Sentencia nº 1107 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2010

Fecha de Resolución: 4 de Noviembre de 2010
Emisor:Sala Constitucional
Número de Expediente:10-1054
Ponente:Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento:Solicitud de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: P.R.R.H.

Consta en autos que, el 16 de septiembre de 2010, CARENERO YACHT CLUB A.C., con registro ante la Oficina Inmobiliaria de Registro de los Municipios Brión y E.B. delE.M., bajo el n.° 21, folios 48 al 53, Protocolo Primero, Tomo 5, Tercer Trimestre de año 1980, mediante la representación del abogado C.S.C., con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 29.153, solicitó, ante esta Sala, la revisión de la sentencia que emitió el Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 30 de agosto de 2010, que declaró con lugar la apelación contra la inadmisión del amparo constitucional que incoó el ciudadano A.N. deC. deA. en su contra, que había pronunciado el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y anuló una resolución de la Junta Directiva de la Asociación Civil Carenero Yacht Club del 23 de marzo de 2010; para cuya fundamentación denunció la violación a su derecho al debido proceso que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 29 de septiembre de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. P.R.R.H..

I

DE LA PRETENSIÓN DEL SOLICITANTE

1. La representación judicial de la requirente de revisión alegó:

1.1 Que, el 23 de abril de 2010, la representación judicial del ciudadano A.N.D.C.D.A. interpuso pretensión de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada en contra de la Junta Directiva del Club CARENERO YACHT CLUB A.C. porque dictó -en el marco de un procedimiento disciplinario- resolución por medio de la cual expulsó a ese ciudadano de la asociación civil, pretensión cuya inadmisión fue declarada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 19 de julio de 2010.

1.2 Que, contra aquella sentencia, el quejoso ejerció apelación que fue declarada con lugar por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en veredicto del 30 de agosto de 2010 que, además, declaró procedente la demanda y anuló la resolución de la Junta Directiva de la Asociación Civil Carenero Yacht Club de 23 de marzo de 2010.

1.3 Que, en este caso, se violó su derecho al juez natural que acoge el artículo 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la solicitud de amparo constitucional debe ser formulada ante los jueces de primera instancia en lo Civil del lugar donde hubieren ocurrido los hechos, lo cual, en este caso, determinaba la competencia de un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, porque las supuestas violaciones constitucionales se habrían materializado en Higuerote, Municipio Brión del Estado Miranda.

1.4 Que “partiendo de ese criterio y visto que el Tribunal Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas se declaró competente para conocer de ese amparo y visto que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del T. deC., igualmente se declaró competente para conocer de la apelación planteada y, a su vez declaró con lugar el amparo constitucional, resulta evidente que ese Juzgado Superior, actuó fuera de su competencia al decidir una causa cuyo conocimiento le estaba vedado por efecto de la competencia territorial apartándose de esa forma del criterio establecido por la Sala Constitucional”.

1.5 Que “conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo, las acciones de amparo tanto en lo principal como en lo incidental son de inminente (sic) orden público, razón por la cual, no cabe en materia de competencia la relajación expresa o tácita por parte de las partes”.

1.6 Que “esta competencia territorial bajo ciertas circunstancias también está sometida a las restricciones del derecho público, específicamente, cuando se trate de las causas en que deba intervenir el Ministerio Público, conforme lo dispone el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en las causas en que esté en discusión el estado y la capacidad de las personas, o como mejor lo desglosa el artículo 131 eiusdem” y “es evidente, que en materia de amparo, su proceso es de eminente orden público y la intervención del Ministerio Público es relevante y obligatoria, con lo cual, esta excepción a la competencia territorial tiene plena vigencia y justificación”.

1.7 Que “el acudir ante el juez natural es una garantía judicial y un elemento para que pueda existir el debido proceso, y como garantía judicial es imposible que existan pactos válidos entre las partes para burlarla, o le sea asignada al resolverse un conflicto de competencia a un juez incompetente por lo que de ocurrir esto último, tal desconocimiento del juez natural constituye una infracción constitucional de estricto orden público, así las partes no lo reclamaran porque queda trastocada la garantía al debido proceso garantizada en el artículo 49 de la CRBV (sic)”.

1.8 Que “el juez conoce el derecho conforme al principio Iura Novit Curia, y en razón de ese conocimiento, el Juez determina cuando es competente o no para conocer de una acción que se interponga ante su Tribunal (…) por mandato expreso de la primera parte del artículo 60 del CPC (sic) debían declararlo de oficio, en virtud de que la competencia por el territorio es indelegable, así las partes no la denuncien (…)”.

1.9 Que “(d)e ello resulta pues, que en el presente caso se verificó una evidente violación al derecho de toda persona a la obtención de una tutela judicial efectiva ya que la decisión del tribunal de última instancia, mediante la cual se declaró con lugar la apelación, anuló el fallo de primera instancia y a su vez declaró con lugar el amparo propuesto se fundamentó en un criterio erróneo del juzgador sobre la interpretación de principios y normas constitucionales, sobre la competencia por el territorio, en los términos expuestos ut supra, lo que concreta una infracción tutelable mediante la solicitud de Amparo contra Amparo y así solicitamos que sea declarado”.

1.10 Que, “al ser incompetente el Tribunal Superior Primero en lo Civil de Caracas para conocer de esa apelación y por ende para declarar procedente el amparo, le estaba vedado pronunciarse al fondo del asunto principal, tal y como sorpresivamente lo hizo, violando de esa forma el derecho a la tutela judicial efectiva”.

1.11 Que, por otra parte, “en primera instancia simplemente se rechazó la acción por razones de forma, sin que se llegase a discutir lo que se conoce como el fondo del asunto”.

1.12 Que “el Tribunal Superior Primero en lo Civil de Caracas, para declarar procedente el amparo sólo se pronunció acerca de las denuncias esgrimidas por el quejoso sobre el artículo 28 numeral 7° del Estatuto Social de Carenero Yacht Club, sin tomar en consideración las denuncias formuladas por (su) representada en la primera instancia en la oportunidad de la audiencia oral y que fueron condensadas en su escrito que se consignó en esa oportunidad procesal”.

1.13 Que “el Juzgado Superior Primero en lo Civil del Área Metropolitana de Caracas, al omitir pronunciamiento respecto a todos los argumentos de defensa expuestos por (su) representada en la oportunidad de la audiencia oral y pública (…) incurrió en un error inexcusable sobre la aplicación de normas y principios constitucionales, ocasionando una lesión irreparable a los derechos de la defensa y del debido proceso de Carenero Yacht Club, pues, en el caso sometido a su consideración, desatendió y contrarió la jurisprudencia constante, pacífica, reiterada e inveterada de es(ta) Sala”.

1.14 Que, “en la oportunidad de la audiencia oral y pública, se consignó escrito de informes que contienen las defensas de fondo sobre el artículo 28.7 del Estatuto Social de Carenero Yacht Club, (…) en donde se argumentó lo siguiente: ‘(…) Dispone el artículo 28 numeral 7° de los Estatutos Sociales, lo siguiente: Artículo 28. Se requerirá la presencia de un número de socios que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad de los miembros de la Asociación y el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de los socios presentes en las Asambleas que, formalmente constituidas, hubiesen sido convocadas para resolver sobre los siguientes asuntos: (…) 7. Remoción o cambios de la Junta Directiva antes de la expiración de su período”.

1.15 Que “el fuero especial se traduce en un procedimiento establecido para la remoción de todos y no de uno sólo de los miembros de la Junta Directiva, de lo cual se deduce que el mismo constituye un presupuesto procesal indispensable para la remoción de todos aquéllos”.

1.16 Que, “(a) modo esquemático, precisamos todas las defensas expuestas sobre el punto controvertido: 1- Se le hizo precisión sobre el porqué del fuero no es extensible de forma individual a los miembros de la Junta Directiva. 2- Análisis semántico del artículo 28.7 de los Estatutos Sociales.3- La no existencia de cambios con la remoción de un solo miembro de la Junta Directiva, por la incorporación del suplente respectivo. 4-La desigualdad existente entre un socio miembro de la Junta Directiva y un asociado no integrante de la directiva, en cuanto a la sanción a aplicárseles en razón a la comisión de un mismo hecho sancionable disciplinariamente. 5- Que el procedimiento disciplinario se le siguió por los actos ejecutados como socio y no por los actos ejecutados como integrante de la Junta Directiva. 6- Que la asamblea de socios no tiene facultad para imponer sanciones disciplinarias, por lo que no podría sancionar a ningún directivo. 7- Que la Asamblea de Socios elige a todos los integrantes de una plancha para integrar la Junta Directiva y no a personas de forma individual para ocupar esos cargos, de allí que para andar en consonancia con esa facultad, la Asamblea solo remueve en su totalidad. Es decir, elige un grupo y remueve a ese grupo”.

1.17 Que “al no pronunciarse sobre las defensas expuestas, es inexacto el análisis que hace el sentenciador sobre el referido artículo del Estatuto Social, llegando a una conclusión errada y, ello hace nula la sentencia que por esta vía se solicita su revisión”.

1.18 Que la decisión objeto de revisión distorsionó los hechos cuando afirmó que “delegar la remoción en la Junta Directiva ‘traería una suerte de riesgo de que, por ejemplo, en una directiva de cinco, cuatro- integrantes electos de la plancha mayoritaria- se confabularan y concertaran destituyendo al quinto –integrante electo de la plancha mayoritaria-. Esa conducta, violentaría el derecho de las minorías porque ese quinto destituido representa electoralmente una minoría que le eligió (…). Sobre esta afirmación del sentenciador no cabría que tildarla más que de falaz porque se trata de un supuesto que no podría producirse en el sistema electoral que impera en el Club Carenero, pues en esos comicios las autoridades se eligen por plancha (…)”.

2. Denunció:

2.1 Que el juzgador incurrió en un error grotesco de interpretación de la parte motiva de la sentencia y, como consecuencia de ello, hizo una errada aplicación del artículo 28.7 del Estatuto Social, con lo cual enervó una de las garantías constitucionales del derecho a la defensa y del debido proceso de su representada ya que, con el procedimiento disciplinario que se siguió al quejoso en el proceso originario, en ningún momento se cercenó su derecho al juez natural.

2.2 Que la omisión de resolver de forma íntegra las denuncias de una parte condujo a la indefensión de su representada y a una violación a su debido proceso que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

3. Pidió a esta Sala Constitucional que:

(…) REVISE la sentencia definitivamente firme dictada en fecha 30 de agosto de 2010 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que declaró con lugar la apelación interpuesta en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, a su vez, declaró procedente la acción de amparo constitucional, anulando la Resolución de la Junta Directiva de la Asociación Civil Carenero Yacht Club de fecha 23 de marzo de 2010 y, en consecuencia, anule la sentencia y todo el proceso adelantado en los Tribunales Civiles de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas por incompetencia manifiesta de ese tribunal, al vulnerar la garantía y el derecho a ser juzgado por el juez natural.

Declare con lugar la revisión planteada y ordene la reposición de la causa al estado de admisión por ante el Tribunal competente, ante la Jurisdicción Mercantil, Civil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, iniciándose y tramitándose la presente causa desde su inicio con el conocimiento de esos jueces (…).

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 25.11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 25.10 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

En el presente caso se requirió la revisión del veredicto definitivamente firme que pronunció el Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 30 de agosto de 2010, en el procedimiento de amparo constitucional que incoó A.N. deC. deA. contra la Asociación Civil Carenero Yacht Club; razón por la cual esta Sala se declara competente, y así se decide.

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas emitió su veredicto de 30 de agosto de 2010, en los siguientes términos:

Señala la representación judicial de parte presuntamente agraviada, en su escrito de solicitud de amparo constitucional y en escrito posterior lo siguiente (f.02 y f. 37, 1ª p):

• Que en fecha 24.03.2010, el ciudadano I.C., en su condición de secretario sustanciador Ad Hoc del procedimiento disciplinario Nº 0001-2010, notificó a su representado de la suspensión y expulsión de socio de la sociedad civil CARENERO YACHT CLUB, A.C..

• Que su representado fue electo por la Asamblea de Socios del Club antes mencionado, como miembro de la Junta Directiva y en acta de escrutinio de fecha 02.06.2009, se le asignó como secretario y se le juramentó en tal cargo.

• Que el artículo 28.7 de los estatutos sociales establece que se requerirá la presencia de un número de socios que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad de los miembros de la Asociación y el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de los socios presentes en las asambleas que, formalmente constituidas, hubiesen sido convocadas para resolver sobre los siguientes asuntos: (…) Remoción o cambios de la Junta Directiva antes de la expiración de su periodo (…).

• Que en la fase plenaria del procedimiento instaurado contra su representado, en fecha 16.03.2010, éste alegó el fuero especial de los miembros de la junta directiva, y se invocó el dictamen suscrito por el asesor jurídico y apoderado legal del Club, abogado LEX H.M., en el cual concluye que un miembro de la junta directiva no puede ser sujeto de las sanciones de suspensión, ni de expulsión por parte de la misma junta directiva, lo cual no quiere decir que no sea sancionable, lo único es que debe serlo por la vía del artículo 28.7 (Sic.) Estatutario, por lo que se invocó que no podía ser juzgado por la junta directiva, ya que no era su Juez natural.

• Que en dicho acto, ante el referido alegato de ser juzgado por su Juez natural, se evidencia que se le negó el fuero especial a su mandante, por considerar que eso es aplicable a todos los miembros de la Junta Directiva y no a uno solo de ellos, lo cual desvirtúa el contenido del ordinal 7 del artículo 28 de los Estatutos Sociales que señala ese fuero especial, cuando se trata de remoción de la junta directiva o cambios de la junta directiva, y no resulta cierto, que solo para el caso de todos los miembros de la junta directiva.

• Que ese fuero no le es aplicable en forma individual, si no en el caso de cumplimiento de funciones propias de administración y disposición de los bienes del club; racionamiento éste falaz, porque en ningún caso la mencionada norma de los estatutos establece tal condición, creando una interpretación en perjuicio de nuestro mandante.

• Que con el procedimiento disciplinario, sustancia y decidido en contra de su representado, desconoce abiertamente la junta directiva el contenido del artículo 28 de los estatutos sociales, supra transcritos, que rigen al club, ya que este establece que para la remoción o cambio, resulta necesaria una Asamblea donde concurra por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los asociados y se tome la decisión con el cincuenta y uno por ciento (51%).

• Que al violarse el ordinal 4º del artículo 49 de la constitución, reiteran su solicitud de que se declare la nulidad total y absoluta del procedimiento instaurado en contra de su representado.

• Que su mandante no fue juzgado en forma imparcial por los miembros de la junta directiva del mencionado club, lo que conllevó a que se le violara su derecho a la defensa y es por ello, que solicitaron, que se declare nulo en forma total el mencionado procedimiento disciplinario.

• Que dicha junta directiva imputa a su representado, de (sic) una presunta falta de notificación de la venta de una embarcación de su propiedad a un tercero, para lo cual invocan un acta de Junta Administrativa Nº 2009-19 de fecha 09.06.2009, la cual fue forjada en detrimento de su representado.

• Que asimismo se le imputa a su representado que no fue notificada al Comité de Marinas la venta que realizó de la embarcación de su propiedad denominada POSITANO. Información incierta y falsa, porque de conformidad con el artículo 68 del Reglamento Interno para el Ingreso, Funcionamiento y Uso de las Instalaciones del Club, se debe comunicar por escrito al comodoro y al Comité de Marina, lo cual se efectuó pero que la junta directiva en forma aviesa le negó todo valor probatorio a la copia fotostática presentada por su representado, la cual aparece firmada por la ciudadana D.C., en fecha 04.10.2009.

• Que se le imputó un cargo de Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Bolívares Fuertes (Bs. F. 5.490,oo), por sesenta y un días de pernocta.

• Que las pruebas que se invocan a su representado, se hicieron en abierta violación del debido proceso.

• Que solicitó que a la Junta Directiva se le requiera el expediente Nº 0001-2010.

• Que solicitaron que se declare con lugar la presente acción de A.C. y nulo el Acto Administrativo del cual se recurre, declarando con lugar que su representado sigue siendo socio con plenos derechos en el mencionado Club y sigue siendo secretario electo de la junta directiva, para lo cual fue elegido por la mayoría de los socios en elecciones del mismo.

Alegatos de la presunta agraviante en la audiencia de A.C..

• La defensa de la parte presuntamente agraviante se ciñó a negar, rechazar y contradecir la presente acción de amparo constitucional, por cuanto versa sobre un proceso disciplinario con relación a la expulsión de un socio del Club Carenero Yacht Club, alegando las causales de inadmisibilidad en el amparo, contenidas en el artículo 6 de dicha Ley, específicamente en su ordinal 5º, por cuanto el solicitante del presente amparo ni agotó la vía ordinaria, haciendo referencia a la jurisprudencia dictada por el Tribual Supremo de Justicia en fecha 05.06.2001, en la que se sostuvo que procede el amparo aún sin agotarse la vía ordinaria cuando teniendo esta no se obtiene la satisfacción requerida, cuando la norma es ambigua u oscura, cuando trascienden el orden público constitucional o cuando existe algún retardo injustificado, lo cual no ocurrió en el presente caso, por lo tanto al no haber sido agotada la vía ordinaria respectiva, en este caso, pedir la nulidad de la resolución de la junta directiva, conforme lo cual la misma debe ser declarada inadmisible.

• Que existe temeridad por parte del solicitante del amparo, por cuanto existen dos (2) amparos del mismo tenor cambiando solamente los apoderados, el primero de ellos presentado el 01.04.2010, por un Juzgado de Miranda, admitido el 10.05.2010, el cual declinó su competencia, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Séptimo del Circuito Judicial de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole el Nº AP11-O-2010-000069, lo cual constituye la falta de probidad y lealtad debida.

• Que no se pretende la búsqueda de la justicia en la presente acción de amparo es por lo que considera que no existe interés jurídico actual, conforme lo cual en caso de que este Juzgado no considere inadmisible este amparo conforme a las graves y éticamente sancionables actitudes, solicitó que una vez finalizada la audiencia se acumulen en un solo expediente ambos amparos.

• Que el procedimiento disciplinario intentado contra el socio se encuentra ajustado a derecho y no constituye materia de amparo, alegó así el principio de legalidad conforme a lo alegado por el accionante, no existen dos sanciones por el mismo hecho, por cuanto no está establecido en el Reglamento. Ratificó que la junta directiva de Carenero Yacht Club, está facultada para dictar dicha decisión.

• Que insistió en que no fue agotado las vías ordinarias, que son: 1.- Que habiéndose hecho uso de ella no hubo satisfacción y 2.- Que aún existiendo y haciendo uso de ella, tampoco se lograría dicha satisfacción (sic).

• Solicitó que se declare inadmisible la presente acción de amparo, por cuanto no existe violación de derecho alguno, no se trata de materia de orden público, no es ambiguo ni oscuro.

3.- De las aportaciones probatorias./(…)

4.- De las inadmisibilidades alegadas.

a.- Por no agotamiento de la vía ordinaria.

Apoyado en el artículo 6.5 de la ley de amparo, sostiene el denunciado como agraviante que el solicitante del presente amparo no agotó la vía ordinaria, (…).

Al respecto, conviene precisar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha venido interpretando en diversos fallos, la norma contenida en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y ha señalado que el amparo constitucional, como acción destinada al restablecimiento de un derecho o una garantía constitucional que ha sido lesionada, sólo se admite ante la inexistencia de una vía idónea para ello, la cual por su rapidez y eficacia, impida la lesión de los derechos que la Constitución vigente garantiza (vid. St. 848/2000, 963/2000, 1120/2000, 1351/2000, 1592/2000, 27/2001, 454/2001, 1488/2001, 1496/2001, 1809/2001, 2529/2001 y 865/2002, entre otras). Criterio que ha atemperado en sentencia 848/2000, en la que se refirió a la opción del agraviado entre el ejercicio del recurso de apelación y la acción de amparo contra decisiones judiciales, corrigiendo progresivamente la postura anteriormente sostenida hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de la impugnación ordinaria, siempre que ponga en evidencia las razones por las cuales ha decidido hacer uso de la vía de amparo (vid. St. 939/2000).

De allí que analógicamente, en los casos en que el procedimiento ordinario no resulta apto, de una forma breve, sumaria, expedita y eficaz, para reestablecer la situación jurídica infringida, es admisible la acción constitucional, teniendo en cuenta lo afirmado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 131 del 30.01.2002, de que “tratándose de situaciones jurídicas, de estados fácticos, debido a lo infinito que ellas puedan ser, la lesión de los mismos y su posibilidad de ser irreparable, es casuístico. Un tercero –por ejemplo- sin debido proceso se ve privado de una propiedad por una medida que se dicta en un juicio donde no es parte. Ese tercero tiene la vía de la tercería de dominio (ordinal 1° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil), pero cada día que pasa privado de los atributos del derecho de propiedad, su situación se hace irreparable, por lo que si tiene que esperar el fin del juicio de tercería, a pesar de que puede recuperar su bien, la inutilización de los atributos de la propiedad por ese tiempo le causa una lesión irreparable dentro del hecho continuado de la privación. De allí, que para evitar esa irreparabilidad continuada la vía es la del amparo”.

Y es cierto, que el juez no puede actuar con regla o tabla rasa cada vez que se le interpone una acción de amparo constitucional, para pronunciarse sobre su admisibilidad, ya que debe estudiar y analizar las diversas situaciones jurídicas y fácticas que orbitan sobre él, para determinar si la vía ordinaria puede ser el medio idóneo para reparar el o los derechos constitucionales que se denuncian como infringidos.

En ese orden de ideas, considera quien sentencia, que si bien, en el presente caso, el actor tiene los remedios procesales de impugnación de la decisión de la Junta Directiva de expulsarlo como socio del Club Carenero; no es menos cierto que la consecuencia de la decisión: la pérdida de sus derechos como directivo de la asociación, si no es bien entendida, puede en el tiempo causar un perjuicio quizás no querido al momento de decretarla y que se torne irreversible. El periodo de un directivo es de dos años y el medio ordinario puede superar con creces ese tiempo. / (…)

Bajo esta prédica, hay que precisar que ciertamente contra decisiones de los entes directivos y disciplinarios de una asociación civil cabe la acción ordinaria de nulidad, cuando se cuestionan los motivos de la decisión tomada; pero cuando se cuestiona el régimen de trámite, la violación del derecho a la defensa o el principio del juez natural por considerarse directivo electo por los asociados, principios que deben ser respetados en un procedimiento de naturaleza sancionatoria, disciplinaria o de cualquier otra índole que pueda afectar la situación jurídica del sujeto, dada su especial condición de miembro directivo, al que se le coloca en una situación de desventaja, ya que se le ha excluido consecuencialmente de su condición de administrador, por quienes son sus pares. Estas son circunstancias fácticas que hacen que la vía más idónea la constituye el amparo constitucional, por ser la vía más expedita y que garantiza un más rápido restablecimiento de sus derechos, aun cuando pudieran existir otras vías en el ordinario civil, dado que el uso de los medios procesales ordinarios resultan insuficientes al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.

Luego, hay que desechar el alegato de inadmisibilidad por este motivo. ASI SE DECLARA.

b.- Por la existencia de otra acción de amparo.

Alega la parte denunciada como agraviante que existen dos (2) amparos del mismo tenor cambiando solamente los apoderados, el primero de ellos presentado el 01.04.2010 por ante un Juzgado de Los Teques, Estado Miranda, admitido el 10.05.2010, el cual declinó su competencia, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Séptimo del Circuito Judicial de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole el Nº AP11-O-2010-000069, lo cual constituye la falta de probidad y lealtad debida.

Dispone el numeral 8º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que no se admitirá la acción de amparo “cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta”. Lo que significa que es impedimento de admisión de una acción de amparo constitucional, el hecho de estar pendiente una decisión relacionada con los mismos hechos. / (…)

Este ordinal trae la inadmisibilidad de la acción de amparo, como consecuencia de la litispendencia que exista con otro proceso idéntico que se siga por ante otro órgano jurisdiccional, siempre y cuando se encuentre en etapa decisoria y se de la trilogía de elementos o la triple identidad relacionada con las partes, objeto y el título del cual emane el derecho. / (…)

Quiere decir que la litis pendencia constitucional consecuencia la inadmisibilidad de la acción no pendiente de decisión. No la acumulación de causas, no la incorporación del que se encuentre en fase de sustanciación, el cual cede ante el que se encuentra más avanzado y en etapa decisoria, siempre, por supuesto que se de la triple identidad.

Bajo este predicamento, se alega que hay una solicitud de amparo constitucional que se dice sometida al conocimiento del Juzgado Séptimo del Circuito Judicial de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas (sic), correspondiéndole el Nº AP11-O-2010-000069, sin acreditar (1) que ciertamente se encuentre en el mencionado Juzgado, ya que sólo constan actuaciones ante la primera instancia de Los Teques; y (2) en qué etapa se encontraba al momento que esta causa se encontraba en fase decisoria –audiencia constitucional-. La suerte de esa acción o su etapa procesal –tal como lo afirma el Ministerio Público-, es que la misma no ha sido procesada, por lo que resulta evidente que la regla de inadmisibilidad –ex artículo 6.8 de la ley de amparos- no aplica para el presente asunto por ser ésta la más avanzada y en etapa decisoria. Lo que significa que estando más avanzada inadmite de manera sobrevenida la que se dice se encuentra en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, a quien se acuerda remitirle con oficio copia de la presente decisión.

Luego, no está presente esta causa de inadmisibilidad alegada. ASI SE DECLARA.

c.- Cuando la amenaza no es posible, inminente.

Sostiene el denunciado como agraviante que al ser reclamados los integrantes de la directiva del Club Carenero a título personal, no puede atribuírsele a estos las violaciones de derechos constitucionales, dado que el acto fue realizado por la Junta Directiva, por lo que es el club y no ellos los llamados a comparecer.

Trata de embarazar en esta defensa dos situaciones completamente distintas: la hipótesis de inadmisibilidad que contempla el artículo 6.2 de la ley de amparos y la falta de legitimidad pasiva para comparecer en juicio de los ciudadanos ROBERTO TROTTA SUÁREZ, ROBERTOJAVIER COBUCCI, J.L. LAGUNA, PANFILO DE CHELLIS CICCONE, MARCO MOSCUELA ARTALE, JONNY SAADE TADRONS, ALESSANDRO MACROBIO PIFFAUT, L.C.U. e I.C. ABEL DE LA CRUZ.

Al respecto conviene precisar que la amenaza a que refiere el numeral 2 del artículo 6, viene dada por la inminencia de un acto que de una manera directa pudiera menoscabar un derecho o garantía constitucional. La amenaza lógicamente debe derivar del órgano imputado, que en este caso es atribuida a la Junta Directiva del Club, la cual en el presente asunto actuó como órgano disciplinario y como tal no tiene establecida estatutariamente su representación en juicio, por lo que, primero, es válida que sea llamada a juicio en cabeza de todos sus integrantes, que generaron el acto de destitución que se denuncia hecho con violencia constitucional, en su carácter de integrantes de esa Junta Directiva, como en efecto se les ha llamado al proceso, tal como se expresa en el escrito libelado y en la misma conducta asumida por la parte denunciada como agraviante al momento de otorgar el mandato.

Y, segundo, es evidente que la conducta asumida por la Junta Directiva del Club, actuando como órgano disciplinario, de expulsar del club al ciudadano A.N.C.D.A., e impedirle a él y a sus familiares asociados el ingreso a las instalaciones del club, constituye la amenaza inminente que pudiera lesionar un derecho constitucional.

Luego, se desestima este alegato de inadmisibilidad. ASI SE DECLARA.

d.- Del pronunciamiento de la primera instancia.

En la decisión apelada, la primera instancia declara inadmisible la presente acción de amparo, apoyada en los numerales 2 y 5 del artículo 6, “por no existir violación de derechos constitucionales”, y considerar que “las supuestas violaciones denunciadas por la parte presuntamente agraviada, deben ser atendidas a través de un procedimiento idóneo para ello, tal como es la nulidad de acto administrativo”.

Se entiende que la primera instancia, para declarar la inadmisibilidad, consideró que la parte accionante tenía un medio procesal idóneo y expedito para tutelar su derecho, como el de la nulidad del acto administrativo.

Esta Alzada no comparte tal criterio al considerar que la Asociación Civil Carenero Yacht Club –dice su acta constitutiva-, tiene como objeto principal el promover y desarrollar las relaciones de sociabilidad entre sus miembros, así como el fortalecimiento practica de recreaciones marinas y otras actividades deportivas, sociales, culturales y de sano esparcimiento para ellos y sus familiares, estableciendo que para ser miembros las personas naturales y jurídicas que adquieran la correspondiente cuota de participación y otros requisitos establecidos en los estatutos sociales de dicha asociación. Y que quienes son sus asociados son personas de carácter privado.

Y establece el artículo 19 del Código Civil, que las asociaciones civiles adquieren su personalidad jurídica con la protocolización del Acta que las crea ante la Oficina de Registro Público que le corresponde, que en este caso se registra bajo el Nº 21, Tomo 5, Protocolo Primero del Tercer Trimestre del año 1980, ante el Registro Público de los Municipios Brión y Buróz del Estado Miranda.

Luego, nacen como un ente asociativo privado regulado por las disposiciones del Código Civil, y consecuentemente sus actos se inscriben y son de naturaleza privada, sin que sus decisiones, aun de carácter disciplinario puedan calificarse de actos administrativos, toda vez que a tenor del artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, “se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los órganos de la administración pública”.

En virtud de los señalamientos expuestos, mal podría pensarse que las actuaciones provenientes de la Asociación Civil Carenero Yacht Club, son actos administrativos, que deben regirse por lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, toda vez que la misma es una persona jurídica de carácter privado y no un órgano de la administración pública. Luego, es inidónea la vía del recurso de nulidad de acto administrativo señalado por la primera instancia, no resultando procedente la inadmisibilidad declarada por la primera instancia. ASI DECLARA.

5.- De los derechos constitucionales.

Reclama la parte accionante en amparo la tutela de sus derechos constitucionalizados de la defensa y del juez natural contenidos en el artículo 49 constitucional, los que dice conculcados por la resolución de la Junta Directiva de la Asociación Civil Club Carenero Yacht Club proferida el 23.03.2010, que declaró la responsabilidad disciplinaria del ciudadano A.N.C.D.A. y acordó su expulsión definitiva como socio del Club.

Señala el actor que fue electo por la Asamblea de Socios del Club Carenero, como miembro de la Junta Directiva y en acta de escrutinio de fecha 02.06.2009, se le asignó como secretario y se le juramentó en tal cargo. Que el artículo 28.7 de los estatutos sociales establece que se requerirá la presencia de un número de socios que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad de los miembros de la Asociación y el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de los socios presentes en las asambleas que, formalmente constituidas, hubiesen sido convocadas para resolver sobre la “remoción o cambios de la Junta Directiva antes de la expiración de su periodo”. Que en la fase plenaria del procedimiento, en fecha 16.03.2010, alegó el fuero especial de los miembros de la junta directiva, y se invocó el dictamen suscrito por el asesor jurídico y apoderado legal del Club, abogado LEX H.M., en el cual concluye que un miembro de la junta directiva no puede ser sujeto de las sanciones de suspensión, ni de expulsión por parte de la misma junta directiva, lo cual no quiere decir que no sea sancionable, lo único es que debe serlo por la vía del artículo 28.7 estatutario, por lo que se invocó que no podía ser juzgado por la junta directiva, ya que no era su Juez natural. Que en dicho acto, ante el referido alegato de ser juzgado por su Juez natural, se evidencia que se le negó el fuero especial, por considerar que eso es aplicable a todos los miembros de la Junta Directiva y no a uno solo de ellos, lo cual desvirtúa el contenido del ordinal 7 del artículo 28 de los Estatutos Sociales, que señala ese fuero especial cuando se trata de remoción de la junta directiva o cambios de la junta directiva, y no resulta cierto, que solo para el caso de todos los miembros de la junta directiva. Que ese fuero no le es aplicable en forma individual, si no en el caso de cumplimiento de funciones propias de administración y disposición de los bienes del club.

La directiva del Club, denunciada como agraviante, ha negado haber incurrido en injuria constitucional, señalando que la junta directiva de Carenero Yacht Club está facultada para dictar dicha decisión, dictada en un procedimiento donde se le respetaron todas las garantías constitucionales, y el cual se tramitó de acuerdo a los estatutos y reglamento parcial que desarrolla el procedimiento para hacer efectiva la suspensión y expulsión de socios.

Las garantías que han sido hechas valer por el actor no pueden interpretarse como exclusivamente limitadas al ámbito judicial sino que ellas corresponden a cualquier esfera en la cual un sujeto deba ser juzgado, esto es, cuando deba declararse frente al mismo la voluntad concreta de la Ley para dirimir un conflicto de intereses o derechos. Cuando la norma fundamental alude a los conceptos del “juez natural”, “debido proceso” y “derecho a la defensa”, tales principios se aplican a cualquier situación que sobre un sujeto recaiga el peso de una función jurisdiccional o bien, en la cual se asuman decisiones que puedan afectar los derechos e intereses de las figuras subjetivas del ordenamiento. De allí que en un procedimiento de naturaleza sancionatoria, disciplinaria o de cualquier otra índole que pueda afectar la situación jurídica del sujeto, tales principios deben ser respetados.

En el presente caso se trata de un acto sancionatorio de expulsión de un directivo de un club, que recayera sobre el actor, dictado por un organismo cuya competencia no aparece determinada en la normativa estatutaria, en razón de lo cual la medida que la Junta Directiva del Club asumiera es presuntamente lesiva del derecho al juez natural, que opera no solo en el campo judicial, sino como ya se dijo en todos los campos.

La ambigüedad o deficiencia en la normativa estatutaria sobre el régimen de trámite disciplinario aplicable a quien tenga la condición de directivo, es lo que ha suscitado el presente debate en sede constitucional. Y se habla de ambigüedad o deficiencia, porque si bien el artículo 44 estatutario faculta a la Junta Directiva del Club para admitir, suspender y expulsar a los socios, asesorada por el Comité de Admisiones; no es menos cierto que hace silencio sobre el mecanismo de suspensión o remoción de un directivo, quien tiene su legitimidad en un acto de elección al cual fueron llamados todos los asociados. Y ante esa omisión estatutaria surge la duda si el régimen aplicable es el mismo que prevé el artículo 44 estatutario para la suspensión y expulsión de socios, o si corresponde a la Asamblea de Asociados por ser reservada a la asamblea, bajo un régimen de constitución especial, el resolver sobre la remoción o cambios en la directiva, por aplicación de lo normado en el artículo 28.7 estatutario.

Ante esa ambigüedad y deficiencia y tratándose que las normas estatutarias de rango sublegal, son de naturaleza contractual privada, sobre las cuales el juez, por imperio del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, ateniéndose a al propósito e intención de las partes, tiene la potestad de interpretarlas, se han de hacer varias consideraciones.

Sin entrar a negar que la expulsión de un socio no tiene porque configurarse como violación a la Constitución, dado que “el sustrato personal de la asociación vendría a legitimar la figura de la expulsión cuando la conducta del miembro impida, enerve o dificulte la obtención de los fines asociacionales (sic), ya que la causa final o propósito de la asociación es, precisamente, el logro de esos fines; y si una persona se coloca en una actitud evidentemente contraria a los objetivos perseguidos por el ente, está al mismo tiempo rompiendo el vinculo (afecctio) con las demás personas que lo integran” (Miguel A.I.M. y A.I.: Las Asociaciones Civiles en el Derecho Venezolano, p. 232). No por ello, se adquiere una patente de corso para aplicar sanciones disciplinarias sin respeto de los derechos constitucionalizados. Las sanciones, por ser la medida extrema, en las normas que se dicten para regular su aplicación deben estar preñadas de claridad y garantías de los derechos constitucionales de los asociados. Es decir, deben ser diáfanas para evitar sus interpretaciones. Son normas restrictivas.

En la normativa que regula al Club Carenero, en sus artículos 44, 45 y 47 estatutarios, se establecieron las reglas para la admisión, suspensión y expulsión de socios con facultad de la Junta Directiva, asesorada por el Comité de Admisiones; así como las atribuciones de ese Comité y las sanciones a aplicar, sin que en esos artículos se mencione el tratamiento y la competencia para conocer en caso de que la suspensión o expulsión refiera a un socio directivo. Sólo el artículo 28.7 estatutario establece como potestad de la Asamblea de Socios la facultad de “remoción o cambio de la Junta Directiva”, para lo cual se requerirá la presencia de un número de socios que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad de los miembros de la Asociación y el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de los socios presentes en las asambleas que hubiesen sido convocadas para resolver sobre la “remoción o cambios de la Junta Directiva antes de la expiración de su periodo”. Es decir, que se establece un mecanismo asambleario para la remoción o cambio de la junta directiva.

Entienden los directivos, cuestionados por su decisión, que esta disposición sólo aplica para una remoción colectiva de la junta directiva y no para los casos de remoción de un directivo. Quien sentencia no comparte tal interpretación, porque, cuando se habla de, según la DRAE, debe entenderse como la “privación de cargo o empleo”, sin que esa privación de cargo o empleo deba necesariamente responder a una pluralidad de sujetos. Luego, cuando se emplea la palabra remoción puede entenderse que se remueve del cargo a una o varias personas. No está atada a una remoción colectiva. Más pudiera estar atado a lo colectivo el vocablo, ya que cambio implica la sustitución de una cosa por otra. Y obviamente si se habla de un cambio de directiva, se está hablando de una sustitución de una directiva por otra.

Interpreta este sentenciador que el sentido de lo dispuesto en el artículo 28.7 estatutario, cuando atribuye a la asamblea de asociados la potestad de “remoción o cambio de la junta directiva”, se ha de entender (i) que la remoción de los directivos de manera individual o colectiva es potestad de la asamblea, bajo el especial régimen de constitución y decisión previsto estatutariamente y con garantía de sus derechos constitucionales. Y así mismo (ii) que el cambio de todo el cuerpo directivo es potestad de la asamblea, bajo el especial régimen de constitución y decisión previsto estatutariamente y con garantía de sus derechos constitucionales. Esto evidentemente consecuencia que el conocimiento de la suspensión o expulsión del socio en funciones de directivo, bien como directivo, bien como socio, esté reservado a la asamblea de socios. Esto obviamente significa que, en atención a su designación como directivo electo, se le confiere un fuero privilegiado, en la que su inconducta (sic) como asociado o directivo debe ser sometida al conocimiento de la asamblea de socios, que pasa a ser su juez natural.

La ratio de dicho dispositivo sublegal, está en que los directivos fueron electos por esa asamblea, mediante el mecanismo estatutario establecido, y obviamente es ella la que tiene la potestad de suspenderlo o destituirlo. Lo otro, delegarlo en la Junta Directiva u otro órgano de menor rango, traería una suerte de riesgo de que, por ejemplo, en una directiva de cinco, cuatro –integrantes electos de la plancha mayoritaria- se confabularan y concertaran destituyendo al quinto –integrante electo de la plancha minoritaria-. Esa conducta, violentaría el derecho de las minorías porque ese quinto destituido representa electoralmente una minoría que le eligió. Además de que violentaría una regla de oro y es quien lo pone, es el autorizado para quitarlo.

Luego, cuando la Junta Directiva del Club Carenero, constituida con un Secretario ad hoc –lo que significa que sin procedimiento alguno se le separó del cargo de secretario-, emite su resolución de expulsión del ciudadano A.N.D.C.D.A., datada el 23.03.2010, resulta evidente que violentó su derecho constitucional a ser juzgado por su juez natural, que constituye la garantía que posee toda persona a ser juzgada por un tribunal constituido con anterioridad a la ocurrencia del hecho y negó consecuencialmente sus garantías a la defensa y al debido proceso.

El principio de juez natural es el derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho de ser juzgados por un órgano creado respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos (art. 49.4 CN).

En virtud de esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al hecho imputado, no siendo permitidos los Tribunales post-facto, así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

La Sala Constitucional al referirse al derecho al juez natural, en sentencia No. 276 del 23.07.2003, que:

‘El derecho al juez natural consiste, básicamente, en la necesidad de que el proceso sea decidido por el juez ordinario predeterminado en la ley. Esto es, aquél al que le corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad. Esto supone, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso; y, en cuarto lugar, que la composición del órgano jurisdiccional sea determinado en la Ley, siguiéndose en cada caso concreto el procedimiento legalmente establecido para la designación de sus miembros, vale decir, que el Tribunal esté correctamente constituido. En síntesis, la garantía del juez natural puede expresarse diciendo que es la garantía de que la causa sea resuelta por el juez competente o por quien funcionalmente haga sus veces”.

Bajo esas premisas, se debe afirmar que la decisión cuestionada del 23.03.2010 emitida por la Junta Directiva del Club Carenero de expulsión del ciudadano A.N.D.C.D.A., de su cargo de Secretario de la Junta Directiva del mencionado Club y de asociado del mismo, violenta su derecho al juez natural, dado que (i) el órgano de juzgamiento preestablecido estatutariamente (art. 28.7) es la asamblea de socios; (ii) la cual se encuentra investida de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la sanción; (iii) lo que no permite calificarlo de órgano excepcional o especial; y (iv) previamente se encuentra establecida la manera de constituirse para el juzgamiento. ASI SE DECLARA.

Y consecuencialmente, al negarse su derecho al juez natural, hay que afirmar que consecuencialmente se ha violentado el derecho a la defensa y al debido proceso, sobre los que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, en sentencia de fecha 23 de enero de 2002, (con ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta, en el juicio de Residencias Caribe, C.A., en el expediente Nº 01-1957), lo siguiente:

... Los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela han sido examinados por esta Sala en diferentes fallos, entre ellos el dictado el 24 de enero de 2001 (caso Supermercado Fátima, S.R.L.), en el cual se expresó lo siguiente:“... el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. En cuanto al derecho a la defensa, la jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos o se le prohíbe realizar actividades probatorias”.

Luego, hay que decir que se le ha negado su derecho a la defensa, porque no se le dio la oportunidad al encausado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas por parte de su juez natural. Es decir, no se constituyó la asamblea de socios, de acuerdo al régimen estatutario para oír sus descargos. Y al debido proceso, porque no se le ha permitido oírlo de la manera prevista en los estatutos, y ajustado su derecho al tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas, por ante su juez natural, que es la asamblea de socios, la cual no fue constituida. ASI SE DECLARA.

Luego, se impone declarar la procedencia de la presente acción de amparo constitucional, en vista de haberse violado los derechos constitucionales al juez natural, a la defensa y al debido proceso del ciudadano A.N.D.C.D.A., generado por la resolución del 23.03.2010 emitida por la Junta Directiva del Club Carenero de expulsarlo de su cargo de Secretario de la Junta Directiva del mencionado Club y de asociado del mismo, resolución que se anula y, en consecuencia, se le ordena a la mencionada Junta Directiva restablecerlo en su cargo de Secretario y tenerlo como socio del Club, con todos los derechos que le son inherentes. ASI SE DECIDE.

Es inoficioso pronunciarse sobre los otros puntos contenidos en la resolución anulada, en vista de haber sido anulada. ASI SE DECLARA.

V. DISPOSITIVA.-

Por los razonamientos de hecho y de derecho que se dejan expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 21.07.2010 (f.124, p.2), por el abogado Á.B., en su carácter de apoderado judicial de la parte agraviada, ciudadano A.N.D.C.D.A., contra la decisión de fecha 19.07.2010 (f.104, 2ª p), proferida por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible el presente proceso de amparo constitucional que sigue el apelante contra la Junta Directiva de la Asociación Civil “CARENERO YACHT CLUB, A.C.”, imputándole haberles violado el Derecho a ser juzgado por un Juez natural y a la defensa con la resolución de suspensión y expulsión como directivo y socio de la sociedad civil CARENERO YACHT CLUB, A.C. dictada el 23.03.2010 en el procedimiento disciplinario Nº 0001-2010, al considerar que no hubo violaciones constitucionales.

SEGUNDO: PROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano A.N.D.C.D.A., contra la JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL “CARENERO YACHT CLUB, A.C.”, ambos identificados a los autos, en vista de haberse violado el derecho al juez natural, a la defensa y al debido proceso (art. 49 CN) con la Resolución Decisoria dictada por dicha junta en fecha 23.03.2010, mediante la cual lo expulsaron como directivo y Socio de la referida asociación civil. En consecuencia, se anula la resolución decisoria del 23.03.2010 emitida por la Junta Directiva del Club Carenero de expulsarlo de su cargo de Secretario de la Junta Directiva del mencionado Club y de asociado del mismo, y se le ordena a la mencionada Junta Directiva restablecerlo en su cargo de Secretario y tenerlo como socio del Club, con todos los derechos que le son inherentes.

TERCERO: Se advierte, de conformidad con el artículo 29 de la ley de amparo, que el presente mandamiento debe ser acatado por todas las autoridades de la República y particulares, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad.

CUARTO: Queda así revocado el fallo apelado.

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISION

1. En el caso sub examine, se pretende la revisión del acto de juzgamiento que emitió el Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 30 de agosto de 2010, mediante el cual revocó la decisión que había emitido el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que declaró inadmisible la pretensión de amparo que incoó el ciudadano A.N. deC. deA. contra la Asociación Civil Carenero Yacht Club.

Ahora bien, el artículo 25.10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone lo siguiente:

Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: / (…)

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.

En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión, esta Sala ha sostenido lo siguiente:

(...) Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional... (s.S.C. n.° 93 del 06.02.01).

Es pertinente la aclaración de que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a la guarda de máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de peticiones que pretendan la revisión de actos de juzgamiento que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga facultad para la desestimación de cualquier requerimiento como el de autos, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que lo que se pretende, en nada contribuye con la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que ostenta la revisión.

2. En el caso sub iudice, la representación judicial de la peticionaria requirió la presente revisión debido a que, en su criterio, la decisión en cuestión vulneró su derecho al juez natural y al debido proceso cuando no tomó en cuenta los alegatos que expuso en la oportunidad de la celebración de la audiencia oral en este procedimiento.

2.1 En primer lugar, se observa que la solicitud de revisión constitucional fue planteada como si de un amparo constitucional se tratase, tanto que, como fue transcrito supra, afirmó que “en el presente caso se verificó una evidente violación al derecho de toda persona a la obtención de una tutela judicial efectiva (…), lo que concreta una infracción tutelable mediante la solicitud de Amparo contra Amparo y así solicitamos que sea declarado” (Subrayado añadido). Al respecto, es pertinente la cita de la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual puede leerse que:

Finalmente y al margen de su competencia para conocer de acciones de amparo, se atribuye a la Sala Constitucional la competencia para revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República en materia de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad, a través de un mecanismo extraordinario que deberá establecer la ley orgánica que regule la jurisdicción constitucional, sólo con el objeto de garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales, la eficacia del Texto Fundamental y la seguridad jurídica.

Ahora bien, la referida competencia de la Sala Constitucional no puede ni debe entenderse como parte de los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la Constitución, sino, según lo expuesto, como un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad constituye únicamente darle uniformidad a la interpretación de las normas y principios constitucionales (Subrayado añadido).

Distinto es el caso, de la revisión de las sentencias de las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia cuando se señale que han vulnerado derechos constitucionales, contra las cuales no hay recurso ordinario alguno ni cabe la interposición del amparo constitucional, circunstancia que justificó la ampliación de la revisión que imponía la garantía de los derechos fundamentales (s.S.C. n.° 325/2005 del 30 de marzo, caso: Alcido P.F. y otros).

Así, como repite esta Sala casi a diario, más allá de la intención de los solicitantes, no son sus derechos e intereses o sus situaciones jurídicas los que se protegen a través de la revisión constitucional de actos decisorios de tribunales distintos al Máximo tribunal de la República sino la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales (s.S.C. n.° 1648 de 26.11.2009, caso: Compañía Anónima Tabacalera Nacional [CATANA]). Es desde esta perspectiva y con tal finalidad (de protección de la integridad de la interpretación de las normas y principios constitucionales) que se abordará el examen de los planteamientos de la peticionaria. Así se declara.

2.2 Por lo que respecta a la denuncia de violación al derecho constitucional al Juez natural, tema en el cual podría estar involucrado el orden público, esta Sala observa que, en el presente caso, tal denuncia obedece a la incompetencia por el territorio de los tribunales que conocieron y decidieron el proceso originario, que habría sido consecuencia de que el hecho lesivo habría ocurrido en la sede natural del sujeto pasivo en ese proceso, que está en Higuerote, Municipio Brión del Estado Miranda.

Ahora bien, no consta de las actuaciones que se haya planteado ante el Juez a quien correspondió el conocimiento en primera instancia de esa causa, su incompetencia en razón del territorio, a pesar de la circunstancia de que el domicilio de la demandada es Caracas pero la sede del Club está en Higuerote, razón por la que tal defensa requería ser invocada en ese procedimiento.

Como es sabido, la competencia por el territorio es, en principio, derogable por las partes y, en el caso del amparo constitucional, a diferencia del proceso ordinario, se establece a favor del demandante, para que se facilite su acceso a la justicia. En la tutela constitucional bajo examen, como es natural, fue la parte actora quien eligió los tribunales del Área Metropolitana de Caracas para la interposición de su demanda, presumiblemente porque, como consta en la sentencia objeto de estas actuaciones, su domicilio es Caracas y no Higuerote, con lo cual la finalidad de la norma quedó, a todo evento, satisfecha, sin que ello acarrease perjuicio al orden público o a la contraparte, cuyo domicilio es, también, Caracas y nada argumentó al respecto.

Por otra parte, es falaz el argumento de que la participación del Ministerio Público en los juicios de protección constitucional matiza de orden público a la competencia por el territorio, como en los casos a que se refiere el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil. Por el contrario, a tenor de lo que dispone el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, “[l]a no intervención del Ministerio Público en la acción de amparo no es causal de reposición ni de acción de nulidad”. Así se establece.

2.3 En relación con el resto de los alegatos de la peticionaria se observa que pretende que se revise un acto jurisdiccional que emitió el Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 30 de agosto de 2010, que declaró con lugar la apelación contra la declaratoria de inadmisión del amparo constitucional que incoó A.N. deC. deA. en su contra, con argumentos que evidencian que se pretende el empleo de este medio de protección constitucional como una nueva oportunidad de alegación y defensa de sus intereses, como si la revisión permitiese la posibilidad de otra instancia con respecto a una decisión que quedó definitivamente firme o como si de un amparo constitucional se tratase.

Así, en atención a la reiterada doctrina de esta Sala Constitucional sobre el objeto de su potestad discrecional y extraordinaria como el que se peticionó en el asunto sub examine, se aprecia que las delaciones que fueron formuladas por el peticionario no constituyen fundamentación para su procedencia.

Debe insistirse en que la revisión no constituye una tercera instancia, ni un medio ordinario que pueda ser intentado bajo cualquier fundamentación, sino una potestad extraordinaria, cuya finalidad es la unificación de criterios de interpretación constitucionales, para la garantía de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales, lo cual, conlleva a la seguridad jurídica.

En la hipótesis de autos, se observa que el solicitante no esgrimió en su requerimiento, un afincamiento acorde con lo que se expresó supra, ni muchos menos la encuadró, efectivamente, dentro de los supuestos de procedencia que claramente delimitó esta Sala Constitucional, pues, por el contrario, pretende la solución de los agravios a su situación jurídica subjetiva, en forma que resulta irrelevante para la uniformidad de la interpretación cuya salvaguarda ejerce, entre otros medios, a través de la revisión constitucional.

Como consecuencia de todo lo que fue expuesto y, en virtud de que esta Sala considera que la revisión de la sentencia objeto de estas actuaciones no contribuiría con la homogeneidad jurisprudencial, además de que no se subsume en ninguno de los supuestos de procedencia que, previa y reiteradamente, ha fijado esta Sala, se declara que no ha lugar a la revisión de autos. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que interpuso la ASOCIACIÓN CIVIL CARENERO YACHT CLUB contra la sentencia del Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de 30 de agosto de 2010, que declaró con lugar la apelación contra la declaración de inadmisión del amparo constitucional que incoó A.N. deC. deA. en su contra.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 04 días del mes de noviembre de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta,

L.E.M. LAMUÑO

El Vicepresidente,

F.A.C.L.

Los Magistrados,

J.E. CABRERA ROMERO

P.R.R.H.

Ponente

M.T. DUGARTE PADRÓN

…/

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

A.D.J. DELGADO ROSALES

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 10-1054

Quien suscribe, Magistrada L.E.M. Lamuño, salva su voto por disentir del fallo que antecede en el cual se declaró no ha lugar la solicitud de revisión interpuesta, al verificar que la accionante planteo la solicitud como si de un amparo se tratase, aunado a que en forma alguna se evidencia violación al derecho a un juez natural por incompetencia territorial del juez, en la medida que se presume como domicilio del presunto agraviado la ciudad de Caracas y, que la situación planteada no se corresponde con el fin que persigue la revisión, toda vez que el fallo revisado se encuentra ajustado a derecho y no contradice decisión alguna dictada por la Sala.

Al respecto, debe destacarse que la Sala al conocer solicitudes de revisión con supuestos de hecho similares a la presente causa, ha señalado reiterando su propia jurisprudencia, que “no es cierto que no exista un procedimiento ordinario mediante el cual un tribunal podría otorgar la protección que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza a los derechos constitucionales que el quejoso estimó que le fueron conculcados ya que sus pretensiones podían ser planteadas en un juicio ordinario” -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 892/10-, aunado a que:

“En el caso sub examine se pretende la revisión de la actuación judicial que expidió, el 29 de octubre de 2009, el Juzgado Superior Marítimo con Competencia Nacional y sede en Caracas, mediante la cual se declaró la procedencia de la pretensión de tutela de amparo constitucional que instauró el ciudadano E.R.M.A. contra la Asociación Civil Carenero Yacht Club.

(…)

2. En el caso sub iudice, la representación judicial de la peticionaria requirió la presente revisión debido a que, en su criterio la decisión en cuestión vulneró su derecho al debido proceso cuando: i) no valoró los elementos probatorios que había promovido durante la audiencia constitucional; ii) la condenó en costas, pese a que no hubo vencimiento total; iii) no declaró la inadmisión de la demanda de amparo ante la existencia de medios ordinarios; y iv) le negó tácitamente vigencia al Estatuto, al Reglamento Electoral y al Reglamento Interno de dicho Club.

2.1 Esta Sala considera que, para el establecimiento de un orden lógico en la resolución de las denuncias que fueron formuladas en la presente causa, debe iniciar con el análisis de la delación concerniente a que ‘(d)ado el carácter de orden público de las causales de inadmisibilidad de la acción (sic) de amparo constitucional, las instancias que conocieron de la acción de amparo interpuesta por la presunta agraviada, debían considerar previamente la inadmisibilidad de la acción de amparo, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que la quejosa disponía y dispone [de] la vía judicial ordinaria para pedir la nulidad del acto supuestamente gravoso’.

Esta defensa fue opuesta por la solicitante de la presente revisión en la audiencia pública que se celebró en el juicio de amparo constitucional en el cual se emitió la actuación judicial que se analiza en esta oportunidad, pero no hubo pronunciamiento de parte de los Tribunales a los cuales correspondió su conocimiento.

(…)

Con respecto a la procedencia de la causal de inadmisión de la pretensión de tutela constitucional, esta Sala asentó en sentencia n.° 939, de 9 de agosto de 2000 (caso: S.M.) lo siguiente:

… la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador.

(…)

En el caso bajo estudio, la parte que demandó la protección constitucional aparentemente partió del supuesto de la inexistencia de un procedimiento idóneo, para la protección de sus derechos constitucionales a través de la declaratoria de nulidad de la resolución mediante la cual el ciudadano E.R.M.A. fue excluido como miembro de la Asociación Carenero Yacht Club.

Ahora bien, no es cierto que no exista un procedimiento ordinario mediante el cual un tribunal podría otorgar la protección que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza a los derechos constitucionales que el quejoso estimó que le fueron conculcados ya que sus pretensiones podían ser planteadas en un juicio ordinario. Al efecto, debe recordarse, una vez más, que esta Sala ha insistido en que todos los jueces en todos los procesos pueden y deben proteger todos los derechos, con inclusión de los constitucionales, y es solo contra la omisión de tal protección por las vías ordinarias, especiales o de impugnación que puede intentarse el amparo constitucional, salvo, como se explicó supra, que en un caso concreto existan circunstancias particulares que hagan inidóneas aquellas vías para la protección constitucional. Es por ello que, cuando se acude a la tutela constitucional, el demandante tiene la carga argumentativa que convenza al juez de que, en su caso, es esta vía especial la única que podría protegerlo con eficacia, como garantiza la Constitución.

En el asunto de autos, el accionante no acudió a la vía ordinaria preexistente, como podría ser una demanda de nulidad de la resolución que emanó de la Junta Directiva y la Comisión Asesora de Administración de la Asociación Civil Carenero Yacht Club, el 3 de marzo de 2009 y de los actos que le siguieron por vía de consecuencia -a través de la cual habría podido pedir la indemnización que en amparo no es posible-, y no justificó el ejercicio anticipado de la pretensión de tutela constitucional, como requisito de admisibilidad que ha exigido pacíficamente esta Sala; omisión que no fue motivo de análisis en las decisiones que se emitieron en el procedimiento de amparo constitucional, a pesar del alegato al respecto de la parte demandada, fallos que, en acatamiento a al doctrina aplicable de esta Sala, tenían que haberse pronunciado acerca de la idoneidad o no del procedimiento ordinario para la protección de los derecho al debido proceso, la defensa y a la propiedad del ciudadano E.R.M.A., lo cual era un punto previo antes de que entrara a conocer el fondo de la causa.

Luego, el ejercicio de la pretensión de tutela constitucional, sin que el solicitante de la protección constitucional hubiera justificado el no agotamiento previo del referido medio judicial preexistente del cual disponía para la restitución al efectivo ejercicio de sus derechos constitucionales y, por consiguiente, a la cesación de la supuesta violación a los mismos, constituye una causal de inadmisibilidad de la pretensión de amparo, de acuerdo con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual esta Sala considera que la decisión que emitió el Juzgado Superior Marítimo con Competencia Nacional y sede en Caracas, el 29 de octubre de 2009, se apartó de la doctrina con respecto a la necesidad del agotamiento del medio judicial ordinario para el restablecimiento de la situación que se delató como causante de la lesión constitucional, cuando no analizó si el solicitante de la protección constitucional cumplió con su carga de alegación sobre la ineficacia del medio judicial ordinario, bajo la consideración de que todo juez de la República está en la posibilidad del ofrecimiento de dicha tutela, situación que no fue objeto de análisis ni por el a quo constitucional, ni por el tribunal que conoció en primera instancia la pretensión de amparo constitucional y emitió el juzgamiento que hoy es objeto de la presente revisión.

Con respecto a decisiones de la naturaleza de la fue señalada como lesiva en el proceso originario, esta Sala ha determinado su naturaleza civil en los siguientes términos:

…la supuesta agraviada afirmó que el hecho que generó la presunta lesión constitucional fue una decisión que tomó la Junta Directiva del Club Hípico Caracas, sin que se le hubiese permitido el ejercicio de su derecho a la defensa, y mediante la cual se le prohibió el acceso al referido Club, por un lapso de doce meses.

Ahora bien, para la determinación de la naturaleza de la relación jurídica en la cual se inserta la actividad que genera el acto supuestamente lesivo y, con ello, el tribunal competente para conocer en primer grado de jurisdicción la acción de autos, se observa que la decisión disciplinaria impugnada fue adoptada por la Junta Directiva de la Asociación Civil señalada como agraviante en un proceso llevado de conformidad con sus Estatutos Sociales y con motivo del acaecimiento de unos hechos presuntamente censurables de conformidad con los Estatutos de dicha Asociación Civil, con fines deportivos, y de la cual la quejosa afirma ser socia.

En efecto, si bien la Asociación Civil de marras, emite actos jurídicos de conformidad con sus Estatutos Sociales, dichos actos no pueden ser calificados como administrativos o de naturaleza pública, ya que no se está en ejercicio de competencias o potestades estatales, y ni su personal ni sus fondos son públicos, por lo cual no le es aplicable el Derecho Administrativo, y por ende no son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa.

De manera que, la acción ha sido ejercida por la presunta violación de los derechos a la defensa y al debido proceso, por tanto, y de conformidad con la disposición prevista en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el tribunal competente para conocer de dicha acción ha de ser uno de Primera Instancia que lo sea en la materia afín con la naturaleza de los derechos conculcados, en la jurisdicción correspondiente al lugar de comisión del presunto hecho lesivo, derechos que, a criterio de esta Sala se encuentran insertos en una relación jurídica de naturaleza civil, que hacen que la materia afín sea la civil. (s.S.C. n.° 3515, 11.11.05)

Por las razones anteriores, esta Sala concluye que la sentencia que emitió el Tribunal Superior Marítimo con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas del 29 de octubre de 2009 se apartó de la jurisprudencia que ha sido establecida por esta Sala en materia de amparo constitucional, lo cual, en atención a lo que dispone el artículo 25.10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, determina que se declare que ha lugar a la petición de revisión que fue interpuesta por la Asociación Civil Carenero Yacht Club

-Vid. Sentencia de esta Sala Nº 892/10-.

Posteriormente, la Sala reiteró el anterior criterio al establecer que “cónsono con la doctrina jurisprudencial antes expuesta, esta Sala Constitucional comparte el pronunciamiento que efectuó el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cuando declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo ejercida por el ciudadano A.L.R. contra la Junta Directiva del Caracas Country Club, con fundamento en no haberse agotado los mecanismos ordinarios preexistentes, no haberse justificado la inidoneidad de los mismos (…). Si bien el mencionado juzgado consideró erradamente que la pretensión de la parte accionante en amparo estaba dirigida entre otras cosas a solicitar la nulidad de los estatutos del club, lo determinante para declarar la inadmisibilidad del amparo, fue que para impugnar la decisión tomada por la Junta Directiva del Caracas Country Club, la parte contaba y cuenta con las vías ordinarias preexistentes, lo cual como se dijo anteriormente se corresponde con el criterio sostenido por esta Sala en casos similares. Ello así, tomando en cuenta que tal pronunciamiento se adecua al criterio sostenido esta Sala Constitucional, la presente revisión debe ser declarada NO HA LUGAR, en virtud de que la misma no encuadra en alguno de los supuestos que la haría procedente, tales como que de manera evidente el fallo impugnado haya incurrido, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional” -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 968/10-.

Sobre la base de los asertos contenidos en sentencia parcialmente transcrita, quien suscribe, considera que la Sala a los fines de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, debió sostener su criterio respecto de otros casos análogos vinculados con el alcance y aplicabilidad de la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, más aun en el presente caso, en el cual era ineludible efectuar un análisis respecto del alcance de la acción de amparo -toda vez que en la dispositiva del fallo objeto de revisión, se anuló la decisión de Carenero Yacht Club, A.C.- y que en los juicios de nulidad ordinarios, el juez de la causa es igualmente competente para decretar medidas cautelares que garanticen la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses del presunto agraviado -Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 892/10 y 968/10-.

Queda así expresado el criterio de la disidente.

La Presidenta de la Sala,

L.E.M. LAMUÑO

Magistrada Disidente

El Vicepresidente,

F.A.C.L.

Los Magistrados,

J.E. CABRERA ROMERO

P.R.R.H.

Ponente

M.T. DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

A.D.J. DELGADO ROSALES

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

Exp. Nº 2010-1054

LEML/