Decisión nº PJ0082007000146 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Julio de 2007

Fecha de Resolución 9 de Julio de 2007
EmisorJuzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario
PonenteDoris I. Gandica
ProcedimientoRecurso Contencioso Tributario

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

197º y 148º

SENTENCIA N° PJ0082007000146

ASUNTO : AF48-U-2002-000060

ASUNTO: AF48-U-2002-000060-1817

Recurso Contencioso Tributario

CAPITULO I

PARTE NARRATIVA DE LA SENTENCIA

Recurrente: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, domiciliada en la Avenida Urdaneta, esquina de Carmelitas, torre financiera, piso 3, parroquia Altagracia de esta ciudad.

Apoderados Judiciales: C.R.T.Z. y G.A.G.B., venezolanos, mayor de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V-5.791.191 y 13.027.893, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo el Nro. 35.949 y 89054, respectivamente.

Acto recurrido: Resolución N° GJT-DRAJ-2001-A2517 de fecha 12 de noviembre de 2001.

Administración Tributaria Recurrida: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Representación del Fisco:, P.J.P.C., abogado, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.496.163, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 38.540.

Tributo: Retenciones efectuadas extemporáneamente.

RELACIÓN CRONOLÓGICA

Se inicia este procedimiento mediante distribución efectuada en fecha quince (15) de mayo de dos mil dos (2002), por el Juez repartidor único Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, el cual asigno el presente recurso a este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas y se le dio entrada mediante auto de fecha veinte cuatro de mayo de 2002, por el que se ordenó librar boletas de notificación al Servicio de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a la Procuradora, y al Contralor.

En fecha 27-09-2002, se consigna la boleta de notificación librada al Servicio de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); en fecha 08-11-2002, se consigna boleta librada a la Procuradora General de la Republica; en fecha 09-08-2002, se consigna boleta librada al Contralor General de la República.

En fecha 30-01-2006, la Dra. D.I.G.A., se avocó al conocimiento de la presente causa.

En fecha 20-11-2002, se admitió el Recurso Contencioso Tributario, quedando el juicio abierto a pruebas en esa misma fecha.

En fecha 21-04-2003, venció el lapso probatorio y comenzó a correr el lapso previsto en el artículo 274 del Código Orgánico Tributario.

En fecha 28-05-2003, el abogado P.J.P.C., en su carácter de representante del Fisco Nacional consigno escrito de informes y el documento poder que acredita su representación.

En fecha 28-05-2003, se estampo nota de vencimiento de la vista de la causa.

DEL ACTO RECURRIDO

El acto recurrido es la Resolución N°GJT-DRAJ-2001-A2517 de fecha 12 de noviembre de 2001, emanada del Servicio Nacional de Administración Aduanera y tributaria (SENIAT), a través de la cual se declaro SIN LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto por el Banco Central de Venezuela, contra las planillas de Liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana, por concepto de multas, ambas de fecha 08 de septiembre de 1995, el cual fueron notificadas a al recurrente en fecha 3 de abril de 2002, mediante oficio GJT-DRAJ-2001-A-5074.

ALEGATOS DE LAS PARTES

De la pretensión de la parte actora.

Los apoderados judiciales de la contribuyente en su escrito presentado en fecha 10-05-2002, opuso las siguientes defensas:

Alegan que los requisitos del acto administrativo, desarrollados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la invalidez que afecta a éste por carecer de alguno de ellos, configuran la base del ordenamiento jurídico administrativo.

Que la falta o irregularidad en alguno de los requisitos del acto administrativo, configuran el llamado vicio del acto administrativo, cuya clasificación grosso modo les distingue entre vicios de fondo y vicios de forma, vicios estos de forma y de fondo alegan existen en la resolución recurrida por lo cual señalan que esta viciada de nulidad, en cuanto al vicio de forma por carecer de motivación, vicio de fondo, por cuanto a su decir presenta vicios en la causa, específicamente el vicio de falso supuesto.

Vicio de inmotivación.

Señalan que “la autoridad administrativa no está, por regla general, libre de manifestar su voluntad como ella quiere, sino que debe respetar un cierto procedimiento administrativo que determina su manera de obrar, un riel por el cual su voluntad tenga valor jurídico, para que su decisión constituya un acto jurídico perfecto, esto es, válido y eficaz. En la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se encuentran consagradas las exigencias y limitaciones que deben ser respetadas por la administración al producir actos administrativos. Algunas de ellas se refieren a las formalidades y otras están referidas al acto en sí. El irrespeto de tales limitaciones produce vicios en el acto emanado, cuyas consecuencias pueden llegar hasta la nulidad o anulabilidad del mismo”. El artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece las formalidades que todo acto administrativo debe contener, en especial el numeral 5 referente a la obligación de motivación de todo acto administrativo.

Alegan, que en el Capitulo III, página dos (02) de la Resolución que impugnan, la administración Tributaria enumera los alegatos esgrimidos por su representada en el recurso jerárquico que motivó dicho pronunciamiento, los cuales se leen:

Señalan que “las multas que se recurren están afectadas del vicio de falso supuesto de derecho en virtud de que el Banco Central de Venezuela cumple el rol al mismo tiempo de Agente de Retención y Oficina Receptora de Fondos Nacionales, de manera que en su consideración es jurídicamente imposible incumplir con la obligación de entregar los fondos que ha retenido a una oficina receptora de fondos nacionales, que en virtud de su doble carácter (agente de retención y oficina receptora), desde el momento en que realiza la retención, los fondos deben considerarse legalmente entregados a una oficina receptora.

Asimismo, manifiesta la recurrente en su escrito recursorio, el vicio de falso supuesto de hecho, en razón de que su representada si cumplió con la obligación de enterar los impuestos retenidos dentro del lapso establecido para tal fin.

Señalan que los alegatos esgrimidos por su representada son tres: error de derecho, falta de motivación y falso supuesto de hecho y la administración al momento de decidir solo se pronuncia sobre la falta de motivación y falso supuesto de hecho omitiendo pronunciarse sobre el error de derecho en el que incurrió la administración tributaria al sancionar con multa a nuestro representado, desconociendo así, el doble carácter que el Banco Central de Venezuela detenta como Agente de Retención y de Oficina Receptora de Fondos Nacionales, lo que ocasiona que desde el momento en que el Instituto emisor realiza la retención, dichos fondos deben considerarse legalmente entregados en una oficina receptora de fondos nacionales.

Aducen que los alegatos de la administración tributaria al fundamentar la multa contenida en la planilla N° 04-10-60-03-0836, lo hacen conforme a lo establecido en los artículos 101 del Código Orgánico Tributario, y 20 del reglamento de ley de impuestos sobre la renta en materia de retenciones, vigentes para la fecha en que se dictó el acto,

A su decir, “el sujeto pasivo del supuesto de hecho contemplado en la norma es el agente de retención, cuya infracción se materializa en la no entrega en la receptoría de fondos de las cantidades correspondientes a los impuestos retenidos o percibidos. Destacan que el Banco Central de Venezuela, es al mismo tiempo agente de retención y oficina receptora de fondos nacionales, de manera que es jurídicamente imposible que incumpla la obligación de entregar los fondos que ha retenido a una oficina receptora de fondos nacionales, puesto que en virtud de su doble carácter desde el momento en que realiza la retención, los fondos correspondientes deben considerarse legalmente enterados a una oficina receptora, es decir la obligación tributaria consiste en entregar a una oficina receptora los impuestos retenidos, supuesto que a su decir se da en el caso de la planilla cuestionada, en fuerza y por razón de la dualidad que tiene su representado, de agente de retención y oficina receptora de fondos nacionales.”

Consideran pertinente resaltar que mediante decreto N° 779 de fecha 26 de junio de 1962, el Banco Central de Venezuela fue designado Agente de la Tesorería Nacional con competencia “….para efectuar, dentro y fuera de la República el servicio de recaudación de los productos en numerario de los ingresos nacionales y para hacer los pagos también en numerario que ordene el Ejecutivo Nacional, conforme a la ley de Presupuesto….(artículo 1°), facultad esta otorgada de conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, lo cual hace del Instituto Emisor un integrante del servicio de Tesorería Nacional. En virtud de la designación del Banco Central de Venezuela, como agente de la Tesorería Nacional en fecha 5 de junio de 1963, según convenio suscrito con el Ejecutivo Nacional y según funciones reconocidas en el artículo 41 hoy artículo 44 de la Ley del Banco Central de Venezuela, se reconoce el carácter de depositario del Banco Central de Venezuela.

Al respecto alegan que la administración tributaria interpretó erróneamente el artículo 101 del Código Orgánico Tributario, al desconocer el carácter del Banco Central de Venezuela como Oficina Receptora de Fondos Nacionales viciando de nulidad absoluta la causa del acto administrativo de multa, el cual fue impugnado a través del Recurso Jerárquico interpuesto.

Invocan el criterio doctrinal referente al momento de dictar una resolución administrativa, si se hubiere invocado como motivo o sustento el contenido de una norma inaplicable al caso concreto, el acto debe sancionarse con la más drástica consecuencia, esto es la nulidad absoluta. (Cfr. Badell M., Rafael: “Comentarios al tema motivos de impugnación” en “XVIII jornadas J.M. D.E., así como también citan Sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 9 de junio de 1988.

Señalan que la planilla N° 04-10-60-03084, adolece del vicio de falso supuesto de derecho y la Administración Tributaria baso su fundamentación en los artículos 102 del Código Orgánico Tributario y 20 del Reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta en materia de retenciones vigente para la época, a su criterio el artículo 102 del Código Orgánico Tributario solo debe entenderse en los términos regulados en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario ya que contempla el supuesto en que el retardo en que incurre el agente de retención, para proceder a enterar en la receptoría de fondos es superior a tres (3) meses; al respecto, citan dicha disposición.

Indican que el SENIAT al fundamentar la multa en referencia, en el artículo citado, ha incurrido en falso supuesto de derecho, toda vez que ésta norma es totalmente inaplicable al caso, por cuanto se trata de una disposición penal que tipifica un delito, y establece la respectiva sanción (privación de libertad) que solo puede ser impuesta por un órgano jurisdiccional, señalan que la inmotivación que alegan incurrió la administración es conteste con el criterio de la Sala Política Administrativo de fecha 21 de marzo de 1998.

  1. En cuanto al vicio de supuesto de hecho.

    Expresan que la administración tributaria incurrió en falso supuesto de hecho al dictar la Resolución, ya que habiendo nuestro representado demostrado, que las retenciones constaban en la Oficina Receptora de Fondos Nacionales (Banco Central de Venezuela), la aprecio de manera equivocada, lo que ocasiono que el hecho incorporado en los respectivos documentos, cuyo valor es innegablemente significativo en el proceso, no fuera tomado en cuenta al momento de dictar la resolución que impugnamos y así solicitamos sea decidido.

    Señalan que la resolución N° GJT-DRAJ-2001-A2517 de fecha 12 de noviembre de 2001, emitida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en la cual se declaro sin lugar el Recurso Jerárquico interpuesto por su representado, contra las multas contenidas en las planillas de liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, ambas de fechas 8 de septiembre de 1995, adolecen de los siguientes vicios.

  2. Vicio de forma, específicamente el de inmotivación previsto en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al no haberse pronunciado la Administración Tributaria, de manera expresa, sobre el alegato de falso supuesto de derecho invocado por nuestro representado en el Recurso Jerárquico que originó la Resolución impugnada.

  3. Vicio de fondo, concretamente falso supuesto de hecho, ya que su representado demostró oportunamente y a través de los comprobantes contables respectivos, el hecho de que el dinero se encontraba retenido en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales a favor del fisco, lo cual fue apreciado de manera equivocada, por lo que tal conducta ocasionó que el hecho incorporado en los respectivos comprobantes contables, cuyo valor es innegablemente significativo en el proceso, no fuera tomado en cuenta al momento de dictar la Resolución.

    Solicitan por todas las consideraciones de hecho y de derecho expuestas:

  4. Se sirva darle entrada al presente escrito recursivo, ordenando las notificaciones de Ley a que haya lugar.

  5. Se oficie al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines que se sirva remitir en tiempo perentorio el expediente administrativo que sustanció con ocasión del Recurso Jerárquico interpuesto por su representada.

  6. Que el presente recurso sea admitido, sustanciado conforme a derecho y declarado CON LUGAR, en la definitiva produciendo la nulidad de la Resolución N° GJT-DRAJ-2001-A-2517, de fecha 12 de noviembre de 2001, dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), notificada a nuestro representado en fecha 03 de abril de 2002, y en consecuencia se declare la nulidad de los actos administrativos sancionatorios de multa contenidos en las planillas de liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, ambas de fecha 8 de septiembre de 1995.

    De la administración tributaria.

    El apoderado del Fisco Nacional en su escrito de informes consignado en fecha 28 de Mayo de 2003, opuso las siguientes defensas:

    Que la administración tributaria, declaro sin lugar el Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, por cuanto a su criterio las planillas recurridas no adolecían de los vicios de inmotivación y falso supuesto alegados por los apoderados de la recurrente, y en consecuencia se confirmaron los actos administrativos contenidos en las Planillas de Liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana, por concepto de multas, por los montos de Bs. 162,00 y Bs.440.00, respectivamente.

    La administración tributaria desestima la insuficiencia de motivación del acto recurrido y señalan que no es esencial que en la motivación se haga un estudio detallado y analítico de todo cuanto concierne en el acto, pues es suficiente que se haga una breve referencia tanto de los hechos como de los fundamentos legales del mismo, y citan sentencia de fecha 17 de mayo de 1992 del Tribunal Supremo de Justicia.

    Argumentan que en el caso bajo análisis, tal y como consta en las Planillas de Liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, base y fundamento de los actos administrativos tributarios recurridos, se cumple plenamente con el requisito exigido en el artículo 9, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando en ellas se expresa que la contribuyente incumplió la norma establecida en el artículo 23 del Decreto 2927, de fecha 13/05/1993, en materia de retenciones, al enterar el impuesto retenido fuera de los tres primeros días hábiles siguientes del mes siguiente en que se efectuó el pago o abono en cuenta.

    Señalan que del contenido de los hechos consignados en el instrumento fiscal prenombrado, se evidencia claramente las razones de derecho que justifican o sustentan las decisiones adoptadas por la Gerencia de Tributos internos de la Región Zuliana en las planillas de Liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, por lo que carece de todo fundamento los argumentos de la recurrente sobre la inmotivación del acto impugnado, toda vez que las mismas ofrecieron los fundamentos fácticos y legales que sustentan las cantidades liquidadas a su cargo, y así solicito sean declaradas por este honorable tribunal.

    En lo relativo al falso supuesto de hecho alegado por los apoderados de la contribuyente, esta representación fiscal estima necesario resaltar el hecho de que existe falso supuesto, cuando la administración excede su poder, ya sea porque los hechos por virtud de los cuales ha dictado el acto estén en contradicción con la realidad, o si se ha aplicado erróneamente el derecho. El acto administrativo definitivo, como manifestación de voluntad de la administración en ejercicio de las potestades administrativas, es el producto de un proceso complejo de formación en el que se integran diversas operaciones cognoscitivas que recaen sobre hechos relevantes y sobre normas jurídicas que el órgano actuante debe aplicar a los mismos.

    Normalmente, los sujetos de derecho, al manifestar su voluntad, actúan en ejercicio de su libre albedrío sin más límites que los impuestos por su propia conciencia. Al contrarío, los órganos administrativos, aún en ejercicio de sus potestades discrecionales, están sometidos en su actuación al ordenamiento jurídico (bloque de la legalidad), de tal suerte que sus manifestaciones de voluntad son siempre, en mayor o menor grado regladas. La administración para calificar jurídicamente unos hechos para producir un acto administrativo, esta sometida a varias reglas a saber: a) La administración debe verificar los hechos realmente ocurridos, sin omitir ninguno, ni distorsionar su alcance y significación. b). La administración debe encuadrar tales hechos en los presupuestos hipotéticos de la norma adecuada al caso concreto, aplicando la consecuencia jurídica correspondiente. Cuando el órgano administrativo actúa de esta forma, existirá entonces una perfecta correspondencia entre los hechos acaecidos en la realidad y la consecuencia que genéticamente ha sido prevista por el ordenamiento jurídico con respecto a los mismos. Así la causa o motivos que originan la manifestación de voluntad del órgano actuante se habrán conformado sin vicio alguno que desvié la actuación administrativa de los cauces fijados por el legislador.

    Cuando la administración tributaria dice haber constatado unos hechos que en verdad no ocurrieron, o habiéndose verificado éstos yerra en su calificación, o habiéndose constatado los hechos realmente ocurridos y calificándolos correctamente, se equivoca en la aplicación de la norma jurídica, la manifestación de voluntad no se ha configurado adecuadamente porque, según el caso, habrá partido de un falso supuesto de hecho (si los hechos en que se fundamenta la Administración para dictar un acto no existen o cuando no han sido comprobados), de un falso supuesto de derecho (por errónea interpretación de la base legal), o de ambos, dicha causa así viciada perturba la legalidad del acto administrativo, haciéndolo, conforme a los dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos, anulable o relativamente nulo, al respecto citan sentencia CSJ/SPA del 17/05/84, sentencia del 22/10/1992 de la CSJ/SPA; sentencia del 4/02/1993, CSJ/SPA), sentencia de fecha 24 de Septiembre de 1996, sentencia de fecha 3 de octubre de 1990.

    Finalmente solicitan se declare Sin Lugar, el Recurso Contencioso tributario interpuesto por la recurrente contra el acto administrativo dictado por la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio de Administración Aduanera y Tributaria, contenida en la resolución N° GJT-DRAJ-2001-A-2517, de fecha 12 de noviembre de 2001.

    Y en el supuesto negado de que sea declarado con lugar, se exonere al Fisco Nacional del pago de las Costas Procesales por haber tenido motivos racionales para litigar.

    DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LAS PARTES

    1. Pruebas de la parte recurrente:

    En fecha veinte (20) de diciembre de 2002, los apoderados judiciales del Banco del Banco Central de Venezuela, presentaron escrito de promoción de pruebas en el cual promovieron las siguientes pruebas.

    - El merito favorable de los autos.

    Documentales:

  7. Original de la Resolución N°GJT-DRAJ-2001-A-2517,de fecha 12-11-2001,la cual corre inserta marcada “B”; y original de las planillas de Liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, ambas de fecha 08 de septiembre de 1995.

  8. Copia Simple del Decreto Nº 779, que corre inserto en autos marcado “D”, donde se declara al Banco Central de Venezuela como Agente de la Tesorería Nacional.

    - Copia Simple de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, que consta en las actas procesales marcada “E”, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria N° 1660 de la República de Venezuela en fecha 21 de junio de 1974, la cual en sus artículos 82 y 83 consagra la actuación de su representado como agente de la Tesorería Nacional.

    - Copia Simple marcado “A” de la Ley de Reforma Parcial del Banco Central de Venezuela publicada el 18 de Octubre de 2002, en la Gaceta oficial N°5.606, extraordinario, el cual prevee en su artículo 44, que el Banco Central de Venezuela podrá ser depositario de los fondos del T.N., en la forma que convenga con el Ejecutivo Nacional.

    - Copia Simple marcado “B”, convenio suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional en fecha 5 de junio de 1963, en el cual se regulan los aspectos técnicos y operativos de la prestación de los servicios de recaudación de los productos en numerario de los ingresos nacionales por parte del instituto, en desarrollo del artículo 44 de la ley del Banco Central de Venezuela vigente para la época, cuyo original firmado se encuentra en poder del Ministerio de Finanzas antes Hacienda.

  9. De las pruebas derivadas de los informes y de la copia del expediente administrativo.

    La recurrente promueve de conformidad con lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, prueba de informes a objeto de que este tribunal oficie a la Consultoría Jurídica del Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Finanzas, para que reseñe la conclusión arribada en el dictamen N° 00084, de fecha 26 de enero de 1970, en lo que concierne a la equiparación del Banco Central de Venezuela a las Oficinas de la Tesorería Nacional.

    Promueven de conformidad con lo previsto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil la prueba de la copia del referido expediente sobre los hechos litigiosos que aparezcan en dicho documento, en virtud que hasta la presente fecha el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), no ha remitido el expediente administrativo contentivo del procedimiento que originó la Resolución impugnada, la cual es continente de una diversidad de elementos probatorios que permiten demostrar los argumentos de hecho y de derecho en que su representada funda su pretensión.

    1. Pruebas de la administración tributaria.

    La Administración Tributaria no promovió pruebas en la presente causa.

    CAPITULO II

    PARTE MOTIVA DE LA SENTENCIA

    ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES.

    De la parte demandante.

    En relación a original de la Resolución N°GJT-DRAJ-2001-A-2517, de fecha 12-11-2001; y de las planillas de Liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana, ambas de fecha 08 de septiembre de 1995, las cuales fueron presentadas junto con el escrito contentivo del recurso contencioso tributario; dictamen N° 00084 de fecha 26 de enero de 1970 emanado del consultor jurídico del Ministerio de Hacienda hoy Ministerio de Finanzas este tribunal observa que se trata de documentos administrativos emitidos por un funcionario publico, que goza de autenticidad, por su naturaleza, pues su formación o autoría se puede imputar a un determinado funcionario, previo el cumplimiento de las formalidades legales, acreditando tal acto como cierto y positivo; con fuerza probatoria plena, en los límites de la presunción de veracidad que la rodea, mientras no se pruebe lo contrario de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código del Código de Procedimiento Civil.

    -Copia Simple del Decreto Nº 779, de fecha 26 de junio de 1962, publicado en la gaceta oficial N°26.886, Copia Simple de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria N° 1660 de la República de Venezuela en fecha 21 de junio de 1974, Copia Simple de la Ley de Reforma Parcial del Banco Central de Venezuela, publicada el 18 de Octubre de 2002, en la Gaceta oficial N°5.606, este tribunal observa que se tratan de documentos públicos, las cuales tienen una presunción de autenticidad se tienen como fidedignos, de manera que corresponde a la parte adversaria salvo prueba en contrarío demostrar que el ejemplar consignado en autos no es autentico de conformidad con lo establecido en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. Dichos documentos además no fueron desconocidos en ninguna forma por la parte demandada por lo que el Tribunal reconoce su pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

    - Copia Simple del convenio suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional en fecha 5 de junio de 1963, este tribunal observa que se trata de un documento privado, y aún cuando no fue impugnado por el adversario en la oportunidad legal por no estar suscrito el presente convenio no existe certeza de las personas que intervienen requisito esencial para que tenga valor el mismo y obligue a las partes en virtud de todo lo cual este tribunal le niega fuerza probatorio.

    MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

    Vistos los alegatos de las partes, este tribunal delimita la controversia de la litis en determinar si la administración tributaria al momento de emitir la resolución Nº GJT-DRAJ-2001-A2517, de fecha 12 de noviembre de 2001, incurrió en el vicio de inmotivación, de falso supuesto de hecho y de derecho

    Del vicio de inmotivación.

    Alega la recurrente que la autoridad administrativa no esta libre de manifestar su voluntad como ella quiere, sino que debe respetar un cierto procedimiento administrativo que determina su manera de obrar, para que su voluntad tenga valor jurídico, y su decisión constituya un acto jurídico perfecto, que dichas exigencias y limitaciones están establecidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en el artículo 18 numeral 5.

    Que la administración tributaria, al momento de decidir el recurso jerárquico sólo se pronuncio sobre la falta de motivación y falso supuesto de hecho, omitiendo pronunciarse sobre el error de derecho en el que incurrió la administración al sancionar con multa a su representada desconociendo así, el doble carácter que el Banco Central de Venezuela detenta como Agente de Retención y Oficina de Fondos Nacionales, lo que ocasiona que desde el momento en que el Instituto emisor realiza la retención, dichos fondos deben considerarse legalmente entregados en una oficina Receptora de Fondos Nacionales.

    Que de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, se evidencia que la autoridad administrativa al no expresar los hechos y razones alegadas por el administrado – tal como lo es el caso de marras – produce en su actuar formal, el conocido vicio de inmotivación y así solicitan sea declarado.

    Al respecto la administración Tributaria desestima la insuficiencia de motivación del acto recurrido y señalan que no es esencial que en la motivación se haga un estudio detallado y analítico de todo cuanto concierne al acto, pues es suficiente que se haga una breve referencia tanto de los hechos como de los fundamentos legales del mismo.

    Argumentan que en las Planillas de Liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, base y fundamento de los actos administrativos tributarios recurridos, consta que se cumplió plenamente con el requisito exigido en el artículo 9, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto en los actos recurridos se expreso que la contribuyente incumplió la norma establecida en el artículo 23 del Decreto 2927, de la reforma del Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta de fecha 13/05/1993, publicado en la Gaceta Oficial N°35.216, de fecha 21/05/1993, en materia de retenciones al enterar el impuesto retenido fuera de los tres primeros días hábiles siguientes del mes en que se efectuó el pago o abono en cuenta.

    Que del contenido de los hechos consignados en el instrumento fiscal prenombrado, se evidencia claramente las razones de derecho que justifican o sustentan las decisiones adoptadas por la Gerencia de Tributos internos de la Región Zuliana, en las planillas de Liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, por lo que a su decir, carece de todo fundamento los argumentos de la recurrente sobre la inmotivación del acto impugnado, toda vez que las mismas ofrecieron los fundamentos fácticos y legales que sustentan las cantidades liquidadas a su cargo, por lo que solicitan así sea declarado por este tribunal.

    Con relación a la denunciada inmotivación del acto, se observa:

    La jurisprudencia ha dejado sentando que éste se produce cuando no es posible conocer cuáles fueron los motivos del acto y sus fundamentos legales, o cuando los motivos del acto se destruyen entre sí, por ser contrarios o contradictorios.

    En relación a este punto la Sala Política del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que:

    ...Debe significarse que invocar conjuntamente la ausencia total de motivación y el error en la apreciación de éstos –vicios en la causa- es, en efecto, contradictorio porque ambos se enervan entre sí. Ciertamente cuando aducen razones para destruir o debatir la apreciación de la Administración dentro del procedimiento administrativo formativo del acto, es porque se conocen las apreciaciones o motivos del acto; luego es incompatible que a demás de calificar de errado el fundamento del acto se indique que se desconocen tales fundamentos...

    (Sentencia de la Sala, de fecha 3 de octubre de 1990, caso INTERDICA, S.A.)

    En efecto, la insuficiente motivación de los actos administrativos, sólo da lugar a su nulidad cuando no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los motivos en que se apoyó el órgano administrativo para dictar la decisión, pero no cuando, a pesar de su sucinta motivación, permite conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por la Administración.

    En el caso de autos, se observa que la contribuyente interpuso en tiempo hábil el recurso jerárquico de conformidad con lo dispuesto en el articulo 164 del código Orgánico Tributario en contra de los actos administrativos contenidos en las planillas de liquidación No: 04-10-6003084- y 04-10-60-03086, desde la apertura de dicho procedimiento la recurrente conoció suficientemente los motivos por los cuales fueron emitidas las planillas, los cuales además, están ampliamente expresados en el mismo acto impugnado.

    En efecto, señala la resolución impugnada que “se procedió a aplicar multas al BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, sucursal Maracaibo, en su carácter de Agente de Retención, por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el articulo 23 del decreto 1917, de fecha 13-05-93, razón por la cual se le impuso las sanciones del articulo 101 y 102 del Código Orgánico Tributario, por el enterramiento extemporáneo de las retenciones efectuadas”. En consecuencia, se desestima el alegado vicio de inmotivación

  10. - Del vicio de falso supuesto de hecho y de derecho

    Alega la recurrente que la Administración Tributaria fundamentó la multa contenida en la planilla N° 04-10-60-03-0836, en los artículos 101 del Código Orgánico Tributario, y 20 del Reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta en materia de Retenciones, vigentes para la fecha en que se dictó el acto.

    Que de la simple lectura de las normas transcritas se evidencia que el sujeto de hecho contemplado en las mismas es el Agente de Retención, cuya infracción se materializa en la no entrega, en la receptoria de fondos, de las cantidades correspondientes a los impuestos retenidos o percibidos. Destacan que el Banco Central de Venezuela, es al mismo tiempo agente de retención y Oficina receptora de fondos nacionales, de manera que a su decir es jurídicamente imposible que incumpla la obligación de enterar los fondos que ha retenido en la oficina receptora de fondos nacionales, pues en virtud de su doble carácter, desde el momento en que realiza la retención, los fondos correspondientes deben considerarse legalmente entregados a una oficina receptora, es decir la obligación tributaria consiste en entregar a una oficina receptora los impuestos retenidos, el doble carácter se genera conforme a lo establecido en los artículos 82 y 83 de la ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, mediante decreto 779 del 26 de junio de 1962, así como también indican que el Banco Central de Venezuela tiene el carácter de Agente de la Tesorería Nacional de conformidad con el artículo 44 de la ley del Banco Central de Venezuela. En consecuencia indican que la administración tributaria interpreto erróneamente el artículo 101 del Código Orgánico Tributario, al desconocer el carácter del Banco Central de Venezuela como oficina receptora de fondos nacionales viciando de nulidad absoluta la causa del acto administrativo de multa.

    La administración Tributaria, señala que existe falso supuesto de hecho cuando la administración fiscal excede su poder, ya sea porque los hechos por virtud de los cuales se ha dictado el acto estén en contradicción con la realidad, o si se ha aplicado erróneamente el derecho.

    Alegan que los actos administrativos recurridos, no adolecen del vicio de falso supuesto de hecho invocado por la representante legal de la recurrente, quién a su vez alego que el mismo día que efectuó el pago realiza la retención, depositando los montos en las arcas del T.N., no demostrando así con las pruebas presentadas, desvirtuar las planillas de Liquidación, las cuales fueron emitidas con fundamento en la realidad contenida en el expediente administrativo, en consecuencia, dichos actos fueron dictados en forma justificada, ya que existió causa para el ejercicio del poder jurídico por parte de la administración tributaria, es decir declaran improcedente el alegato de la recurrente. Y así solicitan sea declarado.

    Alegan oportuno acotar que la recurrente se contradice al invocar en su escrito recursivo el vicio de la inmotivación de los actos y el vicio de falso supuesto, ya que ambos resultan incongruentes, pues alegar inmotivación presupone el desconocimiento de los hechos y fundamentos legales en que se basó la Administración para dictar su acto, y alegar falso supuesto significa, que el administrado conoce la causa y los motivos de los mismos. Criterio este acogido por la Gerencia Jurídica Tributaria del SENIAT, en resolución N° 425, de fecha 24 de Septiembre de 1996, criterio también acogido por la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa de fecha 03 de Octubre de 1990.

    A juicio de este tribunal y siguiendo jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el vicio de falso supuesto se patentiza de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho. Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto.

    El Tribunal observa que, en el presente caso, las normas que sustentan jurídicamente la decisión administrativa adoptada están contenidas en los artículos 101, y 102 del Código Orgánico Tributario y del articulo 23 del Decreto 2927 de fecha 13-05-93 por el enterramiento extemporáneo de las retenciones efectuadas, en las cantidades de Bs. 440,00.y Bs. 162.00. no encontrándose la falta de pronunciamiento de los fundamentos de derecho alegados por el recurrente en consecuencia, se desestima el anterior alegato relacionado con un presunto falso supuesto de derecho en esta causa.

    En cuanto al vicio de falso supuesto de hecho alegado el recurrente este tribunal considera necesario entrar a analizar lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, artículo 44 de la ley del Banco Central de Venezuela y artículos 23 del Decreto 2927 de fecha 13/05/1993, artículos 28, 101,102 del Código Orgánico Tributario, y 20 del reglamento de la Ley de impuestos sobre la renta los cuales establecen:

    Artículos 82 y 83 de la ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.

    Artículos 82: La tesorería Nacional comprende el servicio de percibir por sí o por medio de sus agencias u otras entidades auxiliares, los productos en numerario de los ingresos nacionales, custodiar dichos fondos y demás valores pertinentes al Tesoro, hacer los pagos autorizados por el presupuesto conforme a la ley, recibir y custodiar las especies fiscales y entregarlas a las Oficinas administradoras, conforme lo determinen las disposiciones legales respectivas. La recepción y custodia de dichos fondos, valores y especies fiscales o institutos, podrá también encomendarse a otras oficinas o institutos, cuando así lo disponga el Ejecutivo Nacional. (subrayado del tribunal)

    Artículo 83: Todas las Oficinas Públicas y entidades auxiliares que tengan a su cargo la recepción o inversión de fondos nacionales, formarán parte del Servicio de Tesorería……omissis…. (negrilla del tribunal)

    Artículo 44 de la ley del Banco Central de Venezuela.

    Artículo 44: El banco Central de Venezuela podrá ser depositario de los fondos del T.N., en la forma que convenga con el Ejecutivo Nacional.

    Artículos 23 del Decreto 2927 de fecha 13/05/1993:

    Artículo 23: Los impuestos retenidos de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley y este Reglamento deberán ser enterados en las oficinas receptoras de Fondos Nacionales dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en que se efectuó el pago o abono en cuenta.

    Artículo 28:

    Son responsables directos en calidad de agentes de retención o de percepción las personas designadas por la ley o por la Administración previa autorización legal, que por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas, intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención del tributo correspondiente.

    Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido. (negrilla del tribunal)

    Artículo 101 del Código Orgánico Tributario.

    Artículo 101: Los agentes de retención o de percepción que no enteraren en la receptoría de fondos las cantidades retenidas o percibidas, dentro de los lapsos establecidos por la ley o en los reglamentos, serán penados con multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) mensual de los tributos retenidos o percibidos, hasta un máximo de tres (3) veces el monto de dichas cantidades, sin perjuicio de la responsabilidad civil

    . Negrilla y subrayado del tribunal)

    “Artículo 102 del Código Orgánico Tributario.

    Artículo 102: El agente de retención o de percepción que no entere los tributos retenidos o percibidos, dentro del termino de tres (3) meses contados desde la fecha en que ha debido enterar el tributo, será penado con prisión entre seis (6) meses y tres años, sin perjuicio de la responsabilidad penal de los gerentes, administradores, directores, mandatarios o representantes, por su participación en la comisión del hecho y de la aplicación de la multa prevista en el artículo 101 de este Código.

    En los casos de entidades de carácter público o institutos oficiales autónomos, el funcionario encargado de la retención o la percepción que se apropie de los tributos retenidos o percibidos será penado conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

    Artículo 20 del reglamento de la Ley de impuestos sobre la renta.

    “Articulo 20.- Los impuestos retenidos de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley y este Reglamento, deberán ser enterados en las oficinas receptoras de fondos nacionales, dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en que se efectuó el pago o abono en cuenta, salvo los de las ganancias fortuitas que deberán ser enterados al siguiente día hábil a aquél en que se percibió el tributo y los de los ingresos obtenidos por enajenación de acciones que deberán ser enterados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haberse liquidado la operación y retenido el impuesto correspondiente. (subrayado del tribunal)

    Se hace necesario indicar lo establecido por la doctrina y la jurisprudencia en relación a la carga de la prueba en los procedimientos administrativos, la cual ha señalado:

    Por otra parte, corresponderá la carga de la prueba a los interesados, sin perjuicio de los poderes inquisitivos que tiene la Administración Pública, entre otros en los casos de procedimiento de autorización (CPCA: 25-11-80);

    (i) también en los procedimientos fiscales el contribuyente tiene la carga de la prueba de sus alegatos (CSJ/SPA: 02-02-81, RDP, N° 5-145);

    (José Araujo Juárez: Tratado de Derecho Administrativo Formal. 1.998. p.288)

    “En materia contencioso-tributario nuestro M.T.d.J. se ha pronunciado a favor de la aplicación supletoria del artículo 506 ejusdem, tal como se señala a continuación:

    ... (omissis)

    Del análisis exhaustivo del expediente y, contrariamente a lo manifestado por el contribuyente; se pudo evidenciar que éste no trajo a los autos prueba alguna que le favoreciera y que, por tanto, desvirtuara la presunción de veracidad y legalidad que rodea las actuaciones fiscales; por tales circunstancias la Sala tiene que atribuir el valor probatorio que merecen las actuaciones fiscales cuando son producidas por funcionarios competentes, en ejercicio de sus atribuciones legales, y no han sido desvirtuadas con prueba suficientes, tal como sucede en el caso de autos

    (Sentencia N°. 874 de fecha 19 de diciembre de 1.996, de la Sala Político-Administrativa Especial Tributaria de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrado Ilse Van Der Velde Hedderich, caso: M.P.G.).”

    (Lilia Casado/Freddy Suárez: Sobre el P.T.. Caracas. 2.006, p. 171).

    Conforme a la anterior doctrina y jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Supremo Tribunal, el contribuyente tiene la carga de la prueba de sus alegaciones que tiendan a desvirtuar lo establecido en los actos fiscales, que como todo acto administrativo goza de una presunción de veracidad en v.d.P.d.L..

    Sobre este Principio de Legalidad la doctrina ha señalado lo siguiente:

    La consecuencia más importante de la eficacia de los actos administrativos, es que los actos adquieren una presunción de legitimidad, veracidad y legalidad. Es decir, el acto administrativo, al dictarse y ser eficaz, es decir, al notificarse, según los casos, se presume que es válido y legítimo. La eficacia del acto, por tanto, hace presumir la validez, tratándose esto de un privilegio de la Administración. Ahora bien, si el acto se presume legítimo y válido, puede ser ejecutado de inmediato. Por eso es que el Artículo 8 de la Ley Orgánica establece expresamente que el acto administrativo, una vez que es eficaz, puede ser ejecutado de inmediato y produce sus efectos mientras no sea revocado o anulado, es decir, mientras no sea extinguido formalmente por la Administración o por un Tribunal. En esta forma, el acto, al dictarse y notificarse, se presume válido y produce sus efectos inmediatos y sigue produciéndolos hasta que sea anulado y revocado.

    La presunción de legalidad y legitimidad trae como consecuencia, que quien pretenda desconocer la legitimidad y legalidad del acto, tiene que probarlo y por tanto, se invierte la carga de la prueba. Por ello, para desvirtuar esta presunción que es juris tantum, el interesado, debe intentar un recurso para impugnar el acto ante la Administración o ante los Tribunales, según el caso, y no solo debe atacarlo, sino probar su aserto de que el acto es ilegal.

    El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. P. 203).

    De los criterios jurisprudenciales indicados observamos que el falso supuesto de hecho se configura cuando hay falsedad de los supuestos o motivos en que se basó el funcionario que dictó el acto, es decir, que los hechos alegados por la administración tributaria no se corresponden con los hechos acaecidos al caso en particular lo cual podría ocasionar la anulabilidad del acto.

    Así como también de las normas anteriormente transcritas se deriva el doble carácter que detenta el Banco Central de Venezuela, como de Agente de Retención de la Tesorería Nacional y como Oficina Receptora de Fondos Nacionales, igualmente se genera el deber de los agentes de retención o de percepción de enterar en la receptoria de fondos nacionales las cantidades que hayan retenido o percibido en virtud del carácter de agente de retención, pero ese deber conlleva a la obligación concurrente de hacerlo dentro del lapso de ley. En el caso de autos el Banco Central de Venezuela como agente de retención o percepción aun cuando detenta el carácter de receptor de fondos nacionales debe enterar los impuestos retenidos en las oficinas receptoras de fondos nacionales destinadas para tales fines, dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en que efectuó el pago o abono en cuenta, y no existiendo en autos medios de prueba idóneos que demostraran a esta juzgadora que efectuó la retención y el enteramiento de los dineros recaudados en la oficina de fondos nacionales indicados, en el tiempo de ley y en virtud del principio de carga de la prueba en materia administrativa, siendo el recurrente al que le correspondía desvirtuar la legalidad y legitimidad del acto administrativo, y probar el hecho que alega, da como consecuencia la aplicación de las sanciones establecidas en la norma, En consecuencia, al no haber probado el contribuyente lo alegado respecto al enterramiento oportuno tal como lo dispone la norma anteriormente transcrita, considera esta juzgadora que la resolución impugnada no se encuentra viciada de falso supuesto de hecho ni de derecho por cuanto la normativa aplicable corresponde con los hechos que sirvieron de fundamente para la emisión del acto recurrido así mismo se observa que los hechos expuestos coinciden con los supuestos de la norma invocada en la resolución impugnada de lo anterior se concluye que el acto administrativo impugnado no adolece del vicio de falso supuesto ni de hecho ni de derecho, por lo que, debe desestimarse el vicio denunciado y . Así se declara

    CAPITULO III

    PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA

    Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el Banco Central de Venezuela, contra la Resolución N°GJT-DRAJ-2001-A2517, de fecha 12 de noviembre de 2001, emanada del Servicio Nacional de Administración Aduanera y tributaria (SENIAT), y contra las planillas de Liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana, por concepto de multas, ambas de fecha 08 de septiembre de 1995. En consecuencia:

PRIMERO

Se Confirma el contenido de la Resolución N°GJT-DRAJ-2001-A2517, de fecha 12 de noviembre de 2001, emanada del Servicio Nacional de Administración Aduanera y tributaria (SENIAT), así como también se confirman las planillas de Liquidación Nros. 04-10-60-03084 y 04-10-60-03086, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana, por concepto de multas, ambas de fecha 08 de septiembre de 1995.

SEGUNDO

Se condena en costas al Banco Central de Venezuela, persona jurídica de derecho público de rango constitucional de naturaleza única, por el equivalente al cinco por ciento (5%) de la cuantía del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario vigente.

De conformidad con el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República notifíquese la presente decisión a la Procuradora General de la República, y de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, notifíquese la presente decisión al Contralor General de la República. Líbrense oficios.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de julio de 2007. Año 196° de la Independencia y 148° de la Federación.

La Jueza Superior Titular

Dra. D.I.G.A..

La Secretaria

Abg. Miriam Montes Chirguita.

En la fecha de hoy, nueve (09) de Julio de dos mil siete (2007), se publicó la anterior sentencia N° PJ0082007000146 a las once de la mañana (11:00 a.m.)

La Secretaria

Abg. Miriam Montes Chirguita.

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