Sentencia nº 0198 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 9 de Abril de 2015

Fecha de Resolución: 9 de Abril de 2015
Emisor:Sala de Casación Social
Número de Expediente:12-307
Ponente:Edgar Gavidia Rodríguez

Ponencia del Magistrado Dr. EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ

En el procedimiento que por cobro de diferencia de prestaciones sociales, sigue el ciudadano A.S.M., titular de la cédula de identidad número V-6.301.057, representado judicialmente por los abogados R.A.N.U., G.R.N.S. y L.N.Z.T., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.085, 115.498 y 131.643, respectivamente, contra la sociedad mercantil DOCUMENTOS MERCANTILES, S.A. (DOMESA), inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 5 de noviembre de 1975, bajo el número 2, tomo 58-A, posteriormente modificado su documento constitutivo estatutario según acta de asamblea extraordinaria de accionistas de 1° de septiembre de 1997, inscrita ante la misma oficina de Registro Mercantil el 22 de enero de 1998 y registrada bajo el número 51, tomo 11 Pro., representada judicialmente por los abogados J.C.P.-Rísquez, E.C.B.S., Y.C.A.D.S., Eirys del Valle Mata Marcano, M.M.A., N.M.C.G., L.E.C.J., E.C.C.C., C.J.S.V., María de los Á.G.C., V.A.L., F.Z.W., R.G.L., N.M.C.G., P.O.C., F.B.M., C.A.C.R. y Lynne Hope Glass, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 41.184, 70.731, 76.526, 76.888, 91.561, 99.384, 119.736, 120.215, 135.386, 145.284, 178.146, 76.056, 84.455, 99.384, 111.971, 129.943, 145.283 y 80.188, en su orden; el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 2 de febrero de 2012, declaró parcialmente con lugar la apelación ejercida por el demandante y parcialmente con lugar la demanda, revocando el fallo emitido por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio de la misma Circunscripción Judicial, el 1° de noviembre de 2011, que declaró sin lugar la pretensión incoada.

Contra la decisión de Alzada, la demandada anunció recurso de casación. Siendo admitido fue remitido el expediente a esta Sala de Casación Social. Una vez formalizado, no hubo impugnación.

Recibido el expediente, se dio cuenta en Sala el 8 de marzo de 2012, correspondiéndole la ponencia al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

El 14 de enero de 2013, se incorporaron a esta Sala previa convocatoria, el Magistrado Suplente O.J.S.R. y las Magistradas Suplentes S.C.A.P. y C.E.G.C., en virtud de haberse cumplido el periodo par el cual fueron designados los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonzo Valbuena Cordero, de acuerdo a lo previsto en los artículos 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 38 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, quedando integrada de la siguiente manera: Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, Presidente; Magistrada C.E.P.d.R., Vicepresidenta; el Magistrado Octavio Sisco Ricciardi y las Magistradas S.C.A.P. y C.E.G.C..

Mediante auto de 25 de enero de 2013, se reasignó la ponencia al Magistrado Octavio Sisco Ricciardi.

De conformidad con Resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, número 2014-0002 de 13 de febrero de 2014, mediante la cual se crean las Salas Especiales de la Sala de Casación Social, el 1° de abril del mismo año, fue recibido el expediente proveniente de la Sala Natural y se constituyó en el presente juicio la Sala Especial Tercera, integrada por el Presidente, Magistrado Octavio Sisco Ricciardi y las Magistradas Accidentales, M.M.C.P. y Bettys del Valle L.A..

El 28 de diciembre de 2014, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.165 extraordinaria, de la misma fecha, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela designó a las Magistradas y Magistrados principales M.M.T., M.C.G., E.G.R. y D.A.M.M., quienes tomaron posesión de sus cargos el 29 de diciembre de 2014.

Posteriormente, mediante auto de 12 de enero de 2015 se ordenó pasar la presente causa a la Sala Natural, reasignándose la ponencia de este asunto al Magistrado E.G.R..

Por auto de 6 de febrero de 2015, se fijó la realización de la audiencia oral, pública y contradictoria para el jueves diecinueve (19) de marzo de 2015, a las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), todo en sujeción a lo regulado por el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El 12 de febrero de 2015, con la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, quedó formalmente reconstituida la Sala de la manera siguiente: Presidenta Magistrada M.C.G., Vicepresidenta Magistrada M.M.T., Magistrada C.E.P.d.R., Magistrados E.G.R. y D.A.M.M., conservando la ponencia el Magistrado E.G.R..

Celebrada la audiencia oral y habiendo esta Sala pronunciado su decisión, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, bajo las siguientes consideraciones:

DEL RECURSO DE CASACIÓN

I

De conformidad con el numeral 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación.

Afirma la formalizante que la sentencia cuestionada contradice la jurisprudencia reiterada y pacífica de la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal en materia de carga alegatoria y probatoria de reclamo por horas extraordinarias y días de descanso convencional laborados, así como en referencia al límite de condenatoria de horas extraordinarias, fundada en la sentencia de esta Sala número 296 de 8 de marzo de 2010, caso: H.T. vs. C.V.G. Alcasa y otros, en la que se deja asentado que a partir de la decisión número 1380 de la Sala Constitucional de 29 de octubre de 2009, que desaplicó por control difuso el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ‘aun (sic) subsiste en nuestro ordenamiento jurídico un dispositivo que hace posible defender la uniformidad de la jurisprudencia, a pesar de la desaplicación del sistema de precedentes que se había impuesto en la ley adjetiva laboral, y este no es otro que el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil’.

Explica la solicitante de este medio extraordinario de impugnación que según la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social, cuando se reclame haber laborado horas extraordinarias o días de descanso semanal, y consecuencialmente el recargo, o la inclusión del mismo, en la base de cálculo de los beneficios laborales, corresponde al demandante alegar suficientemente los días y número de horas trabajadas y demostrar que efectivamente las laboró.

Informa que en el presente caso la demandada resultó condenada a pagar el monto que resulte de incluir las supuestas y negadas horas extras trabajadas y días de descanso en los beneficios de prestación de antigüedad, vacaciones, bono vacacional y utilidades, cuando lo cierto es que del libelo se desprende que el accionante no cumplió con la carga alegatoria de señalar cuáles días y en qué fechas supuestamente laboró las horas extraordinarias y días de descanso convencional.

Ahondando en su denuncia, manifiesta que la recurrida sostiene que la demandada ‘debió en todo caso negar el hecho de haber cancelado estos conceptos de forma regular y permanente’ y con fundamento en ello, dio por demostrado los alegatos del actor; lo cual es errado, toda vez que la accionada negó las horas extraordinarias que el demandante reclama, quien no alegó los montos ni las fechas en que a su decir, fueron pagadas las pretendidas horas extraordinarias y días de descanso convencional.

De otra parte, afirma la recurrente que para el supuesto y negado caso que se considerara procedente la inclusión de las pretendidas horas extras en los derechos laborales accionados, la condenatoria se debió limitar a la inclusión de cien (100) horas extraordinarias anuales, de acuerdo con el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), máxime cuando no existe en autos evidencia que el actor haya laborado horas extras ni de que se le hayan pagado, lo que hace al vicio determinante del dispositivo, en virtud que no consta prueba alguna de los pagos alegados; que, de ser el caso, la condena habría resultado inferior.

Para decidir la Sala observa:

Ha establecido la Sala de Casación Social, en reiteradas oportunidades, que la falta de aplicación de una norma tiene lugar cuando el sentenciador deja de utilizar una disposición legal que está vigente, a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance.

El artículo 321 del Código de Procedimiento Civil cuya infracción se delata establece:

Artículo 321.- Los Jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.

Es cierto que el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil establece el deber de los Jueces de procurar acatar la doctrina sentada en casos análogos, a los fines de defender la uniformidad de la jurisprudencia, pero, al haber sido desaplicado el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y posteriormente nulo por declaratoria de la Sala Constitucional, en sentencia número 1264 de 1° de octubre de 2013, desaparece el sistema de precedentes que consagraba dicha Ley adjetiva laboral, de manera que, para casar un fallo, además de no haber acatado un criterio jurisprudencial debe comprobarse la existencia de algunos de los vicios e infracciones legales previstas en el artículo 168 de la Ley Orgánica referida.

En la fundamentación de la denuncia, lo que se alega es que si la recurrida hubiera aplicado el criterio jurisprudencial de esta Sala de Casación Social respecto de la carga alegatoria y probatoria que recae sobre quien pretenda el pago de horas extras o días de descanso convencional laborados, por tratarse de condiciones en exceso a las legales; conjuntamente con la jurisprudencia concerniente al límite máximo legal de cien (100) horas extras anuales, para el supuesto de que el demandante las hubiere demostrado, hubiera tenido que declarar sin lugar la demanda, o en el último caso, sujetar la condena al límite señalado.

Como consecuencia de lo expuesto, la denuncia debe ser desechada porque no existe obligación legal por parte de los Jueces de aplicar la doctrina casacional, además de que, al descender a las actas procesales verifica esta Sala de Casación Social que del libelo de demanda (f. 3 de la primera pieza) se desprende, contrario a lo alegado por la accionada en el escrito recursivo, que lo pretendido por el actor no es el pago de horas extras, sino las diferencias en los derechos de prestación de antigüedad, vacaciones, bono vacacional y utilidades, producto de la incidencia de las horas extraordinarias y días de descanso convencional trabajados, los cuales eran pagados en forma constante, regular y permanente; en consecuencia, parte del salario normal base de cálculo de dichos beneficios.

Sobre las razones expuestas, la presente denuncia debe ser declarada sin lugar. Así se decide.

II

Al amparo del numeral 1 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por incongruencia negativa.

Delata la formalizante que la recurrida omitió pronunciarse sobre los argumentos expresados por la demandada en el capítulo IV de la contestación de la demanda, titulado ‘De la supuesta diferencia de vacaciones, bono vacacional, utilidades y prestación de antigüedad’, en lo relativo al salario base de cálculo de los mencionados conceptos, que de acuerdo con la convención colectiva de trabajo, aplicable al actor, es el salario básico y no el normal, por tanto, en el supuesto negado que se demostrara que el accionante percibía un pago reiterado por horas extras y días de descanso convencional trabajados, no debía incluirse para calcular los referidos beneficios; la cual es más beneficiosa que la Ley Orgánica del Trabajo (1997) tanto en el número de días de disfrute, como en el pago de días de salario.

Que en el supuesto negado que procediera la inclusión de las pretendidas horas extras y días de descanso convencional laborado en el cálculo de las utilidades, sólo puede integrarse la supuesta diferencia, en virtud que el actor reconoce en el libelo que le pagaron las utilidades.

Se ha denunciado el vicio de incongruencia negativa, que se configura cuando el Juez no resuelve sobre todo lo alegado.

Es deber de los Jueces resolver en forma expresa, positiva y precisa todos los alegatos que sustentan la pretensión, y todas las defensas y excepciones interpuestas por el demandado, en su contestación, por lo que se refiere al fondo de la cuestión debatida.

Respecto a la infracción alegada por la recurrente, establecen los artículos 12, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil:

Artículo 12. Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos (…).

(Omissis)

Artículo 243. Toda sentencia debe contener:

(Omissis)

5°. Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

Artículo 244. Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.

El criterio de la Sala de Casación Social con respecto al requisito de congruencia del fallo, reflejado en múltiples decisiones, entre ellas, en la número 896 de 2 de junio de 2006, ha sido:

Ahora bien, el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, expresa la obligación de que toda sentencia debe contener una ´decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia,´ allí se establece el llamado principio de congruencia, el cual sujeta al sentenciador a no alterar el problema judicial debatido entre las partes, debiendo resolver sobre todo aquello alegado y probado por los sujetos integrantes de la litis. El incumplimiento de lo señalado anteriormente, hará padecer a la sentencia del vicio de incongruencia.

En este sentido, se debe destacar que el precitado defecto de actividad puede ser positivo o negativo, configurándose la incongruencia positiva cuando el sentenciador se sitúa fuera de los términos en que quedó establecida la litis, supliendo alegatos o excepciones que no han sido señaladas por las partes; y la incongruencia negativa se patentiza en el caso de que el sentenciador no tome en consideración argumentos fácticos o de derecho que sustenten la demanda del actor o las excepciones o defensas del accionado. (Énfasis de la Sala).

La consolidada jurisprudencia de este Alto Tribunal, sin solución de continuidad, ha declarado: “en el punto concerniente al principio de exhaustividad de la sentencia, [que] hay omisión de pronunciamiento cuando la sentencia prescinde otorgar o negar la tutela jurídica solicitada sobre alguna de las alegaciones o peticiones de las partes” señalando que “el principio de exhaustividad de la sentencia impone al Juez el deber de pronunciarse sobre todas las alegaciones y peticiones de las partes, aunque sea para rechazarlos por extemporáneos o infundados o inadmisibles”. (Márquez Añez, Leopoldo; Motivos y Efectos del Recurso de Casación de Forma en la Casación Civil Venezolana, Colección Estudios Jurídicos número 25, Caracas, pp. 62 y 63). (Caso Hilados Flexilón, S.A., sentencia número 116, de 17 de mayo de 2000, de esta Sala de Casación Social).

Atendiendo a la afirmación de la parte recurrente, se procedió a la revisión íntegra de la sentencia sometida a la consideración de esta Sala, y en dicha labor se comprobó que las alegaciones de las partes fueron atendidas por la sentencia cuestionada en los siguientes términos:

Así las cosas, observa esta Alzada en primer lugar que la parte reclamante reclama (sic) el pago de diferencia de prestaciones sociales basado en la inclusión en el salario a los efectos del calculo (sic) de la prestación de antigüedad, vacaciones anuales, bono vacacional, utilidades y los días domingos y feriados, los conceptos denominados como hora extra diurna, hora extra nocturna y descanso convencional laborado, los cuales, a decir del actor, eran cancelados por la demandada de manera regular y permanente, excluyendo solo la temporada de vacaciones anuales y, que los mismos no habían sido tomados en cuenta para el cálculo de su liquidación.

Por su parte, la demandada en su contestación basa sus defensas en el hecho que la parte actora alega haber trabajado unas supuestas horas extraordinarias diurnas y nocturnas y unos descansos convencionales durante toda la relación de trabajo, por lo que procedió a negar que el demandante haya prestado servicios en momento alguno durante horas extraordinarias o días de descanso convencional, indicando que no se señala con exactitud en su libelo los días en los cuales supuestamente laboró la horas extras y descansos convencionales, por lo que el actor tiene la carga probatoria de demostrar en autos esa reclamación de conceptos en exceso a la legalmente establecido, por haber trabajado horas extras o descanso convencional y que al no estar demostrada que las laboró no se adeuda diferencia en el cálculo de las prestaciones sociales.

De manera que de acuerdo con lo expuesto por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda y así fue ratificado en la audiencia de apelación por ante esta Alzada, (…) el actor hace su reclamo de diferencia de prestaciones sociales pero fundamentado en un erróneo calculo (sic) del salario utilizado por la accionada para liquidar los conceptos prestaciones que le corresponde, pues no tomo (sic) en cuenta la inclusión en dicho salario de horas extras diurna (sic), horas extras nocturnas y descanso convencional laborado, los cuales, a decir del actor, eran cancelados por la demandada de manera regular y permanente y que los mismos no habían sido tomados en cuenta para el cálculo de su liquidación.

Con arreglo a la demanda propuesta y las alegaciones de la demandada contenidas en su escrito de contestación, respecto de la diferencia de prestación de antigüedad, el Juez Superior resolvió lo siguiente:

(…) respecto a la antigüedad contemplada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, corresponde su pago en 936 días, de acuerdo con el salario básico devengado en cada mes, más lo conceptos devengados en cada mes por hora extra diurna, hora extra nocturna y descanso convencional laborado, para componer el salario normal, a lo cual le agregará las alícuotas de bono vacacional y utilidades, calculado por medio de experticia complementaria de fallo realizada por un único experto designado por el Tribunal de Ejecución. (…).

En cuanto a las diferencias de utilidades accionadas, contrastando los alegatos del demandante y los argumentos esgrimidos por la demandada en su contestación, el ad quem determinó lo que de seguidas se transcribe:

Sobre la diferencia de utilidades se ordena su pago al no haber rechazado la demandada que cancelaba el concepto denominado como hora extra diurna, hora extra nocturna y descanso convencional laborado, en los días indicados en el libelo de la demanda a los folios 18 y 19 conforme a la cláusula 21 de la convención colectiva aceptada su contenido por la demandada, y de acuerdo con el salario básico devengado en el mes en que le nació el derecho, más lo (sic) conceptos devengados en el mes respectivo por hora extra diurna, hora extra nocturna y descanso convencional laborado y cancelado en su oportunidad, más lo conceptos devengados en el mes respectivo por hora extra diurna, hora extra nocturna y descanso convencional laborado y cancelado en su oportunidad (sic), para componer el salario normal, los cuales constituyen salario y debe ser incorporado en la incidencia del concepto de utilidades (…).

Por su parte, respecto de las diferencias de vacaciones y bono vacacional pretendidas por el demandante, tomando en cuenta los términos en que la accionada dio contestación a las afirmaciones del actor, la recurrida concluye de la siguiente forma:

Sobre la diferencia de vacaciones se ordena su pago al no haber rechazado la demandada que cancelaba el concepto denominado como hora extra diurna, hora extra nocturna y descanso convencional laborado, en los días indicados en el libelo de la demanda a los folios 19 y 20 conforme a la cláusula 18 de la convención colectiva aceptada su contenido por la demandada, y de acuerdo con el salario básico devengado en el mes en que le nació el derecho, más lo conceptos devengados en el mes respectivo por hora extra diurna, hora extra nocturna y descanso convencional laborado y cancelado en su oportunidad, para componer el salario normal, los cuales constituyen salario y debe ser incorporado en la incidencia del concepto de vacaciones (…).

Sobre la diferencia de bono vacacional se ordena su pago al no haber rechazado la demandada que cancelaba el concepto denominado como hora extra diurna, hora extra nocturna y descanso convencional laborado, en los días indicados en el libelo de la demanda a los folios 20 y 21 conforme a la cláusula 18 de la convención colectiva aceptada su contenido por la demandada, y de acuerdo con el salario básico devengado en el mes en que le nació el derecho, más lo conceptos devengados en el mes respectivo por hora extra diurna, hora extra nocturna y descanso convencional laborado y cancelado en su oportunidad, para componer el salario normal, los cuales constituyen salario y debe ser incorporado en la incidencia del concepto de bono vacacional (…).

De los pasajes citados constata esta Sala de Casación Social que el Juez de Alzada decidió condenando el pago de las diferencias por prestación de antigüedad, utilidades, vacaciones y bono vacacional, de acuerdo con el salario básico, más los conceptos percibidos por hora extra diurna, nocturna y días de descanso convencional laborados y pagados en su oportunidad, tomando en consideración los alegatos expuestos por la demandada frente a las diferencias requeridas por el accionante, derivadas de la incidencia de dichos conceptos en la remuneración utilizada para el pago de los beneficios laborales, es decir, de acuerdo con los argumentos fácticos y de derecho sustentados en la demanda y las excepciones opuestas por la accionada en su contestación, en los límites del problema judicial debatido entre las partes, razón por la cual, la recurrida no está incursa en el vicio que se le acusa.

De acuerdo con los fundamentos expuestos, la presente denuncia debe ser declarada sin lugar. Así se decide.

III

De conformidad con el numeral 3 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia el vicio de inmotivación que afecta la recurrida por motivación contradictoria.

Aduce la formalizante que por una parte la sentencia cuya nulidad es pretendida da por cierto el hecho de que la demandada pagó al actor los conceptos de vacaciones, bono vacacional y utilidades a razón de salario básico, sin embargo, cuando la recurrida establece que la accionada debe pagar al demandante la diferencia que provendría de incluir en el salario base de cálculo las supuestas horas extraordinarias y los supuestos días de descanso convencional laborados, sólo ordena deducir lo pagado por vacaciones, bono vacacional y los conceptos incluidos en la liquidación, más no ordena deducir lo recibido por el actor en relación con las utilidades.

El vicio de contradicción se produce en los motivos y existe cuando las razones del fallo se destruyen entre sí.

La infracción por motivación contradictoria sólo se configura cuando los motivos colisionan por contradicciones graves o inconciliables, lo que genera, como ha sostenido esta Sala reiteradamente, una situación equivalente a la falta absoluta de fundamentos.

De un estudio a la sentencia impugnada, se constata a los folios 259 y 260 de la segunda pieza del expediente, que la Alzada decidió en los siguientes términos:

A los conceptos que corresponde deber al accionante indicados supra se debitará lo ya recibido por la parte actora según planilla de liquidación cursante a los folios 53, 147, 150, 154, 156, 157, 158, 159 de la pieza 1 por los siguientes conceptos: Vacaciones [sic] canceladas no disfrutadas Bs. 36.710,10, Prestación [sic] de antigüedad (Art.108) Bs. 153.397,36. Vacaciones fraccionadas Bs. 9.177,21, Bono Vacacional. [sic] fraccionado Bs. 7.464,32, Utilidades [sic] fraccionadas Bs. 42.607,06, anticipo abono prestación Bs. 24.472,80, anticipo de fideicomiso Bs. 87.700,00, depósito en fideicomiso Bs.31.532,74, días adicionales Art 108 Bs. 9.691,82, utilidades pagadas Bs. 46.835,83, anticipo de prestaciones Bs. 2.279.000,00 en el año 2000, Bs. 2.274.000,00 en el año 2001, Bs. 3.000.000,00 en el año 2003, Bs. 15.000.000,00 en el año 2007, Bs. 18.700,00 en el año 2008, Bs. 22.000,00 en el año 2009 y Bs. 32.000,00 en el año 2010. Asimismo, se ordena debitará [sic] lo ya recibido por la accionante por concepto de vacaciones y bono vacacional de acuerdo a las documentales que rielan a los folios 160, 162, 163, 166, 168, 170, 173, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 185, 187, 188, 190, 193, 195 al 201, 203, 204, 206 al 221, todo lo cual se realizará por experticia complementaria del fallo, y de lo que resulte se calcularán los intereses de mora. (…). (Resaltado del texto y subrayado de la Sala).

De la cita transcrita, se verifica que contrario a lo delatado por la formalizante, el ad quem luego de establecer las diferencias que al actor le corresponden por concepto de vacaciones, bono vacacional y utilidades, en lo relativo a estas últimas ordenó deducir lo pagado por la demandada, obrando así ajustado a derecho.

En ese sentido, concluye la Sala que la sentencia cuestionada no incurrió en el vicio alegado por la formalizante, razón por la cual, se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

D E C I S I Ó N

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 2 de febrero de 2012. SEGUNDO: CONFIRMA el fallo recurrido mediante el cual se declaró parcialmente con lugar la demanda incoada por el ciudadano A.S.M. contra la sociedad mercantil Documentos Mercantiles, S.A. (DOMESA).

Se condena en costas del recurso a la demandada recurrente, de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra mencionada, a los fines consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de abril dos mil quince. Años 204° de la Independencia y 156° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

_________________________________

M.C.G.

La Vicepresidenta, Magistrada,

__________________________________ _________________________________

MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA C.E.P.D.R.

Magistrado Ponente, Magistrado,

_____________________________ _____________________________________

EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO

El Secretario,

____________________________

M.E. PAREDES

R.C. N° AA60-S-2012-000307

Nota: Publicada en su fecha a

El Secretario,

La Magistrada doctora C.E.P.d.R., disiente de la decisión aprobada por la mayoría sentenciadora, que declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la sociedad de comercio Documentos Mercantiles (DOMESA), S.A., y confirmó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de febrero de 2012, por tal motivo procede a salvar su voto, con base en las siguientes consideraciones:

Preliminarmente, debo indicar que la sentencia confirmada declaró procedente el pago de la incidencia de las horas extras y días de descanso laborados reclamadas a lo largo de la relación de trabajo, para el pago de la prestación de antigüedad, vacaciones, bono vacacional, utilidades, días domingos y feriados, bajo la siguiente motivación:

1) Que la parte demandada limitó su defensa a que al actor no prestó sus servicios en jornada extraordinaria “(…) como si el actor estuviera reclamando la falta de pago de estos conceptos (…), siendo que del libelo se alega que la demandada sí le cancelaba dichos conceptos (…), pero que estos no fueron incluidos para el cálculo de los conceptos laborales, (…) lo que forzosamente hace concluir a esta Alzada que la parte demandada no ejerció sus defensas conforme a la pretensión del actor, (…)”.

2) Que se debe tener por cierta la base salarial alegada por el actor en su escrito libelar, en virtud de que no fue rechazada por la demandada, aunado a la instrumental que cursa al folio 109 -promovida por la parte demandada-, contentiva del recibo de nómina de fecha 30 de noviembre de 1988, de cuyo contenido se desprende que el actor percibió remuneración por concepto de sobretiempo diurno y nocturno, lo que hace colegir a la alzada el pago regular y permanente de horas extras diurnas, nocturnas y día de descanso convencional laborado.

3) Que de la planilla de movimiento de finiquito de fecha 1° de diciembre de 2010, se aprecia que el actor percibía un salario básico de Bs. 6.293,17 mensuales, para un salario diario de Bs. 209,77, base de cálculo para el pago del bono vacacional fraccionado; sin embargo, los conceptos de vacaciones y utilidades fraccionadas fueron satisfechos con salarios superiores de Bs 524,41 y 387,33 respectivamente, razón por la que la sentencia confirmada colige que la empresa demandada sí incorporaba al salario básico otros conceptos a los fines de formar parte del salario normal.

Por su parte, la mayoría sentenciadora al resolver el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y decidir sobre la infracción del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, señaló que la norma en referencia establece que a los fines de defender la uniformidad de la jurisprudencia, los jueces deben procurar acatar la doctrina sentada en casos análogos; sin embargo, advirtió que al haber desaplicado la Sala Constitucional en sentencia N° 1264 de fecha 1° de octubre de 2013, el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para casar un fallo, por no haber acatado un criterio jurisprudencial, debe comprobarse la existencia de algunos de los vicios e infracciones legales contenida en la Ley adjetiva laboral. Asimismo, sostiene la mayoría que:

En la fundamentación de la denuncia, lo que se alega es que si la recurrida hubiera aplicado el criterio jurisprudencial de esta Sala de Casación Social respecto de la carga (…) probatoria que recae sobre quien pretenda el pago de horas extras o días de descanso convencional laborados, por tratarse de condiciones en exceso a las legales; conjuntamente con la jurisprudencia concerniente al límite máximo legal de cien (100) horas extras anuales, para el supuesto de que el demandante las hubiere demostrado, hubiera tenido que declarar sin lugar la demanda, o en el último caso, sujetar la condena al límite señalado.

Como consecuencia de lo expuesto, la denuncia debe ser desechada porque no existe obligación legal por parte de los jueces de aplicar la doctrina casacional, además de que, al descender a las actas procesales verifica esta Sala de Casación Social que del libelo de demanda (f.3 de la primera pieza) se desprende, contrario a lo alegado por la accionada en el escrito recursivo que lo pretendido por el actor no es el pago de horas extras, sino la diferencia en los derechos de prestación de antigüedad, vacaciones, bono vacacional y utilidades, producto de la incidencia de las horas extraordinarias y días de descanso convencional trabajados, los cuales eran en forma constante, regular y permanente, en consecuencia, parte del salario normal base de cálculo de dichos beneficios. (El subrayado es propio).

De la reproducción efectuada, se colige que la mayoría sentenciadora a pesar de hacer mención expresa en su motiva, que lo pretendido por la demandada recurrente, es la declaratoria sin lugar de la demanda conforme el criterio jurisprudencial referido a la distribución de la carga de la prueba en materia de horas extras, la cual recae sobre quien pretenda su satisfacción; o en todo caso limitar el número condenado a cien (100) horas extras al año, desestimó la delación con fundamento en que el trabajador en forma regular y permanente, percibió el pago de horas extras y días de descanso convencional trabajados, en consecuencia, resulta procedente su incidencia a fin de conformar el salario normal mensual base de cálculo para el pago de los conceptos de vacaciones, bono vacacional, utilidades y prestación de antigüedad (ésta última previa adición de las alícuotas de bono vacacional y utilidades), en consecuencia, declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y confirmó el fallo impugnado en sede casacional.

De lo anterior se desprende, que la mayoría sentenciadora no a.q.l.d. rechazó en forma concreta que hubiera pagado horas extras y días de descanso laborados en forma constante durante todos y cada uno de los meses de la relación laboral, tal como se evidencia del capítulo II del escrito de contestación de la demanda (folios 277 al 282. 1° pieza).

De conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, extendiéndose al fondo de la controversia, al establecimiento y apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia. En este mismo sentido, dispone el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

Además debe considerarse que, contrario a lo asentado por la mayoría sentenciadora y a pesar de haber sido declarada la inconstitucionalidad del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los jueces de instancia y aún la Sala de Casación Social, procurarán acoger los criterios reiterados de la jurisprudencia, ello en aplicación del principio de igualdad y confianza legítima, previsto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y conforme a lo establecido por la Sala Constitucional en múltiples fallos entre los que se puede mencionar, la sentencia N° 1854 de fecha 28 de noviembre de 2008 (caso: Barrios Manucci).

A juicio de quien suscribe, del contexto de la denuncia desestimada por la mayoría, se desprende que la parte demandada delató la infracción de las reglas de distribución de la carga de la prueba previstas en los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, normas que establecen que ésta corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga alegando nuevos hechos; por tanto, al margen de que la recurrente invocó la infracción del artículo 32l del Código de Procedimiento Civil, la mayoría sentenciadora en aplicación de los artículos 257 de nuestra carta magna, 175 de la Ley adjetiva laboral y el criterio retirado de esta Sala, relativo a la carga de la prueba en materia de horas extras, debió resolver la denuncia en los términos planteados; máxime cuando en la celebración de la audiencia oral y pública, la representación judicial de la sociedad mercantil Domesa, insistió en que correspondía al actor demostrar como supuesto de procedencia de la incidencia reclamada por las horas extras y días de descanso laborados en los conceptos de prestación de antigüedad, vacaciones bono vacacional y utilidades, que en efecto prestó sus servicios en jornada extraordinaria; carga incumplida, pues los recibos de pago promovidos correspondientes a los últimos tres (3) años de la relación, concretamente, los períodos 2008, 2009 y 2010, fueron impugnados, por lo que carecen de valor probatorio.

En otra parte, alegó la demandada recurrente ante la Sala, que la parte actora a los fines de conformar el salario de cálculo para el reclamo de las incidencias por concepto de horas extras diurnas y nocturnas y días de descanso laborados, tomó los “presuntos” pagos recibidos por dichos conceptos en los últimos 12 meses y sobre dicha base demandó diferencias en los conceptos de utilidades, vacaciones y bono vacacionales por todos los 24 años de la relación de trabajo, alegando en el folio 16 del libelo que “presumiblemente ese fue el esquema de pago realizado por la demandada”; sin embargo, no pormenorizó los días ni el número de horas “supuestamente trabajadas”, además de que resulta infundado dicho alegato pues “humanamente” un trabajador no puede prestar sus servicios en jornada extraordinaria durante 24 años; no obstante a pesar de la indeterminación del escrito libelar, el juez de alzada condenó a la empresa al pago de las diferencias, cuando la demanda debió ser declarada sin lugar en virtud de que no están probadas las horas extras, por tanto, no surgen las incidencias acordadas.

Finalmente, adujo la demandada en su exposición oral y pública que lo pretendido por la parte actora es establecer que las horas extras y días de descansos laborados forman parte del salario normal mensual a los fines del pago de los conceptos de vacaciones, bono vacacional y utilidades; lo cual resulta improcedente, por cuanto de conformidad con las cláusulas 18 y 21 del contrato colectivo (2007-2010), la remuneración de tales beneficios está pactada conforme al salario básico, por cuanto, el trabajador disfruta de un número de días (escala por años de servicios) superior a los previstos en la Ley sustantiva laboral; por tanto, a la luz de la teoría del conglobamiento, arguye la demandada que resulta más favorable al trabajador el pago de las vacaciones, bono vacacional y utilidades acorde a los términos pactados en el contrato colectivo, y no conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, que ordena su pago con salario normal esto, es con la inclusión de todos los conceptos percibidos por el trabajador de forma regular y permanente, empero, otorga un número de días inferior.

Respecto a la distribución de la carga de la prueba en materia de horas extras, la Sala de Casación Social en sentencia N° 1604 de fecha 21 de octubre de 2008 (caso: Mariselys J.O.P. contra Procesadora y Exportadora Trus-Tuna, C.A.), ratificado, en sentencia N° 1407 de fecha 6 de octubre de 2014 (caso: H.A.R.A. contra Agropecuaria Las Guaruras, C.A. y otros), estableció:

(…) la Sala debe reiterar que las condiciones exorbitantes como las horas extraordinarias, deben ser probadas por la parte demandante, cuando su procedencia haya sido expresamente negada por la accionada, aún cuando tal negativa no haya sido motivada. En este sentido, en sentencia N° 445 del 9 de noviembre de 2000 (caso: M.d.J.H.S. contra Banco I.V. C.A.), se sostuvo que:

(…) no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación, deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen de las mismas que debe practicar el juzgador, tarea en la cual hará uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador pero de la que no puede eximirse con el solo fundamento de indicar que por efecto de declararse la existencia de la relación de trabajo alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de ella, aún cuando se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales.

Así, por ejemplo, si se ha establecido que unas relaciones de carácter laboral, con una remuneración y tiempo determinado y bajo condiciones legales, es claro que el riesgo de no quedar demostrados los pagos que derivan de esos supuestos no recae sobre el trabajador demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque éste haya rechazado punto por punto lo reclamado. Pero no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y acreencias distintas o en exceso de las legales, como un preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas extras o días feriados trabajados, pues a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra fundamentación que dar; siendo necesario analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme a las cuales sean o no procedentes los conceptos y montos correspondientes (Subrayado añadido).

En cuanto al límite de condena de horas extras, esta Sala en sentencia N° 365 de fecha 20 de abril de 2010 (caso: N.C.K., contra Pin Aragua, C.A.), estableció que su condenatoria se ajustará al límite legal previsto en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo, esto es, de cien (100) horas al año, cuando opere la admisión de los hechos, supuesto, no aplicado al caso bajo examen, empero, argüido por la demandada en el escrito recursivo y en la formalización ante este cuerpo colegiado; motivo por el que se hace la respectiva mención.

Determinado, el régimen de distribución de carga de la prueba en materia de horas extras, se aprecia de la lectura detallada del escrito libelar, que la parte actora arguyó que ingresó a prestar sus servicios en la empresa Domesa en fecha 9 de abril de 1986 hasta el 2 de diciembre de 2010, oportunidad en la que fue despedido injustificadamente, para una duración del vínculo de veinticuatro (24) años, siete (7) meses y veintitrés (23) días. Asimismo, alegó que durante toda la relación de trabajo percibió de forma regular y permanente el pago por concepto de horas extras diurnas, nocturnas y días de descanso convencional laborado, cuyo carácter salarial demandó a los fines del recálculo de la prestación de antigüedad, vacaciones, bono vacacional, utilidades, domingos, días feriados por efecto de la incidencia de la parte variable del salario.

A los fines de cuantificar la incidencia de los conceptos reclamados, el actor partió sobre la base de lo percibido por conceptos de horas extras diurnas, nocturnas y días de descanso convencional laborados en los últimos doce (12) meses anteriores al despido y arguyó un último salario normal diario de cuatrocientos veinte bolívares con cinco céntimos (Bs. 420,05), sobre cuya monto procedió a demandar diferencias en el período comprendido del 9 de abril de 1986 al 2 de diciembre de 2010, por concepto de utilidades, vacaciones, bono vacacional y prestación de antigüedad (éste último previa adición de las alícuotas de bono vacacional y utilidades).

Por su parte, la empresa demandada en su escrito de contestación a la demanda negó rechazó y contradijo que el actor haya prestado sus servicios en jornada extraordinaria diurna, nocturna y en los días de descanso convencional. En tal sentido, rechazó la última base salarial argüida y las cantidades reclamadas por efecto de la incidencia de los conceptos reseñados supra en los beneficios de utilidades, vacaciones, bono vacacional y prestaciones de antigüedad, días domingos y feriados contenidas en los folios 18, 19, 20 y 21 del escrito libelar.

Dado los términos en que la parte demandada dio contestación a la demanda, quien suscribe colige que en aplicación de los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y del criterio consuetudinario de esta Sala respecto a que corresponde a la parte actora demostrar aquellas circunstancias que superen los límites legalmente establecidos, en este caso, corresponde al ciudadano A.S.M. acreditar que prestó sus servicios en jornada extraordinaria diurna, nocturna y en días de descanso convencional, durante la vigencia del vínculo laboral, esto es, los veinticuatro (24) años, siete (7) meses y veintitrés (23) días.

A tal efecto, el actor promovió copias simples de los recibos de pago correspondientes a los períodos 2008, 2009 y 2010 a los fines de demostrar que en los últimos tres (3) años percibió de forma regular y permanente el pago de horas extras diurnas, nocturnas y días de descanso laborados; empero, no promovió medio de prueba tendente a demostrar que prestó sus servicios en tales condiciones en el periodo comprendido del 9 de abril de 1986 al 31 de diciembre de 2007.

Por su parte, la empresa demandada en la audiencia de juicio impugnó los recibos de pago promovidos por el actor en copia simple correspondientes a los períodos 2008, 2009 y 2010; en cuyo valor probatorio la representación judicial de la parte actora no insistió, por tanto, fueron desestimados del debate probatorio, lo que trae por consecuencia, la declaratoria sin lugar de la pretensión de la parte actora, habida cuenta de que no demostró por ningún otro medio de prueba que prestó sus servicios en jornada extraordinaria diurna, nocturna y en días de descanso convencional durante la vigencia del vínculo (9 de abril de 1986 al 2 de diciembre de 2010), independientemente del recibo de pago promovido por la demandada en el mes de noviembre de 1988 de cuyo contenido se desprende el pago de cantidades de dinero por concepto de sobre tiempo diurno y nocturno, instrumental que per se no demuestra el carácter regular y permanente del pago de los conceptos argüidos por el actor, ni la prestación de servicios en jornada extraordinaria diurna, nocturna y en los días de descanso semanal durante la vigencia del vínculo, supuesto de procedencia de la pretensión de la parte actora.

En virtud de las anteriores consideraciones, quien suscribe considera que la mayoría sentenciadora, debió declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por la sociedad de comercio Documentos Mercantiles, S.A., (DOMESA) contra el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de febrero de 2012, anular el fallo recurrido y sin lugar la demanda, habida cuenta de que la parte actora incumplió con su carga probatoria de demostrar que prestó sus servicios en jornada extraordinaria y en días de descanso convencional a los fines del recálculo de los conceptos de vacaciones, bono vacacional, utilidades, días domingos y feriados y prestación de antigüedad por efecto de las horas extras (incidencia).

Queda así expresado el criterio de la Magistrada disidente.

Fecha supra.

La Presidenta de la Sala,

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M.C.G.

La Vicepresidenta, Magistrada disidente,

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MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA C.E.P.D.R.

Magistrado Ponente, Magistrado,

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EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO

El Secretario,

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M.E. PAREDES

R.C. N° AA60-S-2012-000307

Nota: Publicada en su fecha a

El Secretario,