Decisión nº 4 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 9 de Enero de 2014
| Fecha de Resolución | 9 de Enero de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | María F Torres Torres |
| Procedimiento | Exequatur |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE EL
JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
EXPEDIENTE Nº AP71-S-2012-000034/2013-008.-
PARTE SOLICITANTE:
G.A.H.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-5.073.242, y M.S.B.C., española, mayor de edad, con DNI y NIF 10060081L; representados judicialmente por los profesionales del derecho M.Á.G.G., I.J.M.G. y Y.P.P., inscritos en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo los números 90.759, 83.025 y 78.327, respectivamente.
MOTIVO: EXEQUÁTUR.
Se inició el presente proceso mediante solicitud presentada el 18 de junio del 2013 por los abogados M.Á.G.G. e I.J.M.G., en carácter de co-apoderados judiciales de los ciudadanos G.A.H.C. y M.S.B.C., ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través de la cual requirió el exequátur de la sentencia de divorcio dictada el 25 de octubre del 2002, por el Juzgado de Primera Instancia Nº Diez A Coruña, España, que declaró disuelto por divorcio el vínculo matrimonial contraído por los ciudadanos G.A.H.C. y M.S.B.C.
La señalada solicitud fue fundamentada de conformidad con lo establecido en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1 y 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
En fecha 19 de junio del 2013, la secretaria de este a quem dejó constancia que se recibió en fecha 18 del mismo mes y año, escrito de solicitud de exequátur proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y en fecha 01 de julio del 2013, se acordó darle entrada a la presente solicitud de exequátur.
FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN
Los abogados solicitantes alegaron como cuestiones relevantes, lo siguiente:
Que en fecha 25 de octubre de 2002 el Juzgado de Primera Instancia número Diez de los de A Coruña y su Partido, España, dictó sentencia de divorcio de mutuo acuerdo, quedando disuelto el matrimonio civil entre los ciudadano G.A.H.C. y M.S.B.C..
Que durante la unión matrimonial tuvieron dos hijos, A.I., el 28 de abril de 1982 y G.A., en fecha 21 de enero de 1985, ambos mayores de edad, los cuales se mencionaron en la sentencia.
Que dicha sentencia se encuentra debidamente legalizada, de acuerdo a la Ley aprobatoria del convenio de la Haya del 05 de octubre de 1961.
Que la solicitud de exequátur cumple con las exigencias del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado para otorgarle el pase y conferirle eficacia en el territorio nacional.
Por las razones antes expuestas, solicitaron se le conceda fuerza ejecutoria en el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia de divorcio que nos ocupa, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Diez de los de A Coruña y su Partido, España, que declaró disuelto el matrimonio existente entre los ciudadanos G.A.H.C. y M.S.B.C..
Fueron acompañados con el escrito que encabeza el expediente, los siguientes recaudos:
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- Marcada “A”, copia certificada de poder conferido a los profesionales del derecho R.J.H.L.R., M.Á.G.G., I.J.M.G., Y.P.P., J.J.S.M. y W.J.M.G., por el ciudadano G.A.H.C., debidamente notariado, (folios 7 al 9).
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- Marcada “B”, copia certificada de poder conferido a los profesionales del derecho R.J.H.L.R., M.Á.G.G., I.J.M.G., Y.P.P., J.J.S.M. y W.J.M.G., por la ciudadana M.S.B.C., debidamente notariado, (folios 10 al 14).
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- Marcada “C”, copia certificada de la sentencia de divorcio proferida por el Juzgado de Primera Instancia Número Diez de los de A Coruña y su Partido, España, con el Nº 527/02 nomenclatura de ese Juzgado, debidamente apostillada, (folios 15 al 20).
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- Marcada “D”, copia certificada de los Libros de Registro Civil de Ponteferrada, debidamente apostillada, (folios 21 al 23).
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- Marcada “E”, copia simple del Libro de Familia del señor G.A.H. y CASTRO, identificado con el Nº 163020, (folio 24 al 27).
En fecha 01 de julio del 2013, este ad quem, instó a la parte solicitante a consignar copia fotostática de documento de identificación de la ciudadana M.S.B.C..
El 17 de julio del 2013, el abogado I.J.M.G., en su carácter de co-apoderado judicial de los solicitantes, consignó copia simple del documento de identificación de la ciudadana M.S.B.C..
Mediante providencia del 22 de julio del 2013, se admitió la presente solicitud de exequátur, acordándose notificar a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines que tuviese conocimiento del presente procedimiento, y oficiar al Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia (SAIME), a fin de solicitar el movimiento migratorio y el último domicilio de los ciudadanos G.A.H.C. y M.S.B.C..
En fecha 01 de agosto del 2013, el alguacil de este despacho dejó constancia de haber notificado a la Fiscal de Turno de la República Bolivariana de Venezuela del Ministerio Público, asimismo, haber entregado el oficio al Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería del Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones de Interior y Justicia (SAIME).
El 09 de agosto del 2013, la profesional del derecho B.M.M., en su condición de Fiscal Nonagésima Cuarta del Ministerio Público, con competencia en Protección, Civil y Familia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través de la licenciada MORAIMA PÉREZ, presentó escrito de opinión fiscal, en el cual como puntos relevantes concluyó que la presente solicitud de exequátur no viola orden público alguno, ni interno ni internacional.
En fecha 24 de septiembre del 2013, se ordenó cómputo por secretaría de los días de despacho transcurridos desde el 01 de agosto del 2013, exclusive, fecha en que el alguacil dejó constancia en autos de haber practicado la notificación del Ministerio Público, hasta el 24 de septiembre del 2013, inclusive, el cual arrojó un total de 11 días de despacho. En esa misma fecha, mediante auto separado, se estableció que el presente asunto se decidiría como de mero derecho y se fijó el décimo quinto (15) día de despacho siguiente a dicha data, la oportunidad para que las partes presentaran sus escritos de informes, de conformidad con los artículos 389 y 391 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 855 eiusdem.
En fecha 08 de octubre del 2013, se acordó agregar a los autos oficio Nº 135320, procedente del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia (SAIME).
El 17 de octubre del 2013, los co-apoderados judiciales de los solicitantes consignaron escrito de informes de manera extemporánea por tardía, constante de seis (6) folios útiles. En esta misma data, mediante providencia el tribunal se reservó sesenta (60) días calendario para dictar el fallo respectivo, contados desde esa data, exclusive.
Lo anteriormente narrado constituye, a criterio de quien decide, una síntesis clara, precisa y lacónica de la manera en que quedó planteada la cuestión objeto de decisión en esta oportunidad.
MOTIVOS PARA DECIDIR
El primer aspecto a a.p.e.t. es el relativo a su competencia, la cual se determina en razón del carácter contencioso o no del asunto a resolver.
De acuerdo con el numeral 2 del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, compete a la Sala de Casación Civil, “Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados Internacionales o en la ley”, siempre que no se trate de actos o sentencias en asuntos relativos a emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, como es el caso de separación de cuerpos, pues, en estos últimos supuestos corresponde la competencia al Tribunal Superior donde se pretenda hacer valer el acto o sentencia de autoridades extranjeras, por mandato del artículo 856 del Código de Procedimiento Civil.
En el caso bajo estudio, se evidencia de la propia sentencia de divorcio objeto de conocimiento por parte de este órgano jurisdiccional, que el procedimiento de divorcio no fue producto de irreflexión o coacción, y que dicho fallo declaró disuelto el vínculo matrimonial entre los ciudadanos G.A.H.C. y M.S.B.C. por mutuo consentimiento, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración, lo cual le da el carácter de no contenciosa, por lo que este juzgado es competente para conocer de la presente solicitud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-
Despejado lo anterior, se pasa al examen de la cuestión de fondo, a cuyo efecto, se observa:
Establece el artículo 856 eiusdem, lo siguiente:
El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables
.
En este orden de ideas, se puede observar que toda solicitud de exequátur impone su estudio dentro del m.d.D.P.I., por lo que al igual que ocurre en todos los casos que presentan elementos de extranjería, debe atenderse para su decisión a la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado.
Dicho orden de prelación aparece claramente expuesto en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en los siguientes términos:
Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios generales de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados
.
Efectuado el estudio y análisis de los recaudos acompañados a la presente solicitud de exequátur, así como lo expuesto por el co-apoderado judicial del solicitante, es posible afirmar, teniendo en cuenta los extremos previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que en este caso se han cumplido los requisitos de ley para declarar la ejecutoria de la sentencia de divorcio in comento.
En efecto:
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- La sentencia fue dictada en materia civil, especialmente en juicio de divorcio, cuya naturaleza es civil.
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- Tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la legislación de A Coruña, España, por tanto tiene plena firmeza.
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- La sentencia extranjera cuyo exequátur se solicita no arranca la jurisdicción a la República Bolivariana de Venezuela sobre derechos reales de bienes inmuebles ubicados en el Territorio Nacional.
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- El Juzgado de Primera Instancia Nº Diez A Coruña, España, tenía jurisdicción para conocer de la causa, recaída en el caso, conforme a los Principios Generales de Jurisdicción consagrados en el Capitulo IX de la Ley de derecho Internacional Privado (De la eficacia de las sentencias extranjeras).
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- Las garantías procesales que aseguran una razonable posibilidad de defensa fueron otorgadas.
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- La pretensión de la demanda como causal de divorcio fue de muto acuerdo.
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- No consta en autos, que la sentencia dictada el 25 de octubre del 2002, que declaró la disolución del vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos G.A.H.C. y M.S.B.C. sea incompatible con decisión anterior alguna, que haya sido dictada por un tribunal venezolano. Tampoco se evidencia que exista juicio pendiente sobre el mismo objeto, ni entre las mismas partes, iniciado antes de que se hubiese dictado la sentencia extranjera.
Por los razonamientos antes expuestos, se concluye que no hay razón que sea óbice para no permitirle el pase a la sentencia de autos en el territorio nacional y así se dispondrá en el segmento dispositivo de este fallo.-
DECISIÓN
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de divorcio dictada el 25 de octubre del 2002, por el Juzgado de Primera Instancia Nº Diez A Coruña, España, que declaró disuelto el matrimonio contraído por los ciudadanos G.A.H.C. y M.S.B.C., titulares de las cédulas de identidad V-5.073.242 y NIF 10060081L, respectivamente.
No hay especial condenatoria en costas, dada la naturaleza de esta decisión.
En virtud que la presente decisión se pronunció fuera del lapso legal correspondiente, se ordena la notificación de las partes mediante boletas que a tal efecto se ordena librar.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los nueve (09) días del mes de enero del dos mil catorce (2014).- Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.-
LA JUEZA,
Dra. MARÍA F TORRES TORRES. LA SECRETARIA,
Abg. E.M.L.R..
En esta misma fecha, nueve (09) de enero del 2014, siendo las 3:11 p.m., se publicó y registró la presente decisión, constante de siete (07) folios útiles. Se dejó copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias que lleva este juzgado.
LA SECRETARIA,
Abg. E.M.L.R..
Exp. Nº AP71-S-2013-000034/2013-008.-
MFTT/EMLR/andrea.-
Sentencia Definitiva.
