Sentencia nº 01239 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 9 de Octubre de 2002

MAGISTRADO PONENTE: L.I. ZERPA

EXP. Nº 1186

El Juzgado de Sustanciación por auto de fecha 5 de junio de 2002, ordenó remitir a esta Sala Político-Administrativa el expediente contentivo del juicio que por cumplimiento de contrato siguen los abogados E.R.F.M. y Beidys O.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 5.751 y 42.954, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad civil B.C. inscrita ante la Oficina Subalterna de Registro de Cuarto Circuito del Distrito Federal bajo el Nº 4, Tomo 1 Protocolo Primero en fecha 6 de enero de 1982, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) instituto autónomo creado por Ley de fecha 24 de julio de 1940, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal como consta de la Ley del Seguro Social publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.096 Extraordinario de fecha 6 de abril de 1967, y cuya última modificación fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.322 Extraordinario, de fecha 3 de octubre de 1991; a los fines de que se pronuncie sobre las cuestiones previas opuestas por el apoderado judicial de la demandada, en fecha 9 de mayo de 2002.

Por auto de fecha 12 de junio de 2002, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado L.I. Zerpa, a los fines de decidir las cuestiones previas opuestas y quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Para decidir la Sala observa.

I

ANTEDENTES DEL CASO Los abogados E.R.F.M. y Beidys O.G., antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad civil B.C., intentaron mediante escrito consignado por ante esta Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, demanda por cumplimiento de contrato de obra contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), también identificado.

En dicho escrito de demanda, los mencionados apoderados judiciales expresaron fundamentalmente lo siguiente:

1. - Que luego del respectivo proceso licitatorio llevado a cabo en el período de julio a septiembre de 1997, su representada B.C. fue contratada en marzo de 1998, para realizar un estudio de “Auditoria de Personal”, en las dependencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), ubicadas en la Región Central, Estado Aragua y Carabobo.

2. - Que el estudio fue concluido en junio de 1999 y quedaron pendientes de pago dos facturas, a saber:

   1. 021-99 del 24-03-99 por Bs. 19.757.710,oo recibida el 26-03-99.

   2. 054-99 del 21-06-99 por Bs. 15.806.168,oo recibida el 21-06-99.

3. - Que estas facturas suman un monto de treinta y cinco millones quinientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y ocho bolívares (Bs. 35.563.878,oo) las cuales, hasta el día de hoy y a pesar de innumerables gestiones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), no han sido pagadas.

4. - Que tres meses después de haber concluido el trabajo, el cual fue recibido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), el 21 de junio de 1999 y de ser enviada el acta de finiquito suscrita por el licenciado Servando García, Director de B.C., el 24 de junio de 1999, su representada recibió una carta de fecha 28 de septiembre de 1999, signada con el Nº 430 y suscrita por la Directora General de Personal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), Z.L., mediante la cual “según Resolución Nº 479 acta 39 de fecha 7 de septiembre de 1999, suscrita por la Junta Liquidadora del Instituto, se acordó por unanimidad rescindir el contrato suscrito con la sociedad civil B.C. y que por tal motivo les solicitaron informaran a dicha junta la existencia de alguna deuda pendiente por el contrato suscrito a los fines de proceder a presentarlo en cuenta ante la Junta Liquidadora para su autorización.”

5. - Que dicha decisión acordada mediante la antes indicada resolución, es extemporánea por haber sido tomada tres meses después de haber satisfecho el objeto del contrato suscrito entre las partes y que también obvió el informe de resultados presentados en fecha 5 de mayo de 1999, en el cual constaba el alcance de las metas previstas.

6. - Que los trabajos y estudio correspondientes a los contratos suscritos el 20 de noviembre de 1997 (Región Occidental) y el 11 de marzo de 1998 (Región Central), fueron satisfactoriamente concluidos y entregados todos los informes y productos entre las fechas 3 de diciembre de 1998 y 18 de junio de 1999.

7. - Que durante la ejecución del trabajo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) incurrió en violaciones reiteradas en cuanto a la forma de pago e incrementos de costos, previstas en las cláusulas Tercera y Quinta de dichos contratos, y que de ellos da fe el hecho de que las últimas facturas fueron presentadas el 26 de marzo de 1999 y el 18 de junio de 1999, sin que fueran tramitadas hasta el día de hoy. A tal efecto, consignaron las comunicaciones que en su decir, demuestran las gestiones de cobro así como el cumplimiento del contrato.

8. - Que en el presente caso operó un enriquecimiento sin causa para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), por lo que dicho instituto debe indemnizar a su representada de conformidad con el artículo 1.184 del Código Civil.

9. - Finalmente, en virtud de que hay un retardo en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en dicho contrato, demandan en nombre de su representada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por la cantidad de treinta y cinco millones quinientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y ocho bolívares (Bs. 35.563.878,oo), así como los intereses generados por dicha deuda hasta la definitiva extinción de la obligación y la corrección monetaria.

10. - Por ultimo, solicitaron medida cautelar del embargo sobre bienes propiedad del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.).

    Por auto de fecha 21 de noviembre de 2000, se dio cuenta en Sala y se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación lo cual se realizó en fecha 23 de noviembre de 2000.

    Por auto de fecha 6 de diciembre de 2000, el Juzgado de Sustanciación admitió la demanda y ordenó el emplazamiento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) en la persona de su Presidente, ciudadano M.R.C.. Igualmente se ordenó la notificación del Procurador General de la República, de conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entonces vigente.

    Con relación a la medida cautelar de embargo, se ordenó abrir cuaderno separado a los fines del pronunciamiento respectivo.

    En fecha 14 de diciembre de 2000, el Juzgado de Sustanciación ordenó mediante auto, que en razón de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consagra la garantía esencial del acceso a la justicia, se cumplieran todas las actuaciones acordadas por el tribunal sin la previa cancelación de los aranceles judiciales previstos en la Ley de Arancel Judicial, ni las exigencias que en la materia dispone la Ley de Timbre Fiscal.

    En fecha 30 de enero de 2001, el alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó constancia de la notificación hecha al Procurador General de la República.

    Por oficio número 370 de fecha 12 de febrero de 2001, el Director General Sectorial de Personería Judicial (E) de la Procuraduría General de la República, ciudadano A.J.C.D., actuando por delegación del Procurador General de la República según Resolución Nº 094/2000 de fecha 11-12-2000, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.095 de fecha 8-12-2000, dejó constancia del acuse del recibo del oficio número 2147 de fecha 26 de enero de 2001 enviado por esta Sala, mediante el cual se le notifica del presente juicio; y solicitó la suspensión de la presente causa por el lapso de noventa días, invocando para ello la sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 24 de octubre de 2000.

    Mediante decisión de fecha 15 de febrero de 2001, el Juzgado de Sustanciación negó la suspensión de la presente causa, en acatamiento a la sentencia dictada por esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, signada con el número 1.288 de fecha 28 de junio de 2001 y remitió el expediente a la Sala a los fines del pronunciamiento respectivo.

    En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Y.J.G., y la ratificación del Magistrado L.I. Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político-Administrativa el 27 de diciembre de dicho año y se ratificó como ponente al Magistrado antes indicado.

    Por auto de fecha 22 de febrero de 2001, se de dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado L.I. Zerpa a los fines de decidir la suspensión de la causa.

    Mediante decisión de la misma fecha, signada con el número 231 en el cuaderno separado se declaró improcedente la medida cautelar de embargo solicitada por la representación judicial de la parte actora.

    Por decisión de fecha 8 de agosto de 2001, signada con el número 1.824 esta Sala negó la solicitud de suspensión de la causa solicitada por el representante de la Procuraduría General de la República.

    En fecha 9 de octubre de 2001, el alguacil de esta Sala dejó constancia mediante diligencias de la notificación realizada a la Procuradora General de la República; de la notificación realizada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) y de la notificación realizada al representante legal de B.C., de la decisión dictada por esta Sala en fecha 8 de agosto de 2001.

    Por oficio número 2.943 de fecha 23 de octubre de 2001, el Director General Sectorial de Personería Judicial (E) de la Procuraduría General de la República, ciudadano A.J.C.D., actuando por delegación del Procurador General de la República según Resolución Nº 094/2000 de fecha 11-12-2000, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.095 de fecha 8-12-2000, dejó constancia del acuse del recibo del oficio número 1.474 de fecha 4 de octubre de 2001 enviado por esta Sala, mediante el cual se le notifica de la decisión de fecha 8 de agosto de 2001.

    Por auto de fecha 2 de abril de 2002, el Juzgado de Sustanciación vista la notificación de todas las partes de la mencionada decisión de fecha 8 de agosto de 2001, estableció la continuación de la presente causa partir de esa fecha.

    Mediante diligencia de fecha 9 de mayo de 2002, el abogado G.C., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 7.675, actuando con el carácter de apoderado judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), opuso la cuestión previa de defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340...”.

    En fecha 21 de mayo de 2002, los apoderados judiciales de la parte actora consignaron escrito de contradicción y subsanación de cuestiones previas opuestas.

    El 5 de junio de 2002, el Juzgado de Sustanciación dictó auto remitiendo a esta Sala Político-Administrativa el presente expediente, en virtud de haberse vencido la articulación probatoria.

    II DE LAS CUESTIONES PREVIAS ALEGADAS POR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA

    Mediante diligencia de fecha 9 de mayo de 2002, el abogado G.C., antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), opuso la cuestión previa de defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340...”.

    En dicho escrito de cuestiones previas se expresó lo siguiente:

1. - Que la demanda incumplía con el ordinal 3º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro; y que la actora omitió los datos de creación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), razón por la cual la cuestión previa opuesta debe prosperar.

2. - Igualmente opuso la cuestión previa de defecto de forma relativa al ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que, en su decir, la actora incumplió con el ordinal 4º del artículo 340 eiusdem, el cual expresa que la demanda debe señalar el objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales; por cuanto la actora no especifica los hechos de su demanda y se contradice, en el sentido de que en el principio de dicho escrito expresó que fue contratada para la realización de una auditoria de personal en las dependencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), ubicadas en la región central Estados Aragua y Carabobo, y posteriormente indica que las actividades realizadas fueron en la región central y occidental a los Estados Falcón, Mérida y Zulia.

   En relación con este mismo ordinal, alega la representación judicial de la demandada que los contratos que anexa a la demanda marcados “E” y “F” son instrumentos completamente diferentes tanto en el objeto fecha y precio, por cuanto las cláusulas señaladas como incumplidas son distintas en ambos contratos.

3. - Expresó que la demanda incumplía con el ordinal 7º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas; en el sentido de que la demandada alega la existencia de un daño conforme al artículo 1.274 del Código Civil sin especificar las causas, las razones y los efectos producidos.

   Finalmente y en relación con el referido ordinal, alegó también que la demandante exige una indemnización por enriquecimiento sin causa, el cual no explica ni dice en qué consiste el empobrecimiento sufrido por su mandante ni en el enriquecimiento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), lo cual constituye un defecto de forma de la demanda.

   III

   DE LA CONTRADICCIÓN Y SUBSANACIÓN DE LAS CUESTIONES PREVIAS

   Los abogados E.R.F.M. y Beidys O.G., antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora en este procedimiento, sociedad civil B.C., mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2002, subsanaron y contradijeron las cuestiones previas opuestas en los siguientes términos:

   1.- Respecto a la cuestión previa del ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por incumplimiento del ordinal 3º del artículo 340 eiusdem, convinieron en dicha omisión del cumplimiento del requisito y procedieron a subsanarla en los siguientes términos:

   ... el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, fue creado por el artículo 51 de la Ley del Seguro Social, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1.096 Extraordinaria del 6 de abril de 1.967, cuya última modificación fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.322 Extraordinaria de fecha 3 de octubre de 1991, quedando conformado como Organismo Oficial Autónomo.

   2.- Respecto al defecto de forma de la demanda, relativo al ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por incumplimiento del ordinal 4º del artículo 340 eiusdem; expresaron que omite la representación del instituto demandado que el supuesto resumen de las actividades de la actora no es más que la trascripción parcial del informe general de resultados, presentado por su representada al instituto en fecha 5 de mayo de 1999 y las explicaciones relacionadas con los trabajos realizados en la región occidental, aparecen en el sub-título “GESTIONES DE COBRO”, (Pág. 5), donde se especifica:, “Dado que el hecho de que la totalidad de los trabajos y estudios correspondientes a LOS CONTRATOS SUSCRITOS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1997 (REGIÓN OCCIDENTAL) Y EL 11 DE MARZO DE 1998 (REGIÓN CENTRAL), fueron satisfactoriamente concluidos y entregados TODOS los informes entre las fechas 3 de diciembre de 1998 y 18 de junio de 1999”.

   En cuanto al segundo alegato de incumplimiento en relación con este mismo ordinal 4º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, expresaron los apoderados que insistían en oponer los contratos a la demandada y que la determinación del objeto de la demanda se contrae al pago de las facturas signadas con el Nº 021-99 del 23 de marzo de 1999 por Bs. 19.757.710,oo y con el Nº 054-99 del 21 de agosto de 1999, por Bs. 15.806.168,oo más los intereses generados por dichas cantidades de dinero.

3. - En relación con el alegado incumplimiento del ordinal 7º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, por la no especificación de los daños conforme al artículo 1.274 del Código Civil, expresan que dicho artículo es el argumento de derecho que ellos emplean en su escrito de demanda y que sustenta la pretensión del cobro de la factura y no a una demandada de daños y perjuicios.

   Finalmente, expresan que el argumento anterior resulta aplicable al enriquecimiento sin causa, “... de quien se enriquece con el trabajo de otro y se niega a pagarlo. Es argumento de buen derecho para instar contra el maula. Añadieron que “... NO DEMANDAMOS PRECISAMENTE EL PAGO DE ESE ENRIQUECIMIENTO SINO EL PAGO DE LAS FACTURAS, cuya determinación y la de sus anexidades, está bien indicada en el libelo de la demanda.”

   IV

   FUNDAMENTOS DE LA DECISION Vistos los alegatos aportados por ambas partes, corresponde a la Sala emitir su pronunciamiento.

   1.- En primer lugar, aprecia la Sala que la parte demandada opone inicialmente la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, consistente en el incumplimiento del ordinal 3º del artículo 340 eiusdem el cual expresa que si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro; por cuanto la actora omite los datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), en su escrito de demanda.

   Con respecto a esta cuestión previa, los apoderados judiciales de la parte actora convinieron en dicha omisión y procedieron a subsanarla en los siguientes términos:

   ... el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, fue creado por el artículo 51 de la Ley del Seguro Social, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1.096 Extraordinaria del 6 de abril de 1.967, cuya última modificación fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.322 Extraordinaria de fecha 3 de octubre de 1991, quedando conformado como Organismo Oficial Autónomo.

   Ahora bien, considera la Sala que al indicar la parte demandante en forma apropiada, los datos de creación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), la cuestión previa opuesta de defecto de forma de la demanda por incumplimiento del ordinal 3º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, ha sido debidamente subsanada. Así se declara.

2. - En segundo lugar, la parte demandada opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa al defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340, en virtud de que, en su decir, la actora incumplió con el ordinal 4º del artículo 340 eiusdem, el cual expresa que la demanda debe señalar el objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales; por cuanto la actora no especifica los hechos de su demanda y se contradice, en el sentido de que en el principio de dicho escrito expresó que fue contratada para la realización de una auditoria de personal en las dependencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), ubicadas en la región central Estados Aragua y Carabobo y posteriormente indica que las actividades realizadas fueron en la región central y occidental, Estados Falcón, Mérida y Zulia, de tal manera que al demandado se le impide conocer cuál de las actividades referidas constituye objeto de cobro.

   Asimismo, expresó en relación con este mismo ordinal, que los contratos que anexa a la demanda marcados “E” y “F” son instrumentos completamente diferentes tanto en el objeto, fecha y precio, por cuanto las cláusulas señaladas como incumplidas son distintas en ambos contratos.

   Frente a estos alegatos, la representación judicial de la parte accionante expresó que en el folio 5 del escrito de demanda, estaban las explicaciones necesarias y relacionadas con los trabajos realizados en la región occidental.

   Aprecia la Sala, que la parte actora fundamenta su demanda, en dos facturas, a saber: la Nº 021-99 del 24-03-99 por Bs. 19.757.710,oo y la Nº 054-99 del 21-06-99 por Bs. 15.806.168,oo, las cuales se emitieron con motivo de la celebración de dos contratos de obra, en los que si bien el servicio prestado era el mismo, se referían a distintas zonas del territorio de la República, vale decir, se trataba cada uno de la realización de una auditoría de personal en varias dependencias de dicho instituto pertenecientes a la región central y a la región occidental.

   Igualmente observa, que junto con el escrito de demanda se anexan en copia simple los referidos contratos y en original las indicadas facturas, de donde se evidencian: las partes que celebraron los contratos, el objeto y los montos a pagar de cada uno de ellos, así como el número, la fecha, el concepto y el monto en bolívares de cada una de las facturas.

   Entiende esta Sala, que las mencionadas facturas, conforme lo señala la demandante, se corresponden con la existencia de un saldo no cancelado por el instituto, según lo pactado en los referidos contratos.

   Asimismo, la parte actora en el escrito de contradicción de las cuestiones previas alega que en el folio 5 del escrito de demanda, están las explicaciones relacionadas con los trabajos realizados en la región occidental, y dice que en las mismas, aparecen en el sub-título “GESTIONES DE COBRO”, (pág 5), donde se especifica:, “Dado que el hecho de que la totalidad de los trabajos y estudios correspondientes a LOS CONTRATOS SUSCRITOS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1997 (REGIÓN OCCIDENTAL) Y EL 11 DE MARZO DE 1998 (REGIÓN CENTRAL), fueron satisfactoriamente concluidos y entregados TODOS los informes entre las fechas 3 de diciembre de 1998 y 18 de junio de 1999”, por lo que se concluye, que la accionante alude a la existencia de dos contratos.

   Observa la Sala, que en los hechos en los cuales la parte actora fundamenta su pretensión, existe confusión respecto a la procedencia de los montos indicados en las facturas y los contratos realizados por ella.

   Es decir, hay entre lo señalado por la actora en su libelo de demanda y las pruebas documentales, antes referidas, y en las cuales, igualmente, fundamenta su demanda, una imprecisión que consiste en no explicar con claridad a cuál contrato se refiere y de dónde provienen cada uno de esos montos.

   Sin embargo, el ordinal 4º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, exige a que la demanda exprese el objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando las particularidades que puedan determinarlo.

   En decisión de esta Sala, signada con el número 1.812 de fecha 3 de agosto de 2000, se expresó lo siguiente:

   En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.

   Este especial derecho de acción procesal está previsto y garantizado expresamente en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (omissis)”.

   Cuando se interpone ante el órgano jurisdiccional una demanda, en la misma, se hace valer la acción procesal y en ella se deduce la pretensión. La pretensión, es el elemento fundamental de este especial derecho de acción. La pretensión se evidencia cuando una persona, afirmándose titular de un derecho insatisfecho, pide a los órganos jurisdiccionales se le otorgue la necesaria tutela judicial

   . (destacado de la Sala).

   Ahora, si se entiende que la pretensión es lo que el justiciable pide al órgano jurisdiccional se le otorgue tutela judicial, en virtud de afirmarse titular de un derecho insatisfecho, el ordinal 4º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, no se refiere a la explicación de este elemento fundamental del derecho de acción, sino al bien sobre el cual recae el derecho controvertido del cual se pide tutela, en este caso, una cantidad de dinero estimada en bolívares con motivo del alegado incumplimiento del pago del precio en una relación contractual, contenida en dos facturas.

   En el caso sub júdice, se observa en el petitorio del escrito de demanda que la actora, en virtud del alegado retardo en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en dichos contratos, demanda al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por la cantidad de treinta y cinco millones quinientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y ocho bolívares (Bs. 35.563.878,oo), así como los intereses generados por dicha deuda hasta la definitiva extinción de la obligación y la corrección monetaria; es decir, demandan el monto resultante de la sumatoria de las dos facturas, a saber: a saber: la Nº 021-99 del 24-03-99 por Bs. 19.757.710,oo y la Nº 054-99 del 21-06-99 por Bs. 15.806.168,oo, las cuales están identificadas suficientemente en el escrito de demanda (folios 6 y 7), más los intereses que dicho capital genere.

   Ahora bien, estima esta Sala que si bien es cierto que el escrito de demanda no está redactado en forma clara y que facilite la comprensión de los razonamientos expuestos, lo solicitado por la accionante en virtud de la alegada insatisfacción en el cobro de la referida acreencia, constituye su pretensión, referidas a que le sean pagadas las facturas y sus intereses, las cuales están debidamente identificadas en actas.

   Es por ello, que al estar indicado en el escrito de demanda el objeto de la pretensión de la actora, se cumple con lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 340 eiusdem, razón por la cual la cuestión previa opuesta no debe prosperar. Así se decide.

   3.- En tercer lugar alegó la representación judicial del instituto que la demanda incumplía con el ordinal 7º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, debe hacerse la especificación de éstos y sus causas; en el sentido de que la demandada alega la existencia de un daño conforme al artículo 1.274 del Código Civil sin especificar las causas, las razones y los efectos producidos.

   Asimismo, en relación con el referido ordinal, alegó también que la demandante exige una indemnización por enriquecimiento sin causa, el cual no explica, ni dice en qué consiste el empobrecimiento sufrido por su mandante ni el enriquecimiento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), lo cual constituye un defecto de forma de la demanda.

   En oposición a este alegato, la representación judicial de la parte demandante expresó que dicho artículo es el argumento de derecho que ellos emplean en su escrito de demanda y que sustenta la pretensión del cobro de la factura, y no a una demandada de daños y perjuicios; y en relación al último alegato expresaron que este mismo argumento resultaba aplicable al enriquecimiento sin causa, “... de quien se enriquece con el trabajo de otro y se niega a pagarlo. Es argumento de buen derecho para instar contra el maula. Añadieron que “... NO DEMANDAMOS PRECISAMENTE EL PAGO DE ESE ENRIQUECIMIENTO SINO EL PAGO DE LAS FACTURAS, cuya determinación y la de sus anexidades, está bien indicada en el libelo de la demanda.”

   Ahora bien, en cuanto a la oposición de la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346, referida al defecto de forma en la demanda por no haberse especificado los daños y perjuicios reclamados, estima la Sala que efectivamente el ordinal 7º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, ordena que en el libelo de la demanda, cuando es reclamada la indemnización de daños y perjuicios, la parte actora debe indicar la especificación de éstos y sus causas; sin embargo, se advierte que la norma referida nada indica con relación a la existencia de alguna formalidad especial a tales fines.

   De tal manera que para la Sala la obligación contenida en el ordinal 7º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, no está referida a una necesaria e indispensable cuantificación de los daños y perjuicios que puedan reclamarse, sino que debe entenderse, y así lo ha determinado esta misma Sala en sentencias anteriores (al efecto ver sentencia Nº 1.391 de fecha 15 de junio del 2000 y sentencia Nº 1.842 de fecha 10 de agosto de 2000), como una narración de las situaciones fácticas que constituyen el fundamento para el resarcimiento. En tal sentido, la especificación de los daños y sus causas sólo exige las explicaciones indispensables para que el demandado conozca la pretensión resarcitoria del actor en todos sus aspectos.

   Así, la especificación de los daños y sus causas no están referidos a la cuantificación de los daños, toda vez que conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la estimación puede realizarse a través de una experticia complementaria del fallo, en caso que los daños no pudieran ser estimados por el Juez.

   Del análisis de los hechos objetivamente considerados, así como de las pruebas aportadas, observa esta Sala que lo reclamado como daños y perjuicios son, según se aprecia del petitorio del escrito de demanda, intereses moratorios de un monto que resulta de la sumatoria de las dos facturas señaladas por el actor como impagadas en forma oportuna.

   Considera esta Sala, que la circunstancia de solicitar que se cancelen intereses de mora generados, en su decir, por la falta de cancelación oportuna de la mencionadas facturas, constituyen la solicitud de los daños y perjuicios que conforme al principio general que rige el cumplimiento de las obligaciones, en especial el de la ejecución en especie, puede solicitar ya que al incumplirse la obligación, el deudor será responsable de daños y perjuicios, conforme a los dispuesto en los artículos 1.264 y 1.271 del Código Civil.

   La lectura del libelo revela que, contrariamente a lo afirmado por la representación judicial del instituto demandado, los daños y perjuicios reclamados se encuentran plenamente especificados, dando cumplimiento a las exigencias del artículo 340 ordinal 7º del Código de Procedimiento Civil; por tanto resulta forzoso declarar sin lugar la cuestión previa opuesta por defecto de forma de la demanda, prevista en el ordinal 6º del artículo 346 eiusdem. Así se declara.

   Finalmente, en relación con lo señalado por la representación judicial de la parte demandada, en cuanto al enriquecimiento sin causa, en el sentido de que, en su criterio, no explicó en qué consiste el empobrecimiento sufrido por su mandante ni en el enriquecimiento del Instituto Venezolano de los Seguros, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.184 del Código Civil; estima esta Sala que lo realizado por la actora en el capítulo II de su demanda referido al “Derecho”, es una calificación del derecho que la accionante considera aplicable al caso y el cual le sirve para fundamentar la solicitud de cancelación de las referidas facturas que, en su decir, se le adeudan.

   Es necesario destacar que si bien la demanda debe contener las razones de derecho en la que se fundamenta, no es necesario que la parte actora indique en forma minuciosa cada uno de los fundamentos de derecho, ya que de conformidad con el aforismo iura novit curia, el juez no está atado a las calificaciones jurídicas primarias que hagan las partes de los hechos ni a las omisiones de las mismas, por cuanto él aplica o desaplica el derecho ex officio.

   Por otra parte, la Sala estima que ésta no es la fase del procedimiento en la que debe emitir un pronunciamiento sobre la procedencia o no del mencionado enriquecimiento sin causa o de si dicho pedimento llena los extremos que en derecho se exigen para su procedencia, como pretende la demandada, so pena de incurrir en un prejuzgamiento.

   En virtud de las motivaciones anteriormente expuestas, esta Sala considera que la cuestión previa opuesta del ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por incumplimiento del ordinal 7º artículo 340 eiusdem no debe prosperar. Así se declara.

   V DECISIÓN

   En vista de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

1. - SUBSANADA la cuestión previa de defecto de forma de la demanda, prevista en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa al ordinal 3º del artículo 340 eiusdem, referido a la identificación de la demandada, opuesta por el apoderado judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) en fecha 9 de mayo de 2002.

   De conformidad con lo dispuesto en último aparte del artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, el cual resulta aplicable en virtud de la remisión expresa que hace el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no hay condenatoria en costas para la parte actora sociedad civil B.C..

2. - SIN LUGAR la cuestión previa de defecto de forma de la demanda, prevista en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa al ordinal 4º del artículo 340 eiusdem, opuesta por el apoderado judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) en fecha 9 de mayo de 2002.

3. -SIN LUGAR la cuestión previa de defecto de forma de la demanda del ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativo al ordinal 7º del artículo 346 del eiusdem, opuesta por el representante judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), en fecha en fecha 9 de mayo de 2002.

   De conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en fecha 17 de octubre de 2001, en la Gaceta Oficial Nº 320.595, el cual expresa que “... los institutos autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios.”; en concordancia con los artículos 357 y 287 del Código de Procedimiento Civil, los cuales resultan aplicables en virtud de la remisión expresa que hace el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no hay condenatoria en costas para la parte demandada Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.).

   Remítanse el presente expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de la continuación del curso de la causa, previa la notificación de las partes y de la Procuradora General de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.554 de fecha 13 de noviembre 2001.

   Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los ocho (08) días del mes de octubre de dos mil dos. Años 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

   El Presidente Ponente,

   L.I. ZERPA

   El Vicepresidente,

   HADEL MOSTAFÁ PAOLINI Y.J.G.

   Magistrada

   La Secretaria,

   A.M.C. Exp. Nº 1186

   LIZ/drm.

   En nueve (09) de octubre del año dos mil dos, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01239.