Decisión nº Sent.Int.N°66-2011 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Abril de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 27 de Abril de 2011.

201º y 152º

ASUNTO: AF46-U-2001-000087. Sentencia Interlocutoria N° 66/2011.-

Asunto Antiguo: 1.737.-

En horas de despacho del día nueve (09) de Marzo de 2001, los ciudadanos A.T.P., M.V.T., P.L.M.V. y Víctor Franquiz Domínguez, titulares de la cédulas de identidad Nos. 1.733.805, 6.487.825, 8.438.821 y 10.867.131 e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 4.987, 35.060, 58.458 y 61.525, respectivamente, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales de la contribuyente “BECOBLOHM LA GUAIRA, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, con fecha treinta y uno (31) de Agosto de 1959, bajo el N° 14, Tomo 34-A e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-00003388-9, interpusieron Recurso Contencioso Tributario de Reintegro de las Tasas de Pilotaje, a su decir, pagadas en exceso de lo legalmente debido, por la cantidad total de Bs. 10.610.500,00 equivalente actualmente a Bs. 10.610,50 en virtud de la Reconversión Monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según Decreto con rango, valor y fuerza de ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007, por Servicios de Pilotaje prestados a los buques que a continuación se mencionan en las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales y Habilitación de Pilotaje, emanadas de la Capitanía de Puerto de Guanta – Puerto La Cruz, Dirección de Capitanías de Puertos, Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, del entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones, hoy en día Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones:

PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE DERECHOS FISCALES.

NUMERO FECHA MONTOS EN Bs. BUQUE

107464 22/01/96 85.000,00 SENTOSA SPIRIT

107466 22/01/96 115.000,00 CONTINENTAL

107501 30/01/96 85.000,00 CONSTITUTION

107503 30/01/96 115.000,00 SENTINEL

107505 30/01/96 145.000,00 WILOMI YUKON

107656 31/01/96 115.000,00 KENTUCKY

107684 14/02/96 115.000,00 ELIANE

107713 16/02/96 115.000,00 CONTINENTAL

107751 22/02/96 145.000,00 WESTCHESTER

107766 22/02/96 115.000,00 SENTOSA SPIRIT

107828 28/02/96 115.000,00 B.J.A.

107927 29/02/96 120.000,00 ANDREGAS

107843 29/02/96 105.000,00 MELTEMI

107948 11/03/96 115.000,00 VICKY I

107961 11/03/96 85.000,00 CONTINENTAL

107993 14/03/96 115.000,00 NORD JAHRE TRANSPORTER

126528 20/03/96 115.000,00 SENTINEL

126574 28/03/96 160.000,00 VENUS

126640 31/03/96 175.000,00 PIONEER

126689 31/03/96 160.000,00 BONA SHIMMER

126679 31/03/96 160.000,00 FREJA SVEA

126727 18/04/96 100.000,00 GUARDIAN

126724 18/04/96 130.000,00 HAVGLIM

126838 26/04/96 100.000,00 SENTINEL

126869 30/04/96 130.000,00 BONA SHIMER

126964 30/04/96 130.000,00 REBECCA

126951 30/04/96 150.000,00 DANILA

126929 30/04/96 130.000,00 FREJA SVEA

126847 30/04/96 160.000,00 WILMINGTON

127017 13/05/96 130.000,00 VICKY I

127085 20/05/96 160.000,00 HAVGLIMT

127100 22/05/96 130.000,00 CHANCE

127180 29/05/96 130.000,00 CONTITUTIÓN

127230 31/05/96 130.000,00 VICKY I

127228 31/05/96 160.000,00 UMM SAID

127305 17/06/96 130.000,00 HAVGLIMT

127337 17/06/96 120.000,00 ENIAS

127316 17/06/96 130.000,00 SANKO PIONEER

127503 30/06/96 130.000,00 CORUS

127415 30/06/96 130.000,00 PATRIOT

127501 30/06/96 130.000,00 MILKYWAY

127474 30/06/96 130.000,00 CONTINENTAL

127527 10/07/96 130.000,00 GUARDIAN

127536 10/07/96 130.000,00 PATRIOT

127787 12/08/96 130.000,00 OLYMPIC SPONSOR

127785 12/08/96 160.000,00 BONA SPARROW

127832 16/08/96 190.000,00 VICKY I

127878 22/08/96 130.000,00 NORD JAHRE PRESIDENT

127884 22/08/96 100.000,00 PIONEER

127944 29/08/96 130.000,00 GUARDIAN

128041 30/08/96 130.000,00 HAVGLIMT

PLANILLAS DE DERECHOS DE HABILITACIÓN DE PILOTAJE.

NUMERO FECHA MONTOS EN Bs. BUQUE

0039 18/01/96 70.000,00 SENTOSA SPIRIT

0040 18/01/96 85.000,00 CONTINENTAL

0099 25/01/96 70.000,00 CONSTITUTION

0100 25/01/96 85.000,00 SENTINEL

0101 25/01/96 130.000,00 WILOMI YUKON

0173 31/01/96 25.000,00 KENTUCKY

0183 08/02/96 115.000,00 ELIANE

0196 08/02/96 55.000,00 CONTINENTAL

225 16/02/96 130.000,00 WESTCHESTER

235 21/02/96 100.000,00 SENTOSA SPIRIT

275 22/02/96 100.000,00 B.J..

360 29/02/96 75.000,00 ANDESGAS

1573 18/09/96 130.000,00 NISSOS CHRISTIANA

285 26/02/96 90.000,00 MELTEMI

380 07/03/96 85.000,00 VICKY I

387 07/03/96 85.000,00 CONTINENTAL

407 14/03/96 100.000,00 NORD JAHRE TRANSPORTER

429 19/03/96 115.000,00 SENTINEL

452 22/03/96 115.000,00 VENUS V

511 30/03/96 130.000,00 PIONEER

0548 31/03/96 160.000,00 BONA SHIMMER

540 31/03/96 160.000,00 FREJA SVEA

584 11/04/96 85.000,00 GUARDIAN

583 10/04/96 130.000,00 HAVGLIM

661 23/04/96 100.000,00 SENTINEL

682 26/04/96 70.000,00 BONA SHIMER

753 30/04/96 100.000,00 REBECCA

746 30/04/96 105.000,00 DANILA

730 30/04/96 115.000,00 FREJA SVEA

665 24/04/96 85.000,00 WILMINGTON

791 10/05/96 130.000,00 VICKY I

838 20/05/96 130.000,00 HAVGLIMT

850 22/05/96 115.000,00 CHANCE

907 29/05/96 100.000,00 CONTITUCIÓN

942 31/05/96 85.000,00 VICKY I

941 31/05/96 115.000,00 UMM SAID

989 10/06/96 100.000,00 HAVGLIMT

1017 17/06/96 90.000,00 ENIAS

997 11/06/96 100.000,00 SANKO PIONEER

1127 30/06/96 25.000,00 CORUS

1074 26/06/96 130.000,00 PATRIOT

1126 30/06/96 70.000,00 MILKYWAY

1108 30/06/96 100.000,00 CONTINENTAL

1171 10/07/96 115.000,00 GUARDIAN

1177 10/07/96 100.000,00 PATRIOT

1385 06/08/96 40.000,00 OLYMPIC SPONSOR

1384 06/08/96 100.000,00 BONA SPARROW

1421 14/08/96 160.000,00 VICKY I

1450 22/08/96 100.000,00 NORD JAHRE PRESIDENT

1454 22/08/96 100.000,00 PIONEER

1466 26/08/96 100.000,00 GUARDIAN

1562-A 30/08/96 70.000,00 HAVGLIMT

Proveniente de la distribución efectuada el nueve (9) de Marzo de 2001, por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, se le dio entrada a dicho Recurso bajo el N° 1.737, actualmente Asunto N° AF46-U-2001-000087, mediante auto de fecha catorce (14) de Marzo de 2001, y se ordenó la notificación de los ciudadanos Contralor, Procurador y Fiscal General de la República, así como también al entonces ciudadano Ministro de Infraestructura, Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, Capitanía de Puerto de Guanta Puerto La Cruz, y solicitar el envío a este Órgano Jurisdiccional del expediente administrativo.

En fechas dieciocho (18) de Abril, quince (15) de Mayo y doce (12) de Junio de 2001, fueron consignadas a los autos, las resultas de las notificaciones libradas a los ciudadanos Fiscal, Contralor y Procurador General de la República, respectivamente, debidamente practicadas, faltando únicamente la del ciudadano Ministro de Infraestructura, Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, Capitanía de Puerto de Guanta Puerto La Cruz.

El ciudadano P.L.M.V., ya identificado, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la recurrente, mediante diligencia presentada en fecha treinta y uno (31) de Mayo de 2002, solicitó se agilizasen las notificaciones de la causa a los fines de la admisión del recurso incoado.

Posteriormente el cuatro (4) de Agosto de 2004, se recibió Oficio N° 4.997 de fecha tres (3) de Agosto de 2004, emanado del Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, mediante el cual solicita información de los expedientes Nos. 1.189, 1.320 y 1.737, en virtud de una solicitud de acumulación presentada ante aquel Juzgado, en el Asunto N° AF43-U-1998-000002.

La ciudadana A.C.Z.R., quien para ese entonces había sido ya designada Juez Provisorio de este Tribunal, se abocó en fecha trece (13) de Septiembre de 2004 al conocimiento de la causa, y procedió a dar respuesta al mencionado requerimiento, l.O. N° 357/04.

Posteriormente, mediante auto de fecha ocho (8) de Abril de 2011, el ciudadano G.A.F.R., Juez Provisorio de este Organo Jurisdiccional, se aboca al conocimiento de la causa a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, no encontrándose incurso en causal de inhibición alguna; y así mismo destaca que comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del veintitrés (23) de Octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

No hubo más actuaciones.

- I -

ANALISIS DEL PROCESO

Visto que el juicio no ha seguido su curso normal, este Tribunal procede a analizar si se encuentran dados los supuestos legales para que pueda declarar perimida la instancia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 265 del Código Orgánico Tributario y 267 del Código de Procedimiento Civil; así tenemos que el mencionado artículo 94 textualmente establece:

"La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año por inactividad de parte actora, antes de la oportunidad de los informes o de la fijación de la audiencia, según el caso.".

La Perención es la extinción o anulación del procedimiento por falta de instancia, impulso o gestión de él por las partes en este, durante un período predeterminado fijado por la Ley.

Su objeto primordial consiste en evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes involucradas en estos, y en estado de incertidumbre los derechos privados, tiene su fundamento en una racional presunción, deducida de la circunstancia de que, correspondiendo a las partes dar vida y actividad al juicio, la falta de instancia o interés de ellas es lógico considerarla como un tácito propósito de abandonarlo. Mortera expone que “...se trata de una presunción de consentimiento que la Ley deduce del silencio".

En consecuencia, en base al dispositivo señalado anteriormente, para que se produzca la perención allí consagrada, es necesario que haya transcurrido cierto lapso de tiempo, a saber, un año y que durante el mismo no haya habido ningún acto de procedimiento.

Aún cuando en el Código Orgánico Tributario de 1994 no estaba prevista la figura de la Perención en forma expresa para las causas fiscales por dicho texto legal, es lógico que ella también era aplicable a los procesos de esta naturaleza, tomando en cuenta que la Administración Tributaria, al accionar la vía jurisdiccional, pone en movimiento el Órgano Judicial y asume dentro del juicio el carácter de actor, tocándole en consecuencia al contribuyente, la posición de demandado; no obstante lo anterior hay que destacar que el vigente Código Orgánico Tributario si prevé la figura de la Perención en su artículo 265, el cual es del tenor siguiente:

"La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención".

Además, el Código de Procedimiento Civil, por mandato expreso del artículo 332 del vigente Código Orgánico Tributario, rige supletoriamente al proceso judicial en esta materia fiscal especial. Así el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone expresamente lo siguiente:

"Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.

…Omissis…".

El fundamento de la Perención se encuentra entonces en la renuncia tácita de las partes a continuar instando el procedimiento, y cumplido el término, ellas, de acuerdo a la normativa del Código de Procedimiento Civil de 1986, no pueden renunciarla y además, el Tribunal, también con ajuste a dicho Código (artículo 269), está facultado para declararla de oficio.

Esta remisión del Código Orgánico Tributario al Código de Procedimiento Civil viene a unificar la materia procedimental lo cual redunda en el buen desenvolvimiento del proceso, considerando este Tribunal que el dispositivo contenido en el artículo 265 del vigente Código Orgánico Tributario en nada colide con las normas ya transcritas del artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, pues ambos regulan el Instituto de la Perención básicamente de igual manera. Además, el Contencioso Tributario no es más que un Contencioso Administrativo especial, razón por la cual éste constituye el género del cual aquél es especie, siendo aplicables en consecuencia las disposiciones en materia procedimental que trae tanto la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como el Código de Procedimiento Civil, conforme lo previsto en el artículo 4 del Código Civil.

Como ha expresado el Tribunal Superior Cuarto en lo Civil y Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda, mediante sentencia de fecha treinta (30) de Enero de 1989, Caso: Banco I.V., C.A.:

"...los fundamentos del instituto de la perención, se encuentran en el hecho objetivo de la inactividad probada y en el abandono tácito de la instancia por parte del litigante interesado en el proceso. El Estado debe relevar a sus propios órganos jurisdiccionales de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación jurídico procesal, cuando transcurra un período determinado de inactividad procesal, puesto que el Estado tiene interés en hacer cesar las incertidumbres y agitaciones que se derivan de los procesos y evitar que éstos se hagan excesivamente largos".

Hasta en el Código de Procedimiento Civil de 1916, había una sola clase de Perención, la cual surgía del transcurso de tres (3) años sin haberse ejecutado ningún acto procesal. El nuevo Código de Procedimiento Civil, además de que fijó en un (1) año el plazo de la inactividad procesal, al lado de esa Perención tradicional, ahora llamada Ordinaria, estableció nuevas causas de extinción que se denominan Perenciones Especiales, y además consagró la Perención como Institución de Orden Público, dándole al Juez la posibilidad de declararla de oficio y no permitiendo a los interesados renunciar a ella.

Así la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, Especial Tributaria, sobre el punto de la Perención ha establecido lo siguiente:

"La controversia en alzada queda limitada a decidir si la recepción del expediente contentivo del recurso contencioso fiscal interpuesto por el contribuyente el 26/04/74, y la numeración de dicho expediente (136-207-6) hecha por el Tribunal Superior SEGUNDO de Hacienda el 26/11/74, como consta en autos al folio 193 de este expediente, es suficiente para considerar que se inició el procedimiento contencioso tributario, como sostiene la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, que es la apelante en este proceso; o si por el contrario tal proceso no se inicia a los fines de la perención sino desde el momento en que el Juez de la causa ordena la notificación de las partes, es decir pone éstas a derecho, como lo sostiene la recurrida".

"Para decidir, la Sala considera sentencia anterior de la Sala Político-Administrativa (Compañía Shell de Venezuela, NV, de fecha 14/02/85), que define cuando una determinada actuación en el Expediente, proveniente de las partes o del Juez, constituye o no "un acto de procedimiento" y como tal susceptible de "iniciar" o de "interrumpir" el lapso de perención específicamente considerado. Dice al efecto esta jurisprudencia".

"La doctrina y la jurisprudencia le han dado un sentido y alcance exacto, preciso: (al término "acto de procedimiento"), acto de esa naturaleza es aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, sea efectuada por las partes o por el Tribunal, y si emana de los interesados para que tenga la característica de tal, debe revelar su propósito de impulsarla, de activarla, por manera que no todo lo que conste o aparezca en el expediente debe tenerse siempre por acto de procedimiento capaz de detener el curso de la perención".

"Aún cuando el pronunciamiento anterior se hizo a propósito de una actuación procesal interruptiva del lapso de perención; sin embargo la hallamos aplicable al caso de autos, que se refiere más bien al inicio de dicho lapso, pero el cual también corre a partir de un "acto de procedimiento" y como tal de un acto que sirva para "iniciar" la causa, como lo dice la citada sentencia. Y ni más ni menos esto es lo que ocurre en el caso de autos cuando el Tribunal Superior SEGUNDO de Hacienda, el 26/11/74, registra y numera (136-207-2-6) este expediente; actuación ésta del Tribunal que necesariamente debe preceder a cualquier otro acto de notificación o de admisión, a que luego hubiese lugar. Y es a partir de ese acto de procedimiento del 26/11/74 que se inicia el lapso de perención; ya que a partir de entonces tanto el Juez como las partes demostraron una absoluta inactividad para impulsar el proceso contencioso tributario que se había iniciado por el reparo de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA; y de allí que desde entonces no hubo actuación procesal alguna hasta once (11) años después, esto es el 15 de Julio de 1.985.

"De modo que conforme a esta jurisprudencia, la Sala debe revocar la sentencia interlocutoria recurrida y declarar que en el caso de autos la perención de la instancia se consumó, en los tres (3) años transcurridos entre el día 26/11/74, cuando el Tribunal Superior de Hacienda le dio entrada al recurso contencioso-fiscal que originó la instancia y numeró el expediente con el Nº 136-207-2-6 y el día 26/11/77, cuando todavía mantenía el expediente en su poder, sin que el Tribunal hiciera notificación alguna de la causa a las partes de este proceso: contribuyente y Fisco Nacional; y sin que ninguna de éstas solicitara su continuación: la primera, para hacer valer sus defensas contra el tributo; y el segundo para poder desvirtuar aquellas defensas y hacer efectivo su cobro".

"En favor de esta interpretación que hace la Sala, de que la simple recepción del recurso contencioso por los Tribunales Tributarios, es acto de procedimiento suficiente para iniciar el cómputo del lapso de perención, está la circunstancia de que la simple interposición del recurso produce el "efecto de suspender la ejecución del acto recurrido y con ello del crédito fiscal", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Orgánico Tributario. De modo que la sola recepción del recurso por el tribunal es más importante de lo que pudiera creerse a primera vista". (Sentencia de fecha 17/04/91. Caso: Creole Petroleum Corporation. Consultada en Jurisprudencia Tributaria 1.991, Imprenta de la Corte Suprema de Justicia, Distribución Fundación Gaceta Forense, Noviembre 1.994; págs. 182 y 183.).

Igualmente vale la pena destacar que, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado en anteriores oportunidades, en las cuales, luego de referirse al dispositivo legal que consagra la aludida institución de la perención, decidió:

Obsérvese, pues, que el legislador procesal omitió en el dispositivo legal antes citado, el elemento volitivo de las partes, es decir, no se requiere para que opere la perención de la instancia, precisar si la inactividad de éstas responde a un elemento que les sea imputable. Por el contrario, con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía.

Tampoco es necesario a los fines de aplicar la figura procesal in comento, que todas las partes se encuentren a derecho, toda vez que existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal, la perención en fase de citación, la cual opera inclusive, en un período inferior a un año, específicamente en los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido con las obligaciones impuestas por la Ley a los fines de citar al demandado (artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil). En consecuencia, la obligación del juez contencioso tributario de notificar a la Administración de la existencia del recurso, establecida en el artículo 191 del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha, no debe ser considerada un obstáculo para que opere la perención de la instancia, constituyéndose en carga procesal del recurrente, instar las notificaciones de Ley.

Bajo tales premisas, la Sala observa que en el caso de autos la sociedad mercantil Super Octanos, C.A., a través de su apoderado judicial, interpuso el presente recurso contencioso tributario, en fecha 29 de marzo de 2000. Por auto de fecha 04 de abril de 2000, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario le dio entrada al recurso, ordenando la solicitud del expediente administrativo y la emisión de las boletas de notificación requeridas a los fines de imponer a la Contraloría y a la Procuraduría General de la República, así como al Fisco Nacional, del conocimiento de dicho recurso; no existiendo ningún tipo de acto de procedimiento sucesivo al anterior, sino hasta el día 06 de julio de 2001, fecha en la cual la representación fiscal solicitó se declarase la perención de la instancia, con lo cual queda en evidencia que en el caso bajo análisis, el período de inactividad de las partes superó sobradamente el lapso establecido en la norma anteriormente transcrita. Por tanto, debe esta Sala declarar sin lugar la presente apelación. Así se declara.

(Vid. Sentencias Nos. 00126 del 19 de Febrero de 2004, 00669 del 15 de Marzo de 2006 y 00696 del 14 de Julio de 2010, casos: Super Octanos, C.A.; C.A. Conduven, y N.d.V.G.d.L., respectivamente).

En este orden de ideas, más recientemente dicha Sala en sentencia N° 01256 de fecha trece (13) de Agosto de 2009, caso: S.I.d.V., C.A., ratificado en sus fallos Nos. 00197 del cuatro (4) de Marzo de 2010 y 00696 del catorce (14) de Julio de 2010, casos: El Wiljor, y N.d.V.G.d.L., ha indicado en cuanto a la perención lo siguiente:

En orden a lo anterior, debe esta Alzada realizar algunas consideraciones respecto a la institución de la perención de la instancia, la cual constituye un medio de terminación procesal que opera por la inactividad de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por más de un (1) año.

Dicho modo de terminación procesal no es más que una sanción, que tiene por objeto evitar que los procesos en que existe falta de instancia o interés de las partes se prolonguen indefinidamente.

A tal efecto, se observa que la figura de la perención se encuentra prevista en las normas dispuestas en los artículos 267 del Código de Procedimiento Civil y 265 del vigente Código Orgánico Tributario, en los términos que a continuación se transcriben:

(…)

En atención a los dispositivos antes transcritos, esta Sala considera que para que opere la perención en el ámbito tributario, es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos, a saber: 1) la paralización de la causa por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento, transcurrido el cual el tribunal podrá sin más trámites declarar consumada la perención, sea de oficio o a solicitud de parte interesada; 2) la falta de realización de actos de procedimiento por las partes, pues el único límite impuesto por la norma en referencia, es que se haya dicho ‘vistos’, en cuyo caso no existirá inactividad

.

Como ya se dijo, se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de la mencionada Sala N° 669 del 13 de Marzo de 2006, caso: C.A. Conduven).

Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquélla en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14 de Diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras).

En base a la transcrita jurisprudencia, y a las sentencias Nos. 00126, 1.414 y 229 publicadas en fechas diecinueve (19) de Febrero de 2004, cuatro (04) de Diciembre de 2002 y siete (07) de Febrero de 2002, casos: Super Octanos, C.A. (la primera), y Supermetanol, C.A. (las dos últimas), emanadas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; las cuales hallamos aplicables al caso de autos de conformidad con lo previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil; y siendo que desde el treinta y uno (31) de Mayo de 2002, fecha en la cual el Apoderado Judicial de la recurrente realizó el último acto de procedimiento en la causa, hasta la presente fecha, ha transcurrido sobradamente el plazo de un (01) año que estipulan los artículos 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 265 del Código Orgánico Tributario y 267 del Código de Procedimiento Civil, para que se extinga el proceso y la Perención se verifique, sin que las partes hubiesen impulsado el proceso; en consecuencia quedan firmes los actos administrativos impugnados. Así se declara.

No obstante la declaratoria de Perención que se hace mediante el presente fallo, este Tribunal no puede dejar de referirse a la disposición contenida en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia correspondiendo a las partes la intención de continuarlo, ya que de las actuaciones de estas, debe derivar la intención inequívoca de instar el mismo, debiéndose entender que la ausencia de formalismos esenciales no pueden conllevar omisiones que constituyan violaciones al proceso, como sería obviar la Perención establecida en la Ley por medio de la cual el Estado castiga a la inactividad de las partes durante el proceso una vez transcurrido determinado lapso de tiempo. Así se declara.

- II -

F A L L O

En virtud de las razones precedentemente expuestas este Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara extinguido por PERENCION, éste proceso que se instauró mediante el Recurso Contencioso Tributario de Reintegro, interpuesto por los ciudadanos A.T.P., M.V.T., P.L.M.V. y Víctor Franquiz Domínguez, ya identificados, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales de la sociedad mercantil “BECOBLOHM LA GUAIRA, C.A.”, de las Tasas de Pilotaje, a su decir, pagadas en exceso de lo legalmente debido, por la cantidad total de Bs. 10.610.500,00 equivalente actualmente a Bs. 10.610,50 en virtud de la Reconversión Monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según Decreto con rango, valor y fuerza de ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007, por Servicios de Pilotaje prestados a los buques mencionados en las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales y Habilitación de Pilotaje, suficientemente identificadas, emanadas de la Capitanía de Puerto de Guanta – Puerto La Cruz, Dirección de Capitanías de Puertos, Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, del entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones, hoy en día Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones; quedando en consecuencia firmes dichos actos administrativos.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del vigente Código Orgánico Tributario.

Dada, firmada y sellada en horas de Despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, en la ciudad de Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de Abril de dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.-

El Juez Provisorio,

G.Á.F.R.. La Secretaria,

A.O.D.A.F..

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde (1:55 p.m.)-------------La Secretaria,

A.O.D.A.F..

ASUNTO N° AF46-U-2001-000087.

ASUNTO ANTIGUO N° 1.737.

GAFR.-