidad, la cantidad de Debiendo cancelar la demandada en su totalidad, la cantidad de CUATROCIENTOS TRECE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES, CON TREINTA DOS CÉNTIMOS (Bs. 413.990,32).

Intereses de Mora (artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda mora en el pago de las prestaciones sociales genera intereses.

Ahora bien ha sido doctrina reiterada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros, en fallos Nros.- 249, del 18/10/2001, 355 del 21/05/2003, 434 del 10/07/2003 y 961 del 16/10/2003, que la procedencia de los intereses moratorios es consecuencia de la falta de pago oportuno de las prestaciones sociales, del retardo o la mora en pagarlas al finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, los que se calcularán a la tasa del tres por ciento (3%) anual, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.277 y 1.746 del Código Civil, si son causados antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en tanto que se calcularán a las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela, en conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, si son causados después de la entrada en vigencia de la Carta Magna.

Siendo que las cantidades adeudadas son causadas después de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se condena el pago de los intereses de mora, los cuales serán calculados con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, desde la fecha en la cual terminó la relación de trabajo hasta que la sentencia quede definitivamente firme SOBRE LAS CANTIDADES CONDENADAS POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO (sentencia Nro.- 1841, de fecha 11/11/2008 con ponencia del magistrado LUÍS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ), calculados sobre las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela, según lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, ahora bien para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los mismos ni serán objeto de indexación. Esté cálculo serán realizados por un solo experto designado por el Tribunal Ejecutor.

Indexación o Corrección Monetaria.

En cuanto a la indexación o corrección monetaria reclamada por el accionante, el Tribunal acatando la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social en sentencia 1.841 de fecha 11/11/2008 (caso J.S. contra la Sociedad Mercantil Maldifassi & Cia. C.A) con ponencia del Magistrado Luís Eduardo Franceschi Gutiérrez, ordena su cálculo sobre la cantidad que por prestación de antigüedad se adeuda al trabajador el cual deberá efectuarse desde la fecha de finalización de la relación de trabajo demandada hasta su materialización. En lo que respecta al resto de los conceptos ordenados a pagar se ordena el cálculo de la indexación desde la fecha de notificación del ente demandado hasta su materialización, entendiéndose por esta la oportunidad de pago efectivo, excluyendo en ambos casos los lapsos durante los cuales la causa estuvo paralizada por motivos no imputables a ninguna de las partes actuantes en el proceso es decir: por hechos fortuitos o de fuerza mayor, por acuerdo entre las partes y por vacaciones judiciales. Por otra parte, en caso de ejecución forzosa, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, ordenará un nuevo cálculo de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Procesal Orgánica del Trabajo.

En consecuencia PRIMERO: DESISTIDO, el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos: R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G. debidamente asistido por el abogado J.B. inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro 77.769 contra la decisión de fecha DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, (16/12/2011), dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa sede Guanare por las razones expuestas en la motiva. SEGUNDO: COMPETENTE para conocer de la presente consulta sobre la decisión de fecha DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, (16/12/2011), dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa sede Guanare. TERCERO: SE CONFIRMA la decisión de fecha DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, (16/12/2011), dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa sede Guanare que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la acción incoada por los ciudadanos R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G. contra ENTIDAD FEDERAL PORTUGUESA. CUARTO: SE CONDENA al organismo demandado ENTIDAD FEDERAL PORTUGUESA a pagar a los ciudadanos R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G. la cantidad de: CUATROCIENTOS TRECE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES, CON TREINTA DOS CÉNTIMOS (Bs. 413.990,32) más los intereses de mora y la indexación monetaria, por las razones expuestas en la motiva. QUINTO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS en virtud de los privilegios y prerrogativas procesales de los cuales gozan las partes demandadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 76 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. SEXTO: En atención a los referidos privilegios y prerrogativas procesales que tiene la demandada, se ordena notificar de la presente decisión al Procurador del estado Portuguesa, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de la Procuraduría del estado Portuguesa, y una vez que conste en autos dicha notificación, se dejará transcurrir el lapso de ocho (08) días hábiles a los fines del perfeccionamiento de la misma, vencidos los cuales se tendrá por notificado al Procurador del estado Portuguesa y entrará a computarse el lapso de Ley para que las partes ejerzan los recursos pertinentes.

DISPOSITIVO

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en la ciudad de Guanare, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO

DESISTIDO, el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos: R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G. debidamente asistido por el abogado J.B. inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro 77.769 contra la decisión de fecha DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, (16/12/2011), dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa sede Guanare por las razones expuestas en la motiva.

SEGUNDO

COMPETENTE para conocer de la presente consulta sobre la decisión de fecha DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, (16/12/2011), dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa sede Guanare.

TERCERO

SE CONFIRMA la decisión de fecha DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, (16/12/2011), dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa sede Guanare que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la acción incoada por los ciudadanos R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G. contra ENTIDAD FEDERAL PORTUGUESA

CUARTO

SE CONDENA al organismo demandado ENTIDAD FEDERAL PORTUGUESA a pagar a los ciudadanos R.D.C.A., M.M.R.R.D.C.M., N.G. Y M.L.G. la cantidad de: CUATROCIENTOS TRECE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES, CON TREINTA DOS CÉNTIMOS (Bs. 413.990,32) más los intereses de mora y la indexación monetaria, por las razones expuestas en la motiva.

QUINTO

NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS en virtud de los privilegios y prerrogativas procesales de los cuales gozan las partes demandadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 76 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

SEXTO

En atención a los referidos privilegios y prerrogativas procesales que tiene la demandada, se ordena notificar de la presente decisión al Procurador del estado Portuguesa, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de la Procuraduría del estado Portuguesa, y una vez que conste en autos dicha notificación, se dejará transcurrir el lapso de ocho (08) días hábiles a los fines del perfeccionamiento de la misma, vencidos los cuales se tendrá por notificado al Procurador del estado Portuguesa y entrará a computarse el lapso de Ley para que las partes ejerzan los recursos pertinentes.

Publicada en el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial de estado Portuguesa, con sede en Guanare, a los Cinco (05) de Agosto de dos mil catorce (2014).

Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

El Juez Superior Primero del Trabajo,

Abg. Osmiyer J.R.C.

La Secretaria,

Abg. Y.A.

En igual fecha y siendo las 02:01 p.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el Artículo 159 Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De igual manera se ordenó su inserción en el Sistema Juris 2000 y su correspondiente publicación en el portal informático http://portuguesa.tsj.gov.ve/.

La Secretaria,

Abg. Y.A.

OJRC/Brenda.-