Sentencia nº 700 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2015

Fecha de Resolución 4 de Noviembre de 2015
EmisorSala de Casación Penal
Número de ExpedienteE14-347
PonenteFrancia Coello González

Magistrada Ponente: Doctora F.C.G.

Mediante sentencia núm. 119, del 19 de marzo de 2015, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN PASIVA del ciudadano A.A.R.F., identificado con la cédula de identidad brasileña núm. 7038204611, requerido por las autoridades judiciales de la República Federativa del Brasil, según Notificación Roja Internacional A-6470/8-2014, del 25 de agosto de 2014, por la presunta comisión del delito de ENGAÑO, APROPIACIÓN INDEBIDA, ESTAFA Y EVASIÓN DE IMPUESTOS, previstos en los artículos 171, 168 y 299 del Código Penal brasileño y artículo 1 de la Ley 4.729/65.

El 24 de marzo de 2015, la Secretaría de la Sala de Casación Penal remitió los oficios núm. 306, 307, 308 y 309, dirigidos a la Doctora L.O.D., Fiscal General de la República; W.G.B.M., Director General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Vlayildi Valera Sánchez, Directora General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, y a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, mediante los cuales les informó los pronunciamientos dictados en la sentencia núm. 119, del 19 de marzo de 2015, dictada por esta misma Sala.

El 15 de junio de 2015, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, un escrito interpuesto por el abogado G.E.C.B., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 156.729, mediante el cual solicita la libertad sin restricciones del ciudadano A.A.R.F., alegando que había transcurrido el lapso previsto en los artículos VII del Tratado Bilateral de Extradición suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil, en Rio de Janeiro el 7 de diciembre de 1938, y 22 de la Convención Interamericana sobre Extradición. Al respecto, informó el abogado que el 30 de marzo de 2015, la República Federativa del Brasil fue notificada de la sentencia núm. 119 dictada por la Sala de Casación Penal el 19 de marzo de 2015, según Nota Verbal núm. 3467. Al respecto alegó lo siguiente:

De tal manera, que transcurrido el plazo de recepción del extraditado, de treinta (30) [días], y la prórroga del mismo, de treinta (30) días más, desde [el] 30 de de marzo de 2015, fecha en que fue notificado el Gobierno de la República Federativa del Brasil mediante Nota Verbal N° 3467, de la decisión de la Sala de Casación Penal, que declaró procedente la solicitud de extradición pasiva del ciudadano A.A.R.F., sin que el Estado requirente, se hubiere hecho cargo de la persona reclamada, ciudadano A.A.R.F., tal como lo establece el artículo 22 de la Convención Interamericana Sobre (sic) Extradición, o lo que es lo mismo, los sesenta (60) días señalados en el artículo VII del Tratado de Extradición suscrito entre Venezuela y Brasil, lo procedente es poner en libertad al reclamado, lo contrario derivaría en un (sic) PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD del referido ciudadano

.

El 16 de junio de 2015, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal escrito del abogado G.E.C.B., a fin de ratificar la solicitud realizada el 15 de junio de 2015.

El 14 de octubre de 2015, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal escrito firmado por el solicitado en extradición, ciudadano A.A.R.F., dicho escrito fue presentado por el ciudadano R.S.R.P., portador de la cédula de identidad núm. 20.595.062, mediante el cual el requerido solicita la libertad sin restricciones por cuanto ya transcurrió el lapso previsto en los artículos VII del Tratado Bilateral de Extradición suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil, en Rio de Janeiro el 7 de diciembre de 1938, y 22 de la Convención Interamericana sobre Extradición.

El 28 de octubre de 2015, la Secretaría de la Sala de Casación Penal recibió una comunicación presentada por el Defensor Público Primero para actuar ante las Salas Plena y de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual ratificó el contenido del escrito interpuesto por el abogado G.E.C.B., en fecha 15 de junio de 2015; en ese sentido alegó:

“En el artículo mencionado ut supra se contempla el supuesto en el cual, una vez emitido el pronunciamiento por parte del estado (sic) requerido sobre la posibilidad de extradición, sin haberse remitido dentro del plazo legal, deberá ponerse en libertad al extraditable, sin posibilidad de reproducir nuevamente la solicitud, teniendo certeza de la notificación al Gobierno de la República Federativa del Brazil (sic) mediante Nota Verbal N° 3467 en fecha 30 de marzo de 2015, dicha situación opera en todos los extremos en el presente caso, por cuanto para la fecha actual han pasado 218 días, razón por la cual en atención con lo antes expuesto y a las solicitudes por parte de Monica (sic) J.R.B., la esposa del ciudadano A.A.R.F., solicitamos respetuosamente a su honorable despacho se sirva tomar las medidas a que diera lugar a objeto de que se cumpla con la norma transcrita ut supra a fin de que opere la puesta en libertad del ciudadano objeto del presente escrito”.

El 4 de noviembre de 2015, se recibió vía correspondencia el oficio identificado con el alfanumérico O-9700-15-0194-19254, de esa misma fecha, enviado por el Comisario Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mediante el cual informa que en el registro policial que lleva dicha Institución, y respecto al ciudadano A.A.R.F., sólo está registrada la solicitud de detención con fines de extradición que dio lugar a este procedimiento.

Examinados los escritos interpuestos, la Sala de Casación Penal pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:

I

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La Sala de Casación Penal ha señalado en relación con la extradición que el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad y acepta la extradición como una obligación conforme con el Derecho Internacional y los principios de nuestra legislación.

Mediante sentencia núm. 119, del 19 de marzo de 2015, declaró procedente la solicitud de extradición del ciudadano A.A.R.F., requerido por las autoridades del Gobierno de la República Federativa del Brasil; por tanto, acordó la entrega del referido ciudadano a las autoridades de la mencionada nación. Este fallo se elevó al conocimiento de la Directora General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores con el oficio núm. 308, de fecha 24 de marzo de 2015, al cual se le anexó la copia certificada de la sentencia núm. 119, del 19 de marzo de 2015, a los fines consiguientes.

Asimismo, mediante oficio núm. 307, de fecha 24 de marzo de 2015, esta Sala de Casación Penal informó al Director General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de la sentencia núm. 119, del 19 de marzo de 2015, que declaró procedente la solicitud de extradición pasiva del ciudadano A.A.R.F., la cual se le anexó en copia certificada.

Ahora bien, resulta evidente para esta Sala de Casación Penal que el procedimiento de extradición del ciudadano A.A.R.F. cumplió la fase de análisis de su procedencia, por lo que fue puesto a disposición del Estado requirente; sin embargo, las autoridades del Gobierno de la República Federativa del Brasil no ha realizado los trámites pertinentes para retirar al mismo del territorio de la República Bolivariana de Venezuela; por ello, la falta de interés respecto a las gestiones para retirar al ciudadano A.A.R.F. de la República Bolivariana de Venezuela hace imposible la ejecución de la sentencia núm. 119, del 19 de marzo de 2015, dictada por esta Sala de Casación Penal mediante la cual se acordó la extradición del referido ciudadano.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión núm. 552, del 30 de mayo de 2014, señaló que corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse en cuanto a la libertad del aprendido con fines de extradición, en los términos siguientes:

"La Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con los artículos 29.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 383 al 390 del Código Orgánico Procesal Penal, es el órgano jurisdiccional competente para conocer de las solicitudes de extradición tanto activas y pasivas que le sean solicitadas, así como también es la competente para pronunciarse en cuanto a la libertad, del aprehendido con fines de extradición.

(…)

[Por lo que] ante la declaratoria de procedencia de la solicitud de extradición pasiva por parte de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional, por razones de celeridad y economía procesal artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 257 eiusdem, considera necesario que la referida Sala de Casación Penal se pronuncie sobre la circunstancia sobrevenida antes descrita, la cual incide directamente sobre la libertad del ciudadano M.J.M.S., a quien se le mantuvo la medida privativa de libertad hasta tanto se haga efectiva su entrega al Gobierno de la República de Colombia…”.

De acuerdo con el espíritu de la sentencia transcrita y tomando en consideración la circunstancia que se presenta respecto al ciudadano A.A.R.F., el cual se encuentra privado de su libertad, y ante la omisión de las autoridades del Gobierno de la República Federativa del Brasil de ejecutar la extradición acordada por esta Sala de Casación Penal, lo procedente y ajustado a Derecho es pronunciarse respecto al mantenimiento o no de la medida de coerción personal que pesa sobre el referido ciudadano.

El artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica lo siguiente:

Artículo 44. La libertad personal es inviolable; en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en casa caso.

(…)

3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años

.

Por su parte, los artículos 229 y 230 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen lo siguiente:

"Estado de Libertad

Artículo 229. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.

La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

Proporcionalidad

Artículo 230. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.

En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años; si se tratare de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave.

Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal, que se encuentren próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el o la querellante podrán solicitar prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y cuando fueren varios los delitos imputados, se tomará en cuenta la pena mínima prevista para el delito más grave.

Igual prórroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada, o sus defensores o defensoras.

Estas circunstancias deberán ser motivadas por el o la Fiscal o el o la querellante.

Si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, quien decidirá sobre dicha solicitud".

De los artículos transcritos se evidencia que nuestra legislación contempla la garantía del juzgamiento en libertad, la cual deriva del derecho humano a la libertad como principio; siendo así, el mismo sólo podrá verse restringido en casos excepcionales para asegurar las finalidades del proceso.

Respecto a las prescripciones de Derecho Internacional, se advierte que entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil existe un Tratado de Extradición, el cual establece en su artículo VII lo siguiente:

ARTÍCULO VII

Concedida la extradición, el Estado requerido comunicará inmediatamente al Estado requirente que la persona reclamada se halla a su disposición.

Si dentro de sesenta días contados desde dicha notificación, el Estado solicitante no hubiese adoptado las medidas adecuadas para recibir al inculpado, el Estado requerido lo pondrá en libertad, y no será detenido nuevamente por la misma causa

.

De acuerdo con la disposición transcrita, se evidencia que la República Federativa del Brasil (Estado requirente) deberá disponer de la persona solicitada en extradición una vez la misma haya sido acordada por el Estado requerido, y para lo cual cuenta con sesenta (60) días; en caso contrario, será puesta en libertad y no podrá ser aprehendida por el mismo motivo.

Del mismo modo, el artículo 22 de la Convención Interamericana sobre Extradición, de la cual ambos países son signatarios, estipula lo siguiente:

ARTÍCULO 22

Plazo de Recepción del Extraditado

Si la extradición se hubiera concedido, el Estado requirente deberá hacerse cargo de la persona reclamada dentro del término de treinta días a contar de la fecha en que hubiera sido puesta a su disposición. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo, se pondrá en libertad al reclamado, quién no podrá ser sometido a nuevo procedimiento de extradición por el mismo delito o delitos. Sin embargo, ese plazo podrá ser prorrogado por treinta días si el Estado requirente se ve imposibilitado, por circunstancias que no le sean imputables, de hacerse cargo del reclamado y conducirlo fuera del territorio del Estado requerido

.

Conforme con la disposición transcrita, también se evidencia que la República Federativa del Brasil (Estado requirente) cuanta con un plazo de treinta (30) días para disponer de la persona solicitada en extradición una vez la misma haya sido acordada por el Estado requerido, y que dicho plazo podría ser prorrogado por treinta (30) días más si el Estado requirente se ve imposibilitado (y por causas que no le sean imputables) para conducir al ciudadano requerido hasta su territorio, por lo que vencido ese término deberá ser puesto en libertad y no podrá ser aprehendido por el mismo motivo.

Ahora bien, en el presente caso se aprecia que sobre el ciudadano A.A.R.F. pesa una medida de coerción personal desde el día 4 de septiembre de 2014, fecha en la cual fue detenido por la División de Investigaciones Interpol, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y el día 5 del mismo mes y año se celebró la audiencia para oír al imputado ante el Tribunal Cuadragésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el cual decretó la aprehensión del referido ciudadano a fin de iniciar el procedimiento de extradición ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual se encuentra privado de su libertad; luego, esta Sala de Casación Penal declaró procedente la extradición pasiva del mismo mediante sentencia núm. 119, del 19 de marzo de 2015.

Al respecto, este Alto Tribunal, en resguardo de las garantías constitucionales del ciudadano A.A.R.F. consagradas en los artículos 26, 49, numeral 1, y 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con el artículo VII del Tratado de Extradición suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil y el artículo 22 de la Convención Interamericana sobre Extradición, de la cual ambos países son signatarios; y tomando en cuenta que el país requirente (República Federativa del Brasil) no cumplió con las disposiciones transcritas anteriormente para la aplicación del procedimiento de Extradición Pasiva; la Sala de Casación Penal debe ordenar el cese inmediato de la medida de coerción personal que pesa sobre el ciudadano A.A.R.F., en razón de que la República Federativa del Brasil no realizó los trámites necesarios para retirar al referido ciudadano del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, lo que imposibilita la ejecución de la extradición acordada por este órgano jurisdiccional.

En consecuencia, esta la Sala de Casación Penal debe ordenar la libertad inmediata y sin restricciones del ciudadano A.A.R.F., la cual deberá ser ejecutada por el Tribunal Cuadragésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; a tal efecto se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al referido tribunal. Así se decide.

II

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO

ORDENA la libertad inmediata y sin restricciones así como el cese de la medida de coerción personal que pesa contra el ciudadano A.A.R.F., identificado con la cédula de identidad brasileña núm. 7038204611.

SEGUNDO

ORDENA al Tribunal Cuadragésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ejecutar la libertad inmediata y sin restricciones del ciudadano A.A.R.F.; a tal efecto, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al referido tribunal.

TERCERO

INFÓRMESE de esta decisión al Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo efecto se ORDENA expedir sendas copias certificadas de la misma y remitirlas al Ministerio para el Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Publíquese, regístrese, y archívese el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, a los CUATRO (4) días del mes de NOVIEMBRE de 2015. Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL J.M.P.

La Magistrada Vicepresidenta,

F.C.G.

Ponente

La Magistrada,

D.N.B.

El Magistrado,

H.M.C.F.

La Magistrada,

E.J.G.M.

La Secretaria,

A.Y.C.D.G.

Exp. AA30-P-2014-000347

FCG.

Los Magistrados, Doctores MAIKEL J.M.P. y D.N.B., no firmaron por motivos justificados.