Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Octubre de 2010

Fecha de Resolución 8 de Octubre de 2010
EmisorJuzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito
Número de ExpedienteAH19-X-2010-000146
PonenteCarolina Garcia
ProcedimientoResolución De Contrato De Vta Con Res. De Dominio

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, ocho (08) de octubre de 2010

200º y 151º

ASUNTO: AH19-X-2010-0000146

Asunto principal: AP11-V-2010-000376

PARTE ACTORA: BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL, Sociedad Mercantil domiciliada en Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 20 de agosto de 1981, bajo el N° 17, folios 73 al 149, Tomo A N° 17, modificada en varias oportunidades, siendo una de elles para su cambio a Banca Universal, la cual quedó inscrita por ante el mismo Registro Mercantil en fecha 15 de agosto de 1997, bajo el N° 22, Tomo A-35, folios 143 al 161; así como las modificaciones de aumentos de capital; siendo la última de ellas inscrita por ante el mismo Registro en fecha 28 de Julio de 2010, bajo el N° 45, Tomo 56-A-REGMERPRIBO e inscrito bajo el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nro.:J-09504855-1.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: C.A.C.S. y J.D.V.C.E., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos: 37.233 y 124.551, respectivamente.-

PARTE DEMANDADA: VENECON, C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en Barinas, Estado Barinas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 26 de julio de 2006, bajo el N° 46, Tomo 10-A, y los ciudadanos UWALDINO J.M.F. y G.P., venezolano el primero, griego el segundo, mayores de edad, domiciliados en Barinas, Estado Barinas y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-13.040.752 y E-80.111.196, respectivamente.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación judicial alguna.-

MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO.-

- I -

Se produce la presente incidencia en virtud de la solicitud de decreto de medida provisional planteada por la representación judicial de la parte actora en su escrito libelar y en tal sentido se observa:

Mediante auto fechado 17 de septiembre de 2010, se admitió cuanto ha lugar en derecho la pretensión que por RESOLUCION DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO incoara la Sociedad Mercantil BANCO CARONÍ, C.A. BANCO UNIVERSAL contra la Sociedad Mercantil VENECON, C.A y los ciudadanos UWALDINO J.M.F. y G.P.,, ordenándose el emplazamiento de los Co-demandados para la contestación de la demanda.-Asimismo, se ordenó la apertura de un Cuaderno Separado a los efectos de proveer lo conducente a la medida solicitada.-

Así, aperturado el presente Cuaderno de Medidas en fecha cuatro (4) del corrientes mes y año, esta Juzgadora a fin de pronunciarse respecto a la medida de Secuestro solicitada pasa hacer las siguientes consideraciones:

Alega la representación actora en su escrito libelar, que su representado es cesionario como consta de Contrato de Cesión de Crédito y de la Reserva de Dominio de fecha quince (15) de febrero de 2007, debidamente autenticado ante la Oficina de Registro Inmobiliario “Con Funciones Notariales” de los Municipios P.y.S.d. Estado Barinas, bajo el N° 50, Tomo Sexto, folios 101 al 106 de los Libros de Autenticaciones llevados ante dicha Oficina, sobre (2) maquinarias o vehículos identificados en autos, cuyo original corre inserto a los folios del 14 al 20 ambos inclusive, del Cuaderno Principal, cuyo Comprador es la Sociedad Mercantil VENECON, C.A. parte Co-demandada, siendo el caso que el comprador ha incumplido el Contrato de Venta Con Reserva de Dominio, celebrado con el vendedor cuyo titular actual es su representado, al dejar de pagar las últimas siete (7) cuotas mensuales y consecutivas que se obligo a cancelar en el contrato de Venta con Reserva de Dominio, las cuales ascienden a la cantidad de: TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO BOLIVARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs.309.924,44) lo cual equivale a CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SEIS UNIDADES TRIBUTARIAS (UT 4.768,06), siendo cantidades ciertas, liquidas, exigibles y de plazo vencido; Que su representado en virtud de la cesión efectuada a su nombre es legitimo acreedor; que la compradora del bien ha dejado de pagar varias cuotas a las cuales se había comprometido a pagar y que la deuda pendiente supera la octava parte del precio de venta, motivo por el cual proceden a instaurar la presente pretensión de conformidad con lo establecido en los artículos 1,13,14 y 22 de la Ley Sobre Ventas con Reserva de Dominio en concordancia con los artículos 1159,1160 y 1167 del Código de Procedimiento Civil, a fin que el demandado convenga o sea condenado a dar por resuelto el Contrato de Venta Con Reserva de Dominio, a reivindicar y ser puesto en posesión su mandante de las maquinarias o vehículos objetos del Contrato de Venta Con Reserva de Dominio, en que las cantidades pagadas por el comprador queden en beneficio de su mandante, a titulo de justa compensación por el uso y los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del Contrato.-

En el capítulo denominado “IV PETITUM” del libelo, refirió la representación actora lo siguiente: “…pedimos respetuosamente de este Tribunal, se sirva dictar medida de Secuestro sobre las maquinarias-vehiculo antes identificado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Ventas con Reserva de Dominio, para lo cual solicito se comisiones al Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas …”

- II -

Luego de revisados los alegatos esgrimidos por la parte actora, esta Juzgadora pasa a resolver la solicitud que aquí se ventila en los siguientes términos:

Establecen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

Artículo 585: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”

Artículo 588: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:

1º El embargo de bienes muebles;

2º El secuestro de bienes determinados;

3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.

Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado….”

En tal sentido considera oportuno esta Juzgadora, citar criterio jurisprudencial al respecto:

…tratándose de una solicitud de medida preventiva y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 585 del C.P.C., la oportunidad para acompañar el medio de prueba que constituya presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama, es el momento en que se introduce la respectiva solicitud…

(Sentencia del 7 de octubre de 1998, con ponencia del Magistrado Dr. J.L.B., Sala de Casación Civil)

…es indispensable para acordar alguna de las medidas cautelares, que el solicitante presente prueba, aun cuando sea presuntiva, del derecho que se reclama y de que existe riesgo de que se haga ilusoria la ejecución del fallo .En relación con esta última existencia, esta Corte, ha precisado… que el riesgo debe aparecer manifiesto, esto es, patente o inminente…

(Sentencia de la Corte en Pleno, del 22 de febrero de 1996, con ponencia de la Magistrado Dra. H.R.d.S.)

Por su parte, la Sala de Casación Social, Sala Especial Agraria, en fecha 4 de junio de 2004, dictaminó lo siguiente:

“…En cuanto al periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante este tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al fumus bonis iuris, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de un buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo calculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama…

…El poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama…

El poder cautelar es una función de los órganos jurisdiccionales tendiente a que si una de las partes en un determinado juicio solicita el decreto de una cautela, el Juez previo examen de la concurrencia de los requisitos de ley, puede decretarlo para evitar una situación de daño o de peligro, y a la par obrar según su prudente arbitrio, vale decir, el Juez es soberano y tiene amplias facultades cuando están llenos los extremos legales para decretar las medidas que soliciten las partes. De tal manera que ese poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, y en virtud de ello las providencias cautelares sólo se confieren cuando exista en el expediente de la causa, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama.

En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en la necesidad de que el solicitante de una medida cautelar, cumpla con la prueba de los anteriores requisitos, a los fines de garantizar un debido proceso y una verdadera defensa, sin que de esa forma ninguna de las partes se vea afectada en sus derechos subjetivos por una medida cautelar dictada de manera arbitraria.

Ahora bien, con relación al periculum in mora, o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. A este respecto, no establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado; sino que por el contrario, la norma establece “…cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de esta circunstancia…”. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que además no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio sometido a conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la introducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; la otra causa viene dada por los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

Por su parte con relación al fomus boni iuris, se establece que éste deviene de la presunción de buen derecho probada por quien solicita la medida, así pues, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.-

De igual manera establece el artículo 22 de la Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio, lo siguiente:

Artículo 22. Cuando el vendedor ejerce la acción de reivindicación de la cosa vendida con reserva de dominio, el juez, al ordenar la citación del demandado, podrá decretar, a solicitud de parte, el secuestro de la cosa y su entrega al vendedor siempre que la demanda tenga apariencias de ser fundada y el vendedor constituya garantía suficiente para asegurar, caso de no prosperar la acción, la nueva entrega de la cosa vendida al demandado o la entrega de otra cosa equivalente y el pago de los daños y perjuicios causados por la medida decretada.

En el auto en que se acuerde la entrega de la cosa al vencedor, el Juez ordenará que antes de proceder a la ejecución de esta medida se deje constancia del estado en que se encuentre la cosa y se haga un avalúo de ésta por un perito que nombrará en el mismo auto. Este avalúo será la base para establecer los pagos que, eventualmente, deban hacerse las partes en razón de los derechos que esta Ley les acuerda. (Negrillas del Tribunal).

Por su parte establece el ordinal 5° del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil:

Artículo: 599: Se decretará el secuestro...

5° De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio…”

Ahora bien, en el presente asunto, la parte actora acompañó a su escrito Contrato de Venta con Reserva de Dominio, marcado “B”, cuyo original corre inserto a los folios 14 al 20 del asunto principal del presente expediente, distinguido como AP11-V-2010-000376.-

En fuerza de lo anterior, a juicio de quien sentencia con el documento aportado por la parte solicitante de la medida, a saber: Documento de Venta con Reserva de Dominio de fecha quince (15) de febrero de 2007, debidamente autenticado ante la Oficina de Registro Inmobiliario “Con Funciones Notariales” de los Municipios P.y.S.d. Estado Barinas, bajo el N° 50, Tomo Sexto, folios 101 al 106 de los Libros de Autenticaciones llevados ante dicha Oficina, considera esta Juzgadora que la presente demanda cumple con los requisitos concurrentes exigidos por la norma rectora para el decreto de las medidas preventivas, en particular la de medida de Secuestro. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 585, en concordancia con el ordinal 2° del artículo 588, y ordinal 5° del artículo 599, todos del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 22 Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio, se decreta MEDIDA DE SECUESTRO, sobre los siguientes bienes:

1.-EXCAVADORA SOBRE ORUGA NUEVA, Marca: HYUNDAI; Modelo: RODEX 250 LC-7; Serial del Equipo: N70110874; Serial del Motor: 26393615; FACTURA CONTROL Nro.0016 de fecha 02 de febrero de 2007.-

2.-CARGADOR SOBRE RUEDAS NUEVO; Marca: HYUNDAI; Modelo: HL 760-7; Serial del Equipo: LC0611001; Serial del Motor: 46578967; FACURA CONTROL Nro. 0015 de fecha 02 de febrero e 2007.

Dichas maquinarias-vehículo pertenecen a la Sociedad Mercantil VENECON, C. A, domiciliada en Barinas, Estado Barinas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 26 de julio de 2006, bajo el N° 46, Tomo 10-A , parte demandada en el presente proceso.-Así se decide.-

En tal sentido, a los fines de practicar la medida de Secuestro anteriormente decretada, se ordena Oficiar a la Dirección General de Transporte y T.T.d.M.d.I., a fin que se sirva ordenar la detención de las maquinarias-vehículos objeto de la medida. Remítase dicho Oficio a la Unidad de Actos de Comunicación (U.A.C.), para que por intermedio del Alguacil que corresponda, se sirva realizar la entrega del mismo al indicado Organismo. Así se establece.

Por otro lado, una vez cumplida la detención de las maquinarias-vehículo, objetos de la presente demanda, este Tribunal pondrá en posesión a la parte actora de los mismos, en calidad de guardador. Así se establece.

&

Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO incoara el BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL contra VENECON, C.A., y los ciudadanos UWALDINO J.M.F. y G.P., DECLARA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 585, en concordancia con el ordinal 2° del artículo 588, y ordinal 5° del artículo 599, todos del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 22 Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio, se decreta MEDIDA DE SECUESTRO, sobre las siguientes maquinarias-vehiculo:

1.-EXCAVADORA SOBRE ORUGA NUEVA, Marca: HYUNDAI; Modelo: RODEX 250 LC-7; Serial del Equipo: N70110874; Serial del Motor: 26393615; FACTURA CONTROL Nro.0016 de fecha 02 de febrero de 2007.-

2.-CARGADOR SOBRE RUEDAS NUEVO; Marca: HYUNDAI; Modelo: HL 760-7; Serial del Equipo: LC0611001; Serial del Motor: 46578967; FACURA CONTROL Nro. 0015 de fecha 02 de febrero e 2007.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los ocho (08) días del mes de octubre de dos mil diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

LA JUEZ,

ABG. C.G.C..-

EL SECRETARIO,

ABG. J.A.H..-

En esta misma fecha, siendo las dos y treinta y ocho minutos de la tarde (2:30 p.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se libró Oficio Nº 547/2010. Asimismo se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.-

EL SECRETARIO,

ABG. J.A.H..-

Asunto: AH19-X-2010-000146

INTERLOCUTORIA