Atribuciones de la unidad de arrendamiento comercial y su evolución

AutorIrma Lovera De Sola
CargoAbogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora de pre y postgrado de esa universidad, de la Universidad Santa María y Metropolitana, especialista en Derecho Inmobiliario, árbitro y mediadora
Páginas373-382
ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE ARRENDAMIENTO
COMERCIAL Y SU EVOLUCIÓN
Irma Lovera De Sola,
Abogado
Resumen: Este trabajo se propone subrayar la forma inconstitucional e ilegal co-
mo se confieren atribuciones a los funcionarios que se han desi gnado como res-
ponsables de la Unidad en materia de Arrendamientos de uso Comercial. Esta
práctica irregular se aplica a otros organismos administrativos.
Palabras Clave: Arrendamiento, comercial, atribuciones , cargo.
Abstract: This piece highlights the unconstitutional and illegal manner in which
officials assigned as responsible for the Commercial Use Leases Unit are bestowed
attributions of power. This irregular practice is also applied to other administra-
tive organisms.
Key words: Commercial leas ing, lease, attributions, charge.
I. INTRODUCCIÓN
El 23 de mayo de 2014 fue publicado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial en la Gaceta Oficial Nº
40.418, a partir de ese momento los arrendamientos de locales comerciales han tenido en
Venezuela una normativa exclusiva para este tipo de alquileres, lo cual no tenía precedente,
ya que la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999 incluía a todo tipo de alquileres
urbanos y suburbanos y la Ley de Regulación de Alquileres de 1960 también.
Lo que dio lugar a que se separara la ley de alquileres comerciales del resto de la norma-
tiva para otro tipo de arrendamientos fueron una serie de acontecimientos que se encadenaron
para provocar este efecto.
Como pudimos conocer, porque lo vivimos, cada cierto tiempo y sin una causa directa
aparente, el gobierno nacional ordenaba una operación de fiscalización en los comercios de
todo tipo, en cada oportunidad el gobierno se apoyaba en la ley de protección al consumidor,
la ley de protección al acceso de bienes y servicios o la ley de precios justos que estuviera
vigente en ese momento, esas inspecciones eran ampliamente difundidas por medios de co-
municación y los funcionarios que participaban tenían amplias y discrecionales facultades
para multar y cerrar los negocios; el primer objetivo de esas fiscalizaciones era verificar si se
estaban vendiendo productos a los precios fijados por la administración pública, que en mu-
chos casos el propio Ejecutivo sabía que los llamados precios regulados estaban por debajo
del nivel de costo de producción.
, Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora de pre y postgrad o de esa
universidad, de la Universidad Santa María y Metropolitana, especialista en Derecho Inmobiliario,
árbitro y mediadora.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR