Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Junio de 2009

Corresponden las presentes actuaciones al conocimiento de esta alzada, por decisión de amparo constitucional, en virtud del recurso ordinario de apelación ejercido en fecha 27 de julio de 2005 por la parte actora, ciudadana A.M.R., en contra del fallo definitivo proferido el 02 de mayo de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la querella interdictal de amparo interpuesta por la recurrente en contra de la ciudadana M.S.C..

Este recurso quedó oído en ambos efectos por el juzgado a quo mediante auto fechado 03 de agosto de 2005, que igualmente ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior Distribuidor de turno, correspondiéndole al Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial el conocimiento de la presente causa, que por auto fechado 13 de octubre de 2005 le dio entrada y fijó oportunidad para la presentación de los informes y observaciones de las partes; todo conforme los artículos 517 y 519 del Código de Procedimiento Civil establecen.

Seguidamente, aparece escrito de informes consignado en fecha 14 de noviembre de 2005 por la parte querellada, asistida de abogado, en virtud del cual expuso alegatos de fondo en pro del fallo recurrido. A saber: 1) Ratificó el mérito probatorio contenido en el escrito de defensa presentado en primera instancia, así como aquellos que obraron a su favor por las pruebas documentales presentadas por la querellante, en cuanto a su cualidad posesoria, así como en la falta de cualidad actora alegada por dicho sujeto procesal. 2) Negó haber perturbado a la querellante en la posesión del inmueble de autos, negando que ésta se lo hubiese entregado en calidad de comodato a su hermano fallecido, F.M.R.. Afirmó que es ella quien ve perturbada su posesión legítima, pues así ha poseído junto con su finado esposo desde que comenzaron a hacer vida marital, esto es, poseyendo en forma legitima, pacifica, pública y notoria, a título de propietaria el bien inmueble objeto de la presente causa interdictal. Que la querellante nunca ha ejercido posesión alguna sobre el referido inmueble, ni ha detentado tal carácter, pues ni la querellante ni la albacea testamentaria cumplieron con las estipulaciones previstas en el testamento a favor de su concubino, ya que cada vez que solicitaba solventar y regularizar la situación de sus derechos con respecto al testamento, la querellante posponía la actividad relacionada con el caso. 3) Que es cierto que su concubino ocupó el inmueble hasta la fecha de su fallecimiento -10 de abril de 2002- como se evidencia del acta de defunción que consta en los autos, pero no desde el año 1988, como lo ha alegado la querellante, ya que dicha posesión la venía ejerciendo con su difunto concubino desde el inicio de la vida marital hasta la fecha de su fallecimiento, y luego ésta la continuó ejerciendo sola como concubina del de cujus y a título personal y como sucesora de este, siendo la figura del concubinato equiparada por nuestro legislador con el matrimonio en cuanto a derechos y obligaciones se refiere. Ahora bien, el legislador ha consagrado el interdicto de amparo como una protección de las situaciones fácticas de posesión legítima, pero en el caso de marras la querellante actúa como propietaria del mencionado inmueble confundiendo dicho concepto con el de posesión. 4) Insistió en la falta de cualidad de poseedora de la querellante, en consecuencia, solicitó sea desestimado el recurso de apelación ejercido y sea protegida su condición de poseedora, la cual ha sido perturbada por la querellante.

Por otro lado, en sus informes de alzada la parte querellante arguyó lo siguiente: 1) Que el a quo inició su sentencia narrando que la querellante en el libelo de la demanda alegó ser propietaria del bien inmueble descrito en autos, por haberlo heredado de su anterior propietaria –MARIA L.B.T.- pero omitió ese sentenciador que también se expresó en la demanda que en la cláusula décima octava del testamento, la mencionada ciudadana había dejado el resto de los bienes a A.M.d.R., lo que implica que es heredera universal por lo que invocó lo dispuesto en el artículo 781 del Código Civil, que es del tenor siguiente: “… La posesión continúa de derecho en la persona del sucesor a título universal…” y el artículo 995 eiusdem, que establece: “… La posesión de los bienes del de cujus pasa de pleno derecho a los herederos sin necesidad de toma de posesión material. Si alguno que no fuere heredero tomare posesión de los bienes hereditarios, los herederos se tendrán por despojados de hecho y podrán ejercer todas las acciones que le competan…”, todo lo cual implica que el heredero universal tiene la posesión legitima del inmueble heredado. 2) Que el a quo declaró ha lugar la falta de cualidad de la querellante para intentar el presente juicio, con base a elementos que no constan en autos, ya que en el libelo de la demanda se inicia narrando “…porque la suscrita demandante es propietaria del inmueble como heredera universal de la causante M.L.B. Tortolero…”, pero el sentenciador de primera instancia ignora lo previsto en el artículo 781 del Código Civil, que establece que la posesión continua de derecho en la persona del sucesor a título universal. Se refirió al usufructo de por vida contenido en el testamento a favor de J.R.M. fallecida el 20 de mayo de 1988, y desde esa fecha dio el inmueble de autos en calidad de comodato a su hermano F.M.R. hasta la fecha de su fallecimiento, esto es, hasta el 10 de abril de 2002, razón por la que también invocó el artículo 771 del Código Civil que consagra la tenencia de la cosa, o el goce de un derecho que se ejerce en nombre del propietario, trayendo como ejemplo el caso del arrendatario que posee en nombre del arrendador, que en igual forma ejerce la posesión de la cosa por medio de aquel, así como también gozan del derecho de usufructo, es decir, que son detentadores precarios de la cosa porque la tienen como ajena, entonces el nudo propietario tiene la posesión de la cosa y el usufructuario la cuasi-posesión, así sucede en los contratos de comodato, que siendo un préstamo de uso, como ha ocurrido en el presente caso, ya que su hermano se encontraba ocupando el inmueble mediante el contrato de comodato que celebró con este en forma verbal, ello con el fin de que lo habitara y arrendara habitaciones para cubrir sus gastos, lo que implica que ocupaba el inmueble sin título alguno, por tratarse de una relación parental y legal, por lo que advirtió la propia condición alegada por la querellada de concubina, no es cierta, ya que no existen elementos que demuestren dicho vínculo. 3) En cuanto a las pruebas testimoniales señaló que el a quo declaró lo siguiente: “… También promovió la parte actora las testimoniales de los ciudadanos (….) y de cuyas desposiciones evidencia quien aquí decide que la demandante afirma ser la propietaria del inmueble y que el mismo está en posesión de terceras personas. Así se decide…”. Al respecto alegó la accionante, que no era cierto, pues el a quo tergiversa de nuevo los hechos y el derecho, por el contrario los testigos son contestes en sus declaraciones expuestas en primera instancia y ratificación del justificativo de testigos en fecha 04 y 07 de julio de 2003. 4) También en la sentencia recurrida el a quo arguyó que la querellante había manifestado actuar en su condición de propietaria del inmueble y no de poseedora, lo que es tergiversado por dicho sentenciador, obviando los términos en que fue planteada la demanda, por no ser verdad que haya demandado como propietaria, pues de la simple lectura del libelo se puede constatar que se inició narrando que era propietaria del inmueble por haberlo heredado de su anterior propietaria M.L.B.T., para ilustrar su condición de heredera universal de su antigua propietaria y así lo indica la planilla sucesoral signada con el No. 0076, lo que se traduce en que es poseedora legitima del inmueble objeto del presente juicio, no obstante, el a quo ignora o desconoce que la posesión continua en el heredero universal conforme a la letra del articulo 781 del Código Civil. 5) Que terminado el usufructo a causa del fallecimiento de J.R.M. en fecha 20 de mayo de 1988, le dio en comodato a su hermano el inmueble, lo cual consta de declaración testimonial cursante a los autos, que no fue analizada por el a quo, cuando todos los documentos que fueron acompañados al libelo demuestran su posesión legitima sobre el inmueble, así como de las testimoniales ut supra mencionadas. Por otro lado, concluyó el sentenciador de primer grado, que la querellante no probó en autos la posesión pretendida, por lo que la falta de cualidad alegada por la querellada debe prosperar, insistiendo aquí la querellante en su condición de propietaria y poseedora legitima. 6) Denunció que la parte querellada al contestar la demanda tergiversó los hechos demostrados en autos, contestación que tampoco fue analizada por el a quo, cuando la querellada textualmente dice: “… Es falso de toda falsedad que yo haya incurrido en la perturbación de la posesión alegada por la ciudadana A.M.R., identificada en autos, y que ella lo haya dado en comodato a su hermano F.M.R. para que lo usara como vivienda personal y demás, así como para que subarrendara habitaciones. Ratifico mi dicho no he perturbado posesión alguna, ni de la ciudadana A.M.R. ni de ninguna otra persona, como oportunamente probaré …”. A pesar de tal alegato, la querellada no probó nada al respecto en ninguna de las fases del proceso y tampoco impugnó la pruebas promovidas por la querellante. En cuanto al segundo párrafo de la contestación la querellada sostiene: “… Ciudadano Juez. Es cierto que mi concubino vivió en dicho inmueble hasta la fecha de su fallecimiento que ocurrió el 10 de abril de 2002, pero es falso que lo haya hecho desde el año 1988…”. 7) En cuanto a la condición de concubina, alegó la querellante que la misma no existe, además, no demostró en el decurso del proceso prueba fehaciente que demostrara tal condición. Por todo lo aquí expuesto, solicitó que conforme a los hechos alegados y probados se califique el tipo de interdicto ejercido como de amparo o restitutorio, y se le declare con lugar.

Las partes hicieron uso en fecha 24 de noviembre de 2005, de su derecho de presentar escritos de observaciones a los informes de su contraparte, y cumplida la sustanciación del juicio ante el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, mediante sentencia de fecha 08 de febrero de 2006 se declaró sin lugar la apelación ejercida por la querellante en contra de la sentencia que en fecha 02 de mayo de 2005 profirió el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; y sin lugar el interdicto de amparo ejercido.

Contra esta decisión, en fecha 23 de febrero de 2006 la parte querellante anunció recurso de casación, el cual en fecha 24 de febrero de 2006 fue negado por el Juzgado Superior Noveno ut supra mencionado, quedando definitivamente firme dicha sentencia mediante auto fechado 16 de marzo de 2006, y ordenándose la remisión del expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.

Al respecto, la accionante ejerció pretensión de amparo constitucional, alegando la vulneración de sus derechos de tutela judicial efectiva y debido proceso que los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagran, amparo éste que quedó admitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por decisión fechada 26 de julio de 2006 que, en consecuencia, ordenó la notificación a las partes en razón de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Noveno antes aludido y la fijación de oportunidad para la celebración de la audiencia oral a las noventa y seis horas (96) siguientes a la ultima de las notificaciones que haga a las partes.

Consta en el expediente, sentencia de fecha 07 de diciembre de 2007 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la cual se declaró con lugar la acción de amparo incoada en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Noveno ut supra mencionado; anulando dicho fallo y reponiendo la causa al estado de que otro Juzgado Superior emitiese nuevo pronunciamiento con la valoración de todas las pruebas promovidas y admitidas en el procedimiento de interdicto de amparo incoada, correspondiéndole a esta superioridad su conocimiento y decisión.

Por auto fechado 10 de enero de 2008, se dio por recibido el expediente y el 14 de enero se oficio al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el requerimiento de que se remitiese a esta superioridad el expediente contentivo del juicio de interdicto de amparo incoado por la ciudadana A.M.R. en contra de la ciudadana M.S.C.. Finalmente, por auto fechado 26 de septiembre de 2008, la oportunidad para sentenciar quedó diferida por 30 días consecutivos siguientes.

De esta manera quedó agotada la sustanciación del presente juicio, por lo que de seguidas se procede con el resumen de las actuaciones procesales que conforman el expediente.

II

SÍNTESIS DE LOS HECHOS

Se inició el presente juicio mediante querella interdictal de amparo interpuesta el 27 de marzo de 2003 por la ciudadana A.M.R. en contra de la ciudadana M.S.C., siendo reformada en fecha 07 de abril de 2003, en la cual la querellante actuando en su propio nombre alegó lo siguiente: 1) Que es propietaria de un inmueble situado en la Calle Este 12, casa No. 164, entre las esquinas de Ricaurte y Libertador del Distrito Federal, hoy Municipio Libertador, Distrito Capital. Que dicho inmueble le pertenece por haberlo heredado de su anterior propietaria M.L.B.T., conforme consta de documento testamentario protocolizado el 10 de julio de 1978 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito, bajo el No. 03, Tomo 2, Protocolo Cuarto, que marcado “A” fue anexado a la demanda. Que su causante, M.L.B.T., en la cláusula tercera del referido testamento dejó a J.R.M. el usufructo de por vida del inmueble antes identificado. Que en la Cláusula Décima Octava, dejó el resto de dichos bienes a la parte querellante. 2) Que en la declaración de herencia presentada al Departamento de Sucesiones ante el hoy Ministerio de Hacienda del Ministerio de Finanzas, en el Capítulo Quinto denominado de los bienes, consta la descripción del inmueble, la cual fue anexada al libelo en nueve (09) folios, marcada con la letra “B”. 3) Arguyó la querellante, que se evidencia de la planilla sucesoral signada con el No. 0076 de fecha 15 de enero de 1988, expedida por el entonces Ministerio de Hacienda, que es propietaria del inmueble antes referido, acompañada al escrito libelar marcada con la letra “C”. Que con el fallecimiento de la ciudadana J.R.M., lo cual ocurrió el 20 de mayo de 1988, se demuestra la terminación del usufructo sobre el mencionado inmueble, consolidándose de esa manera la propiedad plena que tiene sobre el inmueble en cuestión, y ello se evidencia del acta de defunción que fue anexada a la demanda marcada con la letra “D”, razón por la cual peticionó ante un tribunal competente de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, la entrega material del inmueble y que éste le fue entregado por las personas que lo habitaban para ese momento, luego de cumplido los plazos de entrega acordados por el Tribunal. Que entonces resolvió darlo en comodato a su hermano F.M.R., con el fin de que lo usase como vivienda personal y subarrendase habitaciones para cubrir sus gastos, por cuanto no contaba con medios económicos suficientes para su subsistencia. Así pues, desde el año 1988 vivió en dicho inmueble hasta la fecha de su fallecimiento, esto es, hasta el 10 de abril de 2002, lo cual se evidencia de la copia certificada del acta de defunción anexada al libelo marcada con la letra “E”. Que todo ello consta de declaraciones explanadas en documento autenticado el 26 de marzo de 2006 por la Notaria Publica Segunda del Municipio Sucre del Estado Miranda, así como también se evidencia del hecho perturbatorio a la posesión legitima que tiene sobre el inmueble tantas veces aludido, tal y como es el hecho de que la ciudadana querellada, M.S.C., habita el mismo, impidiéndole el acceso y tiene en su poder las llaves de la cerradura de la puerta principal y se ha negado a entregárselas. Que, además, ha colocado un candado en la puerta de la escalera que da acceso al segundo piso, hecho este presenciado por varias personas. 4) Que en dicho inmueble habita la querellada, entre otras personas, quien luego del fallecimiento de su hermano se apoderó de las llaves de la casa y hasta los momentos se ha negado a hacer entrega de las mismas, asumiendo la administración del inmueble y negándose igualmente a entregarle el dinero proveniente del subarrendamiento de las habitaciones. Que dicha conducta encuadra dentro de los supuestos previstos por el artículo 782 del Código Civil, en concordancia con el artículo 700 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 5) Pretendió que a la mayor brevedad posible sea amparada en la posesión del inmueble de autos, decretándose amparo que ordene cambiar las cerraduras del inmueble “…a fin de tener acceso al mismo y pueda ejercer directamente la administración recibiendo los alquileres de las habitaciones…” y demás medidas de aseguramiento. 6) Estimó la cuantía de su demanda en la cantidad de Bs. 300.000,oo, hoy Bs.F 300,oo, reservándose el ejercicio de la acción de daños y perjuicios.

A los efectos de ser admitida la demanda, la accionante consignó copia certificadas de los siguientes recaudos:

 Marcado con la letra “A”, copia certificada del testamento protocolizado el 10 de julio de 1978 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el No. 03, Tomo 2, Protocolo Cuarto.

 Marcada con la letra “B”, copia certificada de la declaración sucesoral presentada ante el Departamento de Sucesiones del hoy Ministerio de Hacienda del Ministerio de Finanzas, donde consta en el Capítulo Quinto denominado de los bienes, la descripción del inmueble.

 Marcada con la letra “C”, copia certificada de la planilla sucesoral signada con el No. 0076 de fecha 15 de enero de 1988, expedida por el entonces Ministerio de Hacienda, donde se evidencia que es propietaria del inmueble antes referido.

 Marcada con la letra “D”, acta de defunción de la ciudadana J.R.M. causante de la querellante.

 Marcada con la letra “E”, copia certificada del acta de defunción del ciudadano F.M.R., hermano de la querellante.

 Marcado con la letra “F”, original del justificativo de testigo autenticado el 26 de marzo de 2003, en la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del Estado Miranda.

Esta querella interdictal y su reforma quedó admitida en fecha 30 de abril de 2003 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que igualmente ordenó el emplazamiento de la querellada con fijación de oportunidad para contestar la demanda y oponer las defensas que estime necesarias; todo, de conformidad con la sentencia dictada el 22 de mayo de 2001 por la Sala de Casación Civil y a lo previsto en el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil.

Iniciados los trámites de citación personal y estampado en el expediente con fecha 18 de junio de 2003, correspondiente constancia secretarial de haber quedado cumplido lo previsto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, consta que en fecha 25 junio de 2003 la parte querellada consignó escrito de contestación, exponiendo los siguientes alegatos: 1) Negó haber perturbado la posesión alegada por la querellante y negó que ésta hubiese entregado en calidad de comodato dicho inmueble a su hermano F.M.R. para que lo usase como vivienda personal y subarrendase habitaciones. Alegó que convivió e hizo vida de pareja –bajo la figura de concubina- con F.M.R., por lo que poseyó legítima, pacífica, pública y notoriamente y a título de “propietarios” dicho inmueble, por lo que el interdicto ejercido hace incurrida a la querellante en “…la comisión de fraude legal y procesal…”. 2) Afirmó que la querellante jamás ha ejercido posesión sobre el inmueble, “…ni ha detentado tal carácter, ni nunca cumplió ni ella ni la albacea testamentaria con las estipulaciones del testamento establecidas a favor de mi concubino F.M.R., pues cada vez que le pedía solventar y regularizar la situación de sus derechos en el testamento, la accionante lo posponía…”. 3) Admitió que F.M.R. “…vivió en dicho inmueble hasta la fecha de su fallecimiento que ocurrido (sic) el 10 de Abril de dos mil dos (2002), …, pero es falso que lo haya hecho desde el año de 1988…”. 4) Que personalmente ejerció la posesión junto con su concubino hasta el fallecimiento de éste, y luego siguió ella misma ejerciéndola a título de “…concubina y sucesora…”, siendo que el concubinato se equipara al matrimonio, asumiendo en todo momento su cuidado y manutención. 5) Que la querellante dice actuar como propietaria, confundiendo los conceptos jurídicos de posesión legítima y propiedad, siendo que toda querella de amparo es para proteger al poseedor. Alegó que la querellada abandonó el bien y carece de documentación registrada. 6) Opuso la falta de cualidad actora, aduciendo que la querellante carece de cualidad de “…poseedora…”.

Seguidamente, con fecha 30 de junio de 2003 (f. 59) aparece consignado por parte de la querellante escrito de promoción probatoria en los términos que a continuación se fijan, advirtiéndose que es el único sujeto procesal que desplegó tal actividad probatoria:

• Promovió el mérito favorable de autos, y en especial, de lo siguiente: 1) Testamento protocolizado el 10 de julio de 1978 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, hoy Distrito Capital, bajo el No. 03, Tomo 2, Protocolo Cuarto, anexo “A” de la demanda y su reforma en copia certificada. Pretendiendo evidenciar que la causante M.L. BRAND TORTOLERO, en su cláusula tercera dejó a J.R.M., el usufructo de por vida del inmueble de autos, y que en el cláusula décima octava, el resto de los bienes quedaron a favor de la querellante. 2) Declaración de herencia presentada por ante el Departamento de Sucesiones del Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Finanzas, pretendiendo evidenciar que en su capítulo quinto -de los bienes- consta la descripción del inmueble, y evidenciando que el mismo es propiedad de la querellante; anexo “B” de la demanda y su reforma en copia certificada. 3) Planilla sucesoral signada 0076 y fechada 15 de enero de 1980, expedida por el entonces Ministerio de Hacienda, pretendiendo evidenciar que la querellante es propietaria del inmuebles antes referido; anexo “C” de la demanda y su reforma en copia certificada. 4) Acta de defunción de J.R.M., anexo “D” de la demanda y su reforma en copia certificada, pretendiendo evidenciar la terminación del usufructo. 5) Acta de defunción de F.M.R. anexada al libelo marcada con la letra “E” en copia certificada. 6) Justificativo de testigos evacuado el 26 de marzo de 2003 ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda, pretendiendo evidenciar los hechos perturbatorios a su posesión.

• Promovió TESTIMONIALES de los ciudadanos M.D.C.L.V., E.J.Y.F., J.I.B.R., J.R.A. y T.D.J.Á., con el propósito de ratificar las testimoniales rendidas en el justificativo de testigos promovido y anexo “F” a la demanda y su reforma.

• Promovió documento emitido por la COMPAÑÍA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), Centro de Atención al Cliente, en fecha 20 de junio de 2003, contentivo del abono telefónico identificado con el No. 5771739 signado al inmueble objeto de la presente acción interdictal, pretendiendo evidenciar ser el titular de dicha cuenta y la dirección donde se suministra dicho servicio telefónico.

• Promovió dos recibos fechados 07 de febrero de 1998, emitidos a nombre de la ciudadana A.M.R. y en donde consta que el ciudadano J.G. realizó trabajos de albañilería y pintura en el inmueble de marras.

Dichos medios probatorios quedaron admitidos por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de esta Circunscripción Judicial, mediante auto de fecha 30 de junio de 2003, (f.63) que igualmente proveyó lo conducente.

También en fecha 11 de julio de 2003, (f.71) aparece consignado por parte de la querellante, escrito de prueba complementaria en los siguientes términos:

 Promovió prueba de INFORMES a la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), de conformidad con lo previsto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que se informe si el teléfono instalado en el inmueble de marras está a nombre de la querellante “…o en su defecto enviar copia que confirmen la titularidad de la línea telefónica…”.

Dicha prueba complementaria quedó admitida por auto fechado 15 de julio de 2003 que, igualmente, se proveyó lo conducente.

Llegada la oportunidad para la presentación de conclusiones y evacuadas las pruebas que serán analizadas oportunamente, únicamente la querellante consignó en fecha 22 de julio de 2003 respectivo escrito reiterando sus alegatos de fondo, luego de lo cual –y debidamente notificadas las partes- aparece publicada sentencia definitiva de fecha 02 de mayo de 2005, en virtud del cual se declaró sin lugar la acción interdictal interpuesta, quedando condenada la querellante al pago de las costas procesales.

Recurrida la misma por la querellante, tal y como ha quedado narrado en los antecedentes del presente fallo judicial, consta, que el trámite de sustanciación correspondiente ante esta superioridad quedó debidamente cumplido, razón por la cual se procede a dictar sentencia conforme a lo alegado y probado en autos.

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Estando en la oportunidad para emitir el fallo correspondiente, este Tribunal pasa a hacerlo con base a las consideraciones que de seguidas se explanan:

Es deferido al conocimiento de esta alzada el presente caso, en razón del recurso de apelación ejercido en fecha 27 de julio de 2005 por la parte querellante, ciudadana A.M.R., en contra del fallo proferido el 02 de mayo de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la querella interdictal de amparo seguida en contra de la ciudadana M.S.C., con base a las siguientes consideraciones:

… II

PUNTO PREVIO

DE LA FALTA DE CUALIDAD DEL ACTOR…

La parte querellada ha opuesto la cuestión perentoria de falta de cualidad de la parte actora para proponer su pretensión, por cuanto no es poseedora del inmueble, ni en ningún momento ha ejercido posesión alguna sobre el mismo, ni ha detentado tal carácter, pues es la demandada quien posee el inmueble; y el interdicto de amparo está diseñado para proteger las situaciones fácticas de posesión legítima y la demandante dice actuar como propietaria. La parte actora en su escrito de alegatos a su vez afirma ser poseedora legítima del inmueble por más de un año y que la posesión no ha sido interrumpida por ninguna causa, siendo continua, pacífica, pública y no equívoca…

…Ahora bien, respecto a la falta de cualidad de la parte demandante, esta sentenciadora observa que la presente acción de interdicto fue incoada por A.M.R., quien alegó ser propietaria del inmueble situado (…) por haberlo heredado de su anterior propietaria (…)

…(Omissis)…

…El interdicto de amparo es una acción de tutela de la posesión, concedida al poseedor legítimo de un inmueble, de un derecho real o de una universalidad de bienes, vale decir, que la legitimidad activa o ad causam en el interdicto de amparo corresponde al poseedor legítimo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 772 del Código Civil la posesión es legitima cuando es continua, no interrumpida, pacifica, publica, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia.

Ahora bien, distingue con meridiana claridad la doctrina, la diferencia entre la protección al derecho de propiedad y la protección posesoria, estableciendo y distinguiendo claramente cuales son las vías procesales en ambos casos; y que cuando se opta por la vía interdictal no se discute la propiedad, sino la posesión, y si no hay posesión la perturbación no puede causar ofensa al derecho privado.

…(Omissis)…

…En el caso de autos la parte actora en la querella interdictal ha manifestado actuar en su condición de propietaria del inmueble, no de poseedora legitima del mismo; tanto es así que expresamente reconoce que en el inmueble de marras habitan la demandada y terceras personas como arrendatarios de las habitaciones del mismo…

…(Omissis)…

…También promovió la parte querellante las testimoniales de los ciudadanos (…) prueba que esta sentenciadora aprecia de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil y de cuyas deposiciones evidencia quien aquí decide que la demandante afirma ser la propietaria del inmueble y que el mismo está en posesión de terceras personas. Así se decide.

A este respecto precisa quien aquí decide que la cuestión interdictal es eminentemente fáctica, los puntos de derecho, especialmente lo relativo al derecho de propiedad, sirven solamente conforme a la doctrina de casación para colorear la posesión; por lo que la afirmación y prueba de la querellante ni lleva a esta Juzgadora a la convicción del ejercicio pacifico, interrumpido y no equivoco de la posesión.

En tal sentido, la doctrina de nuestra Casación ha determinado que aún cuando el querellado no hubiere alegado ni probado nada en el proceso, si la parte querellante no hace la prueba que le corresponde, la acción no es procedente.

En el caso de autos, la parte querellante no probó en autos la posesión legitima del inmueble, por lo que la defensa perentoria de falta de cualidad del actor opuesta por la querellada debe prosperar y así se decide…

.

Ahora bien, a los fines de resolver la presente querella y antes de analizar las pruebas aportadas al proceso por las parte, este sentenciador debe previamente indicar los límites en que la misma ha quedado planteada, esto es, debe fijar su thema decidendum, circunscrito a determinar la procedencia o no de la acción interdictal de amparo ejercida por la ciudadana A.M.R., querellante en el presente caso, quien pretendió se le ampare a la mayor brevedad posible en la posesión legítima que adujo tenía sobre el inmueble de autos, para lo que requirió se decrete a su favor amparo que ordene cambiar las cerraduras del inmueble “…a fin de tener acceso al mismo y pueda ejercer directamente la administración recibiendo los alquileres de las habitaciones…” y demás medidas de aseguramiento de su posesión legítima. Posesión que afirmó deviene de ser la propietaria de dicho inmueble, por haberlo heredado de su anterior propietaria, M.L.B.T., según documento protocolizado el 10 de julio de 1978 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito, bajo el No. 03, Tomo 2, Protocolo Cuarto, y quien previamente entregó dicho inmueble y en calidad de usufructo de por vida, a la fallecida J.R.M., quien falleció el 20 de mayo de 1988, fecha en la cual dicho usufructo terminó, poniendo a la actora en posesión del aludido inmueble, luego que se practicase correspondiente entrega material del mismo. Afirmó que ejerciendo la posesión del inmueble del cual es propietaria, resolvió darlo en calidad de comodato a su hermano, el también fallecido F.M.R., con el fin de que lo usase como vivienda personal y subarrendase habitaciones para cubrir sus gastos, por cuanto no contaba con medios económicos suficientes para su subsistencia, y quien vivió con tal carácter en dicho inmueble hasta el 10 de abril de 2002. Alegó que en dicho inmueble habitan tanto la querellada como otras terceras personas, siendo que la querellada ha perturbado la posesión que la actora detenta sobre el inmueble, pues le ha impedido el acceso al mismo, por tener las llaves de la cerradura de la puerta principal negándose a entregárselas, además de colocar un candado en la puerta de acceso al segundo piso, asumiendo esa persona –la querellada- la administración de los subarrendamientos de las habitaciones.

La querellada en su tempestiva contestación, negó haber perturbado a la actora y negó que ésta hubiese entregado el inmueble a su hermano en calidad de comodato para que lo usase como vivienda principal y subarrendase las habitaciones, respecto de quien adujo siempre había sido el poseedor legítimo de dicho inmueble, poseyéndolo junto con ella en calidad de “propietarios”. Afirmó que la actora jamás ha ejercido tal posesión legítima, incumpliendo incluso con las disposiciones testamentarias que adujo existían a favor de su hermano, el cual una vez fallecido, y siendo ella su concubina y sucesora le otorga el derecho de continuar en el ejercicio de su posesión legítima, pues la actora abandonó el bien y carece de documentación registrada, motivo por el cual opuso la falta de cualidad activa de la misma como “…poseedora…”.

En sus informes presentados ante la alzada, la querellante recurrente objetó la sentencia definitiva producida en primera instancia, que en modo alguno valoró su condición de heredera universal de la anterior propietaria del inmueble, por lo que la posesión que ésta detentaba también a ella –la querellante- le fue traspasada en herencia, y ello en virtud de lo previsto en los artículos 781 y 995 del Código Civil, siendo el primero de los indicados ignorado por a quo, siendo que su fallecido hermano poseyó el inmueble en la calidad de comodatario, lo cual le confirió una posesión precaria sobre el mismo, tal y como el artículo 771 eisudem señala. Finalmente, objetó la valoración probatoria dada a las testimoniales rendidas en el juicio, tergiversando los hechos por ella alegados en su demanda.

Fijados de esta manera los hechos requeridos de solución judicial, pasa a continuación esta superioridad a indicar el único hecho que quedó admitido por las partes en sus respectivos y tempestivos escritos alegatorios, el cual no es contrario al orden público y no es objeto de prueba alguna y se establece como cierto y válido a los fines de poder dirimir los demás hechos que si han quedado rechazados. A saber:

• Que el hermano de la demandante –ciudadano F.J.M.R.- ocupó el inmueble hasta la fecha de su fallecimiento -10 de abril de 2002- quedando objetado el hecho alegado que lo hizo desde el año de 1988, tal cual la actora alegó, pero respecto de dicho hecho la demandada contravino alegando que ambos habitaron en dicho inmueble desde “…el inicio de la vida marital…” ; hecho éste impreciso tal cual fue argüido, por cuanto la querellada jamás argumentó cuál fue esa fecha en su único y tempestivo escrito alegatorio, cual es la contestación de la demanda. Así se establece.

Procede este sentenciador a fijar el orden decisorio en el sub examine, para lo cual analizará en primer lugar la excepción de falta de cualidad activa opuesta para la querellada y, de ser desechada ésta, dirimirá todos y cada uno de los asuntos de fondo que han sido deferidos para la revisión por esta superioridad.

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: