Sentencia nº 2639 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Noviembre de 2004

Fecha de Resolución:22 de Noviembre de 2004
Emisor:Sala Constitucional
Número de Expediente:04-0222
Ponente:Antonio García García
Procedimiento:Acción de Amparo
 
CONTENIDO

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: A.J.G. GARCÍA

El 29 de enero de 2004, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el oficio N° 459 del 10 de diciembre de 2003, por el cual se remitió el expediente N° 007849 (nomenclatura de dicho Juzgado), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano A.R. RIERA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.365.485, asistido por el abogado O.E.A.M., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.002, contra la decisión dictada el 18 de febrero de 2003, por la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción del Estado Monagas.

Dicha remisión obedece a la consulta de ley a que está sometido el auto dictado el 28 de noviembre de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que declaró la caducidad de la acción de amparo interpuesta.

El 30 de enero de 2004, se dio cuenta en esta Sala y se designó ponente al Magistrado A.J.G. García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 17 de mayo y el 17 de agosto de 2004, el apoderado judicial del accionante consignó ante esta Sala, escrito solicitando se admitiera la acción de amparo y, en consecuencia, se restableciera la situación jurídica infringida

Realizado el estudio del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

Señaló el accionante que en el juicio de divorcio instaurado entre él y su cónyuge se discutió de manera consensual, voluntaria, espontánea, bilateral y expresa sobre la existencia y disolución del vinculo matrimonial, la “procreación” de sus menores hijos, la existencia de bienes adquiridos de la comunidad conyugal, el ejercicio mancomunado de la patria potestad, la guarda y custodia de sus menores hijos, el régimen de visitas, la pensión de alimentos y la repartición amistosa de los bienes comunes, según lo establecido en el artículo 115 de la Carta Magna.

En tal sentido, manifestó que la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción del Estado Monagas –previa admisión de la demanda-, no determinó, en la decisión accionada, las condiciones en las que había quedado el acuerdo suscrito entre las partes, ya que en su parte dispositiva se había limitado a señalar que el cincuenta por ciento que le correspondía a cada uno de ellos sobre el inmueble adquirido bajo la comunidad conyugal, se lo cedía a sus menores hijos, actuación que, en su criterio, constituía el vicio de citrapetita y la existencia de la violación del derecho al debido proceso, pues a su entender el Juez de la causa había soslayado condiciones elementales para dictar su fallo, desconociendo el principio contenido en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, al no tomar en cuenta dicho acuerdo sin motivación alguna, y al adjudicar a sus menores hijos un bien que le es propio sin tomar en consideración que sobre el mismo recaía un gravamen, su condición de deudor, su capacidad económica y la posibilidad de cancelar obligaciones hipotecarias.

Insistió que el referido Juzgado actuó “...sin tener la potestad o verdaderos hechos que involucraron los convenios plasmados en la solicitud de divorcio y relacionados específicamente con los bienes mismos, MANIFESTÓ SU OBJECIÓN A QUE SE HOMOLOGARA EL ACUERDO QUE EMANABA DE LAS PARTES MISMAS, SOSLAYANDO EL HECHO CIERTO, QUE DE LOS TRES INMUEBLES EXISTENTES, habíamos acordado vender uno (1) para con su precio pagar ese mismo inmueble (hipotecado) y el remanente utilizarlo para amortizar el otro inmueble que quedaría a favor de los menores hijos y, el tercer inmueble le quedaría a mi cónyuge K.T. ROPERO, POR LO QUE NO EXISTE NINGUNA DISCRIMINACIÓN, VENTAJA O ARTIFICIO EN SU PERJUICIO, al contrario me comprometí a ceder mis derechos legítimos e individuales en beneficio de mis menores hijos y de mi cónyuge quien me aventajaba en el acuerdo (...) dejando sus derechos inalterables pero recayendo las obligaciones en persona de otro obviando el propio acuerdo, cuando habíamos pactado inclusive vender uno de los bienes para liberar una hipoteca y amortizar otra, NO OBSTANTE A ELLO, obvió la co-solicitante, indicarle a la juez agraviante y está (sic) tampoco tomó en cuenta, ‘el contenido íntegro del acuerdo mismo’ su ‘invariabilidad en forma unilateral’, ‘la necesidad de la manifestación de voluntad común o bilateral’, ‘el derecho de cada parte autónomo’ y ‘los efectos colaterales de la alteración de los acuerdos judiciales’”.

Por otra parte, alegó que “...la decisión definitiva cuya nulidad se solicita se dictó el 18 de febrero de 2003, ante la interposición de un RECURSO DE APELACIÓN, donde se indicaron expresamente los írritos procesales, obtuvo un pronunciamiento por el SUPERIOR CORRESPONDIENTE SIN TOMAR EN CUENTA LA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, EL DERECHO A LA DEFENSA Y EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS PARTES INTERVINIENTES, en fecha 22 de julio de 2003, momento en el cual NINGÚN OTRO RECURSO SE ADMITIRÍA CONTRA DICHA SENTENCIA salvo el presente recurso de amparo constitucional, por lo que los seis (6) meses establecidos por el legislador para interponer el presente recurso de amparo fenecen el 22 de enero de 2004, a tal efecto, pido al tribunal se sirva tomar en cuenta el presente planteamiento...”.

Finalmente, indicó que la decisión dictada el 18 de febrero de 2003, por la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción del Estado Monagas, le transgredía sus derechos constitucionales establecidos en los artículos 26, 49, 115 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la que solicitó que la acción de amparo constitucional se admitiera, se declarara con lugar, se anulara la referida decisión y, en consecuencia, se repusiera la causa al estado de que el Juzgado de la causa se pronunciara sobre la improcedencia o no del convenimiento y, en caso de otorgarlo, que impartiera su respectiva homologación.

II

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

Mediante auto del 28 de noviembre de 2003, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, declaró la caducidad de la acción de amparo interpuesta, contra la decisión dictada el 18 de febrero de 2003, por la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial teniendo como fundamento para ello, lo siguiente:

Señaló el referido órgano jurisdiccional que:

“...[v]ista la anterior solicitud de amparo constitucional intentada por el ciudadano A.R. RIERA SÁNCHEZ (...) dirigida contra la decisión emanada del Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, de fecha 18 de febrero de 2003, que declaró con lugar la acción de divorcio que intentara conjuntamente con la ciudadana K.T. ROPERO GÓMEZ (...), y consecuencialmente se pronunció sobre el régimen de la patria potestad, pensión de alimentos, régimen de visitas y bienes de la comunidad conyugal; ahora bien, desde la fecha que señala el accionante se produjo el acto lesivo, a la presentación de la acción de amparo constitucional, que fue el día 26 de noviembre de 2003, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 4° (sic), del artículo 6° (sic) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se DECLARA LA CADUCIDAD de la presente acción, siendo que, el derecho que se dice violado no atenta contra el orden público, sino a un conflicto ínter subjetivo de intereses entre las partes. Así se decide”.

III

DE LA COMPETENCIA

Debe esta Sala, previamente, determinar su competencia para conocer del asunto debatido. Al efecto observa:

La competencia debe ser determinada por la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, recurso o amparo, tal como lo determina el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, y no tienen efecto respecto de ella los cambios posteriores de dicha situación.

Ahora bien, el 20 de mayo de 2004 entró en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, instrumento jurídico que fija las competencias de cada una de las Salas de este Supremo Tribunal, conjuntamente con las leyes destinadas a regir la jurisdicción constitucional, contencioso administrativa y electoral, todavía sin dictarse; no obstante, si la Sala era competente para conocer de ciertas causas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley referida, ella sigue siendo competente para dilucidarlas a menos que la Ley disponga otra cosa.

Tal disposición contraria no existe en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y la situación de hecho existente para el momento de la presentación del amparo se mantiene, motivo por el cual esta Sala a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta competente para conocer de la consulta a la cual está sometida la decisión dictada el 28 de noviembre de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Dilucidado lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la consulta planteada, a cuyo fin, observa que el fallo dictado el 28 de noviembre de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, declaró la caducidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, por considerar que desde el pronunciamiento de la decisión accionada, es decir, el 18 de febrero de 2003, hasta el momento en que se interpuso dicha acción (26 de noviembre de 2003) había transcurrido el lapso a que hace referencia el numeral 4, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, además, de que el derecho que se decía violado no atentaba contra el orden público, sino a un conflicto ínter subjetivo entre las partes.

Ahora bien, resulta oportuno para esta Sala precisar que, en el caso de autos se evidencia que el accionante ejerció recurso de apelación contra la misma decisión que hoy se acciona en amparo, apelación que fue declarada desierta en alzada, de conformidad con lo establecido en el artículo 489 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, pues en la oportunidad fijada para su formalización la parte actora no compareció ni por sí ni por medio de apoderado judicial, es decir, que si bien es cierto que desde el momento que se decidió la actuación supuestamente lesiva de los derechos constitucionales del accionante hasta la oportunidad de interponerse la acción de amparo había transcurrido –tal como lo señaló la consultada-, el lapso de seis meses establecido en el numeral 4, del artículo 6 de la Ley que rige la materia, no es menos cierto que el mismo con anterioridad a dicha actuación ejerció el medio idóneo para restablecer su situación jurídica supuestamente infringida a través del recurso de apelación que establece nuestro ordenamiento jurídico.

Al respecto, estima la Sala oportuno referir que, la acción de amparo constitucional es un medio judicial breve y expedito, a través del cual se protegen los derechos fundamentales que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, operando sólo cuando se dan las condiciones establecidas y aceptadas como necesarias de la institución, de conformidad con la ley que rige la materia.

En tal sentido, esta Sala, mediante decisión Nº 1496/2001, estableció:

“(...) es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:

  1. Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha:

(...)

La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar y restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisión de la acción de amparo.

La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga pues a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles” (subrayado de este fallo).

El criterio anterior fue ratificado por esta Sala, en sentencia Nº 2369/2001, en la cual se indicó que:

Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente...

.

En el caso sub exámine, el accionante ejerció el medio de impugnación ordinario que le ofrecía el ordenamiento jurídico, antes de la interposición del presente amparo, como lo era el recurso de apelación contra la decisión que, en su criterio, le causaba un gravamen, por lo que no le estaba dado acudir, por los mismos motivos, al amparo constitucional, pues como ha reiterado esta Sala en diversas oportunidades, todos los jueces son tutores del cumplimiento y salvaguarda de la Carta Magna, por lo que al interponerse algún medio de impugnación previsto dentro del ordenamiento jurídico vigente, el Tribunal que tenga conocimiento de ello está facultado, en caso de que sea procedente, reparar o restituir situaciones jurídicas que hayan sido alegadas como infringidas. Por tanto, en vista de que el accionante, efectivamente, acudió a las vía judicial ordinaria, antes de la interposición del amparo, tal actuación acarrea la inadmisibilidad de la acción preceptuada en el numeral 5, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por otra parte, una vez expuesto lo anterior, no escapa del interés de esta Sala la actuación del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que declaró simplemente la caducidad de la acción de amparo ejercida por el accionante y no así la inadmisibilidad de la misma, incumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé que toda sentencia debe contener: una parte narrativa en que se transcribirá la identificación del Tribunal, de las partes y sus apoderados y una síntesis clara, precisa y lacónica de los hechos en que ha quedado la controversia; y sobre todo los motivos de hecho y de derecho de la decisión; así como una decisión expresa y precisa de las pretensiones deducidas por dicho Tribunal, por lo que resulta incorrecto que el referido Juzgado haya realizado su decisión de forma escueta y sin cumplir con los extremos contenidos en el referido artículo, por lo que se le hace un llamado de atención para que tal circunstancia no se repita.

De allí que, resulta forzoso para esta Sala revocar la decisión dictada el 28 de noviembre de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por todo lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, REVOCA, la decisión dictada el 28 de noviembre de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que declaró la caducidad de la acción de amparo constitucional, interpuesta por el ciudadano A.R. RIERA SÁNCHEZ, contra la decisión dictada el 18 de febrero de 2003, por la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción del Estado Monagas y declara la inadmisibilidad de la misma.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 22 días del mes de noviembre de dos mil cuatro (2004). Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente,

I.R.U. El Vicepresidente,

J.E.C.R.

Los Magistrados,

A.J.G. GARCÍA PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAz Ponente

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El Secretario,

J.L.R.C.

Exp.- 04-0222

AGG/cml