Decisión nº S2-183-06 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 17 de Noviembre de 2006

DE LA COMPETENCIA

El Tribunal hace constar su competencia, por cuanto le corresponde por Ley a este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, como órgano jurisdiccional Superior de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, el conocimiento de las apelaciones de las decisiones dictadas por éstos en materia de A.C., conforme lo establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, en concordancia con la doctrina jurisprudencial constitucional, de carácter vinculante, que regula la materia. Y ASÍ SE DECLARA.

DEL ESCRITO LIBELAR

En el escrito libelar, la representación judicial de la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO CATATUMBO DEL ESTADO ZULIA (ASOTRACATZUL), ut supra identificada, fundó su pretensión de a.c. en base a los siguientes argumentos:

Que, existe riesgo manifiesto que los querellados de autos, los cuales se desempeñan como transportistas, denominándoles específicamente como “volqueteros”, en la población de Casigua El Cubo, del municipio J.M.S.d.e.Z., le vulneren a su mandante las garantías constitucionales del derecho al trabajo, a la libre empresa y al libre tránsito sobre el territorio nacional, producto de las amenazas proferidas por sus dirigentes.

El hoy accionante señala que, en el municipio J.M.S., vecino inmediato del municipio Catatumbo, existen ventajas naturales de terrenos para la explotación por parte de las comúnmente denominadas granzoneras, del material utilizado para la elaboración de carreteras, siendo además que la carretera Kilómetro 33, la cual constituye el paso común entre éstos dos municipios para acceder a una planta procesadora de asfalto que se encuentra en las adyacencias de la población de Encontrados, y que es la vía a Casigua El Cubo, constituye la razón por la que los trabajadores volqueteros que representa, se dirigen al municipio J.M.S. en la búsqueda de los referidos materiales, para transportarlos, constituyendo - según su dicho - ésta actividad el único medio de trabajo con el cual sustentan sus familias, dado que los materiales que transportan en sus camiones volteos, son utilizados para la construcción de obras en el municipio Catatumbo, producto de lo cual vienen siendo pechados por los gremios de dicho ramo con sede en el municipio J.M.S., obligándolos a compartir el cincuenta por ciento (50 %) de los beneficios obtenidos por cada viaje - según su decir - , todo lo cual afirma el exponente constituye un descarada violación al derecho al trabajo, toda vez que ningún venezolano está obligado a compartir su trabajo, y menos de forma coercitiva, por cuanto ostentan el libre ejercicio en la realización de cualquier actividad lucrativa de forma legal.

Dentro de esta perspectiva, precisa que al negarse los miembros de su representada a cumplir con dicha exigencia de compartir los beneficios obtenidos producto de los viajes, los aludidos agraviantes bloquean las vías públicas, evitando que puedan trasladar su carga a su destino en el municipio Catatumbo, situación la cual constituye un hecho notorio en la región.

En atención a lo expuesto, solicitó se dicte mandamiento de a.c. contra el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PESADOS, SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y CONEXOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DR. J.M.S.D.E.Z. (SIUTRAMAPESOLI), la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA ADANCITO R.L. y la ASOCIACIÓN COOPERATIVA MIXTA CASIGUA R.L., a fin que se les ordene que inmediatamente restablezcan el paso y libre tránsito, y que en tal sentido se les permita a los miembros de su mandante, ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO CATATUMBO DEL ESTADO ZULIA (ASOTRACATZUL), ejercer su derecho al trabajo toda vez que requieran transportar materiales a su municipio, sin que se pretenda pechar de algún modo estos contratos, estimando la acción en la cantidad de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,oo), así como las costas del proceso, en la cantidad de seis millones de bolívares (Bs. 6.000.000,oo).

Con el objeto de fundamentar su querella constitucional, promovió:

 Prueba testimonial de los ciudadanos R.D.E.O., OSNALDO A.E.E., E.H. y E.H.M., a fin que atestigüen en primer lugar, respecto del hecho notorio de la amenaza de los camioneros de Casigua El Cubo, de no dejar trabajar a sus representados, si no les dan la mitad de sus contrataciones, y en segundo lugar, sobre el daño temido que les puedan causar los señalizados agraviantes.

 Inspección Judicial en la finca “La Colonesa”, cuyo propietario indica es la sucesión L.R., ubicada en la carretera Km. 33, sector El Martillos, Km. 16 del municipio J.M.S., para que deje constancia de: a) si en el sitio se encuentran las personas de ASOTRACATZUL; b) si los accionados en amparo, señalados como agraviantes se encuentran obstaculizando el paso con sus camiones o con su humanidad a los camioneros de ASOTRACATZUL, en la vía pública o en la vía privada de la Finca objeto de la inspección; c) si existen personas que se muestran agresivas y que se pueda temer que ocasionen daños a personas y/o cosas; y d) cualquier otro elemento perturbador que haga inminente la solicitud de la medida de amparo y que el Juez considere pertinente dejar evidente en el acta, y que de ser el caso, se ordene la protección de la fuerza pública.

 Prueba de posiciones juradas del ciudadano Á.P., Secretario General del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PESADOS, SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y CONEXOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DR. J.M.S.D.E.Z. (SIUTRAMAPESOLI), del ciudadano A.R., representante legal de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA ADANCITO R.L., y del ciudadano E.R., representante legal de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA MIXTA CASIGUA R.L., todos éstos gremios indicados como querellados y los cuales se desempeñan en el ramo volquetero, y se encuentran domiciliados en la población de Casigua El Cubo, del municipio J.M.S.d.e.Z., e igualmente a tenor de los dispuesto en el artículo 406 del Código de Procedimiento Civil, manifestó estar dispuesto a absolver en nombre de su representada ASOTRACATZUL, las posiciones que la parte contraria, le hagan sobre el particular.

DE LA DECISIÓN SOMETIDA A APELACIÓN

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante decisión de fecha 31 de agosto de 2004, ratificó la decisión del Juzgado de los Municipios Catatumbo y J.M.S. de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que declara con lugar la acción de a.c. sub-examine, ordenando a su vez la notificación del Ministerio Publico y de las partes, y condenando en costas a la parte querellada por haber resultado vencida totalmente, todo con fundamento a los siguientes términos:

(...Omissis...)

Consta en actas que el apoderado judicial de la presunta parte agraviada intentó la presente acción, cumpliendo los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, (…).

El quejoso ha expresado con toda claridad según los un hecho (sic) narrados, la existencia de una infracción y una amenaza inmediata de lesión de unos derechos constitucionales específicos, siendo una condición sine qua non de procedencia de la acción de amparo.

Se observa que en la presente acción que en ningún momento se violentó el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución, ya que se cumplió con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, comprendiendo, el derecho a defenderse ante los órganos competentes, el derecho que implica notificación adecuada de los hechos imputados, disponibilidad de medios que permitan ejercer la defensa adecuadamente, acceso a los órganos de administración de justicia, acceso a pruebas, previsión legal de lapsos adecuados para ejercer la defensa, preestablecimiento de medios que permitan ejercer la defensa adecuadamente, recurrir contra los fallos condenatorios (de conformidad con las previsiones legales), derecho a ser presumido inocente mientras no se demuestre lo contrario, derecho de ser oído, derecho de ser juzgado por el juez natural, derecho a no ser condenado por un hecho no previsto en la Ley como delito o falta, derecho a no ser obligado a declararse culpable ni a declarar contra sí mismo.

En efecto, tampoco dicha solicitud incurrió en ninguno de los ordinales previstos como causales de inadmisibilidad consagradas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, y consta al mismo tiempo que se cumplieron con las notificaciones tanto a la parte presuntamente agraviante como del Ministerio Público.

Por otra parte tenemos, que en la presente causa el presunto agraviante no compareció a la Audiencia Oral fijada ni por sí mismo ni por apoderado, por lo que “el presunto agraviante no comparece a la audiencia pública en la oportunidad fijada por el tribunal que conoce del amparo: se tendrá por ciertos los hechos incriminados, de conformidad con el artículo 23 de Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, lo cual no releva al juez de la obligación de decidir con arreglo a derecho si es o no procedente la acción de amparo intentada” (Freddy Zambrano, PROCEDIMIENTO DE A.C., 2001, páginas 140 y 141).

De tal manera que considera este Juzgador que como el procedimiento de amparo no debe estar sujeto a formalidades, y los trámites de la audiencia y la evacuación de la pruebas las desarrollará el Tribunal que conozca del amparo, evidenciándose que no se evacuaron las pruebas promovidas por cuanto no se realizó la audiencia ya que en la misma se debe hacer valer los alegatos y defensas que favorezcan, ello no debe ser impedimento para decidir según los hechos narrados que se han conculcado los artículos 50, 112 y 118 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela (sic) relacionados con el libre tránsito, la libertad económica y el derecho de los trabajadores y a la comunidad a formar asociaciones y cooperativas.

En consecuencia, analizadas como han sido las actuaciones que conforman la presente solicitud de a.c., este Tribunal observa, que como la falta de comparecencia a la audiencia pública del presunto agraviante se entenderá como su aceptación de los hechos incriminados y producirá los efectos del artículo 23 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales; y la falta de comparecencia del Ministerio Público no será motivo de suspensión del acto ni dará lugar a reposición alguna, según lo pautado en el artículo 14 ejusdem, y se evidencia la violación de los Derechos Constitucionales antes mencionados, lo forzoso es RATIFICAR la decisión del Juzgado de los Municipios Catatumbo y J.M.S. de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en la Población de Encontrados, en fecha 31 de octubre de 2003, EN LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO, aunado a ello a que la parte agraviante en ningún momento tuvo interés en debatir la demanda interpuesta en su contra.- Así se decide.-

(…Omissis…).

DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Previo análisis de los alegatos expuestos por la presunta agraviada, así como de la totalidad de las actas que en copia certificada conforman el presente expediente, procede este Jurisdicente Superior a revisar la decisión proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 31 de agosto de 2004; no obstante, tener en cuenta la autonomía del Juez a quo, dada la naturaleza de orden constitucional del procedimiento especialísimo de amparo, a tenor de lo establecido en la previsión normada en el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, y con ello determinar si los alegatos expuestos por la parte presunta agraviada, son objeto de tutela judicial en sede constitucional.

Efectuada como fue la labor cognoscitiva y de apreciación jurisdiccional del contenido íntegro de las actas que conforman el caso sub-iudice, esta Superioridad constata que la representación judicial de la querellante fundamenta su acción en el hecho de considerar que los accionados de autos, SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PESADOS, SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y CONEXOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DR. J.M.S.D.E.Z. (SIUTRAMAPESOLI), ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA ADANCITO R.L. y ASOCIACIÓN COOPERATIVA MIXTA CASIGUA R.L., han venido violentando sus derechos y garantías constitucionales referidos al libre tránsito por el territorio nacional, a la libertad en el ejercicio de la actividad económica, y al desarrollo de la labor solidaria y cooperativista (desarrollo de asociaciones de carácter social y participativo), contemplados en los artículos 50, 112 y 118 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los agremiados de su representada, los cuales se dedican a efectuar el servicio de transporte, y están domiciliados en el municipio Catatumbo del estado Zulia, por cuanto les constriñen a cancelarle el cincuenta por ciento (50 %) del beneficio derivado de sus contratos, cuando se encuentren transportando materiales provenientes del municipio J.M.S., y que en caso de negarse a ello, proceden al bloqueo de las vías públicas por donde transitan, con el objeto de impedir el traslado de sus cargas al destino respectivo.

Se verifica del mismo modo, que en efecto durante la primera instancia de la presente querella constitucional de amparo, fueron cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 18 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales e igualmente, en cuanto a las causales de inadmisibilidad de la acción, previstas en el artículo 6 eiusdem, esta Superioridad observa que no se opone a ella ninguna de dichas causales, por lo que es admisible la acción de amparo incoada. Y ASÍ SE DECIDE.

Dicho lo anterior, se observa que admitida como fue la causa por ante el Juzgado de los Municipios Catatumbo y J.M.S. de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y ordenados citar todos los querellados y el Ministerio Público, la parte accionante diligenció en el sentido de solicitarle al órgano jurisdiccional de municipios la omisión como parte agraviante a la ASOCIACIÓN COOPERATIVA MIXTA CASIGUA R.L., lo cual fue declarado procedente por dicho sentenciador.

Producto de la situación fáctica descrita, este Jurisdicente Superior observa que, la representación judicial de la parte querellada de autos mediante su escrito por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, órgano jurisdiccional que conoció en consulta de la decisión emitida por el señalizado Tribunal de municipios, producto de la instancia compartida, esbozó que al existir un litisconsorcio pasivo, el desistimiento de la acción que la parte actora haga de una de ellas, beneficia a todos, y que en tal sentido la sentencia emitida por el Juzgado de municipios, que declaró con lugar la acción debe ser declarada nula, expresando de forma aunada en su apelación contra la decisión del referido Juzgado Cuarto de Primera Instancia, que sus mandantes no asistieron a la audiencia pública constitucional, por cuanto no querían legitimar ni convalidar con su presencia, los atropellos que hizo la Juez de municipios, ya que - en su decir - sin estar notificados todos los que fueron ordenados en el auto de admisión del a.c., no podía procederse a fijar la referida audiencia oral.

Ahora bien, derivado de lo anterior, cabe realizar las siguientes consideraciones:

Hay litisconsorcio pasivo cuando existe pluralidad de partes, en cuanto a los demandados de la relación jurídico-procesal, y en ese sentido, del análisis efectuado a las características de la figura litisconsorcial se puede observar que hay de dos tipos: a) litisconsorcio simple o voluntario, y b) litisconsorcio necesario; en cuanto al primero, surge por voluntad espontánea de las partes, y acarrea como consecuencia, una pluralidad de acciones, o dicho de otra manera, una acumulación subjetiva, la cual constituye una figura dirigida a la economía de los juicios, para impedir que los litigios se multipliquen innecesariamente, por cuanto no se trata de una relación sustancial indivisible ni de una sola acción, sino de distintas relaciones sustanciales y procesales que pueden ser ejercidas en forma autónoma e independiente, pero preferiblemente deben ser dirimidas en un solo proceso, en razón de la conexidad que vincula las distintas acciones.

Con relación al segundo, se colige que el mismo se caracteriza por la pluralidad de partes sobre una misma relación sustancial, en ejercicio también de una sola pretensión; esta figura evidencia, un estado de sujeción jurídica en forma inquebrantable, que vincula entre sí a diversas personas por unos mismos intereses jurídicos, bien sea por encontrase implícito en la Ley, cuando no es posible concebir la cualidad fraccionada en cada persona integrante del grupo, sino unitariamente en todos, o también puede ser impuesto en forma expresa, cuando la propia Ley impone la integración de forma imperativa.

Bajo la perspectiva que se adopta, de conformidad con el artículo 147 del Código de Procedimiento Civil, se tiene que en términos generales, la característica de los procesos litisconsorciales es la unidad de la relación jurídica procesal y la autonomía de los sujetos que la constituyen, en tal forma que los actos de uno no aprovechan ni perjudican a los otros, salvo aquellos casos en que se trata de materias en las cuales este interesado el orden público, o que las disposiciones que regulan la relación sustantiva tengan su efecto previsto expresamente, como ocurre con las obligaciones solidarias y en general, como ya se expreso con anterioridad, en los casos de litisconsorcio necesario. Por tanto, en cuanto al litisconsorcio simple o voluntario, también denominado facultativo, los efectos vinculantes del desistimiento de la acción, del convenimiento en la demanda y de la confesión, se produce sólo para el litisconsorte que desiste, conviene o confiesa. Y ASÍ SE CONSIDERA.

Así las cosas, estima este sentenciador de alzada que los razonamientos precedentemente esbozados, aplicándolos a la causa sub-especie-litis, le permiten determinar que en el caso de autos, los querellados constituyen un litisconsorcio pasivo simple o voluntario, cuyas acciones, las cuales se encuentran relacionadas por el objeto de la querella, pudieren haber sido interpuestas de forma autónoma, no obstante, su acumulación se materializó bien sea por la voluntad de la parte querellante, por la conexión que existe entre ellas, o por la conveniencia de evitar sentencias contradictorias, si las diferentes pretensiones fueren decididas separadamente en juicios distintos, todo de conformidad con lo preceptuado por el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, en atención a lo cual, y dado que conforme lo norma el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, el desistimiento constituye el único mecanismo de autocomposición procesal que se permite en materia de a.c., es por lo que se considera perfectamente válido y ajustado a derecho el desistimiento realizado por la parte querellante respecto de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA MIXTA CASIGUA R.L., actuación procesal que ni beneficia ni perjudica al resto de los querellados, y que bajo ninguna perspectiva los situó en desventaja o les cercenó su derecho al debido proceso o a la defensa, por cuanto su notificación de la admisión del procedimiento de amparo fue materializada, y para el momento en que fue fijada la audiencia oral se encontraban a derecho. Y ASÍ SE DECLARA.

Asimismo, evidencia este Sentenciador Superior que el Juzgador de la primera instancia en su decisión de fecha 31 de agosto de 2004, la cual constituye el thema decidendum al cual se contrae el fallo a ser proferido por ante este Tribunal de Alzada, ordenó la notificación del Ministerio Público de dicha sentencia definitiva, cuya materialización no se evidencia de las copias certificadas remitidas a este órgano jurisdiccional, a lo cual cabe considerar los razonamientos que a continuación se detallan:

El artículo 15 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, establece textualmente:

Los Jueces que conozcan de la acción de amparo no podrán demorar el trámite o diferirlo so pretexto de consultas al Ministerio Público. Se entenderá a derecho en el p.d.a. el representante del Ministerio Público a quien el Juez competente le hubiere participado, por oficio o por telegrama, la apertura del procedimiento.

En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión N° 3255, de fecha 13 de diciembre de 2002, caso: C.A.M. y otro en amparo, expediente N° 02-0496, bajo la ponencia del Magistrado Dr. J.E.C.R., declaró:

(…Omissis…)

…la Sala estima pertinente hacer ciertas consideraciones, acerca de la participación del Ministerio Público, en los procesos de amparo.

La Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, en su artículo 13, reconoce la legitimación de Ministerio Público en los procesos de a.c.. A su vez, el artículo 15 eiusdem, establece que el representante del Ministerio Público, a quien el Juez competente hubiere participado la apertura del procedimiento, estará a derecho en el p.d.a.. Esta participación igualmente se encuentra reconocida en la Ley Orgánica de Ministerio Público.

La Constitución de 1999, atribuye al Ministerio Público la competencia para “garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales”, lo cual conlleva a la participación como tercero garante de los derechos fundamentales en los procesos de amparo, que deriva de una legitimación institucional.

Esta participación no es obligatoria, como tampoco lo es vinculante, para el juez constitucional, la opinión que pudiera presentar el representante del Ministerio Público notificado, quien puede apartarse del criterio sostenido por el órgano garante de la constitucionalidad.

Ahora bien, el p.d.a. se desarrolla, originariamente, entre dos partes, accionante o presunto agraviado y accionado o presunto agraviante, quedando siempre a salvo la participación del Ministerio Público.

(…Omissis…)

Derivado de los lineamientos normativos y jurisprudenciales, parcialmente transcritos ut supra, estima el Juzgador que hoy decide, que es deber impretermitible del Juez que conozca del a.c. en primer grado, ordenar y materializar la notificación del Ministerio Público de la apertura del procedimiento, en su condición de tercero garante de los derechos constitucionales, tal y como en efecto sucedió en el caso facti-especie, no obstante, el trámite en este tipo de procedimiento de carácter especialísimo, no debe ser demorado o diferido por el Juez de amparo so pretexto de notificación o consulta al Ministerio Público, por tanto y en derivación, se colige que la ausencia de notificación del Ministerio Público, de la decisión de fecha 31 de agosto de 2004, proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, no detuvo los lapsos procesales para la continuación del procedimiento y de los trámites atinentes a la apelación, que efectuare la parte querellada y su consiguiente remisión al Juzgado Superior, a los fines de su evacuación. Y ASÍ SE DECLARA.

Ahora bien, del análisis efectuado a las actas que conforman este expediente, este oficio jurisdiccional de alzada, en ejercicio de su competencia funcional jerárquica vertical, constata con meridiana claridad que admitida la querella constitucional de amparo sub-iudice, por parte del Juzgado de los Municipios Catatumbo y J.M.S. de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y notificadas las partes querelladas y el Ministerio Público, la audiencia constitucional pública y oral fue fijada para el 29 de octubre de 2003, a cuya celebración no asistieron ninguna de las partes querelladas ni por sí ni por intermedio de apoderado judicial.

Igualmente se evidencia que remitida la causa al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de la evacuación de la consulta obligatoria, producto de la instancia compartida, la parte querellada por intermedio de su representación judicial, en fecha 20 de noviembre de 2003, interpuso escrito señalando que la parte accionante, la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO CATATUMBO DEL ESTADO ZULIA (ASOTRACATZUL), alega hechos y derechos que no probó como lo establece la Ley, aduciendo además que los mismos no son ciertos, porque entre sus representados y los querellantes, siempre han existido buenas relaciones, y se han pactado acuerdos que se han respetado con la seriedad que los identifica, a cuyos efectos consigna copia, del último de los celebrados, en fecha 15 de marzo de 2003, entre las directivas del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS DE MATERIALES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LIVIANOS Y CONEXOS DEL MUNICIPIO CATATUMBO DEL ESTADO ZULIA (SINUTRAMAPESO) y del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PESADOS, SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y CONEXOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO J.M.S.D.E.Z. (SIUTRAMAPESOLI).

Habida cuenta, y una vez declarada la competencia de este Tribunal Superior para conocer en apelación de la presente acción de A.C. y con el objeto de inteligenciar metodológicamente la decisión a ser proferida, cabe traer a colación la decisión N° 7, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 1° de febrero de 2000, expediente 00-0010, en el caso: J.A.M.B. y otro en amparo, bajo la ponencia del Magistrado Dr. J.E.C.R., en la cual se señalo lo siguiente:

(…Omissis…)

La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.

. (…Omissis…)

Acogiendo este jurisdicente superior constitucional, la doctrina jurisprudencial vinculante precedentemente transcrita, aprecia que la falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia constitucional, la cual es la primera oportunidad formal que tiene el mismo, para comparecer en el p.d.a., es lo que va a determinar la aceptación de los hechos incriminados, aunque ello no significa que la acción de amparo se declarará automáticamente procedente, pues lo único que se entiende como aceptado son los hechos narrados por el querellante, pero no el derecho. Y ASÍ SE CONSIDERA.

En la perspectiva que aquí se adopta, se hace pertinente citar nuevamente un extracto del contenido de la decisión N° 7 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ut retro citada, en tal sentido:

(...Omissis...)

En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y pública, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de la causa en primera instancia, y esta o este decidirá si hay lugar a pruebas, caso en que el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes, ya que este es el criterio que rige la admisibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante, así como los medios ofrecidos por él se recogerán en un acta, al igual que las circunstancias del proceso.

(...Omissis...).

Con base en lo anteriormente expuesto, reflexiona este operador de justicia que la oportunidad procesalmente establecida para que el presunto agraviante alegara e invocara sus defensas, así como promoviera los medios probatorios para sustentar sus alegaciones lo constituía, la audiencia constitucional, pública y oral, por lo que cualquier alegato, defensa o medio de prueba que fuere presentado con posterioridad a dicha oportunidad, tal y como ocurrió en el caso objeto de estudio, debe ser considerado y tasado como extemporáneo. Y ASÍ SE VALORA.

En derivación, se concluye que con la falta de comparecencia de los querellados, el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PESADOS, SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y CONEXOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DR. J.M.S.D.E.Z. (SIUTRAMAPESOLI) y la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA ADANCITO R.L., a la audiencia constitucional, pública y oral, se entiende que los mismos admitieron los hechos narrados por la parte accionante en su escrito querellal, en el sentido de obligar a los agremiados de la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO CATATUMBO DEL ESTADO ZULIA (ASOTRACATZUL), a objeto de que les fuera pagado el cincuenta por ciento (50 %) de los beneficios derivados de los contratos de servicios estipulados, cuando estuvieren transportando materiales provenientes del municipio J.M.S., o cuando tuvieren que trasladarse con sus cargas a través de las vías públicas que formen parte de dicho municipio, y en tal sentido, si los referidos transportistas asociados a ASOTRACATZUL, se negaren a compartir el aludido pago, miembros de las referidas asociaciones querelladas, de forma improcedente efectúan el bloqueo de las vías públicas de acceso, impidiéndoles el traslado de sus cargas a su destino en el municipio Catatumbo del estado Zulia, lo cual constituye una flagrante violación a los derechos y garantías constitucionales referidos al libre tránsito por el territorio nacional, a la libertad en el ejercicio de la actividad económica, y al desarrollo de la labor solidaria y cooperativista (desarrollo de asociaciones de carácter social y participativo), contemplados en los artículos 50, 112 y 118 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECLARA.

Consecuencialmente, con fundamento a la doctrina jurisprudencial vinculante parcialmente transcrita ut supra, la cual es compartida totalmente por este Tribunal Superior, todo ello en concordancia con los preceptos normativos estipulados en la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, y con los presupuestos fácticos esbozados en la parte motiva de este fallo, este Juzgado Superior actuando en sede constitucional, comparte el criterio esbozado por el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, derivado de lo cual considera ajustado a derecho confirmar su decisión dictada en fecha 31 de agosto de 2004, la cual declaró con lugar la acción de a.c. interpuesta por la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO CATATUMBO DEL ESTADO ZULIA (ASOTRACATZUL) contra el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PESADOS, SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y CONEXOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DR. J.M.S.D.E.Z. (SIUTRAMAPESOLI) y la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA ADANCITO R.L., derivado de lo cual el recurso de apelación interpuesto por los querellantes de autos, debe ser declarado sin lugar, y en tal sentido se emitirá pronunciamiento de manera expresa, precisa y positiva en el dispositivo del fallo a ser proferido. Y ASÍ SE DECIDE.

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, en concordancia con la doctrina imperante en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la acción de A.C. interpuesta por la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO CATATUMBO DEL ESTADO ZULIA (ASOTRACATZUL) contra el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PESADOS, SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y CONEXOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DR. J.M.S.D.E.Z. (SIUTRAMAPESOLI) y la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA ADANCITO R.L., declara:

SIN LUGAR el recurso de apelación incoado por la representación judicial del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PESADOS, SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y CONEXOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DR. J.M.S.D.E.Z. (SIUTRAMAPESOLI) y de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA ADANCITO R.L. contra la decisión proferida por el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en fecha 31 de agosto de 2004.

SE CONFIRMA la supra aludida decisión, de fecha 31 de agosto de 2004, que declara CON LUGAR la singularizada acción de a.c., en los términos expresados en el presente fallo.

Se condena en costas a la parte querellada por haber resultado vencida totalmente, todo ello en atención a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, en concordancia con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

A los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaría copia certificada y déjese en este Tribunal.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de dos mil seis (2006). Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR TITULAR,

Dr. E.E.V.A.

LA SECRETARIA TEMPORAL,

Abog. A.G.P.

En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), hora de Despacho, se publicó el anterior fallo, previo el anuncio de Ley dado a las puertas del despacho por el Alguacil, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias.-

LA SECRETARIA TEMPORAL,

Abog. A.G.P.

EVA/agp/mtp.-