Decisión de Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara. de Monagas, de 16 de Septiembre de 2014

La cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs.31.531, 84), que es el saldo del capital adeudado con motivo del préstamo a interés. SEGUNDO: La cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 8.639, 72), por intereses moratorios causados sobre saldos deudores. TERCERO: La cantidad de UN MIL BOLÍVARES CON CATORCE CÉNTIMOS (Bs. 1.001,14) por concepto de mora conforme a la tasa de interés de mora del tres por ciento 3% CUARTO: Los intereses moratorios que se continúen causando desde hasta la total y definitiva cancelación de la obligación que los origina y de acuerdo a lo establecido en rl documento de préstamo. QUINTO: Las costas y gastos del proceso.

Por su parte el Defensor Judicial de la demandada, en la oportunidad de la contestación a la demanda, rechazó, negó y contradijo el hecho de que sus representados adeuden cantidades algunas de dinero, en cuanto a la deuda principal, los intereses moratorios y los que podrían seguirse causando; manifestando además su imposibilidad de alegar otros elementos de defensa, en virtud de que su representados no aportaron ninguna información ni elementos necesarios para su defensa; a pesar, de que se les instó por medio del telegrama enviado a su domicilio y que consignó en dicho acto.

Alegada la existencia de un contrato de préstamo con intereses, garantizado por fiadora, interesa definir estas instituciones jurídicas: El contrato de préstamo con intereses, en su concepción mas simple, es aquel en que una persona natural o jurídica (prestamista) entrega a otra (prestatario) una cantidad de dinero o cosa fungible y quien se obliga a restituir lo recibido, en un plazo determinado, conviniendo en los intereses y bajo las condiciones que acuerden las partes.

Dentro de esta misma definición, ya referidas a la teoría de los contratos en general, resulta aplicable al caso subjudice la siguiente normativa contenida en el Código Civil:

Articulo 1.159: “Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden renunciarse sino por mutuo consentimiento por las causas autorizadas por la Ley.”

Articulo 1.160: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se deriven de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley”

Artículo 1.737: “La obligación que resulte del préstamo de una cantidad de dinero, es siempre restituir la cantidad numéricamente expresada en el contrato. En caso de aumento o disminución del valor de la moneda, antes de que esté vencido el término del pago, el deudor debe devolver la cantidad dada en préstamo, y no está obligado a devolverla sino en las monedas que tengan curso legal al tiempo del pago.”

Articulo 1.745: “Se permite estipular intereses por el préstamo de dinero, frutos u otras cosas mueble”

En concordancia con el Artículo 124 del Código de Comercio:

Las obligaciones mercantiles se prueban:

Con documentos públicos.

Con documentos privados

Con los extractos de los libros de los corredores, firmado por las partes, en la forma prescrita en el articulo 73.

Con los libros de los corredores, según lo establecido en el articulo 72.

Con facturas aceptadas.

Con facturas mercantiles de las partes contratantes, según lo establecido en el articulo 38.

Con telegramas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.375 del Código Civil.

Con declaraciones de testigos.

Con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley civil.

Por su parte, el contrato de fianza, según el tratadista J.L.A.G., es aquel: “por el cual una persona llamada fiador, se obliga frente al acreedor de otra, a cumplir la obligación de ésta si el deudor no la satisface”

Definidos los contratos suscritos por las partes, y determinados los hechos controvertidos en la presente causa, es de la consideración del Tribunal:

En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina “carga subjetiva de la prueba”, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. Como es lógico, ambos actos requieren la alegación de los hechos en que se fundamentan, y tales afirmaciones determinan el thema probandum y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba. Es allí la máxima latina tan socorrida en textos y en fallos: Onus probandi incumbit ei qui asserit (La carga de la prueba incumbe al que afirma).

En síntesis, en el derecho moderno, ambas partes deben probar. a): el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión; b): el demandado, aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa; que es lo mismo que decir: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho

(Vid: Rengel Romberg Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Ed. Exlibris. Caracas 1991. Tomo III. p 277 y ss).

...

Por su parte el artículo 506, de nuestro Código Procesal Civil, establece:

Las partes tienen la carga de probar sus afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de su obligación

En concordancia con el artículo 1.354 del Código Civil:

Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de la obligación

Siendo así le corresponde a quien aquí decide pasar a examinar lo elementos probatorios promovidos por las partes, en oportunidad legal:

Pruebas de la Demandante:

Promueve Contrato de Préstamo con intereses N° 1254805, suscrito por las partes en fecha 15 de abril del año 2.009; identificados: como El Banco, La Prestataria, y La Fiadora solidaria y principal pagadera. En dicha convención que fue acompañada al Escrito de Demanda identificado “B”, las partes, entre otras estipulaciones, acordaron:

Que el Banco, le otorgó a La Prestataria un préstamo con interés por un monto de CIENTO VEINTICUATRO MIL BOLÍVARES (Bs.124.000,00) quien se obligó a cancelarlo mediante el pago de dieciocho (18) cuotas mensuales, por los montos y bajo las condiciones y términos estipulados en dicho contrato. Del mismo modo, se convino que dicha cantidad de dinero entregada en préstamo devengaría intereses retributitos y moratorios en las condiciones, montos y tasas legalmente establecidas en el mercado cambiario nacional, señalados en dicho contrato.

Del mismo instrumento promovido, se desprende que la ciudadana KATHERINS A.M.A., suficientemente identificada en autos, se constituye como fiadora solidaria y principal pagadora de lo adeudado, por cuenta de La Prestataria y a favor de El Banco, a fin de garantizar el fiel, cabal y oportuno cumplimiento, de todas y cada una de las obligaciones contraídas.

El instrumento promovido con el carácter de documento privado y se acompañó al escrito de demanda y fue opuesto en esa oportunidad, a los demandados para su reconocimiento. Acerca de ello, señala el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil:

La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en al acto de contestación de la demanda, si se ha producido con el libelo… El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento

Y el Código Civil, en su artículo 1.363, establece la secuela jurídica, de la norma antes transcrita, al señalar:

El instrumento privado reconocido por o tenido por legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.

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Por lo que el instrumento: contrato de préstamo con intereses traído a los autos por la representación judicial accionante, al no ser desconocido por la contraparte, es un documento privado tenido legalmente por reconocido y tiene el valor probatorio que emana del mismo, en cuanto a su contenido declarativo, estimando quien aquí decide como cierto y suficientemente probado el hecho del préstamo concedido, la obligación que asumió el deudor principal y solidariamente la fiadora a cancelarlo en el lapso estipulado y convenido; así como; los intereses retributivos y moratorios a favor del accionante que se adeuden, obligación y accesorios que se consideran de plazo vencido y por lo tanto de exigibilidad inmediato su pago; y así se decide.

De igual manera, promueve estado de cuenta emitido por BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., con el fin de demostrar la deuda del capital y los intereses generados en virtud del préstamo otorgado.- Al respecto, prevé este Sentenciador que la parte demandada no los desconoció en la contestación de la demanda; en este sentido, observa este Juzgador lo establecido en el artículo 38 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, cuando dispone en su primer aparte:

Vencido el plazo antes indicado sin que el banco o entidad de ahorro y préstamo, haya recibido ni las observaciones ni la conformidad del cliente o sin que se haya impugnado el estado de cuenta, se tendrá por reconocido en la forma presentada, sus saldos deudores o acreedores serán definitivos en la fecha de la cuenta y de las firmas estampadas en los cheques se tendrán como reconocidas por el titular de la cuenta.

Al respecto establece el articulo 429 del C.P.C. que los instrumentos públicos o privados reconocidos, se tendrán como fidedignos si no fueren impugnados por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco (5) días siguientes, si ha sido producida con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas, las copias de esta especie procederán en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio, si no son aceptadas especialmente por la otra parte

En el presente juicio de marras el demandante no logró demostrar algún hecho liberatorio de dicha obligación, por tanto, al no constar en autos que la parte demandada haya realizado alguna observación a los referidos estados de cuenta dentro del tiempo establecido por la normativa legal citada, deben tenerse éstos por reconocidos y fidedignos en la forma que fueron presentados, por lo que este Juzgador los aprecia y les otorga valor probatorio, de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que efectivamente existe el saldo deudor reclamado con motivo del préstamo otorgado a la demandada KATHERINS A.M.A., suficientemente identificada en autos, que asciende a la cantidad supra señalada, y que dicha cantidad de dinero ha generado los intereses de mora reclamados que se encuentran allí reflejados, de acuerdo a lo convencionalmente pactado.- Así se decide.-

Por todo ello, observa este Jurisdicente que la parte demandante alcanzó demostrar a través de los medios probatorios conducentes, como lo son el contrato de préstamo y los estados de cuenta donde se refleja la cantidad adeudada y los intereses moratorios producidos por la mora del deudor, mientras que la parte demandada no logró demostrar algún hecho extintivo de ésta, ya que no incorporó al proceso elementos de prueba suficientes que demostraran el pago como elemento extintivo de la obligación; razones éstas suficientes que llevan a la convicción de este Sentenciador a declarar procedente en derecho la presente demanda, como se hará constar en la parte dispositiva del fallo.- Así se decide.-

Pruebas de los Demandados:

Promovió y reprodujo el merito favorable que producen los autos: Sobre el particular, ya este Tribunal ha sostenido de manera reiterada, siguiendo el criterio continuo, permanente y pacifico de la jurisprudencia y doctrina nacional, en cuanto a que promover como pruebas el mérito favorable de los autos, no está catalogado como prueba en el Código Civil, ni en el Código de Procedimiento Civil, ya que el mérito probatorio de los autos, resulta del estudio jurídico y mental del sentenciador cuando analiza las pruebas de ambas partes para decidir la procedencia o no, de la acción propuesta en el libelo de la demanda; y así se decide.

El Defensor judicial de la accionada manifiesta además en su escrito de promoción de pruebas, su imposibilidad de aportar otros medios de prueba en virtud de que sus representados no proporcionaron prueba alguna a pesar de habérseles solicitado en tiempo hábil mediante telegrama, que cursa en el expediente.

Alegada la obligación contraída por los demandados, que constituye el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, así como, los pagos realizados por ellos y ante la pretensión del demandante en cuanto a los particulares PRIMERO; SEGUNDO; TERCERO; Y CUARTO que se desprende de su escrito de demanda, le correspondía a los demandados de conformidad a lo establecido en los Artículos 506 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el Artículo 1.354 del Código Civil, excepcionarse de ello y probar el pago o el hecho extintivo de su obligación. Lo que no consta en autos, ni el hecho del pago, ni el hecho que pudiera extinguir su obligación.

Tomando en consideración el resultado obtenido del análisis probatorio realizado en el presente fallo y que la representación de las partes demandadas no probó en autos la excepción por excelencia mediante la acreditación del pago de las cantidades adeudadas y reclamadas en su debida oportunidad, y de alguna circunstancia que pudiera eximirlos de ello, quedando así demostrado plenamente, que éstos últimos adeudan las cantidades reclamadas en esos particulares PRIMERO, SEGUNDO, Y TERCERO y resulta pertinente y tienen derecho a la prestación reclamada en el particular CUARTO del escrito libelar por concepto de capital, intereses moratorios ya causados y los que se sigan causando por vía de consecuencia hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme, la cual será estimada por experticia complementaria del fallo, cuyo dictamen formará parte integrante del dispositivo de la presente sentencia, en armonía con lo pautado en el Artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

Determinados suficientemente en todos los términos en que fuere planteada la controversia bajo estudio, constata este Juzgador la plena verificación del cumplimiento de las distintas etapas previstas en este procedimiento breve, a cuyo efecto este Tribunal obrando según su prudente arbitrio, a fin de procurar conocer la causa en los límites de su oficio, ateniéndose a las normas de derecho, y al tener como límite de actuación y juzgamiento lo que hubiese sido alegado y probado en autos, forzosamente debe declarar CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA DE COBRO DE BOLÍVARES, con todos sus pronunciamientos de Ley, conforme los lineamiento determinados ut supra; lo cual quedará establecido en forma expresa y precisa en el dispositivo de este fallo, con arreglo a lo pautado en el Ordinal 5° del Artículo 243 eiusdem, y así finalmente se decide.

DISPOSITIVA

En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Segundo de los Municipios Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y S.B.d. esta Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda por COBRO DE BOLIVARES, incoada por la entidad bancaria BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A. domiciliada en Caracas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 13 de Junio de 1.977, bajo el Nº 1, Tomo 16-A, cuya transformación en banco Universal consta en documento inscrito en la citada Oficina de Registro en fecha 04 de Septiembre de 1.977, bajo el N° 63, Tomo 70-A, el cual forma parte del expediente de la compañía que se acompaño a la participación que por cambio de domicilio se presento ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 19 de septiembre de 1.977, quedando inscrita bajo el N° 39, Tomo 152-A Qto y reformado íntegramente sus Estatutos en Asamblea Extraordinaria de Accionista celebrada en fecha 21 de Marzo del 2002, cuyo acta quedo inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 28 d Junio del 2002, bajo el N° 8, Tomo 676 Qto., RIF Nro. J-07013380-5 contra de la Sociedad Mercantil “PHOTO STUDIO PIXEL C.A”, con domicilio en la ciudad de Punta de Mata, Estado Monagas, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 12 de septiembre del año 2.002, anotado bajo el Nº 01, Tomo A-7, en su condición de deudora principal y contra la ciudadana KATHERINS A.M.A., quien es mayor de edad, de nacionalidad Venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.603.560, respectivamente, y de este domicilio, fiadora solidaria y principal pagadora de la deudora principal y en consecuencia de ello, se condena a los demandados, ya identificados, a pagar las siguientes cantidades de dinero: PRIMERO: La cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs.31.531, 84), que es el saldo del capital adeudado con motivo del préstamo a interés. SEGUNDO: La cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 8.639, 72), por intereses moratorios causados sobre saldos deudores. TERCERO: La cantidad de UN MIL BOLÍVARES CON CATORCE CÉNTIMOS (Bs. 1.001,14) por concepto de mora conforme a la tasa de interés de mora del tres por ciento 3% CUARTO: Los intereses moratorios que se continúen causando desde hasta la total y definitiva cancelación de la obligación que los origina y de acuerdo a lo establecido en el documento de préstamo. QUINTO: Se ordena la corrección monetaria de los montos demandados a través de experticia complementaria del fallo la cual también abarcara el calculo de los intereses moratorios ya causados y los que se sigan causando por vía de consecuencia, hasta la fecha en que la presente sentencia quede definitivamente firme, la cual debe realizarse desde la fecha de la admisión de la presente demanda de conformidad con lo establecido en el articulo 249 del Codigo de Procedimiento Civil. SEXTO: De conformidad a lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a las partes demandadas, totalmente vencidas.

Por cuanto la presente decisión se publica fuera de la oportunidad legal prevista para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 251 eiusdem, se ordena notificar a las partes.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el copiador de sentencia llevado por este Juzgado.

Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Segundo Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y S.B.d. la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín a los dieciseis16 días del Septiembre del año 2014

EL JUEZ PROVISORIO

ABG. C.J.R.M.

LA SECRETARIA

ABG. MARÌA ALEJANDRA GUZMAN

En esta misma fecha, siendo las 11:30 a.m. horas de la tarde, se dictó y publicó la anterior sentencia. Conste.-

LA SECRETARIA

ABG. MARÌA ALEJANDRA GUZMAN

CJRM/ Exp. Nº 15.751